miércoles, 27 de abril de 2011

González Pons proclama el "enorme fracaso" de todos los políticos "sin excepción"


VALLADOLID.- El vicesecretario general de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha proclamado esta tarde en Valladolid el "enorme fracaso" de todas las políticas y políticos, "sin excepción", a la luz de un informe de la OCDE sobre estrategias de familia en España conocido durante esta jornada. 

La falta de guarderías suficientes fuera del horario escolar y la elevada tasa de niños que viven en familias abocadas a la pobreza -el doble que la media de la OCDE-, "demuestran que no hemos acertado y que hemos fracasado como políticos, da igual lo que luego digan las publicaciones oficiales", ha reflexionado González Pons.
"La España real cada vez está más alejada de la oficial. Los anuncios de la radio y la televisión nada tiene que ver con lo que se vive en la casa de cada uno, donde los abuelos vuelven a ejercer como padres, ahora de sus nietos, y la tasa de natalidad es muy baja", ha añadido el vicesecretario general de Comunicación del PP.
Por todo ello ha invitado a la clase política a "bajarse de la España oficial" y acudir "a la real", especialmente ahora y ante una inminente campaña electoral donde los ciudadanos "nos van a pedir que nos centremos en sus problemas reales y no en insultos", en la falta de empleo y de cobertura sanitaria, ha puesto como ejemplos.
"Este informe de la OCDE nos pone a los políticos en la oportunidad de afrontar una campaña electoral constructiva y propositiva, sobre las cosas que de verdad importan a los a los ciudadanos", ha considerado durante una rueda de prensa previa a su participación en un acto público de presentación de los candidatos del PP de Valladolid.
En la misma línea de regeneracionismo político, ha incidido en la necesidad de que ningún representante público "gaste más de lo que ingrese" y de que "gane lo menos posible", y expresado su convencimiento, con motivo del Consejo de Política Fiscal reunido hoy, de que el futuro de España "pasa por la resolución del futuro de la financiación municipal".
Ante la próxima campaña electoral, González Pons ha detectado cómo la ciudadanía "está pidiendo a gritos un cambio".

El PSM enumera las "tonterías" por las que están imputados algunos candidatos del PP y critica la "frivolidad" de Aguirre

MADRID.- El Partido Socialista de Madrid ha enumerado las "tonterías" por las que están imputados algunos miembros de las listas del PP de Madrid para las elecciones del mes de mayo y ha criticado la "frivolidad" que ha demostrado Aguirre al referirse en estos términos a los motivos que les han llevado a ser investigados por la Justicia. 

   Así, en una "primera relación", el PSM se ha referido en primer lugar al 'número 37' de la lista a la Asamblea, Íñigo Henríquez de Luna, "imputado por tráfico de influencias en Guateque y Becara".
   Posteriormente, los socialistas citan al candidato a la Alcaldía de Las Rozas y actual viceconsejero, Juan Ignacio Fernández Rubio, "imputado por un delito contra la ordenación del territorio y para quien el fiscal pide ocho años de inhabilitación para cargo público".
   A continuación se refieren también al candidato de Guadarrama, Miguel Rodríguez Bonilla, "socio del anterior" y sobre quien pesa la "misma petición" y al cabeza de lista de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, "imputado por malversación, tráfico de influencia y negociaciones prohibidas a los funcionarios por enajenación de una parcela".
   El PSM ha incluido en esta lista también al candidato de Coslada, Raúl Pérez Vaquero, "procesado a la espera de juicio oral" por "prevaricación y malversación" y sobre quien pesa una "petición del fiscal de ocho años de inhabilitación y dos años de prisión".
   "Ha pagado 22.000 euros de fianza para eludir prisión preventiva. No ejecutó la sentencia de un Juzgado de lo Penal de Alcalá de Henares que en relación al exjefe de la Policía Local", explican los socialistas.
   El listado de imputados continúa por el candidato a la Alcaldía de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, "implicado en el 'caso Porto' y al que la fiscalía le imputa prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, tráfico de influencias y falsedad".
   La enumeración concluye con el candidato de Arroyomolinos, Juan Velarde ("prevaricación y malversación"); la candidata en El Boalo, Carmen Díaz (delito atentado contra vías pecuarias); la candidata en Belmonte, Ana María Pinos (falsedad documental y delito contra la ordenación del territorio); la cabeza de lista de Pinto, Miriam Rabaneda (malversación y prevaricación); y la candidata de Torres de la Alameda, Clara Torres (malversación).  
   El diputado y 'número 3' de la lista socialista a la Asamblea de Madrid, Juan Barranco, ha destacado el hecho de que Esperanza Aguirre "ha reconocido que en las listas del PP hay un buen número de imputados, cosa que hasta ahora había negado".
   "Sin embargo, ha indicado que la candidata del PP a la reelección pretende "quitar importancia al asunto, calificando de "tonterías" las causas por las que sus candidatos están siendo imputados".
   "Su actitud se corresponde con la frivolidad con la que suele tratar temas importantes", ha asegurado Barranco, para quien "banalizar sobre imputaciones de cohecho o tráfico de influencias con diez cabezas de lista del PP de Madrid es demostrar una vez más esa línea habitual de Esperanza Aguirre, que acostumbra a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio".

El PSOE dice que las "tonterías" que llevaron a la imputación del alcalde han costado 12 millones a los vecinos

ALCOBENDAS.- El PSOE de Alcobendas ha manifestado este miércoles que las "tonterías" que llevaron a la imputación del alcalde y candidato a la reelección por el Partido Popular, Ignacio García de Vinuesa, han costado 12 millones de euros a los vecinos. 

