martes, 10 de abril de 2018

Solo cuatro CCAA - Madrid incluida- no tienen un compromiso para sacar OPE sanitarias periódicas

MADRID.- Dos de los grandes retos del Sistema Nacional de Salud español son hacer frente a la escasez de especialistas y la renovación de una plantilla sanitaria cuya mayor parte de efectivos se jubilarán próximamente. Por ello, la publicación de Oferta Pública de Empleo (OPE) cobra especial importancia en este sector, según redaccionmedica.com.

Hasta el momento, hay una mayoría de comunidades autónomas que se han comprometido a publicar sus OPE con cierta periodicidad, ya sea anual o bianual. Sin embargo, aún hay bastantes que no se han pronunciado al respecto.

La periodicidad de las OPE ya es una realidad en algunas comunidades autónomas. El departamento de Salud del País Vasco es uno de los primeros que se ha comprometido a su convocatoria cada dos años, al igual que Extremadura, región que firmó un pacto en 2017 por el que se comprometía a convocar concursos de traslado con carácter bianual.

En el mismo sentido se han pronunciado las consejerías del Principado de Asturias y Canarias, aunque lo han hecho de forma verbal, asegurando que la periodicidad se produciría cada dos años. Finalmente, y también con carácter bianual se han mostrado a favor Aragón y Andalucía. Esta última ha afirmado que las categorías menos numerosas pueden tener una periodicidad mayor, ya que la demanda no es tan alta en algunas especialidades como en Atención Primaria.

A pesar de ello, no todas las comunidades han apostado por una periodicidad bianual, sino que algunas como Galicia, Baleares y Castilla y León se han decantado por que esto sea anual. Del mismo modo se han pronunciado Cataluña, mediante un acuerdo verbal, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Valenciana, cuyas consejerías se han ofrecido a realizar una OPE anual con las plazas correspondientes a la tasa de reposición de cada ejercicio.

Hay algunas comunidades que todavía no han puesto sobre la mesa la posibilidad de tener una periodicidad en sus OPE. Este es el caso de la Comunidad de Madrid, que no descarta que en un futuro se pueda llevar a cabo; Cantabria y Murcia. Estas regiones todavía no han anunciado ningún tipo de acuerdo de este tipo, por lo tanto, la convocatoria de sus OPE responde a sus propios criterios.

Finalmente, la consejería de Salud de La Rioja ha confirmado que en la actualidad se encuentra manteniendo conversaciones con los sindicatos regionales para que en un futuro se pueda comprometer a una periodicidad en la convocatoria de sus OPE. A pesar de ello, todavía se trata de un proyecto que está sobre la mesa y que no ha sido cerrado por las partes.

De la misma manera el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado recientemente que su comunidad se compromete a publicar OPE en Sanidad con periodicidad anual. Sin embargo, tal como aseguran fuentes sindicales a Redacción Médica, ese compromiso no se ha pactado en Mesa Sectorial y carece de formalidad. 

El Rey Juan Carlos recibe el alta médica tras su operación

MADRID.- El Rey emérito Juan Carlos ha recibido este martes el alta médica después de que el pasado sábado fuera operado en un hospital madrileño para sustituirle la prótesis de la rodilla derecha que le implantaron en 2011.

Una vez que el equipo médico le ha dado el alta en torno a las 11.30 horas ante "la evolución clínica favorable", don Juan Carlos va a abandonar en breve del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja para "continuar la recuperación en el Palacio de la Zarzuela", según el parte médico difundido por el centro sanitario privado.
Ya en Zarzuela, será el equipo médico de la Casa del Rey el que supervise la rehabilitación del anterior jefe del Estado, añade la nota.

La libertad de expresión es la base de todo / Ramón Cotarelo *

Sin libertad de expresión todos los demás derechos son papel mojado. Por eso, lo primero que hacen los tiranos es reducirla o suprimirla. 
 
Lo primero que hizo el gobierno del PP vencedor con mayoría absoluta parlamentaria en 2011 fue cambiar el estatuto legal de la RTVE para suprimir en ella la libertad de expresión y ponerla a su servicio y lo segundo, elaborar una ley de restricción de las libertades públicas, singularmente de expresión, reunión y manifestación que se promulgó en 2015 como Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

La inquina de la derecha neofranquista a la libertad de expresión es acendrada y muy fuerte. A estas alturas son varios los titiriteros, raperos y tuiteros procesados por enaltecimiento de lo que no se debe enaltecer, injurias a quien no se puede injuriar, atentado contra unos sentimientos religiosos contra los que es permisible atentar. Todo pura especulación, fabulación, interpretación y arbitrariedad. 

Quien impone límites a la libertad de expresión sabe en dónde empieza, pero no en dónde acabará. Entre castigar algo tan etéreo como la falta de respeto a los símbolos e imponer un código de decoro público religioso por ejemplo, solo hay un paso.

Y ello sin mencionar un factor adicional. La represión de la libertad de expresión no solamente es una injusticia sino una doble injusticia porque depende de qué ideologías sean las implicadas: las injurias, faltas de respeto, amenazas, insultos, coacciones de la extrema derecha, muchas de ellas muy relacionadas con el PP, ni se consideran en justicia. No van a los tribunales. Esta justicia es injusta porque es manifiestamente parcial, política.   
 


