La crisis y las prohibiciones reducen a su mínimo histórico los festejos taurinos en España

MADRID.- Los festejos taurinos que se celebran en España caen un 60% desde el año 2007. Diez provincias han dejado de celebrarlos. El 9,5% de los españoles declara haber ido a los toros: el 40% dice no tener ningún interés en la materia y un 20%, que no entiende la fiesta.

¿Qué tienen en común Gerona, Lérida, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona y Ceuta? Ninguna de estas provincias celebra festejo taurino alguno. Al menos no lo hacen desde el año 2011, cuando el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte comenzó a elaborar las estadísticas de asuntos taurinos con datos desagregados a nivel provincial. A este listado se sumaron un año más tarde, en 2012, Barcelona y Orense. Y en 2016, el último del que se ofrecen datos oficiales, tampoco se organizaron eventos relacionados con la tauromaquia ni en La Coruña ni en Lugo.

En total son una decena las provincias que han dicho adiós a este tipo de festejos en los últimos siete años. Ni ha habido corridas de toros o corridas mixtas con rejones, ni becerradas, ni festivales (lidia de reses despuntadas), ni novilladas, ni rejoneo, ni toreo cómico, ni festejos mixtos (espectáculos que incluyen al menos dos de los mencionados anteriormente). Estas son todas las categorías que contempla la estadística estatal y en todas ellas, para las provincias citadas, el dato es el mismo: cero.

La despedida a la tauromaquia en estos puntos geográficos, sumado al descenso generalizado de los espectáculos taurinos en el resto del país, ha provocado una caída de más del 60% de los festejos taurinos desde el 2007. En aquel año se celebraron 3.651 y en 2016 bajaron hasta los 1.598.

Esto supone que, mientras en el año 2007 tuvieron lugar más de 10 festejos taurinos al día, en 2016 solo fueron cuatro. La mayoría, 386, fueron corridas de toros; seguidas de novilladas sin picadores (262), festivales (215) y novilladas con picadores (200).

El secretario de la asociación Unión de Toreros (UT), Iñigo Fraile, achaca el descenso a la crisis económica. En este sentido, aclara que "el descenso se debe, principalmente a que se celebran menos festejos fuera de feria, que eran mucho más numerosos en épocas de bonanza".

De las 52 provincias que existen en España, diez han roto su relación con la tauromaquia. De las 42 restantes, dos son las que concentra la mayor parte de los festejos taurinos: Madrid con 251 y Toledo con 128. Entre ambas representan el 24% del total de espectáculos taurinos celebrados en España. 

Junto a Salamanca (92), Ávila (82) y Cuenca (79) aglutinan casi el 80% de todos los festejos del país. Castilla La Mancha y Castilla y León se posicionan como las dos comunidades autónomas en las que más eventos de este tipo se celebran. A nivel autonómico les siguen Andalucía, Madrid y Extremadura. La distribución se ha mantenido inalterable desde que existen estadísticas oficiales.

En plena caída de los festejos taurinos, el Gobierno aprobó la Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural en el año 2013. Sin embargo, en el preámbulo del propio texto legislativo se matiza el apoyo social a la decisión estatal en los siguientes términos: "La sociedad española es muy diversa y dentro de esa diversidad encontramos grandes aficionados y a su vez muchos ciudadanos que han manifestado su preocupación por el trato que reciben los animales durante los espectáculos taurinos".

Uno de los efectos inmediatos que tuvo la entrada en vigor de esta norma fue la inclusión de los festejos taurino en las encuestas de hábitos y prácticas culturales en España, que realiza cada cuatro años el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. La primera, y hasta el momento única, en la que aparece esta materia corresponde a la serie 2014-2015 (en noviembre se publicará la nueva). 

En ella se constata el escaso público que respalda estos eventos, pues solo el 9,5% de los encuestados dijeron haber acudido a un espectáculo taurino en el último año. Para Fraile no se trata, ni mucho menos, de un dato preocupante. "Creo que es un porcentaje positivo tratándose de una actividad de ocio y teniendo en cuenta que son estas actividades las que primero se reducen en épocas de crisis", comenta.

En la encuesta también llama la atención que 2 de cada 10 personas que sí presenciaron un espectáculo de este tipo reconocieron haberlo hecho con entrada gratuita. Una información a la que el secretario de UT no da mucha credibilidad.

Frente al 9,5% que sí asistió a festejos taurinos, hay un 90,5% que no lo hizo. Entre los motivos que exponen para no hacerlo, el 40% adujo no tener interés alguno en la materia y el 20% que, directamente, no lo entendía.

El apoyo gubernamental es una de los argumentos que explican el crecimiento del número de escuelas taurinas y de profesionales mientras se produce un descenso generalizado de los festejos en todo el país. En el caso de las escuelas se percibe un notable incremento a partir del año 2013, cuando se aprueba la Ley para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural y el Plan PENTAURO que incluye, entre otras medidas, apoyar la capacitación de profesionales taurinos. 

Una causalidad que admite Iñigo Fraile, secretario de la asociación Unión de Toreros (UT), quien añade otro motivo: "Ha habido un fomento de las escuelas taurinas, pero creo que el aumento también se debe vincular a la organización de clases prácticas. Resultan más baratas de organizar que un festejo en sí mismo en el que puedan practicar y enfrentarse a un escenario real los jóvenes que se inician".

El negocio bancario en España sería una ruina sin comisiones

MADRID.- Los cinco grandes bancos es­pañoles ga­naron 1.923 mi­llones de euros por su ne­gocio ban­cario en España du­rante el primer tri­mestre de este año. Sin los 2.265 mi­llones de co­mi­siones netas que re­cau­daron de sus clien­tes, ha­brían te­nido que dar pér­di­das. La caída de los már­genes de in­tere­ses, por los bajos ti­pos, se com­pensa con un peso cada vez mayor de las co­mi­siones que co­bran por co­mer­cia­lizar pro­ductos no ban­ca­rios, ya que las pro­ce­dentes de ser­vi­cios si­guen ba­jando por la com­pe­tencia entre en­ti­da­des, según recoge hoy Capitalmadrid. 

Que 28 de cada 100 euros de margen bruto obtenido en España por los cinco grandes bancos (Santander, CaixaBank, BBVA, Bankia y Sabadell) provenga ya de las comisiones, supone, ni más ni menos, que el negocio bancario clásico sigue tocado. Pero es que aún hay más. Si se desgaja la cuenta de ingresos se ve cómo por cada 100 euros de margen de intereses, estas entidades recaudan otros 52 por comisiones. Y esto es lo que provoca que sin esta partida los bancos estarían en pérdidas.

Pero para lograr todo esto sin que los clientes se enfaden y cambien de banco, las entidades financieras han ideado sistemas de lo más variopinto para cobrar comisiones y mantener a salvo la cuota de mercado. El que mejor les ha salido ha sido el de mantener fuera del balance los productos que más rentables son por la vía de las comisiones, lo que infla la recaudación sin dañar la relación con la clientela. ¿Cómo se consigue esto? Pues comercializando fondos de inversión, fondos de pensiones y gestión de carteras o sociedades Sicav. Ninguna de estas cosas es negocio bancario, pero los bancos se las ofrecen a los clientes para asegurarse el nivel de ingresos.

Entre los cinco grandes bancos, al finalizar el primer trimestre de este año manejaban 1,2 billones de euros de recursos de clientes. De ellos, 872.536 millones de euros eran recursos que podrían denominarse bancarios (cuentas corrientes y depósitos a plazo, fundamentalmente) y los 318.824 millones restantes estaban fuera de los balances. Aunque aquí también hay distintas formas de contabilizar las cosas, ya que, por ejemplo, CaixaBank considera recursos de clientes dentro de balance los pasivos por contratos de seguro, mientras que el Santander hace lo propio con los fondos de inversión.

En cualquier caso, y para unificar las cuentas evitando distorsiones, si consideramos como recursos de la clientela puramente bancarios la cuenta de depósitos, se ve cómo la entidad que gana por goleada en la búsqueda de productos que le den comisiones es CaixaBank, que tiene el 34% de los recursos totales de clientes fuera de balance. Le sigue el Sabadell, con el 32%, y a continuación se sitúan Santander y BBVA (27%). Cierra la lista Bankia con un 18%. La media de estos cinco grandes es del 28%.

En cuanto a lo que suponen las comisiones sobre el margen bruto, y siempre según las cuentas oficiales del negocio bancario en España de estas entidades a 31 de marzo último, quien gana aquí es el Santander, que por cada 100 euros de margen bruto, un total de 33 proceden del cobro de comisiones. Le siguen CaixaBank y Bankia (28% en ambos casos), y cierran la lista BBVA y Sabadell, con un 26% y un 25%, respectivamente. La media de los cinco grandes es, como en el caso de los recursos fuera de balance, del 28%.

El caso del Santander, sin embargo, es algo especial. Según señalan fuentes del sector a Capitalmadrid, la introducción de la Cuenta 1,2,3 en su negocio de depósitos, ha modificado la estructura de ingresos. Esta cuenta cobra unas comisiones fijas de mantenimiento a todos los clientes, aunque después estos pueden compensarlas a través de ingresos por intereses, dependiendo del saldo medio que mantengan en ella. Esa estrategia comercial asegura el cobro de comisiones que con el tiempo va compensando la caída inicial que se produce en el margen de intereses cuando se implanta la cuenta y los clientes migran hacia ella.

Regresando a las cifras globales, los bancos no suelen desglosar de dónde proceden las comisiones que se apuntan en sus cuentas de resultados. La entidad que más pormenores ofrece es CaixaBank, pero tampoco en este caso se puede ver el grado de detalle que aclare cuánta parte de estos ingresos proceden de productos de dentro y fuera de balance. O para ser más exactos, qué parte viene del negocio bancario puro y duro. Sin embargo, el Banco de España sí tiene los datos, extraídos de las cuentas que supervisa, y que llevan mucho más grado de detalle.

La última estadística oficial de la autoridad supervisora española a estos efectos es la del 31 de diciembre de 2017. Según sus datos, y con cifras medias del año 2017, el 37,8% de los ingresos por comisiones de la banca española en su conjunto procedían de comercializaciones de productos. La cifra es 7 puntos superior al 31,7% que recaudaron las comisiones por servicios bancarios en el conjunto del año pasado, y se encuentra a años luz del 7,3% que supusieron las de gestión de acciones en Bolsa. El resto de las comisiones (23,2%) provienen de gestión, depósitos y mantenimiento de activos de clientes, fundamentalmente.

