IU presentará querella contra Cifuentes y en las delegaciones del Gobierno que "intentan criminalizar" manifestaciones

CÓRDOBA.- El portavoz de IU en la comisión de Economía del Congreso, el diputado malagueño Alberto Garzón, ha anunciado este sábado que la federación de izquierdas va a presentar en los próximos días una querella contra la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y en todas las delegaciones del Gobierno, que "estén interpretando de forma sesgada" el derecho de manifestación, que, a su juicio, "intentan criminalizar".

   En una rueda de prensa en Córdoba, acompañado por el portavoz de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso, José Luis Centella, y el vicepresidente de la Junta de Andalucía y coordinador de IULV-CA, Diego Valderas, entre otros cargos de la federación de izquierdas, Garzón ha explicado que la manifestación, "no convocada, pero legal", del 27 de octubre contra los presupuestos en Madrid, se saldó con "300 personas identificadas por la Delegación del Gobierno de manera arbitraria y han recibido una sanción económica que asciende a 500 euros por persona, solo por manifestarse".

   Este tipo de política, como agrega, "es la que realiza el PP, que intenta convertir la frustración de la ciudadanía en resignación a través del miedo", como en este caso con "identificaciones arbitrarias, detenciones injustificadas y la represión violenta", que los propios sindicatos policiales denuncian, recuerda.

   Ante ello, explica que IU tiene que "servir de cobertura a todas las personas que son víctimas de ello, muchos de los cuales son militantes de IU, pero se hará extensivo a toda la ciudadanía". En concreto, la federación de izquierdas va a actuar en "los términos  judiciales defendiendo los derechos civiles, económicos y sociales" y habilitará una página web en la que se colocarán "los modelos de recursos antes las sucesivas multas" y se centralizará "toda la organización y atención a las personas multadas", para que "puedan recurrir", según ha detallado.

   Por su parte, Centella ha anunciado que su grupo parlamentario pide la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que explique "cuál es su deriva de querer criminalizar a quien protesta y se moviliza", además de comunicar a Cifuentes, "que también estuvimos el 27 de octubre en la manifestación", en la que no entiende que "se multe a unas personas y a otras ni siquiera se nos llama".

   Como sentencia Centella, "algo va mal cuando se indulta a policías condenados por tortura y se persigue y se multa a manifestantes que piden más democracia".

Ignacio González dice que "hay que respetar" el derecho de manifestación

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha afirmado este miércoles que el derecho de manifestación está "en el ordenamiento jurídico español" y por lo tanto, "hay que respetarlo", pero ha añadido que hay que "hacerlo compatible" con otros derechos como el de la libre circulación que ejercen aquellas personas que no quieren manifestarse.

   En declaraciones a los medios de comunicación en la Puerta del Sol preguntado por las palabras de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, que ayer habló de "modular" el derecho de manifestación, el presidente regional ha afirmado que "el derecho de manifestación es un derecho reconocido en ordenamiento jurídico español y hay que respetarlo", pero ha destacado que "hay muchos otros derechos" y "hay mucha gente que en legítimo uso del ejercicio de su libertad no se quiere manifestar".

   Así, González ha sostenido que Cifuentes ha dicho algo "bastante razonable", que "no está poniendo en cuestión el derecho de manifestación", sino que ha señalado que "ese  derecho hay que hacerlo compatible con el derecho de los demás a poder circular simplemente y tener su  derecho a la movilidad".

  "No parece razonable que en ocho o nueve meses que lleva este Gobierno se hayan producido en Madrid más de 2.200 concentraciones, manifestaciones y que eso no tenga ningún criterio de modulación, no para restringir el derecho, sino para hacerlo compatible con el resto de los derechos de los ciudadanos, y especialmente, el de movilidad", ha añadido a renglón seguido.

   González, que ha apuntado que no sabe si sería adecuado o no crear un manifestódromo, ha insistido en que "no es razonable" que el ejercicio del derecho de manifestación lleve "a que se impida el ejercicio del resto de los derechos de los demás".

 "Creo que hay que buscar ese cauce en el caso de que esta situación pueda crear un colapso permanente", ha destacado y ha aseverado que todo lo que se pueda avanzar en esa dirección será "bueno" para los dos grupos de ciudadanos.

El fiscal jefe de Madrid recalca que el derecho de reunión no se puede recortar al estar recogido en la Constitución

MADRID.- El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban Rincón, ha recalcado este miércoles que los derechos de manifestación y reunión no se pueden recortar al ser garantías fundamentales recogidas en la Constitución, si bien ha señalado que son susceptibles de regularse.

   Después de que el responsable máximo de la Fiscalía, Eduardo Torres-Dulce, se haya mostrado esta mañana partidario a reprimir los excesos de estos derechos, Estaban Rincón ha señalado que el ejercicio de reunión y manifestación  son "derechos fundamentales y, por tanto, hay que mantenerlos".

