UGT se rompe por Cataluña: miles de bajas en los últimos días

MADRID.- El malestar en la estructura y las bases de UGT por el “coqueteo” con el independentismo en Cataluña se ha acrecentado en los últimos días. Y ha desatado los primeros movimientos soterrados para forzar un golpe de mano cuanto antes del secretario general, Josep María Álvarez, como única forma de resolver la crisis.

Según fuentes del propio sindicato, a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, el apoyo de UGT Cataluña a la manifestación para reclamar la liberación de los “presos políticos”, convocada en Barcelona el próximo 15 de abril, ha colmado la paciencia de la organización a todos los niveles, pero sobre todo en las provincias.

“O les para Pepe Álvarez o les paramos nosotros”. Es el clamor que empieza a dominar en algunas federaciones importantes. Citan especialmente a las organizaciones de Madrid, Andalucía, Castilla La Mancha y Extremadura.

El sindicato, afín al PSOE y el PSC, ya había coqueteado anteriormente con los soberanistas. Pero es ahora, en calidad de convocante de esta manifestación, cuando han saltado las alarmas.

“No podemos parar más bajas. Nos desangramos”

Las federaciones de UGT que exigen que Josep María Álvarez salga a dar un “golpe de mano”, para frenar la avalancha diaria de miles de bajas de afiliados, manejan ante él un argumento incontestable: “No podemos parar más salidas. Nos estamos desangrando cada día que pasa. Hay que acabar con esto cuanto antes”.

Han alertado a la cúpula del sindicato de que los movimientos en la región a favor de quienes están convirtiendo a Cataluña en un lastre económico, tras ser la principal locomotora de España, están defraudando a numerosos afiliados.

“Este coqueteo amenaza por primera vez en la historia con romper la unidad de UGT”, advierten. “No recuerdo que jamás hayan circulado con tanta intensidad en Seat modelos para darse de baja de UGT como tras la Semana Santa”, añade otro afiliado.

Las bases están cansadas y sienten vergüenza

El deterioro de la imagen de UGT es “galopante” y las bases de la organización, muy incómodas, aseguran que “empiezan a sentir vergüenza” del sindicato tras varias décadas de afiliación.

Están cansados de tener que decir que “el problema es la UGT de Cataluña “ y de distinguir constantemente entre la “UGT de aquí y la de allá” para que no les salpiquen los gestos de cercanía de sus colegas catalanes con la causa independentista.

Miles de militantes en toda España se ven obligados, día sí y día también, a dar explicaciones ante la opinión pública, en las empresas y ante los compañeros de otros sindicatos. “Y esto es ya es insostenible. La gente no aguanta más”, insiste un veterano dirigente de la federación de Madrid.

Pérdida de afiliados desde antes del 1 de octubre

Según las fuentes consultadas por ECD, el fenómeno se ha intensificado en la última semana con “miles de bajas diarias”. Pero las peticiones de afiliados para abandonar UGT, tanto independentistas como partidarios de la unidad de España, se han sucedido desde las semanas previas al referéndum del 1-O.

En el mundo sindical no ha pasado por alto que algunos de estos militantes históricos de UGT estén decidiendo darse de alta en los principales sindicatos independentistas de Cataluña, como por ejemplo la Intersindical-Confederació Sindical Catalana (CSC) y la Coordinadora Obrera sindical (COS).

Contagiado por el magma interno en el PSOE

Hay dirigentes de UGT que trazan un paralelismo entre esta crisis y las graves discrepancias que han mantenido el PSOE y el PSC sobre la respuesta al desafío independentista en Cataluña. Se tiene en cuenta que muchos de los afiliados al sindicato lo son también del partido que lidera Pedro Sánchez.

La crisis catalana ha logrado también embarrancar la fuerza con la que Sánchez se impuso en las primarias a Susana Díaz. La dirección socialista, como los dirigentes territoriales del partido, han venido rechazando la celebración de un referéndum vinculante en Cataluña.

La posición del PSOE es coherente con el apoyo prestado al Gobierno para la intervención de la Generalitat con la aplicación del 155. Pero se produce después de años de vaivenes y ambigüedad, y de desencuentros entre PSOE y PSC.

El documento de referencia del PSOE en materia territorial sigue siendo la Declaración de Granada, que pivota sobre la base de una reforma constitucional en sentido federal. Este paso supondría garantizar la soberanía nacional, pero también abordar la distribución del poder político.

En el último Congreso Federal, los socialistas asumieron la plurinacionalidad del Estado. “Sin embargo, una cosa es reformar el Estado autonómico y otra convertirlo en un Estado federal plurinacional”, critican varios dirigentes regionales.

Los barones han criticado el “egoísmo” que “pone en riesgo” la igualdad de España. En cambio, Miquel Iceta ha llegado a proponer la creación de una Hacienda catalana que gestione todos los impuestos.

El marido de Cifuentes compartió despacho y sociedades en Ferraz 2 con la trama investigada en 'Gürtel, Lezo y Púnica'

MADRID.- La trama societaria del marido de Cristina Cifuentes y una serie de empresas familiares de Joaquín Molpeceres, el empresario investigado por financiar la caja b del PP de Madrid, compartían la misma sede social en el número 2 de la madrileña calle Ferraz. 

Durante años las paredes del emblemático edificio modernista, conocido como Casa Gallardo, han sido testigo del centro de operaciones de los negocios del arquitecto Javier Aguilar Viyuela, el esposo de la presidenta de Madrid, y algunos de sus socios.

OKDIARIO, tras una ardua investigación en los registros mercantil y de la propiedad, ha localizado una decena de sociedades con la misma sede social en Ferraz 2 todas ellas vinculadas a los negocios de Aguilar Viyuela, sus socios mercantiles y los Molpeceres.

Este periódico publicó este miércoles que el marido de Cristina Cifuentes, el arquitecto Javier Aguilar Viyuela, fue socio de la familia Molpeceres, uno de los clanes más importantes del sector de la construcción y de servicios a instituciones públicas de la Comunidad de Madrid. 

Las sociedades de los Molpeceres, durante años han servido para financiar con dinero B al Partido Popular de la capital, como figura en las investigaciones sobre la caja paralela de Génova y los papeles de Bárcenas.

El inmueble, con su torreón central que está coronado con una cúpula en la que aparece una gran G dorada en alusión a las hermanas Esperanza y Asunción Gallardo, estaba destinado inicialmente a convertirse en un hotel, pero esa utilización fue descartada. Sin embargo, un siglo después la familia Molpeceres fundó en su primera planta el restaurante Club Allard, que ha sido distinguido con dos estrellas Michelin. Ese negocio y la sede social de la mercantil que lo explota tuvo como vecinos a Aguilar Viyuela y sus socios.

El local abrió sus puertas en 1998 como club privado, pero funciona como restaurante desde 2003, con ventanales sobre el Parque del Oeste y lujosos salones iluminados con lámparas de araña.

El restaurante, frecuentado por políticos y empresarios, está gestionado actualmente por el abogado Antonio Chávarri Aricha (ex marido de Sonia Molpeceres y hermano de uno de los socios históricos del esposo de Cifuentes) a través de la sociedad Grupo Allard de Gestión y Restauración. Antonio Chávarri tiene otra empresa en el mismo inmueble: Ferraz 2 Management. Fue constituida en julio de 2013 con un capital de 3.000 euros y se dedica al “asesoramiento y gestión de entidades mercantiles”.