   Los socialistas han hecho pública su "indignación" tras las declaraciones en las que Aguirre ha dicho que los imputados de las listas del PP de Madrid lo están por "tonterías".
   Por ello, han considerado "una falta de respeto a los ciudadanos y un descrédito democrático incluir en las listas electorales candidatos imputados por malversación, prevaricación y prácticas prohibidas a funcionarios y, aún más grave y preocupante, conocer que una imputación por consentir la pérdida de 12 millones de euros al Ayuntamiento de Alcobendas es una tontería para Esperanza Aguirre".
   Los responsables del PSOE han recordado que el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, "está imputado por cometer un delito urbanístico por permitir la recompra de una parcela a la constructora Sotohenar, a pesar de conocer la existencia de informes de la Intervención municipal que aconsejaban lo contrario".
   En opinión del candidato del PSOE a la Alcaldía, Rafael Sánchez Acera, "es vergonzoso el desparpajo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y su opinión de la situación judicial del alcalde de Alcobendas".
   "Estas actuaciones de algunos responsables políticos perjudican gravemente la imagen que los ciudadanos tienen de la política en general. Menos mal que serán los jueces y los resultados en las urnas quienes van a decidir cuál es la importancia de esta imputación", ha concluido.

El Tren de la Fresa continua su actividad gracias a un acuerdo para subsanar la situación presupuestaria

MADRID.- La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Aranjuez, el Museo del Ferrocarril y Patrimonio Nacional han llegado a un acuerdo, tras la reunión que se ha mantenido en la Dirección General de Turismo, para subsanar la situación presupuestaria especialmente "difícil" por la que atraviesa el Tren de la Fresa, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado. 

   El acuerdo establece que las dos administraciones y el Museo del Ferrocarril aportarán 35.000 euros a partes iguales para cubrir el desequilibrio económico que hacía peligrar su continuidad y que asegura la celebración de esta nueva temporada.
   El Programa del Tren de la Fresa, que lleva funcionando 26 años y que se ha consolidado como el Tren Turístico más antiguo en funcionamiento de Europa, es una iniciativa Turístico-Cultural organizada por la Fundación de Ferrocarriles Españoles, a través del Museo del Ferrocarril; la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General de Turismo; Patrimonio Nacional y el Ayuntamiento de Aranjuez.
   Tras este acuerdo, el Tren de la Fresa podrá llevar a cabo el programa previsto que contempla unas 24 circulaciones cada año, repartidas entre los meses de mayo y junio, septiembre y octubre; con salidas en días sábado y domingo.
   Asimismo, el Museo del Ferrocarril se compromete a presentar a las Instituciones, antes de finales del mes de junio, un Plan que garantice la sostenibilidad a largo plazo del Programa del Tren de La Fresa.
   El viaje en este tren de época, en el que se mezcla cultura y ocio, permite disfrutar de una forma diferente Aranjuez, municipio madrileño declarado Paisaje Cultural Patrimonio de la Humanidad y conocer mejor sus recursos turísticos, paisajísticos, arquitectónicos, artísticos y culturales.  
   Esta iniciativa se ha convertido en una opción turística para todo tipo de público, y especialmente para las familias con niños. Aranjuez fue la primera ciudad en estar comunicada por ferrocarril con Madrid. El Marqués de Salamanca presentó el proyecto 'camino de hierro' entre esta localidad y la capital para unir ésta con el palacio donde pasaba sus periodos de descanso la Familia Real.

La UCM presentará un diccionario 'cheli'

MADRID.- La Universidad Complutense de Madrid (UCM) alberga este viernes la presentación del diccionario de madrileñismo, que reúne más de 6.300 voces populares y patrimoniales de la Comunidad de Madrid, ha informado la universidad en un comunicado.

   La presentación del diccionario, que ha sido elaborado por el catedrático de Lengua Española de la Universidad Complutense Manuel Alvar Ezquerra, correrá a cargo del vicedirector de la Real Academia Española, José Antonio Pascual, y tendrá lugar a las 11 horas en la Biblioteca Histórica de la UCM Marqués de Valdecilla. Además, asistirán el rector Carlos Berzosa, el editor, Miguel Tébar, y el autor.
   'El Diccionario de madrileñismos. Voces patrimoniales y populares de la Comunidad de Madrid' (Ediciones La Librería) recoge palabras que se emplean en esta comunidad autónoma y que caracterizan el habla madrileña. Su autor ha trabajado con una base de datos de 10.150 registros, que suponen más de 6.300 artículos de diccionario.
   De esta forma, recoge vocablos del habla castiza y achulapada, como 'trompitos', 'meatilas', 'gadafi' y 'trifásico'; palabras de uso popular, como 'malamadre', 'coreano' y 'judas'; voces propias del ámbito urbano y exclusivas de la capital; términos exclusivamente rurales; unas pocas palabras testimonio de épocas pasadas pero todavía vivas; y voces madrileñas que sirven para nombrar los alimentos y comidas tradicionales, como 'pilota', 'alboronía', 'gabrieles' y 'chabaza'. Sorprende el significado madrileño de algunas palabras, como aleluya y gilipollas.
   El Diccionario de madrileñismos indica la sinonimia que tienen las palabras en Madrid y señala los lugares de los que hay constancia de su empleo. Las palabras y acepciones de la obra no aparecen en el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, salvo las que consigna como propias u originarias de Madrid.
   Manuel Alvar Ezquerra, catedrático de la UCM y miembro correspondiente de la RAE, dedica buena parte de su actividad profesional al estudio de las palabras y a la realización de diccionarios. Entre otros muchos, ha publicado el Diccionario de voces de uso actual (1994), el Nuevo diccionario de voces de uso actual (2003 y 2004), el Tesoro léxico de las hablas andaluzas (2000) y, junto con Lidio Nieto, el Nuevo tesoro lexicográfico del español (11 volúmenes, 2007). Dirige la Biblioteca Virtual de la Filología Española (www.ucm.es/bucm/nebrija), portal de la Biblioteca Complutense que ofrece, de manera libre y gratuita, gramáticas, ortografías y diccionarios del pasado.

