Sol podrá acoger manifestaciones cuando no haya actos de partido

MADRID.- La Junta Electoral Central ha aclarado que la reserva de lugares públicos para la celebración de mítines de campaña no impide que en esos espacios se celebren concentraciones o manifestaciones en horarios distintos.

   Así ha respondido el organismo arbitral a una consulta formulada por el PSOE después de que se conociera que la Junta Electoral de Madrid había declarado a la Puerta del Sol, a instancias del Ayuntamiento de la capital, como una de las plazas públicas reservadas para actos de campaña para las elecciones del 20 de noviembre.

   El movimiento 15M, que se originó precisamente en esa plaza el pasado mes de mayo, entendió esa decisión de la Junta de Madrid como una prohibición y ya había anunciado la celebración de manifestaciones en la Puerta del Sol durante la campaña.

   En una resolución, ahora la JEC ha aclarado que en esos lugares públicos reservados para la celebración de actos públicos de campaña electoral pueden convocarse reuniones o manifestaciones "en días y horas distintos de los que han sido asignados a las formaciones políticas concurrentes a las elecciones", siempre y cuando dichas convocatorias cumplan la legalidad vigente.

   Lo que ya determinó la Junta Electoral Central en mayo, con motivo de las acampadas de la Puerta del Sol en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales, es que no cabe celebrar manifestaciones ni en la jornada de reflexión ni el día de la votación.

La Comunidad retira el proyecto de ley de Protección de Animales

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado este jueves que el Gobierno regional va a retirar el proyecto de ley de Protección de Animales aprobado hace pocas semanas por el Consejo de Gobierno debido a la falta de "consenso" que se han encontrado con las organizaciones defensoras de los animales, sobre todo, en las redes sociales. 

   "Al amparo del artículo 153 del reglamento de la Asamblea, el Gobierno ha acordado retirar el proyecto de ley de protección de los animales domésticos", ha apuntado Aguirre en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, pues ha indicado que creían "que gozaba del consenso generalizado de todas las asociaciones amantes de los animales" y no es así.

   Aguirre ha explicado que según este reglamento pueden retirar cualquier proyecto en cualquier momento mientras no se haya producido el acuerdo final, que no es "urgente" y que merece un "debate más en profundidad" que lleve a elaborar "un proyecto más consensuado" después de haber comprobado el descontento en las redes sociales.

   Preguntada por esta decisión del Gobierno, Aguirre ha reconocido que creían que "había un consenso absoluto y resulta que no".

"Hemos visto en las redes sociales que hay bastante disenso en todos los aspectos de la ley", ha señalado la presidenta, quien se ha calificado como "gran amante de los animales "y muy especialmente de los domésticos" y no quiere que haya disenso en esto.

   Por eso, ha apuntado que a diferencia de otros proyectos de ley, como el de la liberalización del comercio que va a suprimir las licencias por declaraciones de intenciones por parte del empresario, este no es "urgente", por lo que insta a que "de verdad se medite" y se vea "qué es lo mejor para los animales en cada momento".

   El proyecto de ley aprobado el pasado 6 de octubre modificaba la Ley de Protección de Animales Domésticos de 1990 con el fin de adaptar su contenido a la actualidad y prohibía, entre otras cosas, alimentar a animales abandonados, exhibir mascotas en escaparates de las tiendas o su entrada a zonas destinadas a juegos infantiles. Tampoco se podían vender cachorros menores de dos meses.

   Además, los dueños tenían tres días para comunicar a la Administración el extravío, muerte o cambio de titularidad de su mascota y el mismo plazo para recogerlos en los centros de acogida si se han perdido, abonando los gastos causados por su recogida, estancia y cuidados veterinarios.

   Las sanciones también se endurecían en esta modificación del texto y la Comunidad de Madrid iba a poner multas que oscilaban entre los 300 y los 1.500 euros en el caso de las leves, entre los 1.500 y los 6.000 euros cuando fueran graves y hasta 30.000 euros en el caso de las más graves.

Vía libre para la remodelación del Santiago Bernabéu

MADRID.- La Junta de Gobierno de la capital ha aprobado la modificación del Plan General de Urbanismo (PGOU), que permite remodelar el campo del fútbol del Real Madrid a cambio de la cesión, por parte del club blanco, de cuatro parcelas al Ayuntamiento en el barrio carabanchelero de Opañel.

   Así lo ha explicado este jueves el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, en la rueda de prensa posterior a la Junta, donde ha destacado que esta operación urbanística generará un inversión privada de 200 millones de euros y creará casi 3.000 empleos, "avanzando en el reequilibrio territorial incrementando las zonas verdes y equipamientos en Chamartín y Carabanchel". De los puestos de trabajo, 2.300 serán en la fase de desarrollo y casi 600 durante la expropiación.

   La modificación del Plan General se extiende, por tanto, a dos zonas diferentes de Madrid, situadas al norte y al sur: el Área de Planeamiento Específico 'Bernabéu-Opañel', constituido por las parcelas del Área de Planeamiento Incorporado 'Mercedes Arteaga-Jacinto Verdaguer', en Carabanchel.

   En la zona del Bernabéu la modificación aprobada incide sobre tres ámbitos, fundamentalmente. El primero es el propio estadio: la modificación del Plan General permite su cubrimiento, sin que ello suponga incrementar el actual aforo. Otro ámbito es la zona comercial de la Esquina del Bernabéu -situada entre las calles Concha Espina y Padre Damián--, que desaparece, convirtiéndose en un espacio verde público de 5.216 metros cuadrados de superficie.