El clan de Aguilar Viyuela y la hija Molpeceres

En la segunda planta del inmueble tuvo su sede la sociedad Acisclo Gestión de Patrimonios SL, constituida el 30 de marzo de 1998 con un capital inicial de 60.101 euros. En su primer consejo de administración aparecen Sonia Molpeceres Rivas como presidenta (hija del empresario Joaquín Molpeceres) y dos consejeros delegados: Javier Aguilar Viyuela (marido de la actual presidenta madrileña Cristina Cifuentes) y Emilio Dahl Sáenz Santamaría.

Tras el estallido de la crisis económica, la sociedad entró en quiebra y el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid decretó el concurso de acreedores en marzo de 2013. Finalmente, sus bienes salieron a subasta el pasado mes de noviembre, para satisfacer las deudas contraídas, por un importe de 1.165.506 euros.

En cuanto al marido de Cristina Cifuentes, otra de sus sociedades fue constituida el 19 de marzo de 2009 en la segunda planta de este mismo inmueble: Chávarri & Asociados Ingeniería y Arquitectura Energética SL. Diez meses después, Javier Aguilar Viyuela fue nombrado apoderado de la promotora, que trasladó su domicilio a la Avenida Comandante Franco, 11. En 2011, la empresa arrojó unas pérdidas de 16.000 euros. Desde hace un año, tiene su sede en la Avenida Pío XII, número 34, de Madrid.

En este mismo inmueble de la calle Ferraz, que hace esquina con la Plaza de España, tienen su sede otras empresas vinculadas a la familia Molpeceres y a los socios del marido de Cristina Cifuentes. Entre ellas, Ferraz 2 Promotores y Arquitectos SIE, constituida en marzo de 1999 con Sonia Molpeceres Rivas y Emilio Dahl como administradores. Su objeto social es la “promoción inmobiliaria y cometidos propios de la condición de arquitectos”.

Un edificio singular para una relación muy singular

Ambos socios también aparecen en el consejo de administración de Albaida Distribución Alimentaria SA, constituida en febrero de 1996 en la calle Velázquez, 86, con un capital inicial de 60.101 euros. La empresa se dedica a la comercialización de productos alimentarios y en noviembre de 2001 trasladó su sede al edificio de la calle Ferraz 2.

Desde el año 2000, el consejo de administración de Albaida Distribución está constituido por Sonia Molpeceres (presidenta), Juan Vicente Beneit Montesinos (vicepresidente), Emilio Dahl (secretario), Raúl Chávarri (consejero delegado) y Jaime Abarca Corrales (consejero). Dos de ellos -Chávarri y Dahl- son dos de los incondicionales del esposo de la presidenta de la Comunidad.

Pero la segunda planta de Casa Gallardo ha dado mucho más de sí. Los socios del marido de Cifuentes constituyeron en el número 2 de la calle Ferraz otras dos sociedades: Promociones y Construcciones Hispanoamericanas de Guayaquil ETVE SL y Datfarma Soluciones SL.

La primera fue creada el 1 de febrero de 2008 con un capital social de 10.000 euros y se dedica a la “adquisición, explotación y enajenación de solares y terrenos”. Su consejo de administración estaba constituido por Santiago Muñoz Martín como presidente, Alfredo Xavier Baquerizo como vicepresidente y Raúl Chávarri Aricha como consejero delegado. Poco después de su constitución, el abogado Antonio Chávarri (ex marido de Sonia Molpeceres) asumió la presidencia.

Santiago Muñoz Martín consta como administrador único de la sociedad Datfarma Soluciones SL, dedicada a la comercialización de productos relacionados con la salud. La empresa fue creada en junio de 2006 con un capital inicial de 3.100 euros y tiene también su sede en Ferraz 2.

Cifuentes manipuló el nombre de su primer máster para añadirse méritos

MADRID.- Oficialmente se llamaba Curso Superior en Administración Pública, pero tanto en  la biografía oficial de la Comunidad de Madrid como en la de la Asamblea, la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, lo llama Máster en Administración Pública y Dirección de Empresas. 

Con ese añadido ha adornado la máxima dirigente madrileña ese primer máster que realizó entre 1999 y 2000 en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y que fue previo al que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos que, tal y como adelantó eldiario.es, aprobó con notas falsificadas.

Desde el propio instituto, perteneciente a la Fundación José Ortega y Gasset – Gregorio Marañón, han confirmado a este diario que la titulación que obtuvo la presidenta madrileña en 2000 fue 'magister artis en Alta Dirección Pública', tras cursar la 'maestría' llamada 'curso superior en Administración Pública'. Nada de ‘dirección de empresas’, al menos en la denominación. 

Una simple  búsqueda en Google del que dice haber cursado Cifuentes, "master en Administración Pública y Dirección de Empresas" –así, entre comillas– demuestra que los únicos resultados que se obtienen son los referidos al currículum de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, que con ese nombre el máster no solo no existió en el citado instituto, sino que no lo oferta ningún otro centro formativo.

Según explica uno de los profesores que dio clase a Cifuentes –que prefiere mantener su anonimato–, el máster era un título propio del Instituto de Investigación Ortega y Gasset y, al cursarse en años anteriores a la entrada en vigor del llamado como Plan Bolonia que permitió la creación del Espacio Europeo de Educación Superior, en ese momento no era un máster oficial. 

Constó, asimismo, de 30 créditos que, con el trabajo de fin de máster, correspondieron a unas 300 horas. Este docente asegura que “era obligatoria la asistencia” y que las clases se impartían los jueves y viernes de diez de la mañana a ocho de la tarde y los sábados, de 9:30 a 13:30 “cada tres semanas, más o menos”.

Sin embargo, asegura que Cifuentes no era precisamente una de sus mejores alumnas. “A mi clase no vino casi nunca”, advierte, a pesar de que la asistencia era obligatoria. “Luego aprobó porque el sistema era muy flexible, dado que no era un título oficial”, apunta. El trabajo de fin de máster era “para resolver un problema de trabajo” y “los exámenes eran casos prácticos”.

A este profesor le sorprende que Cifuentes añadiera ‘Dirección de Empresas’ al nombre de su máster, porque la materia no tenía nada que ver con ello. De hecho,  según consta en el programa de ese mismo curso de dos promociones posteriores, el objetivo principal del curso era “la formación de directivos superiores dotados de capacidad creativa y preocupados por el rendimiento, mediante la comunicación de conceptos y el desarrollo de las destrezas necesarias para desempeñar una gestión pública eficaz”. 

Pública, que no privada. Entre los módulos que cursó la presidenta madrileña estuvieron, 'Planteamiento estratégico, Dirección y organización, Gestión estratégica de los recursos humanos,
Economía pública, Presupuestación y gestión presupuestaria, Análisis y gestión intergubernamental de políticas y Marketing público', todos ellos centrados en la administración pública y no en el ámbito empresarial.

También de forma anónima, algunos alumnos de ese mismo máster han confirmado que Cifuentes estaba entre sus compañeros, aunque difieren en sus versiones sobre su participación en las clases. Uno de ellos asegura que la presidenta madrileña “fue a la sesión de presentación del máster y no volvió nunca más”. 

