miércoles, 25 de abril de 2018

El valor de las viviendas sociales vendidas por el Ayuntamiento de Ana Botella a fondos buitre aumenta un 227%

MADRID.-El Ayuntamiento de Madrid gobernado por Ana Botella vendió 1.860 viviendas sociales a fondos buitre y esta operación ha sido muy rentable para estos últimos. El valor de estas viviendas ha aumentado un 227%, según los cálculos del propio fondo buitre que las compró. Además, los alquileres que cobra a los inquilinos ese fondo han subido un 49%, según eldiario.es.

Blackstone (Fidere) pagó por promociones de viviendas de protección oficial (VPO) con inquilinos en su interior casi 202 millones (201.986.870 euros). De ese importe, 128 millones de euros corresponden a las promociones. Según los cálculos que ha efectuado el fondo buitre elevan el valor actual de mercado de esas casas por encima de los 660 millones (662.098.184 euros).

Se trata de un 227% de rentabilidad patrimonial. Pero el beneficio no es solo ese. Hay que añadirle la rentabilidad que obtienen por los arrendamientos de esas viviendas. En concreto, la rentabilidad de la parte de su cuenta de explotación en el ámbito residencial fue del 14,56% de beneficio neto con respecto a los ingresos. Por los alquileres se incrementaron con respecto a 2015 en 5,5 millones de euros (49% más).
Los datos los facilitó el concejal de Ahora Madrid, Carlos Sánchez Mato durante el pleno municipal de este miércoles que aprobará el dictamen de la comisión de investigación que considera "ilegal" esta venta de viviendas sociales a fondos buitre.
Sánchez Mato como portavoz de la comisión, defenderá el dictamen que ahora Ciudadanos rechaza. El partido naranja que votó a favor del primer dictamen, se abstuvo en la votación del 6 de abril. 
Ciudadanos justifica su cambio de criterio aludiendo a la causa judicial abierta por esta venta de pisos sociales por parte el Ayuntamiento de Ana Botella a fondos buitre. La judicialización del caso, aseguraron en un escrito que el partido envió al resto de grupos, "afecta de forma trascendental al desarrollo de la actividad de la Comisión de Investigación".
La venta de 1.860 viviendas sociales a fondos buitre se produjo fuera de la legalidad. El Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) y el Gobierno de Ana Botella "actuaron con desprecio absoluto a los arrendatarios".
Estas fueron las principales conclusiones a las que llegaron los grupos municipales de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos en la Comisión de investigación sobre la Deuda del Ayuntamiento de Madrid centrada en la venta de inmuebles sociales por parte de la EMVS a fondos de inversión en septiembre de 2016 y que ahora Ciudadanos rechaza. Este viernes el dictamen se ratificará con los votos de PSOE y Ahora Madrid.
El agujero patrimonial por la venta de los inmuebles supuso para el Ayuntamiento de Madrid 31 millones de euros en el mejor de los casos, según especificó la Cámara de Cuentas en su informe. Sin embargo, desde el Consistorio lo cuantifican en alrededor de 160 millones de euros.
Los fondos buitre pagaron 128,5 millones de euros, un precio "que fijaron ellas mismas", según se extrae de las conclusiones de la comisión. La encargada de tasar el precio de venta fue la consultora Price Water House Cooper (PwC).
Desde la comisión recuerdan que "no es una empresa tasadora" y que a la vez que trabajaba para el Ayuntamiento lo hacía también para los fondos de inversión.

Las contradicciones de la Fiscalía ponen en peligro las investigaciones de la 'Púnica'

MADRID.- La decisión del fiscal Fernando Sequeros Sazatornil de pedir a la magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Ana María Ferrer que cierre la causa contra la senadora por la Región de Murcia, Pilar Barreiro, pone en tela de juicio al menos cuatro piezas separadas de la trama 'Púnica', en las que se investiga la mejora del posicionamiento en 'internet' con dinero público de otros políticos, según explican a Vozpópuli fuentes del caso, que alertan de las diferencias radicales entre las conclusiones de la Fiscalía del Supremo y de Anticorrupción.

Consciente de este posible efecto dominó, el propio fiscal del Supremo ya anunciaba en su escrito en el que pedía el archivo de la causa contra Barreiro la posibilidad de que la decisión de la magistrada Ana María Ferrer no tuviera que influir en las demás investigaciones seguidas en el marco de la denominada "Operación Púnica".
Un deseo que no es compartido por las defensas de los imputados, que están a la espera de que el Supremo, órgano judicial jerárquico de la Audiencia Nacional, cierre la investigación contra Barreiro, algo que les daría munición ya que los hechos por los que se le achacan a la senadora murciana guardan amplias similitudes con otras piezas separadas de la trama liderada por el ex secretario general del PP madrileño, Francisco Granados.

Cuatro piezas separadas

En la mencionada operación 'Púnica' se siguen cuatro procedimientos en los que políticos de otras tantas Comunidades Autónomas están imputados por utilizar fondos públicos para mejorar su reputación en internet.
Se trata de las piezas separadas de Murcia, León, Valencia (Gandía) y Madrid, tal y como explica la exposición razonada de la senadora Pilar Barreiro firmada por las fiscales de Anticorrupción, Carmen María García Cerdá y Teresa Gálvez Díez.
En los otros tres casos, Anticorrupción ve un mismo patrón de actuación que en Murcia de lo que denomina el "tándem Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa".
La Fiscalía Anticorrupción basa sus análisis en las grabaciones telefónicas, que según las fiscales permitieron conocer cómo Alejandro de Pedro y su socio José Antonio Alonso Conesa, "se infiltraban en las administraciones autonómicas y locales (Murcia, Madrid, Valencia, León) obteniendo indiciariamente, contratos menores en fraude de ley para dar cobertura a la prestación de los servicios de reputación 'on line' personales por la sociedad EICO en favor de los cargos públicos situados al frente de las mismas".