   "Todo lo que suponga una merma de estos derechos no será admitido por el Tribunal Constitucional. Se podrán regular, respetando siempre el núcleo de esos derechos, que están recogidos en la Constitución", ha reseñado y ha precisado que la regulación iría por la vía administrativa y no por el ámbito penal.

   Las palabras de Torres- Dulce se han producido un día después de que la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, propusiera modular la ley de manifestaciones para racionalizar el uso del espacio público.

El juez Decano de Madrid no apoya que haya modificaciones legales en el derecho a manifestarse

MADRID.- El juez Decano de Madrid, José Luis Armengol, se ha mostrado este miércoles en contra de una posible modificación de la Ley Orgánica que regula el derecho a manifestarse al estimar que este extremo no es "en absoluto necesario", puesto que a su juicio la legislación vigente funciona "con normalidad".

   Armengol se ha pronunciado en relación a las manifestaciones realizadas esta mañana por el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, acerca de poder modular este derecho. Esta cuestión fue planteada ayer por la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

   "No es en absoluto necesario modificar la ley orgánica porque ha demostrado que funciona con normalidad", ha recalcado el juez decano de Madrid y ha reseñado que las leyes deben tener "un reposo y una vigencia" sin modificarse por criterios coyunturales.

   "Son derechos fundamentales --el de reunión y el de manifestación-- y establecer cláusulas a esos derechos va en contra del espíritu de los derechos fundamentales", ha opinado.

   Asimismo, ha insistido en que hay "instrumentos suficientes" para denegar autorizar una manifestaciones, sin que sea necesario recurrir a este extremo de modificar la Ley.

Un vocal del CGPJ dice que modular la Ley de manifestación, "propio de regímenes autoritarios"

MADRID.- El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Manuel Gómez Benítez ha asegurado este miércoles que la propuesta de la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de modular la Ley de manifestación es "propio de regímenes autoritarios y dictatoriales".

   En declaraciones a la Cadena Ser, Gómez Benítez ha señalado que es "bastante posible" que Cifuentes se haya situado "fuera del marco constitucional".

   "Lo que le molesta al parecer a Cifuentes es el número, la constancia y la permanencia de las manifestaciones, pero eso se produce porque cada vez hay más ciudadanos que no confían en que las personas a las que han elegido o que se encuentran en la oposición defiendan sus intereses y en consecuencia buscan una vía directa de manifestar su crítica", ha subrayado.

   Desde su punto de vista, el poder manifestarse es "un contrapeso fundamental en cualquier democracia frente a los excesos o arbitrariedades del poder". El vocal entiende que lo que se pretende con esta propuesta es "limitar ese ejercicio de derecho de los ciudadanos", por lo que considera que la reacción de la delegada del Gobierno en Madrid es "típica de regímenes autoritarios y dictatoriales, no de un estado democrático".

   Gómez Benítez ha recordado que la Ley prevé que hay formas de modular los itinerarios de las marchas "cuando puedan existir intereses públicos contrapuestos o peligros para las instituciones, los bienes y las personas".

   "Pero más allá de lo que dice la Ley, que es bastante razonable, el derecho de manifestación se debe de producir allí donde es visible. No es razonable excluir el centro de la ciudad de las manifestaciones. Lo que hay que preocuparse es de las causas por las que hay tantas manifestaciones", ha zanjado.

   En otro orden de cosas, el vocal se ha referido a la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre los antecedentes de la convocatoria de manifestación del 25S frente al Congreso y ha precisado que estos trámites son normales si el magistrado intuye que puede estar en "vías de delito".

   Finalmente, ha apuntado que en este caso se está haciendo "una investigación normal que se le exige a un juez de instrucción cuando existe apariencia de que se ha podido producir un hecho delictivo".

Los sindicatos policiales afirman que el derecho a manifestarse está perfectamente regulado

MADRID.- Los sindicatos policiales han pedido hoy contención a la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y han defendido el derecho constitucional de manifestación, que está perfectamente regulado en la ley y, por tanto, no se tiene que modular ni recortar.

Así lo han manifestado los responsables de los sindicatos policiales en referencia a las palabras de Cifuentes, quien ayer consideró necesario "modular" el derecho de manifestación.

No obstante, la delegada ha aclarado hoy que con su propuesta de "abrir un debate" para "modificar" la ley orgánica que regula el derecho de manifestación no ha planteado "una restricción del derecho de reunión o de manifestación".

Tras esas declaraciones, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, ha valorado que Cifuentes haya matizado su propuesta, pero le ha recordado que el de manifestación es un derecho "fundamental" que "no se tiene que modular ni recortar, sino respetarse y protegerse".

