Dificultades para grabar los plenos municipales de algunos ayuntamientos madrileños

MADRID.- El colectivo Graba tu Pleno ha alertado este jueves de las dificultades que algunos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid están poniendo para que ciudadanos o concejales pueden grabar los plenos municipales y han recordado que está acción es "legal y legítima".

   En un comunicado, han destacado que la libertad de expresión es un "derecho fundamental en democracia" y que "no se pueden admitir tutelajes a este derecho por parte de la Autoridad". "Según el artículo 20 de la Constitución, se reconocen y protegen los derechos 'A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión'", han reseñado.

   Asimismo, han apuntado que el Tribunal Supremo, por medio de sentencia del 11 de mayo de 2007 estableció que, al ser públicas las sesiones del Pleno, "la limitación al acceso de las cámaras únicamente pudiera estar justificado en los supuestos en que existiesen derechos individuales de los ciudadanos afectados por el expediente administrativo o por la legislación sobre secretos oficiales".

   Esta sentencia también hacía alusión a aquellos supuestos en que "la concurrencia de múltiples medios de comunicación hiciera imposible el acceso de todos ellos, en cuyo caso pudiera resultar justificada la adopción de un sistema de acreditaciones o incluso de puesta en común de la toma de imágenes o de distribución libre de una señal institucional única".

   En la misma línea, el colectivo hace referencia a otra resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, cuya Sala de lo Contencioso-Administrativo, en sentencia de 27 de enero de 2009, concluyó que la decisión del alcalde, prohibiendo la grabación del pleno, era nula de pleno derecho por violar el derecho fundamental reconocido la Constitución Española".

   Por tanto, y en base a estas sentencias, consideran que reconocer la publicidad de las sesiones del Pleno implica en esencia "que cualquier ciudadano pueda conocer pormenorizadamente todo cuanto en un pleno municipal acontece, así como la toma en consideración de la posibilidad de acceder a cualquier tipo de datos en esta sociedad de la información".

   Según explican, entre los ayuntamientos que están poniendo impedimentos a la hora de grabar destacan los de Madrid, Alcorcón, Parla, Ciempozuelos, Torrejón de Ardoz o Pelayos de la Presa. "Si el alcalde o el resto de concejales están opinando durante el pleno de asunto de interés municipal dentro de los cauces democráticos no tiene por qué haber problemas", han insistido.

   No obstante, han puntualizado que esto se puede dar así "a no ser que los citados consideren que no es conveniente que salgan a la luz determinadas actitudes o comentarios". 

"Además, grabar los plenos para que los ciudadanos que no puedan asistir a los mismos posteriormente puedan valorar la política municipal también es una forma de acercar las instituciones al pueblo", han añadido.

   Según el colectivo, especialmente grave fue la situación en el municipio de Pelayos de la Presa, "cuando un policía municipal siguiendo órdenes del alcalde confiscó la cámara de un concejal socialista y efectuó el borrado de video grabado durante el pleno y 20 fotografías personales sin presencia de su propietario, socavando sus derechos fundamentales a la libertad de expresión y a la intimidad".

   El colectivo ha asegurado que esto podría dar lugar a una demanda contra el agente "ya que incurrió en un acto de censura sin autorización judicial, contraviniendo el apartado 2 del artículo 20 de la Constitución, el cual dice que 'el ejercicio  del derecho a la libertad de expresión no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa'", ha concluido.

Reneses pide que la Asamblea aplique el Reglamento si IU le echa del Grupo

MADRID.- El diputado regional de IU y secretario de Organización de IU Federal Miguel Reneses ha remitido un escrito al presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría, en el que le pide que aplique el Reglamento de la Asamblea en el caso de que IU le pide que se "separe" del Grupo Parlamentario en la Cámara Autonómica, y avanza acciones legales por la vía penal si el portavoz del Grupo, Gregorio Gordo, le pide esta separación.