   El tercer ámbito afectado por el cambio del Plan General es el frente del 'coloso blanco', donde habrá una zona terciaria de 12.250 metros cuadrados, de los que 6.858 corresponden a los usos comerciales existentes en la Esquina del Bernabéu.

   Bajo el rasante de la nueva franja terciaria se podrá construir un aparcamiento subterráneo privado de hasta 600 plazas. A los 12.250 metros cuadrados se suman otros 5.577 de edificabilidad residencial existentes en cuatro parcelas en la calle Mercedes Arteaga, en Carabanchel, propiedad del Real Madrid, y que constituyen la segunda zona afectada por la modificación.

   Los 12.250 metros cuadrados de terciario formarán parte indivisible con la parcela deportiva del estadio. Las actuaciones previstas incrementan, por tanto, la edificabilidad en el ámbito Bernabéu-Opañel en 26.323 metros cuadrados. Cobo ha explicado que por este aumento de edificabilidad, el Real Madrid compensará al Consistorio de dos formas.

   Por un lado, mediante las cesiones de suelo que establece la Ley. Así, el Real Madrid cederá cuatro parcelas en Opañel, que serán destinadas 4.330 metros cuadrados a zonas verdes y 3.636 a equipamientos para el barrio. Por otro lado, a través de la cesión del 10 por ciento de edificabilidad que conlleva la modificación, el Ayuntamiento recibirá 6,6 millones de euros.

   "La operación urbanística proporcionará beneficios para la ciudad, para ambos barrios y también para los socios del Real Madrid. La capital aumentará su competitividad y posicionamiento internacional con la configuración de un nuevo referente urbano y un nuevo polo de atracción deportiva y turística. Un referente asociado a la marca Real Madrid", ha destacado el vicealcalde.

   Además de los puestos de trabajo, ha indicado que la operación incrementará las zonas verdes de la capital. Así, en lo que ahora ocupa el área comercial de la Esquina del Bernabéu --que tendrá que ser derribada por el Real Madrid-- se creará un parque de 5.216 metros cuadrados en el entorno de la plaza de los Sagrados Corazones y que gestionará el Ayuntamiento.

   El resto, los 4.300 metros cuadrados de zonas verdes, estarán en las concesiones de las cesiones efectuadas en la zona de Mercedes Arteaga. Además, según el plan municipal, se destinarán 3.636 metros cuadrados de suelo para equipamientos públicos para los 33.000 vecinos del barrio de Opañel.

    "Los vecinos del entorno del estadio se beneficiarán de la reducción de los niveles de contaminación acústica y lumínica como consecuencia del cubrimiento del recinto y de la aplicación de soluciones técnicas para minimizar la incidencia de las actividades del Bernabéu", ha agregado Cobo, que ha apuntado que parte del turismo que recibe Madrid es gracias al poder de atracción del club blanco.

   El 'número dos' de Alberto Ruiz-Gallardón ha subrayado que el club blanco dispondrá "de un estadio de vanguardia y los socios tendrán más confort con las gradas cubiertas, así como una mayor accesibilidad gracias al Plan de Movilidad Sostenible, incluido en la modificación del planeamiento".

   Además, el equipo merengue contará con una nueva zona comercial, más grande que la actual, que podrá dotar con tiendas, restaurantes, cafeterías, museos o lo que decida el club. "La actual composición de la zona comercial del Real Madrid no nos parece la más adecuada. Urbanísticamente los expertos dicen que esta zona comercial es más adecuada en la parte más despejada que donde está ahora", ha comentado Cobo.

   Igualmente, ha anunciado que se pondrá en marcha una línea de autobuses lanzadera para acceder al estadio cuando haya eventos deportivos. No obstante, Cobo no ha detallado si los autobuses los gestionará la Empresa Municipal de Transportes o el Real Madrid, puesto que ha señalado que este proyecto tardará dos años en materializarse.

   Tras la modificación inicial de la modificación del Plan General se abre un periodo de información pública de un mes, durante el que se solicitarán los informes sectoriales preceptivos, entre ellos, los de análisis ambiental. Tras el estudio y, en su caso, incorporación de alegaciones y prescripciones sectoriales, se llevará al Pleno para su aprobación, remitiéndose después a la Comunidad para su aprobación definitiva.

   A preguntas de los periodistas, el portavoz del Gobierno municipal ha afirmado que el Ayuntamiento ha tenido en cuenta las distintas valoraciones del precio del suelo en la Castellana y en Opañel para llegar a un acuerdo y ha remarcado que en todas las operaciones urbanísticas con equipos deportivos, el municipio "ha ganado dinero" porque es "su obligación de cara a la defensa de los intereses de los ciudadanos". Como ha ejemplo, ha recordado la actuación de las Cuatro Torres, "en la que el Ayuntamiento y la Comunidad ganaron".

   En este sentido, ha vuelto a señalar que la capital recibirá el 10 por ciento de la operación, además de las compensaciones de parcelas. "Para Madrid es muy importante que una entidad privada haga una inversión de 200 millones de euros. Estamos en un momento en el que la creación de riqueza tiene que ser apoyada por las Administraciones", ha apostillado.

    Cobo ha querido despejar cualquier acusación de "trato preferencial" con el club blanco, que ha negado asegurando que el club pretendía conseguir más beneficios con la operación, pero que el Ayuntamiento ha sabido llegar a un equilibrio, llegando a una posición final conjunta. "Si pudiéramos tener más recursos de una operación de ésta la tendríamos. No renunciamos nunca a un sólo euro. Hemos hecho operaciones urbanísticas con otras instituciones que también han mejorado notablemente la calidad de la ciudad", ha esgrimido.

