De Guindos aboga por controles trimestrales a las cuentas de las CCAA

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que, en su opinión, sería "perfecto" que los controles a las cuentas autonómicas se hicieran cada tres meses, pero en todo caso ha dicho que deben ser controles "suficientes" porque lo que hay ahora no ha funcionado a la vista de la desviación de los objetivos de déficit público de las comunidades. "Ellas saben mejor que yo (que se les ha ido la mano)", ha apuntado.

   De Guindos, en declaraciones a TVE , ha subrayado que el Gobierno "no pretende hacer de policía" de las comunidades autónomas, aunque ha subrayado que tiene que haber más transparencia y la asunción de responsabilidades por parte de las comunidades en el objetivo de déficit, cuestiones que figurarán en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Ejecutivo aprobará este viernes en el Consejo de Ministros.

   El titular de Economía ha insistido en que el déficit fijado para este año es del 4,4% del PIB, que el cumplimiento de los compromisos con Bruselas es ineludible e imprescindible para volver a generar confianza, pese a que no va a ser "ni sencillo ni fácil" conseguirlo y ha costado medidas "dolorosas" como el recargo temporal en el IRPF.

   De Guindos, que ha descartado una subida del IVA por ser un impuesto más "indiscriminado" que el IRPF y la implantación por ahora del copago sanitario, ha dejado claro que España cumplirá sus objetivos, a pesar de que el FMI ha dicho lo contrario, y ha recordado que esta institución, a la que él "toma en serio" por se una referencia importante, se equivoca también de vez en cuando.

   "La reducción del déficit público es imprescindible, pero simultáneamente tenemos que compensar esos efectos a través de reformas económicas que fomenten el crecimiento, como la reforma laboral y del sector bancario", ha destacado.

   El ministro se ha referido también a la reforma laboral, de la que ha dicho que es el "punto clave" para generar confianza, "incluso más importante" si cabe que el ajuste presupuestario que España debe llevar a cabo, habida cuenta de que el país tiene una tasa de paro del 22% y de que la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011 no arrojará "datos buenos" si sigue la tendencia del paro registrado y de la afiliación de la Seguridad Social de los últimos meses.

   En este sentido, ha recordado que España ha sido el país donde más se ha deteriorado el mercado laboral durante la crisis, más incluso que en los países que han tenido que ser rescatados. "La reforma laboral va a generar vibraciones positivas en la evolución del mercado laboral y va a mejorar la confianza", ha indicado el ministro, quien ha subrayado que también contribuirá al crecimiento económico.

   En este punto, ha afirmado que los líderes europeos ya están empezando a hacer énfasis no tanto en políticas de austeridad, sino en aquellas que estimulen el crecimiento.

   De Guindos ha señalado que la reforma laboral del Gobierno introducirá cambios en la negociación colectiva, con mayor preponderancia de los convenios de empresa, y simplificará la "selva incomprensible" de contratos que hay en España, pero no hasta llegar a un único contrato.

   "Hay que simplificarlo muchísimo. Se dice contrato único aunque no es el único que existe. Yo me estaba refiriendo a un contrato con cláusulas comunes para jóvenes, que son los que más están sufriendo la lacra del paro", ha precisado en alusión a su artículo de opinión en 'The Wall Street Journal'.

   Para el ministro, el acuerdo salarial alcanzado entre sindicatos y empresarios es positivo y una buena "plataforma de salida" para la reforma del mercado laboral que está diseñando el Gobierno y que entrará en todos aquellos aspectos en los que los agentes sociales no han sido capaces de llegar a acuerdos.

   "El acuerdo salarial no es un acuerdo completo, es un buen punto de partida y manda señal positiva, pero el Gobierno va a hacer una reforma mucho más amplia", ha manifestado el titular de Economía, que ha valorado especialmente que los agentes sociales hayan roto la vinculación de los salarios a la inflación.

   De Guindos ha indicado que el coste del despido no es una cuestión clave en España y ha explicado que lo que el Gobierno quiere evitar es que se despida a los temporales cuando cae la actividad de las empresas, introduciendo "mecanismos completamente distintos" a los actuales a través de la negociación colectiva.

   "El 35% de la fuerza laboral en España tiene un coste de despido prácticamente cero en España, los temporales, que es donde se concentra el ajuste. Queremos sustituir muchísima temporalidad por otro tipo de contratación indefinida", ha precisado el ministro, que ha añadido que el Gobierno "se tiene que ubicar en el interés general y que el interés general no es el coste del despido".

