Cospedal sujeta a Cristina Cifuentes y exige al PP que la apoye

SEVILLA.- Mariano Rajoy saludó a Cristina Cifuentes con un beso pero María Dolores Cospedal le hizo también un gesto cariñoso. El gesto que el PP esperaba sobre el futuro de Cifuentes no llegó del presidente del Gobierno. Se dirigió a ella sin demostrar ninguna emoción, después de un día en que evitó a toda costa hacer declaraciones. Pero lo compensó con creces la secretaria general del partido, versiona hoy El Mundo.

Cospedal lo dejó este viernes meridianmente claro. "Tenemos que defender lo nuestro y a los nuestros". Poco le importó que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos asegurara este viernes que no hay pruebas de que Cifuentes acabara el máster. 

La secretaria general se abonó a la tesis de que se está intentando destruir al PP, algo similar a lo que dice la propia Cifuentes pero circunscrito únicamente a su persona. "Van a tratar de desacreditarnos, de hacernos juego sucio, de que lleguemos a las urnas cansados, heridos, desmoralizados, pero no lo van a conseguir".
Por ello, pese a la sorpresa general, hizo un llamamiento a "cerrar filas ante las malas artes". "No permitamos que nos avasallen, merezcamos la confianza de la gente y no renunciemos a nuestros principios", sostuvo.
Con la idea de que Cifuentes podría estar siendo objeto de una campaña, la dirigente popular y ministra de Defensa sujetó políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid en un día en que la mitad de su partido pensaba que iba a dimitir. 

Pese a la consigna de Cospedal los cuadros medios que se han desplazado a Sevilla creen que Cifuentes "ha mentido" y que exactamente por eso "tiene que dimitir". 

Podría haber hecho otra cosa, explican las fuentes consultadas, haber reconocido que no lo acabó, eliminarlo de su currículum y pedir perdón. 

Pero hizo lo contrario y esa decisión no sólo la ha puesto en el momento más difícil de su carrera política sino que ha consumido todo su crédito en el PP. Por mucho que ella insista en que acabó ese máster sus compañeros no se creen su versión.

Una de las expresiones que más se ha repetido en el partido en los últimos días, pero sobre todo el viernes, es "qué necesidad". Qué necesidad tenía Cifuentes de agrandar su curículum que en las filas del PP se reconoce abiertamente fictíceo.
Al margen de opiniones personales, la consigna es cristalina. A día de hoy apoyo, pese a que la presidenta madrileña ya pudo palpar este viernes la distancia de los suyos. "SuperCifuentes", relataban fuentes populares, "hoy no se ha hecho tantas fotos". 

"Antes, llegaba y parecía ella la secretaria general". Este viernes, explican distintas fuentes, estuvo "más sola". 

Al principio sólo Alfonso Alonso y Xavier García Albiol estaban con ella.
Las fuentes consultadas defienden que la presidenta madrileña ha iniciado una "huida hacia delante" que, según muchos dirigentes de PP, sólo puede acabar en dimisión. Ahora "no va a pasar nada". 

"Todo depende de los naranjas (en referencia a Ciudadanos), de cuánto aprieten. A más tiempo, más desgaste. Es lo que les gusta a ellos, que nos vayamos cociendo a fuego lento", explica un cargo popular. Cifuentes, asumen, está en manos de C's. El partido mientras, no hará nada porque, apuntan, "aquí nadie hace nunca nada". Esperar.
El proceso que se abre es muy incierto. Para muchos en su partido la presidenta madrileña está políticamente "muerta" pero nadie se atreve a aventurar cuando la dirección nacional se pondrá a empujar para que termine su enroque. 

Posiblemente todo lo que pueda suceder esté en función de los intereses de Rajoy y de las exigencias que pueda poner sobre la mesa Ciudadanos. Mientras a sufrir por el máster. A aguantar. Aunque, según un cargo del PP, "lo hemos hecho antes por cosas muchos peores".

Una segunda profesora reconoce que su firma está falsificada en el acta del máster de Cifuentes

MADRID.- Una segunda profesora ha reconocido que la firma que aparece en el acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes no es suya, según informa la Cadena SER, que cita fuentes próximas a la investigación que lleva a cabo la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Se trata de Clara Souto, que figura como vocal en el citado documento.

Este jueves, la profesora que figura como presidenta del tribunal que evaluó el TFM de la presidenta madrileña también reconoció que no firmó dicho documento, admitiendo así que la firma que aparece estampada en el mismo es falsa. Alicia López de los Mozos aseguró además que no evaluó el trabajo.
En el acta entregado por parte de la Universidad al equipo de Cifuentes el pasado 21 de marzo, figura López de los Mozos en calidad de presidenta, junto a otras dos profesoras, la citada Clara Souto, como vocal; y Cecilia Rosado, como secretaria.

Cristina Cifuentes sacó tres sobresalientes en materias dadas antes de matricularse

MADRID.- Cristina Cifuentes sacó tres sobresalientes y dos notables en asignaturas que cuando se matriculó en el polémico máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid ya se habían impartido, según informa eldiario.es.

La presidenta madrileña se matriculó tres meses después del plazo legal y cuando las clases ya habían comenzado. Pese a no haber acudido a ninguna clase obtuvo esas notas, indica el citado diario, que precisa que los profesores que le pusieron las calificaciones fueron Enrique Álvarez Conde, director del máster y tutor de su trabajo, y Clara Souto, una de las firmantes del acta.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha ratificado este viernes en todas las explicaciones que ha dado sobre el máster que "cursó" y "aprobó" en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y ha afirmado que no va a dimitir porque no ha cometido "ninguna "ilegalidad". 

 "He dicho la verdad, no he mentido absolutamente en nada", ha manifestado, para subrayar que es una "buena noticia" que este asunto esté en la Fiscalía y "se llegue hasta el final".
Así se ha pronunciado en una comparecencia ante la prensa minutos antes de que arranque la convención nacional del PP en Sevilla, apenas dos horas después de que el rector de la URJC, Javier Ramos, haya dicho que no se puede confirmar que la defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) haya tenido lugar ni que la memoria de ese trabajo haya sido remitida. También ha señalado que no consta el acta pese a que el archivo es obligatorio.
Cifuentes ha asegurado, sobre las versiones que está contando la Universidad, que "pertenecen al ámbito de gestión interna" de la misma y son "cuestiones ajenas a cualquier alumno". 