   "Por cierto, durante mucho tiempo se hablaba de otro tipo de operación más especulativa. Ahora vemos que con esta operación no creo que nadie piense que se puede recalificar el estadio para que tuviera otro tipo de rendimientos económicos. Es justo al revés de lo que algunos habían planificado", ha concluido el vicealcalde de la capital.

Foro de Ciudadanos presenta sus candidatos por Madrid

MADRID.- Foro de Ciudadanos ha presentado este jueves a sus candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado, Carlos Bousoño y Juan García Bernardo, respectivamente, un acto que ha servido para subrayar la apuesta del partido fundado por Francisco Álvarez Cascos a favor de "la igualdad de derechos políticos y económicos" en toda España. 

   En un acto celebrado en la sede madrileña de la formación, los candidatos han recordado el éxito de Foro de Ciudadanos en Asturias -- que ganó las elecciones en esta región el pasado 22 de mayo-- y ha destacado que su programa se basa en la defensa de la cohesión territorial.

   "Sin esto no se podrá incentivar la iniciativa privada, que son los que dan empleo a España", ha señalado Bousoño, quien ha defendido que "saliendo todos de la crisis, saldremos mejor".

   La número dos en la lista al Congreso de los Diputados, la abogada zaragozana María Bernabé Portolés, ha reconocido que los candidatos de este partido no cuentan con experiencia en política, pero ha apuntado que gracias a su formación están preparados para "gestionar al servicio de los ciudadanos".  

   "Hasta estas elecciones no ha habido partido político que presente soluciones, que de respuesta a lo que los ciudadanos reclaman y se ha demostrado que el modelo político actual no es viable", ha afirmado.

   Desde Foro de Ciudadanos, se ha subrayado la necesidad de ofrecer una alternativa al bipartidismo. Además, el partido confía en plantar cara a los nacionalistas, ya que ante la "previsible victoria del PP", esperan que los populares pacten con los nacionalistas "por un par de votos".

Siete de cada diez españoles quieren que el Estado recupere las competencias en Sanidad

MADRID.- Una encuesta promovida por el Consejo General de Enfermería revela que hasta siete de cada diez españoles (69,8%) piensa que el Estado debería recuperar las competencias en materia de Sanidad, que ahora dependen de las comunidades, a fin de resolver los problemas con que actualmente se encuentra el Sistema Nacional de Salud (SNS).

   El trabajo, que se ha basado en 1.200 encuestas telefónicas, pretende "dar voz al ciudadano" y mostrar a los partidos políticos su valoración sobre el presente y futuro de la sanidad pública, a fin de que lo tengan en cuenta de cara a las próximas Elecciones Generales.

   "Mucha gente no se va a quedar contenta con estos resultados", ha reconocido Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería, ya que evidencian que "los ciudadanos están dispuestos a asumir cambios".

   Uno de los más apoyados por los encuestados es la recuperación de competencias por parte del Estado en materia de Sanidad, una medida que es considerada más adecuada por los mayores de 35 años y las clases sociales baja y media.

   Esta recuperación de competencias está justificada en la "garantía y seguridad" que aporta el Estado, así como "por los problemas de gestión que en algunos casos se pueden atribuir a algunas comunidades", explica José María San Segundo, director del estudio.

   "La gente cuando va a otra comunidad está viendo lo que pasa cuando quiere recibir atención médica, ya que actualmente hay verdaderas fronteras sanitarias entre comunidades", añade González Jurado.

   Por otro lado, en el estudio también se preguntó a los ciudadanos por algunas medidas concretas que han sido sugeridas por diversos expertos para garantizar la sostenibilidad del SNS. Entre las propuestas, la más respaldadas ha sido la creación de un copago creciente en función de la renta de los ciudadanos, aceptada por el 63,5 por ciento de los encuestados.

   En concreto, el 50,8 por ciento entiende que va a ser necesario en los próximos años y el 48,6 por ciento lo ve justo, aunque hasta un 73 por ciento entiende que es una medida que "no está todavía socialmente aceptada".

   Menos apoyo ha recibido la posibilidad de establecer un 'ticket' disuasorio, es decir, un pequeño pago por los servicios, ya que sólo el 54,8 por ciento de la población lo vería adecuado o muy adecuado. Esto se debe a que sólo un 51 por ciento considera que sería muy eficaz, mientras que el 77,2 por ciento cree no que no sería socialmente aceptada.

   "Cuando a los encuestados se les preguntó por copago o 'ticket' moderador, se hacía como medidas para salvar al sistema, de ahí la aceptación obtenida. Entienden que el sistema hay que mantenerlo como sea", puntualiza San Segundo.

   Además, el 66,2 por ciento de la población rechaza la posibilidad de que los jubilados pagasen parte de sus medicinas, y hasta un 68,3 por ciento ve adecuado o muy adecuado que se reduzca algunas prestaciones o medicamentos de menos necesidad o importancia, algo que en cambio un 31,2 por ciento lo rechaza de forma taxativa.

   Con el estudio también se ha querido conocer la valoración de los españoles sobre las prestaciones que actualmente ofrece la sanidad pública en España, en comparación con la privada, que utilizan cerca del 30 por ciento de los encuestados (en solitario o en combinación con la pública).

   En las consultas médicas es cuando "más se aproximan" la sanidad pública y privada, ya que un 59 por ciento de los encuestados se decantaría por la primera y un 39,3 por ciento exclusivamente por la sanidad privada.

