MADRID.- La Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas ha enviado a diferentes organismos de la Administración del
Estado un borrador de resolución en el que se amplía el horario de
obligada presencia de los empleados públicos y se suprimen los días de
vacaciones que se concedían por antigüedad, entre otras medidas.
En concreto, en el borrador
se establece que el horario fijo de presencia en el puesto de trabajo
será, de lunes a viernes, de 9.00 a 15.00 horas. En la resolución
actualmente en vigor, que data de finales de 2005, el horario fijo en
jornada de mañana es de 9.00 a 14.30 horas, con lo que, de aprobarse
esta nueva resolución, se ampliaría en media hora el horario de obligado
cumplimiento a los empleados públicos.
En el borrador, la jornada semanal se mantiene en un mínimo de
37,5 horas. Ahora, para llegar a esa cifra, los empleados públicos
pueden elegir entre completar esas horas entre las 7.30 horas y las 9.00
horas de lunes a viernes, entre las 14.30 horas y las 18.00 horas de
lunes a jueves y entre las 14.30 horas y las 15.30 horas los viernes.
En el texto elaborado por Administraciones Públicas no se
establecen franjas horarias para completar la jornada, sino que se
señala que serán los calendarios laborales los que establecerán los
límites horarios máximos y mínimos para alcanzar las 37,5 horas
semanales.
En la actual resolución sobre jornada y horarios se señala que se
podrá implantar la jornada intensiva de verano (normalmente se
desarrolla de 8.00 a 15.00 horas) en el periodo comprendido entre el 16
de junio y el 15 de septiembre. En el borrador con los nuevos horarios
no se contempla la jornada intensiva.
De hecho, en una carta el
secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta
recuerda que la jornada semanal es de 37,5 horas (1.647 horas en cómputo
anual) y que, si el calendario laboral del centro en cuestión hubiese
previsto una jornada de verano, "ésta no podrá suponer un menoscabo" de
la jornada anual, "debiendo recuperarse la reducción operada en el
periodo estival para completar dicho cómputo".
En el texto se eliminan además los días de vacaciones que se
concedían en función de la antigüedad del trabajador. Los empleados
públicos tienen actualmente 22 días hábiles de vacaciones, pero van
sumando uno, dos, tres o cuatro más cuando cumplen 15, 20, 25 y 30 años
de antigüedad, respectivamente.
De aprobarse esta nueva resolución, los empleados públicos de la
AGE estarán obligados a cogerse al menos la mitad de sus vacaciones
entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, sin que puedan acumularse
los días de vacaciones a los de permiso por asuntos particulares.
Asimismo, en caso de que su lugar de trabajo cierre durante un periodo
concreto del periodo estival, el disfrute de las vacaciones de los
empleados públicos deberá coincidir con esa franja temporal.
La resolución va acompañada de dos anexos: un código de buenas
prácticas de los directivos públicos para fomentar la productividad de
la AGE y de sus organismos públicos, y un código de conducta para los
empleados públicos de estas áreas.
En el código de buenas prácticas para los directivos públicos se
emplaza a los subsecretarios de los departamentos ministeriales y demás
titulares de órganos competentes de la gestión de recursos humanos a
adoptar medidas disciplinarias en los supuestos legalmente tipificados
de absentismo injustificado; a exigir la justificación oportuna "de
todas las ausencias", incluidas las de duración inferior a cuatro días
en las que se alegue enfermedad; a impulsar reconocimientos médicos para
controlar las bajas por enfermedad o accidente; y a remitir a la
Secretaría de Estado información sistemática sobre el cumplimiento de
los horarios y de los niveles de absentismo.
El borrador no ha gustado nada a los sindicatos. En un comunicado,
la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. ha criticado que
el Gobierno pretenda aplicar "unilateralmente" a los empleados públicos
una nueva resolución de jornadas y horarios incumpliendo lo establecido
en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
En dicha ley, recuerda CC.OO., se establece que el calendario
laboral debe ser objeto de negociación con los sindicatos de la Función
Pública. Para el secretario general de la FSC-CC.OO., Enrique Fossoul,
el procedimiento que está siguiendo el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en esta cuestión es "inadmisible" y "ahonda en
el deterioro que el Gobierno está aplicando al derecho de negociación
colectiva de los empleados públicos".
Fossoul considera que esta medida podría tener un efecto muy
amplio no sólo para la Administración del Estado, a la que afecta
directamente este borrador de resolución, sino para el resto de las
administraciones públicas, "que seguirán probablemente el camino
diseñado desde el Gobierno para continuar recortado derechos a los
empleados públicos, en pequeñas dosis pero de forma constante".
Desde CSI-F, su presidente de la Administración Central, Francisco
Camarillo, también ha expresado su
malestar por el hecho de que el Ministerio no haya abierto una
negociación con los sindicatos sobre jornada y horarios, tal y como
determina el EBEP.
Camarillo ha calificado este procedimiento de "inadmisible" y teme
que el Gobierno vaya a aprobar esta resolución de manera unilateral,
como ha sucedido con las últimas medidas que han afectado a los
empleados públicos.
Además, el responsable de CSI-F ha dejado claro que estas medidas
no contribuyen a reducir el déficit, sino a recortar derechos adquiridos
a los empleados públicos, a los que ya se les ha castigado
reduciéndoles retribuciones. "Nos tememos lo peor", ha dicho Camarillo,
que ha subrayado además que el absentismo no es un problema en la AGE.
