sábado, 21 de abril de 2018

El Gobierno liberalizará más torres de control si sigue el pulso de los controladores aéreos

MADRID.- Nuevos vientos de huelga sobrevuelan el espacio aéreo español. Amenazas estivales que a algunos les suena a la misma música escuchada hace ahora casi ocho años. Eran otros tiempos... y otro Gobierno. Pero las protestas laborales no entienden de ideologías. Ayer, los controladores del aeropuerto de Barcelona-El Prat anunciaron que irán a la huelga este verano, recoge hoy Abc

Los trabajadores reclaman un aumento de la plantilla, que consideran insuficiente para afrontar el tráfico que se genera en la instalación, que se encuentra en cifras récord. Unos paros -en principio, de 24 horas y a partir del próximo 20 de junio-, que podrían concluir, de no llegar a un acuerdo entre ambas partes, en un nuevo caos aéreo con efectos devastadores para el turismo español y en el que los verdaderos damnificados son millones de pasajeros.
Así, según ha podido saber Abc de fuentes próximas al Ejecutivo de Mariano Rajoy, el Gobierno baraja la posibilidad de «desempolvar» un modelo de concesiones a empresas privadas que retomaría la paralizada liberalización del sector de las torres de control aún en manos públicas, siguiendo los planes iniciados por el equipo de Fomento que encabezaba el socialista José Blanco en 2010. 
Como resultado, un total de 12 torres de control fueron privatizadas durante los siguientes años, si bien las de los grandes aeropuertos españoles, como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Gran Canaria, se mantuvieron en manos del Estado.
Y es que entonces, en plena efervescencia del conflicto entre el exministro Blanco y los controladores aéreos -que afectó a 700.000 pasajeros y por la que el gremio ha tenido que pagar 15 millones de euros-, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un proceso de liberalización en los servicios de control del tráfico aéreo. 
La anterior administración se escudaba en el argumento de que gracias a la entrada de gestores privados, AENA tendría la posibilidad de rebajar los costes de navegación y, con ello, aligerar «las tasas», que pasaban por ser «las más altas de toda la Unión Europea».

Refuerzos de Enaire

No obstante, las mismas fuentes aseguran que España no puede permitirse un segundo verano caótico, precisamente en El Prat, ya que el año pasado fue el personal de los controles de seguridad el que frenó su actividad en protesta por sus bajas retribuciones y unas condiciones de empleo que consideraban impropias. La situación llegó hasta el punto de que el Gobierno tuvo que recurrir a la Guardia Civil para mantener los controles de seguridad en el aeródromo.
Para evitar un enredo similar ambas partes han mostrado su voluntad de diálogo. Así lo sostuvo ayer Enaire, matriz de AENA, tras conocer las amenazas de huelga de los controladores. En concreto, el gestor de la navegación aérea española, aseguró que reforzará con 58 controladores la plantilla en Cataluña este verano, tanto en el centro de control como en las torres de los aeropuertos (Barcelona-El Prat, Gerona-Costa Brava y Reus). De esta forma, la cifra de controladores contabilizados alcanzará los 450 efectivos el 1 de agosto de 2018.
«La torre de control del Aeropuerto de Barcelona-El Prat incrementará la plantilla en 37 controladores más que en agosto de 2017, de los cuales 14 controladores estarán plenamente operativos y habilitados, lo que supone un incremento neto de la plantilla operativa del 21% respecto al verano pasado», destacó la compañía, que puntualizó que estos trabajadores proceden de las convocatorias de empleo público de 2016 y 2017.  
Enaire responde así a una de las principales reivindicaciones de los controladores: la escasa renovación de las plantillas.
La visión de los controladores es distinta. Según fuentes sindicales, estas dos convocatorias se realizaron tras diez años en blanco, por lo que estos empleos no representan una solución «a corto plazo». 
A ello se une que, según el colectivo, los procesos de formación se han visto lastrados en los por la apertura parcial del mercado. «Antes del 2010, toda la formación recaía en el Ministerio de Fomento, que concedía becas para impulsar la captación de nuevos trabajadores. Ahora todo este proceso es privado, lo que ha repercutido en la renovación del personal», señalan estas fuentes. Como consecuencia, la edad media de los controladores aéreos españoles se sitúa en los 50 años, «una de las más altas de Europa».
Respecto a las condiciones laborales, las mismas fuentes aseguran que «el aumento de vuelos previsto para el verano en El Prat va a ser exponencial, lo que va a obligar a la plantilla a trabajar siete días de cada ocho y no tener un minuto de descanso en toda la jornada laboral».
Lo cierto es que no es la primera vez que los controladores denuncian exceso de trabajo. A finales de 2016, los sindicatos constataban una «sobrecarga» similar a la señalada ahora. La salvedad es que estas condiciones fueron denunciadas en torres de titularidad privada, no pública. 
Las reivindicaciones de los controladores, por tanto, no se dirigían al Gobierno, sino a FerroNATS, el primer operador comercial de control de tráfico aéreo en España con nueve torres. En ningún caso se habló de la posibilidad de convocar una huelga.
El anuncio de ayer, en cambio, fue tajante. Y reavivó viejos fantasmas, como los que hacen referencia al sueldo de los controladores aéreos. Según ha podido saber Abc, estos trabajadores tienen un salario medio que puede rondar los 240.000 euros anuales.

Una asociación nacional de interinos recurre las oposiciones de Educación

MADRID.- La Asociación Nacional de Interinos y Laborales ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra las oposiciones convocadas por la Consejería de Educación. Y adelanta también que hará lo mismo con las sanitarias, porque ambas sacan a concurso plazas de la oferta para la estabilización del empleo.

Esta organización, que aglutina a más de 2.000 interinos y que preside el abogado Manuel Martos, ha recurrido previamente el acuerdo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmó hace un año con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF para la estabilización del empleo, con el objetivo de reducir hasta el 8% la tasa de temporalidad en la administración. Para ello se permite la convocatoria en los próximos años de una oferta pública de empleo de 250.000 plazas en el conjunto del país, para convertir trabajos interinos en fijos y reducir así la temporalidad.
Ha sido el sistema elegido para la convocatoria, el de concurso-oposición, el motivo por el que la plataforma nacional ha decidido recurrir el acuerdo, porque desde su punto de vista perjudica a los interinos, especialmente a los de mayor edad y que llevan años trabajando. Y motivo por el que está recurriendo los diferentes procesos selectivos convocados en las comunidades autónomas que conllevan la salida de plazas extras para la estabilización del empleo.  
«La estabilización del empleo se puede realizar a través de un proceso de consolidación, que es el que reclamamos, por medio de un concurso de méritos», explica Manuel Martos. «Porque el sistema de concurso-oposición fijado no solo exige aprobar un examen, sino que, además, fija una puntuación máxima por los años de experiencia; en definitiva, no permite que se valoren todos los años de trabajo de los interinos», añade. De hecho, la fase de oposición será un 60% de la nota y la de concurso, el 40% restante. «Ni siquiera se ha establecido para la oferta extraordinaria que busca estabilizar el empleo un 50-50», critica Manuel Martos.
La asociación asegura que, por eso, en el caso de las plazas que conforman el plan de estabilización del empleo no se cumplen los criterios de igualdad, mérito y capacidad.
Estos interinos explican que los criterios de mérito y capacidad han sido probados sobradamente en personas que tienen una larga trayectoria laboral. Y, en cuanto a la igualdad, afirman que un interino que desarrolla su labor diariamente no puede competir en condiciones de igualdad con un joven recién licenciado. No solo por la disposición de tiempo para estudiar, muy reducida cuando se trabaja, sino porque la capacidad de retención y aprendizaje se ve mermada con el paso de los años.
Por eso consideran que ahora, cuando la administración tiene que resolver por mandato de Europa un problema que ha generado, reducir la temporalidad por no llevar a cabo ofertas acordes con la realidad en los últimos años, no debe perjudicar a los interinos. «No estamos pidiendo que no entren los jóvenes en el sistema, estamos pidiendo que a los profesores con más años y experiencia docente se nos facilite otra vía, creemos que nuestra labor realizada durante años nos da el derecho a exigirla», dice Dalia Gómez.
«No competimos en igualdad de condiciones, se deben consolidar personas y no plazas», afirma María José Altamirano.
«Lo que quieren hacer es un ERE encubierto. Hemos demostrado que valemos para dar clases, hemos recorrido muchos kilómetros por toda Extremadura para que, ahora, nos echen a la calle sin más», concluye Felipe Dávila.