Región de Murcia

De esta forma, los hechos detectados en el Ayuntamiento de Cartagena y en la Consejería de Educación de la Región de Murcia, explican las fiscales, se repitieron en otras administraciones locales y autonómicas que son objeto de investigación en otras piezas de la causa además de la murciana: León, Valencia (Gandía) y Madrid.
En estos otros casos, completan las fiscales, los imputados De Pedro y Alonso Conesa también utilizaron sus influencias políticas para acceder a los gestores de las mismas: "En todas ellas Alejandro de Pedro se valió de la empresa Madiva con sus diarios y 'banners' (publicidades) de cobertura, pese a que los trabajos de reputación ocultados los realizaba la sociedad EICO", concluyen. 
Las fiscales Carmen María García Cerdá y Teresa Gálvez Díez consideran, por tanto, que los trabajos de reputación personal de Pilar Barreiro y Pedro Antonio Sánchez no debían ser soportados por los caudales públicos, ya que no satisfacían "una necesidad pública".
Así, las fiscales de Anticorrupción creen probado que Barreiro, "ante las noticias negativas" de su presunta implicación en el caso de corrupción denominado 'Novo Carthago', "se valió de su estrecha amistad con José Antonio Alonso Conesa [...] para entrar en contacto con Alejandro de Pedro, con la finalidad de que la empresa de dicho investigado le realizase trabajos dirigidos a limpiar y cuidar su reputación en las redes sociales".
Y estos trabajos se hicieron, siempre según las conclusiones de Anticorrupción, gracias a los presupuestos del propio Ayuntamiento dirigido por Barreiro, pero también con los de la Consejería de Educación, que entonces encabezaba Pedro Antonio Sánchez, que meses después consiguió ser presidente de la Región de Murcia, cargo del que tuvo que dimitir tras ser imputado por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia por los mismos hechos por los que la Fiscalía del Supremo quiere exonerar ahora a Barreiro.
El interés por parte de Barreiro, prosiguen las fiscales, de que se difundiese una imagen positiva suya en internet, "fue aprovechado por Alejandro de Pedro y por José Antonio Alonso Conesa para elaborar concordadamente con la misma un plan criminal (concierto) que permitiría que la mercantil EICO trabajase de manera confidencial la reputación de Pilar Barreiro, costeando el erario público los trabajos personales de la alcaldesa, a través de la contratación pública de servicios" con otra de las empresas de la trama, además de la creación de un diario digital.
Por todo ello, las fiscales de Anticorrupción concluyeron en su exposición razonada al Supremo que existían "indicios sólidos y datos objetivos" que demostraban la existencia de dos conciertos en pro de la realización de trabajos personales "confidenciales" a Pilar Barreiro, que perseguirían posicionarla entre los primeros puestos en buscadores de internet, "siempre reflejando una imagen que le fuese favorable, algo que evidenciaba el carácter personal y no institucional del servicio".
Por el contrario, el fiscal del Supremo Fernando Sequeros Sazatornil consideró en el escrito en el que pedía el archivo de la acusación contra Barreiro, tras declarar la senadora murciana en enero en el Alto Tribunal, que la creación de un periódico digital financiado por el Ayuntamiento de Cartagena, con la senadora de alcaldesa, así como la mejora de su imagen personal en internet a cargo del dinero público, "podría ubicarse perfectamente, sin desbordarlo, en el ámbito de la promoción, defensa y comunicación de las políticas públicas de interés general".
Fernando Sequeros Sazatornil, concluyó que de la actuación de Barreiro no se desprende que participara en hechos objetivos penalmente relevantes: "No se detectan, en contra del parecer del magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, [Eloy Velasco], la existencia de indicios de responsabilidad suficientes que conlleven la necesidad de dirigir el procedimiento contra la aforada. Tampoco se han consolidado los principios de prueba que deberían dar vigor a las sospechas de corrupción contra ella", completó el fiscal del Supremo.
Además, el fiscal del Supremo asegura, también de forma contraria a sus colegas de Anticorrupción, que no hay datos incriminatorios que puedan revelar que Barreiro participó en la elaboración de un "plan criminal", para que el gasto personal de los trabajos de reputación anteriormente referidos, a efectuar por la sociedad EICO, fuera asumido por la Consejería de Educación de la Región de Murcia, a través de la adjudicación de un contrato de coberdura con el objeto simulado de formación.
Y como prueba de esta supuesta ausencia de pruebas, el fiscal destacó que no existía "documento alguno" que permitiera confirmar esa hipótesis. "Y en cualquier caso, porque la asunción de los gastos debería haber corrido, contrariamente, a cargo del Partido Popular de Cartagena, conforme a lo afirmado por la investigada y confirmado por el presidente de aquel, Francisco Celdrán Vidal, en su declaración ante la magistrada", asegura Sequeros Sazatornil.
La petición de archivo de la Fiscalía del Supremo se conoció días antes de que la exjefa de prensa de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, reconociera en una declaración que varios de los consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid se pagaban la mejora en internet de su imagen con "chiringuitos" públicos.
Y por eso este testimonio de Gallego, en el que explica cómo actuaban los cargos públicos tras contratar al informático de la trama, ha sido enviado, tras reclamarlo la Fiscalía Anticorrupción, por el juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, a la causa contra la senadora murciana.
Barreiro, que como senadora está aforada en el Tribunal Supremo, fue objeto de una exposición razonada del magistrado Eloy Velasco, que antes de abandonar su puesto de titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional pidió su imputación en el Alto Tribunal.
Velasco tomó esa decisión, con el apoyo de las fiscales de Anticorrupción, y después de que enviara a juicio a la denominada pieza separada de la Púnica murciana, aunque la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al nuevo juez del caso, Manuel García-Castellón a reabrir el procedimiento, según adelantó el diario La Verdad.
Entre los imputados en esta pieza murciana se encuentra el expresidente de esta Comunidad Autónoma Pedro Antonio Sánchez, que al dejar de ser diputado autonómico en la Asamblea de Cartagena ya no está aforado, por lo que su caso se investiga junto al resto de investigados de la Región de Murcia en la Audiencia Nacional.

Una larga exposición al ruido puede afectar a la salud de las personas con muerte prematura