Gallardón insiste en un realizar un debate electoral en las redes sociales

El alcalde de Madrid y candidato 'popular' a la reelección, Alberto Ruiz-Gallardón, visitará cuatro grandes ciudades españolas durante la campaña electoral de cara a los comicios municipales y autonómicos del próximo 22 de mayo, entre ellas Barcelona, y también insiste en la celebración de dos debates con los candidatos del PSOE e IU: uno en Telemadrid y otro a través de las redes sociales.

   Así lo ha indicado este miércoles el vicealcalde de la capital y su director de campaña, Manuel Cobo, durante un receso del Pleno celebrado en la Casa de la Villa. "Tenemos la suerte de contar con un candidato que es solicitado prácticamente en todas las ciudades de España por nuestros compañeros de partido", se ha jactado, indicando que cuatro tardes de los quince días que dura la campaña se reservarán para salir a otras urbes del país, entre las que se contará Barcelona.
   "Estamos haciendo una precampaña con muchos actos fuera de Madrid y en campaña creo que, al menos, estaremos una tarde en cuatro ciudades muy emblemáticas, aunque sea un mayor esfuerzo el que haya que realizar", ha continuado Cobo, justificando esta decisión en que Gallardón es candidato "a la Alcaldía de la capital de todos los españoles".
   Al margen de esto, Gallardón participará en un acto final de balance de partido de los últimos ocho años que tendrá lugar el 3 de mayo, y su siguiente intervención ya tendrá lugar en la apertura oficial de la campaña con la presentación de su programa.
   "Y luego habrá diversos actos sobre los asuntos más importantes que preocupan a los madrileños: el empleo, la movilidad y el medio ambiente estarán seguro... Nunca podremos tocar todas las cosas que más preocupan a los ciudadanos, pero para eso algunos llevan 20 años en Madrid trabajando con los ciudadanos, y a lo mejor tienen ya mucho ganado porque conocen muy bien los problemas y también la gente los conoce muy bien", ha continuado.
   Más allá de estos dos eventos, Cobo no ha querido desvelar cómo se configurará el calendario electoral del alcalde. "Es que nos pueden contraprogramar...", ha bromeado, aunque sí ha insistido en que la candidatura 'popular' a la Alcaldía ya ha aceptado la propuesta de Telemadrid de celebrar un debate con los candidatos del PSOE, Jaime Lissavetzky, y de IU, Ángel Pérez, el día 9 de mayo en horario de "máxima audiencia".
   "Y queremos, porque pensamos que forma parte del mundo en el que vivimos y tiene mucha más audiencia que un debate en cualquier televisión, hacer un debate en la red la semana siguiente (al de Telemadrid) por la mañana, que hay más audiencia", ha indicado, insistiendo así en una idea que ya había lanzado el propio Gallardón.
   Sin embargo, Cobo no ha dado detalles sobre cómo podría articularse ese debate ni en qué red podría realizarse, argumentando que los tres candidatos deberían "ponerse de acuerdo" en esos extremos para tener un foro más, "adecuado, moderno y eficaz", para "decir cuáles son las propuestas" de cada uno.
   "Son los dos debates que planteamos.  Espero que (los otros grupos estén dispuestos), pero son ellos los que lo tienen que decir", ha concluido.

Bankia podría salir a Bolsa en la segunda mitad de 2011

MADRID.- Bankia, el grupo de cajas de ahorros liderado por Caja Madrid y Bancaja, podría salir a cotizar en la segunda mitad de 2011, dijeron fuentes jurídicas, en un intento por conseguir la mejor valoración para reforzar su capital. 

Bankia, formado además por otras cinco cajas de ahorros pequeñas, ha dicho que tiene previsto colocar algo más de un 20 por ciento de su capital en el mercado para alcanzar los nuevos requisitos de capital.
El Gobierno español ha elevado las exigencias de solvencia de las entidades en un intento por recuperar la confianza de los mercados internacionales en el sistema financiero español, afectado por el estancamiento económico del país, las elevadas tasas de desempleo y el estallido del mercado inmobiliario.
Una portavoz de Bankia no quiso dar una fecha para la salida a bolsa de la compañía, reiterando que la entidad esperar a contar con condiciones favorables en el mercado. Además, la entidad ha manifestado que realizaría una ampliación de capital dirigida a inversores privados si las condiciones del mercado no permiten la salida a bolsa.
Bankia esperaría hasta después de junio, cuando ya pueda presentar a inversores potenciales unos datos con el balance financiero de los primeros seis meses del año, dijeron dos abogados con sede en Madrid que han asesorado a cajas de ahorros en sus planes de recapitalización.
La entidad también necesita fichar a un consejero delegado y diseñar su consejo de administración y por eso parece improbable una salida a bolsa antes del verano, según un abogado.
Bankia tiene unas necesidades de 1.795 millones de euros para alcanzar un 8 por ciento de capital principal en su colocación en bolsa.
Si la caja no saliera a bolsa o no dependiera en más de un 20 por ceinto de financiación mayorista, requeriría de 5.775 millones para llegar al 10 por ciento de capital que se le exigiría en ese caso.
La entidad ya dijo a principios de abril que saldría a bolsa con un valor neto patrimonial de 12.000 millones de euros y que dejaría fuera del futuro vehículo cotizado algunos activos inmobiliarios menos líquidos como el suelo y algunas participaciones societarias que no identificó.

Una familia denuncia acoso escolar a su hijo en el Colegio Suizo de Madrid

MADRID.- Una familia ha presentado una denuncia por acoso escolar a su hijo en el Colegio Suizo de Madrid, donde fue víctima de marginación y agresiones durante dos años sin que la dirección del colegio tomara medidas para impedirlo a pesar de la petición expresa de los padres, que hoy han comparecido en rueda de prensa. 