"Es la universidad la que lo tiene que aclarar. Como alumna me corresponde probar que me matriculé, cursé las asignaturas y aprobé ese trabajo de fin de máster", ha declarado.

Cifuentes ha arrancado la comparecencia asegurando que se ratifica "punto por punto" en "todas" sus declaraciones, tanto las realizadas en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid como ante la prensa. 

"Y lo que quiero decir es que me ratificó en todo lo que he dicho porque yo he dicho la verdad, no he mentido absolutamente en nada", ha proclamado.

En este sentido, ha subrayado que cursó esos estudios entre 2011 y 2012, pagó su matrícula, cursó las asignaturas, las aprobó y presentó el TFM. Según ha destacado, eso queda acreditado en un "documento oficial" que solicitó a la universidad y que ésta le remitió firmado. 

"Por tanto, es un documento oficial que acredita que cursé y terminé mi máster de postgrado", ha abundado.

Por todo ello, Cifuentes ha indicado que las declaraciones que se están realizando estos días sobre su máster corresponden "exclusivamente" al ámbito de gestión y de administración interna de la propia Universidad Rey Juan Carlos. 

"Son todas ellas cuestiones ajenas por completo a cualquier alumno", ha apostillado, para añadir que es la propia universidad la que tiene que aclararlo.

En cualquier caso, la presidenta madrileña ha expresado su confianza en la Universidad Rey Juan Carlos y en la justicia, que va a investigar el caso. "Que sean los tribunales los que determinen las responsabilidades. Además del daño a la universidad hay otra perjudicada, que soy yo", ha exclamado, para añadir que está siendo sometida a una situación política de una "dureza extrema" desde el punto de vista personal.

Por todo ello, ha dicho que si hay una persona interesada en que se llegue hasta el final es ella y ha agregado que por la "gran confianza" que tiene en los tribunales, deben ser ellos los que "decidan" si ha habido irregularidades y un posible delito, determinando "las responsabilidades que haya que determinar" en su caso.

"Me reitero en todas y cada una de las explicaciones que he dado hasta el momento porque he dicho la verdad y desde luego no he cometido absolutamente ninguna ilegalidad y esto lo mantengo ante ustedes, en sede judicial y donde sea necesario", ha aseverado, para solicitar después a los medios que respeten a su persona ante el "acoso mediático" al que se está viendo sometida estos días.

Ante las declaraciones del rector de la URJC asegurando que no hay ni acta ni defensa del trabajo de fin de máster, ha dicho que no las había podido escuchar con "mucha profundidad" porque se estaba preparando para la convención de Sevilla pero ha dicho que confía en los propios mecanismos internos de la universidad y de la Fiscalía para que este asunto se aclare.

En este sentido, ha insistido en su tesis de que un alumno no puede demostrar ni aportar cuestiones que corresponden a la propia universidad y ha señalado que espera que se pueda saber lo que ha ocurrido y si ha habido "mala fe" o "un error".

 Preguntada después si podía dar algún detalle de aquella presentación de su TFM, ha indicado que ocurrió hace "casi siete años", que allí había tres personas y que hizo una "exposición breve".

"Los detalles es la propia universidad la que los tiene que dar", ha resaltado.

Cristina Cifuentes se aferra al cargo pese a que no hay constancia del acta de su máster

SEVILLA.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado hoy que no va a dimitir de su cargo porque no ha cometido ninguna ilegalidad ni ha mentido.

Cifuentes ha sido tajante al negar esa posibilidad en una comparecencia ante los periodistas poco antes de inicio de la Convención Nacional que el PP va a celebrar en Sevilla durante el fin de semana.
Cifuentes ha dicho sobre las versiones que está contando la Universidad que "pertenecen al ámbito de gestión interna de la universidad, cuestiones ajenas a cualquier alumno".

 "Es la universidad la que lo tiene que aclarar. Como alumna me corresponde probar que me matriculé, cursé las asignaturas y aprobé ese trabajo de fin de máster", ha añadido.
La presidenta madrileña ha expresado su confianza en la Universidad Rey Juan Carlos y en la justicia, que va a investigar el caso. "Que sean los tribunales los que determinen las responsabilidades. Además del daño a la universidad hay otra perjudicada, que soy yo", ha zanjado.
Una comparecencia después de que el rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, asegurara hoy que no existe registro del acta de la defensa de su trabajo de fin de máster y, por tanto, no podía confirmar que "haya tenido lugar".
Frente a ello, Cifuentes ha ratificado que cursó, terminó y presentó su trabajo de máster en la Universidad Rey Juan Carlos y que no ha mentido "absolutamente en nada".
Tras recordar que comparecía hoy por tercera vez en tres días para informar de esta polémica, ha ratificado "punto por punto" todo lo que ha venido explicando.
"No he cometido absolutamente ninguna ilegalidad", ha subrayado antes de precisar que eso lo mantiene ante los periodistas, en sede judicial "o donde sea necesario".
En ese sentido, ha repetido que cursó un máster de postgrado en 2011-2012 y ha expresado su deseo de que "se llegue hasta el final" y se pueda aclarar un asunto que ha dicho que está haciendo mucho daño a la Universidad, a ella misma y a la institución de la Comunidad de Madrid.
La presidenta madrileña ha insistido en que no va a dimitir porque no hay ninguna razón y que son los grupos de la oposición los que quieren no ahora, sino desde hace bastantes meses, que adopte una decisión como esa.

El director del máster de Cifuentes admite que "reconstruyó" el acta por presión del rector

MADRID.- El director del Máster en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, Enrique Álvarez Conde, ha afirmado hoy que "reconstruyó" el 21 de marzo y por orden del rector el acta del tribunal que supuestamente había examinado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de su Trabajo de Fin de Máster (TFM).