   Por otro lado, y en relación a su pasado en Lehman Brothers, entidad que quebró mientras ocupaba la Presidencia del banco para España y Portugal, el ministro ha asegurado que "si se considerara responsable lo más mínimo de la crisis económica mundial", no sería ahora ministro de Economía.

   Sobre su relación con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, De Guindos ha resaltado su respeto profesional y personal por él y ha indicado que mantienen una comunicación prácticamente diaria.

Los rectores aseguran que su intención es tratar las condiciones del personal con el "mayor consenso posible"

MADRID.- El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Peña, ha asegurado que la intención de los rectores es tratar las condiciones laborales del personal universitario con el "mayor consenso posible".

   Decenas de delegados sindicales permanecen encerrados desde ayer en los rectorados de las seis universidades públicas madrileñas para buscar las líneas de actuación a seguir contra la aplicación de la Ley de Acompañamiento de la Comunidad de Madrid, que recoge las condiciones de los empleados públicos y que se deben aplicar también a estos centros.

   En un comunicado, Peña ha recordado que fue el pasado mes de diciembre cuando tanto el Gobierno central como el regional promulgaron una serie de normas que modifican las condiciones de trabajo para el personal en el sector público, donde se incluyen, "de manera expresa, las universidades públicas".

   Ante esta situación, "en la que las universidades públicas ni han sido consultadas ni han participado en su elaboración", ya el 9 de enero se reunieron los rectores de la CRUMA para estudiar la normativa y los informes existentes.

   Durante el encuentro, ha explicado Peña, se constató que, con independencia de su opinión sobre su conveniencia, según la información de la que disponen, "esta normativa es de obligada aplicación en las universidades".

   Por esta razón, solicitaron a los gerentes que estudiaran y consensuaran su aplicación común en todas las universidades, "intentando causar el menor perjuicio posible para todos". "No obstante, estamos a la espera de conocer directrices más concretas de la Comunidad de Madrid en la aplicación de algunas de estas medidas", ha explicado.

   En este sentido, ha señalado que "dentro de la flexibilidad que pueda derivarse de la interpretación del texto de las normas y de su desarrollo", es su intención que la aplicación de estas normas "se haga con el mayor consenso posible y defendiendo los derechos legales de todo el personal".

   "Como siempre, la representación de los trabajadores va a ser informada puntualmente de todas las novedades que se produzcan, y confiamos en poder acordar conjuntamente la mejor forma de aplicar los cambios que la normativa prevea, normativa que no tiene su origen en los órganos de gobierno de las universidades", ha añadido.

   Peña considera que en una situación como la actual, "en la que las universidades públicas de Madrid, como toda la sociedad, se ven afectadas por la grave crisis económica", la comunidad universitaria "actuará, como en otras ocasiones, de manera responsable", evaluando la situación relativa, "tanto dentro del sector público como en comparación con otros sectores, y defendiendo la calidad del servicio público que prestamos a la sociedad".

Aguirre afirma que seguirá adelgazando la administración porque se lo "exige" la situación de España

MADRID.- La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este miércoles que seguirá adelgazando la administración porque se lo "exige" la situación de España y la necesidad de que las administraciones no incurran en déficit.

   "Vamos a seguir adelgazando porque creo que nos lo exige la situación de España y la necesidad de que las administraciones públicas no incurramos en déficit", ha dicho Aguirre en la rueda de prensa celebrada en Génova tras el Comité de Dirección del PP.

   Según ha dicho Aguirre, "si los ingresos bajan tienen que bajar los gastos" y, a su juicio, "es muy difícil que bajen" si no se hacen "reducciones en todo lo que es el dispositivo de la administración". "Pero también hay muchas cosas de las que nos tenemos que ocupar", ha matizado.

   La presidenta madrileña, por eso, se ha considerado "favorable" a que se endurezcan las medidas para que las comunidades autónomas cumplan el déficit acordado con el Gobierno central y ha recordado que Madrid es la única "que no ha incurrido en déficit superior al que decía el Ministerio de Hacienda".

   En este punto, sin embargo, Aguirre ha reconocido que su Gobierno incrementó los gastos hace años porque los ingresos también habían crecido al 10 por ciento anual. "Hemos construido doce hospitales nuevos, centros de salud, un colegio nuevo cada semana e introducido el bilingüismo", ha dicho.

Aguirre descarta subir las tarifas de transporte para reducir el gasto

MADRID.- La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha descartado este miércoles que vaya a privatizar el Metro de Madrid o realizar una subida de tarifas en el transporte para reducir el gasto de mil millones de euros anuales que destina el Gobierno regional a la subvención del transporte público.

