CCOO denuncia la avalancha de recortes en la educación pública de la mayoría de las comunidades autónomas

MADRID.- La Federación de Enseñanza de CC.OO. exige al Gobierno central y a los de las comunidades autónomas que frenen los recortes que está sufriendo la educación pública y los profesionales de la enseñanza. 

   Estos recortes afectan a las plantillas de los centros, a las retribuciones, a la jornada laboral lectiva y de obligada permanencia en el centro y total y a los complementos retributivos que percibe el personal de la Seguridad Social en situación de baja por enfermedad y el personal de Muface.

   En algunas comunidades los recortes afectan a servicios esenciales. Así, por ejemplo, en Castilla-La Mancha los profesores cotizantes a la seguridad Social perderán los tres primeros días de su salario cada vez que tengan una baja laboral.  En Cataluña el complemento salarial llamado sexenio, se endurece de tal manera que pasa de los seis años actuales a nueve.

   En concreto, en la Comunidad de Madrid se aumenta a veinte horas el horario lectivo del profesorado de Secundaria y de Formación Profesional. En la Comunidad Valenciana se recorta el 50% del complemento de formación permanente. Al mismo tiempo se aumenta la carga lectiva del profesorado.

   En Baleares se suspende el Programa de Refuerzo y Orientación al Alumnado (PROA) con dificultades y en Navarra desaparecen 200 plazas de profesorado para el próximo curso y aumenta la carga lectiva de los docentes.

   En Galicia este curso hay 980 profesores menos en los centros públicos que el curso anterior. Además aumentan las horas lectivas tanto para el profesorado de Primaria como para el de Secundaria.

   En algunas comunidades sólo se cubrirán las bajas por enfermedad estrictamente imprescindibles, denuncia el sindicato en comunicado de prensa.

   A estas situaciones añade la paralización de las ofertas de empleo público docente tanto para 2012 como para los años siguientes. La decisión de no convocar oposiciones se ha convertido en un subterfugio para empeorar las condiciones laborales del profesorado.

   Por ello CCOO rechaza enérgicamente esta medida y exige ofertas de empleo en todas las comunidades autónomas, que sirvan al menos para compensar las jubilaciones que se están produciendo.

   Ante estos ataques "sin precedentes" a la calidad educativa, a la igualdad de oportunidades y al empleo en el sector, CCOO comunica que seguirá movilizándose e insistiendo en la necesidad urgente de frenar esta política de recortes.

   Y es que, indicó José Campos, secretario general de FECCOO, "hemos manifestado en reiteradas ocasiones que los recortes no han servido ni para combatir el desempleo ni para transformar el modelo productivo, sino para desprestigiar un servicio publico educativo, que debe ser de calidad, porque la educación es la mejor política económica y la mejor inversión de un país, así como la mejor política social y el instrumento más idóneo para impulsar la igualdad de oportunidades, por lo que no dejaremos de movilizarnos para seguir rechazando estos recortes".

El presidente del TSJM, a favor de las medidas de Gallardón

MADRID.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, ha respaldado este jueves las medidas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, si bien ha considerado que sería necesario que la futura reforma afectase a la segunda instancia en los procesos penales, donde podrían abordarse medidas diferentes al establecimiento de una tasa".

    Vieira se ha mostrado de acuerdo con las reformas que propone el ministro de Justicia. "Desde hace mucho tiempo, y en diferentes foros, he reclamado medidas que reduzcan la litigiosidad, y una de las posibilidades más eficaces es precisamente la que Ruiz Gallardón ha anunciado respecto a la segunda instancia y que tiene por objeto evitar el abuso en los recursos", ha dicho.

   Asimismo, ha considerado "crucial" el enjuiciamiento conjunto de mayores y menores implicados "en los mismos hechos para evitar resoluciones contradictorias y la mayor complejidad de los procesos".

   Además, se ha mostrado a favor de la prisión permanente revisable, ya que a su juicio "potenciará el esfuerzo rehabilitador efectivo de los delincuentes y evitará sensaciones de impunidad".

   "También veo imprescindible una reforma urgente y en profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que se potencie la intervención del fiscal en la investigación del delito", ha señalado.

   En cambio, el presidente del TSJM discrepa de la propuesta de habilitar el mes de agosto, ya que en su opinión "debe mantenerse en los términos actuales".

   En esta línea, ha estimado que "los esfuerzos en la optimización de recursos en este aspecto se deben concentrar en el régimen de licencias y permisos de jueces y funcionarios, haciéndolos coincidir en mayor medida con las fiestas naturales y los periodos en los que disminuye la actividad judicial".

   Sobre el nombramiento de los vocales del Poder Judicial, ha asegurado que cree que la designación de "procedencia judicial por jueces y magistrados da satisfacción a una antigua reivindicación de muchas personas vinculadas a la justicia, al objeto de recuperar la separación de poderes que diseña la Constitución".