En una entrevista con Onda Cero ha afirmado que después de que eldiario.es diera a conocer el escándalo en torno al máster fue llamado por el rector, Javier Ramos, para comparecer en una rueda de prensa.

"A partir de ese momento se produce una reunión donde hay muchas personas que las tengo perfectamente identificadas. El rector pregunta si hay trabajo. Digo que yo no lo tengo y que creo que la normativa exige que a los dos años se destruyan todos. Así que no tengo ni ese ni ninguno", ha señalado.

"(El rector) me dice --prosigue Álvarez Cobos--, hay que encontrar un documento, hay que reconstruir un documento, literalmente. Le hice caso por mi responsabilidad institucional e intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector por la tarde y al subdirector del gabinete de prensa por un gmail, pues me dijo que lo enviase desde un gmail".

Cifuentes, tras las palabras del director del Máster, Enrique Álvarez Conde, se reafirma en sus declaraciones de la tarde del jueves en las que señaló que debe ser la Universidad quien diese las explicaciones pertinentes sobre lo sucedido. Para la presidenta, son cuestiones que "tienen que ver con el funcionamiento" del centro y no con ella.

Cifuentes intervendrá mañana sábado por la tarde, en un acto junto a otros dirigentes autonómicos.  

Hacienda aprovecha el 'boom' de la vivienda para propiciar un 'catastrazo'

MADRID.- La letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 (PGE) alberga un nuevo golpe al bolsillo de los españoles. La disposición final décimo octava del proyecto de ley estipula que, a partir de ahora, el Catastro determinará el "valor de mercado" de la vivienda. Como este valor sube con fuerza actualmente, los ayuntamientos podrán usar el nuevo indicador como referencia para subir también la valoración catastral, que es la base para el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para el impuesto de la plusvalía local, según publica hoy Expansión. 

Esta nueva valoración de mercado es algo que el Gobierno debería haber hecho durante la crisis, ya que, además de exigirlo la Ley del Catastro, habría sido más beneficioso para el bolsillo de los propietarios de vivienda. Lo que ocurre es que, en los años del pinchazo inmobiliario el precio de la vivienda caía con fuerza y ahora el ladrillo se revaloriza de forma notable. Por eso, el Ministerio de Hacienda ha decidido aplicar este criterio, que puede ser más favorable para las arcas de los ayuntamientos.

Los Presupuestos modifican el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario en varios puntos. El principal es que se introduce una nueva disposición final tercera en la que se establece que "la Dirección General del Catastro estimará de forma objetiva, para cada bien inmueble y a partir de los datos obrantes en el Catastro, su valor de referencia de mercado, entendiendo por tal el resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas, contrastados con las restantes fuentes de información de que disponga".

En el Presupuesto, Hacienda asegura que la actualización de las ponencias de valoraciones "permite la corrección a la baja de los valores catastrales en los municipios revisados en los años de tendencia alcista del mercado inmobiliario", pero lo cierto es que, a partir de ahora, los ayuntamientos tendrán un argumento más para revisar al alza las valoraciones. Se podría producir una gran corrección al alza de las viviendas revisadas en los años de tendencia bajista, los que van de 2007 a 2014. Hay que recordar que las ponencias de valoración se revisan cada 10 años, con lo que la incidencia de esta medida sería claramente alcista a partir de ahora.

El Ministerio de Hacienda ha emitido hoy un comunicado en el que asegura que "el proyecto de Presupuestos recoge el establecimiento de un nuevo valor de referencia del mercado inmobiliario, distinto al valor catastral, que no se altera y es el único que sirve de base para calcular el IBI, por lo que en ningún caso supondrá una subida de ningún impuesto, del que tienen única potestad los ayuntamientos". Efectiva y obviamente, son los ayuntamientos los que decidirán qué hacer.

Por otro lado, en 2018 los Presupuestos prevén la revisión de los valores catastrales de seis millones de viviendas en base a nuevos coeficientes de actualización, precisamente por las nuevas ponencias de valoración que deben aprobar los ayuntamientos. Los municipios objeto del procedimiento de regularización son 1.272 este año, según el proyecto de ley presentado el martes en el Congreso por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

"El problema radica en la valoración del mercado que se hace sobre las denominadas ponencias catastrales, y ahora se pretende que esa valoración se haga sobre la base de los precios comunicados por parte de los notarios en las escrituras de compraventa, contrastando estos datos con otras fuentes", asegura Lucio Rivas, director del departamento de Derecho Administrativo de Miana & Abogados.

Esto implica que el Catastro deberá elaborar "un mapa de valores que contendrá la delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos ámbitos".

"Existe una voluntad de que los valores se ajusten fielmente a los de mercado con la nueva previsión, pero curiosamente esto llega cuando la vivienda comienza una más que evidente tendencia alcista", asegura Rivas.

Por otro lado, se establece un régimen transitorio en el que se aplicarán correcciones (al alza, hoy por hoy) para el suelo rústico no ocupado por construcciones.

¿Vamos hacia otra burbuja inmobiliaria? Esto es lo que dicen los datos

MADRID.- El año 2006 fue cuando se empezó a atisbar el primer indicio de crisis inmobiliaria en España, y 2008 fue el comienzo de la debacle definitiva. Recesión económica, caída de precios, fin de las promociones, parón de la construcción, medidas de recuperación que no llegaron a buen puerto... Una época, sin duda, a olvidar.

Sin embargo, tras la tormenta siempre llega la calma. Y en España, aunque quizás hayamos tardado más de lo que nos gustaría, también ha pasado. A día de hoy, el sector inmobiliario de nuestro país tiene motivos más que suficientes para asegurar, sin miedo alguno a equivocarse, que la crisis de 2008 ha tocado definitivamente a su fin. De hecho, el sector se encuentra en un claro ascenso que, por ahora, no tiene visos de frenada, según www.elconfidencial.com.

La recuperación: 550.000 transacciones

Así lo aseveran los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan la situación actual: en España se produjeron 464.423 operaciones de compraventa de viviendas en 2017, un 14,6% más que en 2016.