   Precisamente ésta es la tarea que la presidenta madrileña ha encomendado al nuevo consejero del ramo, Pablo Cavero, que tomará a las 14 horas posesión de su cargo después de muchos años en el sector privado, y que tendrá como una de sus principales objetivos seguir reduciendo la estructura del suburbano, tal y como había empezado a hacer su antecesor, Antonio Beteta.

   Preguntada en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP de Madrid sobre si esta reducción del gasto en subvenciones que tiene que hacer el nuevo consejero implica una privatización parcial o total del Metro o una subida de las tarifas, Aguirre ha contestado con un "no" a ambas cuestiones.

   Al mismo tiempo, al ser cuestionada de nuevo sobre cómo piensa entonces realizar este recorte, Aguirre ha sido tajante: "Reduciendo el gasto". En este punto, ha explicado que ella lleva cuatro años reduciendo el gasto y que cada día encuentra "un gasto nuevo en el que podría meter tijera de los que no son obligatorios".

   Aguirre ha reconocido que se ha tomado su tiempo para elegir al nuevo consejero de Transportes porque "no era fácil sustituir" a Antonio Beteta, ahora secretario de Estado de Administraciones Públicas en el Ministerio de Hacienda, y ha asegurado que ha tardado 33 días porque quería elegir "al mejor".

   Y es que, para la presidenta, este cargo es "importantísimo" porque la Consejería de Transportes tiene, además de las partidas para inversiones, construcciones y mantenimiento de las instalaciones, la de mil millones de euros anuales de subvenciones al transporte que, en su opinión, se puede disminuir en lo que se refiere a gastos.

   "Ya había empezado Beteta y eso es lo que nos puede permitir aliviar las cuentas de la Comunidad de Madrid y continuar con aquello que constitucionalmente o por ley orgánica hemos decidido prestar sin coste para el contribuyente", ha señalado, en relación a la educación en los tramos de 3 a 16 años y a la sanidad.

   En esta dirección, ha reiterado que se ha comprometido a que, mientras ella sea presidenta de la Comunidad, la sanidad "será universal, gratuita y de la máxima calidad". "Jamás he hablado del copago, sólo para decir que mientras sea presidenta no habrá copago", ha añadido al tiempo que ha dicho que la sanidad en Madrid se dedicará a "curar enfermedades y a prevenirlas, nada más".

   Sobre cómo ha convencido a Cavero, que viene del sector de la banca donde tenía un sueldo superior al que va a cobrar ahora, Aguirre ha indicado que el nuevo responsable de Transportes "ha mamado desde que nació el servicio público" porque su padre fue un "importante" político de la Transición.

   Además, la presidenta madrileña ha explicado que cuando le propuso el cargo, Cavero le indicó que, precisamente, su padre le dijo que diese el salto a la política cuando "tuviera la garantía de independencia económica". Según Aguirre, "estos años" en la banca "seguramente se lo han dado".

   También se ha referido a su faceta como jugador de golf y ha explicado que, según Cavero, hace unos 20 años, jugaron juntos y ganaron un campeonato por equipos, pero Aguirre ha reconocido que no se acordaba de esta anécdota.

Unos cien delegados sindicales de las universidades siguen encerrados

MADRID.- Unos cien delegados de personal, miembros de Comités y Juntas de CC.OO., UGT, CSIF, como sindicatos más representativos, junto con el resto de sindicatos con representación en las distintas Universidades Públicas han cumplido 24 horas de encierro en los Rectorados de las Universidades Públicas madrileñas.

   Los trabajadores de las Universidades madrileñas solicitan la no aplicación de las Medidas de la Ley de Acompañamiento pues, a su juicio, contravienen la Ley Orgánica de Educación (LOU), y exigen que se reúnan las mesas de negociación para pedir a los rectores que no las apliquen.

   Para UGT, por ejemplo, los rectores de las Universidades madrileñas "no han hecho valer su condición de representantes de la Universidad ante un Gobierno regional que se caracteriza por someter a las Universidades a un recorte económico constante que está haciendo peligrar su viabilidad".

   En su opinión, la Comunidad de Madrid pretende regular cuestiones que afectan a las condiciones laborales de los trabajadores y que son competencia de la Universidad, "que parece haber claudicado frente a la Administración madrileña, cuando en el articulado de los Estatutos de nuestras Universidades se establece que le corresponde a cada una de ellas determinar las condiciones en que han de desarrollar sus actividades, el régimen de dedicación y jornada".

