viernes, 4 de mayo de 2012

El fiscal jefe de Madrid cree que hubo red de adopciones pero no "trama para delinquir"

MADRID.- El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, se ha referido este viernes a los casos de los niños robados y ha reconocido que cree que en el pasado existió una "organización" de adopciones donde se produjeron "excesos" aunque descarta una "trama" entendida como "organización criminal para delinquir".

   En una entrevista en Telecinco, el fiscal jefe de Madrid ha sido preguntado por si considera que en los años 60 y 80 hubo una trama como tal, a lo que ha dicho que no tiene datos para decir que existió una trama como "organización criminal para delinquir" y que si los hubiera tenido, lo hubiera investigado.
   Sin embargo, Esteban ha señalado que sí que cree que existía "una organización para facilitar adopciones", algo que, según ha añadido, "era factible en aquella época" porque la adopción "no estaba regulada" y se hacía "de forma particular y privada".
   En este sentido, ha explicado que "en ese ámbito de organización se produjeron excesos" si bien ha añadido que no todas las adopciones fueron "incorrectas" pero sí "bastantes". "En algunos casos consistió en falsificar documentos y eso no lo perseguimos porque entendemos que la falsificación está prescrita", ha apuntado.
   Por otro lado, ha indicado que en otros casos, la situación está más "clara" y ha puesto como ejemplo el que lleva el Juzgado 47 con Sor María como única imputada de momento. "Creemos que se llegó a tal extremo que probablemente y con algún indicio se quitó el bebé a su madre, pero no existía una trama", ha insistido.
   Y es que, según ha manifestado, "nunca" han visto una cantidad que supusiera "comprar el bebé" sino más bien para pagar los gastos médicos o los gastos hospitalarios porque muchas de las clínicas eran privadas. Así, ha explicado que tienen facturas de 20.000 pesetas en los años 60 o 40.000 pesetas en los años 80, unas cantidades que, en su opinión, no son "de comprar un bebé sino para gastos".
   En el caso de la Comunidad de Madrid, han llegado hasta la Fiscalía de Madrid unos 240 casos, de los cuales, la inmensa mayoría se ha cerrado porque "ha sido imposible encontrar pruebas de que se ha cometido un delito", ha explicado Esteban, quien ha matizado que, no obstante, sí que han encontrado documentos pero que "generalmente acreditaban lo contrario".
   Es decir, "que había habido un niño que había fallecido y que había sido enterrado, con la acreditación que tienen" estos documentos, ha explicado Esteban, que ha asegurado que aunque han querido "ir más allá" y encontrar los restos del niño enterrado y hacer una prueba de ADN, en el "casi cien por cien de los casos" pasados diez años el niño pasaba al glosario común y "ya era imposible hacer la prueba".
   Esta prueba sería "la definitiva", la que, según ha explicado el fiscal jefe de Madrid, les habría permitido "acreditar que se había producido algo extraño o bien confirmar a la madre que su hijo había fallecido y haberla dejado tranquila".
 "Esto no ha sido posible en casi ningún caso porque solo hemos encontrado tres restos", ha concretado.
   Se trata de "tres supuestos excepcionales" donde se conservan los restos. Uno corresponde al caso de un bebé que fue enterrado en el Cementerio de La Almudena, y con el paso del tiempo se trasladó a una fosa de propiedad familiar. Otros restos se trasladaron a Barcelona, donde procedieron a la exhumación, tomaron muestras y están pendientes de la prueba de ADN.
   Un tercero corresponde a los restos de un bebé que fueron trasladados a un pueblo de Toledo. De momento, están pendientes de que se practique la exhumación para tomar las muestras oportunas, ha apostillado.
   Además de la imputación de Sor María o de los tres casos con restos humanos, Esteban ha explicado que se dan otras causas donde no se ha avanzado de momento porque no saben a qué personas se puede imputar. "Practicaremos pruebas", ha indicado a este respecto, mientras que ha añadido que se dan otros ejemplos donde las personas que aparecen como responsables de la asistencia médica han fallecido ya, por lo que no se les puede imputar.
   En todo caso, Esteban ha apuntado que desde el principio, la Fiscalía ha tratado el asunto con "todo el rigor", tal y como les pidió la Fiscalía General del Estado. "Nos pidió que hiciéramos una investigación para cada caso y tres han sido objeto de una investigación hasta donde hemos podido llegar", ha señalado.
   En este sentido, ha lamentado que "hay veces que llegas" y te das "con la pared" que es "el tiempo que ha transcurrido y que dificulta" la investigación. Así, ha asegurado que aunque no puede hablar de lo que han hecho los jueces en el pasado, en la actualidad han intentado llegar "hasta las últimas consecuencias".
   Esteban ha reconocido la "frustración" que tienen cuando quieren investigar y chocan "con el lapso del tiempo". De hecho, ha insistido en que las únicas razones que les han llevado a que solo haya imputaciones es que no tienen pruebas.
   "El lenguaje jurídico es distinto al periodístico o social y para poder abrir un procedimiento judicial es necesario tener pruebas, no basta con tener sospechas, hay que demostrarlo", ha explicado para señalar, posteriormente que eso es lo que les ha faltado "porque el tiempo dificulta las cosas".
   "Si dejáramos pasar seis meses o un año para investigar cualquier tráfico de drogas de los que tenemos en la actualidad sería imposible ya investigarlo. Aquí estamos hablando de 20 y 30 años, ahora nos resulta imposible en muchos casos llegar más allá de meros documentos que no tienen una certeza absoluta", ha explicado.
   En otro orden de cosas, ha explicado que la Fiscalía, en algunos de estos casos de niños robados está defendiendo un delito que no ha prescrito, el de detención ilegal, porque lo consideran un delito de naturaleza permanente y que no prescribe nunca. Por este delito se podría condenar a las personas imputadas por ello, mientras que por el de falsificación de documentos, no saldría adelante porque se considera prescrito.
   Esteban no se ha querido referir expresamente a Sor María. "Permítanme que no hable de personas concretas. No es leal que hable de personas imputadas en lo que se refiera a su persona. Ella ha hecho el ejercicio de un derecho, el de no declarar, en la Fiscalía y en el Juzgado. Se le respeta porque es un derecho que se reconoce en la legislación y no tengo nada que comentar en una actitud", ha zanjado.
   Por último, ha manifestado su opinión personal sobre la posibilidad de que la organización contara con bebés congelados para enseñárselos a las madres que exigían ver los cuerpos de sus hijos. Ha considerado que es una "barbaridad" si esto ha sido así y "algo ilícito desde cualquier punto de vista".
   Sin embargo, como jurista, ha explicado que no ha podido acreditar que exista o haya existido esa práctica. "Todos los imputados lo han negado", ha sostenido, para sentenciar diciendo que a él, "nadie en su declaración" le ha dicho 'Me enseñaron un niño congelado'.

Aumenta el paro en Madrid un 0,08% en el mes de abril

MADRID.- El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) de la Comunidad de Madrid creció en el mes de abril en 442 personas, un 0,08 por ciento respecto al mes anterior, lo que sitúa el número total de desempleados madrileños en 531.317.