Y explica que “el día de la graduación estaban los diplomas en cada una de las sillas, también el de Cifuentes, pero no fue a buscarlo”. Otra alumna asegura, en cambio, que la hoy máxima mandataria madrileña sí que asistía a las clases aunque formaba parte de un grupo de funcionarios de la Universidad Complutense a los que esta institución habría pagado la matrícula del máster.

Génova respalda a Cifuentes: "No es ahora el momento de dejarla caer"

MADRID.- Mariano Rajoy nunca 'legisla' en caliente. No toma decisiones apresuradas. No reacciona con vehemencia. Deja que el tiempo arregle las cosas y, si no, ya se encargará él mismo en el momento oportuno. Así ocurrió con Francisco Camps, en Valencia, fulminado a los pocos meses de imponerse por mayoría absoluta en unas autonómicas. O con Pedro Antonio Sánchez en Murcia, que fue invitado a dimitir tras largos meses de respaldo oficial del partido, recuerda hoy www.vozpopuli.com. 

Cristina Cifuentes se mantiene en el programa de la Convención Nacional que el PP celebra este fin de semana en Sevilla. El texto no se hizo público hasta un par de horas antes de la comparecencia de Cifuentes ante el pleno de la Asamblea de Madrid. El día anterior, la presidenta madrileña había conversado telefónicamente con Rajoy. Le explicó su plan de defensa en su comparecencia ante la Cámara e insistió en que todo estaba en orden. El presidente del PP le deseó ánimo y efectuó luego unas declaraciones en las que habló de que la intervención de Cifuentes acabará 'con un debate estéril'.

"No es el momento de ceses ni de relevos", comenta un fuente de la formación conservadora. Rajoy sigue muy de cerca la evolución del escándalo. "Todo este terremoto por una estupidez", señalan las fuentes mencionadas, que se lamentan, con evidente irritación,de que "esta historia ha arrasado la Convención". El PP no puede abrir ahora un roto descomunal en el PP madrileño. Todo a su tiempo. El desgaste continuará, y llegará un momento en que Ciudadanos fuerce su salida, amenazando con sumarse a la moción, como pasó en Murcia. "Rajoy sólo tendrá que dar el último empujón".

El presidente no actúa 'en caliente'. Aunque hay algunos veteranos de las filas populares que dan por hecho que Rajoy ya tiene incluso pensado quién irá al frente de las listas en la Comunidad de Madrid si es preciso que salte el fusible, que la actual presidenta deje su silla y abandone sus aspiraciones de repetir. 

Un capotazo de Ciudadanos

La cúpula del partido siguió con expectación la sesión de tarde de la Asamblea. Ya se sabía que Cifuentes apenas aportaría nuevos materiales. En especial, el más requerido: el Trabajo de Fin de Máster, el famoso TFM que sigue sin aparecer. Aportó algún documento de relevancia relativa y esgrimió determinadas explicaciones. Insistió también en la querella presentada contra dos periodistas de 'Eldiario.es', donde se publicaron las primeras noticias sobre el asunto.

Aliviada por la actitud colaboradora de Ignacio Aguado, jefe de filas de Ciudadanos, quien reclamó una comisión de Investigación para salir del paso, y reconfortada por la torpeza del jefe de la bancada del PSOE, Ángel Gabilondo, torpe y romo en reclamos, Cifuentes se centró en responder a grito pelado a la portavoz de Podemos. 

Respiro de alivio en Génova. Se supera temporal el trance. Gabilondo, en los pasillos, anunciaba que pondrían en marcha la anunciada moción, de la mano de Podemos. "Ahora le toca explicarse a la Universidad", dicen en el entorno de la presidenta. La comisión de investigación a amenaza con demoler el prestigio de la Rey Juan Carlos. Y, por añadidura, de los centros universitarios públicos madrileños. 

La presidenta madrileña ha apostado por la estrategia de resistir. Su portavoz en la Asamblea, Enrique Osorio, dedicó su intervención a expandir estiércol sobre los demas partidos, con una muy cuidada colección de casos infamantes de otros máster, estudios universitarios e irregularidades académicas de grueso calibre. 

Cifuentes intervendrá este sábado en Sevilla, en una sentadas junto a oros barones autonómicos. Estarán con ella Juan Vicente Herrera (Castilla y León), José Ignacio Ceniceros (Rioja), José Antonio Monago (Extremadura) entre otros. Será la estrella no deseada de la Convención. La incómoda protagonista, el foco mediático. 

Pretendía el PP relanzar la imagen del partido y, en especial, de su líder, en esta Convención. Los planes se han frustrado. Cifuentes sigue adelante, Dolores Cospedal la apoya, y otros dirigentes de  Génova, como Casado o Maroto, y las críticas internas a su gestión empezarán a amainar. La tormenta extramuros, se mantendrá via durante semanas. Y el daño, quizás, ya está hecho, concluye la fuente consultada.

Madrid lidera el ránking de CCAA más atractivas para trabajar, Cataluña pasa del tercer al octavo puesto

MADRID.- La inestabilidad política también le está pasando factura a Cataluña a nivel laboral. Así, de ser la tercera comunidad autónoma preferida por los españoles para trabajar ha pasado a ser la octava, según la Guía del Mercado Laboral 2018 del grupo de selección de personal de Hays. Por el contrario, Madrid lidera el ránking, seguida de Andalucía, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, publica hoy El Mundo. 

Factores como la magnitud de la ciudad, la concentración de empresas, la posibilidad de una mayor oferta laboral, de servicios, de acceso a la vivienda, el clima o la calidad de vida son los principales argumentos esgrimidos por los profesionales para escoger una u otra región para trabajar, además, por supuesto, del proyecto laboral en sí.

Pese a que Cataluña cumple muchos de estos requisitos (de hecho, hasta hace poco era la ciudad preferida por las grandes compañías para establecer sus centro de servicios compartidos), la inestabilidad política de los últimos meses ha jugado en su contra y le ha hecho perder más de 15 puntos y situarse por detrás de regiones como el Principado de Asturias, Cantabria y las Islas Baleares.

Movilidad laboral

En España todavía la movilidad laboral es muy reducida, sobre todo, dentro del país. De hecho, en el último año sólo el 29% de los trabajadores cambió de territorio por cuestiones de trabajo, un porcentaje, no obstante, ligeramente superior al de 2016 (27%), según revela el estudio.

Quienes más se desplazaron, con un porcentaje muy superior a la media (50%) fueron los profesionales de más de 67 años, seguidos por los más jóvenes menores de 34 años, con un 36%. Por contra, los trabajadores con edades comprendidas entre los 55 y los 66 años fueron los que menos cambiaron de región en el último año, tan solo un 21%.

Sin embargo, aunque las cifras de desplazamientos sean bajas, el número de personas dispuestas a cambiar su lugar de residencia por un proyecto laboral interesante es mucho mayor, el 65% de los trabajadores encuestados.

Por otra parte, si se analizan los datos por sexos, un 68% de los hombres asegura estar dispuesto a dejar su ciudad y moverse a otra localidad, frente a un 61% de mujeres.

Mientras, por franjas de edad, de nuevo son los más jóvenes, con menos de 24 años, y los mayores de 67 los más dispuestos a desplazarse con un 75%, 10 puntos por encima de la media. En cambio, el porcentaje baja al 61% en los trabajadores que tienen entre 35 y 44 años, coincidiendo con la época en la que se tienen más responsabilidades familiares, lo que, sin duda, condiciona un posible traslado.

