Las tasas aeroportuarias podrían aumentar hasta un 2,5% en 2014

MADRID.- Las tasas aeroportuarias subirán hasta un 2,5% como máximo durante 2014 en el conjunto de la red de Aena Aeropuertos, según se desprende del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año presentado este lunes en el Congreso.

   A partir del 1 de marzo de 2014 y con vigencia indefinida, la cuantía de las prestaciones patrimoniales de carácter público de Aena Aeropuertos se incrementan en el 2,5% respecto a las cuantías exigibles en 2013.

   En el caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de octubre de 2013, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) incrementado en un punto, sea inferior al 2,5%, el porcentaje a aplicar será el IPC mencionado incrementado en un punto.

   Aena Aeropuertos firmó el pasado mes de mayo con las principales compañías aéreas, representadas por las patronales Aceta, AECA, IATA, ALA, y AOC España, un acuerdo por el que fijó una subida del IPC más un punto en 2014, cuatro puntos menos de lo inicialmente previsto, ya que el máximo permitido por ley era del IPC más cinco puntos.

   Dicho acuerdo permite atenuar la subida de las tasas durante los próximos cinco años, al contemplar un incremento del IPC más tres puntos para el año 2015, y del IPC más cuatro puntos para los años 2016, 2017 y 2018.

   Según el RD Ley 11/2013, aprobado el pasado 2 de agosto, los incrementos máximos para los próximos cinco años se fijan en el 2,5% en 2014, el 4,5% en 2015 y el 5,5% en los tres años sucesivos, con el fin de ajustar la fórmula de cálculo del déficit prevista como consecuencia del acuerdo alcanzado con diversas asociaciones de compañías aéreas.

   No obstante, el incremento para 2014 no será de aplicación a la cuantía de la prestación por pasajero con movilidad reducida (PMR), recogida en el apartado 1 del art. 78 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, cuyo importe se congela y queda por tanto fijado en 0,61 euros por pasajero en todos los aeropuertos.

   Según figura en la disposición octava, por la que se modifica la Ley de 21/2003 de Seguridad Aérea, la reducción de cuantías no será de aplicación en el caso de vuelos privados.

  En lo que se refiere a las tasas por pasajero, las cuantías unitarias de las prestaciones públicas por salida de pasajeros y por seguridad en conexión se reducirán en un 30%. Se entiende por pasajero en conexión aquel viajero que desembarcando en un aeropuerto gestionado por Aena Aeropuertos en un vuelo, vuelve a embarcar con el mismo billete y en el mismo aeropuerto, en un plazo máximo de 12 horas, al objeto de realizar un nuevo trayecto con un número de vuelo diferente y destino distinto al de origen.

  En los aeropuertos de Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, la reducción de cuantías del 15% en los supuestos de vuelos con el territorio peninsular y del 70% cuando se trata de vuelos interinsulares no será de aplicación en el caso de los vuelos privados.

   El importe mínimo a pagar por operación en concepto de aterrizaje y servicios de tránsito aéreo de aeródromo en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Alicante, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur se actualizará conforme a la subida establecida.

   En los aeropuertos de Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia el importe mínimo a pagar por operación-aterrizaje será de 14,66 euros y de 7,84 euros por servicio de tránsito de aeródromo.

   En los aeropuertos de La Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza será de 10,82 euros el importe mínimo por operación-aterrizaje y de 6,18 euros el mínimo por servicios de tránsito de aeródromo.

   Finalmente, en los aeropuertos de Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos el importe mínimo por operación-aterrizaje será de 5,86 euros y de 4,31 euros el mínimo por servicios de tránsito de aeródromo.

   La mercancía en conexión, cargada y descargada en el recinto aeroportuario entre vuelos de la misma compañía, queda exenta de pago. En los aeropuertos no peninsulares queda exenta de pago la mercancía cargada o descargada cuyo objeto sea el tráfico interinsular. En estos aeropuertos, para el resto de los tráficos, las cuantías aplicables a la carga directa como en conexión se reducirán en un 15%.

   Las cuantías aplicables a la mercancía cargada o descargada en el recinto aeroportuario cuyo objeto sea el tráfico internacional se reducirán en un 50%.