MADRID.- El ruido está considerado como un agente contaminante del mundo moderno y es "invisible". Sin embargo, hoy día los individuos y las comunidades no aceptan que el ruido sea un producto "natural" del desarrollo tecnológico, y en consecuencia se debe regular y controlar.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ruido es "una amenaza infravalorada". Convivimos con él, desarrollamos buena parte de nuestra actividad diaria rodeados de él, pero no somos demasiado conscientes de que una exposición prolongada puede afectar a nuestra salud a través de efectos en el sueño, enfermedades cardiovasculares o trastornos relacionados con la audición.
La Sociedad Española de Acústica este 25 de Abril como otros años, promoverá el cuidado acústico para conservar el medio ambiente, mejorar la audición de las personas y evitar las molestias típicas del ruido, concienciando a la población sobre este tema.
El ruido se encuentra entre los cuatro factores medioambientales con mayor impacto en la salud; provoca al menos 10.000 casos de muertes prematuras anuales en la Unión Europea, según datos de la Comisión Europea.
Casi un tercio de los españoles declara sufrir molestias por ruidos generados en el exterior de sus viviendas y, además, uno de cada cuatro está expuesto a niveles de ruido superiores al umbral establecido por la Unión Europea (55 dB durante el día y 50 dB por la noche, según recoge el informe DKV Seguros).La fuente principal de ruido en los ambientes urbanos sigue siendo el tráfico, que es el causante de más del 80 por ciento de la contaminación acústica que se registra en las ciudades españolas. A nivel europeo, alrededor del 40 por ciento de la población está expuesta a niveles de ruido por culpa del tráfico superiores a los 55 decibelios.
La recomendación de la OMS es no superar el tope de 65 decibelios de ruido durante el día y los 55 decibelios durante la noche. Una recomendación que no siempre se cumple. De hecho, el 20 por ciento de la población europea está expuesto a los niveles recomendados para el día y un 30 por ciento durante la noche, según la OMS.
En España estos niveles tampoco se cumplen en todos los casos, aunque es difícil comparar el grado de incumplimiento ya que, aunque existe una directiva europea que obliga a los estados miembros a medir y proponer soluciones para el ruido, en España los mapas estratégicos de ruido no son elaborados por un único organismo que realice las mismas mediciones en distintos lugares sino que la responsabilidad de hacerlos cae en una amplia variedad de administraciones.
Así, cada ayuntamiento es responsable de medir el ruido en su municipio, mientras que el Ministerio de Fomento lo hace para la Red de carreteras del Estado y para los grandes ejes ferroviarios, las comunidades autónomas y diputaciones para la red secundaria de carreteras y ferrocariles.
De acuerdo a la última comunicación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a la Comisión Europea, correspondiente a marzo de 2016, el concello de Vigo es, proporcionalmente, la aglomeraciones urbana de más de 100.000 habitantes más ruidosa de España.
El 53,6% de la población está expuesto a un nivel de ruido superior a lo recomendado por la OMS para el día y el 71% a lo recomendado por la noche. La gran mayoría de ese ruido en Vigo proviene del tráfico rodado, hasta el punto de representar el 85,67% de población expuesta a niveles superiores de 55 decibelios, según la última actualización de su mapa del ruido.
Le siguen en el ranking de aglomeraciones 'ruidosas' durante el día las comarcas de Gironés y Barcelona, Logroño, Castellón de la Plana, La Coruña y Getafe.  
La Ley del Ruido, aprobada en 2003, define unos objetivos de calidad acústica para toda España, establece la obligación de realizar planes de acción para combatir el ruido y define incumplimientos de manera genérica, aunque en último término son los ayuntamientos los encargados de fijar la cuantía de multas para esas infracciones mediante ordenanzas, ya que tienen la potestad sancionadora para imponerlas.
Pero las ciudades no son los únicos puntos que soportan elevados niveles de ruido. Las carreteras que cruzan de punta a punta la geografía española son un importante foco de ruido que afecta a los habitantes que viven cerca.
La mayoría de tramos de carretera que encabezan el ranking de ruido son vías secundarias que atraviesan núcleos de población, mientras que las autovías, en general más aisladas, ocupan puestos mucho menores.
En cuanto a los aeropuertos, lógicamente el ranking se ve afectado por el tráfico de vuelos. En el primer puesto aparece el aeropuerto de Madrid-Barajas, seguido del de Barcelona, Bilbao y Gran Canaria. Aunque si se tiene en cuenta los niveles de ruido recomendados para la noche la cosa cambia y el primer lugar pasa a ocuparlo el aeropuerto de Ibiza.

C's seguirá apoyando al PP

MADRID.- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado que no hay "ninguna opción" de que su partido apoye una investidura del socialista Ángel Gabilondo en Madrid y ha urgido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que designe un candidato del PP libre de corrupción.

Rivera, en declaraciones en el Congreso, ha reprochado a Rajoy que hoy sí pensara que la dimisión de Cifuentes era obligada cuando durante más de un mes ha "querido proteger" a la presidenta madrileña, mezclando todo además "con un bochornoso juego sucio" entre dirigentes del PP.
Ha insistido en que no apoyarán a Gabilondo como presidente de la Comunidad de Madrid, como le ha pedido el PSOE que haga, porque, según ha explicado, C's lo que quiere es un cambio en Madrid en las urnas y "no en los despachos".
Coincidiendo con las declaraciones de Rivera, el portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha ofrecido hoy como candidato a presidente de la Comunidad en la ronda de contactos que comenzará ahora en el Parlamento regional para formalizar una propuesta de cara a la sesión de investidura.
En declaraciones a los medios en los pasillos de la Asamblea, Gabilondo ha manifestado su "disposición" a presentarse como candidato en la consulta que la presidenta del Parlamento, Paloma Adrados, iniciará ahora con los grupos.
"Yo estoy dispuesto, si el grupo (parlamentario socialista) está dispuesto, encantado", ha señalado.
La moción de censura presenta por Gabilondo contra Cifuentes decae tras la dimisión de la presidenta regional.
Mientras, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviado un mensaje a Albert Rivera para emplazarle a hablar esta tarde sobre la situación en la Comunidad de Madrid, una conversación en la que aspira a hacerle "recapacitar" para que apoye la investidura de Ángel Gabilondo.
"He enviado un mensaje al señor Rivera y espero hablar esta tarde con él para intentar resolver entre él, yo y Podemos la situación en la Comunidad de Madrid", ha avanzado Sánchez en una entrevista en Cuatro.
Mientras, el previsible candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha pedido hoy a Ciudadanos que rectifique y que tras la dimisión de Cristina Cifuentes priorice la regeneración y se sume a un acuerdo con PSOE y Podemos para no permitir que el PP sea quien decida el relevo de la presidenta.
Según ha declarado Errejón en los pasillos del Congreso tras la renuncia de la presidenta regional, "nos podríamos haber ahorrado un mes bochornoso" sin haber llegado a "este final entre trágico y patético", pero ahora lo importante es que sea posible un acuerdo entre PSOE, Podemos y C's para construir una alternativa democrática.
"Lo importante es quién decide el relevo: ¿las fuerzas políticas democráticas o quienes han chantajeado a Cifuentes?", se ha preguntado el aspirante a presidir la Comunidad de Madrid.
En su opinión, permitir que el PP elija al sucesor de Cifuentes nos situaría ante un año "difícil" en el que se corra el riesgo de llegar a las elecciones en un "clima de podredumbre institucional, vergüenza y bochorno" y una campaña "insultante" en lugar de discutir sobre los problemas de los madrileños.
Ha insistido en que ahora se trata de "poner orden" y "que no organicen el relevo quienes han guardado siete años un vídeo", sino de que sean las fuerzas democráticas, PSOE, Podemos y C's, las que deberían tener en su mano la solución alejándose de "avances tácticos de un día o una hora".
Tras avanzar que tiene intención de trasladar esa posición a los socialistas y al partido de Albert Rivera, Errejón ha recalcado que en la Comunidad de Madrid "hay un problema estructural que sólo se soluciona con un acuerdo entre diferentes".
Por eso llama a Ciudadanos a rectificar y acercarse al acuerdo con Podemos, aunque tengan diferencias importantes, porque asegura que no es un pacto para "poner un Gobierno", sino para regenerar la vida política y llegar a las elecciones en un clima "más respirable" que el que existe ahora.