En cuanto a la procedencia, los más dispuestos a desplazarse por trabajo son los profesionales de La Rioja (86%), seguidos de Castilla y León (80%), Extremadura (77%), Baleares (77%), Galicia (76%), Andalucía (76%), Castilla la Mancha (73%), Cantabria (71%), Aragón (70%) y Murcia (70%).

Y, por el contrario, los que menos interesados están son aquellos que viven en las comunidades más atractivas para trabajar. Así, el País Vasco lidera la cola con 8 puntos por debajo de la media (57%), precedido por Cataluña (58%), el Principado de Asturias (58%), Navarra (61%), la Comunidad Valenciana (65%), Islas Canarias (66%) y la Comunidad de Madrid (66%).

Cifuentes, la reina de las mentiras / José Antich *

Decir que, a estas alturas, Cristina Cifuentes no sería presidenta de la Comunidad de Madrid en un país mínimamente serio por los trapicheos con su máster fantasma en la Universidad Rey Juan Carlos es decir poco. 

Después de la vergonzosa comparecencia de Cifuentes en la Asamblea regional y de que tanto PSOE como Podemos le pidieran su dimisión inmediata al no haber podido rebatir las acusaciones que se le formulaban, la noticia ya no es por qué no dimite sino las razones de Ciudadanos mirando hacia otro lado y apuntalándola en el cargo. 

El partido naranja, siempre presto a dar todo tipo de lecciones a todo el mundo, recogió a la presidenta en medio del descrédito evidente, la mantuvo erguida en el cuadrilátero mientras se hacían interminables las críticas de la oposición y se limitó a pedir una comisión de investigación. Una actitud sonrojante a la vista de cómo se desarrolló la sesión parlamentaria y que deja en evidencia al partido de Albert Rivera, que gesticula cuando sus votos no son necesarios y se escabulle cuando la responsabilidad depende de su acción política.

Cifuentes está atrapada. Lo sabe ella y se empieza a dar cuenta su formación política, el Partido Popular. Catorce días después de que El Diario.es destapara el escándalo de la presidenta madrileña, esta no ha podido aportar ni un solo documento en su defensa, ni tampoco el trabajo del máster fantasma que supuestamente habría realizado mientras era delegada del gobierno en la comunidad. 

Y que fue entregado a la universidad el día que se celebraban en Madrid los actos de homenaje a la selección española, que había ganado la Eurocopa de fútbol en 2012. Su brillante carrera política podría tocar próximamente a su fin, por más que se le trate de proteger desde la sede del partido en la calle Génova y desde la Moncloa.

Curiosa situación la que atraviesa el PP: cuando más débil está el liderazgo de Mariano Rajoy ante la opinión pública y las encuestas de opinión le vaticinan los peores resultados en los próximos procesos electorales, los aspirantes al relevo van cayendo uno a uno a medida que su nombre va cobrando protagonismo. 

Cayó María Dolores de Cospedal, por su gestión del caso Bárcenas; cayó Soraya Saénz de Santamaría por su gestión del conflicto catalán, donde no ha dado una a derechas. Cae ahora Cifuentes, en el momento en que se sentía más fuerte y con aspiraciones a dar el salto a la política española. No es extraño que en el PP nadie aspire públicamente al relevo y los movimientos se hagan entre bambalinas. Ya lo dice el refrán: De mis amigos me libre Dios, que de mis enemigos me libro yo.

P.D. (solo para malpensados y conspiradores): La Policía Nacional ha detenido para su extradición a Suiza a Hervé Falciani, el experto en sistema informáticos a quien se le atribuye la difusión de la conocida como lista Falciani con nombres y clientes del banco suizo HSBC. 

Detenido en 2012 en Barcelona, siempre se ha dicho que tras un acuerdo previo con las autoridades norteamericanas, su paso por la prisión fue de unos pocos meses y en mayo de 2013 quedó en libertad hasta ahora. 

La nueva y sorprendente detención se ha producido en un momento en que España ha pedido la extradición de la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, petición que parecía muy difícil que las autoridades suizas respondieran afirmativamente. ¿Intenta España un canje?

(*) Periodista y ex director de La Vanguardia

https://www.elnacional.cat/es/editorial/jose-antich-cifuentes-la-reina-de-las-mentiras_254856_102.html

El máster de Cifuentes llega a la Fiscalía General del Estado

MADRID.- La Secretaria Técnica de la Fiscalía General del Estado (FUE) está "estudiando" la denuncia presentada por asociaciones de estudiantes para que se investiguen posibles delitos de falsedad documental y cohecho en el caso de las notas del máster que cursó la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC).

Fuentes fiscales han señalado que este departamento de la FUE estudia desde hace días el asunto, si bien han insistido en que aún no se ha pronunciado sobre si se archivara o se investigará los hechos denunciados. Las mismas fuentes han indicado que la Secretaría Técnica suele estudiar asuntos de "gran calado" o "relevancia política".

Estos colectivos señalan como responsables de los delitos citados a la funcionaría que habría modificado las notas, a la propia presidenta regional, al director del máster y a los miembros del Tribunal que calificaron el Trabajo de Fin de máster.

Precisamente, las profesoras miembros de este tribunal declararán a lo largo de la mañana en el marco del expediente informativo abierto por la Universidad y que investiga las presuntas irregularidades. Lo hacen el mismo día que el diario digital 'El Confidencial' ha publicado que tal tribunal no existió.

La Fiscalía se encarga de estudiar la documentación adjuntada por los colectivos de estudiantes en su escrito para decidir si se admite a trámite o no al tiempo que la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha presentado su querella contra los dos periodistas de 'eldiario.es', responsables de las informaciones del máster. También anunció ayer que había solicitado un acto de conciliación previo a la presentación de una segunda querella por los delitos que afectan a su honor.

En el escrito de los estudiantes, presentado el pasado 22 de marzo, se solicita al Fiscal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid que se cite a declarar "en condición de investigada" a Cifuentes y que se adjunte una copia certificada del registro de accesos al expediente académico de la presidenta regional.

A su vez, se reclama al Ministerio Público que se le pidan los correos electrónicos, las comunicaciones con su tutor del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y las anotaciones y evaluaciones a la confección del mismo, así como copia o documentos de haber depositado el citado TFM "en tiempo y forma correspondiente al curso académico 2011/12".

También reclama que se tome testimonio a la funcionaria que modificó el expediente académico, al tutor del trabajo del máster de Cifuentes, así como a la persona designada por el servicio informático de la URJC que volcó la información y las actas de evaluación, así como la emisión de los certificados de los másteres que ofrece la mencionada universidad.

Otra testifical que recoge este escrito de denuncia es que comparezca el personal designado por el Instituto de Derecho Público de la URJC al objeto de aportar documentación que pudiera obrar por la institución respecto al nombramiento del tribunal para evaluar el TFM de este máster en el curso 2011-12.

A su vez, se insta a solicitar la copia de la agenda y libros de visita en Delegación de Gobierno y de la Comunidad de Madrid correspondiente a las fechas de realización de la comisión evaluadora y los correos del director del máster, a fin de cotejar la "verosimilitud" de las explicaciones de Cifuentes al respecto.