C's y PSOE ya se entienden (y sin moción): votan juntos en Madrid el 68% de las veces

MADRID.- Los movimientos son claros. Ciudadanos amenaza (y seriamente) con apoyar la moción de censura propuesta por el PSOE si el PP no aparta de la presidencia regional a Cristina Cifuentes, casi sepultada políticamente por el caso máster. Los populares, por su parte, creen que Ciudadanos va de farol y alimenta el mensaje en la opinión pública de que la formación naranja cavará su tumba si termina avalando a un Ejecutivo socialista que también se sustentará en Podemos, es decir, si entrega finalmente el Gobierno regional "a la izquierda radical", como insisten últimamente desde el PP de Madrid a El Confidencial.

Pero lo cierto es que las estadísticas revelan que Ciudadanos y PSOE ya se entienden bastante bien en la actividad política y legislativa que se desarrolla en la Asamblea de Madrid. 
Así, desde que empezó la legislatura en el verano de 2015 hasta diciembre de 2017 Ciudadanos se ha aliado con los socialistas en 278 de las 406 votaciones que se han producido en el Parlamento madrileño, es decir, en el 68,47% de las veces, según un recuento minucioso que lleva el grupo parlamentario popular. Ciudadanos y PSOE forman así la alianza más fructífera en la Cámara madrileña. 
Por encima incluso que la que ha habido entre PP y Ciudadanos, socios de investidura. Populares y 'naranjas' han votado juntos en 220 ocasiones (el 54,19%).
El análisis incluye las votaciones más representativas, como proposiciones no de ley (PNL) y mociones, proposiciones de ley y proyectos de ley. Se trata pues de una radiografía general, aunque como todo tiene matices. 
Por ejemplo, en los proyectos de ley, los proyectos diseñados por el Ejecutivo autonómico que determinan su acción de Gobierno, sí se produce un entendimiento mayoritario entre PP y Ciudadanos. De los 35 presentados hasta enero de este año, 23 contaron con el apoyo de populares y 'naranjas'. Es donde más han coincidido. Aquí están incluidos obviamente los presupuestos regionales. Cifuentes ha podido sacar tres gracias al apoyo de los de Ignacio Aguado, líder madrileño de la formación centrista.
El último ejemplo se produjo el jueves pasado en el Pleno. A pesar de que Ciudadanos siguió pidiendo la dimisión de Cifuentes por la mañana ambos grupos sumaron escaños por la tarde para aprobar una nueva reforma de la Ley del Suelo, una modificación que se realizó por el trámite de urgencia y en lectura única, lo que impide a la oposición presentar enmiendas al texto propuesto. 
No obstante, Ciudadanos ha mostrado a lo largo de la legislatura que es un partido muy flexible y que suele combinar el sentido de sus votaciones. La conclusión general es que analizado en su conjunto Ciudadanos ha votado con el PSOE en 278 de las 406 votaciones (un 68,47%), con Podemos en 264 (65%) y con el PP en 220 (54,19%). Es decir, ha coincidido más con Podemos que con el PP.

Ciudadanos y PSOE piden que Cifuentes ya no sea presidenta el Dos de Mayo
Esa flexibilidad naranja se ha notado sobre todo en las proposiciones de ley, iniciativas que puede presentar cualquier grupo. Hasta enero de 2018 se han debatido 24, de las que ocho han tenido la unanimidad de los cuatro grupos parlamentarios y en cinco el acuerdo ha sido solo de PP y Ciudadanos. 
Otras nueve han salido adelante con los tres grupos de la oposición (Podemos, PSOE y Ciudadanos), "el tripartito de la oposición" como los ha bautizado el PP. Solo en una ocasión han votado juntos PSOE y Ciudadanos. La otra restante fue votada en solitario por los de Aguado.
El análisis que hace el PP es que "el apoyo de Ciudadanos a la coalición de PSOE y Podemos está siendo en lo que llevamos de legislatura 14 puntos superior al apoyo que le ha dado solo al PP. Estos datos confirman lo que siempre hemos dicho, que sin duda estamos ante la existencia de un tripartito de oposición en la izquierda". 
Desde el PP recuerdan además que en más de 20 votaciones la abstención de Ciudadanos ha conseguido que PSOE y Podemos lograran aprobar iniciativas contrarias a la opinión del PP. Desde Ciudadanos recalcan su labor y de que "no se casan con nadie, sino que apoyamos medidas que puedan ser positivas para los madrileños independientemente de donde vengan". Los 17 diputados de Ciudadanos suponen en la aritmética madrileña toda una bisagra para inclinar hacia un lado u otro la puerta legislativa.
Esa aritmética flexible ha hecho por ejemplo que Ciudadanos no avalara con su abstención la PNL presentada por el PP pidiendo que no se derogara la prisión permanente revisable. Gracias a Ciudadanos "tampoco se aprobó una PNL nuestra para que los ayuntamientos establezcan bonificaciones en el IBI para las viviendas públicas", recuerdan desde el PP, que recalcan que Ciudadanos también apoyó la propuesta del PSOE sobre la Ley de Identidad de Género, que modificó la regulación inicial prevista por el Ejecutivo autonómico de Cifuentes. La formación naranja también apoyó una PNL del PSOE para que el Gobierno regional elabore una Ley de Memoria Histórica. 
En la lista de reproches que maneja el PP también está que gracias a Ciudadanos "salió adelante una propuesta de Podemos para derogar en el Código Penal que la coacción y la violencia en una huelga sean delito". 
Ciudadanos también votó con PSOE y Podemos la creación del nuevo Consejo de la Juventud.
Todo depende desde qué óptica se mire. Ciudadanos destaca que ha votado el 100% de los proyectos de ley que ha llevado el Gobierno regional al Parlamento madrileño. Ciudadanos, por su parte, ha tramitado 14 proposiciones de ley de las que el PP solo ha apoyado el 50%. Iniciativas 'naranjas' como que no se pueda ser al mismo tiempo diputado autonómico y alcalde, las medidas de protección para el denunciante de corrupción o la limitación del mandato de presidente a dos legislaturas.
La estadística demuestra, pues, que Ciudadanos y PSOE se entienden y es por tanto lógico pensar que la formación naranja se sentiría cómoda fiscalizando y controlando desde la oposición a un hipotético gobierno socialista de Ángel Gabilondo si finalmente apoya (como ya ha dicho) la moción de censura del PSOE para desbancar a Cifuentes. 
Si antes Génova no fuerza la marcha de la presidenta regional. Ciudadanos y PSOE aún no se han sentado a hablar para fijar posiciones. Están esperando a que la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, convoque de una vez la fecha del Pleno donde se debatirá esa moción. 
Los socialistas quieren, como programa de un gobierno interino que solo duraría un año, adoptar medidas en las que ya han estado de acuerdo con Ciudadanos y Podemos.
Los movimientos que se han producido en la Asamblea no se pueden extrapolar a lo ocurrido en el Congreso de los Diputados. 
Como ya publicó El Confidencial, el PSOE también ha hecho un análisis parecido y las conclusiones son que Ciudadanos y socialistas solo han coincidido en el 54,7% de las ocasiones, en un periodo analizado que comprende ocho meses. 
De ese limitado estudio puede establecerse no obstante un mapa de los pactos más comunes y la coincidencia más frecuente en el sentido del voto, sea el que sea, es la de PSOE y Unidos Podemos. Los partidos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han coincidido el 72,6% de las veces. Curiosamente, PP y Ciudadanos han coincidido menos, un 60,2%.

