MADRID.- Más de 150 abogados madrileños se han
concentrado esta mañana en los Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla
para denunciar la pretensión del ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, de recortar el derecho de acceso a los tribunales con la
aplicación de la Ley de Tasas Judiciales, que mañana será aprobada en
el Senado, y han amenazado con que si se aprueba llevarán la Ley a la
Unión Europea y al Tribunal Constitucional (TC) a través del Defensor
del Pueblo.
Encabezados por el presidente del Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE), Carlos Carnicer, el decano de los abogados madrileños,
Antonio Hernándel-Gil y el juez decano de Madrid, José Luis Armengol,
los concentrados se han apostado en la entrada de los juzgados
ordinarios de la capital portando una pancarta que rezaba: "Los
abogados, en defensa de los ciudadanos, contra las tasas judiciales".
La protesta se ha realizado en sintonía con otras concentraciones
que han tenido lugar en toda España. Bajo los gritos de consignas de
"Gallardón, dimisión" o "No a las tasas, Justicia para todo", Carnicer
ha leído un manifiesto suscrito por la Abogacía en el que se alerta de
que esta Ley merma el derecho de acceso a los tribunales y avisan de
que, si se aprueba, acudirán al Tribunal Constitucional por vulneración
del artículo 24.
En el manifiesto se denuncia que la aplicación de tasas judiciales
supondría recortar el acceso de los ciudadanos a la Justicia al
considerar que consagra "una Justicia para ricos y otra para pobres".
Por ello, se exige la inmediata retirada del proyecto y plantean que se
alcance un Pacto de Estado en el que participen todos los colectivos
implicados.
Así, reclaman que se potencia la independencia de los jueces, la
autonomía de la Fiscalía y la libertad de los abogados. En esta línea,
solicitan a Gallardón modificaciones pertinentes para superar "los
actuales errores, fraudes y abusos que se cometen a diario en el ámbito
judicial".
"Queremos que esta Ley se retire por su inoportunidad en este
momento de crisis económica. No se pueden establecer tasas que no puedan
abonar la inmensa mayoría de los ciudadanos", ha destacado Carnicer.
Por otro lado, Carnicer ha criticado la celeridad de la
tramitación parlamentaria de esta norma, que mañana pasará a la Comisión
del Senado para su aprobación. Si se aprueba, el CGAE pedirá a los
competentes plantear una cuestión de inconstitucional como al Defensor
del Pueblo, a 50 diputados o al juez directamente cuando se plantea
dentro de un proceso.
Tampoco ha descartado elevar esta cuestión a la Unión Europea para
comprobar si es conforme o no al derecho europeo. "En otros países hay
tasas pero tienen una regulación muy diferente. Tenemos una
constitución que pone por encima los derechos constitucionales de las
personas", ha señalado.
"Estas tasas son absolutamente desorbitadas. Tenemos esperanza de
que den marcha atrás. Si no lo hacen es porque no conocen la realidad
social", ha reseñado.
Por su parte, Hernándel-Gil ha pedido la retirada de la reforma,
ya que a su juicio "condenaría a importantes sectores de la sociedad a
no poder asumir los costes de una defensa legítima".
Asimismo, José Luis Armengol, ha tachado el proyecto de
"denigrante", ya que a su juicio supone un atentado a la tutela judicial
efectiva. "Desde la Judicatura hemos reclamado al Ejecutivo que valore
la posibilidad de fijar tasas moderadas en supuestos excepcionales", ha
dicho.
"Con esta Ley, lo único que se hace es perjudicar al ciudadano
justiciables", ha recalcado Armengol, quien no ha descartado que se
pueda plantear, al igual que estudia el CGAE, una cuestión de
inconstitucionalidad a algún Juzgado madrileño en el que tendrá la
última palabra el Constitucional.