Una cuarta parte de los jóvenes quiere ser funcionario

MADRID.- Uno de cada cuatro jóvenes quiere estudiar una oposición para ser funcionario, el mismo porcentaje que aquellos que quieren montar su propio negocio. Así lo ha constatado un estudio llevado a cabo por Círculo de Formación entre los 17.872 asistentes a la última edición de Unitour en España.

El documento revela también que el 52% de los estudiantes encuestados elegirá su carrera por vocación, mientras que un 38% del total de los jóvenes de bachillerato se ve desarrollando su carrera profesional en una empresa privada.

Por provincias, los más interesados en ser funcionarios son los alumnos cordobeses, ya que un 34% estudiaría una oposición después de su grado, seguidos de los leoneses (33%), los coruñeses, los murcianos y logroñeses (31%), los alicantinos (29%) y los zaragozanos, vallisoletanos y ovetenses (28%).

En el otro extremo, los jóvenes malagueños destacan como los más emprendedores de España, ya que un 32% quiere montar su propia empresa, seguidos por los estudiantes de Las Palmas y Valencia, ambos con un 28% de jóvenes que desean ser emprendedores.

En cuanto a los más vocacionales, el 56% de los estudiantes de La Coruña afirma que escogerá carrera porque es lo que le gusta desde siempre, seguidos por los de León y Córdoba (ambos con 55%), y San Sebastián, Vigo, Cádiz y Valladolid (54%).

Por el contrario, un 35% de los estudiantes españoles consultados se fijaría antes en las salidas profesionales que le ofrece su futuro grado. En esta línea, los que otorgan más peso a las salidas profesionales son los madrileños, ya que 38% se fijará en que su grado tenga alta empleabilidad, seguidos por los ovetenses, grancanarios, logroñeses y zaragozanos (37%).

Sobre el lugar de sus estudios, el estudio asegura que los españoles son «caseros» pues el 50% asegura que le gustaría estudiar en su propia provincia o comunidad, mientras que un 35% estudiará fuera de su región, y un 13% tiene pensado irse fuera de España.

El 33% se irá donde haya trabajo

En cuanto al destino por trabajo, el 33% ha señalado que le es indiferente dónde trabajar, pues se trasladará donde encuentre empleo, mientras que un 19% lo buscará directamente fuera de España. Este porcentaje ha descendido respecto al pasado año, cuando un 21% señalaba que desarrollaría su carrera profesional fuera de España. Por otro lado, un 25% prefiere quedarse en su provincia o comunidad, y un 23% trabajará en cualquier parte de España.

Por provincias, los estudiantes más propensos a buscar trabajo fuera de España son los malagueños, ya que un 28% quiere ejercer su profesión fuera de España. En el otro extremo se encuentran los estudiantes donostiarras, pues un 37% quiere trabajar en su comunidad o provincia. Les siguen los bilbaínos, con un 34% y valencianos con un 33%.

Por último, según datos del estudio, el 49% de los jóvenes se informa de los temas que le interesan navegando por internet, ya sea en medios de información online o a través de distintas redes sociales. Por otro lado, un 31% revela que se mantiene al día charlando con su familia y amigos, mientras que un 13% ve la televisión, un 5% lee el periódico impreso y un 2% tiene por costumbre escuchar la radio para conocer las noticias.

Adif Alta Velocidad ya supera en deuda al Fondo de Rescate de los bancos: 17.900 millones

MADRID.- El Gobierno prevé que el año termine con una deuda de 63.170 millones de euros en el conjunto de los grupos empresariales públicos, un 3,6% menos que lo previsto para el cierre de 2017, según figura en el proyecto de ley de  Presupuestos Generales del Estado presentado el martes en el Congreso de los Diputados.

La lista de empresas más endeudadas la encabeza por primera vez desde su creación Adif Alta Velocidad. La sociedad encargada de la construcción y gestión de las líneas ferroviarias de alta velocidad en España prevé cerrar el año con una deuda de 17.924 millones de euros. Supone elevar todavía más la deuda prevista para 2017, que era de 17.660 millones, según eldiario.es.

De este modo, la sociedad supera por vez primera al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), sociedad utilizada por el Gobierno para el rescate financiero, que cerrará el año, según las previsiones del Ejecutivo, con una deuda de 15.439 millones de euros, un 16% menos de lo presupuestado en 2017. 

Las siguientes empresas más endeudadas son Enaire -primer accionista de Aena- con casi 8.000 millones, y la SEPI, con 7.520 millones.

Adif-Alta Velocidad fue creada en 2013, separándose de Adif, cuya actividad estaría centrada en las líneas convencionales. De este modo, la primera se hacía cargo de toda la deuda de acumulada de la expansión de la red de transporte AVE durante los años previos, abriéndola a lanzar emisiones para captar nuevas vías de financiación.

Adif Alta Velocidad es también la que tiene el peor resultado previsto para este ejercicio. El Gobierno estima que la sociedad cierre el año con 229 millones de euros de pérdidas. Con ello, la empresa acumularía 1.198 millones de euros en pérdidas presupuestadas los últimos cuatro años, aunque las reduciría frente a los 353 millones de resultado negativo previsto para 2017.

Respecto al resto de empresas públicas, Loterías del Estado se mantiene como la empresa con mayores ingresos previstos, con 9.220 millones de euros, y también en beneficios, con más de 1.800 millones. Le sigue la Sepi, con más de 5.000 millones de cifra de negocios, cifra casi idéntica a Enaire. Renfe Operadora y Adif son la cuarta y quinta empresas en cuanto a previsión de negocio para este año, con 2.700 y 1.200 millones respectivamente.

La sociedad Adif-Alta Velocidad es, a su vez, la empresa pública que tiene una mayor inversión prevista para este ejercicio. En concreto, el Gobierno prevé que invierta 2.700 millones, el 39% de los más de 7.000 millones que las compañías estatales prevén invertir en el presente año. 

Según figura en los Presupuestos, los trabajos en ferrocarriles de alta velocidad se centrarán este año en el corredor norte-noroeste, en el del Mediterráneo, en la línea Madrid-Murcia, en Extremadura y en el eje Mediterráneo-Cantábrico.

El FMI insta a España a prepararse ya para la próxima crisis

MADRID.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que ha llegado el momento de que España se prepara para la próxima crisis porque es seguro que esta llegará antes o después y sus efectos pueden volver a resultar demoledores para un país que comienza a recuperarse de la última recesión. 

Así lo ha expuesto el subdirector gerente del FMI, David Lipton, durante su intervención en una jornada conjunta de este organismo con el Banco de España, que se ha celebrado este martes en Madrid bajo el título "España desde la recuperción a la resiliencia" y recoge Cinco Días.

El FMI aplaude los "difíciles" esfuerzos realizados por la población española para evitar "el colapso" de el país en lo peor de a crisis, demostrando que los ajustes internos sin controlar la política monetaria son posibles. 

Sin embargo, el organismo advierte que "ha llegado el momento de arreglar el tejado mientras brille el sol", es decir, de tomar las medidas necesarias para fortalecer la economía española ante la próxima crisis.

Los Presupuestos del 2018 incluyen una posible quita de deuda a las autonomías

MADRID.- El Gobierno quiere tener manos libres para poder decidir este mismo años quitas en la deuda de las comunidades autónomas con el Estado o una mejora de sus condiciones (tipos de interés y plazos). Esta es la última “zanahoria” que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha incorporado en el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018 que fue presentado este martes en el Congreso de los Diputados, con el fin de ganar el mayor apoyo político y social para sus cuentas, según reoge www.elperiodico.com.