Es más, los crecimientos interanuales siguen subiendo. Según el informe 'Situación inmobiliaria en España 2018', elaborado por BBVA Research, el volumen de transacciones acumulado entre octubre de 2016 y el mismo mes de 2017 indica que en España se vendieron 521.846 viviendas, lo que supone el 15,8% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que mantiene la tendencia de crecimiento.

Y lo mejor está por llegar, ya que, según BBVA Research, se espera que en 2018 haya cerca de 550.000 transacciones. Todo vendrá acompañado de una revalorización de la vivienda, en promedio anual, del 2,5% y del 4,9% en 2017 y 2018, respectivamente.

Además, también habrá una actividad constructora acompasada con la demanda, lo que proyecta un crecimiento de visados alrededor del 20% cada año.

¿Burbuja? Ni está ni se la espera

En un contexto así, la pregunta sale sola: ¿no estaremos cayendo en una posible burbuja inmobiliaria? Los datos, sin embargo, desmienten esta teoría, a tenor de lo que observamos en el informe de Bankia Research, que aleja todo tipo de dudas en este aspecto.

Y es que mientras en abril de 2007 España alcanzó su máximo histórico de visados, con 885.181 documentos de obra nueva, los datos de octubre de 2017 apuntan apenas a 75.146 visados, una cifra que ni siquiera llega a representar el 10% de la cota máxima alcanzada en nuestro país.

En los certificados de obra pasa algo similar: mientras en agosto de 2008 fueron 656.733, en el mismo mes de 2017 la cifra se quedó en 49.410 certificados, también menos de una décima parte respecto al anterior récord.

Además, el sector de la construcción ha pasado de tener 2,65 millones de ocupados a los 1,14 millones de finales de 2017, lo que refleja que, en todos estos sentidos, España sigue lejos de sus mayores cifras históricas.

A Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, también le resulta arriesgado hablar de burbuja: "Los niveles de actividad actuales están todavía muy lejos de los de 2007. Las 464.423 compraventas de viviendas que ha habido en 2017 muestran un claro ascenso y una mejoría en el sector, pero aún están muy lejos de las 775.300 que hubo en 2007".

Además, "las hipotecas tampoco están creciendo al mismo nivel de aquellos años. Los bancos están controlando mucho más la financiación que dan y tienen más cautela al establecer los criterios de concesión de las hipotecas, no estamos en la misma situación que hace 10 años", asegura.

En cualquier caso, la posible subida de todos estos factores tampoco tendría por qué llevarnos hacia una nueva burbuja, según Toribio: "Los niveles de paro en España siguen siendo mucho más altos que en 2007, así que, aunque la construcción de nueva vivienda va a crecer en 2018, no cabe esperar que las compraventas e hipotecas alcancen los niveles de 2007".

¿Hay entonces algún motivo para permanecer vigilantes? En realidad, sí: "Hay zonas muy concretas dentro de grandes ciudades, las más turísticas y demandadas, en las que los precios sí están subiendo por encima de los dos dígitos. En la media nacional no hay que esperar una nueva burbuja, pero sí hay que tener cuidado con esas zonas, ya que los precios están subiendo bastante más rápido que en otros sitios".

También descarta una posible burbuja Juan Antonio Mora, 'general manager' de Grupo Jamsa, una promotora-constructora con 48 años de experiencia en el sector que, habiendo construido más de 10.000 viviendas por toda España y parte del extranjero, a día de hoy se posiciona con diferentes promociones en nuestro país, destacando sobre todo la Costa del Sol, donde tiene en cartera más de 500 viviendas en construcción y seis promociones en curso.

Según su punto de vista, "con los datos en la mano, las viviendas iniciadas entre finales de 2017 e inicios de 2018 siguen muy por debajo comparándolas con las iniciadas en 2006. Incluso siguen muy por debajo de la crisis de 1992 y apenas han recuperado niveles de 2011 antes del rescate, que provocó un desplome del crédito hipotecario", asegura.

Y para ello, según Mora, "es necesario incrementar el parque de viviendas nuevas, ya que la escasez de viviendas de nueva creación tuvo su efecto directo en el ritmo de crecimiento de la compraventa de inmuebles de segunda mano y, a su vez, en el precio de las operaciones". Por tanto, "la densidad con la que se cuenta actualmente no está preparada para absorber la demanda de la población".

A día de hoy, de hecho, Grupo Jamsa mantiene diversas promociones, como los proyectos de Lomas del Rey (Marbella), Jardinana (Mijas), Las Buganvillas (Córdoba), Velaia, Lobilla, CL9 (Madrid), Rocamar (Santander) o Santa Isabel (Córdoba), entre otros.

Pero ¿cómo evitar posibles burbujas? Juan Antonio Mora lo tiene claro: "Nuestra forma de trabajar abarca siempre lo que podemos soportar con nuestro propio pulmón financiero, la despensa siempre tiene que estar llena para cuando no haya. No tenemos una bola de cristal, pero si los bancos y el Gobierno siguen controlando los préstamos financieros y castigan a los deudores y premian a los pagadores, iremos por buen camino".

Así pues, "aún nos pueden quedar años de muy buenos resultados, siempre y cuando actuemos con cabeza. Pero todavía queda mucho trabajo por delante para mejorar".

Estos son los planes del Gobierno para sanear la Seguridad Social

MADRID.- La Seguridad Social tuvo unos números rojos de 18.800 millones de euros el pasado año. Y, siendo optimista, el Gobierno ha previsto en el cuadro macro con el que ha diseñado los Presupuestos de 2018 que, este año, el sistema vuelva a tener un déficit del 1,1% (unos 12.250 millones de euros), según publica hoy Cinco Días.

Para costear este déficit, el Ejecutivo ha dispuesto en las cuentas públicas presentadas el martes un total de 19.000 millones de euros. En concreto, han previsto un crédito del Tesoro de hasta 15.164 millones de euros y una nueva disposición del fondo de reserva de las pensiones de 3.826 euros para prestaciones contributivas y su gestión. Si bien fuentes gubernamentales aseguraban ayer que confían en no utilizar todas estas cantidades. Al tiempo estas mismas fuentes aclaraban que, en cualquier caso, el crédito es mayor que el de 2017 (10.200 millones) porque no quieren dejar el fondo de reserva a cero.

