Ciudadanos "indignados" españoles fundan el Partido X

MADRID.- Un grupo de ciudadanos activos en los movimientos de protesta social surgidos en España en los últimos dos años presentaron el martes una nueva formación política, el "Partido X, el Partido del Futuro", con el que aspiran a lograr una democracia sin intermediarios y "resetear el espacio electoral".

Entre sus principales propuestas, presentadas a través de varios vídeos colgados en Internet por medio de dos portavoces anónimos, están establecer el derecho a voto real y permanente, referéndums, un 'Wikigobierno' con "legislaciones elaboradas a la vista de todos y con las aportaciones de los que saben de cada tema" y transparencia, al estilo de lo que ocurre en Porto Alegre (Brasil) e Islandia, señalaron.

"Recorta los intermediarios y haz operativa la democracia para decidir", señalaron los portavoces apuntando que la ideología del nuevo partido surgido de ciudadanos organizados a través de Internet es "la lógica" y su programa "la democracia y punto".

Detrás del Partido X habría en torno a unas 90 personas, según apuntan medios locales, aunque en sus primeras horas de vida pública el proyecto ha conseguido más de 13.000 seguidores en redes sociales.

Entre sus objetivos está el de sustituir a la elite política actual por "empleados públicos electos que ni pinchan ni cortan, recopilan y ejecutan de la forma más eficaz posible las propuestas de los prioridades expresadas por la población". Sus propuestas pueden consultarse además en la web www.elpartidodelfuturo.net.

En su vídeo de presentación, la formación se desvincula del movimiento ciudadano 15-M surgido en varias ciudades españolas en la antesala de las elecciones municipales de mayo de 2011 para pedir cambios en el sistema político vigente.

"El 15-M no quiere ser un partido. Ni quiere ni puede ser un representado porque es muchas cosas diferentes es más grande y más variado que cualquier partido. (...) El Partido del Futuro es un método del futuro aplicado al presente para resetear el espacio electoral (...) una operación de desalojo del hemiciclo", explicaron los portavoces de la formación.

El movimiento 15-M - que tuvo uno de sus epicentros en la Puerta del Sol de Madrid - se reavivó en la segunda mitad de 2012 por medio de nuevas plataformas ciudadanas, que salieron a la calle para protestar contra los importantes recortes en el gasto social impuestos por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy para cumplir con los objetivos financieros impuestos por la Unión Europea.

Cada hogar español tira 76 kilos de comida al año, pero sólo un 9% lo reconoce

MADRID.- Cada hogar desperdicia un promedio de 76,4 kilos de comida al año, aunque sólo un 9 % de ellos reconoce que tira alimentos a la basura con cierta frecuencia, según un estudio de la Confederación Española de Cooperativas de Consumidores y Usuarios (Hispacoop).

Para ello, se visitaron 413 hogares -escogidos de forma aleatoria- durante siete días consecutivos y en horarios distintos del mes de noviembre y se entrevistó a 3.454 personas de todas las comunidades encargadas de la alimentación de cada casa, según explica un comunicado de Eroski, perteneciente a Hispacoop.

Los hogares sometidos a análisis tiraron 554 kilos de alimentos en una semana, de los que un 19 % eran pasteles, cereales y pan; un 17 %, frutas, verduras, leche y derivados, y un 13 %, pasta, arroces y legumbres.

La comida del mediodía es el momento en el que se tiran más alimentos (un 35 % del total), seguida de la cena (27 %) y el desayuno (20 %).

De los resultados de una semana, el análisis deduce que cada español arroja a la basura 32,2 kilos de alimentos al año, lo que supone 1,52 millones de toneladas entre toda la población.

También se preguntó en el estudio a los responsables de los hogares la diferencia entre fecha de caducidad (en qué momento el producto deja de ser seguro para tomarlo) y consumo preferente (cuando pierde sus cualidades sin riesgo para la salud).

Así, uno de cada cuatro entrevistados confundía ambos conceptos, lo que puede suponer que alimentos válidos para el consumo acaben en la basura.

El tipo de hogar donde se tiran más alimentos está compuesto por dos personas donde el responsable de la comida tiene más de 60 años, mientras que los hogares con cuatro o más miembros son los que destrozan menos.

La gravedad del desperdicio de alimentos es especialmente relevante, según la nota, si se tiene en cuenta que la comida que se tira en Estados Unidos y la Unión Europea podría alimentar a los 1.000 millones de personas que pasan hambre en el mundo.

En los países desarrollados, 200 millones de toneladas de alimentos acaban en los vertederos cada año.

La Comunidad de Madrid une electrónicamente los registros de la administración

MADRID.- Madrid es la primera comunidad autónoma en unir electrónicamente los registros de la administración estatal, regional y local, con la implantación del sistema ORVE o la Oficina de Registro Virtual, una herramienta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que permitirá a los madrileños presentar la documentación requerida por cualquiera de las tres administraciones en cualquier registro de la región.

   Así lo han anunciado el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno regional, Salvador Victoria, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en un acto que ha tenido lugar en la Real Casa de Correos para presentar este sistema, después de un periodo de prueba de seis meses.

   La Oficina de Registro Virtual, a la que hasta ahora se han adherido un total de 150 municipios de la región, pero que terminará por llegar a los 179 en un breve periodo de tiempo, permite digitalizar el documento en el mismo momento en que es presentado en cualquier administración y enviarlo a la que corresponda de forma inmediata.