No solo es una “zanahoria”, sino un argumento más para intentar quebrar el rechazo frontal que el PSOE manifiesta contra el proyecto del Gobierno. Algunas comunidades socialistas, como Baleares y Valencia, demandan al Gobierno algún tipo de reestructuración de su deuda pública que les permita ganar oxígeno en sus cuentas públicas. También lo ha pedido para Catalunya, el líder del PSC, Miquel Iceta.

Esta es la última novedad de un proyecto de ley que, según Hacienda, incluye medidas con un impacto presupuestario de 3.800 millones para mejorar las rentas de más de 13 millones de personas y sus familias. “Se trata de empleados públicos, pensionistas con ingresos más bajos y trabajadores asalariados que cobran menos de 18.000 euros”, añade Hacienda. 

En las cuentas, pactadas con Ciudadanos, también se han incluido ventajas fiscales para familias numerosas, para contribuyentes con discapacitados a cargo y para padres con gastos de guarderías al tiempo que se ha mejorado los sueldos de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, los recursos para las comunidades autónomas aumentan en 4.248 millones, por la mejora de la recaudación tributaria.

“Son unos buenos presupuestos, que benefician a mucha gente y no perjudican a nadie”, resumió este martes en Argel el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haciendo valer las “zanahorias” (en una vieja expresión de Montoro) de las cuentas del 2018.  

Rajoy se comprometió a dar “la batalla” para que España tenga Presupuestos en el 2018, para lo que aún necesita ganar cinco votos con los que poder superar el debate de las enmiendas a la totalidad, a finales de abril o primeros de mayo. 

Los cinco votos del PNV que sirvieron para sacar adelante las cuentas del 2017 están en el aire, en tanto no se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, tras la constitución de un nuevo Govern. Mientras tanto, el Gobierno intenta ganarse el favor del PSOE y en esa estrategia encaja la oferta de una reestructuración de la deuda de las autonomías.

Según explicó Montoro, el proyecto de ley incluye una disposición para que el Gobierno “pueda hacer uso de las deudas de las administraciones territoriales con el Estado para poder dar una mayor prima a las cumplidoras, en forma de reestructuración de esa deuda” previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). 

En su disposición adicional última el proyecto de ley admite que “estos incentivos podrán afectar total o parcialmente al importe de los créditos que ostente el Estado así como a sus condiciones financieras”.

En un primer momento, el PSOE no se mostró seducido por esta propuesta. “No es el momento para hablar de reestructuración de la deuda”, dijo el responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero. “Estamos esperando para conocer una propuesta solvente, cierta y detallada de un nuevo modelo de financiación autonómica. Sería una trampa empezar a hablar de un aspecto aislado de los demás”, añadió.

Las cuentas presentadas por el Gobierno en el Congreso de los Diputados incluyen un volumen de gasto consolidado del Estado, la Seguridad Social y sus organismos públicos por un total de 354.225 millones de euros, el 2,7% más que el año pasado. Frente a esto, los ingresos consolidados previstos ascienden a 300.903 millones de euros, con un crecimiento del 3% respecto al año anterior.

Según explicó Montoro, estos presupuestos encajan dentro del modelo económico del PP con el objetivo de “reducir la participación del gasto total en el producto interior bruto y mantener un nivel de ingresos públicos en el entorno del 38% del PIB”. Aquí reside la principal diferencia con el modelo socialista, que propugna un nivel de ingresos más cercano a la media de la Unión Europea (del 44% del PIB) para dar cabida a un mayor nivel de gasto y del estado de bienestar.

El ministro de Hacienda resaltó este martes que el peso del gasto social del Estado (pensiones, desempleo, servicios sociales y  becas) sobre el presupuesto total del Estado se mantiene en el 55,6%. Sin embargo, su crecimiento del 2,8% es inferior al previsto para la economía en euros corrientes (4,3%), por lo que en el 2018 volverá a disminuir el peso del gasto social respecto del PIB.

“No son recortes, es moderación en el crecimiento del gasto” interpretó Montoro. “Los Presupuestos son más aparentes que sociales”, criticó por su parte UGT. “Los pequeños guiños sociales, claramente electoralistas, no buscan restablecer los derechos. Hay dinero para las autopistas, pero no para atender las necesidades sociales más urgentes”, abundó el sindicato 

Entre las partidas de gasto destaca el aumento de infraestructuras (16,5%) mientras que bajan las de intereses de la deuda pública (hasta los 31.547 millones, el 1,9% menos) y desempleo (17.702 millones, el 3,4% menos) por las mejores condiciones económicas.  Con todo, el gasto previsto en infraestructuras, de 5.676 millones (el 1,6% del gasto total), apenas es el 40% de los 14.040 millones del 2008, cuando la inversión de los Presupuestos pesaba el 4% en el gasto total consolidado, según recordó UGT.

El Gobierno sacará este año otros 3.826 millones de euros de la 'hucha' de las pensiones

MADRID.- El Gobierno volverá a hacer uso de la llamada "hucha de las pensiones" este 2018, según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo. El texto incluye que la Seguridad Social sacará del Fondo de Reserva un importe de 3.826 millones de euros, "para atender, exclusivamente, las insuficiencias de financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión". 

 Rajoy ha vaciado el 90% de la hucha, que cayó a los 8.095 millones este diciembre de 2017, desde los máximos de cierre de 2011 (66.815 millones).

En el Presupuesto de la Seguridad Social, los presupuestos de 2018 detallan esta partida concreta de uso de la hucha, al contrario que el año pasado, cuando tan solo hacía mención al "régimen excepcional de disposición de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social".

Esta previsión del gasto se encuentra una hucha de las pensiones en mínimos. Tras la salida de 3.586 millones de euros para la paga extra de navidad el pasado diciembre, el Fondo de Reserva contenía 8.095 millones de euros a 1 de diciembre, el 0,73% del PIB. Es la cifra más baja desde 2002.

Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en diciembre de 2011, el fondo de reserva estaba en su tope máximo, 66.815 millones. Esto quiere decir que este instrumento creado en el 2000 con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos ha menguado desde la llegada del PP al poder un 87,88%.

Según el proyecto de Presupuestos, la Seguridad Social contará este año con un presupuesto de 149.967 millones de euros, cifra un 3,5% superior a la de 2017 y equivalente al 12,4% del PIB.

Préstamo de 15.164 millones del Estado

El Presupuesto de la Seguridad Social incluye, a la vista de su situación financiera, un préstamo del Estado por importe de 15.164 millones de euros para garantizar que el sistema pueda cumplir con el pago de prestaciones. En 2017, el préstamo del Estado a la Seguridad Social fue de 10.192 millones de euros.

Los ingresos por cotizaciones sociales alcanzarán este año los 114.916 millones de euros, un 3,9% más que lo presupuestado inicialmente en 2017. Este montante permitirá a la Seguridad Social financiar el 76,6% de su presupuesto total, según asegura el Gobierno.

El Ejecutivo calcula que en 2018 la Seguridad Social ingresará 108.175,2 millones de euros en cotizaciones de empresas y trabajadores, un 4,2% más que en el presupuesto de 2017.