En cualquier caso, Benito cree que abrir un debate como pide la delegada está bien, porque hablar siempre es "positivo y enriquecedor", pero advierte de que una discusión sobre este asunto no debe llegar a la conclusión de limitar el derecho.

Desde la Confederación Española de Policía (CEP), su secretario general, Ignacio López, tampoco ve necesario regular un derecho que está consagrado en la Constitución y que la ley "modula estupendamente bien".

Son los tribunales los que tienen la capacidad de marcar los límites a las normas, ha dicho López, quien entiende que este momento de conflictividad social no es el más adecuado para plantear recortes a ese derecho constitucional, porque, además, a muchas personas lo único que les queda es el derecho a protestar.

Ha criticado la falta de sensibilidad política de la delegada del Gobierno, a quien, sin embargo, ha agradecido que haya dado "marcha atrás" y a la que ha aconsejado que "no siga por esa vía, y haga un ejercicio de contención porque "bastante tiene con lo que tiene".

Por su parte, el portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), Serafín Giraldo, también ha recordado que manifestarse es un derecho fundamental y se desarrolla por Ley Orgánica, con lo que la posibilidad de cambiarla "es bastante difícil a nivel legislativo".

Además, el representante de la UFP considera que los problemas de movilidad que genera el derecho de manifestación "tienen que solventarse de alguna otra forma que no sea la restricción de derechos fundamentales".

Giraldo no ve mal que se abra un debate, pero siempre teniendo en cuenta que es un derecho recogido en la Constitución que no debe limitarse y ha pedido a la delegada del Gobierno que explique, o al menos aclare, cuáles son las líneas generales de esa discusión.

Interior asegura que no se plantea modificar la ley sobre manifestaciones

MADRID.- El Ministerio del Interior no se plantea modificar la ley que regula el derecho de manifestación, según han asegurado hoy fuentes de este Departamento.

La posibilidad de modificar esa normativa ha sido planteada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quien ha aclarado posteriormente que con su propuesta de abrir un debate sobre la modificación de esa ley no propone una restricción del derecho de reunión o de manifestación

Las fuentes del departamento que encabeza Jorge Fernández han asegurado que este Ministerio no tiene sobre la mesa un cambio de esa ley ni que se lo ha planteado, y ha rechazado hacer más comentarios sobre la propuesta de Cifuentes.

Las fuentes citadas se han limitado a señalar que la reforma del Código Penal ya prevé endurecer las sanciones contra los que muestren actitudes violentas en las manifestaciones, pero que en ningún momento se prevé algo sobre la convocatoria de las mismas.

Ante ese debate, el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha considerado que hay "caminos a explorar" para intentar frenar el "abuso" en el derecho de manifestación, que es lo que, a su juicio, ha propuesto la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.

El fiscal general Torres-Dulce aboga por regular administrativamente el derecho de manifestación

MADRID.- El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado que los poderes públicos si lo consideran "necesario" pueden regular aunque sólo "administrativamente" el derecho de manifestación porque la restricción "excesiva" de los derechos fundamentales puede complicar la convivencia democrática.

  Torres-Dulce ha defendido que no se puede "otorgar carta de naturaleza a la explotación de un legítimo malestar social como un medio para deslegitimar en bloque" la forma de Estado, las Cámaras legislativas o a los propios parlamentarios, con un "frecuente gravísimo quebranto de la convivencia democrática".

   El máximo representante del Ministerio Público ha destacado que su departamento confiere una especial sensibilidad a la protección del derecho de manifestación y al derecho de libertad expresión.

   Sin embargo, ha advertido de las "imposibles consecuencias" de utilizar del descontento social como forma de "deslegitimación en bloque de la forma de Estado, las Cámaras o sus titulares.".

   Según ha recalcado, el Ministerio Público es garante de la estructura constitucional pero también de los derechos individuales, entre los que se encuentra el de la libertad de expresión. "He hablado de la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión incluso para las ideas que odiamos o nos odian", ha añadido.

   Es decir, a su juicio, el "exceso" del ejercicio de los derechos constitucionales no puede contribuir al "desarme de nuestro Estado institucional y del Estado de Derecho". "El equilibrio del orden jurídico se basa en el principio de proporcionalidad", ha añadido.

   Torres-Dulce ha puesto así de relieve la necesidad de permitir las manifestaciones y reuniones pero de "reprimir a todos aquellos que utilizan esos derechos de libertad de expresión o reunión para ir más allá y socavar los cimientos del Estado de Derecho". Ha utilizado una anécdota cinematográfica para ilustrar su idea de que el orden es demasiado, pero "no demasiado orden".

   Al ser preguntado sobre la propuesta de la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, de limitar el derecho de manifestación, Torres-Dulce ha respondido que "si es necesario" habría que regularlo administrativamente puesto que ya se recoge en el Código Penal y en la Constitución. "Deben ser respetados y observados por todos los españoles. Quien no guarde los límites está sujeto a la implacable presencia de la constitucionalidad", ha añadido.

