Piden a la Comunidad que las embajadas de Marruecos y Rumanía participen en la solución para La Cañada y El Gallinero

MADRID.- La diputada socialista en la Asamblea de Madrid Matilde Fernández ha reclamado al consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, que se integre a las embajadas de Marruecos y Rumanía, la población mayoritaria en la Cañada Real Galiana y el poblado chabolista de El Gallinero, en el proceso para dar solución al problema de estas dos zonas.

   "Hay que involucrar a las embajadas de los países de los ciudadanos que hay ahí. En el Gallinero, la de Rumanía, y en el conjunto de la Cañada Real, la embajada de Marruecos, y hacerles formar parte de la solución", ha instado Fernández al consejero del ramo en la comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, donde ha dicho a Victoria que hay que "volver a leer la jurisprudencia de Europa" y evitar medidas como la ocurrida en Francia.

   Fernández también le ha pedido conocer cuántas personas perciben la Renta Mínima de Inserción (RMI) en la Cañada y en El Gallinero, a lo que Victoria le ha respondido diciendo que en la Cañada Real Galiana hay 401 familias que perciben la RMI. De ellas, 351 pertenecen al sector de Vicálvaro y Villa de Vallecas, y 50, a la parte de la vía pecuaria que pertenece a Rivas Vaciamadrid.

   Además, la parlamentaria socialista ha preguntado si los microcréditos no podrían ser una "solución" a medidas de autoempleo para los habitantes de la zona, y le ha instado a buscar fondos sociales europeos, así como a crear una ventanilla única para agilizar la actuación de todos los departamentos que allí trabajan.

   Además, le ha instado a convocar al Foro de la Inmigración en una sesión presidida por él mismo, y a este respecto, Victoria ha cogido el guante y ha afirmado que lo hará.

El Defensor del Pueblo estudia el déficit de plazas penitenciarias en régimen ordinario en la Comunidad

MADRID.- La institución del Defensor del Pueblo ha informado que mantiene abierta una investigación con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias relativa al déficit de plazas penitenciarias en régimen ordinario en la Comunidad de Madrid, pese a la apertura del Centro Penitenciario de Estremera, según se desprende del Informe Anual 2011 de la Institución. 

   A este respecto, según ha indicado la Administración que a fin de paliar este déficit, estaba prevista la creación de diversos centros destinados a albergar reclusos en régimen abierto, como son el Centro de Inserción Social de Navalcarnero y el de Madrid Sureste, por lo que la institución se ha mantenido atenta acerca de la evolución del citado plan de infraestructuras.

   Por último, en este epígrafe relativo a las infraestructuras penitenciarias, se ha mantenido una investigación sobre las "preocupantes" condiciones de acceso a los Centros Penitenciarios de Madrid I, Madrid II y CIS de Alcalá de Henares, "dado el peligro que supone el tránsito simultáneo por la misma carretera de los viandantes y los vehículos que acuden a los citados centros", ha señalado.

   La institución ha sugerido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que acometa o inste directa e inmediatamente a acometer al órgano competente de la Administración General del Estado la conservación del vial de acceso al Centro Penitenciario Madrid II y, en su caso, al Ministerio de Fomento y/o con el asesoramiento de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios, la mejora del acceso al centro penitenciario para el adecuado tránsito de personas y vehículos, con pavimentación y alumbrado apropiados.

   Todo ello, ha sido coordinación con la Comunidad de Madrid en el desarrollo del proyecto autonómico 'Duplicación de la carretera M-121, Tramo: A-2 Meco', en el enlace a distinto nivel de acceso al centro penitenciario, sugerencia que ha sido aceptada, según el Defensor del Pueblo.

Carlos Conde será proclamado nuevo rector de la Universidad Politécnica

MADRID.- El catedrático Carlos Conde será proclamado nuevo rector de la Universidad Politécnica de Madrid, en sustitución de Javier Uceda, este miércoles, 11 de abril, después de obtener en las elecciones el 51,7 por ciento del voto ponderado, frente al 48,3 por ciento alcanzado por el otro candidato, Guillermo Cisneros.

   Ambos candidatos accedieron a la segunda y definitiva votación, al no haber alcanzado la mayoría suficiente para ser proclamado rector en primera vuelta. Conde, vicerrector de  Ordenación Académica y Planificación Estratégica en el equipo saliente, consiguió el respaldo de los profesores doctores con vinculación permanente, con un 50,08 por ciento.

   Del resto del personal docente e investigador, obtuvo los votos de un 62,66 por ciento. También alcanzó un alto porcentaje del voto estudiantil, con un 54,67 por ciento, mientras que Guillermo Cisneros fue el candidato más votado por el personal de administración y servicios, con un 66,55 por ciento.

   'Unidos en la Diversidad' es el lema sobre el que Conde ha basado su campaña, para recordar que uno de los distintivos de la UPM es la diversidad de sus Centros. Incrementar la internacionalización y movilidad estudiantil, la promoción del PDI y el establecimiento de una carrera profesional para el PAS son algunas de las propuestas de este catedrático.

   Conde ha asegurado que trabajará en un modelo de gestión universitaria "más eficiente, para prestar en las mejores condiciones el servicio público de educación superior". "Estructurado en torno a ejes como las personas, la unidad, la diversidad, el compromiso social y los valores, entre otros, el objetivo a largo plazo es situar a la UPM entre las '100 mejores universidades del mundo'", señalaba el nuevo rector en su programa.

   Carlos Conde es doctor ingeniero de Minas por la UPM y Diplome d'Etudes Approfondies en Analyse Numérique por l'Université Pierre et Marie Curie (Paris VI). Catedrático de la ETSI Minas, fue profesor de las universidades Jaume I y Rey Juan Carlos y director del Departamento de Matemática Aplicada y Métodos Informáticos de la UPM.