   Además, este trámite telemático ofrece plenas garantías jurídicas al ciudadano, quien conservará el documento original, según ha destacado el consejero de Presidencia y Justicia, que ha indicado que el sistema estará operativo en 379 oficinas de registro --los 57 registros de la Comunidad, los 27 del Estado, los 48 del Ayuntamiento de Madrid y 247 registros de los municipios restantes--.

   Victoria ha explicado que el sistema ORVE supone un ahorro de dinero y de tiempo para las administraciones, ya que la tramitación ordinaria cuesta en torno a tres euros y tarda una media de 16 días.  Mientras, para los ciudadanos supone una mayor comodidad y seguridad jurídica, ha señalado.

   Según Victoria, Madrid ha sido elegida para llevar a cabo la implantación del sistema ORVE como proyecto piloto gracias a que fue la primera comunidad autónoma en implantar la ventanilla única en todos los municipios de la región.

   Asimismo, ha subrayado la colaboración entre las distintas administraciones para este proyecto, para agregar que 2013 va a ser "un año muy complicado", que "va a requerir muchos sacrificios por parte de todos" y colaboración entre todas las administraciones.

   Por su parte, Beteta ha dicho que éste es el primer paso hacia el objetivo para 2014 de "una administración sin papeles" y, por lo tanto, "mucho más barata". De hecho, según sus cálculos, la implantación del sistema ORVE en la Comunidad de Madrid supondrá un ahorro anual de cinco millones de euros para todas las administraciones involucradas.

   "Ni un día sin reformas es el objetivo que tenemos que tener todas las administraciones", ha enunciado Beteta, quien ha asegurado que el Gobierno de España "no ha frenado su afán reformista" desde que tomó posesión hace poco más de un año.  "No hay reforma pequeña", ha aseverado, al tiempo que ha sostenido que "el tren reformista" tiene como estación final el crecimiento económico, pero pasa por las reformas estructurales.

   Así, según Beteta, la herramienta contribuirá a la consecución del "equilibrio presupuestario", al que se ha referido como la actual "garantía de la prosperidad futura".  Al mismo tiempo, posibilitará la "inmediatez", que el ciudadano pueda saber en qué estado de tramitación se encuentra su expediente y "reducir la brecha digital", ha destacado.

   En el acto han intervenido también el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo, el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ángel Fernández, el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, David Pérez, y la delegada de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa.

   Calvo Sotelo ha dicho que "las nuevas tecnologías van a ser una de las principales palancas para superar con éxitos los retos a los que nos enfrentamos", ya que proporcionarán una mayor "competitividad". Asimismo, permitirán "acortar las distancias entre las distintas administraciones y el ciudadano y las administraciones".

   "La reforma de las administraciones tiene un importancia fundamental desde esa convicción", ha afirmado, en alusión al desarrollo de una "agenda digital" por parte del Gobierno de la nación.

   Por su parte, Fernández ha constatado que con iniciativas como ésta se atiende a los tres objetivos de las entidades locales: "ser útiles, facilitar la comunicación entre los ciudadanos y las administraciones y, además, ahorrando el mayor gasto posible". A su juicio, "la vía es la colaboración entre las distintas administraciones".

   Pérez ha señalado que el nuevo sistema "nace con mucha fuerza y apoyo de todas las administraciones", y que permitirá una administración "lo más transparente, lo más ágil y lo más austera posible".

   Finalmente, Dancausa  ha destacado que en el Ayuntamiento de Madrid actualmente se pueden realizar 95 trámites on line, 18 de ellos incorporados en el último año. En 2012 se presentaron más de un millón de escritos, de los que unos 50.000 iban dirigidos a otras administraciones, fundamentalmente a la Comunidad de Madrid y a la Administración General del Estado, ha precisado.

Victoria dice que Gómez ha hecho el "ridículo" porque Ferraz le ha desautorizado en el recurso sobre el euro por receta

MADRID.- El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Ejecutivo regional, Salvador Victoria, ha afirmado este martes que el secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha hecho el "ridículo" después de la que dirección federal de los socialistas haya comunicado que no ha dado aún vía libre a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta, tal y como había afirmado esta semana el propio Gómez.

   A través de su cuenta en la red social 'Twitter', Victoria ha cargado contra el líder de los socialistas madrileños que, en su opinión, ha sido desautorizado "una vez más" por Ferraz en relación al recurso de inconstitucionalidad sobre el euro por receta.

   "Qué va a hacer Tomás Gómez después del ridículo en el que le ha dejado Ferraz?", ha señalado en uno de sus comentarios para remarcar que esta situación generada este martes revela que Gómez y la dirección nacional de su partido "se odian".

   Fuentes del PSM habían indicado esta mañana que en las "próximas horas" senadores socialistas iban a interponer un recurso al Tribunal Constitucional contra el euro por receta en Madrid e iban a solicitar la suspensión cautelar de esta medida.

   Posteriormente, la dirección federal del PSOE ha comunicado que no ha dado vía libre a interponer ese recurso y que se está estudiando la normativa madrileña para decidir si acude o no al Alto Tribunal.

Ecologistas en Acción ve "incomprensible" la prórroga de la UE a la Comunidad para reducir las emisiones de NO2

MADRID.- Ecologistas en Acción ha tildado de "incomprensible" la decisión de la Comisión Europea de conceder a la Comunidad de Madrid una prórroga de un año para reducir sus emisiones de NO2 (dióxido de nitrógeno) en dos de las siete zonas de medición del aire de la región, Corredor del Henares y Urbana Sur.