Ciudadanos lograría el poder en Madrid y PP y PSOE empatarían en escaños, según un sondeo

MADRID.- Ciudadanos lograría el poder en la Comunidad de Madrid si las elecciones autonómicas fueran hoy, según un sondeo realizado por Celeste-Tel para eldiario.es.  

El partido que lidera Ignacio Aguado en Madrid pasaría de ostentar la cuarta posición en la Asamblea a la primera, como fuerza más votada con el 25,7% de los votos y 36 escaños. Le seguirían PP y PSOE con un empate de asientos, en concreto, 34, a pesar de que los 'populares' obtendrían un mayor porcentaje de votos que los socialistas (un 24,3% frente al 23,9%). 
Aguado sumaría 19 diputados más y lograría una mayoría absoluta con sus dos posibles compañeros de gobierno, PP y PSOE. 
El PP perdería un total de 14 escaños y 9 puntos en intención de voto con respecto a lo cosechado en las elecciones de 2015. El descalabro demoscópico podría explicarse enmarcando la realización de esta encuesta en pleno escándalo por el máster irregular de la actual presidenta, Cristina Cifuentes. 
Podemos, por su parte, caería hasta el 17,6%, prescindiendo de dos asientos en la Asamblea de Madrid: sólo ocuparía 25 escaños. 
Casi un 59% de los encuestados ven necesaria la dimisión de Cristina Cifuentes para cerrar la crisis abierta en el seno del PP y en la situación política madrileña. Entre los votantes 'populares', uno de cada cuatro también apuesta por esta fórmula, ya sea por decisión propia de Cifuentes como por orden de Rajoy. El 52,8% de todos los individuos que han participado en este estudio estaría a favor de que fuese el presidente del Gobierno el que retirase a Cifuentes si ésta no acaba por dimitir.

La Generación Z cambiará las estrategias de las empresas y los hábitos de consumo

MADRID.- Los na­tivos di­gi­ta­les, glo­ba­les, mul­ti­ta­rea, hi­per­co­nec­tados y muy pre­coces a la hora de con­sumir pueden cam­biar los es­quemas que hasta en­tonces te­níamos en todos los ám­bi­tos. También en el em­pre­sa­rial. Estos con­su­mi­dores que acaban de ate­rrizar en el mer­cado han obli­gado a las marcas a cam­biar de es­tra­tegia de ma­nera ra­di­cal. Una di­ná­mica que irá a más a me­dida que au­menten sus re­tri­bu­ciones una vez que en­tren de lleno en el mer­cado la­bo­ral. La ca­rrera ya ha co­men­zado, según Capital Madrid

Aunque haya varios factores que vayan de la mano de la generación anterior, los millennials, existen muchas características que hacen a los Z únicos. Sin embargo, lo destacable y lo que puede afectar al ámbito empresarial en los próximos años es los hábitos de consumo que desarrollan y que, efectivamente, terminarán repercutiendo a la hora de conformar líneas estratégicas por parte de los equipos gestores.
Sin ir más lejos, Klik & Pay, la plataforma de pagos digitales especializada en Pymes que permite a las pequeñas y medianas empresas vender online a nivel internacional en más de 15 monedas, 11 idiomas y todo tipo de medios de pago, daba su punto de vista en cuanto a cuáles son las costumbres de esta generación. Una manera de comprar que, evidentemente, cambiará los esquemas de las compañías para conseguir captar mayor facturación y clientela.
  Así, los Z tienen una mentalidad absolutamente cortoplacista y que no compromete su libertad. De hecho, se decantan por el el uso del débito en sus compras. Ha crecido en un ambiente de crisis económica que ha asentado en su consciencia el hecho de que los créditos no pagados ocasionan problemas en el corto plazo. 
La visión de la Generación Z es cortoplacista, por ello, prefieren pagar sus compras a débito para no endeudarse. Y si las cantidades son altas, en lugar de pagar a crédito prefieren optar por el pago diferido en lugar del crédito, de esta manera mantienen su "libertad" financiera y huyen de los sistemas tradicionales de financiación que consideran de la vieja escuela. Así pues, las empresas que se enfocan a los medios de pago ya están en procesos de innovación para conseguir llamar la atención de estos jóvenes que vienen apretando muy fuerte.
Por su parte, las ventas online admiten muchas más formas de pago que el clásico pago directo a débito/crédito con tarjeta y las nuevas generaciones reclaman cada vez opciones más diversificadas en este sentido. 
Si bien es cierto que la generación Z prefiere pagar a débito, exige nuevas formas diferentes a la habitual introducción de los datos bancarios.  
Además, no hay compra que realicen sin haber hecho cinco comparaciones en otras tiendas online distintas. De esta manera, las compañías no tendrán más remedio que seguir adaptándose al entorno digital y tener aún mayor competitividad con respecto a sus homólogas.
En esta línea, esta generación revisa con mucho detalle lo que adquieren o no, pero también investiga cuidadosamente las opiniones de otros usuarios y, en concreto, las de los influencers. Aunque el precio es un elemento clave, su importancia desaparece si el producto ha sido recomendado por un influencer a través de sus redes sociales. Por tanto, las empresas deberán dedicar más atención aún a la difusión por estos canales. Más de lo que ya lo están haciendo.

Inmediatez y exceso de información
Esta generación quiere estar “sobre informada” ya no de la tipología del producto que adquiere, sino también del origen de la empresa, por qué se ha creado unos productos en concretos, con qué objetivo, cuáles son las recomendaciones para utilizarlos, cuándo se va a producir el cobro de su compra, cuánto tiempo tardará en ser enviado y entregado su pedido online, etc.
De modo que las firmas del futuro deberán tener mucho cuidado en aras de comunicar correctamente lo que vende. Asimismo, la inmediatez y la transparencia son características clave de esta generación, si perciben opacidad en el proceso, se sentirán defraudados y no solo no volverán a comprar, sino que se asegurarán de que su grupo de amigos. Algo que afecta a la toma de decisiones empresariales.

Mayoría de afines a Errejón en la lista de Podemos para las primarias de Madrid

MADRID.- El diputado de Podemos en el Congreso Íñigo Errejón ha introducido a una mayoría de 15 personas afines en la única lista registrada para las primarias para elegir candidatura autonómica para los comicios de 2019, frente a 11 personas próximas al actual secretario general en Madrid, Ramón Espinar.