   Aquí centró su investigación en el desarrollo de Métodos Numéricos y su aplicación a diferentes problemas tecnológicos. En el ámbito de la gestión universitaria, fue vicerrector de Investigación de la Universitat Jaume I y, desde 2004 es vicerrector de Ordenación Académica y Planificación Estratégica de la UPM.

El Defensor del Pueblo se queja de que no funcione aún el Instituto de Medicina Legal

MADRID.- La institución del Defensor del Pueblo se ha quejado, en su informe anual de 2011 presentado hace unos días de que sigue sin ponerse en funcionamiento el Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid, a pesar de la voluntad de la Dirección General de Justicia de ponerlo en marcha.

   Por ello, la institución planteó la posibilidad, a instancias del interesado, de que al margen de la creación del Instituto, se ofertaran a concurso las plazas de forenses.

   La Consejería respondió que, al tratarse de un cuerpo de carácter nacional, la competencia para realizar dicha convocatoria corresponde al Ministerio de Justicia, que procedió a convocar el concurso de traslados genérico de carácter anual, mediante Orden JUS/1359/2011, de 12 de abril, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 25 de mayo, y por tanto, ya no resultaba posible, al menos este año, ofertar plazas de médicos forenses a concurso de traslados.

   Sin embargo, según se desprende del informe, secretario de Estado del Ministerio de Justicia señaló que la Comunidad de Madrid había asumido las competencias en materia de medios personales al servicio de la Administración de Justicia y cada primer trimestre del año se solicita a las comunidades autónomas que indiquen si van a convocar plazas a concurso de traslados.

   Así se hizo en fecha 18 de febrero de 2011, y la Comunidad de Madrid, el 23 de marzo, contestó en el sentido de que no consideraba conveniente participar en el concurso de médicos forenses, "puesto que se hallaban inmersos en pleno proceso de puesta en funcionamiento del Instituto de Medicina Legal, por tanto, pendientes de hacer una nueva reestructuración interna, siendo posteriormente cuando, en su caso, convocarían concurso de traslados".

   Por ello, el secretario de Estado del Ministerio de Justicia reiteró que el órgano competente para efectuar la convocatoria de concurso de traslados era la Comunidad en su ámbito territorial y que decidió no hacerlo, sin que ese departamento ministerial tenga ya competencias en la  materia.

   Por ello, la Defensora del Pueblo ha concluido que "a la vista de la aparente disparidad de criterios", la queja sigue abierta y en estudio.

UGT critica que Madrid "esté en la cola de las CC.AA. en gasto social"

MADRID.- UGT Madrid ha criticado que la Comunidad de Madrid "se sitúe en la cola de las CC.AA. en gasto social, con una puntuación de 2,5 sobre 10", sólo por delante del País Valenciano y Canarias, y ha tildado de "discriminatoria" esta diferencia entre CC.AA., según ha informado este domingo el sindicato mediante un comunicado.  

   Además, ha asegurado que los recortes "perjudicarán a miles de madrileños necesitados de servicios sociales y ayudas a dependencia". A su juicio, la demanda de Servicios Sociales "ha aumentado en un 39 por ciento desde que empezó la recesión económica, superándose la cifra de ocho millones de demandantes y con una tendencia clara a ir aumentando en todo el país".

   La organización sindical ha indicado que "resulta del todo intolerable que los gobiernos, tanto estatal como los autonómicos, no dediquen más presupuesto para atender esta demanda creciente de sus ciudadanos que son, además, los más desfavorecidos de esta sociedad".

   UGT ha señalado que también en la Comunidad de Madrid, "donde ha habido en los últimos años un desarrollo deficitario de los servicios sociales", la demanda de servicios sociales por parte de los ciudadanos "ha ido en aumento" desde el inicio de la crisis económica.

   Para UGT, la diferencia entre comunidades autónomas "resulta socialmente intolerable ya que se discrimina a unos ciudadanos con respecto a otros en función de la Comunidad Autónoma a la que pertenecen". "Los madrileños se están viendo perjudicados en el acceso a los servicios sociales respecto a los ciudadanos de otras CC.AA.", ha añadido.

   Por todo ello, el sindicato ha reclamado que "no se siga recortando en políticas sociales cuando este país está cinco puntos por debajo del gasto que destina la Unión Europea a estos asuntos de gran importancia social".

   Además, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011, un 8,12 por ciento de los hogares madrileños tiene a todos los miembros en paro. Por su parte, UGT ha cifrado en 530.873 los parados con los datos de marzo.

   UGT Madrid también ha criticado que, con fecha de 30 de diciembre de 2012, el Ministerio de Sanidad "anunciara el primer recorte en el desarrollo de la Ley de Dependencia y congelara un año el calendario de implantación de la norma".

   Además, ha indicado que, aunque se comprometiera a prestar las ayudas a los casos más graves de personas con dependencia moderada, "150.000 de ellos ya tenían la ayuda reconocida pero no la recibían". "Igualmente, se aplazó la ayuda hasta 2014 para los dependientes moderados nivel 1", ha añadido.

    Ahora, con el recorte presupuestario anunciado en los Presupuestos Generales 2012, que ascienden a 283 millones de euros, "el Gobierno quiere frenar aun más el desarrollo de un sistema cuya puesta en marcha esta siendo sistemáticamente atacado y el derecho de miles de ciudadanos esta siendo vulnerado en nuestro país", ha lamentado.

   La organización sindical ha afirmado que se trata de 283 millones de euros que se distribuían a las autonomías con el objeto fundamental de financiar infraestructuras, servicios y sistemas de atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico y que dicho recorte "va a tener graves consecuencias como la no atención de nuevos casos de dependencia y la imposibilidad de atender a las personas dependientes que se encuentran con el derecho reconocido pero que no reciben prestaciones".