   En comparación con el mismo mes del año anterior, el paro en la región ha subido en 52.247 por personas, lo que supone un 10,91 por ciento más, según los datos hechos públicos este viernes por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
   A nivel nacional el paro se situó al finalizar abril en 4,74 millones de personas, tras bajar en el mes en 6.632 desempleados, con un descenso porcentual del 0,14 por ciento respecto a marzo.
   La caída del paro en abril rompe así con ocho meses consecutivos de subidas y se debe, sobre todo, al efecto de la Semana Santa, como demuestra el descenso del desempleo en 8.304 personas (-0,29 por ciento) registrado en el sector servicios, actividad donde más se redujo el paro en el cuarto mes del año.
   El volumen total de parados alcanzó a cierre del pasado mes la cifra de 4.744.235 desempleados, con un crecimiento, en términos interanuales, de 474.875 parados, un 11,1 por ciento más.
   Por sexo, de los 531.317 parados madrileños, 263.197 son hombres y 268.120 son mujeres mientras que por edades, hay 54.116 parados que son menores de 25 años, de los cuales 29.584 son hombres frente a 24.532 que son mujeres.
   Por sectores, el sector que más desempleados acumula es el de servicios, con 382.177 parados, lo que se traduce en 908 más que en el pasado mes de marzo, seguidos del sector de la construcción donde se ha registrado este mes de marzo un total de 77.064 parados, 534 personas menos que en el mes de marzo.
   Les siguen los desempleados del sector industria, donde se han registrado un total de 43.621 personas, lo que se traduce en 242 más que en el pasado mes de marzo; y el sector de la agricultura, con 3.925 parados, 103 personas menos que el mes anterior. De todos los parados en la Comunidad, 24.530 vienen sin empleo anterior.
   En la misma dirección, destaca el paro entre los ciudadanos extranjeros en la región, que ha bajado en 1.706 personas, un 1,59 por ciento menos que el pasado mes de marzo, hasta alcanzar los 105.871 desempleados. En términos interanuales, esta cifra asciende en 2.748 parados, un 2,66 por ciento más que en abril del pasado año.
   De los 105.871 desempleados extranjeros de la región, la mayoría (64.413) pertenecen al sector servicios, seguidos del sector de la construcción (27.679), de la industria (5.996) y del sector agrario (1.552).
   En cuanto a la contratación, en abril se formalizaron 120.544 contratos, lo que supone 5.584 menos que en el pasado mes de marzo (4,43 por ciento). En términos interanuales, se han firmado 6.131 contratos menos que en abril del 2011, un 4,84 por ciento menos. Del total de contratos, solo 19.269 eran indefinidos y 101.275 temporales.
   Además, durante el pasado mes de abril un total de 308.250 desempleados recibieron algún tipo de prestación. Del total, 190.357 personas fueron beneficiarios de una prestación contributiva; 103.721 personas del subsidio; y 14.172 personas la renta activa de inserción. Entre los extranjeros parados, 60.436 reciben algún tipo de prestación.
   Por otro lado, la cuantía media percibida en Madrid es de 886,7 euros por persona al mes y el gasto total de prestaciones en la Comunidad asciende a más de 329,3 millones de euros.

La Seguridad Social pierde 5.039 afiliados

La Seguridad Social perdió una media de 5.039 afiliados en abril, un 0,18 por ciento más que el mes anterior, con lo que el total de ocupados en la Comunidad de Madrid se situó en 2.747.943 cotizantes, según los datos hechos públicos este viernes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
   Si se comparan estos datos con los registrados en el mismo periodo de tiempo del año anterior, se observa que el sistema ha perdido 53.379 cotizantes, lo que supone una caída del 1,91 por ciento.
   Del total de afiliados, 2.337.261 pertenecían al régimen General, 353.999 al de autónomos, 53.012 eran empleados del hogar, 3.200 cotizaban en el régimen Agrario, 3.661 en el Marítimo y 9 en la Minería y el Carbón.
   A nivel nacional, la Seguridad Social registró en abril un incremento medio de 16.549 afiliados (+0,10 por ciento) respecto a marzo, con lo que el total de ocupados se situó al finalizar el mes en 16.919.079.
   La ganancia de afiliados en abril en la segunda consecutiva tras la lograda en marzo, cuando se registraron 5.419 altas al sistema. No obstante, el ascenso de abril es inferior al logrado en 2010 y 2011, cuando la Seguridad Social elevó su cifra de cotizantes en 53.852 y 81.447 personas, respectivamente.

El Consejo de Ministros autoriza 167 millones para compensar la colaboración en asistencia sanitaria madrileña

MADRID.- El Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por valor de 167.426.950,17 euros para financiar dos créditos extraordinarios en el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad destinados al cumplimiento de dos sentencias por las que debe compensar a la Comunidad de Madrid por la colaboración en asistencia sanitaria.   

 Según el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ambas sentencias condenatorias, dictadas por la Audiencia Nacional en 2011, establecen el pago de compensaciones económicas por la colaboración prestada en asistencia sanitaria a la entidad colaboradora Comunidad Autónoma de Madrid por la colaboración prestada desde julio de 2004 a diciembre de 2008 por importe de 164.247.421,86 euros y durante el mes de diciembre de 2008 por importe de 3.179.528,31 euros.

El Defensor del Pueblo avisa a la ONU de posibles redadas policiales por criterio racial

MADRID.-   El Defensor del Pueblo ha incluido las quejas ciudadanas por identificaciones policiales callejeras basadas en criterios raciales en el 'informe sombra' enviado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, una información que complementará la remitida por el Gobierno y por una veintena de ONG y que servirá a este organismo para examinar el cumplimiento en España del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

   Esta cuestión podría ser, por tanto, una de las que tenga que aclarar la delegación española cuando el próximo lunes se someta al examen oral del Comité. Durante dos jornadas, deberán defender el informe elaborado por el Gobierno sobre el cumplimiento del Pacto y responder, a demanda de los expertos, sobre las cuestiones planteadas por las ONG y el Defensor del Pueblo en sus respectivos trabajos al respecto.
   El texto de la Alta Institución recoge diversos casos analizados en sus informes anuales durante el periodo 2007-2010, como las citadas redadas racistas, sobre las que referencia las "numerosas quejas de ciudadanos de origen extranjero que han sido detenidos como consecuencia de controles de identificación realizados de manera sistemática en distintos lugares de Madrid".
   "Antes de recibir estas quejas, el Defensor ya había iniciado una investigación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para conocer cómo se estaban realizando las diligencias de identificación en la vía pública tras la entrada en vigor de la Circular 1/2010, de 25 de enero. No obstante, de las quejas recibidas parecía desprenderse que se estuviera haciendo una interpretación de la circular restrictiva con los derechos de los ciudadanos extranjeros en función de sus rasgos étnicos", explica la Alta Institución al Comité.
   El texto del Defensor del Pueblo, en el que se recogen otros asuntos como las quejas recibidas en 2007, 2008, 2009 y 2010 sobre insuficiencia de recursos destinados a Educación, contesta al informe del Ejecutivo destacando "el insuficiente tratamiento de determinados aspectos como consecuencia de la no incorporación de más información procedente de los gobiernos de las Comunidades Autónomas, competentes constitucionalmente para la gestión material de muchos de los derechos económicos, sociales y culturales concernidos".
   En cuanto a los textos de las ONG, están implicadas un total de 20 y presentarán dos informes, uno elaborado por Amnistía Internacional y otro firmado por una coalición de 19 entidades entre las que se encuentran la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) o la Fundación Secretariado Gitano, entre otras.
   Sus trabajos concluyen que "en España no se protegen los derechos sociales", como trasladarán ante el Comité este lunes antes de que empiece el examen a la delegación española, que comparece por primera vez en 8 años.
   Aunque los informes sólo abarcan hasta 2009/2010, las entidades confían en poder trasladar preocupaciones sobre cuestiones más recientes, como los recortes a cuenta de la crisis económica, a fin de que los expertos de la ONU puedan preguntar a España sobre estos asuntos, conforme han explicado hoy fuentes de estas entidades.

Cien periodistas de la SER rechazan la imputación de Pilar Velasco

MADRID.- La asamblea de la redacción de Informativos de la Cadena SER ha aprobado un manifiesto en el que muestra su apoyo a la periodista de esta cadena de emisoras, Pilar Velasco, cuya imputación ha sido forzada por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, quien ha recurrido a la Justicia hasta en tres ocasiones con este objetivo. 