   En un comunicado, la organización ecologista censura la decisión de la Unión Europea porque, a su juicio, "premia" la inacción de la Comunidad de Madrid para reducir la contaminación. Por tanto, califica de "lamentable" su actitud porque, a juicio de este colectivo, en la región no se da "ninguna tendencia a la baja de dicho contaminante".

   "Es una muestra más de la enorme permisividad a la hora de hacer cumplir su propia legislación ambiental, que contrasta con la dureza que aplica en terrenos como el económico. La ciudadanía pagará  las consecuencias al respirar un aire perjudicial para la salud durante al menos dos años más", remarca Ecologístas en Acción.

   El colectivo recuerda que la legislación europea sobre calidad del aire estableció valores límite para los distintos contaminantes de la atmósfera y plazos para su cumplimiento. Para el dióxido de nitrógeno (NO2) se fijó tope anual para la protección de la salud humana en 40 microgramos por metro cúbico y se estableció el año 2010 como la fecha de cumplimiento.

   En este sentido, recalca que los estados miembros tuvieron un lazo de 10 años para tomar medidas de reducción de la contaminación y que, durante ese tiempo, diversas capitales y grandes ciudades europeas tomaron medidas significativas para reducir el tráfico, como el establecimiento de peajes al centro (Londres y Estocolmo), políticas decididas de reducción del espacio para el coche e impuestos a los más contaminantes (París), restricciones al tráfico en situaciones de picos elevados de contaminación (Milán).

   Sin embargo, Ecoligistas en Acción entiende que, ni la Comunidad de Madrid ni el Ayuntamiento de Madrid, las autoridades políticas han tomado medidas suficientes para "velar por la calidad del aire en su ámbitos respectivos", limitándose en su opinión a publicar sendos planes de mejora de calidad del aire "por imperativo legal y con varios años de retraso".

   "Dichos planes no eran instrumentos serios y eficaces para conseguir la importante reducción de la contaminación atmosférica que se necesitaba en la región, puesto que en ambos se eludía la imprescindible reducción del tráfico de automóviles", ha enfatizado Ecologistas en Acción.

   Además, sostiene que no tiene constancia de que el Gobierno regional haya aprobado un nuevo plan de calidad y considera "incomprensible" que la Comisión Europea haya estimado que las medidas previstas por las autoridades madrileñas garantizarán el cumplimiento de los valores límite legales al final del año 2014.

El Banco de España defiende su tarea supervisora, basada en el "rigor, la independencia y la calidad técnica"

MADRID.- El Banco de España ha defendido su labor como supervisor bancario, caracterizada "siempre por tratar de cumplir con los mejores estándares internacionales de rigor, independencia y calidad técnica, en un momento particularmente delicado en relación con la puesta en marcha de la supervisión única europea".

   En un comunicado de su Comisión Ejecutiva, el organismo presidido por Luis Linde niega, ante las informaciones aparecidas sobre afirmaciones contenidas en el informe elaborado por la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito del Banco de España, que "dada su vaguedad y naturaleza" pueden poner en entredicho su tarea supervisora, niega "posibles irregularidades relativas a actuaciones supervisoras concretas identificadas por la Asociación".

   Además, reafirma la práctica constante de la propia Inspección y del organismo "en lo que se refiere a su total y absoluta colaboración con los Tribunales de Justicia y el Ministerio Fiscal respecto a la persecución de posibles conductas delictivas en el ámbito de sus competencias".

   Asimismo, recuerda que el informe, cuya elaboración estaba prevista en el Memorando de Entendimiento (MoU) suscrito entre las autoridades españolas y europeas y que ha elaborado una Comisión presidida por el consejero Angel Luis López Roa con participación de un equipos de miembros de la dirección general de Supervisión, de la dirección general de Regulación y Estabilidad Financiera y de la Auditoría Interna del Banco de España y que ha contado con la colaboración de dos representantes de autoridades supervisoras europeas, se entregó dentro del plazo fijado de finales del mes de octubre y que su contenido y recomendaciones están siendo analizados por el Banco de España y las autoridades europeas.

   En concreto, el objetivo del informe, que ha recogido diversas propuestas y sugerencias del documento presentado por la Asociación de Inspectores de Entidades de Crédito, es realizar un diagnóstico de los procedimientos supervisores del Banco de España con la finalidad de identificar carencias y formular propuestas de reforma.

   El informe detalla el alcance y la forma en que ha trabajado la Comisión, las aportaciones que ha utilizado - incluidas las recomendaciones de terceros independientes y los trabajos recientes de distintos foros internacionales sobre mejores prácticas supervisoras-, el análisis de las innovaciones recientemente introducidas en los procedimientos supervisores del Banco de España y los trabajos específicos realizados por la propia Comisión.

   Así, la Comisión Interna plantea, entre otras, propuestas de mejora en áreas como el establecimiento de un marco estandarizado para la adaptación de medidas supervisoras en función del perfil de riesgo de las entidades de crédito, el seguimiento continuado 'in situ' en entidades relevantes o la formalización de las actuaciones supervisoras.

   Respecto a este último aspecto, el informe propone, entre otras cosas, fortalecer el procedimiento de planificación de las actuaciones inspectoras, así como el procedimiento de seguimiento del cumplimiento de los escritos de requerimientos y observaciones.

   Asimismo, recomienda que, una vez finalizada la actuación supervisora 'in situ', el equipo inspector entregue a la entidad inspeccionada un documento resumen de las situaciones observadas que requieran corrección o hayan sido corregidas durante la inspección.