   "Solicito de esa Presidencia que en el caso de ser solicitada por el portavoz del Grupo Parlamentario de IU-CM mi separación del mismo, se dé lugar a la aplicación de los preceptos del Reglamento que procedan a fin de evitar  lo que, de materializarse, constituiría una violación de derechos fundamentales incompatible con la legalidad vigente", reza el escrito enviado por Reneses a Echeverría con fecha de entrada en registro del día 13 de febrero de 2012 semanas después de que IU-CM decidiese pedirle la separación de los puestos de responsabilidad del Grupo Parlamentario.

   En el documento, Reneses se dirige a Echeverría tras citar la resolución de la Presidencia regional de IU-CM de 8  de febrero de 2012 en la que se señala, entre otras cosas, su "incompatibilidad para ostentar cargos de responsabilidad pública en IU-CM". A este respecto, precisa que la Presidencia "ha sido impugnada" y sus acuerdos "no son firmes" y que la resolución "carece de los efectos jurídicos que la harían de cumplimiento obligado para cualquier afiliado de IU-CM".

   También afirma que en esa resolución "se produce una falsedad manifiesta al aludir a una decisión de la Presidencia Federal" revocando sus funciones como secretario de Organización Federal, y añade que esa Presidencia "no decidió nada" sobre él, sino que fue él "voluntaria y personalmente" quien suspendió cautelar y temporalmente sus funciones.

   "Si finalmente se produjera esta actuación se estarían vulnerando a sabiendas derechos fundamentales constitucionalmente consagrados, a saber,  el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al ejercicio de los cargos públicos,  los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos etc.", asevera Reneses en su carta.

   En este punto, añade que de llevarse a efecto la petición de su separación del Grupo ante la Mesa de la Asamblea de Madrid por el portavoz del Grupo Parlamentario de IU.CM se procedería por su parte a "la iniciación contra él de las acciones legales que correspondan, en la vía penal".

   "Si se me separase del Grupo Parlamentario significaría una auténtica privación del derecho que como cargo público se me atribuye estatutariamente en el artículo 32 de los Estatutos de IU CM y en el 88 de los estatutos de IU", relata el escrito y añade: "Se me sancionaría de plano por un órgano no competente violentando el ejercicio de la función representativa que me corresponde ejercer y sin que existiera previamente un procedimiento sancionador".

   "En cuanto proceda a la segunda, dada mi condición de miembro  de la Dirección Regional y Federal, tampoco sería posible en el marco de IU-CM, correspondiendo ala tramitación, en su caso, al consejo Político Federal de IU", concluye.

 El diputado de IU en la Asamblea de Madrid y miembro de la Dirección de IU-CM, Antero Ruiz, ha afirmado este jueves sentir "perplejidad, indignación y extrañeza" por la carta que ha remitido el también parlamentario regional, Miguel Reneses al presidente de la Asamblea pidiéndole que interceda en el caso de que IU le pida separase del Grupo, ya que Ruiz ha aseverado que "nadie le ha exigido apartarse del grupo".

   (Queremos) "mostrar nuestra perplejidad e indignación. La carta que ha registrado no tiene que ver con la realidad. En este grupo nadie le ha exigido hasta ahora apartarle del grupo, sino que se han tomado medidas cautelares para velar por intereses de la organización y los ciudadanos que nos han puesto aquí", ha afirmado Ruiz preguntado por la misiva de Reneses, imputado por un delito de acoso sexual.

   Ruiz ha destacado su "extrañeza" y ha aseverado que "esta misma inquietud e indignación la comparte también la Dirección Federal".

 "No entendemos por qué se ha hecho ese escrito cuando no estamos en ese escenario ni muchísimos menos", ha recalcado.

La reducción del 70% de horas sindicales lleva a ahorrar 72 millones

MADRID.- El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha manifestado este jueves que el Gobierno regional ha conseguido ahorrar 72 millones de euros por la reducción del 70 por ciento de horas sindicales. 

   Tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el 'número 2' de Aguirre ha señalado que un informe de la Consejería de Presidencia demuestra que el número de trabajadores con algún tipo de dispensa por representación laboral entre la Administración regional se ha reducido casi a la mitad al pasar de los 3.464 anteriores al día 1 de septiembre de 2011, de los que todos eran liberados a tiempo completo, a los 1.846 actuales, de los que sólo 712 están liberados a jornada completa. En número de horas sindicales supone, según González, una reducción del 70 por ciento.

   El Gobierno regional ha destacado "el cambio que supone el incremento de dispensas parciales que superan por primera vez a las dispensas totales".

 "Esto implica que los representantes sindicales dedican parte de su jornada a ejercer el propio trabajo de su plaza de funcionario y otra, a defender a los derechos de los trabajadores, conociendo precisamente la realidad y el día a día del trabajo en la Administración".

   Por áreas, Sanidad y Educación siguen siendo las consejerías con mayor número de liberados sindicales, con 745 y 380 respectivamente. Le siguen Asuntos Sociales, Presidencia y Justicia, y Medio Ambiente. Con menor número de empleados con dispensas se encuentran Economía y Hacienda, y Transportes e Infraestructuras.

   Preguntado por el "enfado" que medidas como la reducción de liberados pueden provocar en los sindicatos, González ha dicho que "si por enfado se entienden las manifestaciones que hacen habitualmente, es el estado natural" en que se encuentran "en los últimos años" estas organizaciones.

   "Hace tiempo que han perdido la orientación y se han alejado mucho de su función principal, convirtiéndose en correas de transmisión de determinadas opciones políticas. Hemos asistido a un drama de destrucción de empleo y han asumido los 5 millones de parados. Ahora, cuando se anuncian medidas para mantener el empleo, anuncian una huelga general. Es la propia confirmación de que los sindicatos hace tiempo que no están a lo que tienen que estar", ha concluido.

El Ayuntamiento de Madrid recurre ante el Supremo el fallo del Calderón

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anulaba parte de la operación urbanística puesta en marcha en los terrenos de la antigua fábrica de Mahou y el estadio de fútbol Vicente Calderón.

   Fuentes municipales han explicado que este recurso lo presentan "por falta de motivación" de la sentencia porque consideran que la misma no ha tenido en cuenta la disposición transitoria de la Ley 3/2007 de Modernización de la Administración, que modificó una serie de normas, entre ellas, la Ley del Suelo e incorporó el artículo 39.8 que sólo permite tres alturas más ático.

   Esta disposición transitoria recoge que se quedan fuera de la aplicación del 39.8 todos los Planes que a la hora de entrar en vigor la Ley 3/2007 ya hubieran sido aprobados provisionalmente. Y en ese momento, en Madrid estaba en vigor el Plan General de Ordenación Urbana, que data de 1997, por lo que consideran que no debería aplicarse la limitación de cuatro alturas.

   El Alto tribunal madrileño estimó parcialmente hace unas semanas el recurso presentado por la asociación Señales de Humo contra la Comunidad, el Ayuntamiento de la capital y el club Atlético de Madrid en referencia al acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado el 29 de diciembre de 2009.

   El TSJM matizaba que la Ley del Suelo permite la superación de esas tres plantas más ático con excepciones (edificios singulares) pero nunca con carácter general. Para demostrar la singularidad de las construcciones se debe presentar una motivación individual y contar con un informe favorable de la Comisión Provincial de Urbanismo de Madrid.

   El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, manifestó la semana pasada que estaban viendo con el Consistorio cuáles eran "las posibilidades para encajar el proyecto" Mahou-Calderón "dentro de los términos que ha establecido la sentencia", que, según afirmó, había que cumplirla.

Educación prevé sacar al menos 150 plazas en las oposiciones de Secundaria

MADRID.- La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid prevé sacar al menos 150 plazas en las oposiciones de profesores de Secundaria, según ha confirmado la viceconsejera de Organización Educativa, Carmen Pérez-Llorca, en la Mesa Sectorial que se ha celebrado este jueves. 