Velasco, que ofreció una información veraz, como reconoce el político madrileño, ha sido imputada por "insistir" en ejercer el periodismo.  Cien periodistas de la Cadena SER han rubricado el manifiesto, en el que la redacción de informativos declara que "no permanecerá callada" ante la "inadmisible persecución" y el "ataque a toda la profesión". El documento, abierto también a nuevas firmas de los compañeros de otros medios de comunicación, será remitido a las distintas instituciones y asociaciones judiciales, colectivos de periodistas y a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Expertos juristas y catedráticos de derecho penal consultados por la Cadena SER coinciden en que la Constitución ampara el derecho del periodista al secreto profesional y por tanto, a no revelar sus fuentes, "en cualquier estado procesal" y "más aún" estando imputado.
El catedrático de derecho penal de la Universidad de Barcelona, Joan Queral, es contundente al respecto. Recuerda que "la Constitución prohíbe expresamente" que "se fuerce a revelar sus fuentes" a un periodista imputado. Queral dice que "lo contrario" puede ser constitutivo de un "apremio ilegítimo".
 "Y no hay excepción", añade el catedrático de derecha penal, "ni en estado de sitio o de excepción".
 "Bajo ninguna condición", concluye.
Por su parte, el exmagistrado del Tribunal Constitucional, Rafael de Mendizábal, incide en que el secreto profesional del periodista, tal como figura en el artículo 20 de la Constitución, "es un derecho absoluto" y puede alegarse "sea cual sea" el delito y la posición procesal del periodista, a quien "le cubre en todo momento"
 El exmagistrado del Constitucional dice que "lo mismo que se le exige veracidad" al periodista -como sucede en este caso, en el que hasta la acusación ha admitido que la información era veraz-, también "se le protege para que no esté obligado a desvelar la fuente y pueda blindarse ante cualquier intento por revelarla".
Y el catedrático de derecho penal de la Universidad de Alcalá, Esteban Mestre, insiste en que la periodista "no puede ser forzada" a revelar sus fuentes y que está amparada por "el derecho a guardar silencio". Recuerda que el imputado "es el dueño absoluto" de "todos los términos" de su declaración.
El poder político del Vicepresidente de Madrid, Ignacio González, no debiera influir en la justicia, advierte la organización internacional de periodistas, para quien Pilar Velasco no tiene que responder nunca ante la justicia por investigar un asunto de espionaje y "haberse negado a desvelar sus fuentes". Llama la atención, y también lo subraya la denuncia de Reporteros sin Fronteras, que la imputación se produzca tres años después de la publicación de la noticia. Y que no se acuse a otros medios que igualmente han desvelado informaciones sobre el caso.
Han pasado más de tres años desde que diversos medios de comunicación publicaron la existencia de dosieres sobre el patrimonio y las actividades del número dos de Esperanza Aguirre. La investigación, encargada presuntamente a empresas de seguridad privada por un cliente desconocido, incluía seguimientos y grabaciones con cámara oculta a González durante un viaje oficial a Colombia. En concreto un viaje como presidente del Canal de Isabel II, la empresa de aguas de Madrid. La Cadena SER tuvo acceso al contenido grabado por las cámaras ocultas y lo hizo público. La noticia no era el contenido o las conversaciones mantenidos por González y sus interlocutores, sino el hecho y la confirmación de que el político estaba siendo vigilado fuera de España, desconociendo por completo la periodista las circunstancias o el procedimiento utilizado para obtener esas imágenes.
El vicepresidente Ignacio González, al que representan abogados de la Comunidad de Madrid, insiste en acusar a la periodista de la Cadena SER de revelación de secretos, ignorando noticias semejantes aparecidas en otros medios de comunicación. La Ser recurrirá la imputación.

Las cuentas anuales de BFA-Bankia, sin auditar por la complejidad del ejercicio 2011

MADRID.- BFA-Bankia ha informado de que sus cuentas anuales están sin auditar ante la complejidad del ejercicio 2011, en que se produjo la transformación de sus siete cajas de ahorros en un banco y una salida a Bolsa.

   La entidad precisa que por esta razón el auditor Deloitte ha requerido mayor tiempo y que el informe de auditoría estará disponible cuando se convoque la junta general de accionistas que se producirá la próxima semana.
   BFA-Bankia indica que depositó fisicamente sus cuentas anuales formuladas sin auditar el pasado 30 de abril en el registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
   En tanto la configuración de la información remitida por BFA-Bankia no permitió utilizar el sistema informático preceptivo para publicar las referidas cuentas, la CNMV procedió a solicitar a  Bankia un hecho relevante para la publicación de sus cuentas anuales y las de su matriz.
   Debido a la extensión y configuración técnica del documento a remitir por BFA-Bankia, ésta no pudo remitir la información solicitada hasta última hora del jueves 3 de mayo, lo que hizo imposible que las cuentas estuvieran disponibles hasta esta mañana.
   Dada la complejidad de constituir un grupo nuevo durante 2011, año en que se produjo la transformación de las siete cajas en un banco, así como diversas segregaciones de activos y la salida a Bolsa de Bankia, el auditor ha requerido un mayor plazo de tiempo para finalizar sus trabajos "que se desarrollan con total normalidad", sostuvo el grupo.
   En este sentido, recalca que en el momento de la convocatoria de la junta de accionistas, que se llevará a cabo la próxima semana, el informe de auditoría estará disponible y se remitirá a la CNMV.
   El organismo que preside Julio Segura no ha publicado los resultados anuales de BFA y de Bankia, a falta de recibir el informe de auditoría correspondiente que las refrende, explican desde la CNMV.
   Tanto BFA como Bankia deberían haber remitido al supervisor las cuentas anuales auditadas antes del pasado 30 de abril, mientras que las entidades han publicado la información en hecho relevante con fecha de 4 de mayo.
   Por esta razón, las cuentas de BFA y Bankia correspondientes al ejercicio 2011 no se han depositado en el registro de informes anuales de la CNMV, como las del resto de las empresas cotizadas, sino que se han comunicado como hechos relevantes.
   BFA sí presentó información sobre las cuentas correspondientes al segundo semestre, de las que se puede extraer una imagen de los resultados anuales, el pasado 30 de abril. Al no tratarse de una empresa cotizada, contaba con dicha fecha de plazo límite en vez del 28 de febrero.

Democracia Real Ya expulsa a cinco portavoces por crear una asociación con su nombre

MADRID.- La plataforma de protesta ciudadana vinculada al movimiento 15M, Democracia Real Ya (DRY), ha decidido expulsar del colectivo a cinco de sus portavoces más conocidos por ser los "creadores" de la "trama" desarrollada en el seno de la plataforma para convertirla en una asociación, "saltándose todos los protocolos de democracia interna" y "a espaldas" del colectivo.

   Según ha informado DRY a través de un comunicado, los expulsados "por su implicación directa en la trama" y por su "desvinculación en el trabajo del grupo desde hace medio año" son Fabio Gándara, Pablo Gallego, Carlos Paredes, Miguel Yarza y Olga Mikhaylova, algunos de los portavoces más reconocidos del movimiento.
   La decisión, adoptada por la Asamblea del nodo de Madrid celebrada el sábado 30 de abril, busca zanjar la polémica surgida a raíz de que un grupo de simpatizantes de este colectivo, entre los que se encuentran los expulsados, decidieran convertir la plataforma ciudadana en una asociación.
   Tal y como denunciaron entonces, la decisión de constituirse como asociación fue tomada "de forma ilegítima y unilateral" por este grupo en una asamblea celebrada en Madrid los días 21 y 22 de abril" cuyas conclusiones no podían ser "ni vinculantes ni legítimas" porque, tras pasar "por los mecanismos democráticos" que rigen el funcionamiento interno de la plataforma, "fue rechazada al no contar con el quorum mínimo exigido".
   "Un grupo de personas, hasta hace poco activistas de DRY, ha registrado una Asociación con el nombre del colectivo saltándose todos los protocolos de democracia interna. A espaldas de la Plataforma generaron durante más dos meses una estrategia clara de manipulación del colectivo, secuestrando la página de Facebook con más de 400.000 seguidores", aseveran.
   Asimismo, les acusan de haber intentado "hackear la cuenta de twitter de DRY Madrid" y de haber estado "bloqueando constantemente" el trabajo del colectivo, "elaborando una clara estrategia mediática con el objetivo de aprovecharse del movimiento 15M, según sus propias palabras, para presentar su Asociación".
   "Organizaron una asamblea con miembros externos a DRY a espaldas de la mayoría del colectivo a fin de tratar de legitimar, a posteriori, una asociación que ya tenían registrada con anterioridad, así como unos estatutos redactados hace más de un mes sin que nadie, excepto unos pocos, supieran de su existencia", añaden.
   Por todo ello, Democracia Real Ya exige su "tajante" desvinculación "de la pretendida Asociación", al tiempo que asegura que desde la plataforma siguen comprometidos "con la movilización global" que comenzará en próximo 12 de mayo y que continuará hasta el día 15, fecha en la que se cumplirá un año desde que tuviera lugar la primera marcha que dio origen al 15M.
   "Seguimos adelante más fortalecidos que nunca, y esperamos en breve conocer nuevas propuestas de acción que reimpulsen y canalicen de forma efectiva la indignación ciudadana y sus luchas por la defensa de nuestros derechos y bienes en común, a favor de la justicia social, y por una democracia real YA!", afirman.