   Las Universidades cuentan con instrumentos y herramientas para la negociación colectiva como los Comités de Empresa, las Juntas de Personal, las Comisiones Paritarias de los Convenios y otros órganos como el Consejo de Representantes en la Universidad de Alcalá o la Mesa sindical de la Complutense.

   En todas las mesas paritarias de los diferentes convenios colectivos se ha invitado a la Administración de la Comunidad de Madrid a estar presente y formar parte de ellas pero "nunca ha querido estar", destacan los sindicatos, que apuntan que su postura ha sido siempre "darle anualmente la nominativa a los rectores, quienes han negociado directamente con los órganos de representación las condiciones laborales de sus trabajadores".

   UGT ha reclamado en numerosas ocasiones, hasta por la vía judicial, la inclusión de la Universidad en la Mesa General de los Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid (creada en 2008) dado que la Mesa de Universidad no ha sido convocada desde los tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid.

   Y es que lamentan que en la actual Mesa de Negociación de los Empleados Públicos están representados los de Sanidad, los docentes, el PAS de los colegios públicos, bomberos, "es decir, todos los funcionarios y personal laboral de la Comunidad de Madrid, excepto los trabajadores de las Universidades Públicas".

   Por tanto, han asegurado que no existe ningún ámbito de negociación entre los trabajadores y la Administración de la Comunidad de Madrid, así que está "absolutamente injustificada la aplicación unilateral de estas medidas que suponen una modificación de las condiciones laborales en el sector universitario".

La Agencia para el Empleo de Madrid ya es agencia de colocación

MADRID.- La Agencia para el Empleo de Madrid consiguió el pasado 17 de enero la autorización del Gobierno regional para constituirse como agencia de colocación sin ánimo de lucro, como ha anunciado este miércoles el delegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, Pedro Calvo, en la comisión ordinaria del ramo.

   Se trata de una petición largamente reclamada por todos los partidos presentes en la Corporación y con la que, en palabras de Calvo, "se conseguirá el perfeccionamiento de los trámites de las intermediaciones (labores) que hacía la Agencia y que se culminaban de aquella manera". "Ahora profundizaremos en la labor que se hacía", ha añadido.

   Por su parte, el portavoz del área de IU, Ángel Lara, ha mostrado su "satisfacción" por la reconversión de la Agencia para el Empleo y ha propuesto al equipo de Gobierno la necesidad de plantear convenios de colaboración con la Comunidad para conseguir financiación con la que cubrir los talleres y cursos a impartir.

   Calvo ha recogido el guante al afirmar que la intención es convertir la Agencia en entidad colaboradora para conseguir más financiación y acceder a la base de datos de los desempleados madrileños.

La Comunidad es la tercera región con más diabéticos sin diagnosticar, con 211.845 personas

MADRID.- La Comunidad de Madrid es la tercera región con más diabéticos sin diagnosticar, con 211.845 personas en esta situación, según ha informado la Federación de Diabéticos Españoles (FEDE).

   FEDE está intentando localizar, por medio de su campaña 'Quién sabe dónde', a las personas diabéticas que todavía no han sido diagnosticadas, por lo que, a tal fin, ha lanzado el Atlas Nacional de Desaparecidos.

   Andalucía es la comunidad autónoma donde existen más personas diabéticas sin diagnosticar (274.568), seguida de Cataluña (246.406) y de Madrid (211.845). Estas regiones engloban a la mitad de enfermos que todavía no saben que lo están.

   Este Atlas Nacional de Desaparecidos muestra también que Valencia (167.664), Galicia (91.763) y Castilla y León (83.952) son otras comunidades donde existe mayor prevalencia de diabéticos sin diagnosticar. Mientras que, en el lado contrario, se encuentra La Rioja (10.575), Cantabria (19.436), Navarra (20.891) y Asturias (35.566).

   "Lo que pretendemos es contar con una herramienta a través de la que ubicar, con mayor exactitud, dónde se encuentra ese millón y medio de personas con diabetes que todavía hoy están sin diagnosticar en nuestro país", ha argumentado el presidente de FEDE, Ángel Cabrera.

   La metodología empleada para elaborar el Atlas Nacional de Desaparecidos se ha basado en los datos del estudio 'di@betes', presentado en octubre de 2010 y realizado por el CIBERDEM.

   "Se trata de una fotografía que recoge únicamente medias, y como tal es como debe tratarse esta información. Esto quiere decir que el atlas no refleja el número exacto de personas sin diagnosticar de diabetes en cada CC.AA, aunque sí se aproxima mucho a la realidad", ha señalado Cabrera.