En cualquier caso, y a pesar de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quitó hierro el martes a estas necesidades financieras de la Seguridad Social, en el Ejecutivo son plenamente conscientes de que hay que sanear el sistema y están a la espera de que el Pacto de Toledo ciere sus recomendaciones para tomar medidas.

De momento, tienen claro cómo liberar o “limpiar” unos 8.000 millones de euros de gastos que ahora se costean con los ingresos de las cotizaciones y que podrían financiarse con impuestos (lo que se denomina separación de fuentes de financiación).

De esta forma se la Seguridad Social se acercaría más al equilibrio contributivo. Esto es que las cotizaciones (de empresarios y trabajadores) no costeen gastos que pueden pasar por universales (que se deben pagar por todos los contribuyentes). Según los datos del Ejecutivo en la actualidad el 94,1% de las pensiones se paga exclusivamente con cotizaciones.

Faltaría, por tanto, que una serie de gastos de la Seguridad Social se pagaran con impuestos para que esa cifra llegara al 100%. En ese momento, se podría empezar incluso a volver a destinar posibles excendentes de cuotas para nutrir otra vez el fondo de reserva.

Separación de fuentes

¿Cuáles serían esos gastos que se pasarían a pagar con impuestos para equilibrar la Seguridad Social? Desde el Gobierno creen que claramente podrían liberarse 1.500 millones de euros de reducciones de cotizaciones por incentivos a la cotización (tarifas planas entre otros), convirtiéndolos en bonificaciones, que Hacienda debe reingresar a la Seguridad Social.

Asimismo, las prestaciones de maternidad, paternidad y riesgo del embarazo también podrían pasar a considerarse “política social” y como tal financiarse con impuestos. Con esto las cotizaciones dejarían de pagar unos 2.559 millones, según las cifras del Presupuesto de este año.

Más complicado sería llevar a cabo la intención inicial del Ejecutivo de hacer esta misma operación con las pensiones de viudedad que, aunque supondría liberar mucho más dinero (unos 24.000 millones), su no contributividad es más dificil de justificar.

Finalmente, el Ejecutivo cree que los casi 4.000 millones de gastos de funcionamiento de la Seguridad Social también deberían de financiarse con la imposición general y no con cuotas sociales.

Sacar adelante esta separación de fuentes no debería ser difícil si se tienen en cuenta que en la comisión del Pacto de Toledo ya existía un acuerdo para llevarla a cabo, antes de que explotara la polémica y se interrumpieran las negociaciones por la cuestión de la revalorización de las pensiones, según fuentes parlamentarias.

De hecho, el Gobierno ve condiciones para cerrar un acuerdo en el Pacto de Toledo antes del verano. Solo entonces el Ejecutivo se plantearía reformar las pensiones.

Con este plan, que en teoría compartesn el Gobierno y los grupos parlamentarios, se liberarían los citados 8.000 millones pero aún quedarían más de 4.000 para cumplir con las previsiones de déficit para este año.

Estas fuentes confían en un aumento de los ingresos por cotizaciones que llegue por la mejora del empleo de forma que se llegue a los 20 millones de ocupados a finales de 2020, para lo que queda la creación de un millón de nuevos puestos de trabajo hasta entonces. Y, sobre todo, en una mejora de los salarios mucho más generosa de lo que se está pactando en los convenios actualmente (1,51% en febrero). “Hay margen para subidas más generosas” aseguran dichas fuentes gubernamentales.

El papel del Ejecutivo en este asunto de los salarios se limita a “animar” a patronal y sindicatos a que cierren un acuerdo de negociación colectiva con recomendaciones de alzas salariales mayores a las citadas pero compatibles con la creación de empleo.

Es más, el Gobierno ha torpedeado a los agentes sociales desde distintos frentes pidiéndoles que emulen los pactos alcanzados por el Ejecutivo con los sindicatos para subir el salario de los funcionarios y aumentar el salario mínimo. Y no ve ni lejano ni imposible este acuerdo.

Dos prioridades

• Bono formación. La prioridad del Ministerio de Empleo será ahora el empleo de los jóvenes. Para ello ha incluido los bonos de formación de garantía juvenil y el de conversión de estos últimos contratos en indefinidos. Con el primero de ellos se otorgará un complemento de 430 eruos al mes a los jóvenes con contrato de formación durante 18 meses. Y si las empresas los convierte en fijos no pagarán cotizaciones los primeros tres años sin la contratada es una mujer y solo 15 euros al mes si es hombre.

• Paro de larga duración. Empleo ha presupuestado 258 millones para la inserción de quienes llevan más de un año parados.

Declaración de la renta: los 10 apartados que no se pueden pasar por alto

MADRID.- La hora de echar cuentas con el fisco ha llegado. A partir de hoy todos los contribuyentes pueden presentar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2017. Lo pueden hacer a través de la app de la Agencia Tributaria, vía web o por teléfono, mientras que para recibir atención presencial en sus oficinas será necesario esperar hasta, al menos, el 10 de mayo, aunque ya es posible presentar una solicitud de cita previa, según El País.

Bien es verdad que el plazo para entregar la declaración a Hacienda es muy amplio: la fecha límite es el 27 de junio, en el caso de querer domiciliar el resultado, o el 2 de julio, en las demás situaciones. Para evitar contratiempos en la recta final, sin embargo, los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aconsejan a los contribuyentes fijarse desde ya en los olvidos más frecuentes en la campaña del IRPF y recabar todos los datos que puedan afectarles desde el punto de vista fiscal.

Con la advertencia de “tener escrupulosamente en cuenta las peculiaridades que pueda presentar cada Comunidad Autónoma en estas materias”, añaden. “Aunque sean a menudo desconocidas, las deducciones autonómicas pueden suponer importantes beneficios fiscales en lo que se refiere a gastos por estudios de los hijos, adopción, alquiler de vivienda, entre otros”, señalan desde Gestha. Por ello, recomiendan descargar el Manual de la Renta en la web de la Agencia Tributaria, donde se pueden repasar los apartados que interesen a cada contribuyente, según su situación.