   Sin embargo, a la hora de ir a Urgencias, un 72,7 por ciento elige la sanidad pública y un 25,7 por ciento la sanidad privada, datos que "sorprendentemente se alejan más" en el caso de aquellos que sólo tienen la privada, ya que hasta un 79 por ciento de estos prefiere la pública.

   Lo mismo sucede para operaciones, intervenciones y enfermedades graves, ya que el 75,8 por ciento elige la sanidad pública y el 22,1 por ciento la sanidad privada.

   "Quien sale realmente reforzado de este es la sanidad pública y nuestro actual sistema", asegura González Jurado que anima a los dos principales partidos políticos a "sentarse con los profesionales, gobierno quien gobierne, para llegar a un acuerdo y tomar medidas".

González Pons: "Hay que empezar a recortar el gasto público innecesario"

MADRID.- El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha señalado que si su formación gana las elecciones generales del próximo 20 de noviembre el Gobierno tendrá que "recortar, recortar y recortar el gasto público innecesario".

   "Sobre todo hay que empezar a recortar, recortar y recortar el gasto público innecesario. Hay que operar de vegetaciones a la administración española y permitir que vuelva a haber iniciativa privada", ha señalado en una entrevista a la Cadena Cope.

   Pons ha asegurado que su formación si llega al poder "va a tomar las medidas que se tienen que tomar" y ha negado la existencia "programa oculto".

"No se va a tomar ninguna medida que no esté en el programa", ha añadido

   "Ahora lo que está en el programa si se va a hacer, hablaremos con los sindicatos pero si ellos no están de acuerdo en todo caso haremos la reforma que tenemos que hacer, porque la reforma de la negociación colectiva es inevitable", ha asegurado.

   En este sentido, ha criticado que la sociedad asiste a un "debate sobre el recorte del gasto público conformista y pesimista" ya que "todo el mundo da por hecho que la economía no puede crecer".

"Nosotros apostamos por un crecimiento de la economía y con ese crecimiento de la economía, incrementándose la contratación de trabajadores desempleados, reducir el pago por prestación por desempleo total", ha destacado.

  "Hay que adaptar la administración al tiempo que vivimos sin tocar los gastos sociales pues ir quitando cosas superfluas que hace la administración pero pueden hacerla perfectamente la iniciativa privada", ha apostillado.

   Al ser preguntado por los posibles candidatos a ser ministro de Economía, el dirigente popular ha asegurado que "nadie tiene duda de que la política económica del PP la va a dirigir Mariano Rajoy".

"Rajoy no es un presidente, como los hemos tenido, que delegaran completamente las grandes decisiones de política económica en unos superministros del área económica", ha recalcado.

   "No se que perfil elegirá como ministro de Economía, pero tengo la absoluta seguridad de que sea cual sea la política económica del próximo Gobierno no la va a hacer el ministro de economía. La va a hacer el presidente del Gobierno", ha reiterado.

El juez Pedreira acuerda mantener a Correa en prisión provisional sin fianza

MADRID.- El magistrado Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, ha acordado mantener al empresario Francisco Correa en prisión provisional sin fianza al no cumplir con los requisitos exigidos de "seguridad prácticamente absoluta y garantía de fidelidad de las medidas de control" propuestas por la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para dejarle en libertad provisional.

   En un auto fechado hoy el instructor desestima la pretensión ejercida por el abogado de Correa, José Antonio Choclán, para ejecutar la resolución en la que la Sala revocaba la fianza de 15 millones de euros y proponía su puesta en libertad provisional una vez que recabara información sobre la garantía de evitar un posible riesgo de fuga mediante medidas electrónicas.

   La decisión de Pedreira respecto a la situación procesal de Correa, en prisión preventiva desde febrero de 2009, se toma tras recibir los diferentes informes recabados de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Secretaría General de Instituciones Penitencias a instancias de la Sala de lo Civil y Penal.

   En el auto, Pedreira alude además a un escrito presentado el pasado 19 de octubre por la Fiscalía Anticorrupción en el que se pone de manifiesto la "inexistencia de mecanismo de absoluta fidelidad y que subsiste el riesgo de fuga".

   En su opinión, los informes presentados son "contundentes" en afirmar "la falta de seguridad e infalibilidad de los sistemas de localización que hasta el momento existen en España". Además, recuerda que Prisiones no dispone de tales medios.

   Señala que en su informe, la Guardia Civil concluyó que "no se puede garantizar, con plena y absoluta fiabilidad", el control de una persona con las circunstancias que presenta el presunto 'cerebro' de la trama a la vista de los delitos graves de los que se le acusa.

   Así, concluye que de los informes se deduce "con nitidez" que no se cumple con "el presupuesto de seguridad prácticamente absoluta y garantía de fidelidad". Por ello, recalca que debe negarse la pretensión de Choclán para que se sustituya la situación procesal de Correa.

   Además, añade que el informe de Prisiones indicaba que el sistema telemático sólo se utiliza en internos que ofrecen garantías suficientes de que no tratarán de deshacerse del sistema.

El sector de la dependencia puede cerrar "en días" por la deuda de las autonomías

VALENCIA.- El presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), José Alberto Echevarría, ha advertido que si no cobran los 1.268 millones que les deben las Administraciones "serán días lo que tarden los centros en cerrar por quiebra" y, en ese caso, se ha preguntado quién se hará cargo de los usuarios que atienden, que en muchos casos son personas con un alto nivel de dependencia. 