   Tras su encuentro con los sindicatos, la consejera ha explicado que la convocatoria afectará a un máximo de cinco especialidades, entre ellas inglés, y se ha mostrado abierta a "incrementar ligeramente" el número de plazas "pero siempre respetando los límites de la tasa de reposición" fijada por la Administración central.

   La viceconsejera ya anticipó este miércoles en la Asamblea que el número de plazas iba a ser "relativamente pequeño" porque la convocatoria se hará "respetando el límite" de la mencionada tasa de reposición.  

   El portavoz de Educación del sindicato Comisiones Obreras en Madrid, Francisco García, ha indicado que ha acogido la propuesta con "desánimo, desasosiego y rechazo".

   "Se necesitarían en torno a 1.500 plazas, que es el número de profesores que se prevé que se vayan a jubilar. Se está amortizando empleo y no nos parece razonable, así que hubiéramos preferido que no se llevara a cabo", ha añadido.

   Desde UGT Madrid, el responsable de Educación, Eduardo Sabina, ha indicado que su planteamiento es no estar de acuerdo con una oferta "tan pequeña".

 "Nuevamente no se ha negociado nada en la Mesa Sectorial sino que se ha presentado como una política de hechos consumados", ha apostillado.

   Por su parte, el presidente de ANPE Madrid, Francisco Melcón, ha señalado que "si la tasa se aplica, que se haga de forma generosa y no de forma restrictiva o estricta".

   Para él, 150 plazas es "insuficiente" y que, si ronda esos números, se limite el número de especialidades. "Dos o tres como mucho para que no haya una fragmentación excesiva", ha añadido.

   Según los sindicatos, posiblemente será el 8 de marzo cuando vuelva a reunirse la Mesa Sectorial para estudiar la convocatoria de plazas de Secundaria en la región.

Moody's rebaja la nota de la Comunidad de Madrid dos escalones

MADRID.- La agencia de calificación Moody's ha rebajado la nota de ocho Comunidades Autónomas, entre ellas Madrid, que ha bajado dos escalones, de A1 a A3, con perspectiva negativa; y Cataluña, con una calificación de 'Baa3', un escalón por encima del denominado 'bono basura'.

   Todas las comunidades afectadas son Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. Además, la agencia de calificación también rebaja la nota a las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y del Consorcio de Transportes de Vizcaya.

   De esta forma, Cataluña pasa de una calificación de 'Baa2' a una de 'Baa3' --existe un moderado riesgo de crédito--, y la sitúa un escalón por encima del denominado 'bono basura'.

   La Región de Murcia ha visto igualmente rebajada su calificación, de 'Baa1' a 'Baa2', dos escalones por encima del 'bono basura'. En cuanto al resto de comunidades afectadas, Extremadura, Madrid y Galicia bajan dos escalones, de 'A1' a 'A3', estas dos últimas con perspectiva negativa.

   Andalucía y Castilla León pasan de 'A2' a 'A3', esta última con perspectiva negativa, mientras que el País Vasco pasa de 'Aa3' a 'A2', con perspectiva negativa.

   Esta revisión de las calificaciones, según explica Moody's, se produce tras la rebaja de la nota de las calificaciones soberanas de España este martes y "la fuerte correlación entre la sub-soberano y el riesgo de crédito soberano, que se refleja en los vínculos macroeconómicos y fiscales, los factores institucionales y condiciones de los mercados financieros".

Cifuentes dice que dificultará los piquetes ante una huelga general

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha afirmado este jueves que "con más de cinco millones de parados" en España, "una huelga general no soluciona nada" en relación a la posible huelga que los sindicatos barajan como medida de protesta contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno central.