La lista es fruto del acuerdo suscrito entre Errejón y el secretario general de Madrid, Ramón Espinar, que figura como número tres y es cercano al líder de Podemos, Pablo Iglesias.
En segundo lugar está la diputada de Podemos en el Congreso Tania Sánchez, que fue diputada en la Asamblea de Madrid en la anterior legislatura.
Es una lista "cremallera", en la que se alternan hombres y mujeres y donde, según el acuerdo suscrito, Errejón tiene el 60 por ciento de los puestos (15) frente al 40 por ciento de Espinar (11).
Entre los nombres figuran 13 actuales diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid, como Clara Serra, en cuarta posición; María Espinosa, que es sexta, y el que fuera portavoz del grupo parlamentario, José Manuel López, noveno.
También hay miembros procedentes del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos, como Javier Cañadas, en quinto lugar; y políticos municipales como Pablo Gómez Perpinyà, concejal de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.
La lista la completan miembros del partido a nivel nacional como Ana Domínguez, responsable de política editorial, y Jorge Moruno, encargado de las labores de documentación, argumentación y discurso.
No hay ningún integrante de la corriente anticapitalista, como la actual portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ya que decidieron no sumarse al acuerdo suscrito entre Errejón y Espinar.
La lista que abre Errejón es la única presentada dentro del plazo de inscripción de las candidaturas, que finalizó el pasado 20 de abril.
Tras el plazo de subsanación de posibles incidencias técnicas tendrá lugar la campaña electoral, del 28 de abril al 14 de mayo.
Los inscritos en Podemos podrán votar en estas elecciones primarias para la candidatura del partido en la Comunidad de Madrid del 9 al 14 de mayo.

La lista completa es la siguiente:
  •  Íñigo Errejón
  • Tania Sánchez
  • Ramón Espinar
  • Clara Serra
  • Javier Cañadas
  • María Espinosa
  • Jorge Moruno
  • Dina Bousselham
  • José Manuel López
  • Elena Sevillano
  • Eduardo Fernández Rubiño
  • Carolina Alonso
  • Pablo Gómez Perpinyà
  • Mónica García
  • Víctor Rey
  • Raquel Huerta
  • Sergio García Torres
  • Jazmín Beirak
  • Emilio Delgado
  • María Acín
  • Ana Domínguez
  • Luis Andrés Pérez
  • Beatriz Galiana
  • Eduardo Gutiérrez
  • Maby Cabreras
  • Alberto Oliver

Cifuentes revienta el partido y Montoro quiebra el Gobierno / José Antonio Zarzalejos *

El caso Cifuentes se ha gangrenado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha logrado, por una parte, enfrentar en el Partido Popular a distintas corrientes sobre la salida de la crisis de la que es protagonista, y por otra, se ha perfilado como una amenaza para sus propios compañeros y dirigentes. Hizo mal Mariano Rajoy en dejar que la crisis del llamado 'mastergate' se macerase en el transcurso de los días. Porque al dar tiempo a su desarrollo también lo ha dado a que choquen dos diagnósticos sobre la suerte de la dirigente autonómica.

Uno lo encabeza la secretaria general y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, partidaria acérrima de resistir y no entregar la cabeza de la presidenta madrileña y de que se la cobre Ciudadanos, con el coste correspondiente de respaldar una moción de censura de la izquierda en la Asamblea Regional. 

Otro sector propugna dejar caer a Cifuentes, repetir así la operación murciana y retener durante un año más el gobierno de Madrid. Son también los que piensan —seguramente con mejor cálculo que sus contradictores— que a los de Albert Rivera no les pasaría factura alguna el apoyo a la moción de censura aunque conlleve la presidencia del socialista independiente Ángel Gabilondo.

La demora en tomar una decisión en un sentido o en otro, ha fortalecido las ensoñaciones de Cristina Cifuentes que el jueves envió a su partido un recado inequívoco sobre su capacidad perturbadora en caso de que se le deje a los pies de los caballos: remitió a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación que acreditaría que durante el mandato de Esperanza Aguirre se perpetraron graves despilfarros y corruptelas en la construcción inacabada del Campus de la Justicia.

Cifuentes no está aprovechando sus horas postreras para reivindicar su compromiso con la regeneración, sino para hacerse fuerte, para exhibir su poderío informativo sobre las interioridades de su partido y su determinación de, si fuese preciso, tirar de la manta y cantar la gallina como han hecho otros excompañeros abandonados por la organización a su suerte. Ella se ve ahora en la misma tesitura que ellos y no está dispuesta a caer sin una pelea que podría salpicar al presidente del Gobierno sobre el que ha hecho recaer la íntegra responsabilidad de su cese al frente del ejecutivo madrileño.

Este desgarro en el PP —uno más— enlaza con una situación general de depresión interna a la que ha contribuido decisivamente la verborrea mediática del ministro Montoro que se ha convertido en el testigo de descargo del delito de malversación perpetrado, presuntamente, por los dirigentes independentistas según los indicios acumulados por el magistrado Pablo Llanera. El responsable de Hacienda orbita por su cuenta, sin disciplina ni rigor en el Gobierno de un Rajoy que no controla ni las declaraciones de sus ministros.

Su equipo gubernamental está profundamente enfrentado, atónitos los titulares de Interior y Justicia, y se diría que quebrado el Gabinete por el impacto en el proceso penal contra el separatismo de la afirmación reiterada de Montoro de que no se emplearon fondos públicos en los hitos de la desconexión catalana.

La Guardia Civil ha acreditado al instructor de la causa indicios acusatorios suficientes de la malversación por un importe de casi dos millones de euros. No parece misión de un miembro del Gobierno poner palos en la rueda a la instrucción del caso con potenciales negativas repercusiones sobre el trámite de detención y entrega europea contra Carles Puigdemont

La Justicia alemana y los procesados pueden valerse de las afirmaciones de Montoro —un político que ha tenido muchas más oportunidades de callarse que de hablar— para rechazar que el 'expresident' de la Generalitat haya cometido malversación de fondos públicos. La responsabilidad que ha contraído el titular de Hacienda y Función Pública es de una enorme trascendencia.

Suma y sigue hacia una crisis global

Tanto la implosión del PP por el caso Cifuentes como la división interna del Gobierno por las declaraciones imprudentes de Montoro, son una especie de suma y sigue de una crisis global, irreversible y aguda en la derecha que representan las siglas populares. Rajoy no controla la situación ni en la organización ni en su propio Gobierno en donde siguen compitiendo desesperadamente las tesis de Cospedal con las de Sáenz de Santamaría, bajo un poder arbitral menguante del presidente del Gobierno que se quita de en medio tanto cuanto puede.

A Rajoy solo le queda la esperanza de que el calendario vuelva a jugar a su favor y que antes de que se llegue a la votación de los Presupuestos Generales del Estado —a finales de mayo— se haya constituido un gobierno en la Generalitat de Cataluña y levantado las medidas al amparo del 155 y, en consecuencia, el PNV vote las cuentas públicas. Si así fuese, Rajoy —que es a lo único a lo aspira en estos momentos— podría prologar su gestión hasta, prácticamente, terminar la legislatura de 2020.

Ya no se trata de otra cosa que de durar, aunque por el camino el PP vaya a experimentar amarguras electorales que comenzarán, posiblemente, en Andalucía y culminarán con una debacle en las municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019. A esa cita llega el PP reventado y el Gobierno, quebrado.

 
 (*) Periodista y ex director de Abc


Periodistas amenazados / Guillermo Herrera *

Cuando escribí mi artículo sobre “Periodistas del misterio” me dejé en el tintero algunos casos de compañeros presionados que merecen reconocimiento público. La oscuridad gana poder cuando nos acojonamos, y lo pierde cuando publicamos sus secretos.
 
El caso más reciente es el del director de “La Tribuna de Cartagena”, Josele Sánchez, al que le han ofrecido mucho dinero para que deje de investigar el posible asesinato de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander.

Josele prepara más capítulos, centrados en la trama colombiana, del narcotraficante Jesús Samper, de la familia del que fue presidente colombiano. Por otro lado denuncia una campaña de acoso y amenazas hacia su persona por parte de individuos y colectivos.