   Estarán obligados al pago de la prestación pública por servicios meteorológicos las compañías aéreas y las restantes personas físicas, jurídicas o entidades a los que se les facilite dichos servicios en los vuelos que aterricen en un aeropuerto o helipuerto gestionado por Aena Aeropuertos. El importe a abonar será el resultado de aplicar al peso máximo de despegue de la aeronave, expresado en toneladas, una cuantía unitaria de 0,18 euros.

La Sareb intenta ‘desahuciar’ a Casa Labra de su ubicación histórica junto a la Puerta del Sol

BARCELONA.- Casa Labra, famosa taberna madrileña fundada en 1860, está a punto de tener que abandonar el local que ha ocupado desde 153 años. Todo por culpa de la burbuja inmobiliaria y una ‘disputa’ entre el banco malo, Sareb, y la inmobiliaria Restaura, ahora en concurso de acreedores.

Restaura llegó a un acuerdo para vender el bajo que ocupa el restaurante a la tercera generación de la familia Molina, propietaria de Casa Labra desde sus inicios, una operación respaldada por el juzgado de lo mercantil nº 3 de Barcelona. Sin embargo, la institución presidida por Belén Romana ha presentado un recurso contra la venta según informa Economía Digital.

El banco malo heredó los créditos del edificio de Nocagalicia Banco y parece que no quiere vender por partes el inmueble cercano a la Puerta del Sol, valorado entre 30 y 36 millones de euros.

Así, Casa Labra, el único que ha presentado una oferta para quedarse en el edificio, podría tener que abandonar el local, que ha pasado a la historia porque entre sus paredes se fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879.

Ahora toca esperar de nuevo a la decisión del juzgado barcelonés sobre el recurso presentado por el SAREB. La resolución definitiva se conocerá antes de un año.

Nuevo varapalo judicial a Ignacio González por defender los “intereses” de la socia de su esposa en la sierra madrileña

MADRID.- El Tribunal Superior de Madrid (TSJM) ha impuesto una multa y criticado duramente a la Comunidad de Madrid por su temeridad en el caso de la finca La Muñoza. Los ecologistas piden explicaciones a Ignacio Gónzalez.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la solicitud de nulidad presentada por la Comunidad de Madrid en el caso de la finca La Muñoza y la ha condenado a pagar 600 euros de costas al considerar que promovió el recurso “con temeridad” al intentar defender intereses privados.

Según recuerda Ecologistas en Acción, en abril, el tribunal había anulado la licencia que permitía la celebración de eventos en esa finca, propiedad de una fundación que preside Carmen Cafranga Cavestany, socia de la mujer de Ignacio González. 

Y tres meses después, la Comunidad de Madrid, sin ser parte en el procedimiento, presentó un incidente de nulidad solicitando la anulación de dicha sentencia, a pesar de que no la administración regional no formó parte del proceso judicial ni tiene competencias en el caso, tal y como informó elboletin.com.

Ahora, el TSJM desestima el incidente presentado, multa y condena en costas a la Comunidad de Madrid.

Ecologistas en Acción califica los hechos de muy graves y considera necesario conocer si la actuación de la Comunidad de Madrid vino determinada desde Presidencia del Gobierno regional, con el fin de favorecer a una persona particular.

Según esta organización ecologista, el último auto les da la razón en lo que ya denunció en julio: “que se podrían estar destinando fondos y servicios públicos para favorecer a una entidad privada vinculada a una persona allegada al Presidente González”.

Por ello considera necesario conocer si la actuación de la Comunidad de Madrid vino determinada desde Presidencia del Gobierno regional por si pudiera derivarse alguna responsabilidad.

Este colectivo recuerda que aunque la finca “es propiedad de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, la actividad de celebración de eventos la realiza la sociedad Las Higueras del Tambor S.L, entidad a quien se ha cedido el usufructo. Esta sociedad está participada al 50% por la citada fundación y al 28% por Carmen Cafranga Cavestany. De facto, Cafranga controla el 78% de la sociedad, al ser presidenta de esta fundación. Carmen Cafranga es socia de la mujer de Ignacio González en Subastas Segre”.

Informan los ecologistas que desde su constitución, en febrero de 2006, Las Higueras del Tambor S.L se encarga de la explotación de La Muñoza. Además en noviembre del mismo año se registró como Centro Especial de Empleo de la Comunidad de Madrid. De esta forma, compagina la actividad mercantil con la formativa y la contratación de personas con dificultades psíquicas o físicas, lo que la convierte en receptora de subvenciones, exenciones fiscales, etc.