   En este contexto, ha dicho comprender que los ciudadanos de Madrid puedan verse afectados las continuas manifestaciones. Eso sí, ha indicado que "restringir excesivamente" complica la convivencia democrática.

   Respecto a la actuación policial en las marchas del 25-S y las concentraciones posteriores, el fiscal general del Estado ha defendido la labor de la Policía, que está sujeta a la legalidad y que a veces trabaja en condiciones "difíciles", aunque ha recordado que los ciudadanos pueden denunciar cualquier exceso de los límites de la legalidad que se haya cometido ante los tribunales.

   En cuanto a la posición de la Fiscalía, Torres-Dulce ha recordado las diligencias abiertas en torno a los organizadores de la manifestación del 25-S por presuntos delitos contra las altas instituciones del Estado y, respecto a los participantes, ha afirmando que "no todo el mundo pudiera haber incurrido" en este tipo de delito puesto que los atestados policiales hablan de actitudes de desobediencia, atentado a la autoridad o resistencia.

   "Hay ciudadanos que evidenciaron que iban más allá y pretendían intentar llegar al Congreso de los Diputados y esas conductas hay que depurar para decidir si esos ciudadanos pudieran estar incursos en delitos contra las altas instituciones del Estado", ha dicho, por lo que serían investigados por la Audiencia Nacional.

SUP replica a Cifuentes que "no es necesario" modular la ley de manifestación y CEP dice que es "un derecho sagrado"

MADRID.- Los dos principales sindicatos policiales, el SUP y la CEP, han replicado este martes a la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que "no es necesario" modular la ley que regula el derecho de manifestación al tiempo que le han recordado que se trata de un "derecho sagrado".   

   Cifuentes, ha afirmado este martes que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y ha apostado por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público". Ha afirmado que Madrid es "una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada".

   "No hay que modificar nada, lo que habría es que aplicar la ley que tenemos de reunión y manifestación y cuando no cumpla con los requisitos no autorizarla", ha dicho el secretario de comunicación del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), José María Benito, para quien "no es necesario un cambio normativo de un derecho fundamental".

   Se ha mostrado de acuerdo con Cifuentes en que Madrid es el "manifestódromo" y el "espejo nacional donde todo el mundo quiere manifestarse", pero insiste en que eso no es suficiente para pretender modificar la Ley de reunión y manifestación".

   "No estamos en absoluto de acuerdo. El derecho de reunión y manifestación debe ser un derecho sagrado en un país democrático", ha enfatizado el secretario general de la Confederación Española de la Policía (CEP), Ignacio López, quien ha cuestionado a Cifuentes preguntándose si pretende modular la ley sólo en Madrid, dejando el resto de ciudades con un espacio jurídico diferente.

   Según ha dicho, esta "es una época de conflictividad donde una parte de la ciudadanía está en una situación complicada".  

"No se debe restringir ningún derecho y menos el de reunión y manifestación", ha concluido.

Para jueces para la Democracia: "Cristina Cifuentes se sitúa fuera de la Constitución"

MADRID.- El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha respondido a la propuesta lanzada por la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Para Bosch, "la delegada se sitúa fuera de la Constitución". "Como ella misma debería saber, la única manera de recortar ese derecho es recortar la Constitución."

Según ha explicado a eldiario.es el portavoz de esta asociación de jueces, Cifuentes "pretende limitar la discrepancia". 

 "A la delegada le molestan las protestas ciudadanas", afirma Bosch. "El derecho a manifestación está muy vinculado a la libertad de expresión, que es fundamental en una democracia". Ante quienes comparan ese derecho con las urnas, el portavoz de Jueces para la Democracia argumenta que "hay que recordar que muchas de las medidas que provocan estas protestas no estaban en el programa electoral".

Para Bosch, Cristina Cifuentes "debería preocuparse más por evitar excesos policiales como los que hemos visto estos días, que esa sí es su labor", unas "actuaciones policiales desproporcionadas que han generado un problema mayor".

El portavoz de Jueces para la Democracia también ha criticado que la delegada "no haya sido aún capaz de dar una explicación sobre por qué los antidisturbios no iban debidamente identificados, como es su obligación".

 "Lo mínimo que se le puede pedir a una delegada del Gobierno es que haga cumplir la ley", dice Bosch.

Cifuentes pide "modular" el derecho de manifestación

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este martes que la Ley es "muy permisiva y amplía" con el derecho de reunión y manifestación y ha apostado por "modularla" para "racionalizar el uso del espacio público".

   En una entrevista en RNE, Cifuentes ha afirmado que Madrid es "una ciudad complicada porque las manifestaciones son permanentes y su cifra desmesurada". Así, ha detallado que en lo que llevamos de año se han producido casi 2.200.