   "El que quiera trabajar tendrá derecho a poder hacerlo y mi obligación es garantizar que podrá hacerlo", ha dicho Cifuentes en declaraciones a EsRadio, según informa la emisora en un comunicado, si bien la delegada ha añadido que, del mismo modo, "quien quiera hacer huelga, podrá hacerlo".

   La delegada ha advertido que va a "dificultar la existencia de esos piquetes que buscan imposibilitar que trabaje quien quiera trabajar" y que se mantendrá muy vigilante con los transportes porque sabe que "la medida del éxito de una huelga es si se paralizan los servicios esenciales".  

   "El mantenimiento del orden es compatible con el derecho a manifestarse. Lo que no puede ser es pensar que cualquier persona o grupo puede tomar una plaza en Madrid y convertirlo en el salón de su casa", ha añadido.

   Sobre la enmienda firmada por Cifuentes junto al presidente del Pleno de Madrid, Ángel Garrido, que defiende la eliminación de la palabra 'cristiano' tras 'humanismo' al hablar de la los valores que defiende el PP, la delegada ha asegurado que "en los congresos de los partidos se puede plantear lo que el compromisario quiera" y ha insistido en que le gusta debatir. "Luego todos los militantes aceptaremos, acataremos y cumpliremos lo que diga la mayoría", ha apostillado.

   Cifuentes ha dicho no entender está polémica. "Creo que se le ha dado una importancia desmesurada. Se ha sacado de contexto y se ha dado una interpretación en la que no me reconozco", ha manifestado.

   "Esta propuesta va un poco en el sentido de entender que efectivamente el concepto de humanismo ya engloba al cristianismo. Yo no he planteado renunciar a estos planteamientos", ha añadido.

   Por último, Cifuentes ha lamentado que sus predecesoras no han "exprimido" todo el potencial que tiene la Delegación del Gobierno para ofrecer servicios a los ciudadanos y ha descartado aspirar a altos cargos dentro del PP. "No tengo ambición política y no me ha ido mal", ha concluido.

Cifuentes denuncia que ha sufrido un "linchamiento absoluto" por proponer una nueva definición ideológica del PP

MADRID.- La delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha denunciado  haber sido sometida a "una especie de linchamiento absoluto" por proponer una enmienda a la Ponencia del Congreso del PP para que se elimine la palabra 'cristiano' de la definición ideológica del partido.

   En una entrevista en EsRadio, Cifuentes ha dicho no entender la polémica que se ha generado con su propuesta, ya que opina que "se le ha dado una importancia desmesurada". 

"Se ha sacado de contexto y se ha dado una interpretación en la que no me reconozco", ha manifestado.

   Además, la delegada del Gobierno ha recordado que "en los congresos de los partidos se puede plantear lo que el compromisario quiera" y que "luego los militantes aceptan, acatan y cumplen lo que diga la mayoría".

   Cifuentes ha explicado que su propuesta busca entender que "efectivamente el concepto de humanismo ya engloba al cristianismo", por lo que ha remarcado que su intención no era plantear que se renuncie a estos planteamientos.

   Para la delegada del Gobierno en Madrid, las creencias deben quedar en el ámbito "personal", si bien ha subrayado que no es su intención pedir que se renuncie a "la cultura" cristiana. Así, ha puesto como ejemplo que ella ha llevado a sus hijos a un colegio católico.

La Defensora del Pueblo pide a la Policía medidas para "erradicar" identificaciones de inmigrantes

MADRID.- La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, se ha dirigido a la Dirección General de Policía (DGP) para pedirle que adopte medidas tendentes a "erradicar" la "práctica policial detectada" por la que se realizan controles callejeros de identidad basados en perfiles étnicos y raciales.

   La actuación se deriva de una queja elevada por el abogado y presidente de CEAR Euskadi, Javier Galparsoro. En la respuesta, la Defensora explica que tras escuchar las alegaciones de la DGP, le ha dirigido un recordatorio de deberes legales y dos recomendaciones por este asunto.