Madrid baraja distintas opciones para que los usuarios de carreteras contribuyan a su pago

MADRID.- El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Maglano, ha dicho este viernes que desde el Gobierno regional "se están barajando" distintas opciones para que los usuarios de las carreteras "contribuyan directamente al pago del mantenimiento" de las mismas.

   "Estamos barajando las distintas opciones para que los usuarios de las carreteras contribuyan directamente al pago del mantenimiento de las carreteras", ha indicado Manglano tras visitar las instalaciones de la empresa Interxion.
   Este anuncio se produce después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, manifestara este jueves que no se ha hablado de este asunto y que no va a "ningún Consejo de Ministros". 
"Lo he leído, pero el Gobierno no ha tomado ninguna decisión sobre ese asunto", insistió.
   El consejero madrileño ha explicado que las reformas que se están planteando en España "van todas encaminadas a que el pago de los servicios públicos no tenga que ser exclusivamente de todos los contribuyentes, sino que los ciudadanos que usan esos servicios puedan contribuir al coste de estos servicios". 
"Esta es la lógica que nos lleva a considerar que las carreteras de la Comunidad tengan que tener algún tipo de pago", ha añadido.
   En este sentido, Manglano ha subrayado que el Gobierno regional está estudiando "cuál sería la mejor solución para todos los madrileños y para los objetivos presupuestarios de la Comunidad".
   Por otra parte, el consejero ha explicado que se están celebrando todos los viernes unas reuniones "madrugadoras" para "continuar con el esfuerzo de la Comunidad de ajustes, de ahorro y de equilibrio presupuestario".
   Manglano ha manifestado que en la reunión de este viernes se han "repasado las posibilidades de ahorro para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 por ciento de 2012".
 "Es imprescindible que este año la Comunidad tenga unas cuentas dentro del margen del 1,5 por ciento de déficit y a eso van dirigidas estas reuniones de los viernes", ha concluido.

La Asociación de Militares critica los "contratos basura" de tropa y marinería

GIJÓN.- El presidente de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), Jorge Bravo, ha criticado este viernes  los "contratos basura" a los que están sometidos el personal de tropa y marinería, y ha reprochado que sean ellos, "eslabón más débil" de las Fuerzas Armadas en la protección de sus derechos, los que vayan a tener que soportar más recortes retributivos, de acuerdo al último anuncio del Gobierno Central.

   El representante de la asociación militar ha indicado que además también va a recaer sobre la tropa y marinería un recorte de personal de 2.000 efectivos, sin que se conozca los criterios que se van a seguir.
   Según él, quieren dejar este Cuerpo en 81.000 personas, en lugar de los 83.000 actuales, algo que se hará de forma "inminente", aunque ha sospechado que en el futuro habrá más. En el ámbito estatal, la tropa y marinería representa el 60 por ciento.
   Ha explicado, asimismo, que la tropa y marinería son los únicos "semifuncionarios" a contrato temporal y que en cualquier momento, sin que medie ningún procedimiento judicial, le pueden echar "simplemente porque cae mal a un jefe". En esta situación de contrato temporal pueden estar hasta los 45 años, mientras que el tope de inmigrantes es del 9 por ciento -ahora ronda un 7%--.
   Unido a ello, ha indicado que desde hace unos seis años los militares están imbuidos en dos leyes que les están "machacando", que son la Ley de Tropa y Marinería y la de la Carrera Militar, hechas de espalda a los propios militares y con desconocimiento de la verdadera problemática que tienen.
   La Ley de Carrera Militar frustró las expectativas que tenían "muy claras" de hasta dónde podían ascender, al establecer una nueva progresión para los militares que afecta "negativamente" a un 80 por ciento de los integrantes de las Fuerzas Armadas
   Ha destacado que en 2011, gracias al impulso de AUME, se aprobó la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas, por la que, entre otras cosas, se les reconoce el derecho a manifestarse y se les permite contar con representación en los órganos que les afectan.
   No obstante, ha reprochado algunos incumplimientos, como la constitución del órgano de interlocución con el Ministerio -Consejo de personal--, la creación del Observatorio de la vida militar y la modificación de la Ley de la Carrera Militar. "Son tres incumplimientos claros por parte del Gobierno de un mandato parlamentario", ha apostillado.
   Ha advertido sobre que "hay una clara intención por parte de los cuarteles generales de tratar de reducir e incluso anular el asociacionismo profesional". Como ejemplo, ha citado la creación de las llamadas Comisiones Técnicas, de forma paralela al Consejo de personal, y que emulan a unos antiguos consejos asesores de personal cuyo cometido era estudiar las quejas de los militares, pero que estaban controlados por los mandos, según él. "Ni las quejas ni las propuestas llegaban a ningún sitio", ha dicho.
   También ha mostrado su preocupación respecto a que la Subsecretaría de Defensa haya dictado unas recomendaciones para cómo hacer valer el derecho de reunión dentro de los cuarteles, cuando ya está regulado. Tratan de controlar de alguna forma estas reuniones, a su juicio, al dejar a criterio de los mandos el que pueda prohibirla o no autorizarla. "No nos quieren", ha dicho sobre el asociacionismo militar.
   Por todo ello, la asociación ha reclamado ser oídos por el Gobierno para poder aportar soluciones. "No entendemos que se nos empiece a ningunear", ha señalado, al tiempo que ha reprochado que los cuarteles generales sigan haciendo normativas que sean ataques directos al asociacionismo profesional mientras que a ellos se les sigue sin recibir. Es por ello, que no ha descartado el manifestarse si no se les atiende y escucha.

S&P rebaja la calificación de la Comunidad de Madrid

MADRID.-   La agencia de calificación crediticia Standard & Poor's (S&P) ha rebajado la calificación a nueve comunidades autónomas después de que la semana pasada recortara de 'A' a 'BBB+' el rating de España, según informó la agencia en un comunicado. 

   En concreto, S&P ha recortado en dos escalones las calificaciones de Madrid, Galicia, Canarias, desde 'A' a 'BBB+', así como las de País Vasco y Navarra, que pasan desde 'AA-' a 'A'. Por su parte, ha rebajado en tres escalones los ratings de Andalucía y Aragón, desde 'A' a 'BBB'.
   Asimismo, deja al borde de la categoría denominada 'bono basura' las calificaciones de Baleares, que baja tres escalones desde 'A-' a 'BBB-', y de Cataluña, que ha recortado en cuatro escalones, desde 'A' a 'BBB-'.
   En el informe sobre todas las autonomías excepto País Vasco y Navarra, S&P considera que la capacidad del Gobierno de prestar apoyo a las regiones en el largo plazo se ha "debilitado", en un contexto en el que espera una suave recesión en 2012 de la economía española y una "lenta actividad económica" hasta 2015.
   Asimismo, cree que las bases tributarias de las regiones, que ya se vieron afectadas por la recesión de 2009, es probable que sigan disminuyendo en 2012 y se enfrenten a un período de "crecimiento mediocre" en los próximos tres años.
   En el caso de País Vasco y Navarra, la agencia destaca que tienen perfiles crediticios "fuertes", pese a la "sustancial concentración de sus actividad económica en España", debido a su autonomía fiscal, su sólida gestión financiera, su moderadamente baja carga de deuda y sus economías altamente orientadas a las exportaciones. Por estos motivos, sus ratings son dos escalones superiores al de España.
   La agencia ha situado la perspectiva de las calificaciones de estas nueve autonomías, además de la de la Comunidad Valenciana, que mantiene en 'BB', en coincidencia con la perspectiva del rating de España ante el riesgo de que un comportamiento económico más débil de lo previsto afecte a sus perfiles de crédito.
   En concreto, cree que algunas comunidades autónomas podrían desviarse de los objetivos presupuestarios establecidos por el Gobierno central, lo que se traduciría en un peor comportamiento presupuestario y en una mayor acumulación de deuda, debido bien a un comportamiento económico más débil que reduzca los ingresos fiscales o bien a una pérdida de control de los gastos.
   Asimismo, la perspectiva negativa también refleja el riesgo de que los mecanismos de apoyo de liquidez y financiación establecidos por el gobierno central no funcionen de la forma que se espera.
   Por otra parte, la agencia también ha recortado en dos escalones la calificación de Vizcaya, desde 'AA-' a 'A', así como los de la provincia de Barcelona y las ciudades de Madrid y Barcelona, desde 'A' a 'BBB+'. La perspectiva de todas estas notas también es 'negativa'.