   "El tema de las movilizaciones es una cuestión puntual que viene dada por el momento político y propiciado porque hay grupos que tratan de conseguir en la calle lo que no han conseguido en las urnas", ha esgrimido.

   Aunque ha asegurado que el derecho de manifestación es constitucional "y no se necesita autorización previa", apuesta por compatibilizarlo con el derecho que tienen el resto de la población "de poder estar en una ciudad que sea habitable". 

 "Significa poder circular con tranquilidad, que no haya incidentes, disturbios, que no haya problemas de orden público. Es muy objetivo y trato de conseguirlo", ha agregado.

   En este sentido, Cifuentes defiende un cambio legislativo, aunque no tiene claro cómo se realizaría. "Lo que quiero es abrir un debate porque cualquier modificación tiene que ser adoptada por un amplio consenso. El derecho manifestación lo recoge la Constitución es su artículo 21 y no creo que haya que cambiar la Constitución. Este derecho tiene que seguir siempre en todo caso un derecho constitucional. Estamos en una sociedad democrático y los derechos de los ciudadanos no se pueden recortar", ha avanzado.

   Sin embargo, considera que el derecho de reunión hay que "modularlo" porque la Ley Orgánica que lo recoge, de 1983, "tiene muchos años".

 "Habría que modificarla, no para recortar derechos, pero sí para racionalizar el uso del espacio público. No puede ser que en un mismo día en Madrid haya diez manifestaciones en la misma zona. Los comerciantes y vecinos del Centro de Madrid están desesperados con toda la razón", ha dicho.

   La delegada del Gobierno en Madrid ha apuntado que la reforma debería dar a la Administración "cierto margen para modificar las horas, cambiar determinados lugares para compatibilizar el derecho de manifestación, que no hay que restringirlo en absoluto, sino para garantizar el derecho de los ciudadanos a no estar en una ciudad que es ocasiones es inhabitable".

   "La ley es muy permisiva y amplía con el derecho de manifestación y cuando la Delegación ha intentado en diversas ocasiones no prohibir sino modular este derecho cambiando itinerarios o de día una manifestación porque creíamos que podía suponer un peligro de orden público, sistemáticamente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid siempre ha fallado en nuestra contra y nos ha condenado a costas", ha añadido.

   "Lo que dice la Ley es que sólo se puede prohibir o modificar una manifestación cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para bienes o personas, cosa que yo he apreciado que existían en algunas ocasiones y en todas ellas los tribunales nos han quitado la razón", ha proseguido.

   Cifuentes ha señalado que lo único que pueden hacer contra, por ejemplo, los cortes indiscriminados de tráfico que todos los viernes protagonizan "grupos de liberados sindicales que trabajan en los Ministerios que van cortando de manera indiscriminada las calles" es identificarles y sancionarles administrativamente.

   No obstante, ha indicado que la mayoría de las manifestaciones que ha habido en estos meses han sido pacíficas y la gran mayoría de sus participantes han ido pacíficamente a protestar. "Muchas de las actuaciones que hace la Policía Nacional son para proteger el derecho de la manifestación y no está para reprimir derechos", ha indicado.

   Por otro lado, la delegada ha señalado que los nueve meses en su cargo "han sido muy intensos" y le han parecido "nueve años".

 "He aprendido muchas cosas, la mayor parte buena, que tiene que ver con el excelente trabajo de la Policía Nacional y la Guardia Civil", ha agregado.

   Igualmente, ha apuntado que en este tiempo no ha tenido presión de ninguno de sus superiores y le han dejado trabajar "con total libertad".

 "Lógicamente, en algunos momentos he tenido que consultar determinadas cosas. Quien crea que tiene siempre la razón está equivocado. Cuando hago las cosas de una manera y mis colaboradores me dicen que es mejor de otra, pues se corrige y no hay ningún problema", ha precisado.

Los detenidos no tendrán abogados de oficio a partir de octubre

MADRID.-   La Asociación de Abogados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO) ha anunciado este lunes que no habrá a partir del próximo lunes abogados de oficio para asistir a los detenidos, por lo que deberán ser puestos en libertad por los jueces, ha informado esta asociación en un comunicado.

   El anuncio se produce ante el recorte del 55 por ciento de las retribuciones de los abogados de oficio impuesta por la Comunidad de Madrid desde 2.004, y ante su decisión de no abonar a los abogados el servicio ya prestado en los casos de denegación o archivo de la justicia gratuita.

   Por ello, ALTODO ya esta organizando la renuncia colectiva a todos los servicios de guardia que dependen de la Comunidad de Madrid durante los meses de octubre y noviembre de 2012.

   En consecuencia, la asociación ha adelantado que dejara de prestarse el servicio de guardia en materia penal, de menores, de violencia de genero y de extranjería.