Los inversores, atentos a los edificios de oficinas embargados que liquidarán los bancos

MADRID.- Los inversores inmobiliarios están a la espera de que las entidades financieras liquiden los activos de oficinas procedentes de embargos que tienen en balance, muchas de ellas en Madrid, según indica un estudio de mercado de Jones Lang LaSalle.

   Esta consultora inmobiliaria estima que este tipo de inmuebles comenzarán a salir al mercado en el segundo trimestre de este año.

   "Las instituciones financieras todavía no están dispuestas a aceptar los ajustes de precio necesarios y además se encuentran limitados por el hecho de que algunos de estos activos forman parte de préstamos sindicatos firmados con otras entidades", indica la  firma para explicar la demora en la venta de estos activos.

   Por el momento, en 2011 la inversión en edificios de oficinas de Madrid fue de menos de la mitad respecto al total de 2010. El pasado año se cerraron operaciones de compraventa por un importe de 311 millones de euros, un 40% menos que un año antes.

   En este importe no se incluye la operación por la que el fundador de Inditex, Amancio Ortega, adquirió la Torre Picasso de Madrid a FCC por 400 millones de euros, una transacción que "se espera que concluya en el primer trimestre" de este año.

   No obstante, para Jones Lang LaSalle, esta operación "confirma" que se mantiene el interés de los inversores inmobiliarios nacionales "en buenos productos".

   En este sentido, el estudio de mercado de la firma destaca que las rentabilidades para edificios de oficinas en inversión ha alcanzado el 6% por vez primera desde 2009, equiparando así esta tasa a las que presentan Barcelona y Bruselas.

   Respecto al mercado de alquiler de oficinas en la capital, la consultora constata un descenso en las rentas de alrededor del 1% durante el pasado año, como consecuencia de la menor oferta y la alta tasa de disponibilidad.

   Según sus datos, a cierre del pasado mes de año casi el 11% de la superficie del parque total de oficinas de Madrid estaba vacío, porcentaje superior al de 2010 "a causa de desocupaciones graduales".

La mayoría de las CC.AA acumulará la oferta de empleo público docente en 2013

MADRID.- El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha afirmado que la "gran mayoría" de las comunidades autónomas se han mostrado partidarias de acumular la oferta de empleo público docente en 2013, de manera que este año no van a convocar plazas. 

   "Se ha producido una muy mayoritaria convergencia de las comunidades para considerar que esa tasa de reposición resulta en muchos casos antieconómica y que es más conveniente acumularla al año siguiente", ha puntualizado el ministro tras presidir la Conferencia Sectorial de Educación.

   Se trata de la primera reunión con todas las comunidades autónomas desde que Wert tomara posesión del cargo, hace más de un mes, y antes de comparecer en el Congreso de los Diputados, el próximo martes 31 de enero, donde detallará las políticas de su departamento para la Legislatura.

Las administraciones que no corrijan el déficit pagarán multas si reinciden

MADRID.- Las administraciones que no cumplan sus planes económicos-financieros para corregir las desviaciones de déficit deberán constituir un depósito, que podrá convertirse en multa en caso de que los incumplimientos se reiteren.

   Esta es una de las novedades que se incluirán en el anteproyecto de ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las administraciones públicas, que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha presentado este jueves en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados.

   Además, las sanciones impuestas a España en materia de estabilidad serán asumidas por la administración responsable, puesto que el anteproyecto que aprobará el Ejecutivo este viernes transpone los mecanismos correctores de la Unión Europea.

   Asimismo, se establecerá un mecanismo de alerta temprana y de respuesta inmediata ante la desviación en los planes correctores. De hecho, Hacienda podrá enviar una delegación a los territorios que considere oportunos para valorar la situación de la administración incumplidora, tal y como ocurre en la Unión Europea.

Montoro rechaza que Estado autonómico sea sinónimo de "despilfarro"

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha rechazado la idea de que el Estado de las autonomías sea sinónimo de "despilfarro" y ha sostenido que es "perfectamente compatible" un sistema descentralizado con una prestación "eficiente" de los servicios. Además, ha trasladado a las comunidades autónomas el compromiso del Gobierno de "respeto" a sus competencias más allá de la coordinación y control necesarios. 

   En su primera comparecencia en el Congreso ante la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, Montoro ha sostenido que el Estado de las autonomías es "consustancial" a la democracia española y se ha marcado el objetivo de "desterrar" la "asimilación que se ha instalado en la opinión pública" igualando el Estado de las autonomías con el "despilfarro".

   "No tiene nada que ver con un estado del despilfarro. Es perfectamente compatible con administraciones descentralizadas eficientes en la prestación de servicios públicos", ha insistido antes de poner como ejemplo a países de nuestro entorno "con rigor" y una administración federal.

   Además, ha querido trasladar a las comunidades autónomas y entidades locales la decisión del Gobierno de actuar con "máximo respeto" a sus competencias y su nivel de autogobierno y ha pedido no confundirlo con la transparencia, controles y exigencias del Estado en ámbitos como, por ejemplo, la futura ley de estabilidad presupuestaria.