BFA (Bankia) cuenta con 37.500 millones de exposición al 'ladrillo'

MADRID.- Banco Financiero y de Ahorros (BFA) contaba con una exposición al 'ladrillo' de 37.517 millones de euros al cierre de 2011, tras reducirla en 5.000 millones en un año, de los que el 84,7% son activos problemáticos, según los resultados sin auditar remitidos por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

   Del importe total de exposición al sector inmobiliario y de la construcción, 10.564 millones de euros tenían carácter dudoso (+36,5%), mientras que los subestándar se redujeron un 18,6%, hasta 7.283 millones de euros.
   Así, si se suman los activos dudosos y subestándar con los activos adjudicados a cambio del pago de deudas más las provisiones constituidas, los activos problemáticos de la matriz de Bankia suman un total de 31.798 millones de euros.
   Según los últimos datos del Banco de España, los activos problemáticos del conjunto del sistema financiero español por su exposición al ladrillo se elevan a 184.000 millones de euros. Así, los activos problemáticos de BFA suponen el 17,2% del total.
   Los activos fallidos de la entidad que preside Rodrigo Rato se situaron en 1.748 millones de euros a cierre de 2011, un 22% menos que los contabilizados en el ejercicio precedente, por importe de 2.241 millones.
   La entidad destinó en 2011 un total de 85.113 millones de euros en concepto de crédito para adquisición de vivienda, de los que 3.509 millones tenían carácter dudoso, si bien el grueso de este crédito, 84.212 millones, era con garantía hipotecaria.
   La matriz de Bankia dispone de un total de activos inmobiliarios adjudicados, comprados o intercambiados por deuda procedente de financiación concedida, por importe de 9.081 millones de euros, cifra a la que se suman otros 4.867 millones de euros de correcciones del valor por deterioro de activos, lo que eleva la cifra total a 13.948 millones.
   Concretamente, BFA cuenta con adjudicados de financiaciones destinadas a la construcción y promoción inmobiliaria por 4.885,6 millones de euros a cierre de 2011, lo que arroja un crecimiento del 3,3% en relación a los 4.727,6 millones de un año antes.
   De este importe de adjudicados a cambio de deuda 2.488 millones corresponden a suelo, lo que supone algo más de la mitad del total de adjudicados, mientras que otros 1.801 millones de euros corresponden a edificios terminados y 595 millones a construcción.
   Asimismo, BFA registra activos inmobiliarios adjudicados procedentes de hipotecas a hogares para la compra de vivienda por 2.779 millones de euros, cifra que arroja un significativo crecimiento del 30% en relación al ejercicio 2010.
   Estos datos están recogidos en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que sin embargo no ha publicado los resultados anuales de BFA y de Bankia, a falta de recibir el informe de auditoría correspondiente que las refrende.
   Tanto BFA como Bankia deberían haber remitido al supervisor las cuentas anuales auditadas antes del pasado 30 de abril, mientras que las entidades han remitido a través de hecho relevante la información a la CNMV con fecha de 4 de mayo sin auditar.
   Por esta razón, las cuentas de BFA y Bankia correspondientes al ejercicio 2011 no se han depositado en el registro de informes anuales de la CNMV, como las del resto de las empresas cotizadas, sino que se han comunicado como hechos relevantes.
   BFA sí presentó información sobre las cuentas correspondientes al segundo semestre, de las que se puede extraer una imagen de los resultados anuales, el pasado 30 de abril. Al no tratarse de una empresa cotizada, contaba con dicha fecha de plazo límite en vez del 28 de febrero. BFA perdió 439,3 millones de euros en 2011.

Fomento plantea un plan para "ganar eficiencia" en tren y aeropuertos

MADRID.- El Consejo de Ministros ha "abordado" un informe presentado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, sobre las "reformas estructurales" que prevé abordar en su Departamento en ámbitos como el transporte aéreo y el ferroviario, con el fin de "mejorar la eficiencia de estos servicios y ahorrar costes".

   Así lo indicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda posterior a la reunión del Consejo, en la que aseguró que el Ejecutivo no abordó "el asunto de las autovías", esto es, la eventual articulación de un peaje en estas carreteras para sufragar su mantenimiento.
   "No se ha abordado el asunto de las autovías y sí se han abordado asuntos de reordenación de servicios aeroportuarios y determinadas medidas para garantizar mayor seguridad jurídica en vivienda y alquiler", detalló la vicepresidenta.
   Según Sáenz de Santamaría, a partir de este informe, la titular de Fomento "irá presentando al Consejo de Ministros distintos proyectos normativos para mejorar la eficacia y racionalizar los ámbitos de su competencia", insistió.
   En relación a la eventual entrada de capital privado en la prestación de determinados servicios, se limitó a indicar que "se concretará cuanto se presenten dichos proyectos normativos", si bien apuntó que se abordará en línea "con lo habitual en estos sectores" y con lo que se viene realizando en otros países.  
   En cuanto al informe que Pastor llevó a la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta indicó que versa "sobre reformas estructurales en el ámbito de su Departamento".
   "Una necesaria reordenación para ganar en eficiencia y en eficacia, y reducir costes en determinados servicios públicos de gran interés para los ciudadanos como pueden ser aeropuertos y servicios ferroviarios y en determinadas políticas, como la de la vivienda", explicó.
   "A raíz de este informe, el Ministerio de Fomento está trabajando en distintas normas que permitirán reformas estructurales en el ámbito de un Departamento crucial para ganar en eficiencia en la prestación de unos servicios públicos que debe hacerse con criterios de racionalidad y mayor eficacia de lo que se venía haciendo", concluyó.

Fomento presentará un proyecto de ley para el sector inmobiliario

MADRID.- El Ministerio de Fomento prevé tener listo "antes del verano" el anteproyecto de Ley de Regeneración Urbana y Fomento del Alquiler, un texto que abordará un conjunto de reformas destinadas a reactivar el sector de la vivienda, según anunció el secretario general de Infraestructuras, Gonzalo Ferre.

   Entre las medidas que prevé impulsar destaca la eliminación de "cargas injustificadas en materia de suelo y urbanismo", la supresión de "trabas" en la renovación y generación urbana, y el fomento del alquiler para garantizar el acceso a la vivienda.
   "Los instrumentos que Fomento tiene actualmente en materia de vivienda y suelo se han demostrado claramente insuficientes para la recuperación del sector y por ello resulta necesario un conjunto de reformas", detalló Ferre.
   Durante su intervención en la Comisión de Infraestructuras de la CEOE, el alto cargo de Fomento indicó que este cambio normativo irá acompañado con un nuevo Plan Estatal de Vivienda, para el que Fomento también reclamará la colaboración del capital privado.
   "Es preciso abordar medidas para reactivar el sector", indicó Ferre quien detalló que "desde que en 2007 se pinchó la burbuja especulativa" se construyen un 90% menos de viviendas, casi un tercio del actual parque de pisos tiene más de treinta años de antigüedad y existe un 'stock' de pisos sin vender de unas 700.000 viviendas.