   El 21 de septiembre a las 13 horas se presentarán en la sede del Colegio de Abogados de Madrid de forma conjunta y masiva, todos los escritos de renuncia, con la intención de paralizar por completo el servicio a partir del día 1 de octubre si la Comunidad no atiende nuestras justas reivindicaciones.

   Asimismo, ha advertido que esta medida se llevara a cabo con o sin el apoyo de los Ilustres Colegios de Abogados de Madrid y Alcalá de Henares.

El Turno de Oficio advierte de que no podrán garantizar la asistencia jurídica

MADRID.- El Colegio de Abogados de Madrid ha advertido este viernes a la Comunidad de Madrid de que los letrados del turno de oficio no podrán garantizar la asistencia inmediata a los más desfavorecidos y se verá afectada la tramitación de los procedimientos judiciales ante los recortes previstos por el Gobierno regional en la nueva Ley de Presupuestos, ha informado el ICAM en un comunicado.

   Este organismo ha asegurado que los recortes afectan "gravemente a la prestación de un servicio público que garantiza derechos fundamentales para los ciudadanos y cuyo coste debe afrontar en su totalidad la administración competente, en este caso la Comunidad de Madrid".

   "La reducción que se pretende aprobar, prevista en un 20%, será aplicable sobre unos baremos que no se actualizan desde el año 2003, lo que supondrá una pérdida del poder adquisitivo para los abogados de turno de oficio de entorno al 50%, a lo que se añade el retraso endémico en el pago por parte de la Comunidad de Madrid de las actuaciones ya realizadas y debidamente justificadas, cuestión que ha supuesto al Colegio un coste añadido de dos millones de euros", señala el colegio.

   Respecto a los colegios profesionales, el colegio indica que les supondrá "una merma considerable en las cantidades que destinan al eficaz funcionamiento del servicio y que le impedirá prestarlo con la misma calidad y eficiencia, afectando en última instancia al correcto funcionamiento de la administración de justicia, que en una gran parte precisa de las designaciones de profesionales de turno de oficio para garantizar el derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva".

   "Desde el año 2001 hasta 2011, el Colegio de Abogados ha aportado de sus propios recursos 2,5 millones de euros para completar la dotación, siempre insuficiente, que recibe de las instituciones públicas obligadas por ley a sufragar el coste de este servicio público", agrega.

   Así, ha señalado que solo de 2012, el déficit que soportará el Colegio por "la prestación del servicio ascenderá a 1,7 millones de euros, pero un nuevo recorte haría imposible garantizar la asistencia inmediata a los ciudadanos más desfavorecidos, lo que afectará a la tramitación de los procedimientos judiciales, y por consiguiente al correcto funcionamiento de la Justicia en la Comunidad".

   "Las propuesta debe ser reconsiderada para evitar que los ciudadanos con muy escasos recursos afectados por desahucios o despidos, las victimas de violencia de género o los imputados por delitos comunes que no pueden pagarse una defensa, todos ellos en situaciones de especial vulnerabilidad en el momento en el que nos encontramos y a quienes no se podrá garantizar, con la misma eficacia que hasta ahora, la presencia inmediata de un abogado, sufran situaciones de desigualdad en el acceso a la justicia", concluye.

FAPA, Palomeras Bajas y Plataforma de Vallecas llevarán a Figar y al PP a los tribunales

MADRID.- La Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Francisco Giner de los Ríos, la Asociación de Vecinos Palomeras Bajas y la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Vallecas han acordado adoptar "de manera inmediata" las medidas judiciales oportunas contra la consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar, y el PP de Madrid a raíz de la polémica de las camisetas verdes.

   Después de que la formación que lidera Esperanza Aguirre haya denunciado que estas asociaciones están haciendo "negocio" con las camisetas que se han convertido en el símbolo de la movilización en apoyo a la educación pública, las organizaciones han asegurado en un comunicado que van a seguir distribuyendo las prendas.

   Así, han indicado que continuarán "luchando en defensa de los servicios públicos y de los valores" que, están "seguros", la sociedad "debe tener". "No nos van a callar nunca", han afirmado, al tiempo que han dicho que revisarán todas las informaciones aparecidas en los medios de comunicación.

   El objetivo, han señalado, es ver si en algún caso se ha traspasado el derecho a la información o a la libertad de expresión, para denunciarlo, "pues las calumnias, las difamaciones y las injurias vertidas no pueden quedar impunes y no quedarán", han manifestado las asociaciones.

   Las tres organizaciones han apuntado que son "rotundamente falsas" las acusaciones realizadas sobre la existencia de actuaciones ilegales, y, además, han añadido que los que las han hecho "saben que son falsas", por lo que es "peor" la situación.