Las fuentes consultadas por Capitalmadrid afirman, a este respecto, que la entrada de España en el euro supuso un antes y un después en el negocio bancario. “Los tipos de interés en mínimos históricos -señalan- han provocado cambios profundos en la estructura de ingresos de las entidades financieras, que ven cómo es imposible aumentar el margen entre lo que se cobra por los créditos y lo que se paga por los depósitos, que es de lo que vive el margen de intereses”. De esta manera, el cobro de comisiones, no sólo se ha convertido en algo fundamental, sino que también ha sufrido una evolución profunda.

Una vez más, los datos son los que más luz pueden arrojar sobre estos cambios. En el año 2000, con el euro recién estrenado como moneda de curso legal, los ingresos por servicios bancarios suponían el 52,7% de las comisiones cobradas (21 puntos más que ahora), mientras que las comercializaciones de productos se quedaban en el 24% (casi 14 puntos menos que ahora).

Las comisiones por operar en Bolsa en nombre de los clientes suponían el 15,2% de las comisiones totales cobradas (algo más del doble que ahora) y el resto era infinitamente menor, ya que se quedaba en un exiguo 8% frente al 23,2% actual. Puede comprobarse, pues, cómo el cambio de las circunstancias del negocio bancario ha variado también notablemente de dónde viene el dinero que los bancos cobran por comisiones.

Los (pocos) casos en los que el autónomo sí puede prejubilarse

MADRID.- La jubilación anticipada para los trabajadores por cuenta propia también existe, aunque no es muy común. En este artículo de Cinco Días se explica cuáles son los casos en los que un autónomo puede prejubilarse.

Según explica la empresa Plus Ultra Seguros la primera condición que hay que cumplir para poder realizar esta gestión es ser “mutualista”. Además de cumplir una serie de requisitos comunes

• Pueden solicitarlo dos años antes de la edad que reglamentariamente sea de aplicación, que actualmente es de 65 años y 6 meses. No obstante, en unos años la edad de jubilación se fijará en los 67 años, por lo que los autónomos podrían prejubilarse a los 65.
• Estos profesionales por cuenta propia deberán acreditar un periodo de cotización efectiva de, al menos, 35 años; siendo dos de ellos correspondientes al periodo de 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud o al momento de cese.

Una vez se aceptada la jubilación anticipada, estos autónomos experimentarán una reducción en la cuantía a percibir que va del 2% por trimestre para quienes hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses hasta el 1,625% por trimestre para aquellos que hayan cotizado más de 44 años y medio.

Eso sí, según explica la empresa anteriormente citada hay excepciones en lo que respecta al periodo de cotización de algunos colectivos, como son los del sector agrario o los autónomos contratados a tiempo parcial.

También podrán acogerse quienes se hallen en uno de estos dos grupos, ambos con una edad de 60 años.

• Profesionales que se acogieron al Régimen Especial de la Minería del Carbón a día 1 de abril de 1969 y cotizasen a alguna de las Mutualidades Laborales del Carbón a día de 31 de enero de 1969 o con anterioridad.
• Quienes estuvieran en el campo de aplicación del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar a día de 1 de agosto de 1970.

Los jóvenes y las clases medias vuelven a adquirir viviendas

BARCELONA.- La recuperación económica y las subidas de los precios inmobiliarios han disparado el interés de los españoles por cambiar de vivienda: un 37% se plantea mudarse a corto o medio plazo, para emanciparse, para pasar del alquiler a la propiedad o para buscar una vivienda mejor o más grande, según publica hoy La Vanguardia. 

Sin embargo, según un estudio sobre la demanda de vivienda realizado por la inmobiliaria Casaktua, lo más destacado es la vuelta de las clases medias y de los más jóvenes a la compra de vivienda: el presupuesto de los nuevos compradores ha bajado un 7%, hasta los 172.000 euros, en el conjunto del estado, y aún más, un 22%, en Catalunya, donde ahora el presupuesto de quienes buscan vivienda es de 185.000 euros, frente a los 237.000 euros del año pasado.

“Es una buena noticia: en los ­últimos años los compradores han sido familias de alto poder adqui­sitivo, que buscaban una vivienda de mejora, o inversores, mientras que ahora la percepción de que la economía va mejor ha hecho llegar a nuevos compradores, con pre­supuestos más bajos”, señala Chus de Miguel, directora de inmuebles de Casaktua. 

Además, destaca, “la mitad de quienes buscan vivienda han empezado a hacerlo este año y sólo un 22% lleva más de un año buscando”.

Casaktua destaca que frente a los años anteriores se ha producido un giro de las preferencias de quienes buscan vivienda a favor de la compra. “Parecía que había habido un cambio de mentalidad a favor del alquiler, pero realmente la cultura de la compra es muy fuerte, y ha sido impulsada por años de ayudas fiscales. Además, el parque de pisos en alquiler es de mala calidad y los pisos buenos suelen ser caro”, añade.

El motivo decisivo en el cambio de preferencia hacia el alquiler, sin embargo, es que con las últimas subidas las rentas en Madrid y Barcelona se han superado ya los precios de 2008, por lo que la cuota de una hipoteca media es más baja que un alquiler: según Casaktua, el alquiler medio en España es de 469 euros mensuales, mientras que una hipoteca media es de solo 442 euros, un 6% inferior. 

En Catalunya, sin embargo, la diferencia llega al 18% a favor de la hipoteca: cuesta de media 491 euros frente a una renta media de 581 euros. Además, el 22% de los inquilinos de Catalunya señalan que les han subido la renta. “El 73% de los encuestados considera ahora que comprar es mejor que alquilar”, señala de Miguel.

La entrada, sin embargo, es el gran freno en estos momentos en el acceso a la propiedad: el 58% de quienes buscan una vivienda en alquiler reconoce que lo hace por motivos económicos. “Las entidades financieras están más abiertas a dar hipotecas, pero muy raramente superan el 80% del valor de tasación, y eso con avales, con muchos avales”, señala de Miguel. 

A su juicio ahora “sólo es posible conseguir una hipoteca por el 100% si el piso es del banco”. Sin embargo, el 44% de quienes buscan comprar una vivienda tienen menos de 30.000 euros de ahorro, y otro 21% entre 30.000 y 60.000 euros. “Existe una brecha entre los ahorros acumulados y la cantidad que se necesita para dar una entrada”, reconoce de Miguel.

En el otro extremo, sigue siendo fuerte el deseo de los particulares de comprar vivienda como in­versión (un 10% de quienes buscan comprar lo hará por este motivo). El perfil de estos inversores es tra­bajadores por cuenta ajena, de entre 45 y 54 años y con unos ingresos familiares de entre 3.000 y 4.500 euros mensuales. 

Estos inversores, señala Casaktua, tienen entre 100.000 y 150.000 euros de ahorro disponible y buscan viviendas de hasta 150.000 euros, para no haber de endeudarse. Su principal propósito es alquilar la vivienda (33%) aunque un 14% busca ponerla en alquiler turístico y otro 12% espera reformarla y revenderla.

Tener una vivienda no requiere sólo pagar la hipoteca o el alquiler: los gastos de suministros y similares suponen para los propietarios una carga media de 371 euros mensuales, y algo menos (286 euros) para los inquilinos.

Según el estudio realizado por Casaktua, los propietarios españoles gastan al mes de media 104 euros en energía (gas y electricidad), 41 en agua y basuras, 66 en gastos de comunidad, 72 en telecomunicaciones, 20 en el seguro del hogar, 30 en el IBI y 36 en pequeñas reparaciones y mantenimiento. 

Para los inquilinos la factura es inferior, porque en general sus viviendas son más pequeñas y porque no tiene que pagar el seguro ni el IBI. En grandes capitales como Barcelona estos gastos son aún mayores: el seguro es más caro para viviendas más caras, y el IBI y las tasas de basura son también más altas.

El tercer consejero con más acciones de Sabadell se refuerza en el banco

MADRID.- José Ramón Sufrategui es uno de los consejeros de la banca española más activos en Bolsa, uno de los que más se suelen mover en plena temporada de resultados o cuándo Banco Sabadell experimenta movimientos bruscos en Bolsa.

Los primeros resultados trimestrales no han sido una excepción. Sufrategui ha comprado 30.000 títulos de Sabadell a un precio de 1,62 euros cada uno y se consolida como el tercer miembro del máximo órgano de administración con más acciones del banco, segun dice hoy Expansión.
Tras las últimas compras, Sufrategui ha elevado su participación hasta el 0,053% del capital. Solo Josep Oliu y José Luis Negro tienen más peso en el capital entre los consejeros de la entidad.
La nueva apuesta compradora del consejero se produjo inmediatamente después de la publicación de los resultados del primer trimestre, el pasado 26 de abril. La entidad catalana ganó 259,3 millones en el primer trimestre, un 32,7% más que el pasado año. El beneficio superó lo previsto por el mercado, que descontaba un resultado de 213 millones.
Sin embargo, el mercado hizo una lectura cauta de los números de Sabadell, ya que la mejora del beneficio de los tres primeros meses del año se sustentó principalmente en el descenso de los de los saneamientos. Por el contrario, los ingresos cayeron y los costes crecieron provocando un recorte del margen neto del 20%.
Sabadell, que acabó en rojo en las cuatro últimas sesiones de la semana pasada, despide abril en plena batalla por mantener el soporte clave de los 1,60 euros por acción. Sólo un poco más abajo, en los 1,56 euros, están los mínimos intradía marcados a lo largo de 2018.

Los bancos abaratan hipotecas pero niegan al Banco de España estar asumiendo más riesgos

MADRID.- La oferta de créditos hipotecarios da señales de dar un giro en sentido opuesto al volumen de créditos malos acumulados en los balances de los bancos y paralelo al que las entidades bancarias esperan que aplique el Banco Central Europeo (BCE) a los tipos de interés.

El Banco de España ha advertido en su último informe sobre el mercado bancario que las entidades han comenzado a relajar sus políticas de riesgo crediticio en la contratación de estos créditos. Los bancos, sin embargo, han restado importancia al aviso. «No sacrificamos rentabilidad por clientes» fue la respuesta de Banco Santander, Sabadell y Bankinter a la amonestación del supervisor bancario español, según El Mundo.
El único en admitir un giro en su política comercial fue el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, al subrayar que su capacidad para medir sus propios riesgos es lo que les permite tener «unas ofertas comercialmente muy atractivas», atendiendo «al perfil de cada cliente». Unas palabras en clara alusión a las hipotecas al 100% que comercializa desde marzo.
El límite de riesgo, al contrario que en la época previa a la crisis, parece estar situado unánimemente en el 80% del valor de tasación. Incluso BBVA ve un error que la banca conceda hipotecas con una financiación superior al 80% del valor del inmueble. 