   "Si la Ley de Dependencia nunca fue considerada como una prioridad en la agenda política del Gobierno Regional desde su aprobación, en las actuales circunstancias económicas y con las políticas de ajuste y recorte del gasto, podemos decir que la situación de miles de ciudadanos madrileños que tienen reconocidos sus derechos en la ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid, va a pasar de estar de mal a peor", ha concluido UGT.

Los embalses no ganan agua pese a las lluvias

MADRID.- Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran este domingo al 64,5 por ciento de su capacidad y acumulan un total de 610,99  hectómetros cúbicos, pese a las últimas lluvias y nieves de este fin de semana, debido a las escasas precipitaciones registradas este invierno, según datos del Canal de Isabel II.

   Concretamente, hace dos semanas recogían un total de 611,2 hectómetros cúbicos, y estaban al 64,6 por ciento. Mientras, en la Semana Santa de 2011 estaban a más del 90 por ciento de su capacidad y más de 860 hectómetros cúbicos.

   A día de hoy, por embalses, los más llenos son el Atazar, con 271 hectómetros cúbicos y el 63,8 por ciento; Valmayor, con 92 hectómetros y el 74,2 por ciento de su capacidad; y Santillana, que almacena 64 hectómetros y está al 70,2 por ciento de su capacidad.

   Por el contrario, los embalses que almacenan menos cantidad de agua son el de Navalmedio, con 0,39 hectómetros cúbicos de agua y un 56 por ciento de su capacidad; Los Morales, que sólo cuenta con el 42,9 por ciento de su capacidad gracias a su 1 hectómetro cúbico; y La Jarosa, que tiene 3,6 hectómetros cúbicos y se encuentra al 50,7 por ciento.

El TSJM anula un artículo que permitía a la Policía denunciar a conductores sin pararles

MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el artículo 99 d) de la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de la capital que permitía a los agentes municipales notificar una denuncia a un conductor sin pararle cuando el denunciante se encontrara realizando labores de regulación de tráfico y acreciera de medios para proceder a la persecución del vehículo infractor.

   El Pleno del Consistorio modificó el 30 de noviembre de 2010 la ordenanza de Movilidad para la ciudad de Madrid, que entró en vigor a finales de ese año. Esta modificación fue recurrida ante la Justicia por la asociación Automovilistas Europeos Asociados. Ahora, la sentencia del 8 de marzo de 2012 estima parcialmente este recurso.

   Concretamente, según el fallo, anula el citado artículo porque dicha causa no está prevista en el artículo 76 de la Ley de Seguridad Vial y por tanto "carece de cobertura legal".

   Dicho artículo de la Ley de Seguridad Vial explicita que las denuncias se notificarán en el acto al denunciado pero que no obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar un riesgo para la circulación. En este caso, el agente deberá indicar los motivos concretos que la impiden.

   O también cuando la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor no esté presente o que la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo.

   Asimismo, el juez también anula la modificación número 43 y 45 (apartados 13 y 22 del artículo 89 de la ordenanza), que ampliaban los supuestos de inmovilización de vehículos establecidos en el artículo 84 de la Ley de Seguridad Vial, pues incluye el supuesto de que "se incumplan las normas de estacionamiento y la obligación del registro de la transferencia del titular del vehículo".

   El magistrado de la Sección Segunda de la Sala Contencioso Administrativa entiende que estas modificaciones no tienen cobertura legal y amplían los supuestos de inmovilización del vehículo "que al ser restrictiva de derechos, necesitan la cobertura de norma con rango de Ley".

   Asimismo, la modificación número 52 de la ordenanza municipal amplía los supuestos de retirada y depósito del vehículo establecido en el artículo 85 de la Ley de Seguridad Vial, pues introduce uno nuevo que es "cuando se realice actividad de ofrecimiento en venta del propio vehículo o cualquier negocio jurídico no autorizado en vehículos estacionados en la vía pública". Por tanto, el juez anula el apartado 14 del artículo 91 de la ordenanza por no carecer de cobertura legal.

   El magistrado considera que, en ningún caso, las normas procedentes de la autonomía legislativa local pueden invadir competencias atribuidas al Estado a las comunidades, ni contradecir, modificar, ampliar o innovar las leyes existentes.

   Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo en un plazo de diez días.

   AEA ha mostrado su satisfacción por esta decisión judicial, "por cuanto pone coto a una intolerable situación de indefensión a la que el Ayuntamiento de Madrid venía sometiendo a cientos de miles de conductores, a los que se les privaba de su derecho a conocer en el momento de producirse los hechos por los que se le denunciaban y así poder recabar 'in situ' las necesarias pruebas que demostraran su inocencia".

   Según la asociación de conductores, tal y como estaba redactada la ordenanza de Movilidad el Ayuntamiento podía notificar las denuncias varios meses después de haberse producido los hechos "y ello suponía dejar a los ciudadanos en una evidente situación indefensión ya que en la mayoría de los casos ni siquiera podían precisar si habían incluso circulado por el lugar donde se decía habían cometido una infracción".

   "Durante el año y medio que ha transcurrido desde la aprobación de este precepto el Ayuntamiento de Madrid ha estado amparando una situación de ilegalidad utilizando argumentos tales como la realización de servicios preferentes de regulación del tráfico o no entorpecer la fluidez del tráfico para no tener que parar en el acto a los conductores, si bien esta circunstancia se hacía constar de forma rutinaria en los boletines de denuncia  que se remitían remitidos al domicilio de los denunciados después de varios meses de ocurrir los hechos supuestamente infractores", ha señalado Automovilistas Europeos Asociacidos.

   Por eso, su presidente, Mario Arnaldo, ha anunciado que pedirá a la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, la revisión y cancelación de todos los expedientes en tramitación en los que las denuncias no se hayan notificado en el acto al infractor sin causa justificada.

