Los sindicatos de Paradores no descartan más movilizaciones tras reunirse con la empresa

MADRID.- CC.OO. y UGT han anunciado que no descartan más movilizaciones en Paradores, a parte de las convocadas para el 7 y 8 de diciembre y Nochevieja y Año Nuevo, a la espera de reunirse el próximo lunes con la cadena hotelera, ya que aún no disponen de documentación sobre el plan de reestructuración.

   Las medidas propuestas por la compañía contemplan la extinción de 644 puestos de trabajo, aproximadamente el 14% de la plantilla, y afectarían tanto a los establecimientos como a los servicios centrales del ente público.

Durante una rueda de prensa, ambas organizaciones sindicales han remarcado que los representantes sindicales fueron informados del plan de forma "precipitada" a través de burofaxes y actas notariales, lo que consideran un "defecto de forma".

Las convocatorias son extensivas a los más de 4.400 trabajadores de la empresa en el conjunto de la red, 94 establecimientos, y suponen paros de 24 horas, de forma que los establecimientos continuarán abiertos aunque los trabajadores no presten servicios como los relacionados con el servicio de comidas o habitaciones.

Así, esperan que el seguimiento de la huelga durante estas próximas jornadas sea "prácticamente total", después de registrar durante los últimos paros en el Puente de El Pilar cifras de entorno al 60% y 70%, pese a que desde la dirección de la cadena cifraron el seguimiento en el 14%.

Además, han señalado que la empresa no está aceptando reservas para la cena de Nochevieja e incluso está devolviendo a los clientes los depósitos ya realizados, de forma que muchos establecimientos están suspendiendo sus acuerdos con orquestas y servicios de entretenimiento.

"Esto demuestra que no hay interés ninguno de negociar, sino de hacer cumplir lo que establece la ley y después finiquitar todo sin acuerdo, despidiendo a la gente con los 20 días", ha destacado el miembro del Comité Intercentros de Paradores de Turismo de UGT, César Galiano.

Los sindicatos, han destacado que van a defender los puestos de trabajo con "todas las armas" a su disposición, acusando a las cúpulas directivas de la cadena de "despreciar" el diálogo y la negociación durante los últimos tres años.

Del mismo modo, el secretario de Acción Sindical de CHTJ-UGT, Santos Nogales, ha remarcado que existe "voluntad" para buscar soluciones por su parte, siendo conscientes de que conllevan sacrificios para los trabajadores, pero que la compañía responde con "silencio" y se niega a asumir sus planteamientos.

Respecto a los posibles cierres definitivos o parciales de algunos establecimientos de la red, los representantes sindicales han reconocido desconocer por el momento los paradores que se verían afectados por estas medidas.

No obstante, han recalcado que una vez se conozcan los nombres de los hoteles se pondrán en contacto con los representantes políticos de las localidades afectadas, dado que estos establecimientos generan gran riqueza para las ciudades en las que se ubican, al igual que para su entorno.

Del mismo modo, han apuntado que de cerrarse de forma definitiva siete establecimientos y llevarse a cabo otros tantos cierres fijos-discontinuos, de forma que solo abrirían en determinadas épocas del año, unos 1.521 trabajadores se verían afectados, cerca del 30% de la plantilla que cuenta con 14 años de antigüedad y una media de edad que ronda los 40 años.

Por su parte, el presidente del Comité Intercentros de Paradores y secretario de la sección sindical de CC.OO. en la empresa, Enrique Sánchez Camacho, ha matizado que las pérdidas del ente público, que superarían los 100 millones de euros, no son tales ya que derivan de obras realizadas en los edificios de la cadena, propiedad de Patrimonio, e imputadas a la cuenta de ésta.

Así, el secretario de Acción Sindical de Fecoht- CCOO, Toni García, ha subrayado que de este montante 91 millones de euros corresponden a las obras realizadas en los Paradores de Cádiz (47 millones) y Alcalá de Henares, en Madrid (44 millones).