   Echeverría ha leído este jueves un manifiesto al término de una concentración realizada frente al centro de Velluters de Valencia para denunciar la "insostenible" situación por la que atraviesan los 5.000 empresarios de las 17 patronales autonómicas, que generan 200.000 empleos directos y 100.000 puestos de trabajo indirectos, y que representan 150.0000 plazas residenciales, 28.000 plazas de centro de día, 230.000 beneficiarios de ayudas a domicilio y 315.000 usuarios de teleasistencia. Como ejemplo, ha citado los 900 millones de euros que les deben los ayuntamientos por servicio de ayuda a domicilio.

   Echeverría ha evidenciado que estos impagos "ponen en peligro la viabilidad" de las empresas y puestos de trabajo, así como la "calidad de vida de un millón de personas a los que hay que asistir cada día". De este modo, ha anunciado que los paros, a los que se han sumado empresarios, trabajadores y usuarios persistirán todas las semanas para reivindicar el pago de los servicios prestados.

   Al respecto, ha  explicado que desde la FED se mantienen reuniones continuas con todas las administraciones y que "todas" les trasladan lo mismo: "que no tienen liquidez". Como ejemplo, ha señalado que desde Castilla La Mancha les han dicho que hasta disponer del presupuesto del año que viene no les podrán pagar. "Pero esto se tiene que resolver en días, no podemos seguir más tiempo así", ha exigido.

   En ese sentido, ha subrayado que los propietarios de las residencias se han endeudado, incluso personalmente, para tratar de aguantar, pero "se ha tocado su límite" y al final se ven "obligados" a dejar de pagar a sus proveedores y éstos dejan de servirles. "Es la pescadilla que se muerde la cola", ha indicado.

   De hecho, si la situación persiste tendrán que hacer "partícipes" a los propios familiares de los dependientes en el pago de los servicios o para que se lleven a sus familiares a casa. Al respecto, ha advertido que en estos momentos están todas las empresas del sector "al borde de la viabilidad". "Una farmacia puede cerrar si hay otra de guardia, pero nosotros no", ha constatado.

   Ante esta situación, FED exige a las administraciones de forma "unida y conjunta" que paguen la deuda, reduzcan los gastos en otros sectores que "no son necesarios y básicos", de forma que puedan atenderse a todos los dependientes, y modifiquen los baremos del Cuidador Informal, pues esto supondría 800 millones de ahorro de forma inmediata, lo cual permitiría aumentar las PEVS en 80.000 usuarios más y crear 40.000 puestos de trabajo de atención de directa.

   Del mismo modo, exigen un control exhaustivo de las Prestaciones del Cuidador Informal, al objeto de que no se otorguen prestaciones que no garanticen la calidad del servicio, no otorgar ninguna prestación al grado I en tanto no estén atendidos todos los grados ya reconocidos, la apertura de líneas de financiación  que se pueda compensar la deuda de la administración con las empresas con cargo a impuestos y cotizaciones.

La falta de ahorro de las CC.AA. impedirá lograr la cifra de déficit

MADRID.- La escasez de ahorro de las comunidades autónomas impedirá al Estado alcanzar el objetivo de reducir el déficit público al 6% este año, según ha explicado el director de coyuntura y estadística de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Ángel Laborda.

   Durante la presentación de una nueva edición de los 'Cuadernos de Información Económica' que edita la fundación, Laborda ha explicado que para que España pudiese lograr esa cifra de déficit, el ahorro de las administraciones públicas debería haber registrado un aumento del 2,3% durante este año, "y, sin embargo, se quedará en torno al 1%, por lo que la cifra pasará ampliamente el 6%".

   Para el economista, el ahorro de las administraciones públicas está siendo insuficiente porque las autonomías "no están cumpliendo los objetivos impuestos derivados del ajuste fiscal de mayo de 2010 debido a la falta de ingresos". Además, ha resaltado que esas medidas de austeridad se produjeron un año antes de las elecciones autonómicas, "y nadie quiere realizar recortes en época preelectoral".

   El ahorro nacional se quedó en el 18,8% del PIB en 2010, "lo que supone una bajada bastante importante desde 2003, cuando se alcanzó el máximo histórico del 23,4%", ha señalado el director general de Funcas, Carlos Ocaña, quien ha estimado que, para 2011, el ahorro caerá al 18,2% del PIB.

   Según la fundación, la economía española no genera el ahorro "suficiente" porque destina muchos recursos a financiar la inversión, aunque ha resaltado que los niveles de ahorro actuales se encuentran en la media de la zona euro.

    El ahorro de las familias españolas, a pesar de la recuperación que se produjo en 2008 y 2009, cayó en 2010 un 25% y la previsión se mantiene para este año, cuando descenderá un 11,6%, según los datos de la fundación.

   Laborda ha detallado que el motivo de que el Estado haya aumentado su nivel de ahorro y el de las familias haya bajado es que, desde los ajustes fiscales de mayo del pasado año, los ciudadanos han tenido que pagar más impuestos y han perdido prestaciones que ha ido ganando la Administración Pública. Además, el economista cree que el ahorro de las familias continuará bajando porque la renta disponible "apenas va a crecer en los próximos años".

   "La crisis económica ha servido para reforzar a las empresas españolas financieramente y éstas han adquirido una robustez que ha hecho que sus niveles de autofinaciación sean iguales a los de las empresas alemanas", ha destacado Laborda.

   Según Funcas, en la época previa a la crisis, las compañías españolas no se preocuparon por ahorrar porque había una "abundante" financiación exterior. "Sin embargo, al llegar la recesión vieron cómo se les cortaba el grifo de la financiación y comenzaron a ahorrar, aunque bien es verdad que bajaron sus niveles de inversión", ha indicado Laborda. No obstante, el economista de Funcas ha matizado que la mayoría de las empresas que no han sucumbido a la crisis han salido reforzadas de ella "porque han aprendido a no depender de la financiación de un tercero".