Rajoy ordenó que Cifuentes dimitiera antes de que empezara el pleno del Congreso

MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dio este miércoles la orden de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tenía que dimitir antes del pleno del Congreso sobre las enmiendas de totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, según han informado esta tarde fuentes del partido.

Las mismas fuentes han explicado que Rajoy dio esa instrucción tanto a la secretaria general y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, como al coordinador general del partido, Fernando Martínez-Maillo. La propia Cospedal ha estado presente en la Puerta del Sol, han añadido las fuentes consultadas.
Unos minutos antes de que arrancara el Pleno de Presupuestos, Cifuentes ha comparecido públicamente para presentar su dimisión. Este paso atrás se produce tras estallar hace más de 30 días la polémica de la falsificación de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y al haberse publicado este mismo miércoles un vídeo en el que se la habría sorprendido robando cremas en un supermercado.
Rajoy ha asegurado que Cristina Cifuentes "ha hecho lo que tenía que hacer" y lo que "era obligado en esta situación" al conocer la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
A su llegada al Congreso, donde hoy se inicia el debate de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, Rajoy ha avanzado que el PP abre a partir ahora una "nueva etapa" en la Comunidad de Madrid y confía en que este tipo de cosas "no vuelvan a ocurrir".
Cristina Cifuentes ha anunciado su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y después de que hoy se haya publicado una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011. Preguntado si se sentía "aliviado" por la marcha de Cifuentes, Rajoy no ha respondido.
Como es habitual, el jefe del Ejecutivo ha llegado al patio del Congreso en su coche oficial donde ya le esperaba una nube de periodistas y cámaras de televisión.
En ese momento ya se conocía la dimisión de Cifuentes, ocurrida apenas unos segundos antes, aunque el presidente se ha bajado del coche sin hacer declaraciones y ha accedido a la llamada "zona de Gobierno" del Congreso, de uso exclusivo para los miembros del gabinete.
Apenas unos minutos después, Rajoy ha salido al pasillo para entrar en el hemiciclo y ha sido cuando ha hecho unos breves declaraciones a la multitud de informadores que le esperaban.
Cristina Cifuentes ha anunciado su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid tras varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y después de que hoy se haya publicado una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

Cristina Cifuentes dimite precipitadamente acorralada por los escándalos

MADRID.- Cristina Cifuentes ha anunciado su dimisión precipitadamente como presidenta de la Comunidad de Madrid tras varias semanas envuelta en la polémica por su máster de la Universidad Rey Juan Carlos y después de que hoy se haya publicado una información en la que se le atribuye un supuesto hurto en un supermercado en 2011.

Cifuentes ha admitido que había tomado la decisión de renunciar a la Presidencia y pretendía anunciarlo el 2 de mayo, tras los actos institucionales de la Comunidad de Madrid, pero tras la precipitación de los acontecimientos ha decidido adelantar su renuncia.
La presidenta madrileña ha anunciado su dimisión en una comparecencia en la que ha atribuido a "una campaña de acoso y derribo" y un ataque personal la difusión del vídeo sobre el supuesto hurto.
Un vídeo, ha recalcado, que "ya se conocía" desde hace tiempo, que "circulaba en las redacciones" desde su etapa como delegada del Gobierno, y que recoge "exclusivamente" un "error involuntario".
"Me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por importe de 40 euros; me lo dijeron a la salida, los aboné en su momento y el asunto no tuvo mayor trascendencia", ha explicado.
No obstante, ha asegurado que esa grabación se ha "tergiversado" y utilizado en este momento "para ir más allá de lo político y querer rematar alguna batalla personal". 
"Ya se me ha querido extorsionar hace unos años por ese mismo vídeo, y lo puse en su momento en conocimiento de la Policía Nacional".
"Todos ustedes saben que yo he sido espiada, investigada, que se han hecho dossieres contra mi persona, y algunos circulan por las redacciones. Antes, mientras era delegada del Gobierno, y no sé si también mientras he sido presidenta", ha abundado.
Cifuentes ha opinado que estas informaciones suponen "un paso más en la campaña de acoso y derribo" al que dice que ha estado sometida desde hace "más de 35 días", en un "linchamiento" que se ha mantenido "mañana, tarde y noche, por tierra, mar y aire", una campaña "dura" en la que "se han traspasado unas líneas rojas evidentes y se ha llegado indudablemente a un ataque personal" contra ella.
La política madrileña ha defendido también que la "tolerancia cero con la corrupción tiene un precio" y ha dicho que la campaña que, denuncia, hay en su contra, "probablemente forma parte de ese precio que hay que pagar".
"Toda mi actuación, mi vida, se han puesto en tela de juicio, y con un interés determinado, no sólo para acabar con el adversario sino para destruir a la persona", se ha quejado, tras apuntar que aunque ha "cometido errores" a lo largo de su vida -"de todo tipo, y seguiré cometiéndolos, y seguro que he hecho cosas peores, como cualquier otro"-, lo cierto es que con este caso "se han traspasado todas las líneas rojas".
Por otra parte, Cifuentes ha anunciado que ha tomado la decisión de dimitir para evitar que "la izquierda radical" gobierne en la región y "ponga en riesgo" la gestión hecha por el PP en los tres años de legislatura.
La dirigente popular ha asegurado que por encima de sus intereses debía pensar en "la amenaza, la posibilidad real de que la izquierda de PSOE y Podemos pudiera gobernar" .
Cifuentes ha dicho que se va "con un sentimiento amargo desde el punto de vista personal", pero "con la cabeza muy alta, muy orgullosa y satisfecha" por considerar que ha hecho "un buen trabajo".
"He aguantado más de 35 días aproximadamente, de una exposición permanente y de un linchamiento mañana, tarde y noche, por tierra mar y aire", ha señalado.
Cifuentes ha justificado su decisión para no dañar a su familia, "para que no sigan sufriendo este calvario" y porque es "lo mejor para la Comunidad de Madrid, para los madrileños y para el PP".
Ha mostrado su satisfacción por haber conseguido que la vida de muchos madrileños sea hoy mejor que lo era hace tres años cuando asumió el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
En su intervención, ha defendido su gestión en la Administración regional, "con sus luces y sus sombras", que, ha recalcado, ha conseguido situar a la Comunidad de Madrid a la cabeza de España en crecimiento económico y creación de empleo.
Cifuentes ha afirmado que ha sido "un privilegio" ser presidenta de la Comunidad de Madrid, algo "difícilmente alcanzable", y ha asegurado que se queda "con lo bueno, que ha sido muchísimo", mientras que intentará olvidar "lo malo".
"A pesar de todo, a pesar de la dureza del momento y del dolor personal que yo siento, yo creo que mi padre se sentiría y se siente orgulloso de mí", ha concluido.
Tras la dimisión, el Gobierno de la Comunidad de Madrid continuará en funciones hasta la toma de posesión de un nuevo presidente regional, cuya propuesta deberá formalizarse en el plazo máximo de quince días.
Aunque Cifuentes no ha aclarado si también dejará su cargo como presidenta del PP en Madrid, fuentes de esta formación consideran que sí deberá hacerlo.
La situación, admiten, es insostenible en el PP de Madrid, sobre todo cuando queda poco menos de un año para las elecciones autonómicas, locales y europeas de 2019.
Por eso se trabaja ya en una solución que pasaría por la dimisión de Cifuentes también como presidenta del partido en Madrid y la conformación de una gestora, aunque aún no se barajan nombres para dirigirla, aseguran las fuentes consultadas.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha acudido a la sede de la Comunidad de Madrid tras estallar el escándalo del vídeo, antes de la dimisión de Cifuentes, y antes de dirigirse al Congreso para el debate de los presupuestos.
A su salida del pleno, Cospedal se ha limitado a responder a las preguntas de los periodistas con una sola frase, la de que Cifuentes ya ha dicho lo que tenía que decir.