También ha indicado que la cadena ha solicitado un crédito a Unicaja de 4 millones de euros y que entre las condiciones la entidad financiera obligaría a Patrimonio a mantener el 51% de la sociedad, lo que consideran que es una estrategia "a corto plazo" para externalizar la gestión, dado que considera que la venta es "muy compleja".

Además, Galiano ha señalado que el plan de viabilidad presentado por la compañía fue rechazado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) el pasado mes de julio al carecer de "rigor" y "credibilidad", a la vez que ha criticado que el ente público esté contratando consultoras externas para temas de financiación o ahorro de costes cuando está endeudada "hasta las cejas" y cuenta con profesionales para ello.

Lissavetzky insiste en que Botella "dimita" por "desgobernar" y "no dar la cara"

MADRID.- El portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha pedido nuevamente la dimisión de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por su "desgobierno" al frente del consistorio y, en concreto, de la gestión del caso Madrid Arena.

   El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento ha asegurado que Ana Botella no ha realizado "una gestión adecuada" de la tragedia ni tampoco " ha dado respuesta a nada de lo que se le pregunta". En este sentido, el portavoz socialista ha insistido en que Botella "no está dando la cara" ante los madrileños.

   "Aquí hay un gran responsable desde el punto de vista jurídico y penal, que es el promotor (...), pero aquí ha habido negligencia por parte del Ayuntamiento", ha esbozado el socialista.

   Lissavetzky también ha exigido responsabilidades a Ana Botella por su desaparición de la escena política en tiempos de la crisis (en alusión a su viaje a Lisboa) y de "su negativa a comparecer" en la comisión de investigación.

   Lissavetzky ha mostrado varios resultados obtenidos en la Comisión de Investigación que los diferentes grupos municipales están llevando a cabo junto al Ayuntamiento de Madrid, como es el de la demostración de la falta de comunicación al SAMUR o la creación de "un plan de autoprotección específico que para un evento así era necesario". Por ello, ha defendido la comisión asegurando que, pese a que existe "una mordaza" impuesta por el propio Ayuntamiento de Madrid, se están "sacando datos a la luz".

   En este sentido, Lissavetzky ha explicado que ha existido un "incumplimiento de la norma básica para grandes espectáculos" y una descoordinación dentro del consistorio, como por ejemplo la falta de personal sanitario y material destinado al mismo en la macro fiesta.

   Preguntado por la verdadera utilidad de la comisión, el también ex secretario de Estado para el Deporte ha asegurado que se han sacado varias conclusiones prácticas que "a lo mejor" por la vía judicial "no se hubiesen conseguido", como es el de la demostración de la implicación de responsables políticos en la gestión de la tragedia. "Hay una clara negligencia por parte de los responsables políticos", ha matizado Lissavetzky.

   Asimismo, ha denunciado la falta de efectivos policiales y la falta de seguridad ciudadana que vive Madrid por culpa de los "recortes" que está adoptando el gobierno de Botella. "En dos años hay 526 policías menos", ha asegurado Lissaveztky, que también ha achacado a esta falta de recursos y a la situación que viven los policías como uno de los factores que han permitido esta tragedia, culpando a las políticas de Ana Botella.

   Por último, Lissavetzky no ha querido perder la oportunidad de mandar sus condolencias en nombre del grupo socialista y de todos los madrileños a la familia de la quinta joven fallecida este jueves a causa de las severas heridas sufridas en la noche de la tragedia. "Acompañamos en el sentimiento terrible que tenga la familia y por supuesto que debe ser la última víctima", ha comentado.

El Gobierno abona más de 1.100 millones en facturas pendientes de proveedores

MADRID.- El Gobierno central ha abonado más de 1.100 millones de euros en facturas pendientes de proveedores de las nueve comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

   Esta cantidad corresponde al segundo de los tres tramos del FLA destinado a Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía, Baleares, Asturias y Cantabria. De esta forma, la deuda de estas regiones con proveedores se ha reducido un 49,9% durante este ejercicio.

   El plan de aplicación del FLA, remitido a las comunidades autónomas el pasado 25 de septiembre, especificaba que los importes percibidos por las regiones del FLA deberían destinarse obligatoriamente al pago de determinados conceptos.