   En este sentido, Montoro ha valorado el compromiso por el cumplimiento del déficit alcanzado por todas las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado la pasada semana y ha repasado las líneas principales que incluirá la futura legislación.

   El ministro ha realizado además una breve referencia en el comienzo de su intervención a la decisión del Gobierno de penalizar a los malos gestores públicos y ha sostenido que es una práctica que se debe "desterrar" y "erradicar por ley".

   "Los gestores públicos que falseen las cuentas públicas en sus diferentes ámbitos de responsabilidad, esas prácticas hay que erradicarlas porque van contra la transparencia más fundamental del ejercicio del gobierno y contra los principios esenciales de la democracia", ha explicado.

   Montoro ha situado a las administraciones públicas como elementos de "primer orden" para la competitividad de la economía española y por ello ha fijado el objetivo de modernizarlas "para avanzar en el ámbito económico, social y su impacto medioambiental" favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo.

   En esta línea de reforma de las administraciones públicas ha recordado la necesidad de suprimir el número de organismos, fundaciones o entes públicos dependientes de la administración central, autonómica o local, "en aras de la transparencia y buen gobierno".

   Para el ministro, estos entes "no son empresas públicas", sino "procedimientos de toma de decisiones políticas arbitrarias y fuera de control".

"Tenemos que volver al redil de la conducta ortodoxa, identificada y transparente propia de los gobiernos actuales", ha defendido antes de adelantar que se trabajará en este sentido "en el plazo más breve posible".

   Además, ha adelantado que el Ejecutivo también pondrá en marcha una homogeneización de leyes y normativas autonómicas y locales que "impiden hoy en día la actividad económica de libre circulación en España" y ponen "barreras" al desarrollo de las empresas y el crecimiento económico.

   Montoro ha dedicado también unas palabras a la situación de los municipios y ha garantizado la voluntad del Gobierno de "equiparar" su trato al de las comunidades autónomas. "Las entidades locales deben dejar de ser esa cenicienta de orden menor", ha reconocido antes de avanzar su voluntad de "reordenar instrumentos".

   En este sentido, ha apuntado una reforma de la administración que suprima competencias "reproducidas" hasta llegar al cumplimiento del lema de "una administración, una competencia" y se supere la actual situación "anómala" por la que los ayuntamientos prestan servicios que no les corresponden, con la correspondiente "carga" que eso les supone.

   Desde el PSOE, la diputada Inmaculada Rodríguez Piñeiro ha pedido a Montoro que el Gobierno cumpla con su compromiso de sacar adelante la ley de estabilidad presupuestaria con consenso y le ha reclamado que cumpla con su "responsabilidad". Además, ha reconocido que comparte su discurso de respeto a la autonomía de las comunidades y le ha pedido que lleve estas palabras también "a los hechos".

   Desde el PSC, Meritxell Batet ha criticado la parte del discurso del ministro referida al sector público empresarial y ha advertido de que no supone "un buen inicio" para poner en marcha una remodelación del sector. De la misma forma, le ha pedido un discurso "más rico y riguroso" en lo referido a las duplicidades entre las administraciones públicas.

   Los representantes de todos los grupos parlamentarios han agradecido la garantía de Montoro de respeto a las competencias de las comunidades autónomas y entidades locales y le han avisado de que estarán vigilantes de que este compromiso se cumpla.

   El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, ha pedido también consenso en la ley de estabilidad presupuestaria para que las comunidades autónomas "no salgan perjudicadas" y ha exigido al Ejecutivo un "escrupuloso" respeto al autogobierno de las autonomías y sus competencias. "De entrada nos tranquiliza", ha reconocido.

   En este contexto, la diputada de ICV, Laia Ortiz, ha advertido a Montoro de que, a su juicio, "empieza mal la legislatura" jugando un papel de "policía" de las comunidades autónomas. Y mientras, ha recordado, el Estado "no cumple sus compromisos" con las administraciones y "no paga sus deudas".

   De la misma forma, la representante de ERC, Teresa Jordà, ha reivindicado la "independencia fiscal" para Cataluña mediante un sistema similar a los conciertos del País Vasco o Navarra. "Queremos recaudar nuestros impuestos y decidir qué hacemos con ellos --ha sostenido--. Los catalanes viven muy por debajo de sus posibilidades y empiezan a ser conscientes de ello".

   Por su parte, el portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, ha afirmado que su grupo parlamentario pedirá siempre el máximo nivel de respeto a las comunidades autónomas. "Vamos a ser implacables", ha avisado antes de pedir que la ley de estabilidad presupuestaria respete "escrupulosamente" el actual marco estatutario y "no trate de imponer con la excusa de la crisis económica".

   Por último, la diputada de Amaiur Maite Ariztegui ha mostrado su rechazo a todo tipo de medidas "recentralizadoras" y ha reivindicado el "derecho" de la sociedad vasca a "decidir su futuro con un marco propio de ingresos y gastos". .