Las CCAA cerrarán el año con un déficit del 2,2%

MADRID.- Las comunidades autónomas registrarán en 2012 un déficit, en términos de Contabilidad Nacional, del 2,2% del PIB, desviándose siete décimas del objetivo fijado para este año (1,5% del PIB), de manera que tampoco en 2012 cumplirán con sus compromisos, según cálculos difundidos este viernes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

   Tras los malos resultados de 2011, cuando sólo cumplió con el objetivo la Comunidad de Madrid, Fedea estima que en 2012 habrá tres comunidades que sí logren el objetivo de déficit y además con holgura: Madrid, que registrará un déficit del 0,8% del PIB, siete décimas mejor que el objetivo; La Rioja, con un déficit del 1% del PIB, y Galicia, cuyo déficit, según Fedea, se situará en el 1,1%.
   El resto de las regiones no cumplirán con el objetivo de este año, de acuerdo con las estimaciones de la Fundación. Las mayores desviaciones las experimentarán Castilla-La Mancha, con un déficit del 4,9% para el conjunto del año; Murcia (déficit del 3,7% del PIB), Baleares (déficit del 3,4%), y la Comunidad Valenciana (3,3% del PIB).
   Les seguirán Cataluña, que registrará un déficit del 3% del PIB, el doble que el objetivo fijado; Cantabria (2,7% del PIB); País Vasco (2,6%); Navarra (2,5%); Andalucía (2,4%); Aragón (2,3%); Extremadura (2,2%); Asturias y Canarias (déficit del 2% en ambos casos), y Castilla y León (1,7%).
   "De confirmarse nuestras estimaciones, las comunidades autónomas no van a cumplir nuevamente sus compromisos", subraya Fedea, que advierte de que España "se juega mucho" y que, por tanto, no puede permitirse que vuelvan a incumplir.
   En este sentido, anima al Gobierno a hacer "todo lo posible para disciplinarlas", incluso, si fuera necesario, recurriendo a la intervención de las mismas.
   No obstante, Fedea recuerda que sus estimaciones pueden ser corregidas con nuevas medidas y planes de reequilibrio por parte de las comunidades y, de hecho, cree que hay dos iniciativas que apuntan a esa dirección.
   Así, la Fundación recuerda que antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de mayo, las CC.AA. deben revisar sus presupuestos para incluir medidas adicionales con las que completar el ajuste fiscal y conseguir así la aprobación del Plan de Reequilibro Económico y Financiero 2012-2014.
   Asimismo, Fedea recuerda que los recortes en sanidad y educación, que según los datos oficiales supondrán un ahorro total de 10.000 millones de euros, no afectarán a la totalidad del ejercicio 2012, sino a seis meses aproximadamente, por lo que su impacto será de 5.000 millones de euros.

El Gobierno convoca a las CC.AA. para analizar sus planes de ajuste

MADRID.- La vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avanzado que el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF), en el que se analizarán los planes de ajuste económico y financiero de cada una de las comunidades autónomas, se reunirá "probablemente el 16 de mayo" y, en todo caso, en esa semana.

   En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría reiteró que las comunidades autónomas "tienen que ser muy responsables en el objetivo común de salir de la crisis" y, para ello, "deben cumplir los objetivos de déficit", que obligan a reducirlo al 1,5% en 2012.
   Todas las comunidades autónomas han cumplido hasta ahora con su obligación de entregar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sus planes de ajuste y lo han hecho en tiempo y hora, antes de las 00:00 del pasado 30 de abril.
    Ahora habrá que ver si estos planes son suficientes para situarlas en la senda de cumplimiento de los objetivos o si, por el contrario, el Gobierno pone en marcha el engranaje previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que en última instancia contempla la posibilidad de intervenciones ya en el mes de septiembre.
   Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro aseguraron que los gobiernos autonómicos al completo han pedido al Gobierno ayuda para confeccionar estos planes y han descartado que haya que poner en marcha estos mecanismos de intervención forzosa.
   De ello se desprendería que Hacienda espera dar el visto bueno a todos los planes. De hecho, el Gobierno cree que entre los 10.000 millones de ahorro que se recogen en estos planes y los 10.000 millones adicionales por los recortes en sanidad y educación, las comunidades autónomas tienen capacidad financiera para cumplir con esos objetivos de déficit.
   Sin embargo, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha recordado esta semana a las comunidades autónomas que en caso de no poder hacer frente a estos compromisos pueden recurrir al mecanismo voluntario recogido en las misma Ley de Estabilidad para pedir ayuda especial al Gobierno, lo que en la práctica supone una intervención voluntaria.

Salir de la austeridad / Ignacio Ramonet *

“La mejor fortaleza de los tiranos,
 es la inacción de los pueblos”
Maquiavelo

Como una sensación de asfixia. Es lo que padecen muchos ciudadanos en varios países de la Unión Europea (UE), afectados por tanta reducción, tanto recorte y tanto ajuste. Una sensación agudizada por la comprobación de que la alternancia política no modifica la “furia austeritaria” de los gobernantes. 

En España, por ejemplo, a una sociedad vapuleada por las brutales ­medidas de ajuste adoptadas a partir de mayo de 2010 por el Presidente (socialista) José Luis Rodríguez Zapatero, el candidato del conservador Partido Popular (PP) Mariano Rajoy prometió, durante la campaña de las elecciones generales del pasado 20 de noviembre, el “cambio” (1) y “devolver la felicidad”. Venció con mayoría absoluta. Pero nada más tomar posesión de su cargo, emprendió a su vez la más agresiva operación de recortes sociales de la historia reciente de ­España.

Lo mismo ocurrió en otros Estados; en Grecia, por ejemplo, o en Portugal. Recordemos que, en este país, en junio de 2011, el socialista José Sócrates, después de imponer cuatro impopulares programas de “disciplina fiscal” y aceptar un no menos detestado plan de rescate de la troika (2), perdió las elecciones. Pero el vencedor conservador, Pedro Passos Coelho, ­actual Primer Ministro, muy crítico antes con las políticas de recortes de los socialistas, no tardó en afirmar, una vez elegido, que para cumplir con las exigencias de la UE, su objetivo era “aplicar una dosis aún mayor de austeridad” (3)...

¿De qué sirven entonces las elecciones si en lo esencial, o sea las políticas económicas y sociales, los nuevos gobernantes hacen lo mismo (incluso en peor grado) que los precedentes? Quienes se hacen esta pregunta dudan, de hecho, de la democracia. En el marco de la Unión Europea, se ha perdido el control ciudadano sobre una serie de decisiones que determinan la vida de la gente. En realidad, las exigencias –prioritarias– de los mercados están limitando seriamente el funcionamiento democrático. Muchos gobernantes (de izquierda y de derecha) están convencidos de que los mercados tienen siempre razón. Y de que el problema, según ellos, es precisamente la democracia, el debate público. Prefieren inversores competentes a “electores inconscientes”.

Por su parte, los ciudadanos tienen el sentimiento de que, dictada por los mercados, existe en Europa hoy una agenda oculta con dos objetivos concretos: reducir al máximo la soberanía de los Estados y desmantelar por completo el Estado de bienestar. Si quedan dudas a este respecto, basta leer las recientes declaraciones de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), en las que afirma: “El modelo social europeo está muerto y quien dé marcha atrás en los recortes presupuestarios provocará una sanción inmediata de los mercados (...) En cuanto al Pacto Fiscal europeo (4), se trata en realidad de un avance político mayor porque gracias a ese tratado los Estados pierden una parte de su soberanía nacional” (5). Más claro, imposible.

En realidad vivimos en una suerte de despotismo ilustrado en el que la democracia se define menos por el voto o por la posibilidad de escoger, que por el respeto de reglas y tratados (Maastricht, Lisboa, MEDE (6), Pacto Fiscal) adoptados ­hace tiempo o en vías de rati­ficación ante la indiferencia ­general, y que resultan verdaderas cárceles jurídicas sin posible evasión.

De ahí, de nuevo, las preguntas de tantos ciudadanos defraudados: ¿sirve de algo votar, si estamos condenados a elegir gobernantes cuya función consistirá en aplicar reglas y tratados definidos una vez por todas? (7).