   En cuanto a sus obligaciones fiscales, han aclarado que las organizaciones sin ánimo de lucro pagan el IVA en todas sus compras "sin repercutir ninguno" en sus actuaciones, por lo que aseguran que la Agencia Tributaria "recibe ingresos en concepto de IVA por todos los gastos que realizan" con sus actividades.

   En este punto, han matizado que la venta de camisetas se incluye dentro de las actividades propias de recaudación de fondos para sufragar los gastos realizados para llevar a cabo sus fines estatutarios. "Sin ánimo de lucro significa que no hay reparto de beneficios entre personas y que los recursos económicos que se generan se reinvierten en las actividades propias de las entidades", han dicho.

   Para las organizaciones, existe una "absoluta falta de voluntad" para resolver el conflicto "por parte de quienes lo han generado", y, como, a su juicio, éstos "se ven incapaces de convencer a la ciudadanía con una sucesión de falsas argumentaciones que son perfectamente contestadas y rebatidas, levantan una cortina de humo atacando la difusión de camisetas, porque se han convertido en un símbolo de unidad".

Amnistía Internacional cree que el desalojo de esta mañana en la Cañada es "una violación de los derechos humanos"

MADRID.- Amnistía Internacional (AI) ha opinado este martes que el desalojo ocurrido a primera hora de la mañana en la Cañada Real Galiana de Madrid, donde el Ayuntamiento ha derribado una construcción ilegal, constituye "una violación de los derechos humanos" y ha exigido al Ejecutivo local que garantice "un alojamiento alternativo adecuado" a la familia que residía en dicha edificación.

   En concreto, los afectados son Abdelilah Ghailán, albañil de 33 años, y Fátima Zohra Alami Wahabi, de 27, marroquíes que, según AI, llevan siete años viviendo con sus dos hijos (de tres y seis años) en la Cañada.

    La familia ya había sido desalojada en 2007, aunque poco después levantaron de nuevo su vivienda. Aunque la orden judicial fijó en un primer momento el derribo para el 24 de junio, la presencia de miembros de movimientos sociales aplazó la medida, que se ha ejecutado este martes.

   Sin embargo, AI ha asegurado en un comunicado que el desalojo de esta familia se ha llevado a cabo "en contravención con los estándares internacionales, lo que supone una violación grave de sus derechos humanos".

   Según la organización, los desalojos deben ir precedidos de "consultas efectivas" y se debe facilitar a los afectados "en un plazo razonable" información al respecto, impidiendo también que "ninguna persona quede sin hogar".

   Además, las autoridades "también deben asegurarse de que nadie es vulnerable a otras violaciones de los derechos humanos como consecuencia de un desalojo" por lo que si los afectados no disponen de recursos "el Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias para que se proporcione otra vivienda, reasentamiento o acceso a tierras productivas, según proceda".

   Asimismo, "las administraciones deben proporcionar una indemnización justa y un alojamiento alternativo suficiente, o la restitución cuando sea factible, y lo deben hacer inmediatamente después del desalojo". También debe asegurarse que los miembros de la misma familia ampliada o comunidad no se separen a consecuencia de los desalojos.

   Sin embargo, en este caso la familia desalojada "no ha sido consultada previamente ni se le ha ofrecido un alojamiento alternativo adecuado". 

"Además, el hecho de que el desalojo se haya producido durante la noche también contraviene los estándares internacionales", ha declarado la directora adjunta de Amnistía Internacional España, Eva Suárez-Llanos.

   No obstante, el Consistorio madrileño ha asegurado que el Samur Social ha participado en el desalojo ofreciendo un alojamiento alternativo a la familia, y ha efectuado el derribo con la pertinente autorización judicial. Además, la vivienda ya había sido derruida y reconstruida hace cuatro años.

   En cualquier caso, con este derribo Amnistía Internacional teme que "cientos de familias residentes en la zona de la Cañada puedan correr la misma suerte" por lo que ha pedido al Ayuntamiento que "se le garantice de forma inmediata un alojamiento alternativo adecuado a la familia desalojada".

   Por otra parte, la ONG recuerda que este derribo se ha efectuado tras la aprobación, el pasado mes de marzo, de la Ley de la Cañada Real, que establece que "las administraciones competentes llevarán a cabo un acuerdo marco de contenido social para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino" de estos terrenos.

   "El problema que existe trasciende el enfoque de disciplina urbanística y debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos", ha insistido Suárez-Llanos.

   A este respecto, el Ejecutivo local ha citado el Auto de autorización de entrada en domicilio dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que indica que "la Administración ha hecho lo que debe" ya que "las alegaciones realizadas sobre la construcción no la hacen válida, como tampoco la publicación de la Ley 2/11 de la Cañada Real Galiana de Madrid".

   Amnistía Internacional puso en marcha el pasado mes de abril una recogida de firmas a través de la página web www.actuaconamnistia.org en la que se pedía al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, que detuviera el desalojo de Abdelilah y Fátima. Según la organización, más de 22.600 personas han firmado hasta ahora.