   En concreto, solicita a la DGP que se impartan "las instrucciones oportunas a fin de erradicar la práctica policial detectada consistente en controles de identificación, basados en perfiles étnicos y raciales".

   En esta línea, recomienda que se arbitren "mecanismos de control a posteriori, que permitan verificar el número y la motivación de las identificaciones realizadas en la vía pública por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía".

   Asimismo, en otra de las recomendaciones, la Defensora del Pueblo solicita la modificación de la Circular 1/2010 de 25 de enero que pedía agilidad en la tramitación de los procedimientos sancionadores a inmigrantes sin permiso de residencia "a fin de que sean correctamente interpretados los supuestos de 'detención cautelar' y traslado a comisaría de ciudadanos extranjeros identificados".

   La Alta Institución recuerda a la DGP su "deber legal" de "no proceder a la detención y posterior traslado a dependencias policiales de ciudadanos extranjeros debidamente identificados si no se dan los presupuestos legales de una detención penal", de una retención en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana o de una de las detenciones cautelares contempladas en la Ley de Extranjería.

   Conforme recoge el escrito, cuando la Dirección General fue preguntada por este asunto remitió un informe argumentando que las identificaciones no están vinculadas a la Ley de Extranjería ni a la Circular 1/2010, porque obedecen a "labores preventivas que afectan tanto a ciudadanos extranjeros como españoles'".

   Además, la DGP, dependiente del Ministerio del Interior, explicó que "el traslado a comisaría de un extranjero debidamente identificado pero en situación irregular en España encuentra amparo legal", tanto en la Ley de Extranjería como en la de Seguridad Ciudadana.  

   "Este organismo considera que la conducción del extranjero a comisaría, aún llevando consigo la oportuna identificación, es una 'interpretación integradora del ordenamiento jurídico basada principalmente en los textos citados", explica la Defensora del Pueblo.

   En su informe, la DGP recuerda que "es obligación" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, y que la normativa atribuye al Cuerpo Nacional de Policía "las funciones previstas en la legislación de Extranjería, refugio, asilo, extradición, expulsión emigración e inmigración", obligación que, de no llevarse a cabo "podría ser objeto de responsabilidad disciplinaria por dejación de facultades o deberes".

Madrid 2020, un proyecto "austero", "sólido" y "compacto"

MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el presidente de Madrid 2020 y del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, han presentado este jueves en el Palacio de Cibeles de la capital, sede del Ayuntamiento, el documento con las respuestas al cuestionario de candidatura para los Juegos de 2020 de un proyecto "sólido" y "compacto".

   Al acto han asistido, entre otros, el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, el presidente del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, la Delegada del Área de Coordinación Institucional del Ayuntamiento de Madrid, Patricia Lázaro, la Directora General de Deportes del Ayuntamiento, Mercedes Coghen, el consejero-delegado de Madrid 2020, Víctor Sánchez, y el miembro español del COI José Perurena.

   El documento, que fue presentado este martes en la sede del COI en Lausana (Suiza), es más "exhaustivo" que el del proceso de 2016, pues contiene las respuestas a 105 preguntas, frente a las 54 anteriores, y está dividido en 11 temas, en lugar de los 8 precedentes: Visión, concepto y legado; Deportes y sedes; Medio Ambiente y meteorología; Alojamiento; Transporte; Servicios médicos y control antidopaje; Seguridad y protección; Tecnología y energía; Aspectos jurídicos, inmigración y aduanas; Apoyo gubernamental y apoyo público; y Finanzas y marketing.

   En el cuestionario técnico, con las tapas en blanco y el logotipo de la Puerta de Alcalá en rojo, han trabajado 50 personas durante mes y medio, se han incluido las sedes de los nuevos deportes olímpicos, el golf (Club de Campo) y rugby a 7 (Valdebebas), y las subsedes de Mérida y Palma de Mallorca han sido reemplazadas por las de Zaragoza y Valladolid para que todas estén conectadas con la capital de España a través del AVE.