Asimismo, el sistema percibirá 133,2 millones por cuotas correspondientes a la prestación de cese de actividad de los autónomos, un 0,4% más sobre el presupuesto de 2017, mientras que por cotizaciones de desempleados recaudarán 6.607,3 millones de euros, un 0,2% más que en 2017.

Tras las cotizaciones sociales, las aportaciones del Estado son las que más contribuyen a la financiación de la Seguridad Social. Este año, la Seguridad Social contará con aportaciones del Estado por un importe global de 13.558 millones de euros, un 3,6% más que en 2017, de los que 7.329 millones de euros irán destinados a cubrir los complementos a mínimos, un 2,1% más que en 2017.

Las aportaciones del Estado para financiar las pensiones no contributivas y las prestaciones no contributivas de protección a la familia alcanzarán los 4.151,5 millones de euros (+2,7%) y el importe destinado a la atención a la dependencia será de 1.401 millones de euros, de los que 1.308 millones corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado.

“Fuera paraísos fiscales”, una jornada contra “el robo” a la educación o las pensiones

MADRID.- Los paraísos fiscales parecen no estar entre las preocupaciones más inmediatas a la ciudadanía. El nombre suena exótico y la estafa parece ocurrir en países lejanos. Pero esta imagen poco se asemeja a la realidad. Oxfam Intermón denuncia que la contribución de las empresas multinacionales al total de la recaudación es cada vez menor, así que el peso de la financiación del Estado recae cada vez más sobre las familias, el trabajo y el consumo. Además, los destinos favoritos del IBEX-35 son lugares como Delaware, Holanda, Irlanda y Luxemburgo, países cercanos que España no contempla en su lista negra de paraísos fiscales, pero que tienen prácticas fiscales agresivas, según recoge Cuarto Poder.

Este 3 de abril era el aniversario de la publicación de los Papeles de Panamá, la filtración masiva de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, una de las más importantes del mundo en la creación de sociedades offshore. 

La publicación de esta información supuso un escándalo mundial y, por esto, el Foro Social Mundial eligió esta fecha para proclamar el Día Internacional contra los Paraísos Fiscales, una iniciativa que parte de España y a la que se han sumado varios países. 

La Plataforma por la Justicia Fiscal, conformada por sindicados y organizaciones como ATTAC u Oxfam Intermón organiza una concentración en Callao. Participarán “los afectados”: el colectivo de pensionistas, mareas de la sanidad y la educación, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entre otros.

“Los medios de comunicación más favorables a las políticas neoliberales repiten que no hay dinero para subir las pensiones, que hay que recortar, que hay que hacer frente a un déficit que nos está forzando la UE etc., pero en ningún momento hablan de la gran cantidad de dinero que deja de ingresar el Estado por evasión fiscal”, explica Ricardo García, miembro de ATTAC y de la Plataforma por la Justicia Fiscal. 

Todas las empresas del Ibex-35 utilizan paraísos fiscales y su presencia casi alcanza las 1.000 filiales en estos territorios, según ha contabilizado Oxfam Intermón.

Los paraísos fiscales rompen con el modelo de sociedad de Europa para garantizar el llamado estado de bienestar. “Si quienes tienen mayor capacidad para contribuir no pagan, somos nosotros, la mayoría, los que estamos pagando”, plantea la responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, también portavoz de la Plataforma, Susana Ruiz. 

La experta explica que las grandes fortunas y las grandes empresas utilizan los sistemas tributarios desiguales en los distintos países, muchas veces contrarios entre sí, para ir encontrando “vacíos”. 

Esto les permite, por ejemplo, crear sociedades que tengan la matriz en un lugar, mientras la marca o la propiedad intelectual se encuentra en determinados paraísos fiscales, de forma que “fugan” de una forma artificial sus beneficios.

Es un problema global, que requiere de soluciones a nivel internacional. Cada vez se suman más escándalos y filtraciones periodísticas sobre los paraísos fiscales – Paradise Papers, Bahamas leaks, Panama Papers, Luxleaks, Swissleaks…– y la opinión se muestra más crítica con el fraude fiscal, de forma que algunas empresas están empezando a cambiar sus malos hábitos. 

Sin embargo, es importante la presión, remarcan las organizaciones implicadas, que creen que aun queda mucho camino por recorrer. En concreto, la inversión de España hacia paraísos fiscales se multiplicó por cuatro entre 2009 y 2016 alcanzando los 9.544 millones de euros, mientras que la mitad de la inversión que llega al país lo hace a través de un paraíso fiscal, según recogió Oxfam Intermón en un informe.

La lista negra y otras medidas para combatir el fraude y la evasión fiscal

El primer paso sería que el Ministerio de Hacienda elaborara una lista completa de paraísos fiscales, según las organizaciones. Esto permitiría, por ejemplo, presionar al Estado o a los Ayuntamientos para que solo contraten a empresas que se encuentren fuera de dicho listado. El Gobierno actualmente trabaja en una lista de paraísos fiscales que sustituirá  a la de de 1991 para adaptar el ordenamiento jurídico español al acuerdo alcanzado en el Ecofin el pasado mes de diciembre. 

En la línea de los planteado por la OCDE, se había ido dejando fuera a cada vez más paraísos fiscales y esta es una oportunidad para revertir la situación. Desde 2003 han ido desapareciendo de la lista paraísos fiscales como el Principado de Andorra, las Antillas Holandesas, Emiratos Árabes Unidos, Bahamas, Barbados, Panamá o Singapur.

La UE tiene una lista negra, que actualmente conforman nueve países, y una lista gris, en la que se incluyen más de 60 países que son paraísos fiscales o tienen prácticas fiscales agresivas, pero que han mostrado un firme compromiso de acabar con la situación. 

“Se va por una por buena dirección, ya que al menos los criterios ya no son los del G-20 y la OCDE, que tenían en cuenta únicamente la transparencia, y contemplan otras causas como que tengan prácticas nocivas o sean agresivos con otros países”, explica Ruiz. 

Sin embargo, la lista europea parte de la exigencia de no incluir a países europeos, como Luxemburgo e Irlanda, mientras que no se ha publicitado cuales son los compromisos concretos adquiridos por parte de los países de la lista gris, denuncia la Plataforma por la Justicia Fiscal.

Además de vigilar el proceso de la elaboración de la lista por parte del Gobierno, la Plataforma por la Justicia Fiscal también exige medidas como la protección de los periodistas que cubren las informaciones relativas a la evasión fiscal –denuncian que sufren una enorme presión y que incluso pueden ver como su vida corre peligro– o el refuerzo de la vigilancia contra el fraude. 

“En España es imprescindible el incremento de la dotación de recursos públicos de la Agencia Tributaria para así poder incorporar los avances de la agenda internacional e ir cerrando agujeros”, explica Ruiz.

“Hay que recordar que la presión ciudadana provocó las dimisiones del ministro (José Manuel) Soria y el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix”, indica García. Ambos se retiraron después de aparecer vinculados a sociedades offshore en los Papeles de Panamá. “Se ha creado un sentimiento y una sensibilidad ciudadana. En el momento en el que alguien tiene una sociedad offshore se le invalida políticamente y eso es positivo”, señala. Hay que seguir luchando para que la ciudadanía sea consciente de que “nos están robando”, añade.

La Semana Santa deja temblando la aconfesionalidad del Estado español

MADRID.- Semana Santa es época de fervor, de tradiciones, de celebraciones religiosas en toda España, especialmente en algunas comunidades autónomas como Andalucía. En el artículo 16, nuestra Constitución relaciona “la libertad religiosa” con que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, tal como recuerda Cuarto Poder. 