   Por otra parte, Funcas ha presentado los datos de ahorro por comunidades autónomas y provincias, según los cuales Baleares es la autonomía más ahorradora, con una tasa de ahorro del 28,23%, seguida de Navarra (25,37%) y la Comunidad Valenciana (25,11%).

   Por contra, Extremadura es la comunidad que menos guarda sus recursos y se queda con una tasa del 9,51%, por delante de Asturias (11,53%) y Castilla y León (12,13%).

   El director general de Funcas ha subrayado que el endeudamiento de la economía española es uno de los mayores del mundo "y el principal obstáculo para salir de la crisis", por lo que ha abogado por una política de ahorro mayor, pues, en su opinión, "de esta crisis se sale ahorrando, aunque eso implique que se consuma menos".

El Banco de España obliga a la banca a remitir más información sobre su exposición al ladrillo

MADRID.- El Banco de España ha puesto a consulta una circular en la que obliga a la banca a remitirle más información sobre su exposición al ladrillo, tanto acerca de la financiación a la construcción y promoción inmobiliaria y adquisición de viviendas, como de los activos recibidos en pago de deudas en España.

   El organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez eleva así a rango de circular el requerimiento de mayor transparencia que hizo por carta a las entidades financieras a finales del pasado año, y que ha hecho llegar a las patronales del sector para que realicen las alegaciones que crean pertinentes hasta el próximo día 14.

   La banca deberá enviar dicha información al instituto emisor en sus estados financieros reservados y al mercado a través de sus informes semestrales y memorias anuales. Concretamente, habrá de incluir sus políticas y estrategias para hacer frente a las financiaciones inmobiliarias de recuperación problemática.

   La situación y perspectivas de recuperación de la liquidez de dichos activos financieros deberá figurar en la información con el fin de facilitar la mejor comprensión de los riesgos e incertidumbres a que se enfrentan las entidades.

   Como mínimo, la información detallará las correcciones de valor por deterioro de activos en forma de préstamos a la construcción y promoción inmobiliaria, con un desglose adicional de los calificados como subestándar y dudosos. Se indicará tanto el importe bruto de las financiaciones calificadas como activos fallidos como el importe de las provisiones genéricas.

   Asimismo, se especificará si los préstamos a la construcción y promoción inmobiliaria tienen o no garantía hipotecaria, y en su caso, la naturaleza del activo, ya sean edificios terminados (vivienda y resto), en construcción o suelo.

   Las entidades financieras deben desglosar también el importe de dudosos en los créditos a los hogares para la compra de vivienda en diferentes tramos en función del porcentaje de riesgo asociado.

   El Banco de España exige también que se incluya la manifestación expresa del consejo de administración de la entidad sobre la política y procedimientos de actividades en el mercado hipotecario aprobados, lo que le convierte en responsable del cumplimiento de la normativa hipotecaria.

   Ese órgano de gobierno debe indicar si dichas políticas y procedimientos incluyen criterios sobre la concentración de riesgos y activos no corrientes en venta.

   Por otro lado, la circular incluye requerimientos de información respecto a las tasaciones, como qué servicio se ha utilizado, si son conformes a la ley del mercado hipotecario o la fecha en que se ha realizado la última sobre determinado activo.

   El objetivo de este proyecto de norma es generalizar determinada información a incluir en las cuentas anuales de las entidades de crédito cuya publicación se demandaba hasta ahora mediante escritos del Banco de España a la gran mayoría de entidades.

   Asimismo, establece la incorporación de dicha información al conjunto de la que periódicamente y con carácter reservado deben rendir las entidades al Banco de España.

   La exposición problemática de la banca vinculada a la actividad de promoción inmobiliaria asciende a 176.000 millones de euros, según figura en el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España.

   Dicha exposición problemática, que engloba créditos dudosos, activos adjudicados y activos normales bajo vigilancia, representa un 11,4% de la cartera crediticia de las entidades y un 5,2% del activo consolidado.

La Comunidad de Madrid recupera el proyecto de la radial R-1, presupuestada en 120 millones

MADRID.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado someter a información pública el estudio de impacto ambiental de la autopista radial R-1, la alternativa a la carretera de Burgos, un proyecto presupuestado en unos 120 millones de euros, según explicó la presidenta del Gobierno regional, Esperanza Aguirre.

   Junto con el consejero de Transportes, Antonio Beteta, Aguirre ha indicado que se trata de "un paso previo" para la licitación de una carretera "fundamental" para los madrileños ante los atascos que diariamente se registran a la entrada de Madrid.

   Según confesó Aguirre, ella misma ha sido víctima de estas retenciones y ha explicado que las sufrió ayer cuando venía de un acto de partido de la ciudad de Burgos.

   La nueva autopista será de peaje "cien por cien" y es que la presidenta de la Comunidad ha señalado que mientras siga la crisis y ella esté en el Gobierno madrileño, no habrá peaje en la sombra. El precio de lo que le costará a los madrileños usar la autopista no se conoce todavía y dependerá de cómo salga el concurso.

   La R-1 tendrá 24,6 kilómetros de longitud desde la salida de Madrid hasta la variante de El Molar y discurrirá por la margen derecha de la actual A-1.

   Contará con conexiones con la M-40, M-50 y M-100 además de con siete viaductos y beneficiará a cerca de 142.000 vehículos que pasan diariamente por la zona. Aguirre ha destacado que el informe del impacto medioambiental es favorable y que no afectará a fauna ni flora.