   Asimismo, incluye que el presupuesto de las dos fases como ciudad aspirante y candidata, si supera el corte del próximo 23 de mayo en la localidad canadiense de Québec, alcanzará los 29,6 millones de euros, de los que el 38 por ciento corresponderá a financiación pública y el 62 por ciento restante a capital privado.

   Para la alcadesa Ana Botella, el cuestionario técnico demuestra que la ciudad tiene la capacidad necesaria; que todas las Administraciones le han dado su apoyo explícito; que dispone de las garantías económicas, políticas y de seguridad; y que Madrid quiere organizar los mejores Juegos.

   "Es un proyecto racional, financieramente sostenible y en el que el uso posterior de las instalaciones está garantizado", apuntó Botella, que recordó que cerca del 80 por ciento de las infraestructuras necesarias están ya hechas o en fase de ejecución.

   Asimismo, la alcaldesa subrayó que España ha obtenido la máxima calificación de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) por su compromiso con el dopaje, "que nadie le quede ninguna duda", y destacó la viabilidad del proyecto y los beneficios que supondría para la ciudad que, el 7 de septiembre de 2013 en Buenos Aires, el COI le otorgara los Juegos, pese a las críticas que se han levantado en ciertos sectores de la oposición.

   "Los Juegos ofrecen un gran legado a la ciudad. Hasta 2013 la inversión es pequeña. Si Madrid es ciudad olímpica tendrá un gran retorno, los retornos son incalculables. ¿Las críticas? En el PSOE hay diferentes voces, pero la opinión que me importa es la de Jaime Lissavetzky, que ha apoyado de forma explícita la candidatura", indicó la primera edil en alusión a las recientes declaraciones de Tomás Gómez, líder de los socialistas madrileños.  

   Por su parte, el presidente de Madrid 2020, Alejandro Blanco, confesó la importancia de la gestión de los recursos, "y no sólo económicos", en la actual coyuntura económica, y por ello dijo que la de la capital de España será una "candidatura austera".

   "Queremos que sean los Juegos más limpios de la historia. Hemos presentado un proyecto sólido y compacto, y hemos pasado de 'queremos' los Juegos a 'necesitamos' los Juegos por necesidades económicas y para apoyar a esta juventud tan preparada", dijo Blanco, para el que la de Madrid supone una propuesta "segura" por la organización para el COI y cuya "rentabilidad es mucho mayor que la de cualquier otra".

   Los Juegos Olímpicos de 2020 se disputarán del 7 al 23 de agosto, y los Paralímpicos, del 11 al 22 de septiembre, si se celebran en Madrid, que tiene ya 23 sedes existentes y otras cuatro en obras de sus dos grandes zonas olímpicas: Campo de las Naciones y Manzanares.

   La Villa Olímpica, ubicada junto al Parque Olímpico, sería convertida en viviendas sociales, zonas verdes y deportivas y Madrid 2020 ha introducido un nuevo concepto, los 'Juegos SMART', que consiste en un impulso a iniciativas innovadoras para asegurar un legado postolímpico sostenible.

   Según el cuestionario, dispondrá de 93.080 habitaciones en un radio de 50 kilómetros del Parque Olímpico y cuenta con un apoyo popular del 75 por ciento en la capital, que aumenta hasta el 84 por ciento en el resto de España. Por último, el presupuesto del Comité Organizador (COJO) sería de 1.808 millones de dólares (1.391 millones de euros).

De Guindos eleva el saneamiento por activos inmobiliarios a 52.000 millones

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha elevado el saneamiento necesario en el sector financiero por los activos vinculados al 'ladrillo' a unos 52.000 millones de euros, a 31 de diciembre de 2011. 

   "Es un esfuerzo muy sustancial", avisó el ministro durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados. De Guindos defendió el decreto que aprobó la reforma financiera el pasado 3 de febrero, al enmarcarla dentro de una serie de "medidas profundas" para afrontar la "situación de emergencia" que sufre la economía.