Gastos deducibles

Las cuotas sindicales o de alta en colegios profesionales (siempre que la inscripción sea obligatoria para ejercer la profesión y con un límite de 500 euros) se pueden deducir de los rendimientos del trabajo, subrayan desde Gestha. De la misma manera, es posible restar los gastos en abogados para defenderse frente a la empresa (por no más de 300 euros al año) o los que un trabajador tuvo que sostener para la movilidad geográfica, si estaba inscrito en la oficina de empleo antes de aceptar el puesto por el que se muda. Esta deducción se aplica tanto en el periodo impositivo en el que se produzca el gasto, como en el siguiente, con un límite de 2.000 euros.

Los trabajadores con discapacidad podrán desgravar entre 3.500 euros y 7.750 euros, según el grado de minusvalía que padezcan.

Viviendas vacías

En las comunidades autónomas de régimen común —es decir, todas menos País Vasco y Navarra, aunque Canarias también presenta algunas particularidades— las viviendas y los locales vacíos generan la llamada imputación de rentas inmobiliarias, es decir, un ingreso que equivale a cierto porcentaje del valor catastral del inmueble. En este caso, “habrá que revisar que estas imputaciones no incluyan viviendas que ya no sean de nuestra propiedad, que sean de varios titulares o que estén habitadas por el ex cónyuge”, sugieren desde Gestha.

Los inmuebles urbanos que no sean vivienda habitual tributarán entonces al 2% de su valor catastral si el valor ha sido revisado en el marco de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general del municipio en algún momento anterior a 2007.

Ganancias por la venta de inmuebles

En las ganancias patrimoniales por transmisión de bienes que no estén relacionados con actividades económicas se aplican unos coeficientes de abatimiento solo a la parte obtenida hasta el 20 de enero de 2006 y solo hasta un importe de 400.000 euros, destacan los técnicos de Hacienda.

En este capítulo existen, sin embargo, exenciones para mayores de 65 años o personas en situación de dependencia severa que transmitan su vivienda habitual. Los contribuyentes que tengan más de 65 años podrían aprovecharse también de una exención por vender cualquier tipo de bien, si el importe de la venta se destina a la creación de una renta vitalicia asegurada, con el límite de 240.000 euros y en un plazo de seis meses.

Otra exención está reservada a las ganancias originadas por la venta de una vivienda habitual cuyo importe se reinvierta en la adquisición o rehabilitación de otra vivienda habitual en un plazo de dos años. Estará exento también el 50% de las ganancias patrimoniales cuando se transmitan inmuebles urbanos adquiridos entre el 12 de mayo y el 31 de diciembre de 2012.

Cambios en la situación familiar

“Nacimientos, defunciones y cambios en el estado civil afectan en bastantes casos no solo al mínimo familiar y a algunas deducciones familiares, sino también a la posibilidad de reducir la base imponible con el importe fijado judicialmente de las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos”, afirman desde Gestha. Por ello, habrá que poner especial esmero en reflejar estos datos en la declaración, así como los contribuyentes que no tienen derecho a aplicar el mínimo por descendientes podrán reducir la progresividad del impuesto a través del importe fijado judicialmente de las anualidades satisfechas por decisión judicial a sus hijos.

Uno de los errores más comunes es que hijos menores de 25 años o de otra edad pero con una discapacidad igual o superior al 33%, y que conviven con sus padres, presenten la declaración por pequeñas rentas de entre 1.800 euros y 8.000 euros, con el objetivo de beneficiarse de una devolución que será, sin embargo, muy modesta. A cambio, los padres pierden la posibilidad de incluirlos en el mínimo por descendientes de su propia declaración y obtener, de esta manera, una ventaja que podría ser más jugosa, advierten desde Gestha. Si los ingresos del hijo no superan los 1.800 euros, sin embargo, este derecho se conserva.

Familias numerosas y discapacidad

Los miembros de las familias numerosas con ascendientes o descendientes con discapacidad, y los hogares monoparentales con dos hijos sin derecho a anualidades por alimentos, pueden beneficiarse de unas deducciones en la cuota estatal del IRPF. En el caso de un hijo o un ascendiente con discapacidad, las condiciones para obtenerla es que este tenga su propio NIF y no perciba rentas superiores a 1.800 euros, si presenta declaración, y a 8.000 euros, en el caso opuesto.

El importe de esta deducción será de 1.200 euros al año (100 euros al mes, si se solicita anticipadamente; 2.400 euros al año para familias numerosas de categoría especial). Las madres trabajadoras con hijos menores de tres años recibirán también 1.200 euros al año o 100 euros al mes.

Alquiler de vivienda habitual

La deducción estatal por alquiler de vivienda habitual ha desaparecido, pero se mantiene para los contratos firmados hasta el 31 de diciembre de 2014. Los inquilinos que vivan de alquiler con un arrendamiento firmado antes de 2015 y cuya renta sea inferior a 24.107,20 euros pueden deducir el 10,05% de las cuotas pagadas el año pasado.

De todas formas, en la mayoría de las Comunidades Autónomas existen deducciones por el alquiler según los requisitos establecidos por cada región.

Adquisición de la vivienda habitual

Todos los contribuyentes que hayan comprado su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 también pueden seguir beneficiándose de una deducción estatal de hasta el 15% de las cantidades invertidas, con un límite de 9.040 euros, siempre y cuando ya hayan deducido por esta razón en 2012 o en años anteriores. Por ello, desde Gestha señalan que “es imprescindible comprobar que esta deducción consta en el borrador, ya que, por errores de la entidad financiera, podrían no aparecer los datos de la hipoteca”. Un problema podría surgir también si se tiene más de un préstamo: “Al no saber cuál se destinó a la compra de la vivienda, Hacienda podría no incluirlo”, avisan los técnicos del Ministerio.