Pero sin embargo, tal y como denuncia este colectivo, “los eventos que se organizaban en la finca, bodas, banquetes, galas promocionales de grandes marcas, parecen, a todas luces, superar las actividades formativas bajo las que se amparaba para organizar eventos”.

 “Estas actividades no están autorizadas en el espacio protegido como es el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, donde se ubica la finca”.

Acusan a Figar de expulsar a 22.000 alumnos de la FP

MADRID.- Este año unos 22.000 estudiantes se quedarán sin plaza en Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior. Así lo han denunciado padres y profesores en sendos comunicados, en los que acusan a Lucía Figar de no tomar medidas para paliar la oferta insuficiente de plazas públicas y de promover la escuela privada al haber quitado el concierto a la FP mientras da becas a los alumnos que estudien en estos centros. Por ello, exigen el cese de la consejera de Educación por exponer a miles de jóvenes “al paro y a la exclusión social”.

La FAPA Giner de los Ríos se ha mostrado muy crítica con la situación que atraviesan estos días los estudiantes que han optado por la FP. En una nota los padres denuncian que Figar sigue excluyendo a los jóvenes del sistema educativo “a través de la selección económica y la falta de ampliación de plazas y ciclos formativos”. Según sus cálculos, en el presente curso “unos 22.000 alumnos solicitantes de Ciclos Formativos van a quedarse sin plaza: 12.000 alumnos de Grado Medio y 10.000 de Grado Superior”, una cifra que podría aumentar cuando acabe el proceso de escolarización.

Esta cifra “engloba a aquellos alumnos que han solicitado plaza dentro del plazo establecido por la Administración Educativa, y aquellos que, por los plazos establecidos por la Consejería de Educación y muy difíciles de cumplir, no pudieron obtener los certificados académicos que les permitiesen presentar las solicitudes dentro de plazo”, señala el colectivo de padres, que dicen sentirse “despreciados y maltratados por la Administración”.

“Los alumnos no dejan de estudiar porque quieran, sino porque no existen plazas suficientes”, remarca la FAPA Giner de los Ríos, que acusa de “irresponsabilidad” al Gobierno regional por “no tomar las medidas adecuadas para acabar con esta situación, incluso por promoverla, en un absurdo intento de beneficiar a las empresas privadas de educación sin, al parecer, darse cuenta de cuál es la situación económica real de la ciudadanía madrileña”.

Los padres dicen que el proceso de admisión para ciclos formativos durante el presente curso 2013/14 se ha caracterizado por “una aplicación informática que no ha funcionado, con multitud de errores que no se han podido resolver”, la “falta de creación de plazas, ciclos y unidades”, la “ausencia de una red organizada y adaptada a la demanda del alumnado y el mercado laboral”, la “desaparición de las plazas concertadas en Grado Superior, sin ampliación de las de los centros públicos y, por tanto, supresión de plazas y expulsión del alumnado del sistema educativo”, y la “creación de becas de FP de las que solo podrán disfrutar aquellos alumnos que tengan capacidad económica para financiar las cuotas que los centros privados exigen”.

Por todo ello, el colectivo exige “el cese de la Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, la apertura de nuevas unidades públicas de FP, la desaparición de las becas de FP para el alumnado de los centros privados, la reorganización de la red de centros y la puesta en marcha de nuevos ciclos de formación profesional”.

Y en la misma línea se han expresado los profesores. La Federación de Enseñanza de UGT Madrid ha denunciado “la oferta insuficiente de plazas públicas en la Formación Profesional” y ha exigido “una respuesta inmediata de la Administración que permita que los miles de alumnos que se van a quedar sin plaza de FP puedan estudiar”.

“La falta de un estudio serio de la red de centros de Formación Profesional, la escasa oferta de plazas de Formación Profesional públicas, la reducción de las plantillas de profesores y de unidades en cada uno de los ciclos, la implantación precipitada de la FP dual, la disminución del módulo de Formación en Centros de trabajo, el incremento de las tasas en la FP de Grado Superior, la privatización de las plazas concertadas de FP de Grado Superior... en definitiva, el escaso interés de esta Administración por la Formación Profesional” es la que ha generado esta situación, por lo que el sindicato ha instado a Figar a dar “una respuesta inmediata” que “permita a los jóvenes madrileños poderse formar y labrarse un futuro digno”.