   Según estimaciones de AEA esta circunstancia se ha producido en aproximadamente el 80 por ciento de las denuncias formuladas por la Policía Municipal y los agentes de movilidad, "pudiendo afectar desde la entrada en vigor de la Ordenanza de Movilidad el 17 de diciembre de 2010 a más de 600.000 expedientes sancionadores".

   Respecto del resto de los motivos impugnados de la Ordenanza de Movilidad que no han sido aceptados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ausencia de informe económico en la ampliación de las zonas afectadas por la regulación del aparcamiento, así como la redacción dada a determinados artículos) los servicios jurídicos de la asociación están valorando la conveniencia de interponer recurso de casación ante el Tribunal, para lo cual disponen de un plazo de 10 días.

Metro venderá flores frescas en las estaciones

MADRID.- Metro de Madrid ha abierto un concurso hasta el próximo 25 de abril para la comercialización de flores frescas mediante máquinas automáticas de vending en un mínimo de cinco puntos de la red y dirigido a los clientes del suburbano durante todo el horario del mismo.

   Fuentes de la compañía han explicado que la adjudicación también incluye futuras prolongaciones de la red actual que durante la vigencia del contrato se pudieran poner en marcha. Este servicio se prestará en el recinto interior del Metro, que comprende distribuidores, andenes y vestíbulos.

   Todos aquellos que quieran presentar sus propuestas deben tener en cuenta el canon mínimo que será de 3.000 euros anuales por máquina instalada, facturando mensualmente a razón de 250 euros por máquina. Por otro lado, está el canon variable, que será la cantidad total de euros sobre ventas brutas mensuales por máquina.

   La duración del contrato será de un año a partir de la firma del mismo. Finalizado dicho periodo, el contrato podrá ser prorrogado por un año, previo acuerdo alcanzado entre las partes con un período mínimo de antelación de tres meses a la finalización del contrato o de cada una de sus prórrogas.

   El adjudicatario deberá comercializar ramos de flores frescas, unos productos que tendrán que ser "de la mayor calidad posible", según se desprende de los pliegos. Además, el número de máquinas de vending que se deberán instalar será como mínimo de cinco, un número que se podrá incrementar "en función de la evolución del negocio" y con previa comunicación y aprobación de Metro". El plazo de instalación de las mismas será como máximo de 2 meses.

   Según las condiciones del concurso, el punto de venta tiene que aportar una "imagen actual, comercial e innovadora al conjunto de la estación". Así, la empresa ofertante deberá proponer a Metro las características que sus equipos dispongan en esta línea así como el material gráfico que permita a Metro visualizar las características que se plantean en este ámbito.

   Tanto el diseño como la fabricación e instalación de los muebles será a cargo del adjudicatario. "Se valorará de forma positiva la instalación de lámparas de bajo consumo, así como el uso de máquinas que reduzcan considerablemente el consumo de suministro eléctrico", destacan desde el suburbano.

   Estos puntos dispondrán, además, de un servicio de atención al cliente que "de una forma fácil y accesible", pueda responder "con eficiencia" a los posibles problemas, sugerencias o necesidades que el uso del mismo pueda generar.

   En esta línea de características técnicas, con el objeto de ofrecer un servicio de la mejor calidad posible, el funcionamiento de las máquinas tendrá que ser "sencillo, claro, práctico y rápido" y se valorará de forma positiva la disponibilidad de nuevas tecnologías como el pago mediante móvil, tarjeta bancaria, telemetría con control a través de GPRS, o dispositivo de monedero electrónico.

   Respecto al ámbito de la seguridad las máquinas deberán disponer de un conjunto de prestaciones que la hagan blindada, tanto con respecto a la resistencia de los materiales por agresiones como de sistemas antirrobo. Asimismo, las máquinas tendrán que disponer de medidas que hagan posible la rápida limpieza de posibles pintadas.

   Los emplazamientos propuestos por el adjudicatario deberán estar previamente acordados y aprobados por Metro. La forma de implementar las máquinas de vending influirá también decisivamente en el rendimiento de las mismas. En esta línea, Metro está desarrollando en algunos vestíbulos y andenes de estaciones de la red de Metro áreas concebidas para implementar con éxito y con tratamiento comercial este tipo de ofertas.

Ecuador restringe la compra de cartera hipotecaria en España por bancos locales

QUITO.- Ecuador restringió la compra de cartera hipotecaria en España para evitar que los bancos locales cobren las deudas de inmigrantes ecuatorianos sobre bienes de éstos en su país, dijo el presidente Rafael Correa en una declaración.

El mandatario también anunció que mañana lunes presentará un proyecto al Congreso para que los créditos hipotecarios impagados en Ecuador se salden con la entrega del inmueble y evitar una crisis como la de España, donde miles de personas han perdido sus casas y siguen endeudados con los bancos.

Los límites a la compra de cartera morosa fueron adoptados por la Junta Bancaria, el ente que fija la política para el sector financiero, a petición del gobierno, señaló Correa en su informe semanal de labores, pregrabado y difundido posteriormente.

La resolución indica que los bancos que deseen adquirir esas obligaciones "deberán constituir provisiones por la cartera hipotecaria y de consumo adquirida en el exterior por el equivalente al 100% del saldo insoluto, cuando se registre una mora igual o superior a 30 días".

Este requisito incluye, además, a "las matrices de las instituciones financieras situadas en Ecuador respecto de la cartera adquirida por subsidiarias, sucursales, afiliadas u oficinas que operen en el exterior".

"De esa manera, les va a resultar el peor negocio del mundo porque estarán destinando el doble" de lo previsto, afirmó el gobernante, quien estimó que la medida "desincentiva y "prácticamente prohíbe" la compra de cartera foránea.