Pablo Cavero ya es consejero de Transportes e Infraestructuras

MADRID.- La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presidió la toma de posesión de Pablo Cavero como nuevo Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad. Transcurrido un mes tras la marcha de Antonio Beteta como consejero de dicha Consejería, Pablo Cavero retoma las riendas.

El hasta ahora director de Planificación Estratégica para Europa Occidental de Barclays Bank, afirma que tratará de “cumplir al máximo con el programa de Aguirre y los compromisos con los madrileños dentro del contexto de crisis” tras esas ‘cien horas de rigor’ que le permitirán ponerse al día.

Consciente del equilibrio que deberá alcanzar entre la inversión y el mantenimiento de las infraestructuras y los transportes en la Comunidad de Madrid, Cavero afirma que viene con el compromiso de “servir” y “escuchar” a todos los madrileños.

Por otra parte, Luis Asúa se suma al desfile de concejales 'populares' que abandonan el Ayuntamiento de Madrid menos de un año después de las elecciones municipales, en su caso para ser viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno regional, tras la marcha de su anterior titular, Federico Ramos, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

   Quien en los últimos nueve meses ha sido concejal del distrito de Chamberí abandonará el Consistorio, lo que podría ocurrir ya en el próximo Pleno, el 31 de enero, y será sustituido por el siguiente en la lista electoral, Pedro Corral.

   Asúa (Madrid, 1962) es licenciado en Derecho y ejerció la abogacía hasta 1999, cuando fue elegido concejal en la capital. En el Ayuntamiento madrileño ha desempeñado los cargos de concejal-presidente de los distritos de Chamberí y Tetuán (1999-2003), Centro y Chamberí (2003-2007) y Retiro (2007-2011).

   En la actual legislatura volvió al distrito de Chamberí y, además, ha ejercido de representante 'popular' en las comisiones de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, y de Vigilancia de las Contrataciones.

   Ahora, sustituirá la vacante que dejó el anterior viceconsejero, Federico Ramos de Armas, cuando saltó al Ejecutivo nacional el pasado 30 de diciembre en calidad de secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

   Asúa es el quinto edil 'popular' que abandona el Grupo Municipal Popular en esta legislatura, después de que hayan seguido el mismo camino Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Juan Bravo y Pilar Martínez, además de Alicia Moreno, si bien esta última no tenía acta de concejal.

Hacienda no cree que Madrid quiera hacer un paraíso fiscal con su proyecto de Las Vegas

MADRID.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, no cree que la Comunidad de Madrid pretenda crear un paraíso fiscal a través del proyecto conocido como Las Vegas Madrid, que planea construirse en la capital o en Alcorcón. 

   Así lo ha dicho Montoro, quien ha recordado que España tiene unas normas fiscales claras que hay que cumplir.

   Esta semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró que tenía intención de dar todas las "facilidades" a los inversores que proyectan construir el macrocomplejo de hoteles, casinos y centros de convenciones conocido, aunque aseguró que "se respetará siempre la ley".

   Aguirre justificó la construcción del proyecto y la implicación de todas las administraciones públicas porque, según la presidenta regional, consiguiría crear unos 200.000 empleos definitivos.
Por otra parte, el conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, viajó a Las Vegas (Estados Unidos) en noviembre para intentar que el macrocomplejo de ocio que Las Vegas Sands Corporation quiere ubicar en Europa se construya en Catalunya.
   Fuentes de la Conselleria han explicado que, en un viaje relámpago --de apenas 72 horas-- el conseller se reunió con el presidente de la empresa estadounidense, el promotor multimillonario Adelson Sheldon.
   Según la Conselleria, Mas-Colell viajó para conocer las intenciones de la empresa de primera mano, y constató que "Cataluña y Barcelona siguen siendo destinos atractivos para el proyecto", a la vez que se interesó especialmente por la vertiente de captación de congresos del complejo, además de la de ocio.
   Los contactos y las negociaciones se mantienen, pero el proyecto es grande y se tiene que estudiar "lentamente", han señalado las citadas fuentes, que no han querido concretar cuáles son los terrenos que interesan al empresario americano, aunque ya están localizados.
    La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido que a la región le ha salido un "competidor" para atraer esta inversión, que según sus cálculos generaría 200.000 puestos de trabajo en los diez años que duraría la construcción.

Dos concejales abandonan el Ayuntamiento de Madrid para ocupar viceconsejerías

MADRID.- La concejala presidenta del distrito de Fuencarral-El Pardo, Elena González Moñux, y el concejal de Chamberí Luis Asúa abandonarán el Ayuntamiento de Madrid para ocupar la Viceconsejería de Justicia y Administraciones Públicas y la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid respectivamente, según han informado fuentes cercanas a los nombramientos.