   El Banco de España explica que, aunque el documento definitivo es el escrito de observaciones/requerimientos aprobado por la Comisión Ejecutiva, el objetivo de este texto es anticipar dichas situaciones, para que las acciones de corrección "se acometan sin demora".

   En esta línea, propone que en las actuaciones de seguimiento 'in situ' se elabore semestralmente un informe resumen sobre los trabajos realizados, en el que se incluyan todos los ajustes y deficiencias observados, a partir del cual se propondrá a la Comisión Ejecutiva el correspondiente escrito de requerimientos u observaciones, en el que se incluirán todos los ajustes y deficiencias detectados en el semestre, incluidos los ya subsanados.

   La institución además sugiere dar mayor formalidad al requisito del Banco de España, aprobado en octubre de 2011, de que cualquier discrepancia entre informes fuera informada a los superiores jerárquicos, incluso a la Comisión Ejecutiva. Para ello, propone incluir en un apartado específico en el Informe a la Comisión Ejecutiva de la Dirección General de Supervisión y en el Informe del departamento para el director general de supervisión sobre cualquier discrepancia.

Directivos de Centros de Salud de Madrid registran en Sanidad sus cartas de renuncia

MADRID.- La Plataforma de Equipos Directivos de Centros de Salud ha entregado este martes en el registro central de la Consejería de Sanidad las cartas de renuncia de 322 profesionales de 137 centros que comunican su disposición a dejar de realizar estas funciones en caso de que se lleve a cabo la externalización de 27 centros de Atención Primaria. 

   Junto a ello, también se ha presentado cerca de 3.000 firmas de profesionales que renuncian a la participación en las comisiones de centro. Ambas medidas podrían generar, en caso de hacerse efectivas, el "colapso" en la organización de los centros de salud en los que se realicen estas denuncias.

   Así lo ha detallado el portavoz de la Plataforma, Paulino Cubero, quien ha remarcado que estas dimisiones condicionadas a la aplicación de la externalización es una medida de presión para tratar de revertir este proceso y forzar un diálogo con Sanidad para buscar una alternativa.

   Aparte, el propio Cubero ha manifestado que la Plataforma no descartar presentar acciones legales en caso de que se llevara a cabo la externalización de los 27 centros de salud si consideran que esa iniciativa no se ajusta a la legalidad. En concreto, se ha referido a que la externalización podría vulnerar la normativa de libre elección.

   Cubero ha remarcado que la entrega de esta carta de disposición a la dimisión 'en bloque' de equipos directivos es un proceso que se ha gestado los últimos dos meses "ante la falta de la respuesta a la Consejería a la propuesta de un proyecto de autonomía de centros de salud y que se abra un proceso de diálogo" sobre esta cuestión que, a su juicio, aún no se ha producido realmente con el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty.

   "Las dimisiones serán efectiva en el momento en que se ejecute su plan", ha dicho el portavoz de la Plataforma para remarcar que en caso de producirse estas renuncias, aspecto que espera que finalmente no llegue a producirse, podría supone el "colapso" de los centros de salud afectados por estas renuncias.

   A juicio de Cubero, la Consejería de Sanidad no podrá sustituir a estos profesionales porque la mayoría de ellos no quiere asumir esas funciones si se lleva a cabo la externalización, como prueba los cerca de 3.000 médicos que han rechazado participar en las comisiones técnicas, que son apoyo a las labores de dirección. "Esto no es nada fácil de sustituir", ha apostillado.

   También ha remarcado que el jueves se realizará una asamblea para detallar nuevas medidas y ha asegurado que continuarán con las movilizaciones en contra del Plan de Sostenibilidad de la Consejería si se aplica la externalización.

   Aparte, Cubero ha dicho que la posibilidad de adherirse a esta renuncia en 'bloque' sigue abierta y ha asegurado que la respaldan la mayoría de los integrantes de los equipos directivos de los centros de salud, si bien una parte han optado por no dimitir por muchas circunstancias, como puedan ser por razones personales o por entender que son "más útiles desde dentro".

   El portavoz de la Plataforma de Equipos Directivos de Centros de Salud espera que la Consejería de Sanidad recapacite porque los profesionales de Atención Primaria "van muy en serio" en su voluntad de oponerse por todos los medios a la externalización.

   "No nos dan otra alternativa y no tenemos nada que perder. En el momento que digan que mi centro de Salud se externaliza, desaparece mi papel como directivo y como médico del centro y no nos podemos quedar parados hasta que esa decisión se tome", ha enfatizado Cubero.

   La Plataforma ha hecho entrega este martes sobre las 14 horas los documentos de dimisión de 322 miembros de equipos directivos, lo que sumado a 46 vacantes contabilizadas supone 368 puestos directivos. Esta cifra supone cerca de la mitad de los centros de Atención Primaria de la Comunidad.

   Por otra parte, el colectivo indica que 60 equipos han optado por no dimitir y que en 90 centros la dimisión ha sido de todos sus miembros, según sus estimaciones.

Ecologistas denuncian la "importante" contaminación del aire en Madrid

MADRID.- Ecologistas en Acción ha denunciado hoy un "importante episodio de contaminación" en Madrid que se registra desde el pasado jueves, sin que hayan identificado medidas para paliarlo. Cuando se instala un anticiclón sobre la región madrileña, explica en grupo ecologista en un comunicado, disminuye la renovación del aire y se acumula la contaminación "alcanzando niveles malsanos".

"La boina sobre la capital, claramente visible desde la lejanía, es el resultado de la acumulación del dióxido de nitrógeno y otros gases, que provienen fundamentalmente del tráfico de vehículos", añade.