Los inmigrantes ecuatorianos han expresado el temor de que las deudas hipotecarias adquiridas en España les puedan ser cobradas sobre bienes que posean en su país, después de que la filial española del mayor banco privado de Ecuador, Pichincha, comenzase a comprar sus préstamos vencidos.

"Eso no lo vamos a permitir", reiteró Correa, quien durante su informe firmó el proyecto para derogar normas que permiten a los bancos nacionales revisar a la baja los precios de las casas, cuando hay créditos impagados, con lo cual los prestamistas pierden el inmueble y siguen endeudados.

El mandatario socialista explicó que la iniciativa, que tendrá carácter "urgente", con lo que la Asamblea dispondrá de un mes para aprobarla, se aplicará sobre créditos contraídos para "adquirir una única vivienda familiar", por un máximo de 150.000 dólares, y elimina la "fianza o garantía solidaria".

Según la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos en España (CONADEE), unos 15.000 ecuatorianos están afectados por el problema de las hipotecas en el país europeo.

Gallardón "tiene la suerte" de que no se pueda aplicar retroactivamente sus sanciones a la mala gestión

MADRID.- La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, opina que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tiene "suerte" de que las sanciones penales a los malos gestores públicos previstas en el anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno no se puedan aplicar de forma retroactiva en su caso por sus años al frente del Ayuntamiento de Madrid.

   "Tiene la suerte de que no se le va a aplicar a él con retroactividad. Esa es la suerte que tiene; si no, él sería víctima de eso", ha manifestado Valenciano, tras lo cual ha añadido que le parece una ironía que sea Ruiz-Gallardón el que fije las sanciones cuando la deuda del Consistorio madrileño en 2011 se eleva a 6.348 millones de euros.

   A la pregunta de si echa en falta que el anteproyecto de ley incluya a la Casa Real, la dirigente socialista ha explicado que el texto afecta a las administraciones públicas y que "la Casa Real desde luego no lo es".

   Tras afirmar que le parece "bien" esta decisión del Gobierno, Valenciano ha destacado sin embargo que "en los últimos años" se han producido avances "en el grado de transparencia" de las cuentas de la Casa del Rey, un "camino" que considera que "no hay que abandonar".

   Sobre la revisión constitucional de la Corona que pidió el PSPV en su congreso regional, le ha restado importancia diciendo que las resoluciones de estos cónclaves "muchas veces buscan un horizonte muy lejano", pero ha remarcado que, en cualquier caso, el PSOE está "con la Constitución y con la Corona sin duda ninguna".

   Valenciano tampoco cree que el anteproyecto de ley de Transparencia deba incluir alguna regularización sobre el nepotismo, ya que opina que "no existen" medidas para evitarlo, sino que su aplicación o no está "en el comportamiento de los responsables públicos".

 "Una ley contra el nepotismo no la conozco en ningún sitio. Tiene que estar dentro de la cultura y del ejercicio de la actividad pública ser una persona decente", ha explicado.

   Por ello, la vicesecretaria general del PSOE se ha mostrado en contra de que deba hacerse pública la actividad profesional de los cónyuges de las personas que trabajan en la Administración porque "otra cosa es el enchufismo, el aprovechamiento de la posición que uno ocupa".

   A su juicio, "la transparencia no puede afectar a las personas que no están vinculadas al ejercicio de la función pública". 

"Las personas que son responsables de administrar lo público tienen que ser especialmente cuidadosas con esto y todos debemos estar vigilantes de que no haya abusos de poder, pero de ahí a que los miembros de la familia de alguien que ocupa un cargo público deban estar sometidos a la vigilancia común de la sociedad, pues no", ha afirmado.

Los límites de la democracia occidental / Teresa de Vicente *

Una situación de incertidumbre frente a los cambios que experimenta el planeta y la Humanidad despierta la tarea crítica de comprender qué está pasando e impulsa la actitud creadora de construir soluciones para poder gestionar con éxito los nuevos contenidos materiales que experimenta la realidad. Realidades como la vulnerabilidad del sistema ecológico que incluye a la Humanidad, y el aumento de la conflictividad social que deriva de la desigual distribución social de la riqueza, ponen de manifiesto la necesidad de un avance en los presupuestos que permitan la realización de la justicia social y ecológica en nuestras sociedades, y al mismo tiempo, muestran los límites y los obstáculos que encuentran tales avances en el actual proyecto democrático occidental.

Uno de los límites que plantea la democracia occidental es que legitima un modelo capitalista de economía de mercado, donde el mercado financiero actúa como guía de la economía real, y este modelo tiene graves deficiencias de funcionamiento ya que genera entre sus ´externalidades´ acumulación de riqueza, degradación social, y destrucción medioambiental. Además, los problemas sociales y ecológicos más graves que padecen nuestras sociedades ya han superado el espacio nacional sobre el que se construyó el proyecto democrático ilustrado del Estado moderno, para situarse ahora en la esfera global de las mayorías pobres y explotada frente a la minoría rica y explotadora, y en la defensa de la naturaleza frente a la técnica y la especulación, de tal modo que en la actualidad las nuevas tecnologías permiten a los mercados especular con productos financieros que se basan en recursos naturales básicos para la vida, como los alimentos, el agua, la vivienda, o las emisiones de CO2, y los Estados democráticos resultan incapaces de defender los intereses de la vida en el planeta y de las mayorías presentes y futuras.

La relación íntima entre la construcción jurídico-política de la democracia occidental y el sistema capitalista, permite comprender las contradicciones y dificultades para la efectividad de los derechos de origen social que se reivindican desde la segunda mitad del XX. Estos derechos sociales, en cuya realización se basa hoy el desarrollo de los derechos ecológicos, están siendo vulnerados en la actualidad mediante leyes que en vez de otorgarles la protección jurídica y la garantía política que les corresponde como derechos humanos básicos, los recortar y someten a las prioridades económicas de un mercado desregularizado.