Si lo hubiera aceptado, no nos hubiéramos enterado de nada, porque también hay periodistas sobornados, como en toda familia hay un garbanzo negro. Se les distingue porque son muy aburridos: tratan temas anodinos que no molesten el poder, y a veces se les ve mucho el plumero cuando hacen la pelota.

El caso más dramático es el del periodista y abogado Juan Ignacio Blanco, compañero de mi promoción, a quien le arruinaron la vida, la carrera, y hasta le provocaron un cáncer, por tratar de investigar el crimen de las niñas de Alcácer, igual que hicieron con el padre de Miriam por el mismo motivo. En su momento me solidaricé con él a través de un artículo de opinión.

También fue amenazado el famoso periodista y escritor Juan José Benítez (cuyos libros me encantan, y están prohibidos por el Opus Dei) para que no investigara determinadas conspiraciones, pero él no quiso arriesgar la seguridad de su familia. No se lo reprocho, porque la familia es lo primero.

Una secta amenazó también al periodista Pepe Rodríguez, especializado en sectas, pero él se defendió depositando ante notario una información comprometedora sobre dicha secta, con la orden de hacerla pública en el caso de que le ocurriera algo malo. Desde entonces no han vuelto a molestarle.

A Javier Sardá le cerraron sus “Crónicas marcianas” porque quiso invitar a Alberto Canosa a su programa, el personaje más censurado en todos los medios de comunicación. Canosa es abogado e investigador de enigmas y misterios, pero nadie quiere que hable de la Cueva de Hércules en Toledo o de los cuerpos de gigantes enterrados en rocas.

El propio Iker Jiménez engañó a Alberto Canosa cuando le sacó información sobre la Cueva de Hércules, para publicarla en su programa, sin mencionar para nada a su autor y descubridor, porque está absolutamente prohibido por los de arriba.

Canosa tuvo que autoexiliarse en Alemania porque le mataron a su abogado y fue engañado por Antena-3 cuando firmó un contrato ante notario que nunca cumplió, porque la cadena fue amenazada de cierre también por “los de arriba”.

Precisamente el infarto súbito del doctor Jiménez del Oso llegó justo en el momento el que quiso entrevistar a Alberto Canosa. A él no lo han podido asesinarle porque está muy protegido.

Por tocar estos temas, el periodista Santi Prados recibió una amenaza de muerte por teléfono, cuya grabación escuché. En cambio a la investigadora Virtu Pontes le quemaron el ordenador y hasta intentaron volverla loca por el mismo motivo.

A mi no me han amenazado nunca, pero me han ‘aconsejado’ paternalmente que no toque algunos temas “por mi propio bien”.

¿Libertad de expresión? ¡Ja! Estamos dominados por mafias de poder como en la edad media, y al que se sale del rebaño van a por él.

Son malos tiempos para la ética, pero todavía quedan muchos héroes anónimos y conocidos que son ejemplo de integridad y que merecen todo honor y respeto por la gente de bien.

Los casos deben ser infinitos, pero yo sólo conozco unos pocos, y he querido dar testimonio de ellos para iluminar la oscuridad con el conocimiento público. Joaquín Abad me llamó “paranoico retorcido” pero la triste realidad de este oficio de tinieblas me da la razón.

Cuando dije que la investigación de enigmas y misterios es el trabajo más apasionante que conozco, olvidé añadir que puede ser tan adictivo como una droga y tan peligroso como un trapecio. Por eso nos aconsejaban “no te metas en estos temas que te vas a volver chalado”.



(*) Periodista

viernes, 20 de abril de 2018

Hacienda se prepara para una batalla legal con miles de interinos que temen por su plaza

MADRID.- El Ministerio de Hacienda se prepara para una batalla legal a cuenta del proceso de estabilización de 350.000 plazas interinas y temporales en el conjunto de la Administración. Estos trabajadores se enfrentarán en los próximos cinco años a un proceso de oposiciones para poder consolidar su plaza y puede que en ese tránsito la acaben perdiendo tras años en el puesto, según www.elindependiente.com.

El sentir generalizado es que esa experiencia acumulada debe tenerse en cuenta en el proceso de selección en lugar de tener que pelear por el puesto como uno más, junto a candidatos que optan por primera vez al puesto.
Los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT trataron de negociar unas condiciones de acceso a las plazas favorables para aquellos que ya estuvieran ocupandolas como interinos y temporales. Incluso, en el caso de la Educación, se llegó a hablar de hacer excepciones para aquellos trabajadores interinos de más de 55 años. Sin embargo, aseguran que se toparon con varias sentencias judiciales que les cerraron las puertas y dieron por perdida esta posibilidad.
Ahora, miles de interinos se están organizando y están acudiendo a despachos de abogados para recurrir los términos en los que se va a realizar esta transición. Algunos de ellos argumentan que el Estatuto Básico del Empleado público recoge que “sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”. Insisten, por tanto, en que poder se puede.
La secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, se mostraba resignada el pasado martes, tras comparecer en la comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, ante la oleada de recursos que se avecina, más aún que el acuerdo alcanzado en marzo de 2017 con los sindicatos empieza a moverse y ya se han convocado oposiciones para 129.000 plazas de las alrededor de 350.000 previstas, sumando las alrededor de 250.000 acordada en marzo de 2017 y la ampliación del ámbito de estabilización recogido en el acuerdo de empleo trianual para los funcionarios.
También lo insinuaba poco antes en respuesta a la oposición. Admitía que “la plataforma de interinos que se ha constituido tanto en Valencia, en toda la franja de Levante, como en Andalucía, está cobrando fuerza”. 
“Hay ya miles de personas que se están poniendo en manos de despachos de abogados y que entienden que por los años que llevan trabajando en la Administración pública tienen que tener un proceso diferente, un proceso que no respete los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, añadía.
Collado se refería a la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (ANIL), una organización igualmente denostada por CCOO y UGT, que lleva alrededor de un año sumando apoyos para revocar el acuerdo entre los sindicatos y la Administración por considerarlo, de facto, un ERE en el sector público en tanto que no garantiza el puesto a sus actuales ‘dueños’.
El último paso que ha dado esta organización es la presentación el pasado 9 de abril de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para revocar los acuerdos entre sindicatos y Gobierno, aunque esta iniciativa está pendiente de aprobación parlamentaria para abrir en ese momento el plazo de 9 meses para recabar las 500.00 firmas preceptivas. ANIL ha llevado estas reivindicaciones también hasta el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, aún sin contar con una repercusión firme.
“Nuestra posición ahí, con franqueza, es que los interinos tienen una gran oportunidad”, señaló el pasado martes Collado, para añadir a renglón seguido que “en la Función Pública se ingresa como se ingresa”.
“A nosotros nos duelen las situaciones personales que podamos provocar, pero ¿qué hacíamos? No había otra solución, no se puede trabajar en un país con 350 000 interinos y temporales de otras vinculaciones. No debemos parar este proceso y no deberíamos judicializarlo. Yo creo que la gran mayoría de estos interinos que ven peligrar su puesto de trabajo, con un poco de esfuerzo y tirando de su experiencia, conseguirán sacar una plaza fija y adquirir la condición de funcionarios de carrera”, añadió.

Cristóbal Montoro certifica el fin de ciclo de Mariano Rajoy / Carlos Carnicero *

No hay Gobierno en España. Es la impresión de lo que viene sucediendo en los últimos tiempos. Sobre todo, referido al fracaso de la estrategia de Mariano Rajoy frente al secesionismo.

Pero no solo en este acápite fundamental. Se instala la sensación de fin de ciclo que recuerda a lo que sucedió en la última época de la UCD en el Gobierno de España. Para que la similitud sea simétrica, solo falta la estampida final en las confrontaciones internas del PP al grito de "sálvese quien pueda".


