MADRID.- Vicente Torres nunca se había imaginado que a sus 73
años vería, convaleciente desde la cama de su habitación, cómo se
evitaba que le quitaran su piso de 49 metros cuadrados en el madrileño
barrio de Carabanchel, en un ejemplo de las consecuencias más brutales
de la crisis económica que sufre España.
Tapicero jubilado, Vicente fue operado del corazón hace
dos meses y tiene la movilidad muy reducida, por lo que vive con su
nieto Jonathan, de 24 años, que cuida de él aunque no tiene trabajo ni
cobra prestación por desempleo. Sobreviven con los 600 euros de la
pensión del abuelo.
Vicente se enfrenta a perder definitivamente la
vivienda en la que vive hace unos 50 años tras haberla puesto como aval
para una hipoteca de su hijo, que ya perdió su casa.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) logró
esta semana postergar su desahucio, uno de los 200 que se producen a
diario en España, aunque la comisión judicial puso una nueva fecha: el 3
de mayo.
"Hemos ganado algo de tiempo, esperemos poder detener
la ejecución (hipotecaria)", dijo Rafael Mayoral, abogado de la PAH, que
esgrimió motivos humanitarios ante la comisión judicial encargada de
certificar el desalojo con la ayuda de la fuerza pública.
Aunque Mayoral presentó ante los funcionarios de la
comisión documentación médica que certifica el estado de salud de
Vicente, las funcionarias y el procurador suspendieron la ejecución
debido a que, según su parecer, no había suficientes efectivos
policiales para hacerlo.
El caso de Vicente y Jonathan es cada vez más habitual
en un país con 5,3 millones de parados y en el cual la tasa de cobertura
para desempleados se sitúa en el 57 por ciento, lo que significa que un
43 por ciento de ellos no reciben ayuda alguna.
En este caso, la entidad ejecutante es Citifin, filial
de Citigroup, y la PAH solicita, al igual que en todos los desahucios,
que al menos se les conceda el alquiler social.
Mayoral dice haberse puesto en contacto con Citifin, y que "no han atendido a las razones humanitarias".
Contactado, Citigroup no ha querido hacer comentarios.
"Creemos que la sociedad civil tiene medios suficientes
para convencer a las entidades financieras para que cedan(...) y
creemos que las autoridades judiciales deberían tutelar los derechos de
los deudores en los procedimientos de ejecución hipotecaria para que no
se vean en indefensión", señaló Mayoral.
El fenómeno de los desahucios plantea una disyuntiva
entre el cumplimiento de la ley hipotecaria española, por un lado, y de
los derechos humanos y la Constitución española, por otro.
La Carta Magna garantiza que todos los ciudadanos
tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos
establecerán normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho.
En España, a diferencia de otros países, la entrega de
la vivienda no es generalmente suficiente para saldar la deuda
hipotecaria adquirida con el banco, pese a que el Gobierno aprobó, a
comienzos de marzo, un "código de buenas prácticas" bancarias para que
los ciudadanos en riesgo de exclusión social que no puedan seguir
pagando sus hipotecas salden la deuda con la devolución del inmueble.
Casi la totalidad de las entidades financieras
españolas se han adherido voluntariamente a este código --lo que, en ese
caso, lo convierte en vinculante--, pero sus críticos señalan que la
norma establece requisitos prácticamente imposibles de cumplir.
Desde la PAH se hace hincapié en que el sistema
judicial español debe hacer más esfuerzos para proteger a los ciudadanos
deudores con menores posibilidades económicas frente a los recursos
jurídicos de la banca.
"Los tribunales tienen la obligación de tutelar los
derechos de todas las personas que tienen un procedimiento judicial, y
además, cuando está en peligro la vida o la integridad física de una
persona, lógicamente está por encima de cualquier diligencia judicial
que se quiera ejecutar", señala Mayoral.
Los desalojos se han disparado en España después de que
el país sufriera un duro golpe por la paralización del mercado
inmobiliario y de la construcción que dejó a millones de personas sin
trabajo.
Para paliar el problema, sindicatos y otras
asociaciones presentarán una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para
regular la dación en pago, de manera que, en casos de residencia
habitual y deudores de buena fe, si el banco se queda la vivienda, la
deuda quede liquidada, como en otros países de la Unión Europea o en
Estados Unidos.
Para que se admita a trámite deben lograr 500.000
firmas, y posteriormente el Congreso de los Diputados debe debatir la
propuesta y, eventualmente, aprobarla. Una posibilidad muy poco
probable.
Los cerca de 200 desahucios al día en España, que
cuentan en cada intervención con la comparecencia de una comisión
judicial acompañada por la policía, contrastan --más allá del drama
humano detrás de cada caso concreto-- con las reclamaciones crónicas de
racionalización del funcionamiento del muy saturado sistema judicial
español.
El drama de los desahucios ha tenido, además,
implicaciones internacionales, pues gran parte de los afectados por los
desalojos son inmigrantes que se han quedado sin trabajo en el sector de
la construcción.
Por este motivo, a mediados de marzo, el presidente de
Ecuador, Rafael Correa, advirtió de que podría denunciar las leyes
hipotecarias españolas ante organismos internacionales al considerar que
"atentan contra los derechos humanos". Los ecuatorianos son la segunda
mayor colectividad de inmigrantes en España, por detrás de los rumanos.