   En primer lugar, hacer frente a los pagos de sus vencimientos de deuda pública, tanto de principal como de intereses, y posteriormente, las cuantías dirigidas a cubrir las necesidades de financiación del déficit público autorizado, tienen como destino obligatorio el pago de proveedores.

El estallido que viene / Adolfo García Ortega *

Lo habrá, tarde o temprano lo habrá. Habrá un estallido social. El mundo que prometía un bienestar sostenido está roto. Los políticos no lo ven, o no lo saben o quizá sea que han llegado a ese estado de ceguera, necedad y estupidez que les impide salir de su discurso hueco, repetido y refractario. Es el bloqueo del poder partitocrático tal como lo conocemos. E intuyo que lo que se prepara es el control del estallido.

Como ciudadano pensante podría hacer un análisis negativo, incluso muy negativo, y no dejaría de ser realista. Pero se impone partir de una esperanza: la sociedad europea, sobre todo la del sur o medio-sur, sigue viva, avanza, crece, palpita, mira hacia el horizonte y no se resiste. Lucha. Esto también es real.

Ahora lo que recorre Europa es una luz. No una de esas luces de final del túnel, sino una luz pequeña, una ligera claridad, una luz de linterna que alumbra, por fin, el interior de lo que pasa. Lo primero que ilumina esa luz es que Europa tiene un problema político que no ha sabido resolver todavía. Y a esto se añade otro aspecto, trágico: los serios problemas de ciertos estratos de su población, tales como los mayores, los jóvenes, los inmigrantes, los parados, etcétera, pendientes cada uno de su inhóspito y tambaleante futuro. Y esto conduce a nuestro mayor problema: somos más viejos, somos más pobres, pero los ricos son más ricos. Hay, pues, un brote agresivo de injusticia y desigualdad.

Aunque surgen recelos por todas partes, y más con el maquillaje del Premio Nobel de la Paz a la UE (seguro que en Bosnia aún se ríen de esta broma de mal gusto), hay que reconocer que existe un camino que la sociedad europea en su conjunto ha recorrido modélicamente, un camino común hacia una identidad común, un bienestar común y una cultura diversificadamente común; un camino que no han recorrido por igual los políticos. Porque ahora hay un abismo entre la sociedad europea y sus políticos.

La clase política es el gran problema que impide modificar la
realidad en Europa

Es más, asumamos de una vez, con decisión, que la clase política es el gran problema que impide modificar la realidad en Europa. ¿Por qué? Porque los políticos no han contribuido a eliminar los prejuicios de unos sobre otros, sino que los han aumentado; y tampoco han articulado los mecanismos reales contra la injusticia, para lo cual, básicamente, estaban elegidos. Han entregado a los ciudadanos a los bancos, a las instituciones financieras, a los principios inmorales de un capitalismo sin control. Y esto todos: los políticos de derecha y los políticos de izquierda. Porque, en este sentido, en la Europa en crisis, derecha e izquierda han terminado por ser parodias recíprocas. O, lo que es peor, cómplices de una vieja dramaturgia, la de su propia supervivencia.

Y al no haber una política económica verdaderamente común (salvo la malhadada monetaria), se han evidenciado, en cada país, las miserias de esos mismos políticos: la corrupción, la ineptitud, la mala gestión, la incapacidad práctica e intelectual y el error sistemático. Esto ha llevado a cuestionar, y más que nunca y con más razones que nunca, su papel delegado de representatividad.

¿Cuáles son los verdaderos males que aquejan a Europa? A mi modo de ver, son los siguientes: 1. La fractura del equilibrio económico sostenible, que requiere actualmente redimensionarse. 2. Las diferencias entre Estados, aumentadas por la quiebra entre el Norte y el Sur. 3. La corrupción (tanto en el Norte como en el Sur) tan capilarmente extendida. 4. La política estandarizada y necia. 5. La codicia financiera, estimulada por una banca abusiva en extremo. 6. La falta de futuro nítido. 7. El vertiginoso incremento del paro y el desempleo, que ha de verse en términos no ya económicos sino de población. Y 8. El desvío o traspaso de responsabilidades y cargas a las capas más débiles o clases medias de la sociedad (ciudadanos, profesionales, trabajadores, parados) y no a la banca, ni a los grandes empresarios ni a la clase política, con el consiguiente aumento de la injusticia social generalizada.