   Además, la organización también ha promovido de forma internacional el envío masivo de cartas al alcalde con el mismo fin.

España vulnera los derechos humanos a la vivienda

MADRID.- La sección española de Amnistía Internacional ha denunciado que nueve millones de personas están "indefensas" ante "una vulneración muy grave" de los derechos humanos que se da en España, donde el acceso a una vivienda digna y la salud no son considerados derechos fundamentales, sino que se encuentran en una "segunda categoría", al arbitrio de las leyes que, en este caso, no protegen a los ciudadanos. 

   Así lo ha explicado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, durante la presentación del último informe de la organización, titulado 'Derechos a la intemperie' y centrado en los "obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España". En el acto han participado además, el abogado de vecinos de la Cañada Real Galiana (Madrid), Javier Rubio y la asesora jurídica de la Confederación FEAFES, Irene Muñoz.

   Beltrán ha expuesto que estos nueve millones de ciudadanos que se calcula viven en España bajo el umbral de la pobreza "están indefensos ante la violación de derechos humanos", entre los que ha destacado el acceso a la salud y a la vivienda, en los que además, "se limita seriamente la posibilidad de que si estos derechos son vulnerados puedan ser reclamados ante la justicia y se pueda obtener reparación.

   En materia de vivienda, el informe denuncia los desalojos forzosos en la Cañada Real Galiana y el barrio barcelonés de Sant Martí, "llevados a cabo sin ningún tipo de garantías" y pese a estar "prohibidos por el derecho internacional", así como la situación en El Cabañal, de Valencia y la falta de albergues para personas sin hogar en Vigo, donde han fallecido 37 personas sin techo en los últimos años.

   Además, se refiere a la crisis económica y expone que más de 271.00 hipotecas se han ejecutado entre 2007 y 2010 por lo que son "cientos de miles" las personas que podrían perder su vivienda y "pese a ello, hasta ahora no se han dispuesto medidas legislativas para abordar este problema", conforme ha señalado Beltrán, para incidir en que en estos procesos se vulneran otros derechos, como el de acceso a la información pública o a la tutela judicial efectiva.

   "Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos", es decir, sin cumplir ninguna de las recomendaciones que el Relator de la ONU hizo a España sobre este asunto en el año 2008, según ha explicado el representante de Amnistía.

   El abogado de los vecinos de la Cañada Real Galiana, donde residen entre 25.000 y 40.000 familias, ha asegurado que es así como se están practicando los desalojos en la zona, ordenados por el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, ya que "ninguno de estos principios", entre los que también figura garantizar una vivienda alternativa a los desalojados, se está cumpliendo.

   El problema, expone, es que "no se pude apelar al derecho a la vivienda porque no está en la Constitución Española" recogido como tal y "no se considera a la misma altura ni pesa lo mismo que el resto de derechos", ya que se trata de "principios rectores" que deben desarrollarse normativamente y, por tanto, no pueden invocarse. "Ni siquiera el Tribunal Constitucional admite que derecho a vivienda y a la salud puedan ser objeto de amparo", ha añadido Beltrán.

   En cuanto a la salud, el informe recuerda que "cerca de 200.000 personas carece de cobertura sanitaria gratuita" y sólo tiene acceso a servicios de urgencia, bien porque no han trabajado nunca en la economía formal, bien porque ya no cobran ningún tipo de prestación o porque pertenecen a colegios profesionales no integrados en el régimen de autónomos. Además, en el ámbito específico de la salud mental, la organización asegura que los derechos de los ciudadanos "quedan a la intemperie".

   "Puede existir la percepción de que el derecho a la salud está suficientemente protegido en España, pero esto no es real y desde luego, no lo es para las personas con enfermedad mental", ha señalado Beltrán, para incidir en que la situación en que se encuentran "no es ninguna prioridad" como prueba que España se encuentre en los últimos puestos de la Europa en inversión en este área, con 6,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.

   Sobre este asunto, la representante de la Confederación FEAFES ha puesto el acento en los ingresos no voluntarios de personas con enfermedad mental, que ejecutan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para denunciar los casos de "conculcaciones flagrantes de derechos humanos" que sufren estos ciudadanos y señalar que "en lugar de invertir en prevención y tratamiento, se invierte en contención y castigo" porque la salud mental se ve como un problema de seguridad pública.

   En el informe, la organización exige que se ponga fin a estos desalojos forzosos en todo el territorio, que se impulsen cambios legislativos estatales y autonómicos que aseguren por ley el respeto de todos los derechos humanos, que se adopte una ley de acceso a la información, que se publiquen datos para verificar el cumplimiento del Estado de sus obligaciones con respecto a estos derechos y que se garantice el acceso y disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental para todas las personas.