(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

La preocupación por las pensiones alcanza su mayor nivel en 30 años

MADRID.- La preocupación ciudadana por el futuro de las pensiones ha repuntado en el último mes hasta alcanzar su nivel más alto de los últimos 30 años, mientras continúa bajando la inquietud de los españoles por la independencia de Cataluña, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El barómetro del CIS, elaborado entre el 1 y el 13 del pasado mes de marzo, refleja que las pensiones escalan hasta el quinto puesto en la lista de problemas y ya son citadas por un 15,5 por ciento de los encuestados.
Del otro lado, la independencia de Cataluña vuelve a caer a su nivel más bajo desde el referéndum ilegal del 1 de octubre, con un 8,6 por ciento frente al 11,3 por ciento del mes pasado.

La germanofobia, el 'prêt-à-porter' madrileño de primavera / José Antich *

La virulencia con que ha reaccionado el Madrid político y mediático más de derechas contra Alemania por la excarcelación del president Carles Puigdemont ha sido tan exagerada que ha asustado a los alemanes, poco acostumbrados a ser objeto de mofa y de ensañamiento dentro del continente. 

Desde el viernes en que se conoció que la Audiencia Territorial del estado federal de Schleswig-Holstein descartaba el delito de rebelión y que iba a estudiar tan solo el de malversación, una catarata de acusaciones, insultos y descalificaciones ha caído contra el gobierno alemán y contra el funcionamiento de su justicia. 

Como si se tratara de una cuestión patria y no de un tema exclusivamente judicial, editorialistas, articulistas y políticos reconocidos del PP, como el eurodiputado Esteban González Pons o el portavoz del partido Rafael Hernando, han querido señalar un peligroso camino que acerca España a ojos de Europa a la intolerancia y evidencia la nula separación de poderes.

En el menú prêt-à-porter de esta primavera madrileña informativa, lo que menos estaba en el guión era una discusión con Alemania y la aparición de la germanofobia, con una clara similitud a la tantas veces ensayada catalanofobia. 

La ministra de Justicia alemana, Katarina Barley, que señaló el fin de semana que España no tenía que dar por hecha la extradición de Puigdemont por malversación, que tendrá que explicarla y que esto no será fácil, ha propiciado desde titulares como "Alemania, a España no se la toca" hasta acusaciones directas contra la ministra en un gran diario de Madrid en que se la tilda, entre otras lindezas, de "nazi progre", "ministra racista de Merkel", y, también, se habla de la "euromanía alemana de masacrar a sus vecinos".

González Pons ha cuestionado la justicia alemana, ha señalado que el tribunal ha ido más lejos de lo que debería haber ido y ha amenazado con que si la euroorden no funciona, el tratado de Schengen no tiene sentido. El joven Casado ha ido más lejos al exigirle al tribunal alemán que rectifique. ¡Como si Alemania fuera España!  El gobierno español, que propició el primer fuego, ha tenido que salir rápidamente a intentar apagar el incendio de la desmesurada campaña contra Alemania.

En medio de todo este despropósito español, la embajada de Madrid en Berlín se dedica a publicar cartas al director en los diarios alemanes. Muy poca artillería y menor influencia en un país difícil como Alemania que ha asumido el caso catalán como un debate público más próximo a la violación de derechos humanos que a la independencia. 

Y donde la clase política y los medios de comunicación están descubriendo unas actitudes en las que lejos de hacerles cómplices de un problema se les critica y se les ataca con una gran desmesura. Madrid, en primavera.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia


Dimite la subdirectora del Instituto de Derecho Público de la URJC por lo de Cifuentes

MADRID.- La subdirectora del Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Laura Nuño, ha anunciado que deja su cargo por la "crisis de confianza" generada dentro de este centro dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, también director del máster de Cristina Cifuentes.

Nuño, que accedió a la subdirección del IDP en diciembre de 2017, ha explicado que, pese a que se trata de "un cargo no estatutario", está "muy desolada en lo personal", por lo que ha decidido apartarse de dicho centro, cuya actividad de los últimos 10 años está siendo investigada por la inspección interna de la URJC.
"Se trata de una decisión estrictamente personal", ha insistido Nuño, quien ha recalcado que "sigue respetando" al IDP y al cual "seguirá perteneciendo" como profesora.
El nombre y la firma de Laura Nuño ha aparecido este martes en varias actas oficiales de convalidación, en las que se da fe de una supuesta reunión de una comisión de Garantía de Calidad del máster, en mayo de 2012, donde se aprobó la convalidación de tres de las asignaturas a varios estudiantes, Cifuentes entre ellos.
Respecto a la autenticidad de su firma, que aparece en estampada en dichos documentos de convalidación que han sido desvelados hoy por eldiario.es, Nuño ha dicho que "no parece" su firma y que no recuerda "haber convalidado nada de esa materia, ni haber asistido a dicha reunión".
Politóloga, investigadora y activista feminista, Nuño permanecerá como directora del Observatorio de Igualdad en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), desde donde fue propulsora del primer Grado académico de Género en España y está preparando un nuevo título en Prevención en Violencia de Género y Sexual.

Casado defiende su máster: "No hubo trato de favor"

MADRID.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha incidido este martes en que ha dedicado "mucho tiempo y esfuerzo" a su formación profesional y no puede consentir que "se acabe mezclando con informaciones que no tienen nada que ver".