El abogado de la familia, Robinson Guerrero, ha dicho en la misma rueda de prensa que el colegio no ha apoyado las sucesivas reclamaciones de los padres del menor para tratar de solucionar un problema que ha afectado al escolar, ni ha facilitado medidas para investigar los hechos, ni se ha reunido con los padres afectados y se ha limitado "a tapar el asunto".
Guerrero ha añadido que el colegio siempre respondía que actuarían pero sin determinar ninguna línea de actuación concreta y pasaba el tiempo sin solución para el menor, por lo que los padres, al comprobar que no había respuesta, decidieron poner la denuncia de acoso escolar en la Comisaría de Alcobendas.
Los padres han interpuesto otra demanda contra el Colegio Suizo por hacerle un test psicológico al niño con su expresa oposición y han considerado que su hijo fue manipulado en las respuestas del test que no iba dirigido al tema escolar.
"Llegar a la convicción de que tu hijo es acosado es un proceso lento, largo; vas viendo señales poco a poco primero un moratón, luego más grande, luego no quiere ir al colegio, llora", ha dicho el abogado.
El padre del menor ha explicado a los periodistas que el colegio ha rechazado que su hijo sufriera acoso escolar por parte de otros tres alumnos del colegio que le han agredido en más de una ocasión y le han producido hematomas y heridas, con intervención médica en dos ocasiones sin denuncia.
Al principio pensaban que se trataba de peleas de niños, pero alertaron al colegio cuando su hijo llegó un día con una herida grande, pensaron que podía tratarse de acoso y pidieron ayuda al colegio para reunirse con las otras familias, ha dicho el padre, de nacionalidad alemana.
La madre, con lágrimas en los ojos, ha recordado cómo se sentía su hijo, "no quería hablar, sólo quería meterse en el coche y decía que nadie le quiere".
"Está mal, está tocado, porque es un niño alegre, dinámico y le gusta estar con la gente, es muy social y tiene miedo, y está a la defensiva", ha añadido.
Los padres también han presentado una queja ante el Defensor del Menor por acoso escolar desde hace dos años a su hijo de 11 años que ha sido víctima continuada de agresiones físicas y psíquicas, exclusión social, marginación y aislamiento en el Colegio Suizo.
En un escrito a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, exponen que las actuaciones de la dirección del colegio han ido dirigidas a ocultar los hechos.
La dirección del colegio ha precisado que fijarán su postura en un comunicado que harán público previsiblemente mañana.
El Colegio Suizo fue condenado por el acoso escolar a un niño durante dos años por la Audiencia Provincial de Madrid en 2009.

Lissavetzky acusa a Gallardón de "freir" a impuestos a los madrileños

MADRID.- El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha acusado este miércoles al alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, de "freir" a impuestos a los madrileños durante ocho años y de no hacer una "aplicación social del IBI" por falta de "voluntad" y ha advertido a los madrileños de un "catastrazo" tras las elecciones ya que el alcalde, según ha dicho, "ha solicitado voluntariamente la revisión catastral". 

   "Preveo que pueda haber un incremento grande y lo que quiero es que diga de cuánto va a ser, cuánto calcula él. En octubre recibiremos un papelito dándonos a todos un disgusto grande. Que se sepa que el que pide la revisión es el señor Gallardón", ha dicho.
   "Durante estos ocho años nos ha frito a impuestos. Tiene guasa que ahora, porque hay elecciones, venga con la propuesta del IBI social que él no ha aplicado en el uso de sus competencias. Ha hecho una aplicación antisocial del IBI retirando bonificaciones sociales, negando ayudas para colectivos, subiendo tipos y creando nuevos impuestos", ha denunciado.
   En rueda de prensa, tras conocer la propuesta de Gallardón sobre el IBI social, Lissavetzky ha señalado que "aplicar socialmente el IBI no es cuestión de Ley sino de voluntad". "Si se quiere, se puede hacer sin cambiar una sola coma de la Ley. "Tal y como está, se puede hacer una aplicación social del IBI. Gallardón tergiversa y manipula la realidad ya que no tiene capacidad de gestión en el Ayuntamiento y porque no mira a los ciudadanos", ha añadido.
   El candidato socialista a la Alcaldía ha recordado que, al llegar a la Alcaldía, Gallardón "anuló las bonificaciones que establecen la progresividad del impuesto en virtud del valor catrastral de la vivienda".
"Quitó y dejó de aplicar esa bonificación y, además, subió los tipos del IBI del 0,51 por ciento al 0,58 por ciento", ha añadido.
   Lissavetzky ha acusado además al alcalde del PP de "introducir un segundo IBI, un 'IBI +'", a través de la introducción de la tasa de basuras en la capital. "Y es que quien paga el IBI también paga la tasa", ha afirmado.
   Además, ha denunciado que Gallardón "nunca ha utilizado la compensación social potestativa vía gasto presupuestario aprobando ayudas para situaciones de especial dificultad económica" que hay en ciudades como Málaga o Segovia y que "podía no haber solicitado la revisión catastral". "Es facultativa y no obligatoria", ha añadido.
   "Un señor que anula las bonificaciones que aplicaba el anterior alcalde, que sube un 14 por ciento los tipos del IBI, que introduce un segundo IBI, que es la tasa de basuras, que no utiliza la compensación social que se está haciendo en distintos ayuntamientos y que además solicita la revisión catastral, es un poco de broma que venga y pida que se modifique la Ley", ha manifestado.
   A renglón seguido, el aspirante socialista a la Alcaldía de Madrid ha afirmado que "Gallardón es el problema en cuento a política fiscal se refiere" en la ciudad de Madrid. "El señor Gallardón es un problema para Madrid. No forma parte de la solución sino que forma parte del problema. Está siempre pidiendo a los demás que hagan lo que él no tiene la voluntad de hacer y ha llegado ya el momento de desenmascarar sus prácticas", ha denunciado.
   Lissavezky ha dado algunas cifras concernientes a la recaudación y el pago correspondiente el IBI sumado a ese "segundo IBI" correspondiente a la tasa de basuras que se ha instaurado en Madrid bajo el mandato de Ruiz-Gallardón.
   Así, ha denunciado que el alcalde "ha multiplicado por cuatro los ingresos por pate de los ciudadanos" y ha cuantificado en 577 euros lo que paga de media el contribuyente teniendo en cuenta estos parámetros frente a los 190 que se pagaban cuanto el candidato 'popular' llegó a la Alcaldía.
   "Por un piso de 50 metros en el centro, en el año 2002 se pagaban 89 euros. Ahora, con el IBI y el segundo IBI se están pagando 264 euros; es decir, se ha multiplicado por tres", ha dicho.
   Por último, Lissavetzky ha explicado los compromisos del PSOE en cuanto a la aplicación social del IBI: "estableceremos compensaciones automáticas al pago del IBI para colectivos desfavorecidos, aplicaremos a partir de la entrada en vigor de la revisión catastral las bonificaciones que permite la ley, ampliaremos las bonificaciones hasta el 50 por ciento en el caso de las instalaciones solares, congelaremos la presión fiscal y eliminaremos la tasa de basuras", ha dicho.