   Este experto ha explicado que la finalidad de la campaña en su conjunto es dar visibilidad a este problema, que implica que las personas que no conozcan la existencia de su enfermedad, desarrollan otros problemas de salud de tipo cardiovascular, ocular, renal y circulatorios.

Más de 28.220 trabajadores se vieron afectados por EREs en la Comunidad de Madrid

MADRID.- Un total de 28.223 trabajadores, pertenecientes a 982 empresas madrileñas, se vieron afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) entre enero y septiembre del pasado año, un 38,9 por ciento más que en el mismo periodo de un año antes, según ha denunciado este miércoles UGT en un comunicado.

   Según el sindicato, los datos acumulados sobre EREs en el tercer trimestre del 2011 relativos a la Comunidad de Madrid dan cuenta de que 982 empresas presentaron en ese periodo algún tipo de ERE, una cifra que representa un incremento del 12,3 por ciento respecto al mismo periodo de 2010, cuando se registraron 874 ERES.

   "El aumento porcentual es alto, reflejando una tendencia que se viene produciendo desde hace dos años y que establece la dimensión que la crisis ha adquirido en la Comunidad de Madrid", ha opinado UGT, que ha denunciado que "los EREs están siendo utilizados por los empresarios como un instrumento de ajuste de sus costes laborales".

   Por su parte, el número de trabajadores afectados por EREs en la Comunidad de Madrid ha sido de 28.223 hasta septiembre de 2011, un 38,9 por ciento de aumento respecto al número de trabajadores afectados en el mismo periodo de 2010, 20.318 personas.

   Este incremento es "muy superior al porcentaje de empresas", lo que a juicio de UGT "muestra que los EREs en la Comunidad de Madrid están siendo presentados por empresas de mayor tamaño en cuanto a número de trabajadores en plantilla".

   Por otra parte, el sindicato ha mencionado como "especialmente preocupantes" los datos que reflejan un aumento de trabajadores afectados por EREs con suspensión temporal (12.445 personas), con un aumento registrado del 31,8 por ciento respecto a lo ocurrido en 2010, donde se vieron afectados 9.438 trabajadores en la Comunidad de Madrid.

   También ha aumentado el número de trabajadores con reducción de jornada, alcanzando a 6.035 trabajadores en 2011 frente a los 3.467 del año anterior, lo que supone un 74,1 por ciento más.

   "Tampoco es bueno el dato relativo al número de trabajadores afectados por ERE con extinción del contrato de trabajo", señala en sindicato, apuntando que éste es "es el más dramático" y se han visto afectados 9.743 trabajadores frente a los 7.413 de 2010, lo que supone un incremento del 31,4 por ciento.

   Finalmente, UGT ha indicado que, "del total de trabajadores afectados por EREs en la Comunidad de Madrid, un 44,09 por ciento lo han sido por suspensiones, un 21,38 por ciento por reducción de jornada y un 34,5 por ciento por extinciones".

   Ante estas cifras, UGT ha acusado al Gobierno regional de no tener "una especial preocupación en relación con la evolución del empleo y tampoco del aumento del número de EREs que se están produciendo y afectando a un elevado número de trabajadores y empresas de la región".

   Además, ha criticado que "tampoco existe un cambio en la cultura empresarial tendente a mejorar la capacidad de gestión y la modernización de los métodos de producción de las empresas".

  "El modelo empresarial que sigue predominando es el que vincula la competitividad con bajos salarios, precarización del empleo, escasa formación y degradación de las condiciones de trabajo, todo ello unido al mantenimiento de elevadas tasas de beneficios", ha añadido el sindicato.

   Así, ha opinado que, ante estos datos, se aconseja "salvaguardar las garantías establecidas a favor de los trabajadores", lo que "significa que las empresas que pretenden un ERE deban aportar la documentación contable tanto de la empresa como de su Grupo, establecer un periodo de consultas, es decir negociación imprescindible con los trabajadores; elaborar un Plan Social que contemple medidas alternativas a los despidos y la intervención e informe de la Inspección de Trabajo, entre otras garantías".

   "Desde UGT denunciamos aquellas prácticas empresariales que no tienen que ver con la crisis y donde los EREs que intentan tramitar no poseen la justificación necesaria y por el contrario se pretende, a través de ellos, degradar el empleo", concluye el comunicado.

La oposición en la Asamblea rechaza el proyecto de Las Vegas de Madrid

MADRID.- Los tres grupos políticos de la oposición en la Asamblea de Madrid se han mostrado en contra del proyecto de 'Las Vegas' de Madrid tal y como se encuentra planteado actualmente y con las facilidades que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha indicado que se podrían poner encima de la mesa para lograr que se ubique en la región, algo que el PP ha subrayado que "no significa barra libre". 