En una entrevista con Onda Cero, Casado se defendía así después de que la Universidad Rey Juan Carlos, involucrada en el escándalo por el título de máster que allí obtuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, confirmase que está analizando otras titulaciones, incluida una suya.
Casado, que ha publicado en redes sociales pantallazos de la intranet de la Universidad para exponer su evolución como alumno, ha asegurado que el suyo no era "un máster finalista" porque se trataba de un curso de acceso a la investigación, que es lo que él iba buscando. Lo define así como "los antiguos cursos de doctorado".
"Tengo hasta el folleto en que se especifica que esta formación va orientada a la investigación y explica cómo se está adaptando la universidad española a Bolonia", ha comentado, para incidir en que él "guarda muchas cosas" y por eso, ha convocado a la prensa para mostrar desde el "trabajo de fin de itinerario" que entregó al terminar el curso, como el resto de trabajos de investigación que realizó en este marco.
En esta línea, el vicesecretario 'popular' ha dicho que "no hubo trato de favor" en su formación: "Yo era un chaval de 26 años, no tenía ningún puesto ejecutivo. Fui sin conocer a nadie en ese máster y yendo como una persona absolutamente anónima".
Casado, que ha declarado que a "nadie le gusta verse envuelto en esto", ha afirmado que no pidió "ningún tratamiento especial" y desde el "primer momento" se le dijo a qué se tenía que atener. "No hubiera cometido este error porque no me hacía falta este título", ha reiterado.
Ha explicado que eligió a la Universidad Rey Juan Carlos porque es "excelente" y se encontraba "muy cerca" de su domicilio. "Yo quería investigar sobre derecho internacional público. Esta titulación era derecho autonómico y local y pensé que para la investigación era un acceso que era correcto", ha explicado.
Por otra parte, el diputado 'popular' ha dicho que es "bueno" dar explicaciones y que "respeta" la investigación que está teniendo lugar en el Rectorado porque "es fundamental que el prestigio de la universidad no sea menoscabado".
Casado ha explicado que no ha ido a retirar la certificación del título porque "no era finalista" y no considera que haya actuado erróneamente al ponerlo en su currículum: "No pensé que nadie me fuese a poner en duda".

Destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 15 millones de euros

MADRID.- La Policía Nacional ha destapado un fraude a la Seguridad Social de más de 15 millones de euros en el que han sido identificadas 43 personas como presuntos responsables en Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla, Toledo y Valencia.

Las actuaciones se han realizado con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de acuerdo con el convenio de colaboración firmado por los ministerios de Empleo e Interior.
En concreto se estima que el fraude asciende a 15.779.320 euros y que fue cometido por varias mercantiles en las citadas provincias, informa la Dirección General de la Policía.
Los agentes han revisado y analizado 32 expedientes que afectaban a las empresas y como consecuencia de ello figuran como investigadas 43 personas como presuntos responsables de delitos contra la Seguridad Social, fraude de prestaciones, falsedades documentales, frustración a la ejecución, estafa, blanqueo de capitales y malversación.
Las investigaciones comenzaron a finales de 2016 cuando fueron remitidos distintos escritos de denuncia por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social a la Policía Nacional junto con diversa documentación solicitada por este Cuerpo.
Los investigados han resultado ser principalmente los responsables de las mercantiles pero también sus testaferros, algunos de ellos trabajadores que figuraban en connivencia y familiares de los primeros.
En todos los casos se ha realizado un informe patrimonial de las personas implicadas con el fin de que la Tesorería General de la Seguridad Social pueda solicitar el embargo de aquellos bienes que considere oportuno o que el Juzgado que entienda de cada una de las causas pueda utilizarlos para cubrir las responsabilidades.
Entre los arrestados hay un empresario que fue nombrado depositario de los bienes embargados por las deudas que mantenía con la Seguridad Social, que en la actualidad superaban los 120.000 euros y que estaban depositados en el establecimiento hostelero de su propiedad.
Cuando se requirió al empresario la puesta a disposición de los bienes embargados incumplió sus obligaciones como depositario obviando el requerimiento.
Además, para evitar las responsabilidades penales decidió efectuar hasta tres denuncias ante la Policía en las que narraba una serie de hurtos y robos en su establecimiento y que coincidían con las fechas de las notificaciones de la Seguridad Social y de todos los bienes que ya figuraban embargados por este mismo organismo.
Para eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería las empresas defraudadoras utilizan diferentes procedimientos.
Entre estos métodos figuraba la creación sucesiva de sociedades mercantiles a las que iban transfiriendo la actividad desarrollada por la deudora y sus elementos patrimoniales.
En otras ocasiones mediante el denominado "grupo de empresas" constituían una compañía principal que ostentaba el patrimonio junto a otras descapitalizadas que complementaban su actividad, existiendo un ánimo defraudatorio ya que las últimas empresas que figuran formalmente con personalidad jurídica independiente son un única empresa, utilizando fraudulentamente la normativa laboral.
Asimismo, son igualmente utilizados para defraudar las sucesivas trasmisiones de la titularidad de los bienes que pasan de una razón social a otra e incluso a empresarios individuales, impidiendo o dificultando la localización de los mismos, y en algunos casos, el traspaso de los bienes una vez requerido su embargo, explica la Policía.