Y aunque el Euribor se sitúa actualmente en un -0,19%, las entidades no pueden disimular su esperanza de que la política monetaria europea se normalice en el próximo año, es decir, que los índices de referencia de sus carteras crediticias sumen al margen de intereses, su principal negocio.
De hecho, más que disimular, señalan que ya están haciendo los preparativos. Así lo indicó Torres Vila cuando reconoció que el grupo ya está variando su estrategia financiera de compra de bonos de cara a una subida de tipos.
Por su parte, Jaime Guardiola, consejero delegado de Banco Sabadell, se muestra convencido de que el BCE ya está allanando el camino y de que la Bolsa premiará generosamente el cambio de perspectivas de negocio en la banca, que ganó 4.586 millones hasta marzo.

A mediados del pasado mes de abril, BBVA dio respuesta a entidades como Bankinter o Santander, que en febrero habían rebajado el diferencial sobre el Euribor en su oferta hipotecaria a un 0,99%. La entidad, que parece decidida a recuperar terreno en el mercado español, no espera a materializar el próximo mes de septiembre su acuerdo para liberar su balance de 13.000 millones de euros y ha rebajado el diferencial hasta el 0,89%.
«No estamos dispuestos a rebajar nuestro listón de riesgo; queremos contratar hipotecas con gente que nos devuelva el crédito», ha señalado, por su parte, María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter.
Si BBVA es capaz de arrastrar al resto de bancos, se verá en las próximas semanas. A las entidades supervivientes de la crisis les ha costado 10 años, la presión constante del BCE y el Banco de España y miles de millones sanear los balances de créditos y activos heredados de la burbuja inmobiliaria. Ahora que desde 2014 se han deshecho de 100.000 millones de euros en créditos dudosos y están cerca de concluir el proceso, no les interesa subir demasiado rápido la tensión en el que es su mayor mercado crediticio.
Mientras agotan su paciencia, los bancos han encontrado el modo de esperar recurriendo a negocios alternativos, como los seguros o los fondos, o recortando los costes.
Así es como Banco Sabadell ha presentado un aumento del 32,8% en comparación con el mismo periodo del año pasado; Caixabank ha hecho lo propio disparándolos un 74% y BBVA, un 11%. Si el margen de intereses, que es el principal negocio, apenas creció un 2%, buena parte de la mejora de los resultados bancarios procedió de reducir a cerca de la mitad las dotaciones para insolvencias.
Por este motivo, todos los grandes bancos cotizados, a excepción de Bankinter, tienen previsto acelerar la venta de carteras improductivas y reducir el «problema inmobiliario» a una cuestión «inmaterial» en sus balances, según han manifestado Santander y BBVA.
Bankinter, por su parte, tiene medido al día lo que supondría un cambio de tendencia en el Euribor: una subida de un punto porcentual en los tipos de interés supondría inyectar 120 millones de euros en su margen de intereses.

Las Autonomías prevén quedarse este año con otros 2.600 millones de las herencias

MADRID.- Los gobiernos autonómicos prevén quedarse este año con más de 2.600 millones de euros de las herencias que reciban los españoles. Es la cifra de conjunto que sale de computar las previsiones de ingresos fiscales recogidas en los presupuestos autonómicos de este 2018 y recopiladas por Abc. A la cabeza se sitúa Cataluña, que aspira a desbancar a Andalucía como la región que más recauda por Sucesiones. 

En cifra neta, el año pasado la Generalitat catalana propinó a las herencias un mordisco fiscal de 458,71 millones de euros. Y este 2018 prevé dar una vuelta de tuerca más y elevar la recaudación por Sucesiones hasta los 483 millones de euros. Andalucía, que en 2017 lideró el «ráking» con 470 millones, este 2018 prevé recaudar algo menos de 400 millones de euros -tras las rebajas tributarias aprobadas finalmente en Andalucía para este impuesto-.
Pese al creciente rechazo social que genera este gravamen, y las movilizaciones ciudadanas que se han emprendido para exigir su supresión, durante el último año el agregado autonómico no solo no redujo la recaudación de Sucesiones sino que la aumentó. Varias regiones han optado por ir reduciemdp la presión fiscal, por aumentar las bonificaciones y exenciones tributarias sobre las herencias. Pero otras mantienen su carga impositiva, en algunos casos después de haberla incrementado en los últimos años.
El resultado de conjunto es que, en 2017, la recaudación global fue un 1% superior a la de 2016. Ascendió a 2.725,5 millones de euros. Y esto sin contar el País Vasco, cuyos tributos son gestionados por las diputaciones forales y el dato no consta en el informe de ejecución presupuestaria autonómica del Ministerio de Hacienda.

Antonio inolvidable / Luis Herrero *

Aún humeaban las ruinas del partido que había acumulado más parcelas de poder en la historia democrática de España. La corrupción había convertido la política en un campo de sal. Las empresas periodísticas, a través de redacciones partisanas subvencionadas con dinero público, habían generado la más burda y perversa instrumentalización informativa de la prensa europea. 

Jóvenes periodistas se dejaban llevar a diario al abrevadero donde se ventilaban ajustes de cuentas y batallas de poder. Proliferó una nueva raza de extraños y bufos debates televisivos que reinventaban obsesivamente la actualidad. Muchos informadores se hicieron cortesanos y los quioscos se atiborraron de propaganda.

Entre los estertores agónicos de aquel fin de ciclo, la izquierda más radical acunó el anhelo del sorpasso y la derecha emergente horadó el butrón que le daba acceso al Gobierno.

Así recuerdo la España de hace veinte años, cuando el siglo XX boqueaba su último aliento y Antonio Herrero se ahogó de repente. Ocurrió el 2 de mayo de 1998. Ahora, dos décadas después, con motivo de este doloroso aniversario, algunos amigos me han preguntado cómo estaría narrando él, si siguiera en el micrófono, la crónica de este tiempo que nos toca vivir. No hace falta imaginar la respuesta. Basta sencillamente con recordar cómo se enfrentó al desafío de su época, a la vez tan lejana y tan parecida a la actual.

Antonio fue, ante todo, un periodista valiente que jamás se puso al servicio de una causa que no estuviera dictada por su conciencia. Fue un hombre libre y luchó hasta el límite de sus fuerzas para que los demás lo fuéramos cada vez un poco más. Ese fue el proyecto, en lo personal y en lo profesional, que inspiró su vida. Y nunca lo prostituyó. 

Ni ante el halago de quienes se arrimaron a él por el confort de su sombra, ni ante la insidia de quienes se la tenían jurada desde el principio, ni ante las amenazas de quienes se la juraron nada más completar el trayecto que les condujo a la Moncloa. Tenía tanta hambre de libertad y de independencia que toda ración le parecía pequeña. Por eso combatió siempre en el límite mismo del exceso. En lo bueno y en lo menos bueno, pero sobre todo en lo bueno: en la entrega, en la pasión, en el ideal y en la lealtad a su jerarquía de valores.

No se rindió nunca. Ni siquiera en los instantes terribles de su último forcejeo, cuando todo el soplo de vida que cabía en sus pulmones se anegó de agua mientras buceaba en el mar de Marbella. Diga lo que diga la ciencia forense, estoy convencido de que la úlcera sangrante no fue la causa de aquel accidente, sino la consecuencia de la última batalla por sobrevivir. 

Antonio debió aferrarse a la vida con tanta ansiedad, incluso en el lance de la muerte, que a su cuerpo de luchador infatigable se le descosieron las costuras de las entrañas. Y ahí se acabó todo. Creo firmemente que murió tal y como había vivido: tratando de asomarse a la superficie, de ganar altura, de levantar la cabeza por encima de la adversidad en busca de bocanadas de aire que le permitieran vivir a chorros, con aquella intensidad exagerada que no he encontrado, ni antes ni después, en ningún otro ser humano.

Le echo de menos todos los días de mi vida, por mucho que su recuerdo me devuelva siempre a la exigencia de la lucha. He nacido con la innata inclinación a escurrirme del lío. Por eso era Antonio, a la vez, amigo y complementario. Nunca dejó que mi vocación por el sosiego se saliera con la suya. Cuando le miraba de reojo, honradamente convencido de que ya habíamos llegado al final de la carrera, me arrancaba con el gesto -y con el ejemplo- una zancada más. Y luego otra. Y otra después de la última. Tanto fue así que viví los últimos años a su lado con la permanente sensación de estar siempre en tiempo de prórroga. A su lado aprendí que el combate no acaba nunca.

Hace veinte años se nos prometió que el triunfo electoral del PP, cimentado sobre las cenizas de la corrupción del felipismo, traería un nuevo orden -principios y regeneración democrática- a la vida política española. Pocas cosas duelen más, a la luz del legado de Rajoy, que aquel amargo recuerdo. Los nuevos gobernantes también nos dijeron que serían capaces de aceptar con naturalidad un combate limpio entre las dos pes que más veces han acabado a tortas en la historia: política y periodismo. 

Demasiado bonito para ser verdad. No podía serlo. Ni siquiera me dio tiempo a decirle a Antonio -lo supe la noche antes de su muerte- que el instinto liberticida de los recién llegados había puesto precio a su cabeza. Pero no hacía falta. Él lo supo antes que nadie. Por eso murió cargado de juventud, apretando en el puño lo que fue su asignatura más querida: la dignidad.

Aquella tarde del 2 de mayo no tuvo suficiente aire en los pulmones para resistir, pero entregó su voz como una espada limpia y desnuda. Durante 25 años su voz insobornable estuvo en la calle, en las ondas, en el monte, en los quirófanos, en los desfiles, en las guerras, en los goles, en las matanzas y en la vida. Sobre todo en la vida. Así le recordaré mientras viva, aunque su recuerdo me devuelva a la fatigosa convicción de que nunca hay paz para los guerreros.

