MADRID.- "Estamos hartos del secreto a voces sobre la desigualdad en el trato y
el favoritismo, de la corrupción que no deja huella documental, de la
falta de transparencia y la imposibilidad de obtener justicia al
denunciar abusos y de la represalia como amenaza y respuesta".
Con estas
palabras, una treintena de catedráticos y profesores universitarios
españoles
denuncian la situación que vive la universidad
de la que, según explican, el escándalo del máster de Cristina
Cifuentes es solo un ejemplo que les ha servido para unirse contra las
corruptelas que se siguen produciendo en las instituciones educativas
españolas.
A través de un manifiesto, estos miembros de la
comunidad académica aseguran estar asistiendo a un "escándalo sin
precedentes" ante el caso de la presidenta madrileña
desvelado por eldiario.es.
Y consideran que "el futuro de la universidad pública y la ciencia en
España estará condicionado por cómo se resuelva esta crisis, que va más
allá del caso concreto y el nivel estrictamente gubernativo".
Los
firmantes del texto, entre los que hay docentes de las principales
universidades públicas españolas, consideran que "el comportamiento de
Cristina Cifuentes es reprobable por motivos sobrados, pero
especialmente porque instituye la impunidad".
Porque "el mensaje que
está enviando es que una conducta inmoral, fraudulenta y hasta delictiva
tiene réditos y puede eludir las sanciones públicas e incluso las
judiciales. Es, en definitiva, una llamada a la generalización de la
corrupción por todo el cuerpo social, y en un asunto vital como la
formación para la sociedad del conocimiento", sostienen.
Realizando un repaso a la situación que vive la
universidad española, los firmantes advierten de que al igual que otros
sectores, "la I+D española ha tratado de soportar la crisis como ha
podido".
Pero aseguran que, en este caso, "detrás de lo que parecía
simplemente ajustarse de forma colectiva a los recortes, se ha producido
un muy desigual reparto de los costes y esfuerzos, según criterios tan
poco científicos como la jerarquía y la antigüedad, y exacerbando la
endogamia heredada".
Denuncian, así, que mientras las autoridades
universitarias y científicas "han centrado sus quejas en la falta de
financiación, en buena medida se han acomodado a relatos
autocomplacientes sobre la excelencia".
Las
plantillas universitarias y científicas españolas, añaden, siguen
teniendo "los salarios más bajos y las peores condiciones laborales de
Europa, con una explotación sistemática de los investigadores precarios y
profesores bochornosamente mal remunerados con la aquiescencia de los
rectorados y departamentos".
Asimismo, denuncian el papel de los
sindicatos, que "tampoco han denunciado convenientemente la amortización
de las plazas de profesorado jubilado".
Celebran
que, al estallar el 'caso Cifuentes', han sido los estudiantes,
"minorizados en la representación, marginados en la gestión
universitaria y primeros perjudicados por toda esta pantomima, quienes
con su iniciativa han impedido que la Universidad en cuestión dé
carpetazo rápido al asunto".
Pero, a su juicio, el problema es el resto
de los miembros de la universidad, de la Rey Juan Carlos de Madrid y de
todas las demás del Estado "¿Qué tiene que suceder para que los
profesores universitarios y científicos españoles, que dedican su
actividad social a señalar los problemas y retos de la sociedad y
estudiar las soluciones mejores, admitan que su propio entorno laboral
merece al menos la misma atención crítica que los asuntos a los que
dedican su actividad profesional?", se preguntan.
A
su juicio, dejar el análisis de la situación de la universidad en "unas
cuantas manzanas podridas excepcionales es de un eufemismo miope". Así,
consideran que "las prácticas de corrupción y tráfico de influencias que
sustentan este caso son bien conocidas por cualquier académico" porque
"no son una excepción sino prácticas corrientes". Lo que sucede, apuntan
"es que nadie habla de ellas en público y muchos prefieren no admitir
su proliferación".
Por todo ello reivindican "romper
el cerco de manipulación interesada, de silencio cómplice y de
aquiescencia pasiva que mantiene a la comunidad académica bajo un poder
oligárquico".
No tienen duda en culpar de la situación actual al PP,
bajo cuyo mandato en el Gobierno "se han traspasado algunas de las
propias líneas rojas de este modus operandi, y en
estos años de su gobierno la corrupción académica ha sido elevada a un
sistema institucional de actividades ilegales al servicio del diseño de
carreras académicas fraudulentas para futuros cargos de la
administración y figuras políticas y de la empresa privada". Advierten,
sin embargo, de que el formato "es muy anterior".
"Es
ese aprovechamiento oligárquico y patrimonial de lo público por agentes
individuales y colectivos lo que primero degrada los bienes comunes,
sirviendo en bandeja los argumentos a favor de la privatización. Es
también el caldo de cultivo de una cultura que acosa a quienes intentan
resistirse a su poder de imposición o seducción, y que se hace
manifiesta a cada tanto, desde la selección y promoción del profesorado
hasta el funcionamiento de las agencias de evaluación pasando por los
rectorados con sobrerrepresentación de profesorado funcionario y
llegando hasta las secretarías de educación de los gobiernos autónomos y
ministerios estatales, las cuales han abandonado cualquier perspectiva
acerca de los fines colectivos y sociales de la universidad y el CSIC
que no comporte su subordinación a medidas arbitrarias de corto plazo o a
subrepticios intereses privados", argumentan. La universidad, explican,
se está convirtiendo "en el trampolín para todas las puertas giratorias
futuras de los corruptos".
Como primera medida para
hacer frente a ese sistema exigen la dimisión de Cifuentes "sin tener
que esperar a ninguna investigación", dado que aunque "el
esclarecimiento de responsabilidades penales seguirá su curso", como
ciudadanos requieren "responsabilidades políticas máximas ya, y entre
ellas también la dimisión del equipo rectoral de la URJC por las dudas
que ha sembrado en la gestión de este escándalo".
Exigen, asimismo, "empezar por admitir que todos hemos convivido con esa
cultura del favor, de la relación personal, la jerarquía impuesta de
manera arbitraria, de la irregularidad para favorecer a este candidato o
perjudicar a aquel, de la lucha banderiza de grupos organizados: una
cultura de la endogamia y la corrupción que a menudo se sitúa por encima
de adscripciones ideológicas y es reproducida de forma cotidiana por
muchos en la universidad".
"Hartos" de la impunidad,
convocan a todos los profesores e investigadores a expresar su "repulsa
por la situación de la I+D, en contra de la corrupción y a favor de la
democratización de la gestión del capital humano" en las universidades.
Pretenden, así, que su manifiesto, inicie un "ciclo de reflexión crítica
y movilización que incluya en primer término los problemas de
funcionamiento interno del mundo académico en todo el Estado".
"Necesitamos abrir una nueva etapa", concluyen.
Entre
los firmantes están figuras vinculadas a Podemos como Jaime Pastor,
profesor de Ciencias Políticas de la UNED, Ariel Jerez, profesor de
Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid o Germán Cano,
profesor Titular de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Alcalá
de Henares.
Además, lo suscriben Ángel Gordo, profesor de Sociología de
la Universidad Complutense de Madrid; Pablo Sánchez, investigador de la
Universidad del País Vasco; Marisa González de Oleaga, profesora de
Historia Política de la UNED, o la socióloga Mariana Ruiz de Lobera.