Ignacio González niega "presiones" del PP para firmar adjudicaciones en Madrid

MADRID.- El expresidente madrileño Ignacio González ha negado cualquier tipo de "presión" o "intervención" de la dirección del PP ni de su extesorero Álvaro Lapuerta para que se otorgaran adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, aunque sí ha reconocido que éste último se interesaba por estos asuntos.

En su declaración ante la comisión de investigación del Congreso por la supuesta financiación irregular del PP, González, imputado en el caso Lezo, ha comenzado diciendo que no ha "participado nunca en una organización criminal" ni ha "dirigido absolutamente nada".
"No he hecho ninguna práctica con el ánimo de perjudicar al Canal de Isabel II ni a la Comunidad de Madrid", ha añadido el expresidente regional, que fue detenido por el caso Lezo en abril de 2017 y permaneció en prisión hasta el 8 de noviembre, cuando pagó la fianza de 400.000 euros que el juez impuso el día anterior.
González ha asegurado que "nadie ha podido acreditar que haya recibido dinero", que tenga sociedades en el extranjero ni "nada" de lo que se le está acusando desde hace tres años.

Respecto a Lapuerta, ha indicado que le sorprendió su "interés", que se producía "permanentemente o con una cierta asiduidad", por conocer asuntos que eran de gestión ordinaria de la Comunidad, como "contrataciones" o "desarrollos urbanísticos", pero ha puntualizado que no ejerció presiones más allá de ese interés.
También se ha referido a la conversación pinchada en el caso Lezo con el exministro Eduardo Zaplana en la que hablaron de un supuesto chantaje a Mariano Rajoy con una grabación en la que el expresidente de la constructora Degremont Rafael Palencia reconocía el pago de comisiones al PP.
Ante el Congreso, González ha reiterado que esa charla era una "conversación de café" en la que simplemente trataban un asunto que conocieron por terceras personas.
La comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP retoma este martes sus trabajos tras el paréntesis de Semana Santa con las comparecencias de los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio Gonzalez, que acudieron a la Cámara apenas cinco días después de que su ex jefa de prensa Isabel Gallego admitiera pagos del Canal de Isabel II a la empresa EICO del informático Alejandro de Pedro (vinculado a la trama Púnica) a cambio de trabajos de reputación online de los dos expresidente.


lunes, 9 de abril de 2018

España fue el segundo país de la UE que más extranjeros nacionalizó

BRUSELAS.- España fue el segundo país de la Unión Europea con un mayor número de concesiones de nacionalidad en 2016, con 150.944, tras crecer un 32% con respecto al año precedente, según los datos publicados este lunes por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

Italia fue el único país del club europeo que superó a España, con una cifra de 201.591 concesiones de nacionalidad (un 13% más). El tercer país de la lista fue Reino Unido (149.372 y un 27% más), seguido de Francia (119.152 y un 5% más) y Alemania (112.843 y un 2% más).
Los principales receptores de nacionalidad española fueron los ciudadanos marroquíes, que representaron el 24,5% de las concedidas por España, por delante de los bolivianos (10,5%) y ecuatorianos (10,1%). Además, España fue el país de la UE que más marroquíes, ecuatorianos, colombianos, bolivianos, peruanos y dominicanos nacionalizó.
Con respecto a la tasa de naturalización, España nacionalizó a 3,4 ciudadanos de terceros países por cada 1000 residentes extranjeros, la octava mayor tasa de la UE tras Croacia (9,7), Suecia (7,9), Portugal (6,5), Rumanía y Grecia (4,2) y Finlandia e Italia (4,1). En el polo opuesto se situaron Austria, Letonia y Eslovaquia (todos los países con una tasa del 0,7), Estonia y Lituania (0,9) y República Checa (1).
En total, aproximadamente 995.000 personas adquirieron la nacionalidad de un Estado miembro en 2016, una cifra que supera las 841.000 registradas en 2015 y las 889.000 observadas en 2014. Un 12% de éstas se concedieron a antiguos ciudadanos de otro Estado miembro, mientras que la gran mayoría fueron para ciudadanos extracomunitarios.
Los ciudadanos marroquíes fueron los extranjeros que más concesiones de nacionalidad coparon en 2016 (101.3000 y un 89% en España, Italia y Francia), por delante de los albaneses (67.500 concesiones centradas casi exclusivamente en Italia y Grecia), e India (41.700 principalmente en Reino Unido).
Por otro lado, las nacionalizaciones concedidas en otro Estado miembro de antiguos ciudadanos británicos elevaron un 165%, con respecto a las de 2015, hasta alcanzar la cifra de 6.555. También crecieron con fuerza las nacionalizaciones de ciudadanos de Arabia Saudí (un 108%), Nicaragua y Bután (un 99%) y Paraguay (un 70%).

El Gobierno apuesta por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE

MADRID.- Durante la presentación de los Presupuestos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó que el objetivo del Gobierno a medio plazo es que la recaudación permanezca en el entorno del 38% del PIB. Dado que tiene el compromiso con Bruselas de bajar el déficit a cero, eso implica que el gasto público acabará en ese 38%, lejos del 48,1% que se alcanzó en 2012, cuando se disparó por las ayudas bancarias, el paro, la caída del PIB, los intereses de la deuda y las pensiones. Si se compara el 38% con cifras europeas, la decisión del Gobierno es una apuesta clara por un Estado de Bienestar más reducido que en la UE, publica El País.