Tenemos un caso de “disimulación democrática” ante los ojos: ­precisamente el del Pacto Fiscal europeo. ¿Por qué no existe un debate público sobre este Pacto, actualmente en vías de adopción, que va a condicionar la vida de millones de ciudadanos? Como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) del que depende, ese Pacto constituye un ataque brutal contra los derechos de los ciudadanos. Obligará para siempre a los Estados firmantes (entre ellos España) a reducir gastos sociales, salarios  y pensiones. Priorizará además la autoridad de la Unión Europea sobre las ­políticas presupuestarias de los ­Estados miembros. Y limitará las competencias de los Parlamentos nacionales, restándoles soberanía y convirtiendo a veces a algunos países en meros protectorados europeos (8).  

¿Se puede salir de semejante situación? Las elecciones presidenciales en Francia abren quizás una perspectiva. No tanto por los millones de electores que, hartos y desesperados, votaron por una extrema derecha antieuropeísta y xenófoba. Sino porque el propio candidato socialdemócrata François Hollande –favorito según todas las encuestas–, ha prometido, a ese respecto, cambiar las cosas. 

Consciente de que la elección del presidente de Francia afecta el curso de Europa, Hollande exige, en particular, añadir al Pacto Fiscal un paquete de medidas de estímulo, solidaridad y crecimiento. Y también que el BCE baje los tipos de interés y preste directamente a los Estados (y no a los bancos privados) para abrir de inmediato la senda de la recuperación. 

Aunque los cambios demandados son mínimos y sin duda insuficientes, Hollande se opone a la canciller alemana Angela Merkel y al Bundesbank, quienes dictan en realidad las políticas económicas y financieras de la UE. Pero el socialista francés precisó que si Alemania no aprueba estas modificaciones, Francia no ratificará el Pacto Fiscal.

¿Qué pasará si, una vez elegido, Hollande mantiene su idea de sacar a Europa de la “opresión austeritaria” y de la recesión, impulsando reformas estructurales y estimulando el crecimiento? Dos cosas pueden ocurrir. Primera posibilidad: los mercados, como avisó Mario Draghi, atacan de inmediato a Francia y la ponen contra las cuerdas; Hollande se acobarda,  da marcha atrás, acaba inclinándose como sus amigos socialdemócratas Zapatero, Sócrates y Papandreu ante la especulación y se convierte a su vez en el líder de izquierda más impopular de la historia de Francia.

Segunda posibilidad: sabiendo que en la UE nada se puede hacer sin Francia, segunda economía de la zona euro (y quinta del mundo), Hollande mantiene su posición y la radicaliza.  Decide  apoyarse en la movilización de las fuerzas populares europeas (empezando por las del Frente de Izquierda de Jean-Luc Mélenchon), recibe el soporte de muchos gobiernos europeos partidarios asimismo de políticas de estímulo y de crecimiento; ­consigue modificar la línea del BCE-Bundesbank. Y acaba por demostrar que cuando, en una democracia, el mandato del pueblo coincide con una firme voluntad política no hay objetivo que no se pueda alcanzar.

(1) “Súmate al cambio” fue su lema de campaña, copiado del que utilizó el Presidente chileno Sebastián Piñera (derecha) en su carrera electoral victoriosa de 2010.
(2) Constituida por el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
(3) Jornal de Noticias, Lisboa, 29 de febrero de 2012. Las políticas austeritarias de Passos Coelho están conduciendo a Portugal a una catástrofe social semejante a la de Grecia; el 15% de la población activa está sin empleo (35% de los jóvenes), 25% de los portugueses se halla bajo la línea de la pobreza, y se calcula que, este año,  la recesión será del 3,3%. En los últimos seis meses ha habido ya dos huelgas generales: el 24 de noviembre de 2011 y el 22 de marzo de 2012.
(4) Impulsado por Alemania, el Pacto Fiscal o Tratado para la Estabilidad, la Coordinación y la Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria, fue firmado el 2 de marzo de 2012 en Bruselas, con la excepción del Reino Unido y de la República Checa, por 25 Estados de la UE. Obliga a cada país firmante a incluir en su Constitución un límite de déficit estructural del 0,5% y contempla sanciones automáticas para quienes sobrepasen el 3%. Su entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2013.
(5) The Wall Street Journal, Nueva York, 23 de febrero de 2012.
(6) Mecanismo Europeo de Estabilidad, organismo intergubernamental creado por el Consejo Europeo (los 27 jefes de Estado y de gobierno de la UE) en marzo de 2011. Entrará en vigor el 1 de julio de 2012. Sustituye al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) y al Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera (MEEF).
(7) Léase: Christophe Deloire, Christophe Dubois, Circus politicus, Albin Michel, París, 2012.
(8) Léase: Ignacio Ramonet, “Nuevos protectorados”, Le Monde diplomatique en español, marzo de 2012.

Del endeudamiento insostenible a los presupuestos inviables / Ángel Tomás Martín *

La reciente aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, sin que haya existido voluntad unánime de debate constructivo, tan necesario como exigía la peor crisis económica española soportada en el último medio siglo, y que desde el último trimestre del 2007 viene progresivamente agravándose y en recesión, no ha resuelto ni va a corregir el desorden en el funcionamiento de los mercados, las valoraciones de los activos, la regeneración y potenciación de las Entidades de Crédito, la reactivación de la economía y de la actividad laboral, la balanza negativa comercial y el imprescindible incremento de la actividad exportadora y expansión internacional.

Pero es aún más grave desaprovechar los espacios de bonanza y optimismo colectivo e invertir, gastar, y administrar de manera indiscriminada y, casi siempre sin talento. Hemos olvidado durante demasiado tiempo los errores cometidos en las últimas crisis del siglo pasado, consintiendo políticas económicas torpes y egoístas, despreciando el obligado "equilibrio presupuestario" y el de las cuentas Públicas, que nos han llevado al actual estado de deterioro interno y exterior. No hemos sabido librarnos de los mal llamados "talentos de la política económica", que solo albergaban grandes dosis de pretenciosa vanidad, sin asumir la gran responsabilidad que se les otorgaba.

Obligados por la necesidad inaplazable de un cambio de ciento ochenta grados que pueda salvarnos del precipicio a cuyo borde nos encontramos, se han adoptado medidas previas urgentes para hacer posible el gran cambio de medidas estructurales armónicas con la economía global de la que formamos parte. Todo ello, obliga a volver a una escrupulosa disciplina presupuestaria, cuya confección entraña un problema de dificilísima solución integradora: EL ENDEUDAMIENTO GIGANTESCO INASUMIBLE, (ni a corto ni a medio plazo), CON UN PRESUPUESTO DE INGRESOS POSIBLE, que aun en el caso del mayor optimismo recaudatorio, no podrá cumplirse en el estado de recesión en que nos encontramos. Tengamos presente que una solución basada solamente en la presión fiscal dura, ni recaudará más, ni propiciará el crecimiento económico. Solo el progreso de la economía puede permitir el crecimiento del Presupuesto de Ingresos.

No es posible en el corto espacio de este artículo hacer un análisis profundo de los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado, pero intentaremos en un esfuerzo de síntesis, demostrar, a nuestro juicio, la incompatibilidad de su contenido con la atención al servicio de la deuda pública, considerando el notable incremento del pago de intereses, en el marco del deterioro de la calificación de las agencias, y la angustiosa prima de riesgo. En suma, teniendo en cuenta las dificultades crediticias que ya encontramos en los mercados financieros.

El crecimiento de stock de deuda pública es explosivo. En 2008 partimos de 456.000 millones de € y que ha venido incrementándose, año tras año, hasta alcanzar 849.000 millones de € en el 2011, más la de este año, no inferior a 50.000 millones de €. Por tanto, en cinco años hemos visto subir nuestras obligaciones financieras en más de 400.000 millones de €. Seguimos sin administrarnos bien, aunque suenan fuertemente las alarmas, y persiste el peligro de alto desequilibrio y de posible intervención.

Resumamos diciendo: el endeudamiento sigue subiendo sin haber aplicado fórmulas de contención, sube el desempleo y las obligaciones sociales; tenemos una prima de riesgo cada vez más alta e indigerible presupuestariamente, un gasto corriente mantenido o incrementado, mientras se desmorona la inversión pública; no se promueven medidas de impulso a la economía, no se sanea el sistema Bancario, ni hay liquidez para la economía real. Y siendo cierto todo esto, ¿Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que los Presupuestos recientemente aprobados son viables, impulsan la riqueza, y cumplen con la extraordinaria trascendencia y alta misión de la política económica de los gobiernos?