(*) Periodista

https://www.libertaddigital.com/opinion/luis-herrero/antonio-inolvidable-84975/amp.html

Podemos apunta a ‘fuego amigo’: “El PP ha acabado con Cifuentes con sus cloacas y sicarios”

MADRID.- El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este miércoles que aunque Cristina Cifuentes tuviera que dimitir desde hace tiempo por el caso Lezo o el caso de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, no era necesario "destruir sin escrúpulos a un ser humano" como a su juicio ha hecho el PP, con sus "cloacas mafiosas y sus sicarios".

“Lo que hemos visto hoy es fuego amigo. Hemos visto a las mafias del PP eliminando a Cifuentes a partir de la destrucción humana de ella. En política tiene que haber límites. Tenía que haber dimitido por el caso Lezo, por el máster. El problema fundamental no es Cifuentes, es el PP, sus tramas mafiosas, sus tabloides y sus sicarios“, ha denunciado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso.

Así lo ha asegurado al ser preguntado por la publicación de un vídeo de 2011 en el que Cifuentes aparece hurtando dos botes de crema en un supermercado, que ha precipitado su dimisión, y que Iglesias no ha querido comentar, al considerar que “no vale todo”.

“No voy a entrar a hacer ninguna valoración sobre lo que entiendo que puede ser un trastorno mental de alguien. Creo que hay que tener escrúpulos y que en política no vale todo”, ha enfatizado, tras señalar que Cifuentes “debería haber dimitido por otras razones que eran obvias”. 

“El caso Lezo y el del máster eran razones suficientes”, ha insistido.

Así, ha señalado que el episodio vivido este miércoles “no es una buena noticia para la democracia”, porque implica que las “mafias siguen operando”. 

“El problema no es Cifuentes, sino el PP, sus tramas mafiosas, sus sicarios y sus tabloides“, ha recalcado.

Por ello, ha sentenciado que el PP no puede permanecer al frente del Gobierno en Madrid, aunque se ha mostrado poco optimista ante la posibilidad de que Ciudadanos decida dejar de apoyar al PP, porque es “el mejor aliado de los mafiosos”. 

“Es evidente que Ciudadanos trabaja a favor del PP”, ha aseverado. 

“Sostiene a la mafia, es el soporte imprescindible para la corrupción en España. El problema no es Cifuentes, no es Esperanza Aguirre, no es Francisco Granados, no es Ignacio González, no es Miguel Blesa, no es el caso Lezo solamente. El problema se llama PP. El PP es redes mafiosas, sicarios y tabloidoes.

En esta misma línea se ha pronunciado la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero. “Creo que Cifuentes debería haber dimitido hace mucho. Hoy ha caído por fuego amigo, por las cloacas a pleno rendimiento del PP”, ha afirmado.

“Nadie que use las cloacas del Estado como forma de Gobierno debe estar al frente de las instituciones en España y tampoco en Madrid. Por eso me parece vergonzoso que Rivera pretenda hacernos creer que hay alguien limpio dentro del PP”, ha criticado. 

“La regeneración no va venir de quien usa las cloacas como forma de gobierno”, ha remarcado.

Confirmados dos nuevos casos de enfermedad laboral por amianto en 'Metro' de Madrid

MADRID.- El Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo ha confirmado dos nuevos casos de enfermedad laboral como consecuencia de la exposición a fibras procedentes del amianto en Metro de Madrid, tras el reconocimiento de un primer caso de asbestosis, un tipo de cáncer, en diciembre del año pasado.

Según fuentes de la empresa, en las últimas semanas, se ha confirmado el caso de un trabajador de mantenimiento de trenes que ingresó en Metro de Madrid a finales de los años setenta y el de otro trabajador de mantenimiento de escaleras mecánicas que ingresó en la compañía en los años ochenta.

Estos dos nuevos casos se suman al primero que se detectó y en el que está por determinarse el recargo de prestaciones que le corresponderían al trabajador por parte de Metro de Madrid.

Las mismas fuentes del suburbano han asegurado que no hay amianto en las 1.700 escaleras mecánicas del Metro de Madrid, ya que este material fue eliminado antes de la entrada en vigor en 2002 de la prohibición de la producción, comercialización e instalación de productos fabricados con amianto en España.

El plan de retirada del amianto del Metro de Madrid ha comenzado esta semana con la retirada de los seis primeros “apagachispas” de otros tantos trenes.

En esta primera fase, que ha requerido la autorización del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha actuado en seis de un total de 33 trenes de dos modelos antiguos.

El amianto está en el 10 por ciento de un componente eléctrico denominado “apagachispas”, que tiene un tamaño similar al de “una caja de zapatos”, y en los suplementos de contractores, lo que supone una “ínfima” parte de los trenes.

Asimismo, el amianto está presente en un elemento situado en la cabina del conductor de dos modelos de trenes antiguos, en concreto, la placa aislante situada detrás del armario que contiene las resistencias.

La compañía invertirá un total de 140 millones de euros para la eliminación del amianto en toda la red, tanto en el material móvil como en estaciones y otras instalaciones.

En concreto, los trenes del suburbano estarán libres de amianto a finales de 2019, tras la inversión de 5 millones de euros

Hacienda subirá el impuesto a los carburantes y elevará su precio en nueve autonomías

MADRID.- El Ministerio de Hacienda prepara un aumento de los impuestos que gravan los carburantes que amenaza el bolsillo de millones de conductores repartidos en nueve autonomías diferentes. Así consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que ha presentado el Gobierno y en estos momentos se encuentra en plena tramitación parlamentaria, según El Mundo. 

El cambio consiste en la supresión del tramo autonómico del Impuesto Especial de Hidrocarburos que en estos momentos grava el litro de carburante con hasta 4,8 céntimos por litro, según la voluntad de la autonomía. La crisis de los últimos años y la necesidad de algunas regiones de disminuir sus déficit fiscales llevó a que un total de hasta siete comunidades autónomas -Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Cataluña y Galicia- situaran durante los últimos años el gravamen en su rango máximo de 4,8 céntimos por litro, creando una serie de fronteras fiscales entre las propias regiones que rompe la unidad de mercado.

Sólo el efecto de este impuesto hace que en estas regiones cada repostaje saliera 2,6 euros más caro que en las cinco -Castilla y León, Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja- que han aguantado la crisis sin elevar este gravamen a sus habitantes y a los transportistas que aprovechan sus rutas para llenar sus depósitos en estas autonomías. El resto de autonomías ha optado por situar este impuesto en un tramo intermedio que va desde lo 1,7 céntimos por litro en Madrid a los 4 céntimos de Asturias.

Ahora sin embargo serán todos los conductores de estas nueve autonomías quienes verán como el litro de gasolina sube con fuerza en el surtidor si los Presupuestos Generales del Estado salen adelante como están redactados en estos momentos. El plan de Hacienda es «garantizar la unidad de mercado en el ámbito de los combustibles y los carburantes, integrando el tipo impositivo autonómico del Impuesto sobre Hidrocarburos en el tipo especial, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las comunidades autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario», según consta en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Esta medida se traduce es suprimir el tramo autonómico y sumar esos 4,8 céntimos por litro al tramo estatal del impuesto, tanto en las autonomías donde ahora mismo está vigente como en las que no. Esto elevará hasta 7,2 céntimos por litro el tramo especial del impuesto sobre hidrocarburos, que ahora mismo está situado en 2,4 céntimos. Es decir, se suma de forma generalizada los 4,8 céntimos de tramo autonómico. A esta cantidad se añadirían por otro lado una carga de 43,1 céntimos por litro de gasolina y de 30,7 céntimos de gasóleo. Los nuevos impuestos entrarían en vigor el 1 de enero de 2019 si los Presupuestos son aprobados.

Hacienda justifica el incremento de la presión fiscal sobre los carburantes en el cumplimiento de la normativa europea que prohibe la existencia de fronteras fiscales entre los territorios de un mismo país, explican a este diario fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro. El ministerio argumenta, por otro lado, que el cambio está vinculado al cumplimiento de la Ley General de Unidad de Mercado que busca romper las barreras económicas entre autonomías.

El tema de las fronteras fiscales en el precio de los carburantes viene arrastrándose desde el año 2012, cuando el Gobierno suprimió el conocido como céntimo sanitario para introducir un triple tramo del Impuesto Especial de Hidrocarburos: general, especial y autonómico. Este cambio permitió a las autonomías modificar sus propios tributos sobre los carburantes para estimular sus ingresos públicos durante los peores años de la recesión.

El cambio iba en contra de la directiva europea que prohíbe la «regionalización» del impuesto, si bien España confiaba en que el reglamento comunitario fuera modificado para acoger la excepcionalidad geográfica del país. Sin embargo, las pretensiones españolas se vieron tumbadas por la postura en contra de otros Estados como Alemania, Bélgica y Polonia, explican fuentes jurídicas.

El incremento de presión fiscal sobre los carburantes a nivel autonómico se suma a la propuesta que ha realizado el grupo de expertos nombrado por el Ministerio de Energía para abordar la transición del país hacia un modelo energético menos contaminante. Una de las principales medidas propuestas por este grupo consiste en el aumento de un 28% del precio del gasóleo para automoción para financiar la tarifa de la electricidad y el mantenimiento de las carreteras.

Las grandes petroleras se mostraron ayer muy críticas con la subida de la presión fiscal sobre el gasóleo que proponen los expertos. El presidente de la patronal AOP -que reúne a grupos como Repsol, Cepsa o BP-, Luis Aires, calificó de "chapuza" la propuesta de subir el precio del litro de diésel -acercándolo a los 1,4 euros por litro- y propuso que la reforma fiscal sobre este sector se aborde tras un debate «con criterio».

«Estamos completamente en desacuerdo con la propuesta de subir el gasóleo un 28%. No se pueden hacer chapuzas porque el gasóleo ahora no está de moda», señaló Aires en un encuentro con medios. Las petroleras consideran que en el campo fiscal -el que más ruido ha hecho tras la publicación del informe- tiene un «claro sesgo eléctrico» con respecto a los carburantes.

El Tribunal Supremo rebaja el margen de error de los radares de Tráfico

MADRID.- El Tribunal Supremo ha establecido que los radares móviles de Tráfico que realizan la medición de la velocidad desde una ubicación en trípodes o en coches parados tienen un margen de error del 5 % y no del 7 %, por lo que atribuye a este tipo de dispositivos el mismo porcentaje que a los fijos.

Con este criterio, el tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por un conductor, que fue grabado por un radar cuando conducía a 214 km/h por la AP-68 (sentido Zaragoza), contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que le impuso el pago de una multa de 1080 euros y la prohibición de conducir durante un año y un día por un delito contra la seguridad vial.