Eurovegas, o cómo el PP vende soberanía y salud a la Mafia / Angels M. Castells

Los médicos de la Comunidad de Madrid, por boca del presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), J.J. Rodríguez Sendín, acusan al presidente de la Comunidad, Ignacio González, de querer “cambiar dinero por vidas”. El punto básico de su protesta colegial sería la modificación impuesta por Adelson de que se modifique la actual Ley antitabaco para que se pueda fumar en Eurovegas.

Pero el personal de la sanidad, de Madrid y de toda España, saben que el incremento de la morbilidad no vendría sólo de vender soberanía y someterse a exigencias de un personaje más que sospechoso, autorizando que en Eurovegas, si se llega a construir, se pueda fumar. Vale la pena recordar que TODO “el estilo de vida” que nos propone Eurovegas no tiene nada de saludable. La propuesta de una sociedad donde se fomenta el consumo de alcohol, donde se abre un paréntesis legal a la prohibición del consumo de tabaco en lugares públicos, donde se estimulan las conductas adictivas (y en la que la menor de ellas sería al juego) incluso a menores de 18 años, donde no se sabe cuándo es de día ni de noche (pretendiendo engañar nuestro reloj biológico con luces artificiales permanentes que quieren hacernos olvidar nuestro cansancio y la necesidad de descansar) es una propuesta enferma. La falta de pautas saludables de vida se acompaña con la ausencia de legislación laboral a la que el personal asalariado pueda acogerse (por no hablar incluso de la negativa a pagar los impuestos derivados del juego en España). Y no es de extrañar, porque los “personajes” que elaboran los timos como Eurovegas, salen de la galería de todas las mafias que sólo se atienen a sus propias leyes asociales: Prostitución y explotación hasta la neo-esclavitud: unas propuestas degradantes de vida y trabajo, en las antípodas de la salud pública.

Desde un punto de vista social, el atentado a la salud pública se extiende a mantener un modelo de “crecimiento” tres veces fallido, basado en los pelotazos urbanísticos, los megaproyectos imposibles, el saqueo de los fondos públicos, vía exenciones y subvenciones, naturalmente a fondo perdido. La extensión de “zonas francas” para la explotación va configurando un modelo en el que consiguen introducirse cada vez más empresarios (los que promueven estos “puestos de trabajo” dependientes) pero a costa de la auténtica soberanía de los pueblos. Pueden izar los Adelson de turno, con todo orgullo y desde la ilegitimidad de su prepotencia, sus banderas Eurovegas (o en otro sentido, Monsanto), porque los gobiernos pierden capacidad de gobernar en su propio país y han vendido (siempre demasiado barato) parcelas crecientes donde la sociedad se desintegra, y donde la única Carta Magna vigente protege la maximización del beneficio de la sociedad anónima y la inmunidad internacional de esos “marines” de las ruletas.

Esta extraña mezcla de estupor e indignación que crece cada día se hipertrofia con la vergüenza colectiva de que los políticos que tan prepotentes son con los débiles, se jacten de hincar su rodilla ante presuntos mafiosos. Practican la nefasta pedagogía del sometimiento, de darse los primeros codazos en el trueque de la historia, dignidad y valores de una sociedad por abalorios que rompen de verdad cualquier posibilidad de autoestima (y soberanía). Y así, devuelven a las personas que les votaron de buena fe a los tiempos coloniales de la servidumbre, en un retorno al futuro que debemos impedir por nuestra salud y nuestra vida.

La propuesta de creación de “paraísos del juego” que en realidad sólo lo son para la fiscalidad, y en los que todo es mentira, incluso el azar (la banca siempre gana, y en más de un sentido) se cobra su peaje en vidas humanas. Los enclaves como Eurovegas no funcionan ni siquiera en su lugar de origen. Según estudios realizados en los Estados Unidos, Las Vegas sería la cuarta ciudad más estresante de los USA, y aunque con datos no recientes, “el riesgo de suicidio entre los habitantes de Las Vegas es un 50% mayor que entre los habitantes de cualquier otro lugar (1 entre 10000 en Estados Unidos). Además, los visitantes de Las Vegas tienen el doble de riesgo de suicidarse que si se quedan en su casa o visitan otro lugar. Y con sólo marchar de Las Vegas, disminuye el riesgo de suicidio en un 20%; incluso quien vive en Las Vegas pero trabaja en otro lugar nota estos efectos beneficiosos. (…) No es ajeno, además, el llamado efecto del “jugador que pierde” en una ciudad que crece muy rápidamente y desestructura familias y amistades, aislamiento social, fragmentación, falta de cohesión social”.