   Se trata de algunos de los nombramientos que faltaban por conocerse después de que los anteriores viceconsejeros dejaran el Gobierno. En concreto, Alfonso Cuenca solicitó la semana pasada al Consejo de Gobierno su cese a petición propia para irse de letrado a las Cortes tras estar desde 2003 en este cargo de la Consejería de Presidencia y Justicia.

    En el caso de Asúa, que se suma al desfile de concejales 'populares' que abandonan el Ayuntamiento de Madrid menos de un año después de las elecciones municipales, sustituirá a Federico Ramos que se ha marchado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

   González Moñux, que en los últimos nueve meses ha sido concejal presidente del distrito de Fuencarral-El Pardo abandonará el Consistorio, lo que podría ocurrir ya en el próximo Pleno, el 31 de enero, y será sustituida por el siguiente en la lista electoral que el PP presentó en las pasadas municipales, José A. González Rosa. Asúa, por su parte, será por sustituido por Pedro Corral.

    Es la sexta edil 'popular' que abandona el Grupo Municipal Popular en esta legislatura, después de que hayan seguido el mismo camino Alberto Ruiz-Gallardón, Manuel Cobo, Juan Bravo y Pilar Martínez, además de Alicia Moreno, si bien esta última no tenía acta de concejal.

      González Moñux, que nació en Madrid en 1962, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado en diferentes empresas del sector privado como responsable de los departamentos de recursos humanos y de asesoría jurídica.

   En el año 1995 fue nombrada gerente regional del Partido Popular de Madrid y ha sido diputada en la Asamblea de Madrid durante la V legislatura (1999-2003) y portavoz en la Comisión de la Mujer. Además, de noviembre a mayo de 2003 ejerció como secretaria general del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.

   En junio de 2003 tomó posesión como concejal en el Ayuntamiento de Madrid, donde ha sido concejala presidenta del Distrito de Retiro (2003-2007) y del Distrito de Fuencarral-El Pardo (2007-2011) además de representante del Grupo Municipal del Partido Popular en las Comisiones del Pleno de Hacienda y Administración Pública.

Empleados públicos se concentrarán todos los jueves contra los "recortes"

MADRID.- Trabajadores públicos se concentrarán todos los jueves de 11 a 11.30 horas a partir de hoy, 26 de enero, ante la sede del suprimido Servicio Regional de Empleo para "protestar contra los recortes aplicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre a los empleados públicos".

   Según ha informado UGT en un comunicado, las concentraciones también servirán para protestar "contra el descrédito que Aguirre pretende instaurar en toda la sociedad contra sus empleados para tener una justificación a la externalización de los servicios públicos, es decir, para privatizarlos".

   "Estamos viviendo una tomadura de pelo in situ: mientras nos recortan el sueldo, el derecho a cobrar nuestro salario cuando tenemos bajas médicas, nos aumentan la jornada, no tenemos folios para trabajar... en este edificio están reformando la quinta planta para acoger al viceconsejero de Empleo y Direcciones Generales", ha reprochado el sindicato.

   Esto, "unido a la más absoluta descoordinación y al cambio continuo de opiniones y modelos de gestión", obliga a los trabajadores públicos, dice UGT, a "salir a la calle para intentar frenar este despilfarro económico del dinero de todos los madrileños en tiempos de crisis".

Los ayuntamientos también tendrán 10 años para devolver liquidaciones de 2008 y 2009

MADRID.- El Gobierno ha extendido a los ayuntamientos la ampliación de cinco a diez años del tiempo del que disponen para devolver las liquidaciones negativas correspondientes a los años 2008 y 2009, que en este caso ascienden a unos 6.000 millones de euros.

   Así lo han adelantado anoche  el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cirstóbal Montoro, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Juan Ignacio Zoido, en una rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Nacional de Administración Local.

   En dicha reunión, el Gobierno ha planteado a los ayuntamientos las líneas básicas del anteproyecto de ley de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria y ha planteado y extendido las medidas pactadas con las comunidades la semana pasada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

   Así, los ayuntamientos también podrán acceder a la línea ICO para facilitar el pago a proveedores y mejorar su liquidez  y dispondrán de un anticipo del 50% de la liquidación positiva correspondiente al año 2010, igual que las comunidades.

   Estas medidas requerirán la presentación de un plan de ajuste por parte de las entidades locales en los términos previstos en la nueva Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.

   Por su parte, los ayuntamientos han asumido las principales líneas del anteproyecto de ley que se aprobará el viernes, que incluye la creación de una regla de gasto y el establecimiento de sanciones para las regiones que no cumplan los objetivos fijados.

   Además, las entidades locales se han comprometido a elaborar presupuestos o ejecutar los mismo teniendo en cuenta que los ingresos del sistema de financiación y el resto de recursos se verán condicionados por la recesión.

   Asimismo, las entidades locales emprenderán las actuaciones que sean necesarias para la mejora de la eficiencia en su prestación y evitar duplicidades, al tiempo que remitirán trimestralmente a Hacienda información sobre la evolución de su tesorería y los saldos con los proveedores.