El vigilante de seguridad que pilló a Cifuentes dice que no hubo denuncia porque al final pagó las cremas

MADRID.- El vigilante de seguridad que aparece en la grabación de la supuesta 'pillada' a la ahora ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, robando dos cremas en un hipermercado, ha afirmado este miércoles que no hubo denuncia policial contra ella porque finalmente, pagó la mercancía. 

"(La policía) dijo que si iba a pagar no se podía denunciar. Esa es la regla. Si paga, no se denuncia", ha señalado en declaraciones a laSexta este vigilante, que llamó a las fuerzas policiales porque ella, inicialmente, negaba el robo y no iba a abonar la mercancía.
Según su relato, estando en ese hipermercado cercano a la Asamblea de Madrid, donde en 2011, fecha del suceso, Cifuentes ostentaba la vicepresidencia, el guardia de seguridad vio a "una señora rubia que se metía dos botes de crema en el bolso" y le llamó la atención. "Lo recuerdo exactamente", ha señalado.
Ya en una sala del hipermercado, le pidió que entregase los dos frascos de crema, pero ella alegó que sólo tenía uno, aunque tras el registro aparecieron los dos. Siempre según su relato, Cifuentes alegó que no tenía "nada suelto" para pagar las cremas y por eso, se puso el suceso en conocimiento de la policía, ante la que finalmente abonó los productos antes de marcharse.
Sobre el vídeo, difundido por OkDiario, el vigilante ha afirmado que las grabaciones de seguridad "en 15 días se borran, pero alguien se quedó con esta". Desconoce quién pudo ser. Él, en todo caso, asegura que no reconoció a Cifuentes y que no fue hasta más tarde, cuando la vio en televisión, cuando se dio cuenta de a quién le dio el alto aquel día de mayo de 2011.

Cifuentes robó en un híper en 2011 siendo la nº 2 de la Asamblea de Madrid

MADRID.- Cristina Cifuentes fue cazada robando en un hipermercado Eroski del Puente de Vallecas cuando era la número dos de la Asamblea de Madrid. okdiario ofrece hoy en exclusiva el vídeo que recoge su arresto por parte de los guardias de seguridad del establecimiento, quienes la custodiaron hasta la llegada de dos agentes de la Policía Nacional.

La presidenta de la Comunidad, tras sustraer de una estantería dos botes de crema anti-edad de la marca Olay y ser descubierta por una dependienta de la sección de perfumería, fue retenida durante 45 minutos por los vigilantes del supermercado Eroski de Vallecas, situado frente a la Asamblea de Madrid donde ella trabajaba.
El hurto se produjo el 4 de mayo de 2011 sobre las 11,30 de la mañana. Cifuentes era entonces diputada madrileña y ocupaba el cargo de vicepresidenta primera de la Asamblea. En aquella fecha, la Cámara regional estaba disuelta porque 35 horas después arrancaba la campaña de las elecciones autonómicas del 22-M, pero la dirigente popular mantenía su acta de diputada porque era miembro de la Mesa de la Diputación Permanente.
Cifuentes, que ha sido diputada madrileña desde 1991 en nueve legislaturas consecutivas, ocupaba en aquellos comicios el puesto número 13 de la lista del PP que encabezaba Esperanza Aguirre. 
Un número maléfico que presagiaba un horizonte infausto para quien entonces se presentaba como una política emergente en las filas del PP. Pero el robo en el híper no impidió que Cifuentes se convirtiera luego en delegada del Gobierno, presidenta del Partido Popular de Madrid, responsable del Comité regional de Derechos y Garantías y finalmente presidenta de la Comunidad, aún teniendo sus superiores conocimiento del incidente en el Eroski de Vallecas.

Inmortalizada por las cámaras

Después de que una dependienta del establecimiento detectara el hurto, Cifuentes fue conducida a una habitación apartada, junto a una de las salidas de emergencia. Allí los vigilantes, que en ningún momento identificaron a la retenida como Cristina Cifuentes, le reclamaron los frascos escamoteados.

Les sorprendía que una clienta tan bien vestida y acicalada, “con ropa de primeras marcas y con zapatos de Prada” –según el comentario de una de las dependientas– se arriesgara a sustraer dos productos valorados en poco más de 40 euros.
En las imágenes del vídeo, que ha podido conseguir en exclusiva okdiario después de varias semanas de investigación, se ve cómo la presidenta de Madrid saca del bolso los dos botes de Olay y se los entrega al vigilante. 
Seguidamente, una vez asumida su culpabilidad, se aprecia cómo la entonces número dos de la Cámara madrileña abona el importe de los productos sustraídos mientras las cámaras de seguridad la inmortalizan.
Sin embargo, según ha podido saber okdiario, el comportamiento de Cifuentes ante la reclamación de los guardias de Eroski no fue tan dócil. En un primer momento, como suelen actuar la mayoría de los ladrones –según reconocen los expertos– negó la sustracción y, más tarde, insistió en que el botín era de su propiedad: “Los llevaba en el bolso cuando entré en el súper”, les espetó.

Los policías la reconocieron

Ante su obstinación en no pagar la mercancía, los vigilantes le comunicaron que no tenían más remedio que llamar a la Policía. Y, al cabo de unos minutos, se presentaron dos agentes de paisano de la Comisaría de Puente de Vallecas. Cuando abrieron la puerta del cuarto se percataron inmediatamente de que se trataba de la entonces vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y así se lo trasladaron a los trabajadores del hipermercado.
Los policías llamaron por teléfono a la Comisaría y comunicaron la delicada situación a sus superiores. La respuesta fue: “Que la pongan inmediatamente en libertad”. Y así sucedió: Cifuentes pagó, quedó en libertad y abandonó de manera discreta el establecimiento por la puerta trasera. “Por donde abandonan las instalaciones los ladrones que pillamos”, según el comentario de uno de los trabajadores de Eroski.
La política que había sido portavoz de distintas comisiones de la Asamblea –entre ellas las de Presidencia, Justicia e Interior– se veía envuelta en un grave conflicto de orden público. Las fuentes consultadas por okdiario en la Asamblea de Madrid señalan que la seguridad de la Cámara de los representantes madrileños fue informada del incidente de la diputada en Eroski pero, durante años, sus responsables han logrado mantener el hurto en secreto.
Cifuentes se presenta en su blog personal de presidenta de la Comunidad de Madrid como “una persona comprometida con la sociedad, que cree en la Justicia como herramienta para solucionar los conflictos personales”.

