sábado, 15 de diciembre de 2012

Rechazo unánime a la ley de tasas judiciales en el debate de candidatos al Colegio de Abogados de Madrid

MADRID.-   Los participantes en el debate de candidatos al Decanato del Colegio de Abogados de Madrid han manifestado su rechazo a la ley de tasas judiciales, que comenzará a aplicarse a partir del lunes.

   Este sábado ha tenido lugar el primer debate en Twitter de una institución colegial, de cara a las elecciones para el Decanato del Colegio de Abogados de Madrid, que se celebrarán el 18 de diciembre.
   Aunque se ha invitado a las 14 candidaturas, han participado nueve: Begoña Trigo, Miguel Urrutia, Antonio Hernández Gil, Ignacio Peláez, Luis Gómez, Javier Cremades, Montserrat Suárez, María Lorena Ruiz Huerta y Josefa García.
   Uno de los bloques del debate ha sido la ley de tasas judiciales, que ha sido rechazada por todos los candidatos. Por su parte, el actual decano, Antonio Hernández Gil, ha aclarado que "ningún decano habría podido impedir la ley de tasas".
 "Nuestra posición, siempre la misma: radicalmente en contra", ha indicado.
   Sin embargo, la candidata de la Asociación Libre de Abogados, María Lorena Ruiz Huerta, ha acusado al Colegio de "silencio culpable" en lo que respecta a las nuevas tasas, "salvo cuando hay foto en las concentraciones", y ha exigido "firmeza colegial ante el gobierno". En el mismo sentido, Miguel Urrutia ha dicho que "la pasividad del ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) es inaceptable".
   Por su parte, la candidata Josefa García ha calificado la ley de tasas como una "traba importante para el derecho de defensa en una sociedad golpeada gravemente por la crisis económica".
   Para Javier Cremades la ley de tasas judiciales es "un grave error que perjudica a todos". "Necesitamos un colegio fuerte, con el que se haga oír nuestra voz para evitar leyes como la de tasas", ha agregado. "Los que estamos aquí de acuerdo. Bien", ha apostillado.
   El candidato Ignacio Peláez ha lamentado que "con razón y sin euros no podrás pedir amparo judicial".
 "No a la justicia para ricos", ha manifestado Montserrat Suárez, quien se ha comprometido a promover "que la ley de tasas llegue al Tribunal Constitucional".  
   Luis Gómez ha asegurado que "la ley de tasas no es aplicable", ya que "vulnera la directiva europea comunitaria". Al mismo tiempo, ha manifestado su "no a la ley de tasas que lesiona gravemente el derecho a la tutela judicial efectiva y es inconstitucional".
   Según la candidata Begoña Trigo, tanto las medidas del Turno de Oficio como la ley de tasas "vulneran" el artículo 24 de la Constitución Española sobre la tutela judicial, "agrediendo de forma intolerable a los abogados y a los ciudadanos".

   En lo que respecta al Turno de Oficio, el actual decano ha señalado que el Colegio ha logrado la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita de la obligación de pago del Turno de Oficio en no más de 60 días.
   Por su parte, el candidato Luis Gómez ha afirmado que la "situación de impago e indignidad del turno de oficio es insostenible" y ha criticado el "inmovilismo de la actual junta de gobierno", al tiempo que ha planteado la "necesidad de crear en el colegio un departamento de cobro y honorarios del turno de oficio, con carácter preferente".
   Javier Cremades ha propuesto utilizar el posible superávit del Colegio de Abogados de Madrid para "ayudar" a los abogados de oficio.
   Montserrat Suárez ha prometido que "el colegio anticipará en cesión de crédito los pagos del Turno de Oficio, gestionándolos luego frente a la administración", y ha asegurado que "hay recursos para ello". Por otra parte, ha planteado que los cursos para acceder al Turno de Oficio sean gratuitos.
   "Proponemos demanda judicial de atrasos y recortes del Turno de Oficio", ha dicho Miguel Urrutia, mientras que Ignacio Peláez ha constatado que "si un juez y un fiscal no cobran, paralizan la justicia. ¿Por qué el abogado impagado no la debe parar? Creo qué sí debe poderla parar". Además, se ha comprometido a actuar como interlocutor de los abogados de oficio impagados si es elegido.
   Josefa García ha apostado por eliminar la exigencia al abogado de oficio de acreditar la carencia de medios del beneficiario de asistencia de justicia gratuita, así como por una "posición firme" frente a la administración en defensa del Turno de Oficio. "Los abogados cumplen su obligación, la administración debe pagar el encargo", ha sentenciado.
   En cuanto a la candidata de la Asociación Libre de Abogados, ha indicado que en su lista hay siete abogados del Turno de Oficio, incluida ella misma. "Defendemos el turno de oficio como servicio público, dignamente retribuido, actualizado y puntualmente pagado", ha manifestado.
   También se han tratado en el debate temas como la obligación o no de colegiarse, las cuotas del Colegio, la formación y el voto telemático. Los turnos de intervención se han realizado por sorteo, con un máximo de 32 tweets por candidato, y bajo la moderación de Manuel Campo Vidal.