En España, la reciente experiencia de la reforma constitucional que limita el gasto publico garantizador de los derechos sociales y prioriza el pago de la deuda externa, precedida de la firma del Pacto del Euro, y seguida de la reforma laboral recién aprobada, es un claro ejemplo del sometimiento de la participación ciudadana y de los derechos adquiridos democráticamente a las exigencias de la economía del capital consagrada en el Tratado de la Unión Europea.

De un lado, la ineficiencia económica de las políticas de austeridad que está llevando a cabo el Gobierno español por imposición europea, el grave coste social que provoca y los grandes beneficiarios del actual modelo económico, son analizadas y expuestas por economistas y académicos de diferentes universidades españolas que enfrentan como falsos los argumentos que los políticos y economistas neoliberales dan para justificar sus propuestas, como afirman estos autores: «La realidad muestra sin ningún tipo de dudas que cuando se han aplicado las medidas que ahora nos están proponiendo siempre ha bajado la calidad de vida, del trabajo y la cantidad de empleo existente y que sólo han mejorado los beneficios de los banqueros y de las grandes empresas» (Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa, Hay Alterntivas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España, 2011).

De otro lado, ante el fracaso del constitucionalismo social en nuestro país surgen propuestas y respuestas académicas para lograr el avance en el proceso de emancipación social, frente a la solución única del desmontaje del Estado social que ofrece el poder político. Desde el Derecho Constitucional se ofrecen vías que legitiman un proceso revolucionario capaz de construir un modelo democrático social más avanzado, proponiendo cauces jurídicos por los que podría discurrir ese cambio político, como los que señalan algunas voces del constitucionalismo actual en un libro reciente: «Este libro quiere realizar su aporte, modesto pero al mismo tiempo contundente, en la construcción de esa solución de progreso: la revolución democrática» (Marco Aparicio Wilhelmi y otros, Por una Asamblea Constituyente. Una solución democrática a las crisis, 2012)

Las dificultades lógico-dogmáticas o técnico-jurídicas que se plantean para reconocer los derechos sociales y ecológicos de la ciudadanía como derechos fundamentales tienen su raíz en la propia dificultad del significado y contenido de tales valores cuando se proyectan sobre el actual discurso jurídico democrático sometido a la racionalidad del método económico. Y de ahí nace la legitimidad de una revolución democrática, de la necesidad de rescatar la democracia y el avance de los derechos de los ciudadanos a los dictados de la economía, y de construir una economía justa y democrática que garantice a los ciudadanos un mayor control sobre los recursos naturales y las decisiones que afectan a sus vidas, anteponiendo el leguaje de los derechos y las necesidades al lenguaje del beneficio y de los precios, aún a riesgo de limitar el desarrollo económico y tecnológico.

(*) Abogada, profesora titular de Derecho en la Universidad de Murcia

Cien días de gobierno de Ana Botella y 66 actuaciones

MADRID.- El plan de ajuste 2012-2022, la entrega a la Comunidad de Madrid del censo de la Cañada Real, la extensión del voluntariado o el Plan de Calidad del Aire han marcado los primeros días de gobierno de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, un periodo de tiempo en el que ya se han puesto en marcha hasta 66 actuaciones.

   El primer bloque es el del ahorro, la austeridad y la eficiencia, donde se engloba la aprobación del plan de ajuste, requisito exigido por el Gobierno de España dentro del instrumento que permitirá al Ayuntamiento ponerse al día este mismo año en el pago a proveedores.

   Además de un ahorro de más de 550 millones de euros en sus dos primeros años de ejecución, el plan permitirá reducir notablemente la deuda financiera pendiente, que en 2012 alcanza los 6.641 millones hasta los 4.451 en 2015 para, simultáneamente, disminuir el porcentaje que representa la deuda sobre los ingresos corrientes desde un 170 por ciento en 2012 a un 108 en 2015, según datos aportados por el Ayuntamiento de Madrid. Se trata, como recuerdan las mismas fuentes, de un límite por debajo del permitido por la Ley de Haciendas Locales, que es del 110 por ciento.

   A destacar también la aprobación de la nueva estructura del Gobierno Municipal, cuya reducción ha permitido un ahorro adicional de 1,04 millones de euros, que se suman a los más de 9 millones de euros que supuso la reestructuración de junio de 2011. En total, las dos reestructuraciones suponen un ahorro de más de 10 millones.

   Otra de las medidas es la reubicación de personal, de modo que las arcas municipales ahorrarán en alquileres no necesarios (más de 17,6 millones) mientras que se prevé que 373 empleados municipales más que hace cien días trabajen en el Palacio de Cibeles, procedentes de otros inmuebles.

   La puesta en marcha de nuevos modelos de contratación, con el pago por la prestación de servicios en función de los resultados y la calidad, es otra de las acciones en marcha, igual que la renegociación para que se reduzca a la mitad la cantidad destinada por el Ayuntamiento al patrocinio del Open de Tenis en la Caja Mágica y la fusión del Patronato de Turismo y Promoción Madrid dando lugar a Madrid Visitors & Convention Bureau.

   Esta integración, como destaca el Gobierno municipal, ha permitido ahorrar más de 3 millones de euros mientras que se mantienen todos los puestos de trabajo. Otras medidas económicas han sido la aprobación de la liquidación del presupuesto de 2011 o la luz verde al sistema personalizado de pagos del IBI, mensual, bimensual, trimestral o semestral, con una bonificación del 5 por ciento.

   También ligado al IBI está la aprobación de ayudas para que unas 35.000 familias con escasos recursos puedan afrontar el pago con una subvención de hasta 60 euros. Los 2,1 millones presupuestados se incluyen en el capítulo de medidas sociales. En el mismo saco se engloban los 1,8 millones de las ayudas que reciben familias con problemas económicos, a quienes se les rebajará el alquiler de las viviendas protegidas municipales.