Aunque la crisis económica ha supuesto una disminución del volumen de tráfico motorizado en la capital española, Ecologistas en Acción recalca que no ha sido suficiente para que Madrid deje de superar los límites que marca la normativa vigente en materia de calidad del aire.

Los datos registrados en lo que va de año revelan "fuertes superaciones del nivel horario de dióxido de nitrógeno", liberado principalmente por los tubos de escape de los motores diesel.

La normativa establece que el nivel horario de 200 microgramos por metro cúbico no debe superarse más de dieciocho horas al año en una estación de control.

En menos de una semana, sostiene la nota de prensa, hay estaciones, como la del Barrio del Pilar, que han superado ese nivel en cinco ocasiones, con 306 microgramos por metro cúbico solo el 3 de enero.

Otras estaciones que "preocupan" a Ecologistas en Acción son las de Sanchinarro, "Fernández Ladreda" (Plaza Elíptica) y Getafe, todas con cuatro superaciones del nivel de 200 microgramos por metro cúbico.

Ecologistas en Acción dice no observar actitudes decididas por parte de la corporación municipal ni del Gobierno regional para cumplir las exigencias legales de la Unión Europea en calidad del aire, lo que afecta directamente a la salud de los ciudadanos.

"Este desinterés llama más la atención cuando se compara con la fuerte actividad política que está provocando el afán privatizador de la sanidad pública madrileña", critica la organización ecologista.

También pone de manifiesto que la calidad del aire puede ser determinante para el objetivo del Gobierno municipal de conseguir la designación de Madrid como futura sede olímpica.

Los ecologistas anuncian que están elaborando un "informe completo" sobre la calidad del aire en la ciudad de Madrid durante 2012, que darán a conocer a mediados de este mes.

La primera "marea blanca" del año congrega a miles de sanitarios en Madrid

MADRID.- Miles de personas han regresado hoy a las calles de Madrid para protestar contra la privatización de la gestión de seis hospitales públicos y 27 centros de salud, en una "marea blanca" que ha avanzado de la plaza de Neptuno a la Puerta del Sol, donde se ha guardado un minuto de silencio por la sanidad.

Una gran pancarta con el lema "La sanidad no se vende, se defiende" ha encabezado la primera 'marea' del año, en la que tanto profesionales como ciudadanos han coreado cánticos como "Ignacio, paciencia, nos vemos en urgencias", en alusión al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

"Todos los sanitarios tenemos un deseo: que para la privada no haya dinero" o "Sanidad, te quiero en el mundo entero" han sido otros de los lemas que se han podido escuchar a los manifestantes, algunos ataviados con batas blancas.

La marcha ha sido convocada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (PATUsalud), si bien han participado otras entidades como la plataforma de trabajadores y usuarios de los centros de salud.

La movilización de hoy es también la primera en convocarse desde que el pasado 28 de diciembre la AFEM pusiese fin a su huelga indefinida, un día después de que la Asamblea de Madrid diese luz verde a la ley de acompañamiento presupuestario, que abre la posibilidad a privatizar la gestión de hospitales.

La representante de la asociación y anestesista del Doce de Octubre, Mónica García, ha asegurado que, pese a la aprobación de esa ley, los profesionales continuarán con las movilizaciones en defensa de la sanidad pública, de la formación de sus profesionales y de la investigación.

"La huelga era muy dura y había que cambiar de estrategia, pero vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora: hablar con los pacientes y con los ciudadanos y explicarles las consecuencias que tendrá todo esto", ha explicado.

La marcha, celebrada en una mañana de frío y niebla, ha avanzado hacia la Puerta del Sol en tono festivo y reivindicativo.

No han faltado pitos, cánticos ni tambores, e incluso unos cuantos manifestantes han llevado a la marcha violines, flautas y guitarras para versionar la canción popular de "Los cuatro muleros" y llamar a los madrileños a resistir los recortes en sanidad.

No obstante, un pequeño grupo se ha enfrentado a la Policía Nacional después de que varios agentes solicitasen la identificación a un participante que, junto con algún otro compañero, trataba de cortar el tráfico en la Gran Vía madrileña en el momento en el que la marcha avanzaba por la contigua calle de Alcalá.

"Vergüenza, vergüenza", "Esos son los piquetes del patrón", han gritado algunos ciudadanos a los agentes.

A la marcha han asistido personas de todas las edades, como el jubilado Benigno Murillo, que, con 75 años, ha salido a la calle a denunciar que el Gobierno de la Comunidad de Madrid está "terminando con todo lo público". 

"Nunca me podría haber imaginado que iban a destruir nuestros derechos de este modo", ha explicado.

Muchos médicos, entre ellos Agustín -trabajador del hospital Gregorio Marañón- y Yolanda -del centro de salud de Pinto- han participado en la 'marea' para mostrar su "indignación" con una política que, han asegurado, va a terminar lastrando el derecho a la sanidad pública de los ciudadanos.

"Con la privatización quieren sacar beneficio de nuestros derechos", ha lamentado el médico del Gregorio Marañón.

Una vez en la Puerta del Sol, los convocantes se han situado frente a la sede del Gobierno regional y, tras corear consignas como "La lucha sigue, ¡Sí se puede!", han guardado un minuto de silencio "en señal de luto por la muerte de la sanidad pública", según ha dicho la representante de AFEM.