Los médicos de la OMC nos recuerdan lo básico, lo que ningún político debería olvidar: “Las inversiones económicas y la generación de empleo que el país necesita no deben hacerse a cuenta del deterioro de la protección de la salud de los ciudadanos”. Ni tampoco se puede, sin asumir la propia bajeza, desproteger y abandonar la enseñanza, las Universidades, el desarrollo de la investigación y la ciencia, un modelo de futuro basado en el conocimiento, para depositar nuestro porvenir en manos de personajes que reinan, impunes, en el lado más oscuro de la fuerza.

http://www.attac.es/2013/09/28/eurovegas-o-como-el-pp-vende-soberania-y-salud-a-la-mafia/ 

Ignacio González, el único presidente autonómico que defiende el copago farmacéutico hospitalario

MADRID.- Ignacio González es, hasta ahora, el único presidente autonómico que se ha declarado abiertamente a favor del copago farmacéutico hospitalario, que tanta polémica ha suscitado y que rechazan ocho gobiernos regionales, en los que se incluyen tres del Partido Popular: Baleares, Extremadura y Castilla y León.

De momento, el presidente madrileño, Ignacio González, es el único dirigente autonómico quien ha dicho que su Gobierno "seguirá los acuerdos" que se adopten a nivel estatal en materia de "copago" farmacéutico hospitalario, al tratarse de una cuestión donde la Comunidad de Madrid no tiene "capacidad" de regular, según 'El Boletín'.

No están por la labor Castilla y León, Andalucía, País Vasco, la Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Canarias, Cataluña y Navarra, autonomías ya han anunciado su rechazo a aplicar la controvertida medida de que las farmacias de los hospitales cobren por los medicamentos que dispensan a enfermos graves o crónicos no ingresados, que entra en vigor el 1 de octubre.

Es más el presidente de Baleares, José Ramón Bauzá – también del PP como Ignacio González- ha dejado claro que con esta decisión de no aplicar "de momento" el copago de medicamentos quieren demostrar que la Comunidad Autónoma “apuesta por estar al lado de los más necesitados” y de ayudarles a sufragar los gastos que tienen las personas más vulnerables.

Euro por receta

Ignacio González no sólo no imita a sus homólogos del PP si no que recuerda que él ya intentó cobrar más por los medicamentos, con el ‘famoso euro por receta’ una medida que sigue calificando de “muy razonable” a pesar de que fue suspendida por Tribunal Constitucional.

El TC anuló este copago porque “puede erigirse en barrera que impida el acceso a la prestación farmacéutica de los usuarios con menos recursos y mayores necesidades”.

Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid no ‘pierde la esperanza’ de hacer cambiar de opinión a González y ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) para exigir al Gobierno regional que no aplique en Madrid el copago de farmacia hospitalaria.

Le recuerda que ya lo han hecho “diferentes gobiernos autonómicos del PP, y le piden que siga su ejemplo e inste al Gobierno de la Nación a suprimirlo de inmediato en todo el territorio nacional”.

El diputado y portavoz socialista de Sanidad en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, considera que estamos ante una medida peligrosa ya que muchos pacientes pueden verse obligados a abandonar tratamientos que son vitales para ellos y ha insistido en la idea de que estamos ante “un copago injusto, insensato y en nada justificado”.

Además, el socialista ha querido recordar que este nuevo copago se suma al ya existente lo que supone un “castigo económico” más para aquellas familias que ya tienen la desgracia de tener enfermo a alguno de sus miembros.

Por todo ello los socialistas han pedido que la Asamblea de Madrid inste al ejecutivo de Ignacio González a utilizar todos los recursos legales que tenga a su alcance contra esta Resolución, poniendo en primer lugar un recurso de alzada ante la Secretaria General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad y que, además, anuncie públicamente, al igual que han hecho otros Gobiernos Autonómicos, que la citada Resolución no se hará efectiva en el Servicio Madrileño de Salud.