Ratificado en el Pleno municipal de Madrid la participación en el Canal tras su privatización

MADRID.- El Pleno de Madrid ha ratificado este miércoles --con el rechazo de los grupos de la oposición y el voto en solitario del PP-- el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional para participar del nuevo modelo de gestión del Canal de Isabel II tras la privatización del 49% de su capital.

   Este convenio, firmado la semana pasada por las administraciones implicadas, supondrá la cesión del uso de la red de tratamiento, almacenamiento y distribución de agua regenerada durante los próximos 50 años. La propiedad de las infraestructuras seguirán siendo del Consistorio, tal y como ha subrayado el delegado de Hacienda, Juan Bravo.
   Esto supondrá que las arcas municipales ingresen 189 millones de euros --la primera mitad será abonada en la primera semana de mayo y la otra en las mismas fechas de 2012--, una cantidad resultante de sumar los costes de ejecución de las infraestructuras (58 millones) y el rendimiento de la explotación durante 50 años (45 millones), entre otras cuestiones.
   Además, según el Ejecutivo local, el convenio supondrá también un ahorro de 2,2 millones de euros para las arcas municipales en gastos de mantenimiento de instalaciones, y se garantizará también un "sistema de gestión eficaz, ágil e integrador" del transporte y suministro de agua depurada de la capital.
   Con respecto al convenio ya existente sobre el uso de la red de saneamiento, que prevé 30 años de cesión, el Consistorio tendrá obligación de prorrogar ese plazo en otros 20 ejercicios si el Canal de Isabel II así lo solicita, si bien esa ampliación deberá ser compensada económicamente.
   El cálculo de ese dinero se hará por acuerdo y, si no se alcanzara ninguno, se utilizará el mismo criterio que se empleó cuando se firmó el convenio. El objetivo es homogeneizar las fechas de vigencia de los dos contratos: el de agua regenerada y el de saneamiento.
   Con la cesión del uso de las infraestructuras de agua regenerada supondrá el "cierre del ciclo del agua", tras la cesión al Canal en 2005 de la gestión de las infraestructuras de saneamiento y de abastecimiento del agua potable en la capital.
   El convenio firmado con la Comunidad supondrá también el control del 10% de las acciones de la sociedad que gestione las aguas madrileñas tras la privatización del 49% que prevé el Ejecutivo regional. Así, se creará una sociedad anónima que gestionará de manera unitaria todos los servicios relativos al uso del agua --aducción, distribución, alcantarillado, depuración y reutilización-- en toda la región.
    Bravo explicó en la última comisión del ramo que el Ayuntamiento "tiene vocación de quedarse con ese 10% y no vender", lo que supondría unos ingresos aproximados de entre 13 y 15 millones de euros al año. Sin embargo, ni la portavoz de IU en Medio Ambiente, Raquel López, ni el del PSOE en Hacienda, Pablo García Rojo, han confiado en que el Consistorio mantenga la propiedad del total de ese accionariado.
   En cualquier caso, el acuerdo estipula que, como mínimo, el Consistorio deberá retener bajo su control el 3% del capital social durante al menos 50 años. El restante 7% podrá ser vendido, aunque siempre después de que la Comunidad haya privatizado su parte.
   La delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, también indicó en la pasada comisión de su ramo que al Ayuntamiento le corresponderá el abono del pago de tarifas por el servicio de suministro de agua regenerada (193 millones) pero que, con eso, se ahorrará algo más de 300 millones de euros, tanto por los 259 a pagar durante 50 años a las empresas de mantenimiento y explotación de la red como por los 43 a abonar por el proceso de regeneración del agua tras su depuración.
   Sin embargo, para López estas explicaciones aclaran que se está "asistiendo al reparto de una tarta que no es ni de Alberto Ruiz-Gallardón, ni de Esperanza Aguirre, sino de los madrileños" y que es la culminación del proceso de "descuartizamiento y expolio del servicio público", ocupándose ahora de "la joya de la corona, la empresa pública más solvente --con más de cien millones de beneficios netos en 2009--, querida y rentable de la Comunidad".
   Además, ha reprochado que el alcalde acepte esta operación, a pesar de que siendo presidente regional se comprometió a no privatizar el Canal, "ahora que (el Ayuntamiento) saca tajada", y ha considerado que las razones de Aguirre para acometer este cambio son "esperpénticas".
   "Nos hemos gastado tantísimo dinero en infraestrecuturas y ahora se lo regalamos a la empresa privada, que luego igual nos cobra por reciclar el agua. Han hecho un negocio redondo: tienen clientes fijos, el monopolio, una materia prima obtenida de las nubes y unas infraestructuras pagadas por los madrileños. Vamos, un chollazo", ha concluido la edil.
   Además, ha alertado de que esta medida supondrá un aumento del consumo porque "desaparecerán las campañas de concienciación", un deterioro de la calidad porque "no se invertirá en ese asunto", un "empeoramiento de las condiciones laborales" de los trabajadores del Canal. "El sistema no funciona, lo estamos viendo en otras ciudades que han vuelto a recuperar el servicio para lo público y lo mismo va a pasar en Madrid", ha zanjado.
   Para García Rojo, estos convenios y la decisión del Ejecutivo autonómico supone la "imposición de un modelo privatizador de la Comunidad de Madrid sobre las corporaciones locales" por lo que ha asegurado que los ayuntamientos que, tras el 22 de mayo, sean gobernados por los socialistas acometerán las "oportunas acciones legales".
   "Ésta es una nueva operación de maquillaje y arquitectura financiera de la Comunidad que le viene muy bien a las arcas debilitadas del Ayuntamiento. Pero una nueva mayoria socialista en el Ayuntamiento (tras las elecciones) pondrá fin a estos desmanes, porque los ayuntamientos que gobierne el PSOE no van a aceptar la imposición de un modelo privatizador del Canal en sus municipios. Y esa confianza que los ciudadanos depositarán en Tomás Gómez pondrá fin a esta aventura financiera de la Comunidad y del Ayuntamiento", ha añadido el concejal.
   Ante estas críticas, Bravo ha señalado que la decisión de privatizar el Canal no es del Ejecutivo local, y que ante esta propuesta hay tres opciones: sacar a concurso el servicio, crear una empresa pública municipal para gestionarlo o "seguir como hasta ahora y prorrogar la encomienda de gestión con el Canal para que siga prestando en Madrid otros 50 años más el servicio de distribución de agua en la ciudad".
   "El Ayuntamiento no puede impedir a la Comunidad tomar esta decisión, que es legítima y legal", ha insistido, añadiendo que esta aceptación se realiza "a cambio de un precio: el 10% del capital de la nueva sociedad", un cambio con respecto al actual estatus --en el que la capital no recibe dividendos porque los beneficios de la empresa pública revierten en la mejora del ciclo del agua-- ya que ahora los beneficios se los llevarán "los socios privados".
   Con estos argumentos en la mano, el delegado ha exigido a la oposición que, "si critican esta tercera opción, digan por cuál de las otras dos se inclinan o si hay una cuarta opción", y ha criticado a los socialistas por anunciar ahora medidas legales contra la privatización cuando hace ya tres años que el Ejecutivo autonómico anunció sus intenciones.
   "Ésta es una medida más de la campaña electoral del PSOE, y está por ver el título de la película que el señor Gómez colgará del Palacio de la Prensa, pero seguramente tendrá que ver con esta operación", ha añadido, instando a García Rojo a aclarar "qué harán los ayuntamientos socialistas si no ganan (la Presidencia regional)". 
"¿Crearán su propia empresa, licitarán el servicio o se adherirán? Dentro de unos meses lo veremos", ha concluido.