Es decir, es imperativo asumir sin eufemismos si existe o no una respuesta a la cuestión capital de la redistribución de la riqueza y del sistema productivo y de consumo. Si la respuesta es inequitativa, toda revolución debería ser inminente. Si es equitativa, ha de formularse una eficaz respuesta política de carácter legislativo. Estamos lejos de esto. Porque esto lleva a pensar (y a propugnar) que es necesaria otra forma de vida, que partiría de esta sencilla pregunta que nadie se hace: ¿por qué las cosas valen lo que algunos dicen que valen y por qué no valen menos? Es decir, ¿por qué prima la ganancia y el beneficio por encima de la vida misma?

Se ve venir una crisis de la democracia, tal como la hemos concebido hasta ahora, y es una crisis sistémica. La representatividad y el modo de acceso a ella, sobre todoen algunos países, está cuestionada, y con razón. Es, por tanto, una crisis política. Una crisis en la que otra vez sobrevuela por Europa el fantasma de la intolerancia, del radicalismo nacionalista (de izquierda y de derecha), y otra vez se silencian las voces que, mayoritariamente, se declaran no sectarias, aplicándoles la categoría de “alternativas”, como estigma de lo que no es una opción viable. ¡Y ya lo creo que lo es!

Es urgente preguntarse si hay un futuro real para Europa. Y la respuesta siempre sería positiva, obviamente: hay, sin duda alguna, un futuro porque la gente existe, la gente vive. Sin embargo, no es tan fácil. Hay tres escenarios de futuro: uno deseable, otro indeseable y otro lamentable.

Se ve venir una crisis de la democracia, tal como la hemos
concebido, y es una crisis sistémica

El futuro deseable pasa por una total unión política, la creación de unos Estados Unidos de Europa reales. Eso permitiría conseguir una globalidad y una corresponsabilidad económica y social, con la creación de un plan de crecimiento y racionalización de recursos, producción y consumo; y no una política de austeridad que suponga la exclusión y la tortura social. En este sentido, faltan nuevas ideas y nuevos nombres que las procuren.

El futuro indeseable es aquel que conlleve ruptura de tratados que garantizan grandes márgenes de libertad, el avance de posturas muy radicales (ya las hay en Grecia, Finlandia, Hungría, Holanda, Francia…), la negatividad de la multiculturalidad, es decir, su fracaso, y, sobre todo, la desvinculación de la sociedad de los millones de parados, jóvenes en especial, dando por sentada una sobrecogedora falta de solidaridad. 

Pero hay un futuro lamentable que me temo más cercano; un futuro probable y resultadista. Será el de una Europa sin influencia estratégica mundial, con grandes carencias en las conquistas sociales, con un adelgazamiento brutal de la garantía igualitaria que ofrece “lo público”. Será una Europa en la que cualquier mejoría se anunciará para plazos cada vez más lejanos, bajo la amenaza de que “lo peor aún está por llegar”, causando desaliento. Será una Europa dividida en dos, la que funciona y la que no. 

Y habrá países de esa Europa fractal en los que invertir será un chollo: ya se podrá comprar a centavo el dólar, ya se podrá comprar un país (y lo que contiene) muy barato, aceptando gustosos una inversión en industrias que exigirán unas condiciones laborales muy desprotegidas, con sueldos muy bajos. Que la sociedad vuelva a escalar clases sociales, desde posiciones muy bajas también.

Nos están preparando para esto, para aceptar sin violencia estas duras condiciones, y para que nos parezcan una necesidad inevitable. No de otro modo se entiende la gran presión que sufren las clases medias, una auténtica incertidumbre social, y la brutal represión de todas las manifestaciones de protesta con el fin de atemorizar. Es decir, se está controlando el estallido, se está modulando su impacto y su alcance.