La libertad de horarios comerciales ni aumenta las ventas ni crea empleo

MADRID.- La Comunidad de Madrid estrenó en España la libertad total en los horarios comerciales. La idea del Gobierno autonómico, presidido entonces por Esperanza Aguirre, era favorecer la creación de empleo e incrementar las ventas, pero cuando ha pasado ya poco más de un año de la entrada en marcha de esta iniciativa, sus resultados no invitan al optimismo, sino todo lo contrario.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al mes de agosto, el empleo en el comercio minorista registró en la Comunidad de Madrid un descenso del 5,7% en tasa anual, la mayor caída de todas las autonomías.

Es más, atendiendo a este mismo informe del INE, las ventas lejos de aumentar en la región retrocedieron un 7%. Aunque no ha sido la comunidad más afectada, sí que si sitúa muy lejos de la media nacional, que presenta una caída del 4,2%, y aún más de Cataluña y Andalucía, cuyas ventas minoristas bajaron un 1,9% y 2,9%, respectivamente.

Así que, al menos por el momento, las cifras no dan la razón a los estudios que afirmaron que abrir más horas se traduciría en mayores ventas y, sobre todo, en más empleo.

Sin embargo, la patronal de la gran distribución Anged volvió a abogar ayer por la liberalización de los horarios comerciales poniendo como ejemplo el caso de Madrid, donde asegura –basándose en los datos de la EPA- que la ocupación ha aumentado en 26.700 empleos. Anged también señala que las ventas a turistas extranjeros en la región aumentaron un 29% entre enero y agosto respecto al mismo periodo del año anterior, frente al aumento del 18% de la media nacional.

El verdadero obstáculo para Eurovegas es la ley de blanqueo de capitales

MADRID.- La ‘Plataforma Eurovegas No’ asegura que el cambio legal solicitado por Adelson en este sentido es el “verdadero muro con el que se topa el futuro proyecto”, ya que de llevarlo a cabo se estaría favoreciendo el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas, según publica 'El Boletín'.

La ‘Plataforma Eurovegas No’ ha dado las claves por las que el macrocomplejo de juego de Sheldon Adelson se encuentra paralizado. Según este colectivo, la culpa no la tienen ni el tabaco ni la financiación del proyecto, como nos quieren ‘vender’ la Comunidad de Madrid y el Gobierno central, sino que el problema reside en la solicitud del magnate para que se cambie la ley de blanqueo de capitales. Ese es el “verdadero muro con el que se topa el futuro proyecto”, ya que de llevarlo a cabo se estaría favoreciendo el blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, el tráfico de armas o la trata de personas.

Así lo aseguran los detractores de Eurovegas en un comunicado. Según indican, “hay cambios legales solicitados por el promotor que son incompatibles con un estado democrático”, y ese es precisamente el caso de la ley de prevención del blanqueo de capitales. Adelson quiere un cambio en este sentido para poder traer a sus casinos en Madrid la figura de ‘junkets’, personas o empresas que acumulan en una sola cuenta a su nombre el dinero de varias personas, que se mantienen así en el anonimato, lo que podría propiciar operaciones de blanqueo de dinero, según explica el colectivo.

La ‘Plataforma Eurovegas No’ señala que siendo este cambio el “pilar fundamental del interés del proyecto, parece más que razonable que se negara” por lo que podría suponer, aunque recuerdan las palabras del presidente de la patronal madrileña de hace unos días y dicen que, una vez más, “la realidad supera a la ficción”.

Arturo Fernandez pidió al Gobierno de Rajoy que desbloquease “las negociaciones que hay pendientes” sobre “el tabaco, la inversión y el blanqueo de capitales” para conseguir que el proyecto de Eurovegas se pueda poner en marcha a principios de 2014. En opinión de los detractores del proyecto, estas palabras son un “despropósito” porque con ellas se está pidiendo que se abra la puerta al blanqueo del dinero procedente de negocios ilícitos como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas.

Respecto al tema del tabaco y la financiación, el colectivo señala que pueden considerarse pequeños problemas, pero no la “causa última” para que Eurovegas no se instale en Alcorcón.

Según la Plataforma, los mismos gobernantes que han impulsado “el repago farmacéutico, el recorte en Sanidad, la eliminación de la gratuidad del servicio de ambulancia no urgente o el fin de la Sanidad universal y gratuita”, se muestran ahora preocupados por la salud de los ciudadanos y por eso no han modificado la ley para que se pueda fumar en los casinos.