Se pararía la aplicación del euro por receta si el TC admite a trámite el recurso del Estado

MADRID.- El consejero madrileño de Asuntos Sociales, Jesús Fermosel, ha asegurado este lunes que la Comunidad de Madrid paralizaría la aplicación del euro por receta si el Tribunal Constitucional (TC) admite a trámite el recurso que está ultimando el Gobierno de la Nación contra esta medida.

   "Hubo otro euro por receta que se tardó en llevarlo al Constitucional --en referencia al aplicado en Cataluña-- y ha habido otra trasgresión, que es que las pagas extras (de los empleados públicos) de determinadas comunidades autonómas que no van a hacer caso de no pagarlas y no se sí se llevara al TC o no. Que se lleve al Tribunal Constitucional no quiere decir nada más que eso. Si el TC lo admitiera a trámite, pararíamos el trámite del euro por receta", ha declarado.

   Igualmente, Fermosel ha señalado que España tiene un gasto de medicamentos un 15 por ciento superior a la media europea y eso "hay que mirarlo", al tiempo que ha recordado que en los puntos verde de las farmacias se depositaron en 2011 un total de 3.500 toneladas, "que supone entre el 5 y el 10 por ciento del presupuestos del gasto farmacéutico de este país".

   "El euro por receta tiene lo que tiene, que es intentar disuadir, más que recaudar del consumo justificado o injustificado de medicación. Hay que mirar en casa si uno tiene aspirina antes de ir a por una receta, aunque la aspirina no necesita receta", ha concluido.

El canario Rivero pide mayor flexibilidad en el objetivo del déficit

SANTA CRUZ DE TENERIFE.- El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha pedido al Estado que permita una mayor flexibilidad en el cumplimiento de los objetivos del déficit, pues así se ampliaría el margen de maniobra de las administraciones que financian los servicios básicos y permitiría a las comunidades multiplicar sus políticas de crecimiento y empleo.

   En relación a los topes de déficit para 2013, Rivero ha recordado hoy en su blog que ya el pasado mes de agosto calificó de "incomprensible" que el Gobierno reservara para el Estado un 3,8% con respecto al PIB y un 0,7% para las comunidades autónomas, lo que considera un criterio "irracional e injusto", dado que el 60% del gasto de las administraciones públicas lo gestionan las autonomías.

   En este sentido, ha criticado que el Gobierno "suplique" a Bruselas una flexibilización en los criterios del déficit cuando se lo niega a las comunidades autónomas, sobre todo cuando el PP "culpa con una mano a las CCAA de la crisis y, con la otra, asfixia financieramente a quienes están prestando los servicios públicos esenciales".

   Paulino Rivero ve "injusto" que se señale a las autonomías como las causantes de la crisis y que no se reconozca el esfuerzo que están haciendo por contribuir a la estabilidad presupuestaria", remarcó.

   Esto ha conducido al Gobierno autonómico a trasladar a Hacienda datos que garantizan que el archipiélago no incurrirá en desviación y cumplirá con el objetivo del déficit, pues el pasado jueves el Ministerio publicó un informe en el que advertía que siete regiones españolas presentaban riesgo de desviación, entre ellas Canarias.

   El mandatario canario ha lamentado que la "seriedad y el rigor financiero" de la Comunidad Autónoma no haya tenido respuesta por parte del Gobierno de España. Por ello, opina que el Estado debe reconocer el papel de las CCAA y su esfuerzo en la contención del gasto a través de la flexibilización del déficit.

   "Sería la mejor manera de lanzar un mensaje de confianza sobre las cuentas del Estado y de lealtad institucional entre las administraciones públicas, hoy en día bastante mal paradas en la opinión pública por culpa del discurso partidista e irresponsable del PP", defendió.

   Rivero ha hecho hincapié en que la cooperación de todos los gobiernos --nacional y autonómicos-- permitirá "dar una respuesta debida a las demandas de la ciudadanía y se podrán encarar los graves problemas planteados".

   Al mismo tiempo, ha querido dejar claro que las comunidades podrían hacer "muchísimo" si el cumplimiento del déficit se rebajase algunas décimas. "Sólo de esa manera se podrían atender situaciones que son prácticamente inabordables y que están obligando a hacer enormes sacrificios", apostilló.

   Desde su punto de vista, el Gobierno debe atender esta reclamación por "una cuestión de justicia, de equilibrio y de solidaridad".

 "Cualquier otra cosa será entendida como un nuevo episodio en la ofensiva recentralizadora del PP para hacer añicos el Estado de las Autonomías, precisamente el modelo que ha permitido a España su período de mayor progreso", agregó.

La FEMP negocia incluir a los Ayuntamientos en los primeros puestos de la relación de pagos del nuevo FLA

MADRID.- La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Gobierno están manteniendo conversaciones para que en el nuevo Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2013 los Ayuntamientos aparezcan en los "primeros puestos" de la relación de pagos que las Comunidades Autónomas deben realizar con el dinero que reciban de dicho fondo.

   Así lo ha confirmado el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, quien asimismo se ha mostrado "optimista" sobre la posibilidad de que finalmente el Gobierno opte por esta fórmula para facilitar que las CCCA salden sus deudas con los Ayuntamientos.

   "El Gobierno está siendo muy receptivo de cara a establecer esa nueva relación de gastos con cargo al FLA, al considerar que existe una cuestión de justicia ligada a eso", ha asegurado, para recordar que los Ayuntamiento son "uno de los grandes proveedores de determinados servicios de las Comunidades Autónomas".

