MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha rechazado
intervenir judicialmente Bankia y su matriz BFA, como le solicitaban los
dos querellantes personados en la causa abierta por irregularidades en
la gestión de la entidad, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y el
colectivo 15-M.
En un auto dado a
conocer este lunes, el magistrado afirma que la intervención no se
justifica para prevenir la continuidad delictiva puesto que la actual
administración de Bankia "es completamente distinta a la que se
encontraba al frente de la entidad cuando se cometieron los hechos
objeto de la investigación".
Añade que Bankia es, de facto,
una entidad intervenida por el Estado a través de una entidad de derecho
público como es el Fondo de Ordenación y Reestructuración Bancaria
(FROB).
La sustitución de los administradores actuales de
Bankia y su matriz Banco Financiero de Ahorros (BFA), miembro del
servicio jurídico de la entidad desde mayo de 2002, se debería acordar
sólo si es adecuada para superar una situación de peligro y es
"estrictamente necesaria" para impedir la continuidad de la actuación
delictiva, circunstancias que no concurren en el presente caso, según el
juez.
Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción
nº 4 explica en su auto que el único fin legítimo que pudiera
justificar la medida solicitada sería el de evitar la continuidad
delictiva, en protección de los trabajadores y de los acreedores.
En este sentido, pone de relieve una "circunstancia de enorme
trascendencia", como es que ninguna de las personas físicas querelladas
se encuentre en la actualidad en puestos directivos de la entidad. Por
ello, remarca que "difícílmente" puede entenderse que exista peligro de
que la mercantil puede seguir cometiendo los hechos denunciados y añade
que el grupo ya se encuentra intervenido por el Estado.
Sostiene que no corresponde al Juzgado realizar actuaciones dirigidas al
control de la situación financiera de Bankia, generar confianza en los
mercados o llevar a su gestión factores de transparencia destinados a
conocer el estado real de la sociedad.
Le compete, añade,
investigar "con toda la profunidad, rigor y detalle que sea posible",
determinar la relevancia penal de los hechos denunciados, identificar a
los supuestos responsables y, en la medida de lo posible, proteger a los
perjudicados que pudiera haber.
Para ello, utilizará todos los
instrumentos jurídicos y legales pertinentes, entre los que no se
encuentra, "ni es adecuado al no responder al cumplimiento de los fines
para los que se creó", el de la intervención judicial de Bankia y BFA.
El auto, que no es firme, es susceptible de recurso de apelación ante la
Sala de la Audiencia Nacional.
El juez Andreu se alínea así con la posición de la Fiscalía
Anticorrupción, que se opuso el pasado miércoles al advertir de que esta
medida "temeraria" pondría en riesgo a la economía nacional. El
Ministerio Público defendió, además, que ninguno de los dos querellantes
gozaba de legitimidad para pedir una medida de este tipo.
La
medida había sido solicitada por UPyD y 15-M que defendían que la
sustitución de los actuales gestores del banco evitaría nuevos riesgos
para los accionistas, acreedores y trabajadores y la continuación del
perjuicio para los afectados. Ponían también de manifiesto que la
intervención eliminaría el peligro de destrucción de pruebas.
Los querellantes denunciaban la falsedad de los ratios de solvencia, los
recursos y los resultados empresariales presentados por la entidad, que
pasó de anunciar 320 millones de beneficios a anunciar unas pérdidas de
4.369 millones de euros.
Mientras que UPyD afirmaba que el
control político en las cajas integrantes del Grupo Bankia llevaron a la
"penosa situación" de la entidad, el movimiento 15-M entendió que la
intervención judicial evitaría "un colapso de los mercados" y denunció
las "colosales" irregularidades detectadas en la administración.
"Si no se produce dicha intervención, puede que sea demasiado tarde
para arrepentirnos", añadía la querella en representación de 15
accionistas de Bankia, que entendían que la medida generaría confianza a
los acreedores.
Andreu instruye, por el momento, dos querellas
admitidas a trámite contra Bankia y el BFA y 33 exconsejeros, entre
ellos el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de
Bancaja y Banco de Valencia José Luis Olivas, el exministro del Interior
Ángel Acebes o el presidente de la Confederación Empresarial de Madrid
(CEIM), Arturo Fernández.
También se imputan delitos de
falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para
alterar el precio de las cosas y apropiación indebida al exconsejero
delegado de la entidad Francisco Verdú, al expresidente del Consejo
Superior de las Cámaras de Comercio José Manuel Fernández Norniella, al
expresidente de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche, al exsecretario
general del PP de Madrid Ricardo Romero de Tejada y a la exconcejal de
Madrid, Mercedes de la Merced.
Están, además, imputados
representantes del PSOE, como el exdiputado madrileño Jorge Gómez o el
exconcejal de la capital José María de la Riva; de Izquierda Unida (IU),
como José Antonio Moral Santín; o de CC.OO., como Francisco Baquero y
Pedro Bedia.
El resto de imputados en la causa son Carmen
Cavero, Alberto Ibáñez, Javier López Madrid, Juan Llopart, Araceli Mora,
Francisco Juan Ros García, José Manuel Serra, Milano Soto, Francisco
Pons, Luis Blasco, Rafael Ferrando, José Rafael García-Fuster, Agustín
González, Remigio Pellicer, Estanislao Rodríguez-Ponga, Mercedes
Rojo-Izquierdo, José Manuel Suárez del Toro y Ángel Villanueva.