De las palabras de Montoro se infiere que la estrategia del Ejecutivo consiste en seguir aumentando los gastos pero menos de lo que crezca el PIB. El gasto per cápita podrá incluso subir. Pero de esta forma el Estado de Bienestar irá perdiendo tamaño respecto a la tarta de la riqueza nacional, incluso si el envejecimiento de la población exige en el futuro más recursos para las pensiones o incluso si España es uno de los países de la UE que menos ayudas brinda a las rentas bajas.
En relación al PIB, los desembolsos públicos quedarían en cotas similares a los de países anglosajones o del Este de Europa. Se situarían incluso al mismo nivel que EE UU, que tiene mucho gasto militar pero no recoge en sus Presupuestos una parte sustancial del gasto sanitario, de educación o de pensiones, ya que en buena medida se financian de forma privada. Pero con unas diferencias sustanciales en contra de España: una natalidad peor, una productividad más baja, menos población trabajando y menos pensiones privadas.
En esas circunstancias, España se colocaría lejos de la media de la UE, que alcanza el 46,3%, y de la media de la zona euro, en el 47,6%. Y se encontraría aún a mayor distancia de los países del Centro y Norte de Europa. 
Como explica José Ignacio Conde-Ruiz, profesor de la Universidad Complutense, los países que optan por un Estado más pequeño también pueden disfrutar de unos estándares de vida elevados. Sin embargo, eso requiere una sanidad y una educación mayoritariamente privadas. 
“España debería tener un debate abierto sobre qué Estado de Bienestar quiere tener, qué es lo que se pretende proveer y cómo se financia”, dice. Algunos economistas apuntan que la presión creciente de las pensiones hará que esta estrategia del Gobierno se derrumbe. Y el límite del 38% se antoja todavía más estricto cuando se soporta una deuda de casi el 100% del PIB.

Menos para la pobreza y las familias

Según datos de Eurostat, España gasta en la actualidad lo mismo en pensiones que la media de la UE, un 12,8% frente a un 12,9%, y algo por debajo del 13,5% de la zona euro. Destina casi el doble a desempleo. En cambio, dedica mucho menos a las familias con hijos a su cargo, los servicios sociales, las ayudas para atajar la pobreza y el acceso a la vivienda.
Al tener un desembolso en pensiones similar al de la UE pero una partida para protección social incluyendo sanidad más pequeña (un 25% del PIB de gasto social frente a un 29% de la UE), el resultado es que España está entre los países de Europa que más dedican de sus presupuestos a las pensiones. 
Las prioridades se fijan en función de una población que envejece y cuyo voto cuenta. Pedro Saura, portavoz de Economía del PSOE, señala que, sin subir poco a poco la presión fiscal, el ajuste se centra en las partidas que modernizan la economía como la inversión o el I+D. O en aquellas que deberían paliar la desigualdad.
Los expertos también destacan que se emplea bastante poco para la formación de parados si se tiene en cuenta el elevado desempleo. Por eso, muchos defienden que hace falta elevar algo más la recaudación sobre PIB. Si bien la mayoría admite que no se puede hacer de un día para otro sin hacer daño a la economía y que, por mucho que sea necesario, tampoco cabe esperar que esto se consiga simplemente combatiendo el fraude fiscal.
De hecho, la cifra del 38% de ingresos que escoge Montoro no sale al azar. Se trata de la media de recaudación de España desde 1995. La media del gasto entre 1995 y 2017 ha sido del 41,9%. Entre 2000 y 2007, permaneció en el 39%. Pero con la crisis se disparó, tocando en 2009 el 45,8%, el peor año sin ayudas financieras. 
El informe de los expertos para una reforma tributaria que se presentó en 2014 recordaba que España siempre generó déficit y deuda cuando el gasto superó el 38-40%. ¿Quiere eso decir que España no puede recaudar más?
Como sostiene un ex alto cargo de Hacienda, uno de los problemas es que los españoles parecen sufrir una suerte de esquizofrenia fiscal: “Reclaman más servicios pero tienen la impresión de que pagan muchos impuestos”, afirma.
Otro serio inconveniente es que el sistema tributario se ha convertido en una especie de Frankenstein, montado a fuerza de parches que dejan muchos agujeros por los que escapa la recaudación y que tienen poco que ver con una redistribución eficiente y equitativa. Entre deducciones, exenciones, tipos reducidos, módulos, planificaciones fiscales o contribuyentes que se fugan a sociedades, el sistema acaba como un queso gruyer, subrayan los expertos.

Las jubilaciones anticipadas bajan por primera vez en tres años

MADRID.- Una de las recomendaciones más escuchadas de expertos y organismos internacionales a España para garantizar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones es que desincentive lo más posible la jubilación anticipada (aquella que implica que el trabajador se jubile antes de cumplir la edad legal de retiro), recoge hoy Cinco Días.