   De Guindos recordó que las previsiones apuntan a un "empeoramiento" de la economía y del mercado laboral. Para el ministro, la caída prevista de la actividad del entorno del 1,5% se verá reflejada en el mercado de trabajo. "Los datos son alarmantes, hablan por si solos", enfatizó.

   El titular de Economía aconsejó por ello acometer medidas "profundas" de forma "rápida y decidida", entre las que destacó también la reforma laboral.

   De nuevo en su justificación de la reforma para sanear los balances bancarios, De Guindos avisó de que España es uno de los países donde más se contrae el crédito. "El sector financiero no ha conseguido cumplir con su papel canalizador del crédito", explicó.

   En este sentido, recordó que entre 2008 y 2011 la concesión del crédito se ha restringido un 6,5% hacia las empresas y un 3% hacia familias. "Si la caída del crédito se explica por la crisis, las cifras que estamos viviendo van más allá de lo razonable", subrayó.

   El ministro puso el acento en que las dudas en torno a los activos inmobiliarios lastraban la capacidad de las entidades financiera para acceder a los mercados mayoristas y por tanto a la economía.

   "El Gobierno actúa sobre la raíz del problema", aseguró, para después defender que el saneamiento persigue entidades "solventes y viables".

   De Guindos, quien se congratuló de la valoración de la reforma por parte del BCE, notificó una "cierta mejoría" tras la aprobación del decreto ley, como en las últimas colocaciones en los mercados y la "moderación" de los CDS.

   Por último, reiteró la intención del Ejecutivo de generar un "beneficio adicional", tendente a incentivar la venta de activos inmobiliarios y además hacerlo con "importantes descuentos".

AENA dejará de regular los derechos de vuelo o 'slots'

MADRID.- El Gobierno aprobará en los próximos meses un real decreto para separar de AENA a la autoridad responsable de adjudicar los derechos de vuelo ('slots'), regulador que quedará adscrito al Ministerio de Fomento, según anunció este jueves la ministra, Ana Pastor. 

   En rueda de prensa, tras reunirse en Fomento durante dos horas con las principales compañías y representantes del sector aéreo, Pastor calificó de "fundamental" esta medida, reclamada también desde el sector, y defendió que tiene "todo el sentido", ya que "supone separar la regulación del órgano proveedor". Además, explicó que se realiza siguiendo las recomendaciones de la UE.

   Asimismo, anunció la constitución de varios grupos de trabajo internos para avanzar en temas que preocupan al sector como la puntualidad, la seguridad o el cese de actividad, además de tratar con todos los implicados los derechos de los pasajeros.

   En este punto, como ya hiciera durante su comparecencia ante la Comisión de Fomento, tras el cese de Spanair, reiteró que se definirán los requerimientos tanto para el inicio de actividad como para la suspensión, siempre garantizando los derechos de los usuarios.

   "Queremos que nuestros aeropuertos sean seguros, es uno de nuestros objetivos más importante, y facilitarles a los ciudadanos las cosas", afirmó, para lo que se pondrán en marcha medidas que eviten que "tengan que perder el tiempo" por los retrasos, ya que "pagan impuestos y billetes" para ello.

    En cuanto a una posible revisión de las tasas aéreas, Pastor afirmó que "está en estudio en este momento" y recordó que el régimen de tasas y su modificación tiene que ver con la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE).

    Ante la pregunta de si desde Fomento se ha constatado un incremento de los precios por parte de las compañías especialmente en las islas tras el cierre de Spanair, Pastor apuntó que su Departamento no puede intervenir de forma directa, pero sí garantizar los servicios públicos.

    Pastor citó hoy en la sede del Ministerio a los principales representantes del sector aéreo --compañías aéreas, patronales y asociaciones-- para analizar la situación que atraviesa el sector, con temas fundamentales sobre la mesa como la puntualidad y la suspensión de actividad de Spanair, y la planificación de su departamento en esta materia para los próximos meses.