El PSOE pide su dimisión ya mismo


El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha acusado hoy al PP de estar convirtiendo la política madrileña en una "cloaca" y de estar haciendo el relevo a Cristina Cifuentes "a su manera, sin importarle ensuciar todo y horrorizarnos con esa imagen de los responsables públicos".
Ábalos se ha referido así a la información con vídeo que publica Okdiario, según la cual Cifuentes fue sorprendida en 2011, cuando era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, robando dos cremas cosméticas en un hipermercado.
En declaraciones en el Congreso, el número tres del PSOE ha exigido a Ciudadanos que dé un "paso decisivo" para la regeneración política y apoye la moción de censura que presentaron los socialistas hace veinte días.

Génova espera la dimisión de Cifuentes


La dirección nacional del PP considera que es "insostenible" la situación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras el vídeo difundido este miércoles en el que la habrían 'pillado' robando cremas en un hipermercado en el 2011, según han indicado fuentes del partido.
Según el vídeo difundido por OK Diario, Cifuentes --que en ese momento era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid-- tuvo que vaciar su bolso a petición del vigilante de seguridad de del hipermercado del Puente de Vallecas, próximo al Parlamento regional, ante la sospecha de que hubiese robado productos cosméticos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha convocado esta mañana una reunión con su equipo más próximo para analizar esta información. Fuentes próximas a la dirigente madrileña han evitado hacer valoraciones sobre esas imágenes hasta el citado encuentro de esta mañana, aunque sí que enmarcan esta publicación en la "campaña" contra Cifuentes que comenzó, según subrayan, con la publicación de las falsificaciones de las notas de su máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).
Desde 'Génova' admiten que la situación de Cifuentes es "insostenible". En las filas del PP cada vez más voces están a la espera de que dé un paso atrás y presente su dimisión para no seguir dañando al PP de Madrid, según han indicado fuentes de la formación.
El primer dirigente del PP en pronunciarse públicamente ha sido el presidente del PP de Cataluña, Xavier García Albiol, que ha dicho que Cifuentes debe dar explicaciones sobre ese vídeo porque "las imágenes son las que son".
"Tendrá que salir y explicar lo que crea oportuno, las imágenes son las que son y el relato, sinceramente, me parece una 'cutrez'", ha subrayado en una entrevista en Los Desayunos de TVE.


La revolución contra las eléctricas / David Bollero *

Iberdrola, Endesa y Gas Natural no podrán optar al mayor concurso eléctrico de España dentro del ámbito municipal, el de Madrid, licitado en 82 millones de euros. ¿El motivo? Que no son capaces de aportar el suministro eléctrico a partir de fuentes renovables, a pesar de que ello es posible. Dicho de otro modo, al fin, su mirada cortoplacista que está acabando con el Planeta les ha pasado factura a su cuenta de resultados. Es un día para brindar con el deseo de que la medida adoptada por el Ayuntamiento de Madrid sea contagiosa.

Madrid no es el primer Consistorio que se planta ante las eléctricas, pero sí el que más pupa ha hecho. Recuerdo que hace tres años escribí el artículo Las represalias de las eléctricas con los ahorradores, en el que describía la ‘guerra sucia’ de estas compañías con Ayuntamientos como el de Rubí (unos 75.000 habitantes) por haber apostado por las renovables.

En el caso de Madrid, las eléctricas han acudido hasta los tribunales porque son tan cortos de miras que no ven normal la imperiosa necesidad de apostar por la energía limpia. Cuentan más los accionistas y sus dividendos que reducir el ritmo de destrucción del Planeta. La Justicia no se ha puesto de su lado en esta ocasión, porque no olvidemos que, incluso cuando se sanciona por alguna infracción, las cantidades son tan ridículas respecto a lo que han ganado con tal infracción que siempre compensa.

Es importante que los pliegos del concurso eléctrico de Madrid corran como la pólvora, como ya sucedió con los de Rubí, para facilitar el trabajo a los Ayuntamientos más modestos, para que con un simple corta y pega, se aseste el golpe a las eléctricas: o apuestan de veras por la energía limpia o que se olviden de seguir haciendo negocio exprimiendo al medio ambiente como ya exprimen a las personas en el consumo residencial… Todo ello sin que la pobreza energética salte todavía las mismas alarmas que conecta la sequía, a pesar de tratarse de suministros básicos en la vida moderna.

El hecho de que las eléctricas se hayan revuelto contra el Ayuntamiento de Madrid debería hacernos despreciarlas porque, al hacerlo, también se han revuelto contra nuestra propia salud. Es preciso dar un paso para atrás y no caer en los errores más frecuentes, esos que cuando se peatonaliza una arteria en la ciudad nos lleva a alzar la voz en lugar de aplaudir, pues se trata de medidas que nos favorecen.  No caigan en la misma visión cortoplacista de las eléctricas porque, tarde o temprano, les pasará factura de algún modo, como les ha pasado a ellas.

Para mí, ‘lobby’ es el eufemismo de ‘mafia’; forma parte de ese neolenguaje que usan l@s neoliberales para  camuflar las tropelías que comenten, los atropellos a que nos someten con una pátina de legalidad mientras el dinero corre bajo la mesa en las más diversas formas. Por este motivo, el varapalo recibido por las eléctricas en la capital es un acto de repulsa a todo lo que representa ese lobby. Ojalá la revolución contra las eléctricas se extienda por todo el país, empresa complicada por la cantidad de puertas giratorias y demás intereses cruzados que hay, pero no imposible.


(*) Periodista



España en su burbuja / Sandra León *

Debatimos estos días sobre la burbuja especulativa que está disparando el alquiler de vivienda en algunas ciudades. Pero hay burbujas de otro tipo y más preocupantes. Me refiero a la forma en que conviven distintos grupos en el ámbito político, mediático y socioeconómico de este país. Comunidades herméticas replegadas en su burbuja que, en conjunto, conforman un mapa social lleno de fracturas.

La burbuja política es el efecto de un debate dominado por el relato partidista y tribal, asentado sobre la identidad de grupo —ya sea el partido, la nación o la patria— y su sesgo característico: aplaude al tuyo y culpa al otro. Son relatos impenetrables a la razón. Argumentarios impermeables ante el fracaso o la mentira.