El pasado año se registraron en España 309.157 nuevos jubilados, un 0,7% más que el año anterior. Y de todos ellos, 134.329 se jubilaron de forma anticipada, antes de haber cumplido la citada edad legal (65 años y cinco meses en 2017; 65 años y seis meses en 2018).
De esta forma, el 43,5% de todos los retiros fueron anticipados el pasado año, frente al 44,6% del total que representó esta modalidad en 2016.
Se trata, por tanto, de la primera vez en tres años que descienden las jubilaciones anticipadas, que desde que se inició la recuperación habían aumentado consecutivamente un 3,1% en 2014; un 3,5%, en 2015; y un 7,8% en 2016.
El motivo por el que se recomienda a España restringir estas jubilaciones anticipadas no es otro que su mayor coste para el sistema. Esta modalidad de retiro es más cara para la Seguridad Social que la jubilación ordinaria, porque el pensionista deja antes de cotizar y cobra más años pensión.
Según los últimos datos disponibles de febrero de 2018, la pensión media de los nuevos jubilados anticipados es de 1.573 euros al mes, un 40% superior a la cuantía media que reciben los que acceden al retiro con más de 65 años y cinco meses, que cobran 1.125 euros al mes de media.
Este mayor coste se produce a pesar de que, por lo general, la cuantía de la pensión de los jubilados anticipados se recorta con los denominados coeficientes penalizadores, que suponen una disminución de alrededor del 6% por cada año de anticipación respecto a la edad legal de jubilación. En concreto, casi siete de cada diez jubilados anticipados ve recortada su pensión para el resto de su vida por el efecto de estos coeficientes. En términos generales, casi un tercio de todas las nuevas pensiones de 2017 (el 29,3%) se vieron aminoradas por estos ajustes.
Pese a ello, el elevado uso de esta modalidad de retiro–que llegó a suponer la mitad de todas las nuevas jubilaciones de 2004– llevó al primer Gobierno de Mariano Rajoy a adelantar a 2013 el endurecimiento del acceso a todo tipo de jubilaciones anticipadas (ordinarias y parciales), algo que estaba previsto para 2024, según la reforma de pensiones socialista de 2011.
Si bien, en 2013 no se endureció el acceso a la jubilación anticipada en todos los casos, sino que se estableció un periodo, hasta el 1 de enero de 2019, en el que se permitía a muchos trabajadores seguir accediendo al retiro anticipado con las condiciones más ventajosas previas a la reforma de 2011. De hecho, el pasado año la mitad de las jubilaciones anticipadas aún se produjeron con estas condiciones más beneficiosas para el jubilado pero más caras para el sistema.
Pero a partir del próximo 1 de enero ningún trabajador se podrá jubilar anticipadamente con estas condiciones más ventajosas previas a 2011. Esto podría hacer que el descenso de las jubilaciones anticipadas que se ha producido en 2017 se interrumpiera en 2018. Esto ocurriría por un efecto anticipación de jubilaciones para poder beneficiarse de las condiciones más ventajosas que dejarán de existir en enero del próximo año.
No obstante, de momento, antes de saber si se producirá o no un nuevo repunte de las jubilaciones anticipadas, lo único cierto es que la caída de esta modalidad en 2017 ha hecho repuntar la edad media real a la que se jubilan los españoles.
En febrero pasado esta edad era de 64,3 años de media, la mayor registrada nunca y que ya se dio en 2013, cuando por efecto del endurecimiento del acceso a la jubilación parcial esta modalidad pasó de representar el 42,2% del total de nuevos retiros en 2012 al 38,2% al año siguiente.
Según estas cifras, la edad media de jubilación de los asalariados es más baja que la media, ya que se retiran a los 63,9; mientras que son los autónomos quienes presionan al alza de la edad media del sistema, ya que se retiran en promedio a los 65,9 años. Sus peores carreras de cotización justifican que se retiren más tarde para elevar la cuantía de su pensión.

¿Cómo supervisan las universidades españolas los títulos de máster?

MADRID.- Cada año las universidades ofertan miles de másteres para que los alumnos puedan perfeccionar sus conocimientos y se especialicen en ámbitos concretos, pero ¿cómo supervisan las facultades que los alumnos han cumplido sus obligaciones para obtener el título? Varios centros consultados responden.