   El portavoz del Grupo Parlamentario de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, ha señalado que se trata de "un proyecto" que no le gusta "nada" a su partido. "Ni el proyecto, ni la finalidad", ha precisado. "Es un proyecto montado por una empresa norteamericana basando en el juego y con implicaciones que no nos gusta", ha añadido.

   Además, ha considerado "rechazable" que se pueda "tratar de establecer excepciones legislativas en temas que van desde el Estatuto de los Trabajadores hasta los horarios comerciales o la Ley del Tabaco".

"Se trata de etablecer la 'República Independiente de Juegolandia'", ha dicho, como ya hiciera durante un pleno de la Cámara madrileña. "No es admisible", ha reiterado.

   Seguidamente, se ha preguntado si es verdad que se podrían crear "hasta 220.000 puestos de trabajo", así como "qué calidad tendrían" y cuáles de esos puestos serían para ciudadanos españoles. "Uno puede vender la primogenitura, pero no por un plato de lentejas. No es de recibo tal y como está planteado", ha concluido.

   Desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, la diputada Eulalia Vaquero ha señalado que el tema "no ha tenido cabida en el primer pleno" que tendrá lugar cuando arranque el periodo de sesiones, si bien ha añadido que "está pendiente" y su grupo lo va a plantear próximamente.

   "Estamos en contra no solamente del invento en sí mismo, que ya nos provoca mucha preocupación, sino por la forma en que el Gobierno regional piensa llevarla a cabo, saltándose todos los límites, regulaciones y normativas habidas y por haber. Es una irresponsabilidad hacer el ofrecimiento que ha hecho", ha dicho.

   "Cualquier proyecto que puede alterar el tema territorial, medioambiental, infraestructuras, etc., debería ser consensuado de manera más rigurosa y con mucha más información. Este proyecto no puede ser aprobado por el Gobierno regional saltándose todas las normativas sino que debe ser un proyecto con suficiente información pública de lo que se pretende con él y los costos sociales y laborales. De entrada, así, no", ha añadido.

   En una línea similar a la de los otros dos partidos se ha pronunciado el diputado del PSOE José Quintana, para quien "no se puede admitir este tipo de políticas" por parte del Gobierno regional y ha condenado que "se intente hacer algo así como un paraíso fiscal rozando la esclavitud laboral".

   Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Íñigo Henríquez de Luna, ha recordado que el proyecto puede generar 200.000 puestos de trabajo directos y que "todo lo que sea inversión, sobre todo extranjera, es algo muy positivo" que otras regiones españolas "estarían deseando" poder albergar en sus territorios.

   Además, ha llamado la atención sobre el hecho de que, si estos puestos de trabajo fueran destinados mayoritariamente a ciudadanos madrileños, se podría reducir significativamente la actual tasa de desempleo.

   No obstante, respecto a las facilidades que la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, está dispuesta a poner para que se desarrolle este proyecto en la región, el portavoz del PP ha dicho que "no significa barra libre" y que "una cosa es que se ayude y se flexibilicen ciertas cuestiones y otra es que se pase por encima de los principios del PP". "Las facilidades, ayudas e incluso la entrega de suelo está a la orden del día en estos temas", ha añadido.

Gestha alerta de que el proyecto de 'Las Vegas de Madrid' supondría la creación de un paraíso fiscal

MADRID.- Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han advertido de que la posible puesta en marcha en Madrid de un macrocomplejo del juego implicaría "de facto" la creación de un "auténtico paraíso fiscal en el corazón de España", ya que generaría un régimen excepcional de tributación casi nula en los tres niveles de la administración tributaria.

   En un comunicado, los técnicos alertaron de que la propuesta supondría la creación de una "zona franca" para no liquidar el IVA ni otros muchos impuestos y en la que ni siquiera se seguirían las reglas del Estatuto de Trabajadores.

   Además, subrayaron que la relajación de las exigencias en los controles de la Ley de Blanqueo de Capitales abriría la puerta al lavado de cantidades millonarias de dinero negro en los casinos, algo que atentaría frontalmente contra el plan antifraude aprobado por el Gobierno hace sólo dos semanas y con el que prevé recaudar más de 8.000 millones.

   Por otra parte, la tributación que pretende aplicar el magnate del juego Sheldon Adelson a los trabajadores impatriados supondría recuperar la polémica 'Ley Beckham', lo que unido a las exenciones del pago de las cuotas a la Seguridad Social y otros impuestos, evitaría que el proyecto revirtiese en unos ingresos claros para las administraciones tributarias españolas.