   Montoro ha explicado su satisfacción tras la reunión porque las entidades locales, como ya hicieran las comunidades, han asumido las líneas básicas del anteproyecto de ley, algo muy importante porque la reducción del déficit se tiene que hacer de manera conjunta.

   A su parecer, los pactos a los que ha llegado el Gobierno con las comunidades y los ayuntamientos son casi "pactos de Estado" que facilitan la tarea de reconducir las cuentas públicas trabajando junto al resto de administraciones, pero sin interferir en sus competencias.

   Para el presidente de la FEMP, los compromisos alcanzados por Montoro con las entidades locales demuestran la "voluntad de diálogo y seriedad" del Gobierno, ya que se van a tomar "medidas urgentes", como la línea ICO y el aplazamiento de la devolución de las liquidaciones negativas, pero también se determinarán las competencias de estas corporaciones así como la financiación que les corresponde.

   "Es un planteamiento serio, con mucha sensatez, y un compromiso que estábamos deseando escuchar", ha señalado el también alcalde de Sevilla, quien ha prometido que las entidades locales se van a "apretar el cinturón" y también a ser "más eficaces y eficientes".

   No obstante, ha remarcado que hasta que no se reforme la ley de financiación local "es muy difícil saber hasta donde se puede apretar uno el cinturón", si bien ha dicho que, en cualquier caso, las administraciones públicas "siempre" deben procurar ser más eficientes, "como ocurre en cualquier empresa o familia".

   A la pregunta de si en la reunión se ha abordado la posibilidad de fusionar o suprimir entidades locales, Zoido ha asegurado que este asunto no ha salido a relucir, pero que, en todo caso, la intención es "controlar y racionalizar el gasto público" porque "no puede haber dos órganos dentro de una misma administración haciendo lo mismo".

   En cuanto a la fijación de sanciones a los que no cumplan, Zoido ha dejado claro que las entidades locales aceptan "los principios básicos de la estabilidad presupuestaria porque es la única manera de empezar a crecer y crear empleo".

   Aunque ha manifestado que está "convencido" de que los ayuntamientos cumplirán estos compromisos, ha subrayado que "el que no lo haga tiene que asumir las consecuencias" y que "el rigor es el mismo para todos porque es la credibilidad del Estado la que está en juego".

   El presidente de la FEMP ha agradecido a Montoro haber recibido a los ayuntamientos cuando el Gobierno "acaba de llegar" para abordar la difícil situación financiera por la que están pasando las administraciones locales.

De Guindos aboga por controles trimestrales a las cuentas de las CCAA

MADRID.- El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha asegurado este miércoles que, en su opinión, sería "perfecto" que los controles a las cuentas autonómicas se hicieran cada tres meses, pero en todo caso ha dicho que deben ser controles "suficientes" porque lo que hay ahora no ha funcionado a la vista de la desviación de los objetivos de déficit público de las comunidades. "Ellas saben mejor que yo (que se les ha ido la mano)", ha apuntado.

   De Guindos, en declaraciones a TVE , ha subrayado que el Gobierno "no pretende hacer de policía" de las comunidades autónomas, aunque ha subrayado que tiene que haber más transparencia y la asunción de responsabilidades por parte de las comunidades en el objetivo de déficit, cuestiones que figurarán en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que el Ejecutivo aprobará este viernes en el Consejo de Ministros.

   El titular de Economía ha insistido en que el déficit fijado para este año es del 4,4% del PIB, que el cumplimiento de los compromisos con Bruselas es ineludible e imprescindible para volver a generar confianza, pese a que no va a ser "ni sencillo ni fácil" conseguirlo y ha costado medidas "dolorosas" como el recargo temporal en el IRPF.

   De Guindos, que ha descartado una subida del IVA por ser un impuesto más "indiscriminado" que el IRPF y la implantación por ahora del copago sanitario, ha dejado claro que España cumplirá sus objetivos, a pesar de que el FMI ha dicho lo contrario, y ha recordado que esta institución, a la que él "toma en serio" por se una referencia importante, se equivoca también de vez en cuando.

   "La reducción del déficit público es imprescindible, pero simultáneamente tenemos que compensar esos efectos a través de reformas económicas que fomenten el crecimiento, como la reforma laboral y del sector bancario", ha destacado.

   El ministro se ha referido también a la reforma laboral, de la que ha dicho que es el "punto clave" para generar confianza, "incluso más importante" si cabe que el ajuste presupuestario que España debe llevar a cabo, habida cuenta de que el país tiene una tasa de paro del 22% y de que la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011 no arrojará "datos buenos" si sigue la tendencia del paro registrado y de la afiliación de la Seguridad Social de los últimos meses.

   En este sentido, ha recordado que España ha sido el país donde más se ha deteriorado el mercado laboral durante la crisis, más incluso que en los países que han tenido que ser rescatados. "La reforma laboral va a generar vibraciones positivas en la evolución del mercado laboral y va a mejorar la confianza", ha indicado el ministro, quien ha subrayado que también contribuirá al crecimiento económico.