Una atención especial al borrador la dedicarán también todos aquellos que hayan realizado algunas obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual antes de 2013, siempre que hayan terminado antes de 2017, así como los contribuyentes que hubiesen adecuado sus viviendas a las personas con discapacidad en el mismo plazo. El ex cónyuge que haya dejado la vivienda familiar comprada antes de 2013 y que sigue pagando la hipoteca donde residen los hijos menores deberá corregir el borrador para incluir la parte de deducción por vivienda habitual. “Esta es compatible con la deducción de alquiler a la que pueda tener derecho o con la de su propia vivienda habitual si fue adquirida antes de 2013, con el límite conjunto de 9.040 euros de inversión”, aclaran desde Gestha.

Afiliaciones políticas y donativos

Las aportaciones a partidos políticos dan derecho a una reducción del 20% de las cuotas de afiliación, con una base máxima de 600 euros anuales. La última reforma fiscal, además, introdujo importantes mejoras en algunas deducciones por donativos, con la condición de haber sido certificadas por la entidad beneficiaria.

Planes de pensiones

Las aportaciones a planes de pensiones permiten rebajar la base imponible, por lo que Gestha sugiere verificar con detenimiento que el borrador refleje correctamente estos datos. La reforma fiscal redujo la cantidad máxima que se puede aportar, desde 10.000 euros a 8.000 euros, siempre que dicha aportación no supere el 30% de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas, apostillan los técnicos de Hacienda.

Las aportaciones realizadas por el cónyuge del contribuyente también reducen la base imponible, si este percibe menos de 8.000 euros de rendimientos al año. Gesta recuerda que el ahorro fiscal que suponen estas aportaciones oscila entre el 19% y el 48% de la inversión, según las variaciones de escalas de gravamen aprobadas en cada Comunidad Autónoma.

Cláusula suelo

La devolución del dinero cobrado por el banco por una cláusula suelo abusiva “es el reintegro de un pago indebido”, subrayan desde Gestha, “por lo que no constituye renta”. Por la misma razón, tampoco se tendrán que incluir en la base imponible los intereses que la entidad financiera haya eventualmente entregado al cliente como indemnización por una cláusula suelo.

No obstante, si estos intereses hubieran formado parte de deducciones por inversión en vivienda habitual o las establecidas por las Comunidades Autónomas, se deberán regularizar para los cuatro ejercicios no sujetos a prescripción, es decir, desde 2013 hasta 2016. Lo mismo se debe hacer si los intereses hubieran sido considerados gastos deducibles en rendimientos del alquiler o actividades económicas.

En 2017 aumentó un 4% la morosidad de arrendamientos en España

MADRID.- El 'X Estudio FIM sobre morosidad de arrendamientos en España', realizado por Fichero de Inquilinos Morosos (FIM), y desvela que los morosos adeudaron en España una media de 6.032 euros el año pasado, casi un 4% más que en 2016.

Por comunidades, Madrid, con una media de casi 9.718 euros adeudados, lidera la clasificación tras haber registrado los impagos más elevados en 2017. 

Por detrás le siguen Baleares (8.235 euros), País Vasco (6.951 euros) y Cataluña (6.600 euros). 

Según FIM, en todos estos territorios la subida del precio de los arrendamientos en los últimos meses ha influido en el alza de las cuantías de adeudamiento registradas.

En el lado opuesto, entre las regiones con las cuantías más reducidas, se sitúan Extremadura (3.307 euros), Castilla y León (3.489 euros), La Rioja (3.706 euros) y Aragón (3.933 euros).

El estudio también pone de relieve que la morosidad se incrementó durante el año pasado en 15 de los 19 territorios analizados. 

Las menores subidas de la morosidad se produjeron en comunidades con escaso volumen de pisos alquilados y precios moderados. Entre ellas, destacan La Rioja (0,20%), Galicia (1,8%), Extremadura (2,6%) y Castilla-La Mancha (2,7%).

Los impagos se han reducido en cuatro territorios por el progresivo desplazamiento del arrendamiento residencial tradicional en favor de los alquileres turísticos, como Baleares (-6,45%) y Cataluña (-2,76%).

Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018

MADRID.- Seis autonomías crecerán por encima de la media en 2018, sobre todo Aragón (3,3%), Cataluña y Murcia (ambas con el 3,1%), según el último informe del Centro de Predicción Económica (Ceprede), hecho público este jueves.

Ceprede cifra en el 2,7 por ciento el repunte medio de la economía nacional, por encima del cual estarán las tres comunidades citadas, así como Andalucía (3 %) y Baleares y Galicia (las dos con el 2,8 %). Por debajo de la media se sitúan el resto de comunidades, que se concentran especialmente en el rango 2,1 a 2,6 %.

La menos dinámica serán Canarias, con un crecimiento del 1,9 %, y Castilla y León y La Rioja, que rozan el 2 %. Ya en el 2,1 % se colocan Extremadura, Asturias, Cantabria, mientras que País Vasco y Navarra ascenderán hasta el 2,4 %; la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, hasta el 2,5 %, y Madrid, hasta el 2,6 %.

Para obtener sus predicciones, Ceprede tiene en cuenta quince indicadores de la actividad económica, como los afiliados a la Seguridad Social, el índice de precios industriales, el consumo de combustibles, las matriculaciones, el comercio exterior o las pernoctaciones, con los que después elabora una estimación del crecimiento regional del Producto Interior Bruto (PIB).

Cifuentes: dimitir es la salida / Editorial de 'El País'

Cristina Cifuentes se ha parapetado, según todo parece indicar, en una mentira para mantener su puesto al frente de la Comunidad de Madrid. Quizá ella no falseó ninguna firma y ningún documento para demostrar que sí cursó y superó un máster de posgrado en una universidad pública, pero el miércoles, en la Asamblea madrileña y ante los electores, proclamó con altanería que el título que figuraba en su currículo académico era “perfectamente real y legal”. 

Una profesora, la presidenta del supuesto tribunal que la examinó, ha reconocido que no firmó el acta. Hubo, por tanto, un delito de falsificación de documento público que la fiscalía ahora evaluará. Si ella no falsificó nada, Cifuentes tendrá al menos que explicar de dónde sacó el acta que tan orgullosa exhibió y por qué estaba tan segura de su legalidad.