   Según De la Serna, este cambio es necesario porque el hecho de que en el anterior Fondo de Liquidez los Ayuntamientos aparecieran "en último lugar" provocó que el dinero solicitado por las Comunidades no fuera suficiente para hacer frente a sus deudas con los municipios, que "en su conjunto" rondan ya, tal y como ha estimado el presidente de la FEMP, los 2.000 millones de euros.  

   "El problema no era tanto el volumen o el importe que el Gobierno ponía a disposición de las Comunidades Autónomas, sino que las Comunidades habían solicitado importes por valores inferiores, y que al haber una lista con una relación numerada, nos habíamos quedado fuera", ha explicado.

   Aunque De la Serna ha matizado que todavía no tienen la confirmación de que esta vaya a ser la fórmula elegida para garantizar que parte del dinero que reciban las CCAA del FLA lo dediquen a pagar sus deudas con los Ayuntamientos, sí ha reconocido que "el Gobierno está siendo dialogante" y que espera que esto sea así.

   "Hay que poner de ejemplo la actitud que está manteniendo este Gobierno  de dialogo en todas estas cuestiones y reformas. Está siendo muy receptivo con este clamor de los municipios, porque lo que ocurre es que muchos no pueden pagar a sus proveedores al no tener esas deudas pagas", ha alabado.

El Gobierno tendrá listo un plan en junio para mejorar la imagen de los políticos

MADRID.- El Ejecutivo español de Mariano Rajoy dice que dispondrá antes del verano de una estrategia de regeneración democrática que impulsará la transparencia y el Gobierno 'abierto', fomentará la participación ciudadana en la tramitación de las leyes y más contactos entre parlamentarios y electores, acometerá una simplificación normativa y revisará el actual plan de derechos humanos.

   El objetivo es mejorar la imagen de la clase política, acercándola al ciudadano, y apostar por una democracia "eficiente".

   "Esta estrategia responde a la inquietud del propio Gobierno ante la percepción de un cierto distanciamiento entre los ciudadanos y las instituciones", ha declarado el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Pendás, que lleva varios meses trabajando en propuestas que permitan 'reconciliar' a los ciudadanos con la clase política, que ha llegado a convertirse en la tercera preocupación de los españoles según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

   En este sentido, Pendás ha explicado que lo que se persigue es "acercar la sociedad a los políticos y que se rompa esa imagen de la clase política un poco distante y que es ajena a las realidades".  También es clave, ha proseguido, "la idea de democracia eficiente" porque la gente "lo que quiere es que los políticos les resuelvan problemas reales y no que les creen problemas artificiales".

   La primera iniciativa en esta materia que ha impulsado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es la llamada Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que ya está en trámite parlamentario en el Congreso, donde se escuchará a expertos en la materia. Pendás considera que esta norma constituye "un cambio en la cultura democrática enorme".

 "Es un cambio decisivo para que los poderes públicos se acostumbren al Gobierno abierto, a estar un poco a disposición de los ciudadanos en ese terreno", ha añadido.

   Para fomentar la participación democrática, el director del CEPC ha revelado que otra de las propuestas en la que están trabajando es que asociaciones y colectivos sociales puedan dar su opinión durante la tramitación parlamentaria de los principales proyectos de ley. Según ha precisado, se trataría de que en el Congreso y en el Senado se estableciera "un trámite de audiencia para que los sectores sociales interesados transmitieran a los parlamentarios cuáles son sus problemas e inquietudes".

   Otra de las iniciativas pasa por hacer una "evaluación de la aplicación de las leyes pasado un cierto tiempo, que podría ser dos años".

 "En España tenemos un poco la costumbre de creer que llenas el Boletín Oficial del Estado de páginas y ya está todo arreglado. Tenemos un problema y hacemos una ley", ha dicho, para asegurar que es bueno que las Cámaras puedan analizar cómo funcionan las normas pasado un tiempo desde su entrada en vigor.

   Otro de los puntos de esta estrategia, ha explicado Pendás, consiste en "mejorar la calidad de las leyes", ya que hay "un clamor" tanto en el ámbito jurídico como en sector empresarial e inversor de que en España hay un "ordenamiento muy complicado y disperso", con una legislación "a veces confusa y contradictoria" porque en ocasiones no se derogan leyes y no se sabe muy bien qué es lo que está en vigor.

   Con el fin de tener un ordenamiento "más claro y sencillo", ha señalado que presentarán al Gobierno "un plan que codifique por sectores el ordenamiento jurídico", como por ejemplo medio ambiente, urbanismo o seguridad, con el fin de que "se eliminen normas que sobren, se aclare lo que está en vigor y lo que no".

 "Es una tarea muy compleja pero imprescindible, que está en línea con lo que la UE se llama 'better regulation' y eso se ha descuidado mucho en España", ha aseverado.

   El director del CEPC ha indicado que también están estudiando la idea de "facilitar las reuniones entre los diputados y senadores, y sus electores", de forma que si un "grupo de presión" tiene algo que manifestar lo diga públicamente "con luz y taquígrafos". 

 "Se trata de que los partidos pudieran estudiar la posibilidad de tener una especie de encuentros formalizados en la circunscripción entre los representantes y los ciudadanos que quieran", ha aclarado.

   Dentro de esta estrategia de regeneración democrática se incluye también un nuevo Plan de Derechos Humanos que "actualice" el Título I de la Carta Magna pero sin necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional, ya que en el momento actual han surgido nuevos problemas con las nuevas tecnologías e Internet. En este punto, Pendás ha destacado que hay que analizar aspectos relacionadas con la ponderación de la intimidad y la información, el respecto a colectivos especialmente vulnerables como la infancia y la juventud, o la discapacidad.