Una cadena humana rechaza en Madrid la ubicación del ATC en Zarra

MADRID.- Bajo el lema de 'Fukushima también era seguro' unas 130 personas, miembros de la Plataforma contra la ATC de Zarra y vecinos de la comarca valenciana, se han manifestado este miércoles ante el Ministerio de Industria en Madrid formando una cadena humana para mostrar su rechazo a la posible ubicación del almacén temporal de residuos en la localidad. 

   Finalmente, la protesta se ha llevado a cabo frente a la sede ministerial, que no se ha podido rodear --tal y como estaba previsto inicialmente-- debido a que Delegación de Gobierno no ha concedido autorización por cuestiones de seguridad.  
   En esta ocasión, los manifestantes han viajado a Madrid debido a las últimas declaraciones del titular de la cartera de Industria, Miguel Sebastián, que había indicado que urge tomar la decisión de la ubicación de la ATC y que se tomará antes de la revisión de las centrales nucleares, y eso es "inminente".
   Así se ha manifestado el miembro de la plataforma Pepe Cerdá, al explicar que además de solicitar que la ubicación no es la más adecuada por los terrenos, se suma a este dato a que la candidatura es la que "mayor riesgo sísmico tiene".
   En concreto, Cerdá ha indicado que ya el pasado año le entregaron un informe que hacía patente que la comarca contaba con antecedentes sísmicos, pero ese dato "no se ha valorado", y esperan que con lo acontecido en Japón se puedan "pensar otras opciones".
   Por su parte, otra integrante del colectivo, María Dolores Gómez Piqueras, ha destacado que solicitarán a Sebastián, por este motivo, que descarte la candidatura de Zarra. En su opinión, antes de los acontecimientos sucedidos en Japón y la alarma creada por la central de Fukushima, "parece que no se daba importancia al riesgo sísmico, pero nosotros ya alertamos de ello el pasado año. Ahora pretendemos recordarlo y que se descarte la candidatura", ha indicado.
   En este sentido, ha destacado que Zarra es una zona "con alto riesgo sísmico", y además ya en el año 1982 la zona fue declarada catastrófica como consecuencia de una riada. En su opinión, los fenómenos naturales no tienen culpables, pero "si se decide elegir la opción de Zarra habría responsables con nombres y apellidos, porque hay riesgos ciertos", ha aseverado.
   Durante toda la mañana, desde las 11.30, los miembros de la plataforma, vestidos con camisetas en contra del ATC en Zarra, han reclamado con cánticos que no se elija esta población como ubicación definitiva del almacén, e incluso que se contemple alguna otra opción.
   Los manifestantes han hecho una cadena en la que se han unido por medio de banderines reclamando que Zarra no albergue el cementerio nuclear y con pancartas en las que, nuevamente, figuraba su conocido lema 'No somos comarca basura'.
   Tras una hora de movimiento y voces en contra del cementerio, ha llegado un silencio que solo se ha roto cuando los miembros que portaban altavoces han gritado 'alarma nuclear', con lo que todos se han tumbado en el suelo y han fingido una situación de alarma, para alertar de lo que podría pasar en la zona si se alberga la ATC y hay movimientos sísmicos.
   Según ha manifestado Cerdá, tras la entrega del documento en el Ministerio, la Plataforma partirá al Palacio de la Moncloa para entregar el informe también en estas dependencias y solicitar, de nuevo, una reunión con algún representante.
   En esta línea, ha indicado que han solicitado reuniones con los ministros de Industria y de Medio Ambiente Medio Rural y Marino y siempre han recibido "la callada como respuesta".
   "Sólo queremos que nos atiendan diez minutos", ha indicado Cerdá quien además ha concluido invitando a los representantes del Gobierno a que viajen a la zona para que comprueben, in situ, que elegir la zona es "una barbaridad y un despropósito".