Queda así remarcada la aconfesionalidad del Estado y, en consecuencia, el papel de las instituciones. Pero en la práctica, este es el segundo año que el Gobierno, que representa a todo el Estado, ha decidido izar la bandera a media asta en los cuarteles y en el Ministerio de Defensa por “la muerte de Cristo” y los ministros Juan Ignacio Zoido, María Dolores de Cospedal, Rafael Catalá e Íñigo Méndez de Vigo incluyeron directamente los actos religiosos en sus agendas oficiales.

El Gobierno realizó un amplio despliegue en Málaga para asistir al desembarco de la Legión y a la ceremonia de traslado del Cristo de la Buena Muerte. Los cuatro ministros, de Interior, Defensa, Justicia y el portavoz del Gobierno no dudaron en acudir a los tradicionales actos matinales de Jueves Santo que constituyen una de las imágenes más populares de la Semana Santa malagueña. 

En ese momento, diversas autoridades civiles, militares y religiosas, como es tradición, se congregaron para asistir al acto, donde la fuerza militar entonó la tradicional letra de ‘El novio de la muerte’ mientras llevaba a hombros el conocido Cristo de Mena, se leyó una oración por los caídos en las misiones militares del Ejército español y se hizo entrega del estandarte del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

Los representantes del Ejecutivo también participaron en otros actos en Málaga. Catalá asistió al indulto del preso –el Gobierno ha concedido este año cinco perdones a reos que han solicitado las hermandades–, Cospedal, con la Brigada Paracaidista como escolta, ha acudido a la procesión de la Hermandad Sacramental, mientras que Zoido ha recibido la condecoración de la Hermandad de Jesús el Rico y la Hermandad de la Expiación de Málaga.

“Hay una confusión entre el Estado y la sociedad civil”, explica a cuartopoder.es Antonio Gómez, presidente de Europa Laica, una asociación estatal que persigue la separación del Estado de las religiones. “Cuando llega la Semana Santa el Ejército se pone al servicio de las procesiones, al igual que la Guardia Civil o incluso los Bomberos, en algunos lugares más que en otros. No entendemos que el catolicismo, que debería ser de la sociedad, sea la simbología oficial”, indica.

La bandera a media asta

Los causas por las que se iza la bandera a media asta están regladas. La exministra de Defensa Carme Chacón impulsó el Real Decreto 648/2010, que establece esta medida para cuando se decreten días de luto nacional, fallezca el titular de la Corona, el presidente del Gobierno o hayan muerto militares en actos de servicio. 

 El año pasado Cospedal ya entró en conflicto con el reglamento y decidió añadir “la muerte de Cristo” a la lista de motivos.”No se ha querido sacar partido de nada, es solo una cuestión que forma parte de nuestra cultura, religiosa o no religiosa”, explicó la ministra el año pasado en el Pleno del Senado.

Este año Defensa ha justificado la decisión en una sentencia del Tribunal Constitucional, que dictaminó que “cuando una tradición religiosa se encuentra integrada en el conjunto del tejido social de un determinado colectivo, no cabe sostener que a través de ella los poderes públicos pretendan transmitir un respaldo o adherencia a postulados religiosos”. 

También han aludido a la cuarta disposición del Real Decreto que impulsó Chacón y por el que se autorizan “comisiones escoltas o piquetes para asistir a celebraciones de carácter religioso con tradicional participación castrense”, y donde también se recoge el “respeto al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y, en consecuencia, la asistencia y participación de actos que tendrán carácter voluntario”.

“Chacón dio pasos importantes en el respeto institucional”, indica el secretario de Laicidad del PSOE José Manuel Rodríguez Uribes. 

“Hay quien no lo tiene claro, como la ministra de Defensa, pero el hecho de que no exista una religión oficial implica una serie de obligaciones para los poderes públicos, que deben mantener una escrupulosa neutralidad, por respeto a quienes profesan otras religiones y a los no creyentes”, esgrime. 

Los socialistas pedirán explicaciones a Cospedal sobre su decisión de izar a media asta las banderas de España. El presidente de Europa Laica apunta que, precisamente, el punto del Real Decreto de Chacón, que se refiere a la participación “voluntaria” de los militares en los actos religiosos, se incluyó porque “se habían producido denuncias a la Policía Militar de personas que no querían asistir a actos religiosos”.

Igualmente, la participación de los representantes políticos en la simbología religiosa o en la celebración no atiende a colores políticos. La asociación Europa Laica denunció la concesión de la Medalla de Oro al Mérito Policial a Nuestra Señora María Santísima del Amor, aunque la Justicia desestimó su recurso. 

Esta misma asociación también ha recurrido la concesión de la medalla de la ciudad de Cádiz a la Virgen del Rosario que avaló su alcalde, José María González ‘Kichi’ (Podemos). La organización que lucha por el laicismo también apunta que la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra (Compromís), realizó una ofrenda a la virgen estas últimas Fallas.

Los políticos se suman a la Semana Santa

Los ejemplos son innumerables. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha realizado este año la tradicional ofrenda floral a María Santísima de las Penas. El alcalde del PSOE de Alcalá de Henares (Madrid), Javier Rodríguez Palacios, ha participado en la procesión del Cristo de los Desamparados y la Virgen de las Angustias. La hermandad de El Prendimiento en Orihuela, Alicante, ha tenido este año al Rey Felipe VI como Hermano de Honor. 

También hay excepciones: el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega (Anova), quien desde que tomó el poder rechazó asistir a actos o ceremonias religiosas. “Recibe multitud de presiones, hasta de la Casa Real, pero es un ejemplo para nosotros del papel de los representantes que están en las instituciones”, sostienen desde Europa Laica.

Otros entienden que la participación de los políticos o de los miembros vinculados a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los eventos religiosos no es algo necesariamente negativo. 

“Es cierto que hay algún tipo de explicación en la tradición, una justificación histórica. Es verdad que hay matices y elementos que no están del todo claros”, indica Rodríguez Uribes, quien sí considera que debe continuarse el camino hacia la desvinculación de las instituciones con la religión.

La religión en las escuelas públicas es otro de los puntos calientes para los firmes defensores de la laicismo del Estado. En Semana Santa también aparecen algunos de los ejemplos más claros de la penetración del catolicismo en las aulas. 

La asociación Andalucía Laica recoge quejas de los padres y denuncia ante la Consejería de Educación y las Inspecciones provinciales de Cádiz y Sevilla las diversas actividades religiosas, confección de pasos procesionales, exposiciones de simbología cofrade y celebración de desfiles procesionales por parte del alumnado en colegios públicos.

El PSOE anuncia una moción de censura contra Cristina Cifuentes

MADRID.- El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha anunciado hoy que su grupo propondrá ante el Comité Federal del PSOE la presentación de una moción de censura contra el Gobierno de Cristina Cifuentes después de que la presidenta no haya contado "toda la verdad" sobre su máster.

En declaraciones a los periodistas tras el pleno extraordinario en el que Cifuentes ha comparecido, Gabilondo ha anunciado esta medida que se tomará "con toda celeridad" ante la "alarma" creada por las supuestas irregularidades en el título obtenido por la dirigente autonómica en la Universidad Rey Juan Carlos.