La candidatura de Cremades al Colegio de Abogados de Madrid presenta como aval el apoyo de la abogacía internacional

MADRID.- La candidatura de Javier Cremades al Decanato del Colegio de Abogados de Madrid ha presentado este sábado como aval el apoyo de la abogacía internacional a la Carta Abierta a la Abogacía de Madrid donde se recuerda que la actual Junta de Gobierno de la institución no quiso personarse en el proceso penal que terminó con la condena de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al juez Baltasar Garzón, por las escuchas a la trama Gürtel.

   Según un comunicado enviado por la candidatura, abogados de diez países y tres continentes (Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Colombia, Argentina, Líbano e Israel) se han sumado a la Carta, impulsada por un grupo de juristas y abogados encabezado por el expresidente del Tribunal Constitucional Alvaro Rodríguez Bereijo, el expresidente de la Audiencia Nacional, Rafael de Mendizábal, y el abogado Javier Sáenz de Cosculluela.
   Todos ellos tienen una "misma preocupación", que el actual decano, Antonio Hernández Gil, "que no amparó a los abogados en el caso de vulneración de derecho de defensa con más trascendencia internacional", en alusión a la orden de Garzón de escuchar las conversaciones entre unos abogados y sus defendidos durante la instrucción del caso Gürtel, "no vuelva a encabezar a la abogacía de uno de los Colegios más importantes de Europa", según la nota.
   Así, los firmantes piden a todos los abogados madrileños que voten por cambiar a la actual Junta de Gobierno y el apoyo para la candidatura encabezada por Cremades. 
Entre otros, se han adherido a la Carta el exministro de Justicia de Argentina, Rodolfo Barra, el socio de Hughes Hubbard & Reed (Nueva York), John Fellas, el socio de Walter Weiss (Munich), Oliver Wulff, y el de Cameron McKenna (Londres), Chris Watson. 
La Carta cuenta con más de un centenar de adhesiones tanto de abogados y juristas españoles como de fuera de España.

El PSM pide que sólo sean necesarias 40.000 firmas para presentar una ILP en la Asamblea de Madrid

MADRID.- El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha presentado una Proposición de Ley (PROPL) en la que aboga por incrementar la participación ciudadana en la labor legislativa y para ello, propone que sólo sean necesarias 40.000 firmas para presentar una Iniciativa legislativa Popular (ILP) y que los ciudadanos puedan intervenir en el pleno de la Cámara autonómica.

   En el texto presentado y que la Mesa ha admitido a trámite, los socialistas señalan que "la petición de mayor participación por parte de los ciudadanos en las tareas que se realizan en los parlamentos hace necesario" incrementar tanto la calidad como la cantidad de participación en la actividad parlamentaria.
   Para ello, proponen modificar la Ley de ILP y de los Ayuntamientos de Madrid, de manera que se rebajen de 50.000 a 40.000 las firmas necesarias para la presentación de una ILP. Además, reclaman que se facilite el sistema de firma electrónica para su recogida.
   En su propuestas, los socialistas también abogan por incrementar el plazo establecido actualmente para la recogida de las firmas necesarias para presentar una ILP de tres a seis meses y que los ciudadanos puedan intervenir en el pleno.
   De hecho, piden que un portavoz de la comisión promotora de la ILP o de la Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos pueda defender su iniciativa en el hemiciclo por tiempo de 30 minutos, y que posteriormente, tomen la palabra los representantes de los grupos parlamentarios.

El ciudadano deberá pagar al abogado de oficio

MADRID.- El ciudadano se comprometerá por escrito a pagar los honorarios devengados por el asesoramiento y la orientación que reciba del abogado de oficio en caso de que después no se le reconozca el derecho a recibir Justicia Gratuita, según recoge el borrador del Anteproyecto.