   Asimismo, el colectivo denunció que el planteamiento defendido por el grupo inversor atentaría contra el principio constitucional de equidad fiscal y supondría un agravio comparativo para el resto de empresas que operan en España y que en estos momentos de crisis también necesitarían de esos incentivos para salir adelante.

   El presidente de Gestha, Carlos Cruzado, indicó que la creación de puestos de trabajo siempre es bienvenida "aunque ello no a cualquier precio", ya que debe respetarse siempre el marco normativo y constitucional, incluyendo el artículo 31 relativo a la igualdad en el sistema tributario. "No puede haber una doble vara de medir a los contribuyentes", subrayó.

UGT rechaza los cambios legislativos que exige el proyecto 'Las Vegas'

MADRID.- UGT ha rechazado los cambios legislativos que exige el empresario Sheldon Adelson para el proyecto 'Las Vegas', como la modificación del Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería, la exención en las cuotas de la Seguridad Social, la exoneración fiscal, y la relajación de la legislación contra el blanqueo de capitales, ha informado el sindicato en un comunicado. 

   El secretario general de UGT-Madrid, José Ricargo Martínez, ha indicado que ningún casino "puede quebrar el ordenamiento laboral que ha exigido un esfuerzo ímprobo por parte de los agentes sociales y los partidos políticos", y ha destacado que la fiscalidad española necesita una reforma en profundidad, pero para consolidar su carácter progresivo.

   En cuanto a la modificación que Adelson exige de la ley antiblanqueo, Martínez ha subrayado que los "principios democráticos españoles son firmes" y nadie los puede trastocar a su capricho.

   Por lo que respecta a que puedan acceder al complejo de ocio menores de edad y ludópatas, Martínez ha dicho que todos aquellos que defiendan condiciones inaceptables y denigratorias de la dignidad humana, "tendrán a la UGT enfrente".

   El secretario general de UGT-Madrid duda de "colonizadores del siglo XXI como Adelson que piden mucho y dan poco", en clara alusión al préstamo de 25 millones de euros que exige el empresario le conceda la UE.

   Además, ha señalado que Las Vegas Sands también solicita las necesarias reformas de infraestructuras para garantizar una buena comunicación con el complejo y la cesión gratuita del terreno por parte de la la Comunidad de Madrid.

   El sindicato ha desconfiado que iniciativas como esta resuelvan el problema del desempleo en la Comunidad de Madrid, y ha defendido que la precariedad y la explotación laboral y los negocios fraudulentos sugeridos por Adelson no son soluciones para remontar la crisis.

Ecologistas en Acción denuncia que el proyecto 'Las Vegas' contradice la política de austeridad

MADRID.- Ecologistas en Acción ha denunciado que el proyecto de 'Las Vegas' de Madrid contradice "la política de austeridad" de la Comunidad de Madrid, perjudica a los madrileños y conculca las leyes españolas, ha informado la organización en un comunicado.

   Así, ha indicado que el magnate Sheldon Adelson pretende construir en Madrid un complejo de casinos para lo que reclama casi 6 millones de metros cuadrados de suelo público que espera le sean cedidos. "Si no hubiese suficiente suelo público pretende sea expropiado el necesario a sus propietarios, expropiación que pagaría el Ayuntamiento de turno para luego ser entregado", ha denunciado.

   Además, ha recalcado que "el proyecto pretende que la viviendas de protección sean trasladadas a otros lugares o ignoradas".

"También que en caso de que se construya en Valdecarros, Vallecas, el vertedero de Valdemingomez sea trasladado porque los malos olores no son compatibles con sus casinos", ha dicho.

   "No debemos crear un Estado paralelo ilegal y gobernado por un mas que sospechoso magnate que solo busca su beneficio a costa de la falta de soluciones económicas imaginativas a largo plazo de nuestros gobernantes, la posibilidad solo de plantear tal barbaridad es una ofensa a los ciudadanos que pagamos el IBI, las licencias y impuestos, el IRPF y todo aquello que consideramos puede hacer de nuestra sociedad un espacio mas solidario en busca del Bien Común o sencillamente porque es obligatorio", ha indicado Ecologistas.

Fomento estudia soluciones con el sector de autopistas para evitar la quiebra de algunas vías

MADRID.- El Ministerio de Fomento ha iniciado ya los contactos con el sector de las autopistas para tratar de solventar el riesgo de quiebra que actualmente afrontan las sociedades concesionarias de algunas de estas vías de pago.