En opinión del colectivo, “nada de ello atenta contra la salud de los ciudadanos”, por lo que critican que tanto el Gobierno de Ignacio González como el Ejecutivo central traten de ‘vender’ que ese es “el gran obstáculo que la transnacional Las Vegas Sands -la empresa de Adelson- es incapaz de sortear”.

Y en cuanto al tema de la financiación del proyecto, otro de los puntos de los que se ha hablado a la hora de justificar el retraso de Eurovegas, el colectivo no cree que sea un problema insalvable.

A pesar de que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, afirmó que Las Vegas Sands no dispone de la financiación necesaria para comenzar con las obras, y que analistas internacionales como JP Morgan, Deustche Bank o Morgan Stanley también ha puesto en duda que Adelson pueda conseguir el dinero que necesita, la ‘Plataforma Eurovegas No’ se pregunta cómo el magnate puede tener dificultades para encontrar una financiación de 4.000 millones de dólares cuando, según la revista Forbes, su empresa vale 60.000 millones de dólares, ingresa 12.000 millones de dólares y el propio Adelson tiene un patrimonio valorado en 28.500 millones de dólares. “¿Realmente la pata de la financiación es irreparable?”, apunta este colectivo.

En su opinión, “Eurovegas cada día se acerca más a un mal sueño”, por lo que esperan que “los que han urdido en la oscuridad este plan y se han negado reiteradamente a informar a la ciudadanía sobre sus progresos tengan, al menos, la decencia de confirmarnos su fin y se den cuenta de que la apuesta por este proyecto nunca fue segura”.

Unas primeras encuestas arrojan la pérdida de las elecciones por el PP en Madrid y su Comunidad

MADRID.- Alarma en la sede nacional del Partido Popular, y también en el Gobierno: en estos momentos el PP pierde dos de sus bastiones nacionales más importantes: Madrid y Valencia. Es lo que dicen las encuestas que tienen ahora sobre la mesa.

De celebrarse en este momento las elecciones municipales y autonómicas, el Partido Popular perdería Madrid capital, la comunidad autónoma, la Comunidad Valenciana y Valencia capital .

Fuentes de la dirección nacional del PP, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital , explican que se trata de sondeos no contratados directamente por el partido.
El Partido Popular está movilizando a sus cargos territoriales para intentar frenar el desgaste electoral. La dirección nacional de los populares ha transmitido una orden clara, según ha podido saber el diario El País, a las cúpulas autonómicas convocadas el pasado lunes en la sede del partido: trabajar desde ya mismo para evitar una debacle en las urnas. 
La secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el número tres de la formación, Carlos Floriano, trataron la acción política prevista para los próximos meses y la enfocaron para reforzar la presencia del partido en toda España.
A la gestión de la crisis económica, el caso Bárcenas o la deriva soberanista en Cataluña ahora se une la preocupación por el calendario electoral. El horizonte de las europeas en la próxima primavera y las municipales y autonómicas en 2015 ha desatado la alarma.

Movilización en todos los territorios

“Se trata de trabajar duro para lograr la movilización interna en todos los territorios”, resume un asistente a la reunión, citado por El País.

Los dirigentes convocados escucharon durante más de una hora la interpretación de la última encuesta del CIS —el PP lograría un 32,5% de los votos, lo que supone un descenso de más de 12 puntos en relación con los resultados de noviembre de 2011— por boca de Pedro Arriola, el sociólogo de cabecera del presidente del PP, Mariano Rajoy.

Torres-Dulce: 'La Justicia, en evidencia cuando no da respuestas solventes a la corrupción'

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha hecho mención al problema de la corrupción como una de las cuestiones "que más debilitan la fortaleza moral de nuestra sociedad" durante su discurso en el Acto de Apertura de los Tribunales, en presencia del Rey, del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y de las cúpulas de las carreras judicial y fiscal. Ha advertido que la Justicia queda en evidencia cuando no es capaz de dar respuesta "solvente y tempestiva" a este problema.

Se ha referido seguidamente a la crisis económica "severa y prolongada", que pone a prueba el entramado institucional.