La Sala se plantea si un radar cuando se coloca sobre un trípode o en un vehículo parado es un instrumento fijo o móvil a los efectos de determinar el índice de error del 5% o del 7%, ya que considera que las órdenes ministeriales que regulan estos dispositivos -fijos y móviles (estáticos o en movimiento)- no aclaran esta cuestión.

En el caso planteado en este recurso de casación -señalan los magistrados- dicho porcentaje es relevante pues, en función del margen de error que se aplique, el conductor puede ser absuelto o condenado.

De hecho, el juzgado de lo Penal nº 3 de Pamplona le absolvió al considerar que el aparato de medición era móvil, por lo que después de aplicar un margen de error del 7% concluyó que la velocidad a la que circulaba el conductor podía ser de 199 km/h, y no superaba en 80 km/h la velocidad máxima permitida en esa vía, luego no era delito.

Por su parte, la Audiencia Provincial de Navarra entendió que el sistema de medición era estático, con un margen de error del 5%, por lo que la velocidad a la que circulaba era como mínimo de 203 km/h. Al superar el margen legal, revocó la absolución y condenó a este conductor como autor de un delito contra la seguridad vial.

La conclusión a la que llegan los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo es que “si el aparato de medición, cinemómetro, es empleado desde una ubicación fija, esto es sin movimiento, ya sea fijo o estático, el margen de error es del 5%“.

Y afirman, además, que esa catalogación es “lógica” porque “la medición de la velocidad, desde un radar fijo, o desde una instalación sin movimiento, supone un menor margen de error que la medición realizada desde un dispositivo en movimiento”.

El vídeo de Cifuentes robando cremas en 2011, investigado por Protección de Datos

MADRID.- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha anunciado que ha abierto actuaciones de investigación en relación con el polémico vídeo de Cifuentes. Según han indicado fuentes del organismo estatal, la apertura de las citadas actuaciones se produce de oficio, y recuerdan que la propia Cifuentes podría haber presentado una denuncia ante la agencia si considera que se ha producido una vulneración de sus derechos, como cualquier otro ciudadano.

A partir de ahora, según detallan las fuentes consultadas, tendrá que dilucidarse quién sería el responsable de la protección de los datos en el caso de la difusión de las imágenes de Cifuentes, así como la sanción a imponer en caso de que se constatara la infracción de la normativa de protección de datos personales.

El pasado 17 de abril, la directora de la AEPD, Mar España, anunció que si se verificaba que se había producido un acceso indebido a los datos personales en el caso del máster de Cifuentes, la agencia iniciaría las actuaciones que fueran pertinentes.

El fin de la 'happy hour' y las copas en los parques de bolas

MADRID.- La ley para retrasar el inicio del consumo de alcohol por parte de los menores tomó forma este martes en el informe que ha aprobado la Comisión Mixta del Congreso y Senado para el estudio del problema de las drogas, que incluye nuevas prohibiciones sobre consumo y exhibición de alcohol ante los menores de edad, tal como recuerda 20Minutos.

También recupera otras, como la prohibición a menores de 18 años de entrar a espectáculos y conciertos donde se venda alcohol y propone revisar la contabilidad fiscal de los impuestos especiales de todas las bebidas en relación con su cantidad de alcohol puro, con la idea de ir elevando "progresivamente" esta tasa.

Estas y otras medidas que, tras escuchar a 38 expertos, la comisión quiere que se refleje en una futura ley.

Fin de la "happy hour". El informe prohíbe las ventas reducidas en horarios específicos porque "fomentan el consumo de atracón". Los bares, además, deberán suministrar agua gratuitamente o a "precio reducido". Prohíbe la venta ambulante de bebidas alcohólicas, en gasolineras y venta online y recomienda prohibirlo también en máquinas autoexpendedoras, así como endurecer las medidas para el reparto a domicilio de bebidas alcohólicas, con el fin de asegurar que los compradores no son menores.

Botellón. El informe insta a las administraciones públicas, sobre todo a los ayuntamientos, a asegurar que no hay menores consumiendos en espacios públicos, haciendo botellón, y pide prestar "especial atención a la dispensación gratuita y la venta a menores en fiestas, festejos o eventos de gran confluencia".

Propone prohibir también el consumo en la vía pública, salvo terrazas o áeras autorizadas, y pide a las administraciones públicas que se pongan de acuerdo en las restricciones que se pueden aplicar los macrobotellones y botellódromos.

Lejos del niño. Para no promocionar la cultura del alcohol, la ponencia propone prohibir su venta en lugares donde haya menores de edad. Además de colegios e institutos, cita centros deportivos, parques temáticos, ludotecas, museos, biblotecas o cines. También pide que se revise "la densidad" de puntos de venta alrededor de lugares destinados a menores o frecuantados por ellos, un perímetro en el que tampoco se podrá publicitar.

Asimismo, propone prohibir la exposición de bebidas alcohólicas en los escaparates e insta a supermercados y grandes superficies, a aumentar la vigilancia sobre los productos alcohólicos y a colocarlos detrás del lineal de cajas para que "sea imposible su robo".

Tasa "0". Para los menores de edad, la tasa de alcoholemia debería reducirse de 0,25 a 0 y las fuerzas y cuerpos de seguridad deberían poder hacer controles de aire respirado a menores aun cuando no estén conduciendo o requistar envases con supuesto contenido alcohólico.

Por lo que respecta a la autoridad, el informe también propone dar potestad para que responsables de bares o de venta a domicilio puedan obligar a que se les muestre el DNI del cliente para comprobar su edad.

"Ni una gota" . La publicidad ocupa varios apartados de un informe que propone modificar la recomendación de "consumo moderado" o "es tu responsabilidad" por otro más taxativo como "tolerancia cero en menores", "menores sin alcohol" o "menores ni una gota". Propone campañas contra el consumo entre menores similares a las campañas de "circulación vial".

Cierre de bares. La ley contra el consumo de alcohol por parte de menores incluirá sanciones, entre ellas, el cierre de bares o comercios que les vendan alcohol"de manera reiterada". También, aumentar las sanciones para establecimientos que vendan fuera de los horarios permitidos, así como por consumir en la calle, en cuyo caso se contemplan más sanciones o su sustitución por "trabajos para la comunidad".

En este punto, el informe regresa a la responsabilidad de padres y tutores –a quienes dedica un capítulo anterior para que sean vigilantes– y para los que establece también sanciones "proporcionadas" y con "una clara orientación educativa".

Por eso, propone que los tutores puedan "condonar la sanción" con "actividades reeducativas" junto a los menores a su cargo. En caso de "reincidencia grave", el informe se remite a la ley de Protección del Menor.

Conciertos y espectáculos. Si obedece al informe, la futura ley contra el consumo de alcohol entre menores daría un paso atrás respecto a leyes autonómicas que, en la Comunidad Valenciana o Cantabria, permiten la entrada de menores a conciertos sin su tutor. La ponencia busca prohibir "la entrada  de menores de 18 años en establecimientos cerrados que sirvan  bebidas alcohólicas, como salas de fiesta, discotecas, eventos o espectáculos salvo que vayan acompañados".

Cada vez beben más y más pronto. En su introducción, la ponente del informe, la diputada Tania Sánchez (Unidos Podemos) dibuja un panorama alarmante sobre los hábitos de consumo de alcohol entre los menores de edad, que cada vez empiezan antes y entre quienes son frecuentes los "atracones". "Más de 700.000 menores admiten beber cinco o más copas en un corto espacio de tiempo", señala.

El informe alude a estadísticas que señalan que 14 años es la edad a la que empiezan los menores a consumir alcohol.

El "consumo de atracón", prosigue el informe, ha provocado en los últimos años  fallecimiento de niños y niñas por tomar excesivas cantidades de alcohol y, en algunos casos, importantes daños para su salud. Al menos 6.000 menores fueron ingresados por comas etílicos en el año 2016, dice el documento.

Plagio: por qué la Universidad es blanda con los tramposos

MÁLAGA.- Mientras las universidades cuentan cada vez con herramientas más eficaces para detectar plagios, siguen careciendo de un reglamento nacional y moderno que les diga a qué se enfrentan los que suelen trabajar con el copia y pega o los que directamente lo subcontratan, sobre todo trabajos de fin de grado o el de máster, como el polémico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, recuerda El Mundo. 

En España, las sanciones al incumplimiento de los deberes académicos se recogen aún en un texto franquista de 1954 debido a que los distintos gobiernos han incumplido el plazo de un año para renovarlo que fijó en 2010 el decreto del Estatuto del Estudiante Universitario.
Entre los deberes de los universitarios está el "abstenerse de la utilización o cooperación en procedimientos fraudulentos en las pruebas de evaluación, en los trabajos que se realicen o en documentos oficiales de la universidad". 

Ahí estaría el uso del pinganillo, las chuletas digitales, el pasarse las respuestas por el móvil y el fusilar trabajos a gogó. Pero, pillados en esas actitudes, no suele caber más que el suspenso en la asignatura.
Sin embargo, universidades como la Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona han innovado en la interpretación de ese deber e incluyen en él "omitir conscientemente el reconocimiento de una persona en trabajos o actividades académicas, o falsear esta aportación. 

El plagio, la copia, las citas evidentemente incorrectas en los documentos y las demás carencias graves de respeto a la propiedad intelectual. La publicación duplicada de trabajos no autorizada, la supresión relevante de datos pertinentes o la inclusión de datos falsos". O sea, el plagio en sus muchas acepciones, con una sanción que puede llegar hasta la expulsión.
¿Qué ha pasado con el mandato para actualizar a Franco en 2018? Pues no mucho. El Ministerio de Educación informa de que está a la espera de que la Conferencia de Rectores (CRUE) mande sus aportaciones y, ésta, a su vez, reconoce que están en una fase "inicial" de diálogo con los representantes del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceue). A su vez, fuentes de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), finalmente, confirman: "Muy inicial". Ocho años después de la aprobación del estatuto, no hay ganas de derogar un texto franquista que, en su ejecución, además, resulta de lo más farragoso de aplicar, como explica Benito Arruñada, catedrático de la UPF, quien sólo recuerda un expediente abierto a un alumno.