   Así lo indicó el secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras, Rafael Catalá, quien reconoció que se trata de un problema que "no es fácil de resolver".

   "No tenemos aún una decisión tomada, estamos estudiándolo y hablando con el sector, no es fácil de resolver", declaró el 'número dos' de Fomento.

   "Hemos tenido reuniones tanto con asociaciones, como con sociedades, y lo estamos estudiando", insistió Catalá tras el acto de toma de posesión de varios altos cargos del Ministerio y presidente de entes y empresas públicas dependientes de este Departamento.

   Fomento aseguró recientemente que cuenta con margen para poder ayudar a atender sus obligaciones financieras a las concesionarias de autopistas "pese a los recortes", en referencia a la reducción de 400 millones de euros que el Gobierno realizó en el presupuesto del Ministerio para otorgar créditos participativos a las autopistas con problemas económicos y financieros.

   Un grupo de autopistas están a la espera de la consecución de dichos créditos para refinanciar deudas con los bancos, reequilibrar sus cuentas y evitar así un concurso de acreedores. Entre estas vías figuran las radiales de Madrid, la que conecta la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Ocaña, la Cartagena-Vera y la Madrid-Toledo.

   Estas autopistas, en su mayoría controladas por las grandes constructoras cotizadas, se han visto afectadas por un volumen de tráfico muy inferior al inicialmente estimado y por los sobrecostes de las expropiaciones que realizaron para su construcción.

Plañiol planteará a Cifuentes el "conflicto en calle" y comportamientos "violentos" vinculados "más o menos" con el 15M

MADRID.- La Comunidad de Madrid planteará en su encuentro con Delegación de Gobierno, entre otros temas, "el conflicto en calle" y "actividades derivadas de algunos comportamientos violentos vinculados de forma más o menos lejana al 15M", según ha informado este martes la consejera de Presidencia y Justicia del Gobierno regional, Regina Plañiol.

   En esta reunión que la titular de Presidencia y Justicia mantendrá con la nueva delegada, Cristina Cifuentes, Plañiol ha apuntado que también transmitirá la "preocupación de los madrileños" por problemas como "las oleadas de robo en joyerías" o "las bandas juveniles".

   "Todo aquello que le pueda preocupar a los madrileños", ha resumido Plañiol, que ha destacado "especialmente" las materias de protección ciudadana, y ha apuntado la colaboración de la Administración autonómica en otras materias como la seguridad ciudadana y el orden público.

   Todo ello "en la medida que la Comunidad de Madrid pueda colaborar con su saber hacer para que las cosas en la región funcionen bien y se garanticen los derechos y las libertades de todos", ha dicho.

   La consejera ha considerado la reunión con la delegada como "obligada entre administraciones que quieren colaborar", y que en ella ofrecerá "de forma expresiva la leal colaboración" de la Comunidad.

   En este sentido, ha juzgado que "la colaboración de la Comunidad con la Delegación de Gobierno ha sido siempre transparente y leal".

"Con esta delegada del Gobierno y con todas las delegadas anteriores", ha aseverado.

Delegados sindicales se encierran en los rectorados de las universidades públicas madrileñas

MADRID.- Delegados de personal, miembros de Comités y Juntas de CC.OO., UGT, CSIF, como sindicatos más representativos, junto con el resto de sindicatos con representación en las distintas Universidades Públicas, han decidido encerrarse de manera permanente en los Rectorados de las Universidades Públicas madrileñas.

   Fuentes sindicales han explicado que en rectorados como el de Alcalá de Henares o de la Complutense, los encerrados han decidido pasar la noche en las instalaciones de la Universidad para perfilar un calendario contra los recortes de los trabajadores que, a su juicio, supone la aplicación de la Ley de Acompañamiento.

   De forma previa, más de 200 delegados sindicales se han concentrado ante el Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid para manifestar su "oposición frontal contra la aplicación unilateral por las Universidades de unas medidas que rompen los convenios y acuerdos en vigor, vulneran el derecho a la negociación colectiva y, de concretarse, provocará pérdida de puestos de trabajo".

   Y es que aseguran que las Universidades, "amparándose en una legislación autonómica" que entienden que "no es de aplicación en el ámbito universitario, pretenden modificar unilateralmente buena parte de las condiciones laborales de sus empleados, sin que ello contribuya a la mejora del servicio público que se presta".

   El objetivo de este encierro es que el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades madrileñas (CRUMA) y rector de la Universidad Carlos III, Daniel Peña, se siente a hablar con los sindicatos para analizar la situación de los trabajadores.