La segunda es la burbuja de las redes sociales, el eco mediático de ese relato político. Cuando consumimos información no somos neutrales. Lo hacemos con lentes ideológicas, incorporando la evidencia que confirma nuestra visión del mundo. Por eso las redes sociales son una cámara de resonancia ideal para reafirmar los sesgos de cada uno.

La tercera es la burbuja socioeconómica. La que encapsula a los ciudadanos en realidades desiguales en la salida de la crisis. Una es la de quienes cuentan con más ingresos y formación, ahorran, creen en el esfuerzo personal y la meritocracia y se mueven en un entorno que apenas conoce el paro. Muy diferente a la de quienes llegan justos o no llegan a fin de mes, están menos formados, tienen más probabilidad de convertirse en precariado, viven en un entorno más castigado laboralmente y creen en mayor medida que el éxito depende de los contactos y la familia.

Esos dos grupos se han distanciado en el último año: los primeros llegan un poco mejor a fin de mes y los segundos un poco peor, según el CIS. Nada augura el cierre de esa brecha. Sobre todo si la inversión en educación sigue aupando a la escuela concertada frente a la pública, cristalizando el impacto de la clase social en el éxito educativo.

España es una sociedad encapsulada en sus fracturas, alimentadas por la polarización política y la desigualdad social.
 
 
(*) Politóloga
 
 
 
 

lunes, 23 de abril de 2018

Convocados seis días de huelga de profesores en Madrid para paralizar las reválidas

MADRID.- Los sindicatos CCOO, UGT, STEM y CGT, integrados en la Plataforma Regional por la Escuela Pública, convocan para los días 24, 25, 26 y 27 de abril y 7 y 8 de mayo una huelga del profesorado en la Comunidad de Madrid contra las pruebas externas, preámbulo de las reválidas de la Lomce. En 4º de la ESO, los paros serán el 24 y 25 de abril. En 3º de primaria, el 26 y 27. Y en 6º, el 7 y 8 de mayo.

Los estudiantes y las familias secundan la huelga y llaman a la no realización de estas pruebas externas, que están previstas los días de huelga, con las que están en desacuerdo y que van a intentar paralizar.
La Plataforma Regional por la Escuela Pública ha hecho un llamamiento a la participación en una manifestación, promovida por la Plataforma Estatal, para protestar por "las contrarreformas del PP y la Lomce", así como por los recortes en la educación, que tendrá lugar el 8 de mayo a las 18.00 horas desde la plaza de Neptuno hasta el Departamento de Educación.
“Rechazamos estas pruebas, que cuestionan al profesorado y al alumnado. Se les quitó rotundidad y se nos dijo que no iban a tener impacto pero sí hubo mucha presión al profesorado y el malestar que quedó no se olvida”, dice Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de CCOO de Madrid. 
“Por otro lado supone un desbordamiento de trabajo, pues al profesorado se le obliga a corregir las pruebas sin compensación. Y para rematar, no olvidamos el caso Cifuentes, cuyo gobierno no parece que esté legitimado para ponerlas en marcha, siendo presidido por alguien con unas pruebas académicas, según parece, ausentes de sacrificio y esfuerzo”.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Madrid (STEM), Alberto Carrillo, ha indicado que su organización ofrecerá apoyo al profesorado encargado de aplicar las pruebas externas que quiera boicotearlas, organizará concentraciones en las puertas de los centros y colaborará económicamente con los docentes que sufrirán una merma de ingresos por "sabotear" las pruebas. Carrillo ha señalado que las pruebas externas carecen de "rigor estadístico", están diseñadas con el objetivo "perverso" de hacer un ránking de centros y su gestión está cedida a empresas privadas que van a manejar datos personales de los alumnos y sus familias.
Por su parte, la responsable de Enseñanza Pública de UGT Madrid, Estrella Roldán, ha recalcado que las pruebas externas "no tienen ningún valor pedagógico", sirven "únicamente" para "desorganizar" los centros, se utilizan para hacer un ránking de centros de primera y de segunda y cuestan 600.000 euros a las arcas públicas.
Ana García, del Sindicato de Estudiantes, se ha mostrado "escandalizada" por las políticas que "el PP intenta imponer de forma autoritaria en la Comunidad de Madrid", después de la lucha para paralizar las "reválidas franquistas".
El portavoz de la Plataforma Regional por la Escuela Pública, Camilo Jené, presidente de la FAPA "Francisco Giner de los Ríos", ha reclamado un incremento de la financiación de la educación hasta alcanzar el 5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) este año y un aumento de los recursos previstos para la escuela pública antes que la privada.
Tras la ruptura del Pacto Educativo, Jené ha reivindicado una nueva ley de educación consensuada con la comunidad escolar, una garantía de la democracia y la participación en los centros educativos, la reversión de los recortes en la educación, así como un aumento de las becas y ayudas para el alumnado.

Los estudiantes de la URJC convocan un encierro el próximo miércoles para protestar por "el inmovilismo" de la directiva

MADRID.-  Varias asociaciones de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos han convocado para el próximo miércoles un encierro en el Edificio de Gestión del Campus de Vicálvaro, con el objetivo de "protestar por el inmovilismo de la directiva" ante el escándalo que han supuesto las irregularidades que rodean al máster de Cristina Cifuentes, según han informado desde Radio 5

En el acto, convocado para las 20:30 de la tarde, las diferentes asociaciones de estudiantes que lo han organizado celebrarán talleres y asambleas con el objetivo de exigir responsabilidades tanto a la directiva de la Universidad Rey Juan Carlos como a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. 
"Ya que Cristina Cifuentes y la URJC no quieren depurar responsabilidades (...) os esperamos a todas para pasar una noche de encierro exigiéndolas y tratar la situación en la que se encuentra la universidad pública", ha explicado la asociación feminista de estudiantes Cariátides, una de la organizaciones detrás del evento.


La población extranjera crece en la Comunidad de Madrid en el último año

MADRID.- La población extranjera empadronada en la Comunidad se sitúa en 893.276 personas un 13,4 % de las 6.663.405 personas que residen en la región. Con respecto a 2016, la población extranjera empadronada ha aumentado en 28.791 personas. Estos datos están recogidos en el Informe de Población Extranjera Empadronada en la Comunidad que realiza el Observatorio de Inmigración-Centro de Estudios y Dato.

