ZARAGOZA.- El presidente de la Asociación de Clientes
Financieros (ACF), José Ignacio Martín, ha denunciado ante el Banco de
España la actuación de los gestores de Bankia, entidad bancaria
intervenida por el Gobierno de España, y le ha solicitado que denuncie
el caso ante la Fiscalía y abra a los miembros del Consejo de
Administración de Bankia un expediente sancionador.
Martín ha registrado la demanda en la Delegación del Gobierno de
Aragón este viernes. En su escrito solicita al organismo regulador que
abra una investigación y que se proceda a inhabilitar "de modo
permamente" a los gestores de Bankia y al embargo de todos sus bienes.
ACF entiende que la entidad bancaria ha cometido una infracción de
la legislación sobre disciplina de las entidades de crédito. Según
Martín, "la actuación presuntamente irregular" en los últimos años de
los directivos de Bankia y el Banco Financiero de Ahorros (BFA), al
igual que la de los directivos de las entidades de ahorro que dieron
lugar a la creación de las dos primeras corporaciones han causado a los
impositores, los accionistas y los empleados un perjuicio económico "de
proporciones gigantescas".
La demanda formulada ante el Banco España indica que el
expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y el resto de directivos
cometieron infracciones de carácter muy grave al vulnerar el deber de
veracidad y por no poner en marcha los mecanismos internos de control.
José Ignacio Martín también ha formulado la demanda ante la
Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado. En ella, el
presidente de ACF ha puesto en cuestión el principio de autorregulación
de las entidades bancarias y ha señalado al respecto que todos los
movimientos realizados por la banca española en este sentido no han
conseguido los objetivos de regenerar el crédito y la capacidad de
atraer inversiones fuertes.
La Asociación de Clientes Financieros menciona en su escrito
varios tipos delictivos, el primero de ellos el delito societario, cuyos
sujetos activos son los administradores de hecho o de derecho y los
socios de una sociedad constituida, sin que les eximan de su presunta
responsabilidad las instrucciones recibidas.
También recoge el delito de administración desleal o fraudulenta,
es decir, el abuso de las funciones propias del cargo. Igual que en el
anterior caso son responsables los administradores y los supuestos en
que se aplica son la concesión de créditos a sociedades insolventes y en
las que los administradores tienen una importante participación, así
como el trato de privilegio con los créditos vencidos y no pagados,
gestionar una empresa filial de otra sociedad causando a la primera
perjuicios irreparables y la percepción de retribuciones o beneficios no
autorizados.
Otro caso es la utilización de fondos de una empresa para atender
gastos personales y la adquisición de bienes a precios revalorizados
para beneficiar al vendedor o pagar por supuestos servicios
profesionales que no han sido prestados.
El delito de administración desleal o fraudulenta conlleva una
responsabilidad civil, lo que supone que exista un daño atribuible a un
responsable. La responsabilidad civil comprende la restitución, la
reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y
morales.
Se está produciendo un proceso de saneamiento de las entidades
bancarias que, salvo en España, consiste en trasladar las pérdidas a los
Gobiernos, lo que repercute en los contribuyentes, expresa el texto de
la demanda.
En España se está llevando a cabo un proceso de fusión de cajas de
ahorro que incluye la intervención del Banco de España en entidades
infracapitalizadas o en situaciones de insolvencia no detectadas, aunque
en el caso de Bankia y BFA es el Gobierno de España el que "ha asumido
el timón".
José Ignacio Martín señala que para ocultar "situaciones
problemáticas" se han utilizado instrumentos como las refinanciaciones
de operaciones inviables o la sobrevaloración de los bienes recibidos en
pago de deuda de las acciones canjeadas por créditos, de tal forma que
los créditos impagados no se contabilizan como morosos.
Se debe tener en cuenta el "infraprovisionamiento" a la hora de
evaluar la solvencia real de las entidades, porque podría darse el caso
de una "ocultación contable de una descapitalización real", de tal forma
que "el papel ético de los gestores es fundamental".
Tanto las entidades como el Estado han puesto en marcha mecanismos
de liquidez y ahora el debate se centra en activar mecanismos de
capitalización y cambiar la gestión de las entidades, "para lo que debe
existir voluntad política".
José Ignacio Martín señala en la demanda que "se ha visto clara la
resistencia a abandonar el cargo" por parte de los directivos de
entidades infracapitalizadas. Martín exige una investigación profunda de
la situación real de las entidades.
El presidente de ACF prevé que suba la prima de riesgo suba. El
crédito no fluye todavía en el sistema financiero porque las antiguas
cajas de ahorros necesitan inyecciones de capital fijo, ha apuntado en
su escrito.
Para valorar los activos de las cajas e identificar la necesidad
de provisiones específicas de las entidades será necesaria una
supervisión "in situ" de la salud de las mismas, indica el texto. Dar un
poder mayor a los inspectores del Banco de España "permitiría acometer
los cambios desde la profesionalidad que les caracteriza".
ACF resalta la "preocupación" de los clientes de los bancos y en
su nombre, "ante el evidente descalabro financiero que surge a partir de
una errónea gestión en la mayoría de los casos", se suma a las voces
que reclaman una actuación decidida de los poderes públicos. Exigen que
se aplique el Código Penal "y depurar responsabilidades".
Martín reclama una enérgica posición de los poderes públicos "en
defensa de la restauración de la legalidad vigente", que ha sido
"conculcada y manifiestamente vulnerada" por varias entidades
financieras, lo que ha provocado "una auténtica alarma social".
La asociación lamenta en su escrito que "no hay ningún ejecutivo
financiero ni de bancos, ni de cajas de ahorros, o de otras entidades de
intermediación, que hayan sido sentados ante un Tribunal de Justicia,
durante todos estos años, hasta fechas muy recientes".
"La sensación de estafa a los clientes cada día es mayor" a causa
de "una actividad delictiva llevada a cabo por diversas entidades, que
han provocado la falta de crédito a familias y empresas, y sin embargo
se mantienen cuantiosos contratos blindados, y remuneraciones
multimillonarias, a parte de una innumerable lista de privilegios
concedidos a amigos y círculos de clientes preferentes. Toda esa
remuneración debe ser inmediatamente suspendida".