El presidente de Gobierno hace tiempo que ha abdicado de toda acción política frente al desafío catalán. Ha dejado toda la defensa del estado en manos del Rey y del magistrado Pablo Llarena.

Pero en su desidia ha dado un paso al frente. El ministro Cristóbal Montoro, sorprendentemente y sin una razón distinta que su imprudencia o su deseo de justificar su gestión, ha declarado en una entrevista en el diario El Mundo que "no se ha utilizado ni un euro de dinero público en el referéndum del 1-O".


En otras palabras, Montoro contradice de raíz la existencia de los presuntos delitos que justifican el procesamiento de los golpistas por malversación. Hasta tal punto que el magistrado Llarena ha requerido al Ministerio de Hacienda para que apuntale con datos lo manifestado por el ministro.

Y todo ello con la extradición de los fugados pendiente de decisión de las autoridades judiciales de Alemania, Bélgica y el Reino Unido.


Es el último episodio de una larga carrera de errores y omisiones cometidos por Rajoy desde que comenzara la más importante crisis de la democracia española desde el golpe de estado del 23-F.

La impericia del Gobierno en el intento de referéndum del 1-0 es de sobra conocida. Las fotos de la intervención policial, producto de la incapacidad del ejecutivo para prevenir la respuesta del secesionismo, apuntaló el relato secesionista en el mundo.


Tuvo que mediar el Rey para establecer un sólido muro de contención del secesionismo. A la vista de lo ocurrido desde la puesta en vigor del artículo 155, la intervención se ha quedado corta. Y no solo en lo referido a la televisión pública catalana.


Fuentes cercanas a la delegación del Gobierno en Cataluña, dan cuenta de la desazón del delegado, Enric Millo, por los criterios impuestos desde el Gobierno en la administración de los órganos intervenidos de la Generalitat.

Las mismas fuentes afirman que la mayor parte de las instituciones de la Generalitat carecen de un control efectivo del Gobierno de Rajoy y que están sincronizadas por canales subterráneos al servicio de los intereses del cesado presidente Carles Puigdemont.


Según estas fuentes, la consigna impartida desde la presidencia del Gobierno de España ha sido la de mínima intervención y guante de terciopelo en la gestión pública de los órganos de la Generalitat.


En este momento, producto de diferencias importantes de criterio en estos asuntos, la comunicación del presidente Rajoy con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, está rota.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sigue fiel a su compromiso de apoyar al Gobierno de Rajoy en la defensa del estado. Pero su descontento y sus discrepancias son profundas.


La acusación de desistimiento de la política y la delegación de todo el peso en el Tribunal Supremo hace más incomprensible la posición de Montoro de cuestionar la utilización de fondos públicos sostenida por el magistrado Llarena.

La puntilla: los sindicatos y el 'caso Cifuentes'


Hay otros episodios que sin ser responsabilidad directa de Rajoy apuntalan la idea de fracaso en la crisis catalana. Sin duda el apoyo público y activo de los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT a la causa del independentismo.

Se ha constatado la baja masiva de afiliados en los dos sindicatos a los que nadie ha sido capaz de reconducir en su deriva de apoyo a los golpistas.


La ausencia de una estrategia de comunicación internacional del Gobierno en la crisis catalana ha promovido discretas quejas de embajadores por la falta de instrucciones en sus respectivas legaciones para contrarrestar el relato secesionista.

Rajoy traslada la impresión de que toda la acción política de su gobierno está succionada por la amenaza electoral de Ciudadanos. La gestión de la crisis de Cristina Cifuentes es un buen ejemplo. Prefiere que no dimita solo con la creencia de que el apoyo de Ciudadanos a la moción de censura presentada por Ángel Gabilondo pase factura al partido de Albert Rivera por la participación de Podemos.

Empieza a producirse abandonos en el barco del Partido Popular en medios de comunicación, hasta ahora amigos, y en sectores financieros. 


Lo más preocupante, sin duda, es el frente contra los intentos de secesión en Cataluña y la sensación creciente de que Mariano Rajoy navega a la deriva en estas aguas turbulentas.


(*) Columnista


Los sondeos catastróficos del PSOE en Madrid que tiene escondidos Pedro Sánchez

MADRID.- Ferraz filtró este jueves una supuesta encuesta que coloca al PSOE en cabeza de las preferencias de los madrileños para las municipales. Pero nada más lejos de la realidad, que es ésta. 

"Pedro tiene un problema, cree que Madrid es prioritario para su supervivencia política pero no tiene ningún proyecto para Madrid". 
Con este análisis, en tono más que resignado, valora a ESdiario un dirigente del socialismo madrileño el "ridículo" protagonizado en las últimas horas por el PSOE, tras conocerse que el secretario general del partido en Madrid tanteó -como emisario del propio Sánchez- a la alcaldesa Manuela Carmena para que encabece la candidatura de los socialista al Ayuntamiento en 2019.
Este mismo dirigente da por hecho que José Manuel Franco -íntimo de Sánchez y su fontanero en Madrid durante la batalla contra Susana Díaz- no actuó por su cuenta y cortejó a la regidora de Ahora Madrid en diciembre pasado con el visto bueno del inquilino del despacho principal de Ferraz. ¿La razón?: las "terroríficas" encuestas que con "notable periodicidad" la Ejecutiva Federal ha ido encargando para perfilar sus candidaturas al Palacio de Cibeles y la Puerta del Sol.
Paradójicamente, este jueves tras el terremoto interno provocado por la filtración a El País, el PSOE ha hecho público un supuesto sondeo interno vinculado a la moción de censura contra Cristina Cifuentes -elaborado antes de conocerse la opa a Carmena- en la que PP, los socialistas y Ciudadanos prácticamente están empatados, mientras Ahora Madrid cae a la cuarta plaza con cinco escaños por debajo del PSOE en el Ayuntamiento.
Sin embargo, las fuentes consultadas por ESdiario recalcan que las encuestas internas son desde hace meses muy poco favorables a los intereses de Ferraz. Y eso que se ha consultado a los madrileños con varios candidatos posibles, entre ellos Cristina Narbona, Margarita Robles, Ángel Gabilondo y Beatriz Corredor, la favorita en todos los cenáculos del PSOE de Madrid. En algunos de esos sondeos se han incorporado algunos nombres de independientes en la órbita del PSOE.
El problema para Sánchez es que, salvo en el caso de Gabilondo, todos sus candidatos tienen serios problemas de conocimiento y aceptación entre los madrileños frente a los pesos pesados de Ahora Madrid, la propia Carmena, la candidata de C's, Begoña Villacís -favorita en varias encuestas ya publicadas-; y los aspirantes que suenan en el PP, como la vicepresidenta Sáenz de Santamaría o el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.
Es por ello, que Ferraz quiere esperar la confirmación de quienes serán sus rivales antes de mover ficha, una estrategia de la que se está beneficiando Ahora Madrid y Ciudadanos. Eso sí, está por ver el impacto que en la marca populista tiene la reapertura de la guerra entre Errejón e Iglesias.
"Las agrupaciones están desconcertadas, desmoralizadas", apostillan las fuentes consultadas por ESdiario a siete meses de las primarias para elegir a su candidato. Un contraste con el PSOE andaluz, que las tiene previstas para dentro de un mes. Y es que Susana Díez quiere que sus candidatos se vayan dando a conocer en aquellas capitales donde el PSOE-A no gobierna.
Y es que al candidato del PSOE de Madrid, sea el que sea, le espera una ingente tarea.