Estos datos los ha presentado el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, quien ha destacado que “se trata del mayor aumento de población extranjera en nuestra región desde 2009”. 
Con el paso del tiempo va cambiando el origen de los extranjeros que eligen la Comunidad de Madrid como su residencia. Actualmente, entre los siete grupos con más presencia se encuentran las nacionalidades rumana (21,7 %), marroquí (8,8 %), china (6,8 %), colombiana (4,7 %), ecuatoriana (4,5 %), italiana (3,5 %) y venezolana (3,4 %), que suponen más del 53 % del total de población extranjera en nuestra región.
En términos absolutos, las nacionalidades que más han crecido son la venezolana, con un aumento de 8.618 personas; la hondureña, con 5.245 personas más; y la colombiana, con un incremento de 4.235 personas. 
“La nacionalidad colombiana ha avanzado un puesto y pasa a ser la cuarta mayoritaria, desplazando a la ecuatoriana al quinto lugar. También la nacionalidad venezolana avanza seis puestos y pasa a ser la séptima nacionalidad mayoritaria en la región”, ha explicado Izquierdo.
Por sexos, el informe revela que sigue aumentando el peso de las mujeres extranjeras, que representan ya el 52,16 % del total de población extranjera, y se mantiene el carácter joven de esta población, cuya media de edad es de 34,5 años. El 81,82 % de la población extranjera está en edad de trabajar (entre 16 y 65 años), frente al 64,7 % de la población española que está en esta franja de edad.
“El Gobierno regional tiene un compromiso absoluto con la población extranjera y por ello estamos trabajando en un Plan de Inmigración que tendrá como objetivo la mejora de la empleabilidad de la población inmigrante y trabajar con los hijos de inmigrantes para favorecer su integración, entre otras actuaciones”, ha afirmado Izquierdo.
La Comunidad de Madrid cuenta con ocho Centros de Participación e Integración (CEPI) distribuidos por toda la región, unos lugares de encuentro para todos los madrileños, sea cual sea su nacionalidad, donde pueden tener acceso a diversas actividades como cursos de formación, asesoría jurídica, talleres de búsqueda y mejora de empleo, variados programas culturales y actividades deportivas. “En los CEPI se facilita el intercambio cultural y la convivencia entre los nuevos madrileños y los de siempre”, ha explicado Izquierdo.
Estos centros, pioneros en Europa, cuentan con actividades específicas para niños, jóvenes y mujeres, así como otras generales para todos sus usuarios, de cualquier nacionalidad, incluyendo la española. Atienden cada año a una media de 100.000 personas, con las que se realizan 330.000 acciones, a través de talleres o formaciones ocupacionales.
Dichos recursos disponen de asesoría individualizada en las áreas psicológica, jurídica y laboral. Asimismo, desarrollan actividades de formación y orientación en la búsqueda de empleo como cursos y talleres para la elaboración de un currículo y una entrevista, para la búsqueda activa de empleo a través de las redes sociales, para el desarrollo de habilidades sociales, de enseñanza del español, capacitación para el cuidado de personas dependientes y mayores o cursos en el sector de la hostelería.

El Gobierno central envió requerimientos a 660 ayuntamientos españoles por incumplir sus planes de ajuste

MADRID.- Un total de 660 ayuntamientos españoles recibieron requerimientos del Gobierno central por incumplir sus planes de ajuste durante el ejercicio 2016, el último liquidado a falta del cierre. El dato sitúa Murcia, Andalucía, Madrid y Canarias, como las autonomías que cuentan con una mayor porcentaje de municipios incumplidores.

Los planes de ajuste deben presentarlos las entidades locales que soliciten al Estado el acceso a medidas extraordinarias o mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez dentro del sistema de financiación autonómica, y deben ser consecuentes con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública.
Estos datos se han conocido a raíz de una respuesta escrita del Ejecutivo nacional al diputado socialista Miguel Ángel Heredia. A lo largo del país, hay 660 ayuntamientos que recibieron requerimientos del Gobierno por incumplir sus planes de ajuste en el ejercicio 2016. 
La mayoría de administraciones locales pertenecen a Andalucía (201), Comunidad Valenciana (88) y Cataluña (82). Ante estos datos, el socialista Heredia reprocha al Gobierno que «utilice medidas coercitivas, enviando requerimientos a los ayuntamientos, en lugar de buscar soluciones financieras que puedan paliar la situación de los entes locales».
El menor número de ayuntamientos incumplidores son, en general, los de autonomías uniprovinciales como La Rioja, con 3; o Asturias con 5. Solo las provincias de Burgos y Palencia tienen cifras más reducidas, de solo uno en cada caso. 
Para Heredia, las entidades locales tienen que pagar unos «intereses desorbitados» si se acogen al programa del Gobierno para el pago a proveedores, lo que les supone «un serio problema».
En este sentido, el diputado considera que la gestión que realiza el Ejecutivo es «nefasta» porque se resiste a considerar a los ayuntamientos «como adultos» para que puedan invertir el superávit en generar empleo, a través de inversiones que «son mayores de edad» para decidir.

Los extranjeros compraron el 13,1% de las viviendas vendidas en España en 2017

MADRID.- Los extranjeros compraron el año pasado el 13,1% de las viviendas que se vendieron en el conjunto de España, según el Anuario Inmobiliario del Colegio de Registradores correspondiente al pasado ejercicio.

Las comunidades autónomas con mayor peso de compra por parte de extranjeros, que coinciden con las de mayor actividad turística, fueron Canarias, con un 31,4%, seguidas de Baleares (31,3%); Comunidad Valenciana (26%); Murcia (18,8%); Andalucía (13,8%) y Cataluña (12,9%).
En términos absolutos, dado el crecimiento del volumen de operaciones, los extranjeros superaron las 61.000 compras de vivienda en el último año en el conjunto de España, frente a las poco más de 53.000 de 2016.
Casi el 7% de las hipotecas sobre vivienda suscritas en España en 2017 fueron firmadas por extranjeros, más de 21.000 préstamos, según el Colegio de Registradores.
La hipoteca media solicitada por este segmento de la población fue de 128.452 euros, una cantidad que superó en un 1,5% a la del año anterior y que se situó por encima de los 117.243 euros que pidieron de media los españoles para este mismo fin.
Las comunidades autónomas con más hipotecas firmadas por foráneos fueron Cataluña (con el 20,2% del total); Comunidad Valenciana (19,2%); Andalucía (17,4%) y Comunidad de Madrid (14,4%).
En cuanto al importe medio de estos préstamos, los más elevados se solicitaron en Baleares, con 244.148 euros, Comunidad de Madrid (155.070 euros); Cataluña (143.143 euros) y Andalucía (141.699 euros).
Por países de procedencia, los rumanos fueron los que más porcentaje de hipotecas sobre vivienda contrataron en relación con el total de las formalizadas por extranjeros, con un 11,6%; seguidos por los británicos (9,3%); chinos (8,4%); italianos (5,8%); franceses (4,6%); marroquíes (4,2%) y alemanes (4%).
Por lo que respecta a los importes medios, los alemanes solicitaron las cantidades más elevadas, con 234.102 euros, seguidos de los noruegos (217.981 euros); daneses (192.990 euros), holandeses (181.429 euros); suecos (171.394 euros), británicos (166.968 euros) y franceses (153.987 euros).