   Sin duda, una de las iniciativas más destacadas en lo social durante los primeros cien días de mandato de Botella ha sido la elaboración y entrega a la Comunidad de Madrid del censo de la Cañada Real.

   Según el documento, viven en ese tramo de la Cañada Real 5.666 personas y existen 1.004 parcelas, 2.175 edificaciones, 1.707 viviendas y 118 locales y negocios. Una vez elaborado se puede empezar a trabajar en la definición del acuerdo marco de contenido social a adoptar por todas las administraciones que exige la Ley de la Cañada Real Galiana.

   Mención aparte merece igualmente la Campaña del Frío, con un incremento de la capacidad de acogida de la red estable (1.367 plazas) de atención a personas sin hogar en otras 479 plazas. Se distribuyen en el nuevo Dispositivo de Acogida de Pinar de San José y que ha sustituido al antiguo de la Casa de Campo.

   A destacar también en el capítulo social la inauguración del centro de mayores Manuel Alexandre de Ciudad Lineal, el del Barrio del Aeropuerto o el de Navacerrada, en Puente de Vallecas, así como la prórroga del contrato del Samur Social, la puesta en marcha del Centro de Atención Integral a Mujeres en la antigua Casa de Baños de Tetuán o la cesión a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de una nueva sede en Moratalaz por un tiempo de diez años.

   Estos primeros meses de Botella al frente del Ayuntamiento de Madrid también han sido los de la incorporación de 120 nuevos voluntarios mayores de 65 años, de modo que el Cuerpo de Voluntarios del Ayuntamiento supera ya los 7.200, sin olvidar que su actividad se extenderá a las bibliotecas municipales.

   En las medidas para mantener los servicios públicos y mejorar las infraestructuras se incluye la luz verde para la simultaneidad en las obras del Cañaveral, que permite compaginar los trabajos de urbanización y edificación, la nueva fase en las obras del intercambiador de avenida de América, el aparcamiento inteligente de la avenida de Portugal, la remodelación de la calle Santa Isabel o el carril bici de la calle Mequinenza.

   Asimismo, se han habilitado nuevos trámites on-line, de modo que el registro electrónico se amplía con una docena de nuevos impresos que permitirán a los ciudadanos iniciar su tramitación desde la sede electrónica del Ayuntamiento, evitando así desplazarse hasta las oficinas municipales.

   En cuanto a las medidas para impulsar la actividad económica y el empleo, durante estos primeros cien días se ha celebrado la segunda sesión de las siete mesas temáticas constituidas para revisar el Plan General de Ordenación Urbana y el reconocimiento desde el 17 de enero de la Agencia para el Empleo como Agencia de Colocación. 33. En los meses de enero y febrero se han atendido a 7.809 personas y 1.188 se han enviado a ofertas de empleo.

   Destaca asimismo la aprobación del Plan Estratégico de Madrid Emprende 2012-2015, el incremento de los beneficios fiscales en el IAE para las nuevas microempresas, la subvención del 50 por ciento de las cuotas a la Seguridad Social durante los primeros 18 meses de actividad para  los autónomos menores de 30 años que se hayan dado de alta en este régimen a partir del 1 enero, la remodelación del Mercado de Alto de Extremadura o la rehabilitación de San Isidro.

   Durante estos primeros cien días se ha aprobado la implantación de mediano comercio en suelos industriales y la implicación del Ayuntamiento en la gestión del aeropuerto de Barajas. También se ha dado luz verde a la futura implantación de una tienda Apple en el edificio de Tío Pepe en Sol y a un nuevo hotel junto al eje Prado-Recoletos.

   La presentación del cuestionario olímpico Madrid 2020 ante el COI es una de las iniciativas de fomento del turismo, la cultura y el deporte, al igual que la reorientación de la estrategia de la gestión cultural de la ciudad, con Natalio Grueso como director de programación de Artes Escénicas.

   Por último, en las medidas de sostenibilidad ambiental destaca la aprobación inicial del Plan de Calidad del Aire. Ahora mismo se están analizando las alegaciones recibidas para ser incorporadas al texto las aceptadas. Este plan incluye iniciativas ya en marcha como que el cien por cien de las líneas de la EMT que prestan su servicio en la Zona de Bajas Emisiones estén compuestas por autobuses limpios, lo que se consigue con la instalación de filtros, la redacción del proyecto de ejecución del Eje Ciclista Mayor-Alcalá o la edición de 25.000 ejemplares de la Guía de la Bici.

   Por otro lado, Valdemingómez será la primera planta en España que introduzca en la red gasista biogás procedente del tratamiento y gestión de los residuos. Una de las últimas medidas aprobadas ha sido la declaración del Centro como Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE).

PSOE, IU y UPyD ven que Madrid "va a la deriva" y la gestión de Botella pivota sobre "recortes"

MADRID.- La oposición en el Ayuntamiento ha calificado los primeros cien días de Ana Botella como alcaldesa revelan que Madrid es "un barco a la deriva" y que su gestión se define por "los recortes" y por haber hecho "peores y más caros" los servicios públicos a los ciudadanos.

   El portavoz municipal del PSOE, Jaime Lissavetzky, ha remarcado que en el debate de investidura exigió a Botella que ejerciera un "liderazgo valiente" y que, pasados los cien días, constata que "no ha habido valentía ni liderazgo".

   "Creo que el Ayuntamiento es un barco que va a la deriva. No tiene hoja de ruta marcada y lo único que ha habido es estos cien días han sido recortes, tijeretazos y planes de ajuste", ha reprochado Lissavetzky para censurar la "falta absoluta de ideas" del equipo de Gobierno municipal para generar soluciones a la crisis.