   El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprenderá el asesoramiento y la orientación previa al proceso, así como la información sobre la mediación y otros medios extrajudiciales de solución de conflictos, entre otros servicios.
  El borrador, que tiene fecha de 7 de diciembre, establece que el solicitante deberá suscribir una solicitud de asistencia que incluya el compromiso de que, si no se le reconoce con posterioridad este derecho, tendrá que abonar los honorarios devengados por dicho asesoramiento y orientación, de los cuales será informado.
   El texto añade que no será necesario que el detenido o preso acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que si no se le reconoce después la Justicia Gratuita, deberá hacer frente a los honorarios devengados por la intervención de su abogado de oficio.
   Las personas que soliciten este derecho también deberán detallar las prestaciones que desean. Entre éstas, se contempla la representación gratuita de abogado y procurador, el coste de la mediación, la exención del pago de tasas, la inserción gratuita de anuncios o edictos, la asistencia pericial o la obtención de copias, testimonios o actas notariales, entre otros servicios.
   En la solicitud, los interesados harán constar los datos y documentos que permitan acreditar su situación económica así como la de los integrantes de su unidad familiar, sus circunstancias personales, la pretensión que quieren hacer valer y cuáles son las partes contrarias en el litigio, en el caso de que las haya.
   Para verificar la exactitud de la renta y el patrimonio declarado, los Colegios profesionales "realizarán las comprobaciones y recabarán toda la información que estimen necesaria". En especial, requerirán por medios electrónicos la confirmación de estos datos a la Administración Tributaria, el Catastro, la Seguridad Social o los Registros de la Propiedad y Mercantiles.
   El borrador recoge el caso de que la sentencia que ponga fin al proceso condene en costas al beneficiario de Justicia Gratuita. Ante esta circunstancia, la persona quedará obligada a su abono si dentro de los cuatro años siguientes "viniere a mejor fortuna", es decir cuando sus ingresos y recursos económicos brutos superen el doble de los umbrales establecidos o se hubieran alterado sustancialmente las condiciones tenidas en cuenta para reconocer este derecho.
   En este sentido, se encarga a los Colegios de Abogados la "obligación" de "revisar periódicamente" si el beneficiario ha mejorado sustancialmente su situación económica. En todo caso, la revisarán seis meses antes de que venza el plazo de cuatro años.
   En el caso de que se falseen, oculten o declaren de forma errónea los datos de carácter económico, el litigante estará obligado a pagar las prestaciones recibidas, "sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que, en su caso, correspondan".
   Este redactado está sujeto aún a cambios. De hecho, el Ministerio de Justicia ha mantenido conversaciones con comunidades autónomas y colegios de abogados para incorporar sus aportaciones al borrador.

Los empleados de Telemadrid piden en la calle la retirada del ERE "injusto"

MADRID.- Alrededor de un millar de personas han marchado hoy por el centro de Madrid para pedir la retirada del ERE planteado por la dirección de Telemadrid, que contempla el despido de 925 trabajadores, una medida que han calificado de "injusta y escandalosa" y que supone "una limpieza ideológica, no económica".

Así lo ha considerado la presidenta del Comité de Empresa, Teresa García, quien ha encabezado junto a otros trabajadores esta manifestación que ha discurrido entre la Plaza de la Villa y la Puerta del Sol, un recorrido en el que han protagonizado un "flashmob", una coreografía grupal que se baila en un lugar público.
Al ritmo de una canción de Alaska, los trabajadores han cantado y bailado para decir a los responsables de la empresa que "Mil despidos suenan en tu corazón, ¿tan difícil es decir que no? Ni tú, ni nadie, nadie, ¡tiene que echarnos!".
Este baile, animado con tambores, ha sido captado con móviles y cámaras de vídeo por las numerosas personas que han acudido hoy a la plaza Mayor y sus alrededores con motivo de las fiestas navideñas.
La cabecera de la marcha ha estado presidida por una pancarta en la que se podía leer "La información es un derecho. Defiende la radiotelevisión pública", que han portado los trabajadores al son de tambores y de silbatos en protesta por el ERE.
Con este expediente de regulación de empleo, según ha dicho García, se pretende despedir a 925 personas, con una media de antigüedad de 25 años, "mientras se queda toda la dirección y una redacción paralela que ellos han metido a dedo".
"Ignacio González (el presidente de la Comunidad de Madrid) nos engañó a los trabajadores de Telemadrid -ha dicho García-, porque el 18 de mayo, cuando se reunió con CCOO y UGT Madrid, dijo que todo el proceso iba a ser negociado y no iba a ser traumático para los trabajadores, sin pérdida de empleo, y aquí nos vemos".
En la marcha, a la que han acudido los trabajadores con familiares, también ha asistido la 'número dos' del PSM y miembro de la Ejecutiva Federal, Maru Menéndez, además del concejal socialista en el Ayuntamiento de Madrid Pedro Zerolo, y representantes de los sindicatos de UGT y CCOO de Madrid.
Menéndez ha defendido "la necesidad de un modelo de televisión pública madrileña plural, porque es un elemento esencial para la propia democracia".
Y ha dicho que el "Gobierno de la Comunidad de Madrid ha hecho de Telemadrid un coto privado para acabar con los auténticos profesionales y dejar exclusivamente a los directivos, que son los que la han llevado a esta situación".