El PP tiene la confirmación de que Ciudadanos derribará a Cifuentes

MADRID.- La crisis generada en torno a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, que no ve ningún motivo para dejar su cargo ante las irregularidades detectadas en la realización de un máster, sigue en punto muerto. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no le ha pedido aún que deje el cargo, pero en el PP tienen ya la confirmación de que Ciudadanos facilitará la moción de censura contra la presidenta, si no dimite. Por tanto, su salida será a la fuerza, a juicio de El País.

Si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, hubiera presentado ya su dimisión, la mayor parte del PP habría respirado aliviada. Esta es la aseveración de distintos dirigentes populares, conocedores del sentir de la organización, a pesar del reconocimiento que la presidenta tiene de buena parte de su partido tanto por su gestión como por su reconocida vocación política. Pero la situación ya no es sostenible, señalan los consultados.
Cada día que pasa es peor para el crédito del partido que, de nuevo, está en manos de Ciudadanos. En las últimas horas ha habido contactos oficiosos entre el PP y la formación de Albert Rivera a instancias de los populares para saber a qué atenerse. Ya lo saben: Ciudadanos apoyará la moción de censura que defienda el PSOE, que presentará como candidato a la presidencia de Madrid al catedrático de Filosofía Ángel Gabilondo, vinculado a ese partido pero sin carné de militante.
Esta confirmación era necesaria para el PP. A pesar de que Ciudadanos había reiterado que apoyaría la moción de censura, la cúpula del PP no terminaba de creer que llegarían hasta el final. El hecho de que Ciudadanos se resista a establecer una agenda de trabajo con el grupo socialista de la Asamblea de Madrid para tratar de la moción, como les requieren desde hace días, hizo pensar al PP que no todo estaba perdido. 
Los argumentos de los más cercanos a la presidenta madrileña, y también de algunos dirigentes regionales, sobre el perjuicio que causaría al partido de Rivera facilitar un Gobierno de izquierda, han sido derrotados. Ciudadanos ha calibrado esa posibilidad pero no la ha tenido en consideración. 
El perfil moderado de Ángel Gabilondo ayuda a desterrar ese ataque pero, sobre todo, el calado en la opinión pública de este caso ha conducido a Ciudadanos a no dar marcha atrás, como ya se lo ha hecho saber al PP.
Todo aún es reconducible siempre que Cifuentes dimita, señalan fuentes del partido de Rivera. Ciudadanos no está interesado en que gobierne Gabilondo por mucho que esté persuadido de que no se trata de ningún extremismo. Su solución pasa por el paso atrás de la actual presidenta y que la sustituya una persona de su grupo parlamentario al haber sido el PP la lista más votada, recalcan dichas fuentes.
La presidenta madrileña volvió a defender ayer su inocencia en el pleno de la Asamblea de la Madrid, y puso el énfasis en que no ha cometido ninguna irregularidad, ni sobre ella pesa la menor imputación. Los escoltas de la presidenta impidiieron ayer que los informadores pudieran acercarse a ella.

'Vocento', editora de 'Abc', levantará muros de pago en todos sus diarios regionales en dos años

MADRID.- “Los contenidos de Vocento no deben ser tenidos como gratuitos. Este es el mensaje que queremos enviar al mercado en el mediano y largo plazo”, indicó Luis Enríquez, consejero delegado de Vocento durante la Junta de Accionistas del pasado miércoles en Bilbao. Enríquez considera que todos sus periódicos elaboran información importante y relevante, por lo que sus “profesionales merecen que el fruto de su trabajo sea retribuido”, tal como recoge El Español.

El cobro de contenidos digitales es el gran proyecto de Vocento para afrontar la crisis del sector y el cambio en el paradigma publicitario. Hasta el momento, es el único grupo de prensa tradicional en España que ha apostado por este modelo de suscripción digital, que ya comienza a ser el más utilizado en las principales cabeceras de Estados Unidos, Reino Unido y Sudamérica, y el objetivo es seguir profundizando en esta línea.
El plan del editor de ABC es poder incorporar el pago digital en sus doce cabeceras regionales en dos años, según ha podido confirmar El Español con fuentes del grupo. Esto supone acelerar un plan de expansión que de momento se aplica a cuatro de sus diarios -El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés e Ideal de Granada- y que se ampliará a otros dos periódicos antes de fin de año.

Dos años de plazo

En el grupo reconocen que todavía no han decidido cuáles serán estas dos cabeceras. “Tenemos tres o cuatro candidatos, de la zona norte y sur”, indican fuentes de Vocento. Además, agregan que los que no entren este año, lo harán con seguridad el siguiente. “Nos lo piden los propios directores de regionales, porque se dan cuenta de que es un modelo que funciona y que a largo plazo nos dará rentabilidad”.
Es así como siguiendo el plan, durante el año 2019 se podrían incorporar tres o cuatro cabeceras y en el primer trimestre de 2020 se completaría el proyecto con los doce diarios regionales de Vocento cobrando por sus contenidos digitales, un hito para la prensa en Internet española acostumbrada a servir sus informaciones de manera gratuita.
En Vocento reconocen que el proyecto de cobrar por contenidos digitales marcha según lo planeado y que las cifras de suscripción y de fidelización de usuarios y lectores se están cumpliendo, según lo presupuestado. “Es una apuesta a largo plazo”, indican desde el grupo.

15.000 suscriptores

De momento, los cuatro diarios que utilizan el sistema de suscripción +ON tienen 15.000 suscriptores, lo que ha permitido al grupo cruzar el Rubicón y el punto de no retorno en su apuesta. Las cabeceras que no han incorporado todavía el muro de pago en Vocento son La Verdad, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, El Comercio, Las Provincias y La Voz.
En la Junta General de Accionistas el propio Luis Enríquez reconoció que sus ingresos de publicidad digital se habían visto afectados por la caída del tráfico en algunas de sus webs regionales como efecto colateral del muro de pago implantado por el sistema +ON. No obstante, reconoció que están dispuestos a asumir este coste a cambio de consolidar su apuesta por el pago.
De hecho, según el plan de Vocento los ingresos generados por los nuevos abonados no son la única razón para dar este paso. El propio Enríquez reconoció durante la Junta que uno de sus principales objetivos es conocer los perfiles de sus lectores en internet, la mayor demanda de los anunciantes en estos momentos. La principal ventaja de las redes sociales respecto de los diarios en su lucha por la publicidad digital.

La tontería completa: el suicidio de la izquierda en Madrid / Ignacio Varela *

No crean a quienes dicen que Madrid siempre fue de derechas. En 1983, el PSOE y el PCE sumaron el 60% en las elecciones autonómicas y el 56% en las municipales de la capital. Todo lo que vino después se lo han ido ganando a pulso.

Cuando el PP está acorralado como nunca y Cifuentes en plena carbonización, la izquierda madrileña acude en su ayuda, organizando sendos incendios en sus respectivos corrales para dar la razón a quienes afirman que no es prudente poner un Gobierno en sus manos. Gabilondo debe estar espantado, con razón, ante las trapisondas de los suyos en las vísperas de su moción de censura.

Cuando todos los focos se centraban en el harakiri del PP y en el zafarrancho contra sus socios de Ciudadanos, Podemos decidió montar primarias con un año de antelación, sabiendo de antemano que eso equivale a abrir la caja de los truenos. ¿No encontraron un momento mejor?

Cuando el PSOE madrileño despertó por una vez de su larga siesta y se dispone a liderar una moción de censura justificada y creíble, lo echa todo a perder con la filtración de la ocurrencia de proponer a Manuela Carmena que sea su candidata. Una forma de reconocer los efectos de la pavorosa selección regresiva de la especie a la que durante lustros se ha sometido a la dirigencia socialista en Madrid y en España entera.