El ministro de Trabajo anuncia mano dura contra el empleo irregular

MADRID.- El Gobierno aprobará el viernes un plan de afloramiento del empleo sumergido que dará dos o tres meses de plazo para regularizar la situación de trabajadores sin contrato sin sufrir sanciones, dijo el miércoles el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. 

"Después de un periodo de dos o tres meses desde que entre en vigor la norma (...) se endurecerán las sanciones a las empresas como consecuencia de la contratación irregular de trabajadores", dijo Gómez, tras la presentación del nuevo director de la oficina de la OIT en España .
El ministro dijo que el Gobierno dará facilidades a los contratadores en cuanto al aplazamiento de las cotizaciones que se adeuden y a los recargos.
"No hay amnistía, hay facilidades para que aquel trabajo irregular que no se ha declarado (...) pueda hacerse a partir de la aprobación del Real Decreto Ley, sabiendo que hay un plazo", dijo.
El plan del Gobierno también planteará sancionar a aquellos trabajadores irregulares que se descubra que, a la vez, se estén beneficiando de una prestación por desempleo.
Las propuestas del gobierno están actualmente siendo evaluadas por los interlocutores sociales -patronal y sindicatos-, quienes a más tardar el jueves deberían dar su opinión para la redacción final.
En el apartado de las exigencias para los empleadores también se incluiría la obligatoriedad de contratar durante al menos seis meses.
Además, las empresas que subcontraten servicios a empresas que tengan empleados irregulares también serían sancionados.
Con una tasa de paro en torno al 20 por ciento, el desempleo es uno de los males endémicos de la economía nacional, aunque numerosos políticos y analistas consideran que parte del desempleo no es real como consecuencia de la denominada "economía sumergida".

España vulnera los derechos humanos a la vivienda

MADRID.- La sección española de Amnistía Internacional ha denunciado que nueve millones de personas están "indefensas" ante "una vulneración muy grave" de los derechos humanos que se da en España, donde el acceso a una vivienda digna y la salud no son considerados derechos fundamentales, sino que se encuentran en una "segunda categoría", al arbitrio de las leyes que, en este caso, no protegen a los ciudadanos. 

   Así lo ha explicado el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, durante la presentación del último informe de la organización, titulado 'Derechos a la intemperie' y centrado en los "obstáculos para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales en España". En el acto han participado además, el abogado de vecinos de la Cañada Real Galiana (Madrid), Javier Rubio y la asesora jurídica de la Confederación FEAFES, Irene Muñoz.
   Beltrán ha expuesto que estos nueve millones de ciudadanos que se calcula viven en España bajo el umbral de la pobreza "están indefensos ante la violación de derechos humanos", entre los que ha destacado el acceso a la salud y a la vivienda, en los que además, "se limita seriamente la posibilidad de que si estos derechos son vulnerados puedan ser reclamados ante la justicia y se pueda obtener reparación.
   En materia de vivienda, el informe denuncia los desalojos forzosos en la Cañada Real Galiana y el barrio barcelonés de Sant Martí, "llevados a cabo sin ningún tipo de garantías" y pese a estar "prohibidos por el derecho internacional", así como la situación en El Cabañal, de Valencia y la falta de albergues para personas sin hogar en Vigo, donde han fallecido 37 personas sin techo en los últimos años.
   Además, se refiere a la crisis económica y expone que más de 271.00 hipotecas se han ejecutado entre 2007 y 2010 por lo que son "cientos de miles" las personas que podrían perder su vivienda y "pese a ello, hasta ahora no se han dispuesto medidas legislativas para abordar este problema", conforme ha señalado Beltrán, para incidir en que en estos procesos se vulneran otros derechos, como el de acceso a la información pública o a la tutela judicial efectiva.
   "Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos", es decir, sin cumplir ninguna de las recomendaciones que el Relator de la ONU hizo a España sobre este asunto en el año 2008, según ha explicado el representante de Amnistía.
   El abogado de los vecinos de la Cañada Real Galiana, donde residen entre 25.000 y 40.000 familias, ha asegurado que es así como se están practicando los desalojos en la zona, ordenados por el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, ya que "ninguno de estos principios", entre los que también figura garantizar una vivienda alternativa a los desalojados, se está cumpliendo.
   El problema, expone, es que "no se pude apelar al derecho a la vivienda porque no está en la Constitución Española" recogido como tal y "no se considera a la misma altura ni pesa lo mismo que el resto de derechos", ya que se trata de "principios rectores" que deben desarrollarse normativamente y, por tanto, no pueden invocarse. "Ni siquiera el Tribunal Constitucional admite que derecho a vivienda y a la salud puedan ser objeto de amparo", ha añadido Beltrán.
   En cuanto a la salud, el informe recuerda que "cerca de 200.000 personas carece de cobertura sanitaria gratuita" y sólo tiene acceso a servicios de urgencia, bien porque no han trabajado nunca en la economía formal, bien porque ya no cobran ningún tipo de prestación o porque pertenecen a colegios profesionales no integrados en el régimen de autónomos. Además, en el ámbito específico de la salud mental, la organización asegura que los derechos de los ciudadanos "quedan a la intemperie".
   "Puede existir la percepción de que el derecho a la salud está suficientemente protegido en España, pero esto no es real y desde luego, no lo es para las personas con enfermedad mental", ha señalado Beltrán, para incidir en que la situación en que se encuentran "no es ninguna prioridad" como prueba que España se encuentre en los últimos puestos de la Europa en inversión en este área, con 6,1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.
   Sobre este asunto, la representante de la Confederación FEAFES ha puesto el acento en los ingresos no voluntarios de personas con enfermedad mental, que ejecutan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para denunciar los casos de "conculcaciones flagrantes de derechos humanos" que sufren estos ciudadanos y señalar que "en lugar de invertir en prevención y tratamiento, se invierte en contención y castigo" porque la salud mental se ve como un problema de seguridad pública.
   En el informe, la organización exige que se ponga fin a estos desalojos forzosos en todo el territorio, que se impulsen cambios legislativos estatales y autonómicos que aseguren por ley el respeto de todos los derechos humanos, que se adopte una ley de acceso a la información, que se publiquen datos para verificar el cumplimiento del Estado de sus obligaciones con respecto a estos derechos y que se garantice el acceso y disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud física y mental para todas las personas.

