MADRID.- El Gobierno creará un censo de posibles afectados por el robo de niños ocurrido entre los años 40 e inicios de la década de los 90 y propondrá a la Unión Europea que se facilite el acceso y tratamiento de los datos sanitarios cuando tenga como objetivo determinar la filiación natural.
Se trata de varios de los compromisos alcanzados este jueves por los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, Sanidad, Ana Mato, e Interior, Jorge Fernández Díaz, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, durante una reunión mantenida con una decena de representantes de asociaciones de afectados en el Palacio de Parcent.
Gallardón ha subrayado la obligación que tienen los poderes públicos de aportar toda la ayuda que esté "en sus manos" para tratar de resolver el "drama humano" y "terrible" que han sufrido los afectados y que "provocan un efecto de angustia".
"El Gobierno no va a desfallecer en ningún caso y va a llegar e insistir ahí hasta donde se pueda llegar", ha remarcado el titular de Justicia, antes de anunciar un catálogo de medidas en las que estarán implicados los tres departamentos ministeriales, la Fiscalía, las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Durante el encuentro, de más de dos horas de duración, las cinco asociaciones han planteado las dificultades que han encontrado hasta la fecha y su aspiración de encontrar a sus familiares y esclarecer un origen e identidad. "Hemos compartido el sentimiento de dolor con las asociaciones cuando hacían un relato personal de su propia experiencia", ha añadido Ruiz-Gallardón.
El titular de Justicia ha destacado el derecho fundamental de las víctimas de conocer su identidad y "desarrollar un proyecto vital con el entorno de su propia familia". Eso sí, ha apuntado que el camino será "largo" y "complejo" ya que no existen "fórmulas mágicas" que resuelvan "de un día para otro" un problema "tan extenso", "que nos avergüenza".
Preguntado por un medio extranjero sobre la imagen de España ante este "drama", Gallardón ha respondido que el país transmite que "no elude su responsabilidad" ni "esconde hechos" sino que pone a disposición de las familias todos los medios posibles.
Acompañado de Ana Mato, Jorge Fernández Díaz y Eduardo Torres-Dulce, el ministro de Justicia ha indicado que Sanidad actuará como "interlocutor" en la materia vinculada a los archivos sanitarios dentro de los límites legales y en cumplimiento con la Ley de Protección de Datos.
El censo completo de posibles afectados permitirá concretar "la dimensión real del problema". Para ello, se facilitará un modelo de ficha a cada afectado que se incorporará a un archivo en el que se incluirá su identidad, domicilio y lugar de nacimiento o parto, así como en qué fecha y centro sanitario tuvo lugar. Incluso si sobrevive o no la persona que hasta ahora se considera progenitora y los datos que se dispongan de ella.
En esas fichas se dará el consentimiento necesario para remitir al Ministerio de Sanidad los datos relativos al nacimiento o parto, y así proceder a su cruce con los que constan en la historia clínica o en cualquier otro documento en poder de los centros sanitarios. Con este objetivo, Sanidad instará la colaboración de los Servicios Autonómicos de Salud y de los centros que dependan de ellos.
El Registro Civil facilitará el acceso a los datos de nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos anotados durante los últimos 50 años. Por su parte, el Ministerio de Interior ha propuesto que el comisario general de Policía Judicial forme parte de este grupo de trabajo.
Además, se diseñará un catálogo de servicios que prestará el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para cotejar los perfiles genéticos e incorporar los datos de los laboratorios privados, "previa valoración técnica".
"Es la primera vez en la historia que el Instituto dejará de estar al servicio exclusivo de jueces y fiscales", ha agregado.
"Ante la imposibilidad de crear oficinas de atención a las víctimas especializadas en esta materia", se impulsará su atención y se reforzarán sus servicios en las que ya existen, tanto las que dependen del Estado como de las comunidades autónomas.
Por otro lado, el Gobierno introducirá en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, ahora en tramitación, una enmienda dirigida a facilitar el acceso y tratamiento de los datos sanitarios cuando el objetivo sea determinar la filiación natural.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha destacado la designación de una representante del Ministerio Público para coordinar este trabajo y ha manifestado su rotunda disposición a unificar criterios sobre los posibles delitos, su investigación y prescripción.
Tras su intervención, se han pronunciado representantes de asociaciones de niños robados que han agradecido la implicación del Ejecutivo y han urgido a que las soluciones "no tarden mucho en llegar porque hay padres y madres de avanzada edad que tienen el deseo de encontrar a sus familiares antes de morir".
A su juicio, la vía judicial tiene que "seguir adelante" ante las 1.800 denuncias presentadas en los juzgados y las cerca de 300 diligencias previas abiertas en los tribunales. Sobre la imputación de Sor María G.V., han resaltado que "una monja no puede ser la causante de este desastre a nivel nacional" y han reclamado que los fiscales y los jueces tomen "cartas en el asunto" para esclarecer todas las responsabilidades.