   De su lado, el consejero de Transportes ha detallado que la nueva infraestructura atravesará los términos de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete, Fuente el Saz del Jarama y el Molar, y su nacimiento es en la M-12, a la altura de la Urbanización de la Moraleja, en el tramo libre de peaje y su punto siguiente de conexión será la M-50.

   "Se pretende reconducir el tráfico tanto de salida como entrada a la capital con agilidad y rapidez", ha explicado el consejero, quien ha señalado que la velocidad que se prevé en la vía será de 120 kilómetros por hora y que, para ello, se trabaja en que exista dos calzadas separadas con dos carriles en cada uno de los sentidos.

   Beteta también ha apuntado que se han tenido en cuenta las posibles afecciones mínimas medioambientales que puede tener la construcción de la autopista y que, por lo tanto, se va a evitar afectar la ribera del río Tajo y la zona del arbolado del Soto del Heredad la Torre, incluida en la red Natura de la Comunidad de Madrid.

   En este punto, la presidenta madrileña ha explicado que la nueva carretera pasará por "terrenos agrícolas y sembrados" pues se han cuidado de que no haya arbolado ni flora y fauna "de consideración". 

"No hay problemas de impacto ambiental", ha insistido la dirigente autonómica al respecto.

   En general, se trata de renovar los estudios de declaración pública que ya se elaboraron en 2005 y la de declaración de impacto ambiental, en 2006. Y es que la presidenta de la Comunidad ha recordado que la construcción de esta vía viene de años atrás, cuando la ministra de Fomento era Magdalena Álvarez.

   "Ella decidió que no debíamos hacer esto porque no le parecía propio e hizo que el presidente de Gobierno presentara un recurso ante el Constitucional de inconstitucionalidad", ha recordado Aguirre, quien ha continuado explicando que finalmente dicho recurso se presentó y en ese momento "quedó absolutamente paralizado" el proyecto de la Comunidad.

   Después, con la llegada de José Blanco al Ministerio, se sacó a licitación un proyecto similar "pero tres veces más caro de lo que calculan que va a costar este" y quedó desierto, ha explicado la presidenta autonómica, que confía que ahora los inversores vean más atractivo el proyecto y se decidan a concursar.

   Beteta en este punto ha explicado que el proyecto de licitación es para un plazo de 30 años y que al haberlo abaratado un 30 por ciento con respecto al anterior elaborado por Fomento, esperan que se consiga que las empresas entren a concurso, teniendo en cuenta, además, que potenciará la R-2 y la M-12 que conecta con el Aeropuerto de Barajas.

   Asimismo, han explicado que en esta ocasión, la responsable de la obra no se va a encontrar con los problemas a los que han tenido que hacer frente otras radiales de la Comunidad de Madrid con las expropiaciones. "El resto de las radiales se encontraron con los jurados de expropiación", ha señalado la presidenta.

   Y es que Aguirre ha dicho que el problema era que se valoraba, por ejemplo, un metro cuadrado a diez euros, el expropiado recurría y luego el juez decidía que el terreno costaba mil. "Es muy difícil de asumir el compromiso de peaje que se tenía y a veces no basta con subir el peaje porque es disuasorio para la utilización del mismo", ha añadido.

   También ha explicado que a estas radiales, al mismo tiempo, se les impuso la obligación de construir a su costa tramos de la M-50 y que en este caso "no hay ni lo uno ni lo otro", por lo que cree que no va a haber problema "porque ya no hay esa valoración del suelo y esa presión urbanística", ha concluido.

Las prostitutas de Madrid se manifestarán por un lugar para trabajar

MADRID.- Prostitutas de la calle se manifestarán este domingo por el centro de Madrid para rechazar el "acoso" que aseguran sufrir por parte de la Policía Municipal y las sucesivas normativas y planes municipales "que les persiguen como si fueran delincuentes" y pedir que el Ayuntamiento les escuche.

   El colectivo ha pedido al Ayuntamiento atienda sus reivindicaciones, y les proporcione espacios donde poder desarrollar la prostitución, y donde puedan ejercer "tranquilas, con mayor seguridad" y en un entorno limpio.

   Para ello, han anunciado que solicitarán un encuentro con el Consistorio y representantes de las asociaciones de vecinos para negociar el lugar donde pudieran establecerse estos espacios en los que se den las condiciones que necesitan.

   "Queremos espacios seguros donde podamos trabajar tranquilas. Donde no nos molesten y no molestemos a nadie", ha manifestado Karolina, miembro de Hetaria y que se ha presentado como portavoz de sus compañeras. "¿No nos quieren en la calle? Pues que nos busquen otro sitio, pero que nos dejen trabajar", ha dicho una prostituta.

   "Estamos indignadas. Queremos que si de verdad el Ayuntamiento nos quiere ayudar, que lo dice con la boca llena, nos escuche y se siente a negociar con nosotros", ha proseguido, para asegurar que han solicitado un encuentro con el Consistorio una veintena de veces "con el callado por respuesta".

   Sí que mantuvieron una reunión con la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Ana Botella, que precisamente parece postularse como posible alcaldesa en el caso de que el alcalde pudiese dejar el cargo para formar parte de un hipotético Gobierno 'popular' tras las elecciones del 20-N.

   "Nos llamó mentirosas y ni nos miró a la cara", han dicho, negando que pudiera mejorar sus condiciones en el caso de que llegara a la Alcaldía. Además, han recordado que Botella les "exterminó" de la Casa de Campo.