El 'Remedio Turnitin'

Mientras, surgen portales como nohagasnada.com, donde se pueden encargar los trabajos universitarios por número de páginas y referencias que se quieran incluir. Pero, a la vez, herramientas de software como Turnitin les obligan a ser muy sofisticados en los trabajos, porque el programa, usado en universidades de todo el mundo, es muy eficaz detectando plagios. 

Es otra de las batallas que se libran en el ciberespacio: plagiadores y detectores.
Mientras, según el director del Secretariado de Promoción de la investigación y Cultura Científica de la Universidad de Sevilla, Ricardo Chacartegui, en esta institución llevan ya un año de programa de prevención antiplagio, enseñando cómo usar Turnitin: "Tenemos campañas en todos los centros y los trabajadores de la biblioteca son muy buenos con ellas. Además, están todos muy conectados a redes de bibliotecarios por España y comparten buenas prácticas". 

El objetivo es que plagiar, copiar, esté muy mal visto, según Chacartegui. 

 Que nadie pueda ir presumiendo de lo que ha fusilado, además de ofrecer formación, porque hay ocasiones en las que los alumnos no saben cómo citar bien. 

Todavía parecemos estar algo lejos: hace sólo un año se ovacionaba a Fernando Suárez, ex rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, pese a las evidencias de que había copiado partes de trabajos en su trayectoria académica.
No obstante, debido al precio de las licencias de este programa, por ahora sólo se usa en Sevilla para los trabajos de fin de grado y máster, así como las tesis doctorales. De todos modos, dos profesores consultados confiesan no tener ni mucho tiempo (ni ganas) para comprobar los plagios en los trabajos de las asignaturas. 

En las tesis es imposible que haya plagio- afirma Chacartegui-, por cómo trabajan los profesores con sus alumnos. En fin de grado y de máster sí ha habido casos en los que se han echado para atrás los trabajos, lo que supone de facto no conseguir el título.
Mientras, en países donde se lleva años usando la herramienta, como en Reino Unido, sí que hay ya informes sobre la incidencia en las prácticas universitarias y el descenso de los plagios detectados. Porque la compraventa de trabajos, por ejemplo, no es algo que sólo ocurra en España.
La batalla en el ciberespacio no es nada comparada a la que podría surgir entre partidos, sindicatos de estudiantes y rectores si se decidieran finalmente a regular las sanciones por estas faltas graves en esa parte del Estatuto que quedó por desarrollar.

¿Una propuesta fascista?

Federico Morán, catedrático de Bioquímica y ex secretario general de Universidades con José Ignacio Wert, no es optimista sobre la actualización del texto de 1954: "En España, cualquier norma sancionadora no nos gusta. 

Unos dirán que las propuestas son fascistas, otros que son populistas y no vas a poner de acuerdo a todos" en una norma que debería dejar claro por qué se puede expulsar de la Universidad a un alumno o a un profesor. 

Por plagio, por ejemplo, como ocurre en las universidades anglosajonas, donde hay códigos de conducta en los que, como en Harvard, dicen que vender apuntes o realizar trabajos por encargo es una falta disciplinaria que puede acarrear la expulsión.
Jesús de Alba, recién elegido presidente de la Creup, sí cree que hace falta un texto nuevo "que proteja a estudiantes y sus derechos, así como garantice la adecuación al actual marco normativo del procedimiento sancionador, puesto que la normativa que sigue vigente es preconstitucional y hace referencia a preceptos y tipos penales ya derogados" e insiste en el mandato de 2010. 

Además, enfatiza que "los plagios son un acto inaceptable que ataca la credibilidad de quien lo ejecuta y de la institución que lo sufre, cuestionando la calidad de la misma".
Algo en lo que está de acuerdo Lluis Val, representante de Turnitin en España, que cree que ahora mismo "todas las universidades son conscientes de la amenaza que supone el plagio" y pone la lucha contra esa práctica como una de las condiciones para que España alcance la élite universitaria mundial.

 La CRUE explica que el plagio tendrá su "tratamiento específico en la normativa a la que se ha hecho referencia, sin excluir acudir al Ministerio Fiscal en aquellos casos en que se estime necesario".
En Reino Unido, hace un año, se encargó un informe sobre lo extendida que estaba la práctica de pagar por trabajos que, allí, está considerada "plagio masivo". El informe de la agencia de calidad de las universidades hablaba de cientos de sitios web donde se podían encargar los trabajos y recomendaba medidas legales contra ellos inspirados en Nueva Zelanda, donde se cerraron y congelaron activos. 

También se aconsejaba las sanciones para los alumnos. Ellos ya han dado la batalla contra el plagio por concluida, gracias al software, pero están en cómo combatir los trabajos por encargo.
En nuestro país, mientras tanto, aún seguimos dándole vueltas a un texto de Franco.

China, paraíso del copia-pega


China es otro de los países que no penalizan mucho socialmente el plagio. Medio millón de universitarios chinos estudian en el extranjero y, con ellos, llega una cultura donde está asentado el 'subcontratar' trabajos académicos. 

En EEUU, en 2015, 8.000 de ellos fueron expulsados, provocando una situación curiosa: por un lado, los estudiantes asiáticos siguen manteniendo una imagen de esfuerzo e inteligencia pero, por otro, las nuevas hornadas de hijos de ricos son muy distintas.

Ultimátum de Sanidad a los productos homeopáticos

MADRID.- El Ministerio de Sanidad dará tres meses de plazo a los fabricantes de productos homeopáticos para que los preparados sean sometidos a las pruebas de seguridad y calidad por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps). 

En caso de no presentarse, tendrán que ser retirados de las farmacias y su venta quedará prohibida en España, según se acordó durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, explicó al término de la reunión que todos los productos homeopáticos que pasen las pruebas tendrán que llevar la etiqueta de 'medicina homeopática sin indicación terapéutica'. Y es que, según subrayó la titular de Sanidad, sobre estos artículos «no hay evidencias terapéuticas».

Sanidad al realizar la transposición de la directiva de la Comisión Europea que regula estos preparados da la oportunidad a los fabricantes para que presenten los productos que consideren oportunos a los controles médicos y ensayos clínicos que, una vez superados, les darían la categoría de medicamento. 

«Esos controles serán los mismos a los que se somete cualquier otra medicina», apuntó la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al término de una reunión que se prolongó ocho horas, en la que sobre este asunto concreto hubo unanimidad entre el Gobierno y los consejeros autonómicos.

La ministra de Sanidad recordó que España está obligada a trasponer esta legislación europea porque «de no hacerlo, no podríamos evitar la sanción». En todo caso, insistió en que la Aemps garantizará la transparencia y rigor en esta evaluación por lo que está previsto que, una vez determinados los productos de venta autorizada, el ministerio realizará una «campaña informativa sobre los que van a entrar en el mercado». 

Desde Sanidad insistieron en que no saben en este momento cuántos productos homeopáticos de las decenas de miles que actualmente están a la venta pasarán los exámenes.

Respecto a los profesionales de la medicina, el Consejo Interterritorial fue informado sobre el real decreto que creará la especialidad de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia. En este punto, los consejeros requirieron que también fuesen aprobados en el futuro los de Urgencias y Enfermedades Infecciosas, lo que, según Montserrat, será abordado por la comisión de recursos humanos.

También fue analizado el futuro real decreto de indicación enfermera, para que este grupo de profesionales sanitarios queden habilitados para prescribir medicamentos o realizar vacunaciones, competencias actualmente de los médicos. 

De entrada, durante la sesión se insistió en la acreditación para estas labores de los titulados universitarios en Enfermería. Varios consejeros destacaron que la acreditación es automática en el caso de los titulados superiores, no así para los antiguos auxiliares técnicos sanitarios (ATS) que tendrán que demostrarla.

Por otra parte, Montserrat anunció a los consejeros que la próxima reunión del Consejo Interterritorial, que se celebrará el 16 de mayo en Toledo, será dedicada exclusivamente a la financiación sanitaria.

El Congreso aprueba el desalojo exprés de viviendas de particulares okupadas

MADRID.- La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado una proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la okupación ilegal. Esta comisión de la Cámara baja ha enviado la reforma de la ley al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el texto no encontrará ningún obstáculo para salir adelante, aunque luego deberá volver al Congreso. 

La reforma ha sido aprobada por 19 votos a favor y 18 en contra —se han opuesto el PSOE, Unidos Podemos y ERC— y en cuanto entre en vigor tras su ratificación en la Cámara alta permitirá el desalojo exprés de las viviendas de propietarios que sean "personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de viviendas social". Los tres partidos que se han opuesto mantienen que la modificación no garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan okupado un inmueble, según El País.

El grupo parlamentario confederal ya había alertado de que la proposición de ley para agilizar los procesos de desalojo ante ocupaciones de vivienda abre la puerta a que los bancos y fondos buitre pudieran acogerse a este procedimiento de desahucio exprés.

El PSOE finalmente se ha descolgado de un texto que, en buena parte, había acordado y respaldado en la fase de ponencia. Lo ha motivado en que el resultado "final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes". 

En la votación de enmiendas en la comisión se han excluido del proceso de desahucio exprés a las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que venían incluidas en el texto aprobado por la ponencia, lo que abría la puerta a que entidades financieras o fondos buitre pudieran acogerse a estos procedimientos.

Podemos había denunciado que entre las entidades que pueden acogerse a este nuevo procedimiento figuran "entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social al que pertenezca el inmueble que no gocen de privilegios administrativos para recuperar la posesión". Es decir, "bancos y lo que haga falta", había denunciado este lunes la portavoz de En Comú, Lucía Martín.

La propuesta finalmente aprobada abre la puerta a pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y "entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".

En este caso, se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión. 

Ante esto, "exclusivamente" podrán fundamentar su oposición a la demanda en "la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título" por parte del demandante. En caso de no aportarse "justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda". Contra este auto, señala la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda". 

También se dictará sentencia "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La ponente del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha asegurado que en ningún caso buscaban permitir "que puedan acogerse ni fondos buitre ni cualquier entidad que pueda especular con la vivienda". 

"No es nuestra intención", ha declarado. Ciuró ha confirmado que han trabajado en "un redactado para que no quede ni la más mínima duda de que únicamente puedan acogerse Administraciones públicas y ONG, tal y como constaba en la iniciativa original, y hasta en el propio título inicial de la propuesta, que mencionaba la disposición de viviendas a entidades sociales y Administraciones públicas. Ahora, se limita a hablar de la okupación ilegal de inmuebles".

La ley también contempla la comunicación "a los servicios públicos competentes en materia de política social" en diferentes fases del proceso "si procediera su actuación", aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de "los interesados". 