   En este punto, ha afirmado que los líderes europeos ya están empezando a hacer énfasis no tanto en políticas de austeridad, sino en aquellas que estimulen el crecimiento.

   De Guindos ha señalado que la reforma laboral del Gobierno introducirá cambios en la negociación colectiva, con mayor preponderancia de los convenios de empresa, y simplificará la "selva incomprensible" de contratos que hay en España, pero no hasta llegar a un único contrato.

   "Hay que simplificarlo muchísimo. Se dice contrato único aunque no es el único que existe. Yo me estaba refiriendo a un contrato con cláusulas comunes para jóvenes, que son los que más están sufriendo la lacra del paro", ha precisado en alusión a su artículo de opinión en 'The Wall Street Journal'.

   Para el ministro, el acuerdo salarial alcanzado entre sindicatos y empresarios es positivo y una buena "plataforma de salida" para la reforma del mercado laboral que está diseñando el Gobierno y que entrará en todos aquellos aspectos en los que los agentes sociales no han sido capaces de llegar a acuerdos.

   "El acuerdo salarial no es un acuerdo completo, es un buen punto de partida y manda señal positiva, pero el Gobierno va a hacer una reforma mucho más amplia", ha manifestado el titular de Economía, que ha valorado especialmente que los agentes sociales hayan roto la vinculación de los salarios a la inflación.

   De Guindos ha indicado que el coste del despido no es una cuestión clave en España y ha explicado que lo que el Gobierno quiere evitar es que se despida a los temporales cuando cae la actividad de las empresas, introduciendo "mecanismos completamente distintos" a los actuales a través de la negociación colectiva.

   "El 35% de la fuerza laboral en España tiene un coste de despido prácticamente cero en España, los temporales, que es donde se concentra el ajuste. Queremos sustituir muchísima temporalidad por otro tipo de contratación indefinida", ha precisado el ministro, que ha añadido que el Gobierno "se tiene que ubicar en el interés general y que el interés general no es el coste del despido".

   Por otro lado, y en relación a su pasado en Lehman Brothers, entidad que quebró mientras ocupaba la Presidencia del banco para España y Portugal, el ministro ha asegurado que "si se considerara responsable lo más mínimo de la crisis económica mundial", no sería ahora ministro de Economía.

   Sobre su relación con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, De Guindos ha resaltado su respeto profesional y personal por él y ha indicado que mantienen una comunicación prácticamente diaria.

Los rectores aseguran que su intención es tratar las condiciones del personal con el "mayor consenso posible"

MADRID.- El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de Madrid (CRUMA) y rector de la Universidad Carlos III de Madrid, Daniel Peña, ha asegurado que la intención de los rectores es tratar las condiciones laborales del personal universitario con el "mayor consenso posible".

   Decenas de delegados sindicales permanecen encerrados desde ayer en los rectorados de las seis universidades públicas madrileñas para buscar las líneas de actuación a seguir contra la aplicación de la Ley de Acompañamiento de la Comunidad de Madrid, que recoge las condiciones de los empleados públicos y que se deben aplicar también a estos centros.

   En un comunicado, Peña ha recordado que fue el pasado mes de diciembre cuando tanto el Gobierno central como el regional promulgaron una serie de normas que modifican las condiciones de trabajo para el personal en el sector público, donde se incluyen, "de manera expresa, las universidades públicas".

   Ante esta situación, "en la que las universidades públicas ni han sido consultadas ni han participado en su elaboración", ya el 9 de enero se reunieron los rectores de la CRUMA para estudiar la normativa y los informes existentes.

   Durante el encuentro, ha explicado Peña, se constató que, con independencia de su opinión sobre su conveniencia, según la información de la que disponen, "esta normativa es de obligada aplicación en las universidades".

   Por esta razón, solicitaron a los gerentes que estudiaran y consensuaran su aplicación común en todas las universidades, "intentando causar el menor perjuicio posible para todos". "No obstante, estamos a la espera de conocer directrices más concretas de la Comunidad de Madrid en la aplicación de algunas de estas medidas", ha explicado.

   En este sentido, ha señalado que "dentro de la flexibilidad que pueda derivarse de la interpretación del texto de las normas y de su desarrollo", es su intención que la aplicación de estas normas "se haga con el mayor consenso posible y defendiendo los derechos legales de todo el personal".

   "Como siempre, la representación de los trabajadores va a ser informada puntualmente de todas las novedades que se produzcan, y confiamos en poder acordar conjuntamente la mejor forma de aplicar los cambios que la normativa prevea, normativa que no tiene su origen en los órganos de gobierno de las universidades", ha añadido.

   Peña considera que en una situación como la actual, "en la que las universidades públicas de Madrid, como toda la sociedad, se ven afectadas por la grave crisis económica", la comunidad universitaria "actuará, como en otras ocasiones, de manera responsable", evaluando la situación relativa, "tanto dentro del sector público como en comparación con otros sectores, y defendiendo la calidad del servicio público que prestamos a la sociedad".