   Además, ha tildado la situación de la coorporación de "parálisis" por la mala gestión de la alcaldesa como el coste de la reforma del Palacio de Cibeles, que equivale a 70.000 euros el metro cuadrado de Madrid, para crear una "gran oficina".

   "Gestionan mal, han generado una total parálisis administrativa, no reequilibran territorialmente Madrid y recortan gastos sociales", ha apostillado el portavoz del PSOE para añadir que Botella es "corresponsables" de las políticas que ha desplegado el PP en los últimos años y que han llevado a la ciudad a una situación de "colapso".

   Por su parte, el portavoz de IU en el Consistorio matritense, Ángel Pérez, ha indicado que la actuación del nuevo equipo de Gobierno municipal es la de "un perfil menos político y más de gestión de los recortes derivados de las medidas del Gobierno Central y de los problemas financieros propios del Ayuntamiento".

   "Muchos de los que se presentan como recortes sólo son excesos anteriores que ahora, tras haberse denunciado de manera insistente y sin éxito desde la oposición, sí se corrigen como es el caso del despilfarro en alquileres de edificios", ha apuntado.

   En síntesis, Pérez ha afirmado que la alcaldesa "se hace plenamente corresponsable del 'simpa' de Gallardón". Así, ha hecho especial hincapié en el modelo económico que defiende el PP y que, a su juicio, se plasma en proyectos como el de Eurovegas. "Denota el carácter de un gobierno que fía más el empleo a las promesas de un magnate americano que a la economía productiva", ha añadido.

   Entre los aspectos positivos le portavoz de IU ha destacado "el carácter más accesible de la alcaldesa y, por supuesto, que por fin ha llovido y eso quizás haya sido lo mejor de la gestión en estos meses pues ha venido a aliviar uno de los grandes problemas que padecen los madrileños", en referencia a la contaminación atmosférica.

   Por su parte, el portavoz municipal de UPyD, David Ortega, ha remarcado que los cien días de Botella como alcaldesa están marcados por la "mala situación económica y financiera" de la ciudad, para remarcar que ella y su equipo de Gobierno son "corresponsables" de las "estrecheces económicas que ahora pagan todos los madrileños".

   Durante este periodo, según Ortega, los ciudadanos padecen servicios públicos "peores" y "más caros", que se une al incremento de impuestos. Por tanto, el portavoz de UPyD ha reclamado "austeridad selectiva" que mantengan la calidad de las prestaciones sociales.

   Nos encontramos, por tanto, ante una alcaldesa con un margen estrecho de actuación y que no parece muy dispuesta a escuchar las críticas constructivas que le hacemos desde UPyD", ha remachado Ortega.

Villanueva defiende las medidas de austeridad de Botella, que permitirán reducir la deuda a 4.451 millones en 2015

MADRID.- El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha defendido este sábado los primeros cien días de gobierno de Ana Botella, quien ha liderado una serie de medidas de "austeridad y eficiencia" con el objetivo de que en dos años se logre un nuevo ahorro en el presupuesto superior a 550 millones de euros, además de reducir la cuantía de la deuda hasta los 4.451 millones en 2015.

   Tras conocer las críticas de la oposición después de cumplirse los primeros cien días de mandato de Botella, el vicealcalde ha destacado que estos meses han supuesto "un refuerzo de las medidas de austeridad y eficiencia que el Ayuntamiento de Madrid había ya iniciado en 2008" y que hasta hoy han permitido reducir ya en más de 1.000 millones de euros el presupuesto anual "sin dejar de atender los servicios públicos esenciales".

   "Con la reestructuración del Gobierno de la Ciudad y la reagrupación de personal municipal en Cibeles para liberar espacios en alquiler, la fusión de entes municipales --como el Patronato de Turismo y Promoción Madrid-- y la aprobación del Plan de Ajuste 2012-2022, el actual equipo de Gobierno ha demostrado en estos cien primeros días su firme compromiso con el objetivo de equilibrio presupuestario de las cuentas públicas", ha remarcado el edil.

   Tampoco se ha olvidado del compromiso "con los más vulnerables" en esta época de crisis. Por eso, además de mantener la red de más de 300 centros que prestan los servicios sociales de la ciudad, en estos cien primeros días se han adoptado medidas como las ayudas a 4.472 familias para el pago del alquiler de vivienda o las de hasta 60 euros para poder hacer frente al pago del IBI.

   También ha destacado las medidas orientadas al impulso de la actividad económica así como las destinadas a la mejora de las condiciones medioambientales y de calidad de vida. En este punto, Villanueva ha hecho hincapié en Madrid 2020 y en la presentación de Madrid como una ciudad "especialmente atractiva" para los inversores.

   Ello se ha visto reforzado por medidas de apoyo a los emprendedores y pymes, como la bonificación del 50 por ciento de las cuotas de la Seguridad Social para los autónomos menores de 30 años o la bonificiación del 50 por ciento del IAE para nuevas pymes, así como por las reformas en la normativa que buscan agilizar la obtención de las licencias que se requieren para poder abrir un negocio.

   "Pero sabemos que no seremos competitivos si no somos también medioambientalmente sostenibles", ha añadido Villanueva. Por ello, mientras se lleva a cabo la aprobación definitiva del Plan de Calidad del Aire, en estos cien días se han puesto ya en marcha varias de las 70 medidas que en él se contemplan, como la instalación de filtros en 485 autobuses de la EMT o la redacción del proyecto del Eje Ciclista Mayor-Alcalá.

   "En definitiva, cien días con más de 60 actuaciones concretas que buscan que la ciudad de Madrid no sólo mantenga mejores índices de paro y afiliación a la seguridad social que el resto de España, sino que se sitúe como la locomotora que lidere la salida de la crisis", ha concluido el vicealcalde.