Las 18 medidas para acabar con el paro en España

MADRID.- Los expertos del Future Trends Forum, de la Fundación de la Innovación Bankinter, proponen 18 medidas para acabar con el paro en España. Las 18 reformas propuestas por el XVIII Future Trends Forum para revertir la actual situación del  mercado de trabajo en España son las siguientes:

1. Potenciar, incentivar y favorecer el desarrollo de las ventajas comparativas españolas en el mercado global.

2. Reposicionar la marca España mediante una campaña global de comunicación que resalte las ventajas comparativas señaladas en la primera propuesta.

3. Reformar y simplificar la legislación española para favorecer las inversiones extranjeras y la unidad de mercado.

4. Reformar el sistema educativo acercándolo más a la realidad anglosajona.
Favorecer la formación en capacidades.

5. Incentivar la educación a través de la Formación Profesional. Establecer esquemas fiscales más favorables para quienes decidan contratar -o
acogerse- a esta opción formativa.

6. Adaptar el calendario de reducción del déficit público para hacerlo
más asumible y minimizar sus efectos sobre la demanda agregada.

7. Promover la creación de Eurobonos que permitan mutualizar el
riesgo soberano dentro de la Eurozona, como contrapartida a las necesarias medidas de austeridad.

8. Incrementar la liquidez en el sistema financiero a través de procesos
de recapitalización de las entidades y de inyecciones de fondos por parte del Banco Central Europeo.

9. Acelerar el desapalancamiento del sector privado, facilitando el incremento del consumo y la inversión por parte de ciudadanos y empresas.

10. Establecer incentivos fiscales para las empresas, trabajadores y sponsors participantes en actividades económicas relacionadas con el denominado “cuarto sector”.

11. Potenciar y desarrollar los intermediarios privados participantes en el
mercado de trabajo. Favorecer su colaboración con el sistema nacional de
empleo a través de contratos para acciones concretas y beneficios fiscales.

12. Simplificar la legislación laboral existente y crear un nuevo “contrato único” con una indemnización creciente por año trabajado.

13. Separar la indemnización por despido de la percepción del
subsidio por desempleo.

14. Rediseñar las políticas activas de empleo existentes en España, dirigiéndolas especialmente hacia la reducción del desempleo juvenil.

15. Rediseñar las prestaciones por desempleo para limitar su efecto negativo sobre la creación de empleo y  la movilidad de los trabajadores.

16. Crear el nuevo “área de emprendimiento” en el que startups y nuevos emprendedores puedan beneficiarse de una legislación más sencilla y de incentivos para la puesta en marcha de su compañía.

17. Rediseñar el sistema de incentivos legales para la creación de nuevas
empresas. Reducir las trabas administrativas y burocráticas que limitan
el emprendimiento en España.

18. Acordar con todas las universidades españolas la instrucción de formación emprendedora obligatoria, adaptada a las condiciones y a las necesidades de cada una de las ramas formativas ofrecidas. 

Tomás Gómez pide a Rajoy que obligue a la Comunidad de Madrid a retirar el euro por receta

MADRID.- El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez , ha exigido esta mañana al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "obligue" a la Comunidad de Madrid a retirar el euro por receta.

   Esta medida fue anunciada por la Comunidad de Madrid, que la prevé comenzar a aplicar a partir de enero, cuando entren en vigor los presupuestos autonómicos de 2013. Sin embargo y a pesar de que el Gobierno anunció ayer que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra esta medida adoptada por Cataluña, el Gobierno de la comunidad insistió en su aplicación.

   Tomás Gómez considera que el euro por receta "no solamente es inconstitucional, sino que es algo que es una injusticia".  Por ello, reclamó que no se le cause "más dolor a los pensionistas", ni a los madrileños, que, dijo, "ya sufren bastante con esta crisis".
   El dirigente socialista dejó claro que la Comunidad de Madrid ya sabe que esta tasa e "inconstitucional e injusta" y que "sólo tienen un camino, retirarlo antes de que el TC lo retire".