Aguirre afirma que seguirá adelgazando la administración porque se lo "exige" la situación de España

MADRID.- La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este miércoles que seguirá adelgazando la administración porque se lo "exige" la situación de España y la necesidad de que las administraciones no incurran en déficit.

   "Vamos a seguir adelgazando porque creo que nos lo exige la situación de España y la necesidad de que las administraciones públicas no incurramos en déficit", ha dicho Aguirre en la rueda de prensa celebrada en Génova tras el Comité de Dirección del PP.

   Según ha dicho Aguirre, "si los ingresos bajan tienen que bajar los gastos" y, a su juicio, "es muy difícil que bajen" si no se hacen "reducciones en todo lo que es el dispositivo de la administración". "Pero también hay muchas cosas de las que nos tenemos que ocupar", ha matizado.

   La presidenta madrileña, por eso, se ha considerado "favorable" a que se endurezcan las medidas para que las comunidades autónomas cumplan el déficit acordado con el Gobierno central y ha recordado que Madrid es la única "que no ha incurrido en déficit superior al que decía el Ministerio de Hacienda".

   En este punto, sin embargo, Aguirre ha reconocido que su Gobierno incrementó los gastos hace años porque los ingresos también habían crecido al 10 por ciento anual. "Hemos construido doce hospitales nuevos, centros de salud, un colegio nuevo cada semana e introducido el bilingüismo", ha dicho.

Aguirre descarta subir las tarifas de transporte para reducir el gasto

MADRID.- La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha descartado este miércoles que vaya a privatizar el Metro de Madrid o realizar una subida de tarifas en el transporte para reducir el gasto de mil millones de euros anuales que destina el Gobierno regional a la subvención del transporte público.

   Precisamente ésta es la tarea que la presidenta madrileña ha encomendado al nuevo consejero del ramo, Pablo Cavero, que tomará a las 14 horas posesión de su cargo después de muchos años en el sector privado, y que tendrá como una de sus principales objetivos seguir reduciendo la estructura del suburbano, tal y como había empezado a hacer su antecesor, Antonio Beteta.

   Preguntada en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP de Madrid sobre si esta reducción del gasto en subvenciones que tiene que hacer el nuevo consejero implica una privatización parcial o total del Metro o una subida de las tarifas, Aguirre ha contestado con un "no" a ambas cuestiones.

   Al mismo tiempo, al ser cuestionada de nuevo sobre cómo piensa entonces realizar este recorte, Aguirre ha sido tajante: "Reduciendo el gasto". En este punto, ha explicado que ella lleva cuatro años reduciendo el gasto y que cada día encuentra "un gasto nuevo en el que podría meter tijera de los que no son obligatorios".

   Aguirre ha reconocido que se ha tomado su tiempo para elegir al nuevo consejero de Transportes porque "no era fácil sustituir" a Antonio Beteta, ahora secretario de Estado de Administraciones Públicas en el Ministerio de Hacienda, y ha asegurado que ha tardado 33 días porque quería elegir "al mejor".

   Y es que, para la presidenta, este cargo es "importantísimo" porque la Consejería de Transportes tiene, además de las partidas para inversiones, construcciones y mantenimiento de las instalaciones, la de mil millones de euros anuales de subvenciones al transporte que, en su opinión, se puede disminuir en lo que se refiere a gastos.

   "Ya había empezado Beteta y eso es lo que nos puede permitir aliviar las cuentas de la Comunidad de Madrid y continuar con aquello que constitucionalmente o por ley orgánica hemos decidido prestar sin coste para el contribuyente", ha señalado, en relación a la educación en los tramos de 3 a 16 años y a la sanidad.

   En esta dirección, ha reiterado que se ha comprometido a que, mientras ella sea presidenta de la Comunidad, la sanidad "será universal, gratuita y de la máxima calidad". "Jamás he hablado del copago, sólo para decir que mientras sea presidenta no habrá copago", ha añadido al tiempo que ha dicho que la sanidad en Madrid se dedicará a "curar enfermedades y a prevenirlas, nada más".

   Sobre cómo ha convencido a Cavero, que viene del sector de la banca donde tenía un sueldo superior al que va a cobrar ahora, Aguirre ha indicado que el nuevo responsable de Transportes "ha mamado desde que nació el servicio público" porque su padre fue un "importante" político de la Transición.

   Además, la presidenta madrileña ha explicado que cuando le propuso el cargo, Cavero le indicó que, precisamente, su padre le dijo que diese el salto a la política cuando "tuviera la garantía de independencia económica". Según Aguirre, "estos años" en la banca "seguramente se lo han dado".

   También se ha referido a su faceta como jugador de golf y ha explicado que, según Cavero, hace unos 20 años, jugaron juntos y ganaron un campeonato por equipos, pero Aguirre ha reconocido que no se acordaba de esta anécdota.