   "Estoy empezando a reunir a grupos de expertos en esa materia y estamos sobre todo pensando en los estándares de la UE, del Consejo de Europa y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha avanzado el director del CEPC, que ha confirmado que este plan estará listo "antes del verano". Una vez terminado se remitirá al Gobierno para que lo apruebe en Consejo de Ministros y después lo remita al Congreso.

   De acuerdo con el calendario que maneja el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el objetivo es que todas estas propuestas que componen la estrategia de regeneración democrática puedan estar en manos del Gobierno antes del verano. "La idea en general es que todos estos encargos estén listos para el próximo verano, para mayo o junio", ha manifestado Pendás.

   El director del CEPC, que ha recordado que hay abierto un proceso de reforma del Senado impulsado por la propia Cámara, ha manifestado que se trata de "una pieza fundamental del sistema".

 "Prácticamente ningún país importante del mundo tiene una sola Cámara. Algo parecido al Senado lo hay en todas partes y creo que la idea de suprimirlo no tiene ningún sentido.  Tiene una función que cumplir, pero probablemente se tienen que potenciar sus funciones y no solo las territoriales", ha declarado.

   Sobre la reforma del sistema electoral español que demandan los partidos más pequeños alegando que la Ley D'Hondt les perjudica, Pendás se ha mostrado partidario de esta norma  porque "ha producido en España gobiernos de todo tipo, por mayorías absolutas y relativas tanto del PP como del PSOE". A su entender, las reglas de juego "son iguales  para todos" y si un partido minoritario "trabaja mucho y bien, pues pasa a ser mayoritario".  

   "Lo que no podemos permitirnos en una situación como la actual son parlamentos inestables y atomizados. El sistema proporcional puro aparentemente hace una radiografía mejor de la sociedad pero luego produce Parlamentos ingobernables y la historia del parlamentarismo está plagada de ejemplos en ese sentido", ha concluido.

Las administraciones públicas tienen 10.200 contratos de luz con recargos del 20%

MADRID.- Las administraciones públicas tienen 10.270 contratos de electricidad que han perdido el derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR) y que, sin embargo, siguen siendo suministrados a tarifa porque no han encontrado comercializadora en el mercado libre.

   Estos contratos, 533 de ellos en alta tensión y otros 9.737 en baja tensión, no solo sufren las penalizaciones disuasorias del 20% contempladas para estos casos, sino que además se encuentran sometidos desde el 1 de enero a una completa incertidumbre y podrían incluso interrumpirse porque ya no tienen derecho ni siquiera a suministro bajo TUR.

   El Ministerio de Industria, Energía y Turismo había elaborado un borrador de orden ministerial de revisión de peajes eléctricos en el que ampliaba en un año, hasta el 31 de diciembre, el plazo de permanencia de estos clientes sin derecho a tarifa en un suministrador de último recurso.

   No obstante, la orden de peajes no ha sido todavía publicada, de modo que desde el 1 de enero la continuidad del suministro a todos estos clientes depende solamente de la voluntad de su comercializadora de último recurso, siempre y cuando no se trate de un "suministro esencial", al que está prohibido cortar la luz.

   La Comisión Nacional de la Energía (CNE) calcula que en la actualidad hay 46.553 puntos de suministro sin derecho a TUR que son suministrados por una comercializadora de último recurso, de los que 432 son grandes consumidores, 10.270 administraciones públicas, 12.732 pymes y 22.847 hogares con más de 10 kilovatios (kW) de potencia contratada.

   Esta cifra es, sin embargo, muy inferior a los 354.636 consumidores que se encontraban en este régimen transitorio en 2010, el primer mes en el que existen cifras acerca de este perfil de consumidores.

   El regulador indica además que, de los 46.553 usuarios que se encuentran en esta situación, el 16%, o 7.440, corresponde a suministros esenciales, de forma que en ningún caso se les podría suspender el servicio eléctrico.

   El Ministerio de Industria, Energía y Turismo calcula que solo el recargo del 20% por no haber pasado al mercado libre supondrá unos ingresos en 2013 para la tarifa eléctrica de cerca de 60 millones de euros.

   A la idea de Industria de ampliar en un año el régimen transitorio para evitar cortes de suministro, aún no publicada en el BOE, la CNE ha replicado que resulta más adecuado establecer un precio disuasorio permanente que no obligue a la ampliación sistemática de plazos cada año.

Tomás Gómez dice que el 'fichaje' de Rato por Telefónica es una "auténtica vergüenza"

MADRID.- El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha calificado este sábado el 'fichaje' del expresidente de Bankia Rodrigo Rato como consejero asesor de Telefónica Latinoamérica y Telefónica Europa de "auténtica vergüenza", al tiempo que ha dicho que observando las últimas contrataciones de la empresa ya solo le falta que contrate al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán.

   "Es una auténtica vergüenza como empresas que eran públicas las privatizaron, la privatizó el propio Rodrigo Rato, son empresas que están al servicio de los intereses del Gobierno", ha aseverado el dirigente socialista.

   Al mismo tiempo, Telefónica ha designado al hasta hace poco secretario general Técnico de la Presidencia de Telefónica, Luís Abril Pérez, para su incorporación al Consejo Asesor de Telefónica Europa.

   La compañía ha indicado que, por su experiencia y trayectoria, ambos nombramientos vienen a reforzar la visión global de Telefónica, presente en 25 países.