La primera de ellas, en caso de identificarse a los ocupantes al efectuar la notificación de la demanda, al acordarse la entrega de la posesión de la vivienda y el desalojo y también cuando se fije la fecha para ejecutar el desahucio. Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días para que estos servicios públicos puedan "adoptar las medidas de protección que en su caso procedan".

Sin embargo, la proposición de ley no garantiza una alternativa para los desahucios de estas okupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad. 

Pero sí que establece la obligación de las Administraciones públicas de que incorporen en sus protocolos de vivienda "medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial", con el fin de "dar respuesta adecuada y más lo más inmediata posible" a casos de vulnerabilidad.

Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposición adicional, "garantizarán la creación de registros" donde incorporar "datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión".

La aprobación del desalojo exprés ha agrandado la brecha en Cataluña entre el PDeCAT y la CUP. La diputada autonómica de la CUP Natàlia Sànchez ha acusado al partido de Carles Puigdemont de facilitar los desahucios de viviendas con su propuesta para "blindar privilegios" de "la elite que especula con las propiedades" inmobiliarias. 

En ese sentido, ha considerado "gravísimo que el PDeCAT lidere políticas que van en contra de las clases populares para convertir las viviendas en material de beneficio y de especulación".

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que esta sea la única ley que se está planteando en materia de vivienda, que a su juicio acelerará los desahucios de viviendas ocupadas y "generará una nueva ola de desahucios". 

"Es muy fácil ir legislando a favor del desahucio y que después todas las consecuencias las tengan que gestionar los Ayuntamientos", ha criticado.

La mayoría de los jubilados no se ha financiado su pensión pública

MADRID.- Llama mucho la atención que la algarada callejera promovida por los sindicatos y los partidos de izquierda con los pensionistas en las últimas semanas, y que ha sido neutralizada con poco más que un aguinaldo del Gobierno, resista todavía en el País Vasco, sobre todo en Bilbao, según Cinco Días. 

Todas las semanas centenares de señores y señoras reclaman en la calle una “revalorización digna” de sus pensiones. Llama la atención hasta la sorpresa que la aristocracia de la Seguridad Social mantenga el pulso de manera tan vívida, cuando disponen de los mejores niveles de renta pública de todo el país. 

En el País Vasco la pensión media de jubilación es ahora un 23,5% más elevada que en el resto de España, pero esa ventaja llega al 26,3% si el perceptor es del mismo Bilbao, donde se cobran los retiros más elevados del Estado. Nada menos que un 53% más altas que las extremeñas o las gallegas.

Puede interpretarse su numantina reivindicación como un ejercicio de solidaridad con el resto del Estado, en el convencimiento de que su demanda se imponga y se extienda a todo el territorio. 

Pero sorprende descubrir que la solidaridad se manifiesta más bien al revés. Las cuentas de la Seguridad Social desagregadas por territorios revelan que uno de los mayores niveles de déficit de cotizaciones se registra precisamente en el País Vasco: en 2016, últimas cuentas plenamente cerradas por la Tesorería General del sistema de pensiones, las cotizaciones empresariales y sociales aportaron 5.951 millones de euros en el País Vasco, mientras que el gasto en pensiones contributivas (las que teóricamente deben costearse con cotizaciones) ascendió a 8.223 millones de euros; un déficit de 2.272 millones de euros, nada menos que del 27,6%.

 Un déficit de unos 4.139 euros por cada pensionista (y hasta 4.852 si se trata de los residentes en el mismo Bilbao), y que se incrementaría si su reivindicación de una “revalorización digna” fuese atendida. Por supuesto que todas las reivindicaciones son legítimas, pero algunas, y esta está entre ellas, son imposibles porque son infinanciables.

La solidaridad en la Seguridad Social viaja en todas las direcciones, y dado que se trata de un compromiso entre generaciones, entre niveles de renta y entre territorios, su tesorería debe estar unificada en una sola caja y sometida a un criterio de aportaciones y prestaciones unificado para todo el territorio que garantice la igualdad de todas las personas, vivan allá donde lo deseen. 

Una caja única que en ocasiones han pretendido descerrajar las demandas nacionalistas, pero que han sido neutralizadas por unas simples cuentas de entrada de recursos y salida de prestaciones. 

La hoja de ruta diseñada por los independentistas catalanes preveía la creación de su propia Seguridad Social, pese a que en Cataluña el sistema de pensiones tiene también un importante déficit de cotizaciones, de nada menos que 3.214 millones de euros, un 15,22% de los gastos en prestaciones contributivas. Debe ser por ello que entre sus planes estaba que España siguiese abonando las pensiones durante un tiempo después de creada la República Català. 

En el caso del País Vasco, también estuvo entre sus demandas en el pasado; pero hace ya mucho tiempo que ha desaparecido del catálogo de competencias por inconveniencia financiera. Ahora ha revivido por conveniencia parlamentaria, pero solo se reclama abonar las pensiones a los ciudadanos, pero que el dinero lo ponga Madrid.

Hoy, con un desfase financiero de unos 18.000 millones de euros, la Seguridad Social no dispone de recursos aportados por los trabajadores y los empresarios para satisfacer las prestaciones contributivas. 

Y un análisis regional de las cuentas revela que casi todas las comunidades tienen déficit contributivo, con las únicas excepciones de Madrid, Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y si las cuentas territorializadas de las pensiones registran abultados déficits con las citadas excepciones, es porque las cuentas de cada uno de los españoles con la Seguridad Social también son deficitarias. 

De hecho, nadie, ni el español que por más tiempo y por mayores cuantías haya aportado al sistema público de previsión se ha financiado la totalidad de la pensión que con la esperanza de vida actual va a llegar a su casa. Nadie.

Un cálculo de la prestación a cobrar por cualquier cotizante con la actual legislación demuestra que nadie ha puesto lo que se va a llevar en condiciones normales. La gente precisa cotizar durante al menos 15 años para acceder a una prestación contributiva de retiro, y la prestación será superior cuantos más años y por mejores cuantías haga las aportaciones. 

Dado que desde que comienza Juan Español a cotizar con su primer empleo hasta que percibe su última pensión cambian las condiciones de vida, la norma aplica coeficientes que corrijan los efectos destructivos de la inflación, tanto en las cotizaciones como en las pensiones.

Pero aplicando las fórmulas de cálculo recogidas en la norma como si no hubiese inflación en los 40 años que cotiza un trabajador y los 20 que de media percibe pensión para hacer un ejercicio lo más fiel posible de lo pagado y de lo cobrado, podemos aproximarnos al nivel de autofinanciación que cada cual tiene con su pensión.

Realizamos el cálculo de la pensión a percibir por seis individuos que se jubilan en enero de 2022, cuando haya culminado una parte importante del periodo transitorio de la reforma de 2011, cuando sean precisos ya 66 años de edad, 36 de cotización mínima para disponer del 100% de la base reguladora, y cuando se contabilicen los 25 últimos años de cotización para calcular las cuantía.

El Ciudadano A, un ingeniero industrial de carrera ininterrumpida de cotización, ha aportado siempre por la base máxima, pongamos los 3.751,2 euros actuales durante 36 años (recuerde que España ha vivido en el mejor de los mundos sin inflación durante seis décadas para hacer este simulacro), y con una aportación neta de 1.061,58 euros al mes (de los que la mayor parte los ha puesto la empresa, y no él), alcanza los 12.739 euros al año, o la nada despreciable cantidad de 458.604 euros durante los 36 años de activo.

Dado que tendría derecho a percibir el 100% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 300 y dividida por 350), cobraría una prestación de 3.215,29 euros al mes, que llegarían a los 45.014,06 euros con las 14 pagas. Como ya prácticamente ahora la esperanza de vida a la jubilación legal es de casi 20 años, el Ciudadano A se llevará a su casa 900.281 euros. 

Pero como una de las virtudes de la caja única para garantizar la solidaridad es topar la prestación máxima en 2.580 euros, el citado pensionista solo percibirá tal cantidad 14 veces al año, y 722.428 euros hasta el fallecimiento. El déficit personal con el sistema ascenderá a 263.824 euros, y sus aportaciones solo habrían financiado la pensión 12,69 años.

El Ciudadano B, con una vida laboral más dilatada, con 46 años de aportaciones, siempre en base máxima de cotización, habría cotizado 558.992 euros, su déficit personal llegaría solo a los 136.436 euros, y habría financiado 16,22 años de jubilación.

Veamos qué relación financiera tiene con el sistema un trabajador en el polo opuesto: un auxiliar administrativo que solo aportó los 15 años exigibles para disponer de retiro contributivo. Con la base estanca de 858,6 euros (la mínima), el Ciudadano C aporta 2.915,8 euros al año, y 43.737 durante los 15 años de cotización. 

Como solo tiene derecho a percibir el 50% de la base reguladora (base de cotización multiplicada por 180 y dividida por 210), cobrará una pensión de 367,97 euros 14 veces al año, que pueden llegar a los 103.031 durante todo su retiro. Pero la Seguridad Social, con la virtud de la caja única y solidaria entre niveles de renta, le abonará un complemento hasta llegar a la pensión mínima garantizada de 639,3 euros al mes. 

Así, percibirá 8.950 euros al año, y 179.004 durante los 20 años de media que vivirá como pensionista. Su déficit personal con el sistema será de 135.267 euros, y solo habría financiado la pensión de 4,88 años. Un hipotético Ciudadano D, con la mala suerte de aportar solo 15 años, pero con la buena fortuna de hacerlo por base máxima, solo podría financiarse la prestación de retiro durante 8,49 años.

Cotizar por bases medianas, que es lo más común, como hace el Ciudadano E, no mejora mucho las cosas respecto a su relación financiera con el sistema aunque se haya aportado durante 30 años: el déficit personal sería de 242.000 euros, la mitad de la prestación, y solo cubriría 9,83 años. Si se cotizan 36 años por la base mínima, como hace el Ciudadano F, donde se refugian autónomos y trabajadores manuales, el déficit es también de la mitad de la prestación cobrada, justo para 10,1 años.

Pero la Seguridad Social no son cuentas personales. Es un mecanismo de reparto que no es otra cosa que un sistema piramidal de adscripción obligatoria en el que con las aportaciones de los entrantes se les abona la pensión a los salientes, y siempre se necesitará una masa suficientemente elevada de ahorradores (cotizantes) para poder devolver lo ahorrado a los pensionistas. 