Estos títulos están de actualidad tras el caso del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que investiga la Fiscalía a raíz de la denuncia presentada por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en sus notas.
La vicerrectora de Docencia de la Universidad Pompeu Fabra, Cristina Gelpí, explica que en el caso de su centro cada máster establece sus condiciones para superarlo, está formado por un conjunto de asignaturas y cada una de ellas tiene un "plan docente" que recoge los objetivos de las materias.
En ese plan se detallan "las reglas de juego" para superarlo y, aunque "no hay una fórmula única, por supuesto se garantiza que en todos hay un seguimiento de la actividad que realizan los estudiantes".
La autorización para impartir un máster, indica Gelpí, la realiza en su caso la Dirección General de Universidades y solamente se autorizan los que está previamente verificados, es decir, los que han pasado auditorías internas y externas.
"Si le preguntas a cualquier universidad, por lo menos catalana, te dirá que el control de calidad que se exige a un máster es muy alto, porque estamos auditados externamente", sostiene la vicerrectora de Docencia.
Señala que en la Pompeu Fabra, universidad que es de las pocas españolas que suele quedar en puestos relevantes en las listas internacionales, los másteres "no se modifican en función de la persona". Hay unas normas comunes en la universidad y unas específicas de cada máster, pero, insiste, "no hay adaptaciones ad hoc por la situación personal".
Subraya que las obligaciones de los estudiantes de másteres de la universidad catalana son las mismas que las de cualquier estudiante del centro, determinadas en la normativa académica publicada y aprobada por el consejo de gobierno.
Asistir a clase, si la enseñanza es presencial; un comportamiento "ético por encima de todo"; la producción y elaboración de los trabajos previstos; en definitiva, "unos derechos y deberes establecidos en cualquier normativa o estatuto, nada raro", indica Gelpí.
Fuentes de la Universidad Autónoma de Madrid afirman que la expedición de cualquier título oficial "se efectúa una vez que el sistema y el gestor del título verifican el cumplimiento de todos los requisitos académicos y administrativos por parte del estudiante, incluyendo, obviamente, el pago de las tasas de expedición del mismo".
Asimismo, sostienen que todos los títulos oficiales de la Autónoma "están aprobados antes de su implantación por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (Aneca), y cada uno de ellos cuenta con una memoria de verificación, que recoge todos los requisitos exigibles".
Las mismas fuentes resaltan que la normativa establecida para conseguir el título se detalla "exhaustivamente" en las guías docentes de cada título, que se encuentran disponibles en la web de la universidad madrileña.
Gelpí defiende la calidad de los másteres que se imparten al menos en el sistema universitario catalán. "Todos los que han pasado por un proceso de acreditación y verificación externos son de calidad, porque en eso estamos como sistema universitario catalán todos de acuerdo, ya que no nos hacemos ningún favor si nuestros productos no son buenos", añade.
Según la estadística del informe Universidades, centros y titulaciones curso 2017-2018 del Ministerio de Educación, los másteres han pasado a ser 3.540, cuando el pasado año eran 3.772. De ellos, 2.780 son de universidades públicas, y 779 de privadas.
Si se compara con el curso anterior, el número de másteres impartidos disminuyó en las universidades públicas (3.015 impartidos en 2016-17) y aumentó ligeramente en las privadas (776 impartidos en 2016-2017).

Goirigolzarri asegura que la fusión de Bankia con BBVA o Sabadell es una «leyenda urbana»

MADRID.- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado este lunes que la posible fusión de Bankia con BBVA o el Banco Sabadell, «es una leyenda urbana». «Nunca me he sentado con ningún colega ni español ni extranjero a negociar ningún tipo de fusión», ha aseverado.

Así, el directivo ha descartado cualquier operación de fusión a corto plazo de la entidad financiera nacionalizada, pero «uno nunca sabe lo que va a pasar a medio o largo plazo» y «en el mercado no se puede decir que no vaya a ocurrir», ha puntualizado.
Goirigolzarri ha realizado estas declaraciones durante un almuerzo informativo previo a la Junta de Accionistas que se celebrará este martes en el Palacio de Congresos de Valencia, en el que también se ha referido al proceso de privatización de la entidad y ha señalado que el escenario que se plantean es el de «cumplir con la ley», que marca Bankia ha de finalizar su privatización a finales de 2019.
En este sentido, ha alabado el papel del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que dispone de «muy buenos profesionales», y ha apuntado que es a ellos a quienes corresponde decidir si «hacer un proceso más acelerado con paquetes --accionariales-- más amplios, pero tienen que buscar el momento».
«Tienen un mandato, tienen que optimizar el precio y tienen un criterio profesional», ha insistido. El banquero ha señalado que aunque en septiembre-octubre la cotización de las acciones parecía «algo deprimida», este año comenzaron con ratios importantes y espera «en los próximos meses una mejora».
De hecho, se prevé un aumento de los tipos de interés para el segundo trimestre del año próximo por lo que cree que la privatización «se puede adelantar algo».

Inversores interesados en paquetes grandes

En este punto, el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, ha agregado que «muchos inversores están interesados en entrar en paquetes grandes» y habrá que ver las «oportunidades de realizar descuentos».
Si en 2012 Bankia era un «activo marginal que no interesaba a nadie», ahora es una «franquicia excelente», ha asegurado el presidente de la entidad, quien ha explicado las líneas maestras del Plan de Estratégico para los tres próximos años que presentará este martes a los accionistas y con el que Bankia «aspira a convertirse en el mejor banco de España, el más rentable, el más eficiente y el más sólido».
Con este plan, prevé incrementar en tres años el nivel de la satisfacción sus clientes hasta el 92% y ganar 400.000 nuevos clientes; desarrollar su nivel tecnológico, hacer una buena gestión de riesgos y ganar relevancia en el mercado empresarial de las pymes.

Repartir 2.500 millones en dividendos

De este modo, en 2020, prevé tener unos beneficios de 2.300 millones de euros, una rentabilidad de doble dígito y generar capital de forma orgánica para repartir entre sus accionistas 2.500 millones de euros.
Esta hoja de ruta, que supone «el fin de una etapa y el comienzo de una nueva», ha subrayado, se basa en tres motores de crecimiento: aumentar las cuotas de productos de alto valor añadido, la fusión con BMN y el cumplimiento de todos los objetivos del Plan de Reestructuración que finalizó en diciembre de 2017, gracias a lo cual se verán «liberados» de las limitaciones que este establecía.