   Asimismo, la representante de Hetaira han lamentado que "cada vez más" sufren el "acoso" de la Policía, que les pide la documentación -"saben que tenemos los papeles", han dicho--, ponen multas "con la excusa del alcohol", y establecen controles de alcohelemia para "espantar" a los clientes.

   En el caso de la zona de Fortuni, según ha aseverado una prostituta presente en la rueda de prensa, los agentes se colocan en cinco esquinas para impedir que los vehículos puedan pasar. "Es una tapadera para decir que intentan protegernos, pero es mentira. En realidad nos perjudica", se han quejado.

   Asimismo, también han dicho estar "hartas" de que se les presente como "víctimas de trata" y que "se niegue" su "capacidad de decisión para ejercer", ya que, han asegurado, trabajan en la calle "de manera voluntaria".

   "Lo que nosotras hacemos es un trabajo, y queremos que se reconozca como tal. Estamos convencidas de que si se reconociera nuestro trabajo, muchos desacuerdos quedarían resueltos", han finalizado en un comunicado presentado por varias prostitutas, la mayoría con el rostro tapado por máscaras.

   La marcha está convocada a las 12 horas del día 6, y partirá desde la esquina de Montera con Gran Vía en dirección a Sol, aunque no llegarán a la plaza, cumpliendo con las prohibiciones de la Junta Electoral.

   La protesta, convocada por Trabajadoras del Sexo de Madrid y Hetaria, está apoyada por unas quince plataformas de todo el país, como COGAM, Funación Triángulo, FELGTB, la Asamblea Trasmaricabollo del movimiento 15-M, Maribolleras precarias o la Asamblea Feminista de Madrid.

Garzón recusa a los magistrados que le deben juzgar por las escuchas de "Gürtel"

MADRID.- El juez Baltasar Garzón ha recusado a los cinco magistrados que el próximo día 29 tenían que juzgarle por autorizar la intervención de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la 'trama Gürtel' con sus abogados en prisión.

   Así lo han afirmado fuentes de la defensa del juez, que han señalado que los recusados en esta ocasión son el presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los magistrados Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Soriano, José Manuel Maza y Perfecto Andrés. Alegan que están "contaminados" porque han participado en la instrucción del caso rechazando los recursos por él presentados.

   El magistrado suspendido ya logró el pasado mes de junio que se apartara de la causa a los siete magistrados inicialmente designados para juzgarle por un supuesto delito de prevaricación que habría cometido al investigar sin competencia los crímenes y desapariciones del franquismo. En este caso, las recusaciones tardaron 6 meses en tramitarse.

  Las recusaciones, que atendiendo a los antecedentes podrían retrasar el inicio del juicio incluso hasta el año próximo, invocan la doctrina tanto del Tribunal Europeo De Derechos Humanos (TEDH) como del propio Tribunal Supremo respecto de las aceptadas en la causa de la memoria histórica.

   Se da la circunstancia de que el alto tribunal ya rechazó el pasado 29 de septiembre la abstención que Perfecto Andrés Ibáñez presentó para inhibirse de esta causa al considerar que su intervención en la Sala que admitió a trámite este procedimiento no suponía que hubiera incurrido en una situación de "imparcialidad objetiva".

   Con respecto a Andrés Ibáñez la defensa de Garzón en este caso, que ejerce el magistrado Francisco Baena Bocanegra, aduce ahora  "falta de imparcialidad objetiva" exteriorizada en un artículo publicado por este magistrado en la revista de la asociación Jueces para la Democracia (JpD) bajo el título "No se debe opinar -y menos aún informar- con las tripas. Imprescindible ejercicio de contextualización".

   El tema de este artículo es precisamente el procedimiento seguido contra Garzón por autorizar la intervención de las comunicaciones en el "caso Gürtel" y el papel seguido por el instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, de quien el recusado hace una "encendida defensa".

  A juicio de la defensa de Garzón, Andrés Ibáñez hace en su artículo valoraciones de fondo sobre el asunto que está llamado a enjuiciar, considerando que los autos de Garzón relativos a la investigación de la trama corrupta no estaban suficientemente motivados.

   Otra de las causas de recusación invocadas por el aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se basa en que los cinco magistrados recusados habrían mostrado su interés directo en juzgarle y que, para ello, "habrían evitado pronunciarse sobre las cuestiones que les eran sometidas en los diferentes recursos", sin dar respuesta a los requerimientos de la defensa, con la pretensión de evitar todo riesgo de "contaminación".

   Por esta causa, la fiscal del Supremo Pilar Fernández Valcarce solicita la absolución de Garzón, mientras que las acusaciones ejercidas por el abogado Ignacio Peláez y los imputados en 'Gürtel' Francisco Correa y Pablo Crespo consideran que ha incurrido en prevaricación y en un delito contra las garantías constitucionales, por lo que piden que sea inhabilitado.

  El abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario José Luis Ulibarri en el caso 'Gürtel' y fue el autor de la querella inicial contra Garzón, pide 10 años de inhabilitación para el juez.

  Por su parte, Correa califica los hechos como un delito de prevaricación judicial continuada, por el que pide que pague una multa de 3.240 euros e inhabilitación por 15 años y otros dos años por un delito contra las garantías constitucionales.

   Si este incidente de recusación no logra evitarlo, el juicio por las escuchas de la trama Gürtel será anterior a los que están pendientes de celebrararse también contra Garzón por investigar presuntamente sin competencia los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo y por los cobros que supuestamente percibió del Banco Santander por participar en varios cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006.