Pese a los antecedentes y hechos reales adversos con los que se contaba, sin poner en duda el esfuerzo y buena voluntad, el proceso operativo no parece que haya venido marcado por el sistema mundialmente reconocido y aplicado como el mejor, el más drástico y efectivo: "El Presupuesto Base Cero", ya que los acuerdos y reglamentación del Tratado de Maastricht han resultado incompletos, permisivos e ineficaces. Tampoco será posible cumplir con el servicio de la deuda ya contraída, y con los presupuestos posibles, si no se emite o consigue deuda a muy largo plazo, con una economía en recesión.

Los Gobiernos, en la mayoría de los casos, no están ciñéndose con la obligada disciplina presupuestaria; esa es una de las razones de la debilidad de Europa.

(*) Economista y empresario

El IVIMA permitirá la compra de sus viviendas a los inquilinos

MADRID.- La Comunidad de Madrid va a permitir a un total de 9.155 inquilinos que hasta ahora pagaban el alquiler al IVIMA la compra de sus viviendas a un precio medio de 55.000 euros, lo que permitirá además al Instituto de la Vivienda unos ingresos de 500 millones de euros, según ha informado la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño.

   El Consejo de Gobierno ha conocido este jueves un informe de la Consejería en el que propone un programa de ventas de inmuebles del IVIMA como oferta global a todos sus inquilinos, una medida que afectaría al 40 por ciento de todas las viviendas que posee, un parque de 23.563 casas, de las que 13.609 están en Madrid capital y 9.954 en el resto de la región, además de 18.152 garajes.
   En este paquete se excluyen las viviendas del Plan Joven, que cuentan ya con la opción a compra, casas que están construidas sobre suelo con derechos de superficie por parte del IVIMA u otros casos conflictivos que no son enajenables, según ha explicado Mariño.
   La Comunidad va a tener abierta esta oferta hasta el 31 de diciembre de este año y está dirigida a familias que llevan ya pagando su alquiler una media de 11 años, con un buen historial de pagos y una renta media de 227 euros mensuales en un parque de unos 16 años de antigüedad.
   El Ejecutivo regional ofrecerá las viviendas, siempre que así lo deseen, en condiciones de precio asequible particularizando a cada familia. Así, las casas se ofertarán con precios un 60 por ciento más baratas que en el mercado libre y se descontará del precio final las rentas que las familias han pagado en concepto de alquiler durante los dos últimos años.
   Además, el Ejecutivo va a pactar con ocho o nueve entidades bancarias unas condiciones favorables y preferentes para que se ajusten las rentas de las hipotecas a lo que ya venían pagando las familias en concepto de alquiler con el fin de que no les suponga un esfuerzo extraordinario.
   Asimismo, la Comunidad, a través del IVIMA, respaldará a sus inquilinos durante todo el proceso, de forma que las viviendas puedan reconvertirse al alquiler si las familias tienen dificultades en el pago. Los inquilinos que entren dentro de esta oferta recibirán una misiva con la información.
   La Comunidad calcula que aproximadamente el IVIMA percibirá por estas ventas más de 500 millones de euros. "No solo es la liquidez que nos aportarán estos 500 millones de euros, sino la importante reducción que vamos a tener en los gastos", ha señalado la consejera del ramo.
   Y es que, según ha explicado, solo en impuestos, el IVIMA pagó en el 2011 un total de 10 millones d euros en el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI). "Estos ahorros van a poder ser implementados en nuevos desarrollos de políticas de vivienda", ha añadido.
   Desde el año 1983 el IVIMA viene desarrollando una política de venta individualizada de viviendas a los individuos que lo desean así como de los garajes que las acompañan con unos resultados de 78.740 viviendas y 10.129 garajes vendidos.
   Mariño ha explicado que en los últimos años las dificultades de financiación de los ciudadanos que viven en estas viviendas "ha sido muy especial" y se han ralentizado "de forma considerable las ventas que hasta el momento iban bastante bien".

Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid vestirán de luto todos los viernes

MADRID.-   Las organizaciones sindicales con representación en el Ayuntamiento de Madrid han informado de que se ha acordado, por iniciativa de los propios trabajadores del Consistorio, vestir de luto todos los viernes, para mostrar la "repulsa, indignación y disgusto" por la situación de las arcas municipales.

   Hoy viernes, a las 11 horas, está llamada la ciudadanía a unirse a la protesta por este "deterioro institucional" que harán algunos trabajadores vestidos de negro en las puertas del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento madrileño.
   Según los sindicatos, esta situación es consecuencia de la "incalculable" deuda del Consistorio que se ha generado por la "pésima gestión" de los gobiernos municipales, primero de Alberto Ruiz-Gallardón y después de Ana Botella, "que han venido desarrollando con derroche y despilfarro en detrimento de los servicios públicos".
   En un comunicado, han señalado que ahora, Botella y su equipo "quieren responsabilizar a los trabajadores del Ayuntamiento de un agujero de más 7.000 millones de euros, del cual los únicos culpables son los gestores de la Administración de este Ayuntamiento durante los últimos nueve años".
   A juicio de las organizaciones sindicales, a esta situación se ha llegado debido al gran número de altos cargos que han introducido en el Ayuntamiento de Madrid "y que siguen entrando descaradamente pese a la crisis, cuyos sueldos superan en gran parte al de los ministros y hasta al del propio presidente del Gobierno".
   A esto, han añadido "los desmanes y derroches materializados en obras suntuosas, alquileres millonarios de despachos y oficinas, palacios al servicio de sus propios caprichos y beneficio, teléfonos móviles, coches oficiales, mayordomos personales, entre otras cosas".
   Desde la unidad sindical quieren llamar la atención de la población para comunicar que tanto los recortes como la subida de impuestos "no van orientados a subsanar la crisis sino a satisfacer las necesidades, caprichos y mantenimiento del estatus de la clase poderosa".

El déficit de Telemadrid 'no puede estar sufragado por todos' los madrileños

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que el déficit de Telemadrid "no puede estar sufragado por todos" los madrileños y que ella y su equipo de Gobierno están estudiando la fórmula sobre "cómo" reducirlo.

"Tenemos que reducir la totalidad del déficit; estudiaremos cómo hacerlo. Y si lo tiene [el déficit] no puede estar sufragado por todos", ha defendido Aguirre en el pleno de la Asamblea de Madrid a una pregunta de UPyD sobre la posible privatización de la cadena madrileña.
Para la presidenta madrileña la propuesta de UPyD -presentada a través de una Proposición No de Ley (PNL)- de reducir un 80% el coste de la televisión pública "no sería suficiente".
En todo caso, ha precisado que cuando vean el texto de la reforma que prepara el Gobierno central verán el modelo que más beneficia a todos, de manera que podrán sacarlo a concurso, privatizarlo o vender las acciones de Telemadrid.
Aguirre ha defendido, en cambio, que el presupuesto de Telemadrid es "bastante inferior" al de otras comunidades y es una "de las que menos cuesta", aunque ha remarcado que a pesar de ello "no tiene que tener déficit".
Además, ha incidido en la idea de que las administraciones públicas no deben mantener ni dirigir medios de comunicación, pues lo considera algo que "podría estar bien en tiempos de Franco" pero no ahora.
"Hace muchos años nos comprometimos a que cuando la Ley lo permitiera privatizaríamos Telemadrid porque no es misión de las administraciones públicas mantener medios de comunicación. Esto podría estar bien en tiempos de Franco pero a nosotros nos parece que no tenemos por qué gestionar medios de comunicación. Para eso están los profesionales", ha afirmado Aguirre
De Velasco, por su parte, ha apostado por Telemadrid bajo gestión pública, ya que de lo contrario se va a dejar un "oligopolio de televisiones privadas que venden ideología".
 "Usted privatiza. Nosotros no compartimos ese tema", ha indicado.
No obstante, le ha pedido que si privatiza la cadena pública "lo haga de verdad", mediante un "concurso abierto" y con "transparencia".