Con los actuales volúmenes de aportación y de pensión individual, siempre serán necesarios cerca de tres afiliados por cada prestación, al menos mientras el retorno de la primera pensión sea tan elevado como es (casi el 80% del último sueldo, el más generoso de Europa); ahora únicamente hay dos personas pagando por cada una cobrando, pero con grave desequilibrio para el mecanismo, que se agravará si no se modifican las cuantías a aportar (al alza) y las cuantías a cobrar (a la baja).

En marzo pasado cotizaban en su condición de ocupados 18,5 millones de personas (también lo hacen los desempleados con seguro contributivo, pero lo hacen de forma transitoria hasta que agoten la prestación), para sostener a 9,58 millones de pensiones públicas. Una ratio de dependencia de 1,93 cotizantes por pensionista. 

Y una vez más, solo Canarias (2,51), Baleares (2,38), Madrid (2,71), Murcia (2,31) y Navarra (2,05), junto con Ceuta y Melilla, superan el listón de lo aceptable. Cantabria (1,51), Asturias (1,18), Castilla y León (1,46) y Galicia (1,29) están en situación cuasi dramática, acuciadas por una despoblación y una desocupación crecientes.

Estas ratios tan desiguales tienen también bastante que ver con la movilidad demográfica tras el retiro, de tal forma que las regiones que concentran mayores niveles de empleo lo pierden en favor de las de mayor arraigo rural para acoger a los pasivos, un fenómeno que se manifiesta de forma intensa en Castilla, Extremadura y Galicia. En algunas provincias la ratio de dependencia es inferior a uno, con menos de un cotizante por cada pensionsta: Zamora, León, Orense, Soria, etc.

Este déficit territorial que empaña a casi todas las comunidades es el que convierte a la caja única de la Seguridad Social en sagrada, para atender las deficiencias allí donde se producen, ya sea de forma puntual (acogida de pasivos) o endémica (falta estructural de activos).

Carmena subvencionó a 21 personas de cooperativas vinculadas a 'Ahora Madrid' y el 15-M

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid subvencionó con un total de 48.470 euros a 21 socios de cooperativas y sociedades laborales vinculadas al entorno de Ahora Madrid, Podemos y el movimiento 15-M, según una investigacion de El Mundo. Las subvenciones, concedidas a título particular en diciembre de 2016 por el Área de Economía y Hacienda, tenían como fin «capitalizar cooperativas y sociedades laborales» dentro de la política del Consistorio de financiar empresas de la economía social. 

Según consta en el decreto de la convocatoria pública de las subvenciones, del 25 de octubre de 2016, el Ayuntamiento justifica las ayudas en que «el contexto general de crisis» ha ocasionado «problemas de liquidez y capitalización» que amenazan de forma particular a las empresas dedicadas a la economía social, «por lo que el crédito es una palanca indispensable».
Las empresas de economía social se basan, entre otras cosas, en que la mayor parte de su accionariado debe ser propiedad de los propios trabajadores, por lo que el Ayuntamiento, con esas ayudas, subvencionaba parte de las aportaciones que los socios habían hecho al capital social de la sociedad o pagaba los intereses del capital principal.
En concreto, el Área de Economía, dirigida entonces por Carlos Sánchez Mato, otorgó 3.000 euros a cada uno de los cinco socios fundadores de Paisaje Transversal, los arquitectos-urbanistas Iñaki Romero, Guillermo Acero, Pilar Diaz, Jorge Arévalo y Jon Aguirre. Este último fue una de las caras más visibles del 15-M, ya que fue uno de sus portavoces. 

El germen del que nació Ahora Madrid se gestó precisamente en las acampadas de Sol de 2011.
En su propia página web, la sociedad se define como una oficina que «impulsa, coordina, diseña y asesora procesos innovadores de transformación y análisis urbano desde la participación, la ecología y la creatividad». Paisaje Transversal también ha sido adjudicatario de varios contratos menores del Ayuntamiento (que no necesitan concurso público).

Tres contratos menores

En el cuarto trimestre de 2015, al poco tiempo de llegar Ahora Madrid al Ayuntamiento, recibieron tres contratos menores de las Áreas de Cultura y Deportes [dirigida entonces por Celia Mayer] y de la Junta de Fuencarral-El Pardo [dirigida por Guillermo Zapata], con distintos objetos, que juntos suman alrededor de 50.000 euros.
En 2016 se le asignó un contrato de la Junta de Arganzuela [dirigida por la edil Rommy Arce] para el «diagnóstico y mapeo general del distrito». El contrato fue de 19.965,00 euros. Ese mismo año, el distrito de Puente de Vallecas [liderado por el concejal Paco Pérez] les adjudicó 14.520 euros para un proyecto de renovación del Bulevar Plaza Vieja. Paisaje Transversal también ha trabajado para los Ayuntamientos de Córdoba, Zaragoza o Barcelona, entre otros.
Jon Aguirre, uno de los cinco socios de Paisaje Transversal, quiso aclarar ayer que «estas ayudas son completamente legales, lícitas, intachables y éticamente irreprochables». Además, dijo que él no tiene «ninguna vinculación con Ahora Madrid ni con el Ayuntamiento, ni con ningún partido político». 

«Hemos trabajado durante años para todos los partidos, no entiendo por qué se me vincula con un partido concreto cuando estuve en un movimiento que dejé hace siete años, y el resto de mis socios además no tiene nada que ver con esto».
Su socio Iñaki Romero explicó que el proceso para pedir la subvención estaba reglado por diferentes parámetros que ellos cumplían: haber hecho aportaciones al capital social los dos años anteriores, no tener deudas con Hacienda ni la Seguridad Social, etc. «Después hay que justificar que no te has llevado el dinero y que sigue estando en la empresa, y nosotros así lo hemos hecho», explicó.
Además de estas ayudas, seis de los socios de Red Jurídica, una cooperativa de abogados creada en 2009 que ejerce el derecho desde una «perspectiva social y crítica», como definen en su página web, recibieron cada uno entre 2.090 y 2.400 euros euros en la misma convocatoria. 

Se trata de Alejandro Gámez, Noemi Abad, Eduardo Gómez, Marta Herrero, Eric Sanz y Juan Rubiño. Estos dos últimos fueron miembros de la Comisión Legal Sol del 15-M. Su función como abogados era asesorar sobre derechos ciudadanos y aconsejar a los grupos de trabajo en la formulación jurídica de sus propuestas, además de personarse en la defensa de detenidos y lesionados durante las actuaciones policiales. 

Otro de los socios de Red Jurídica, Daniel Amelang, fue el abogado defensor del edil Guillermo Zapata por sus polémicos tuits, en los que finalmente la Audiencia Nacional no vio delito, y el de los titiriteros Alfonso Lázaro y Raúl García, acusados de enaltecimiento del terrorismo y que también fueron finalmente absueltos.

Subvenciones directas a socios

El abogado Juan Rubiño, miembro de esta cooperativa, explicó que «las cooperativas pueden pedir subvenciones de aportaciones al capital social», y por eso ellos pidieron estas del Ayuntamiento. De hecho, destacó que también han solicitado ayudas para este año de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP. También añadió Rubiño que Zapata no es el único político al que han defendido en su despacho, sino que han tenido clientes de «otros partidos políticos», aunque el secreto profesional le impedía decir cuáles.
Además, en esta convocatoria de 2016 se encuentran también subvenciones directas a socios de tres de las 14 cooperativas del grupo Tangente, vinculada a Ahora Madrid: Idealoga, Heliconia y Germinando. Tangente, Idealoga y Heliconia comparten la sede social en el mismo piso de Embajadores.
Tal y como ha publicado El Mundo, este grupo de cooperativas ha recibido contratos -por concurso público- y subvenciones del Consistorio que regenta Manuela Carmena por un valor total de 717.126,36 euros en los últimos meses. Su vínculo con Ahora Madrid es Rosa Domínguez Aranda, ex directora estratégica de este grupo cooperativo -lo fue durante cuatro años-, que trabaja ahora como asesora (puesto de libre designación) de la Junta de Distrito Fuencarral-El Pardo, cuyo concejal presidente es Guillermo Zapata.
En concreto, seis socios de Idealoga, una cooperativa social dedica al asesoramiento, la psicología y la intervención social, Antonio Cámara, Sandra Salsón, Patricia Calvo, Erika López, Diego Delgado y Beatriz Cubilledo, recibieron entre 1.600 y 3.000 euros de subvenciones nominativas.
Otro de los miembros del equipo técnico de Heliconia, una cooperativa de servicios medioambientales y sociales, José I. Gómez, recibió también 3.000 euros de subvención directa. Tanto Heliconia como Idealoga han sido adjudicatarias de contratos menores por parte del Ayuntamiento de Madrid desde que Ahora Madrid está al frente.
Heliconia recibió en 2016 un contrato menor de la Junta de Distrito de Vicálvaro por valor de 15.762,09 euros para una campaña de igualdad y prevención de la violencia machista.
Por su parte, Idealoga Intervención Comunitaria recibió en el primer trimestre de 2016 un contrato menor de 21.538 euros por la elaboración de un plan estratégico de consumo sostenible del Área de Salud, Seguridad y Emergencias.

Empresa de Rafael Mayoral

Por otro lado, Elena Erro y Laura Jiménez, coordinadoras de Germimando, cooperativa dedicada al medio ambiente y la educación también del grupo Tangente, obtuvieron en la misma convocatoria 3.000 y 1.500 euros cada una.
Por último, Gonzalo Carrasco, abogado de Kinema, la empresa que fundó el diputado de Podemos Rafael Mayoral, que ha recibido del Ayuntamiento de Madrid tres adjudicaciones por más de medio millón de euros, percibió 3.000 euros.
Preguntados por estas subvenciones directas, fuentes del Área de Economía insisten en que el proceso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Subvenciones, es «el de concurrencia competitiva, no de subvención directa».
«Todas las convocatorias son públicas. Este Ayuntamiento apoya a la economía social y a los emprendedores. No diferenciamos entre empresas buenas y malas, emprendedoras buenos y malos. Vamos a seguir apoyando la economía social y solidaria, que era una de los elementos más importantes de la propuestas electoral de Ahora Madrid», precisa el portavoz.
Señala asimismo que en las dos convocatorias celebradas (2016 y 2017), con un importe total de 500.000 euros cada una, han sido beneficiarias un total de 297 personas, entre las que están las mencionadas.