Situación en Cataluña: «Cuanto antes se normalice mejor»

En cuanto al traslado de las sedes de Caixabank y Sabadell a raíz de la incertidumbre política de Cataluña, Goirigolzarri considera que se trata de una «buena noticia para la Comunidad Valenciana», tanto desde el punto de vista de la imagen como por el potencial económico. «Me alegré mucho», ha admitido, porque «todo lo que es bueno para la Comunidad es bueno para Bankia», que tiene en esta región el 20% de su negocio.
En su caso, ha dicho, apenas notaron durante «una semana» el impacto de la crisis catalana. «Y desde el punto de vista bancario no estamos viendo nada extraño, es un momento de gran normalización», ha señalado.
No obstante, ha manifestado que «cualquier solución a la situación en Cataluña debe pasar por el respeto de la ley, del Estado de derecho y de la Constitución Española», y desea que «cuanto antes se normalice» la situación, porque «sería mejor para todos, para España y para Cataluña».
En cuanto a la devolución de los más de 22.000 millones en ayudas públicas que Bankia recibió del Estado, Goirigolzarri ha asegurado que se están «dejando la piel» para que los contribuyentes las recuperen y ha señalado que Bankia habrá devuelto 2.863 millones tras el dividendo que se abonará este mes.
No obstante, ha hecho notar que «la gente parece olvidar lo que pasó hace seis años» cuando se solicitó el rescate bancario. Todas las ayudas pasaron por un procedimiento «reglado», ha dejado claro.

«Orgulloso del proceso de integración con BMN»

Finalmente, José Ignacio Goirigolzarri se ha mostrado «orgulloso del proceso de integración con BMN» y no solo ha descartado la pérdida de clientes, sino que ha confiado en que «va a haber 500.000 clientes de BMN encantados porque a partir del segundo trimestre no van a pagar comisiones».
En este punto, preguntado por las «quejas» que se han recibido en Baleares durante los últimos días en cuanto a banca online y en la atención en oficinas, Giorigolzarri ha defendido que «una integración es siempre muy compleja» tanto desde el punto de vista técnico como humano.
En este caso, se han cambiado miles de dispositivos y cajeros, además de modificarse claves de clientes, por lo que, «por supuesto» que se han creado colas durante unos días y hay mecanismos que han registrado incidencias, por no ha habido un «aumento significativo» de los problemas, ha aseverado.

La Universidad 'Rey Juan Carlos' investiga también el máster de Pablo Casado (PP)

MADRID.- La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) está revisando también el máster de Derecho Autonómico y Local que cursó Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP, en el marco de la investigación interna abierta como consecuencia del polémico máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, según publica El País citando fuentes universitarias.


El posgrado de Casado es similar al de Cifuentes, y lo cursó con anterioridad, en 2008 y 2009. El dirigente popular ha reconocido al citado diario que no recuerda si fue a clase ni si hizo los exámenes.

En cualquier caso, aclara que se trataba de un plan de preparación del doctorado anterior a la puesta en marcha del plan Bolonia y que no exigía esos requisitos.

Sin embargo, aunque la categoría del curso era distinta, las citadas fuentes han señalado que ello no exime de la obligación de ir a clase ni de realizar los correspondientes exámenes y el trabajo final.

Un profesor de ese máster ha señalado a El País que Pablo Casado no figuraba en la lista de alumnos de su asignatura.Pablo Casado ha salido al paso de estas informaciones en Twitter.

 " Desmiento tajantemente la noticia de El País", ha asegurado en un tuit, aportando un pantallazo de su intranet en la URJC. 

"Tengo toda la documentación que avala mi Master en Derecho Autonómico y Local en la Universidad en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolonia", ha escrito. 

Cuando cursó el master, el ahora responsable de comunicación del PP era diputado de la Asamblea de Madrid y presidente de Nuevas Generaciones del PP en Madrid. En la Asamblea ejercía además como portavoz en la Comisión de Justicia y Administraciones Públicas y portavoz adjunto de la Comisión de Presupuestos y Hacienda.  

Otro que tal

El portavoz de la dirección nacional del Partido Popular (PP), Pablo Casado, defendió la legalidad del máster en Derecho Autonómico y Local que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos en 2008. El también vicesecretario de Comunicación de los populares aseguró en un mensaje en la red social Twitter que tiene «toda la documentación que avala» haber cursado el máster y desmintió «tajantemente» la información adelantada a última hora de la tarde por el diario 'El País'. El rotativo señaló que Casado «no recuerda si asistió a clase ni si hizo los exámenes».

El portavoz de la dirección popular señaló a este periódico que se trataba de un curso previo al doctorado «más flexible» en el que al inscribirse le informaron de los trabajos que iba a tener que presentar y de las asignaturas que le convalidaban. Según su versión, la Universidad no exigía el seguimiento presencial del curso.
 
La Rey Juan Carlos, entretanto, tiene abierta una investigación con motivo del presunto máster fraudulento de Cristina Cifuentes, en la que se revisa la actividad del Instituto de Derecho Público que organiza esos cursos de postgrado. 

En esas pesquisas está incluido el caso de Casado, y el de otros alumnos que pasaron por ese centro de enseñanza superior de la Comunidad de Madrid.