CC.OO, UGT y otras 11 organizaciones piden al Defensor del Pueblo que recurra la capitalización de las cajas

MADRID.- CC.OO, UGT y otras 11 asociaciones solicitarán el viernes al Defensor del Pueblo que interponga un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto ley de recapitalización de las cajas de ahorros por considerar que se trata de una medida injusta, que distorsiona la competencia en el sector.

   Las 13 organizaciones han redactado un documento, que presentarán el próximo viernes ante esta institución, en el que se detallan sus peticiones. Los sindicatos siempre han mostrado su rechazo a ley que eleva los ratios de capital de las entidades y tras su aprobación por el Gobierno el pasado mes de febrero anunciaron movilizaciones.
   En este sentido, el secretario general de Comfia-CC.OO, José María Martínez, subrayó hace unas semanas que los sindicatos trabajan desde su entrada en vigor para recurrir la normativa, pero defendió que el proceso que requiere tiempo y solventar algunas limitaciones.
   En este sentido, recordó que para presentar un recurso de incostitucionalidad sólo están legitimados el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores y las comunidades autónomas o, en su caso, las asambleas de las mismas.
   La petición del viernes estará respalda, además de por los dos principales sindicatos, por otras organizaciones sindicales como Csica y CIC. Asimismo, están representadas las organizaciones de consumidores Adicae, Ceaccu, Cecu y Facua; la Plataforma de Acción Social y la del Voluntario de España; la European Anti Poverty Network; el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y la ONG para el Desarrollo de España.

Aguirre: en las listas del PP de Madrid hay imputados "por tonterías"

MADRID.- La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido que en las listas con las que su formación se presenta a las próximas elecciones del 22 de mayo hay imputados pero ha matizado que lo están por "tonterías" y no por "enriquecerse".

   En una entrevista en Antena 3,  Aguirre ha dicho que "no es verdad" que en sus listas no haya imputados. "En mis listas hay gente que está imputada pero por tonterías, no por acusaciones", ha señalado la presidenta madrileña tras la polémica surgida a raíz de sus declaraciones acerca de los imputados por la trama Gürtel.
   "No presumí de no tener imputados", ha continuado Aguirre, que ha recordado que hace dos semanas, cuando presentó la lista con los candidatos a las alcaldías, lo que hizo "fue pedir disculpas a los ciudadanos pertenecientes a municipios donde ha habido alcaldes que han tenido que dimitir como consecuencia de una imputación en el caso Gürtel".
   En su opinión, eso no quiere decir que no les conceda "la presunción de inocencia en lo penal" y ha insistido en que cuando un juez entiende o hay sospecha de que alguien ha utilizado su cargo para enriquecerse, "hay que exigirle responsabilidad política". 
"Por esa razón, nada menos que 9 personas en Madrid han dimitido, han sido cesadas", ha apostillado.
   Para la presidenta madrileña, esta opinión sobre las sospechas de los jueces y las responsabilidades políticas vale para todas las comunidades autónomas pero ha matizado que no todas las imputaciones son iguales y que hay que diferenciarlas de las que son acusaciones por enriquecimiento.
   "La imputación ahora puede ser una garantía procesal para que uno vaya a declarar con abogado y hay alcaldes que les imputan porque rompieron una cerradura para entrar en una obra, cualquier cosa que no tiene que ver con su provecho personal", ha insistido.
   Preguntada por si considera que las listas abiertas solucionaría el problema de llevar imputados en las mismas, Aguirre ha recordado que en el PP hubo este tipo de listas cuando ella era del partido liberal pero ha reconocido que no sabe si sería lo adecuado para evitar este tipo de situaciones.
   En cambio, entiende que esto se solucionaría "con el cambio del sistema electoral" y que en lugar del sistema electoral de lista proporcional, este fuese mayoritario. "Eso no quiere decir que no fueran imputados, pero es que he visto a alcaldes imputados por romper el precinto de una obra que era imprescindible para su pueblo, entonces la gente entraría a fondo para ver por qué la persona que se presenta tiene esa imputación", ha explicado.
   En la misma línea, ha insistido en que cuando los ciudadanos "sospechan que un político ha utilizado su cargo para enriquecerse", éste tiene que asumir responsabilidades. "Si se prueba en lo penal, por supuesto, pero la simple sospecha le debe obligar a tener esa responsabilidad para desde fuera defenderse", ha concluido.