Hay que estar en la inopia para no saber que formular ciertas ofertas en voz alta, en un despacho oficial y ante testigos equivale a ponerse en manos de quienes escuchan. Me temo que a José Manuel Franco no le explicaron bien que el único secretario general de Madrid se llama Pedro Sánchez, y que solo bajo ese presupuesto se explica que él haya recalado circunstancialmente en esa silla.

Desde Felipe González a Pedro Sánchez, todos los líderes nacionales del PSOE sin excepción han tratado de meter sus manos en el avispero madrileño, y la han pifiado indefectiblemente. Lo de Carmena tiene, cómo no, su precedente: Cristina Almeida, aquel éxito electoral memorable.

Peor aún es el asunto de Podemos. Una escandalera absurda montada sobre el falso prestigio de Íñigo Errejón, jaleado por los 'highbrows' capitalinos que utilizan su figura para mortificar a Pablo Iglesias. En todos los partidos existe ese personaje elogiado por quienes jamás lo votarán: sucedió con Gallardón en el PP, o con Bono en el PSOE. Errejón representa hoy ese papel, es el dirigente de Podemos que fascina a quienes detestan a Podemos.

Primero está la leyenda de su moderación ideológica: Errejón presentado como un apacible socialdemócrata equivocado de partido. Pero quien logre desentrañar sus abstrusos textos ideológicos encontrará en ellos la expresión más genuina del populismo de Laclau, puro peronismo de facultad mezclado con una indigestión de Gramsci.

Luego, el mito de su presunto carisma electoral. Hablamos de alguien que está electoralmente inédito, dentro y fuera de su partido. Es más, que ha eludido todas las ocasiones de medirse en las urnas, como hizo en Vistalegre. No he visto una encuesta que muestre entusiasmo social por Errejón, ni lo contrario.

Íñigo Errejón nunca creyó en Podemos como partido. Lo suyo va más bien por la idea del movimiento líquido populista. Tienen algo de razón quienes creen que su proyecto es ocupar su cúpula para desmontarlo y dar paso a otro tipo de criatura política.

Lo increíble del caso es que pretendía hacerlo con el apoyo del propio partido que trata de licuar. En esencia, Errejón exigía que Podemos le proporcionara los recursos humanos y materiales para desgajarse de él y montar su propia plataforma política, el Partido Errejonista de Madrid. Quería y quiere ser el Colau madrileño, la cuarta confluencia.

Esto es inasumible para cualquier partido, pero sobre todo para uno genéticamente madrileño, incubado en la facultad de Políticas de la Complutense y nacido en la Puerta del Sol. Si Podemos se entrega en Madrid a una confluencia, extravía su cuna y su esencia. Una cosa es aliarse con otro partido y otra poner la cama para que uno de sus dirigentes se monte una escisión 'pro domo sua'.

En el improbable caso de que Íñigo Errejón llegue a ser presidente de la Comunidad de Madrid en 2019, estaría en su derecho de exigir plena autonomía para formar su Gobierno. Pero querer mangonearlo todo, desde el grupo parlamentario hasta las candidaturas municipales, no es un ejercicio de coherencia, es reclamar para sí la ínsula Barataria. En esta disputa, la razón orgánica —la que finalmente se ha impuesto— está del lado de Pablo Iglesias.

Quienes conocen bien a Errejón anticiparon el desenlace: “Al final, se rajará como siempre, agachará la cabeza y será candidato en las condiciones que se le dicten. Él sabe mejor que nadie que Pablo es mal sujeto para echarle órdagos”. Es lo que se anunció ayer por la tarde, probablemente un cierre en falso como el de Vistalegre. Lo cierto es que a Errejón sigue sin gustarle el Podemos de Iglesias y Pablo tiene más motivos que nunca para desconfiar de Íñigo. Solo la mutua consciencia de un desastre inminente ha hecho que se aplace el divorcio.

Finalmente, parece que será Carolina Bescansa, la socióloga con ínfulas inexplicadas de lideresa alternativa, quien cargará con todas las culpas de esta movida indescriptible. Las conjuras no se documentan, amiga. Y el planchazo de colgar la conspiración en la red para retirarla cinco minutos después solo puede deberse a la máxima perfidia o al aturdimiento máximo.

Todo esto serían meras trifulcas domésticas si no fuera por el síndrome de la derrota anticipada que invade a la izquierda, para desesperación de los ciudadanos progresistas. Todos sabemos que por este camino ni el próximo alcalde de Madrid será socialista, ni el presidente de la CAM será de Podemos. Las encuestas muestran más bien una alta probabilidad de que el PSOE quede cuarto en la capital y Podemos, cuarto en la comunidad, cualesquiera que sean sus candidatos. Se matan por gestionar la miseria.

No sé si llegará a realizarse la moción de censura o si Cifuentes será sacrificada antes. Pero si sucediera, sus adversarios le han obsequiado el discurso: “Señores de Ciudadanos, visto lo visto, ¿de verdad van ustedes a entregar Madrid a esta partida de incapaces?”. Y lo malo es que cientos de miles de personas, a las que les apesta el 'master fake' y todo lo demás que arrastra el PP, sentirán la tentación de comprar el argumento.

Ni media tontería, dijo Pablo. Aquí tiene la respuesta: la tontería completa.

 (*) Periodista


Una tercera familia del colegio de educación especial de Getafe se queja por el trato dado a su hijo

MADRID.- Una tercera familia de un alumno de 13 años con autismo del Colegio Público de Educación Especial (CPEE) Santiago Ramón y Cajal ha solicitado a la Consejería de Educación el traslado a otro centro.

Así lo han indicado fuentes del departamento que dirige Rafael van Grieken para señalar que el escrito en el que se refleja su queja por el trato que recibe su hijo en este colegio.
Las mismas fuentes detallan que ese documento no supone una denuncia ante la Inspección Educativa sino una solicitud de traslado al entender que el menor no recibe un trato adecuado en el Santiago Ramón y Cajal.
Con ello, se une a la segunda familia que sí ha denunciado trato vejatorio en este colegio y que también ha reclamado un cambio de centro para su hijo autista, de 10 años.
Ahora, la Consejería estudiará las diferentes alternativas para ver si se puede acometer este cambio y se transmitió a los padres su disposición a atender cualquier aspecto que traslade a la administración educativa.
Esta petición se produce después de conocerse que tres trabajadoras del centro están siendo investigadas judicialmente por presuntos malos tratos a un menor de ocho años autista, tras la denuncia que ha cursado la familia de este chico.
Por su parte, la dirección del Colegio Público de Educación Especial (CPEE) Santiago Ramón y Cajal de Getafe ha asegurado que al menor de 8 años con autismo cuyos padres han denunciado vejaciones por parte del profesorado se le trató con "cariño", "respeto" y desarrollando las medidas ajustadas a sus necesidades educativas, al tiempo que ha recalcado que las acusaciones contra el centro son "totalmente falsas".
Además, en un escrito dirigido a la comunidad educativa, han asegurado que se mantuvieron diversas reuniones con la familia del menor, que ya está en otro centro, y que "en ninguna" los padres expusieron "sospecha alguna" del presunto maltrato denunciado.
En el comunicado, el centro emplaza a las familias a realizar una serie de reuniones para contestar a todas las dudas y con datos "objetivos" sobre la "verdad" de este caso, después de conocerse que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Getafe investiga a tres trabajadoras por un presunto delito de acoso y trato degradante así como uno de lesiones psicológicas a un escolar de 8 años con un trastorno de autismo que estuvo en el colegio.
En este sentido, expone que el alumno estuvo en el centro durante un total de 34 días lectivos y el último día al que acudió a clase fue el 9 de noviembre de 2017, coincidiendo con el momento en que el centro descubrió que el menor tenía un dispositivo en su ropa para hacer grabaciones.