   "Si grave resulta la depauperación de amplios estratos sociales, el incremento del paro, la dificultad para hacer frente al endeudamiento público y privado, y otros tantos fenómenos sintomáticos de la recesión que no acucia, no menos grave resultaría que el inevitable sentimiento de desánimo derivase en desafección de la cosa pública", ha manifestado.

    No obstante, y pese a la "sombría realidad", el fiscal general asegura que existe una ciudadanía consciente de que "es fuente de toda legitimidad política" y ello pese al "sentimiento de decepción que puede suscitar la conducta poco ejemplar de algunos de sus representantes".

   El fiscal general se ha referido a la corrupción en la Administración pero también a la corrupción privada y ha citado las causas surgidas en relación con las participaciones preferentes emitidas por determinadas entidades financieras, casos que que calificó de complejos, "por lo que no admiten un tratamiento común".

   A su juicio, hay que discernir entre aquellos casos en que la ilicitud se produce en el momento de ideación de la emisión, mediante el empleo de artificios contables encaminados a camuflar la deficiente solvencia de la entidad, de aquellos otros en los que la ilicitud se concentró en la comercialización de títulos "mediante su colocacion entre grupos de clientes manifiestamente inidóneos" como discapacitados o personas "imposibilitadas para alcanzar una comprensión real de la naturaleza jurídica del negocio".

   Torres-Dulce ha incluido en su discurso las cifras más destacadas de la Memoria de la Fiscalía del pasado año, como la del aumento en un 120,79 por ciento de los fraudes cometidos por autoridad o funcionario público y el incremento en un 23,85 por ciento de las calificaciones por delito de prevaricación administrativa; así como el descenso de las causas por malversación de caudales públicos en un 31,23 por ciento y por tráfico de influencias en un 22,37 por ciento.

Sentencias por corrupción

Las sentencias por delitos relacionados con la corrupción (cohecho, malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias o fraudes comunitarios) se han incrementado un 151% en los últimos tres años, según revela la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2012.

   En el último trienio la incoación de causas por este tipo de delitos creció en un 17 por ciento con una clara preponderancia de la prevaricación administrativa, que supuso un 23 por ciento del total de delitos relativos a la corrupción que se iniciaron durante todo el año pasado.

   En todo caso, los máximos históricos de corrupción en la presentación de escritos del Ministerio Fiscal se registraron en 2011, año en el que se presentaron un total de 235 acusaciones. El delito más repetido fue el de malversación de caudales públicos que durante ese año representó un 40 por ciento del total seguido del de prevaricación administrativa, que alcanzó un 26 por ciento.

   Tras apuntar que la corrupción está vinculada a la etapa de la denominada "burbuja inmobiliaria", en la que "la sociedad en general y las administraciones públicas en particular disponían de una gran cantidad de recursos económicos", la Fiscalía advierte en su Memoria de los riesgos que puede afrontar la sociedad española si no se lleva a cabo "una actuación lo suficientemente decidida y enérgica contra la corrupción".

   "Se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos y, de otro, a que puedan generalizarse críticas infundadas o sectarias cuestionando irresponsablemente la labor de todos los servidores públicos, la inmensa mayoría de los cuales cumple honestamente con su deber", apunta la Memoria.

    En este sentido, el Ministerio Público advierte de que en un importante sector de la ciudadana ha calado "la idea de que la Justicia no trata igual al poderoso que al resto, y que existe ideología en la respuesta judicial".

 "Desmontar este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en los que formamos parte de la Administración de Justicia", señala.

   A su juicio, los delitos de corrupción constituyen "una de las formas más graves de delincuencia" porque "provocan el desvío de fondos públicos a fines privados" y suponen, además, "un ataque a las instituciones y al sistema democrático y, en definitiva, al Estado de Derecho.

   Según el Ministerio Público, el "incremento cuantitativo y cualitativo" que la corrupción ha experimentado en los últimos años contribuye a crear "un estado de opinión" y afecta al propio funcionamiento de la Administración de Justicia, "poniéndola muchas veces en evidencia en tanto que no es capaz de dar una respuesta adecuada en el tiempo y en el resultado final del propio procedimiento".

   Para hacer frente a esta situación, la Fiscalía propone reforzar la oficina fiscal, dotándola de "auténticas unidades de investigación criminal", potenciar las unidades de Policía Judicial y dotar de apoyo tecnológico a las investigaciones telemáticas.