Pero llegados a este punto la palabra de Cifuentes tendrá muy poco valor. Ella misma ha destruido su credibilidad defendiendo que cursó un máster al que no acudió y del que nunca ha sido capaz de explicitar día y hora de presentación en sesión pública su trabajo de fin de máster. 

Este escándalo involucra gravemente a la Universidad Rey Juan Carlos, pero su rector ha tomado la iniciativa para buscar responsabilidades e imponer la pulcritud interna a partir de ahora frente a una líder política arrogante que quizá participó en el amaño y ha basado su defensa en el contrataque y la mentira. Dimitir es su única salida airosa para minimizar los daños que ha infligido a la política en general y a su partido, que mañana inicia una importante convención nacional en Sevilla.

En caso de numantina resistencia, la pelota estaría en el tejado de Ciudadanos, el partido que apoya con sus votos a la líder popular. El pacto de legislatura suscrito con la presidenta madrileña incluye tolerancia cero hacia los políticos involucrados en escándalos de corrupción. Este es el caso. Se ha cometido un presunto delito que solo beneficiaba a la versión de Cifuentes y esta ha demostrado su catadura moral y política.

Puede que a un año de las elecciones autonómicas Ciudadanos sopese razones electorales legítimas, pero conformarse con la situación a la espera de un mejor momento pondrá gravemente en cuestión su ideario reformista de regeneración política. Durante esta legislatura se ha entendido bien con los socialistas y Podemos para poner en marcha diversos proyectos. Ahora, y a pesar de ser el partido menos numeroso en la Asamblea, está obligado a facilitar el relevo.

https://elpais.com/elpais/2018/04/05/opinion/1522947589_484495.html 

Cifuentes considera una "buena noticia" que la Fiscalía investigue el caso de su máster

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid ha considerado que es "una buena noticia" que la Fiscalía investigue el caso de su máster. Cristina Cifuentes ha ido incluso más allá: "He sido yo la primera que puso el tema en manos de los tribunales". 

Cifuentes ha hablado a los periodistas en la Asamblea de Madrid después de que se supiera que la Universidad Rey Juan Carlos ha remitido a la Fiscalía la investigación sobre su máster al encontrar "indicios de delito" en su propia indagación. 

Este paso se ha producido después de que la profesora Alicia López de los Mozos haya  confesado que no participó en el tribunal evaluador del trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes, como se argumentó desde la universidad en un primer momento. 

El acta de esa supuesta evaluación, en la que dos de las tres firmas son sospechosas de haber sido falsificadas, fue exhibido por la presidenta madrileña como prueba de que había cumplido con los reglamentos académicos.

"No corresponde a ningún alumno determinar qué personas componen los tribunales", se defendió la también presidenta del PP de Madrid. El nombre de la profesora López de los Mozos fue señalada en la rueda de prensa ofrecida por la Universidad cuando estalló el escándalo. 

 Y fue el propio equipo de la presidencia de la Comunidad de Madrid el que distribuyó la supuesta acta de su trabajo fin de máster en el que esta docente aparecía  como presidenta de la comisión evaluadora. 

"El alumno no tiene por qué saber quiénes son los miembros de un tribunal que lo examina", ha insistido. Y se ha escudado en que el acta que envió a los medios de comunicación era "el documento que nos remitió el rectorado".

Finalmente, ha asegurado que las novedades son algo bueno para ella y ha pedido  "que la investigación llegue hasta el final y se asuman las responsabilidades que se tengan que asumir por todo el mundo".

Sobre su futuro político se mostró igualmente segura. Dijo que "en absoluto" piensa dimitir.

La Fiscalía investigará el caso del máster de Cristina Cifuentes

MADRID.- La Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias de investigación penal por las denuncias presentadas por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas en la Universidad Rey Juan Carlos en relación con el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Fuentes fiscales han informado que esa Fiscalía asumirá también la información que la propia Universidad ha anunciado que remitirá al apreciar indicios de delito de los que ha tenido conocimiento en su investigación.

Según ha informado la URJC en un comunicado, el rector de la institución, Javier Ramos, ha tomado esta decisión como consecuencia de la investigación interna ordenada el pasado 21 de marzo y ante la aparición de informaciones que "pudieran ser constitutivas de delito".

El propio rector comparecerá ante los medios en el edificio de Rectorado del Campus de Móstoles para dar más detalles sobre este asunto.

El PSOE registra la moción de censura contra Cifuentes

MADRID.- El PSOE ha registrado esta tarde en la Asamblea de Madrid la moción de censura contra la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, motivada por las presuntas irregularidades en el máster de la Universidad Rey Juan Carlos.

Los socialistas tenían previsto registrar la moción mañana pero lo harán adelantarán a esta tarde tras conocer la decisión de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de trasladar a la Fiscalía datos recabados durante su investigación en relación con el máster por si pudieran ser constitutivos de delito.

Al registro, han acudido entre otros el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, y el secretario general del grupo parlamentario socialista, Enrique Rico.

La Comisión Ejecutiva del PSOE-M aprobó ayer por unanimidad en una reunión de urgencia la presentación de esta moción tras el visto bueno del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Según el reglamento de la Asamblea de Madrid, la aprobación de una moción de censura requiere de la mayoría absoluta del pleno por lo que sería necesario el respaldo de los tres grupos de la oposición, incluido Ciudadanos.

Por el momento, sólo Podemos ha manifestado su apoyo a la moción.

La Mesa de la Asamblea de Madrid, tras comprobar que la moción de censura reúne los requisitos señalados, la admitirá a trámite y dará cuenta de su presentación al presidente de la Comunidad de Madrid y a la Junta de Portavoces.

A continuación, en un plazo de dos días podrán presentarse mociones de censura alternativas.

Transcurrido dicho plazo, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, convocará el pleno para debate y votación de la moción de censura, que no podrá tener lugar antes de cinco días ni después de veinte días desde su presentación.

En función de estos plazos, la moción podría ser debatida y votada antes de que finalice este mes de abril.