Ante todo esto, desolador sin duda, creo que la única esperanza, la única vía de salida, radica en ir en dirección contraria a la que vamos. Eso lo saben los políticos. Y si no lo saben, que dejen de ser políticos, porque solo serán imbéciles.

(*) Escritor

Una profesora de la Universidad de Elche identifica un componente celular que impide la metástasis

MADRID.- Una investigación liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descubierto que el componente celular Prrx1 impide que células cancerosas aniden en otros órganos y, por lo tanto, generen nuevos focos de cáncer, según los resultados del estudio, que publica la revista 'Cancer Cell'. 

   Las células cancerosas se desprenden del tumor original y se diseminan por el cuerpo anclándose a otros órganos y formando nuevos tumores, lo que se conoce como metástasis, que causa más del 90 por ciento de las muertes por cáncer.

   Para que un cáncer se propague, sus células sufren un proceso conocido como transición epiteliomesénquima (EMT, en sus siglas en inglés) debido al cual se vuelven móviles e invasivas, y comienzan a viajar por el torrente sanguíneo, pero para anclarse a un nuevo órgano o tejido deben recuperar sus características iniciales, es decir, perder la movilidad.

   La investigación española ha detectado que la transición de célula cancerosa móvil a inmóvil implica la pérdida de su componente Prrx1.

   La directora del estudio, la investigadora del Instituto de Neurociencias --centro mixto del CSIC y la Universidad Miguel Hernández -- Ángela Nieto, explica que "aunque este componente es uno de los factores que favorecen la diseminación inicial de las células cancerosas y su llegada a otros órganos, es necesario que se apague para que esas células se agrupen para formar otros tumores".

   Los tumores con elevadas cantidades de Prrx1 son, por tanto, los de mejor pronóstico, ya que no pueden formar metástasis. El también investigador del Instituto de Neurociencias Óscar Ocaña considera que "la estrategia terapéutica de bloquear la EMT para evitar la propagación de tumores sólo sería efectiva si se realiza antes de que las primeras células cancerígenas se desprendan del tumor primario, lo cual suele ocurrir en fases muy tempranas de la enfermedad y generalmente antes de haber obtenido el diagnóstico".

   "El bloqueo de la EMT en estas condiciones favorecería la aparición de nuevos tumores", afirma Ocaña. Sin embargo, una estrategia dirigida a atacar otras propiedades de las células cancerosas, sí funcionaría contra la metástasis, como muestra la investigación, realizada gracias al estudio de distintos modelos animales: pollo (Gallus gallus domesticus), pez cebra (Danio rerio) y ratón (Mus musculus), y el análisis de muestras de pacientes.

   La investigación ha contado con la participación de investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas 'Alberto Sols' (centro mixto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid), el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge y la Fundación MD Anderson Internacional.

Bankia negocia traspasar a sus proveedores parte de la plantilla

MADRID.- El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha insistido este jueves en que no habrá 6.000 despidos en la entidad, pues está en tratos con algunos de los proveedores "más importantes" de Bankia, entre los que ha citado IBM y Accenture, para que parte de los empleados vayan a trabajar allí mediante fórmulas de 'outsourcing'.

   "No estamos hablando de 6.000 despidos, porque hay otras alternativas", ha dicho el presidente de la entidad, que ha precisado que dentro de la cifra de 6.000 trabajadores que tendrán que abandonar la plantilla de Bankia se incluyen empleados de filiales en las que va a desinvertir, como el caso de la filial de Florida, que está a la venta y en la que trabajan 600 personas.

   Goirigolzarri, en declaraciones a la cadena SER, ha subrayado que, en todo caso, 14.500 personas se quedarán en el banco y tendrán un empleo de futuro en la entidad. El presidente de Bankia ha reconocido que su plan inicial no contemplaba un recorte de plantilla tan elevado como el que tendrá que ejecutar. Parte de los 6.000 tendrán que ser despedidos, aunque la cifra final "será significativamente inferior" a esa cantidad.

   "En el plan original teníamos una reducción importante de oficinas, pero Bruselas nos ha obligado a ir más allá, cerrar algunas oficinas más y en consecuencia reducir la plantilla a un nivel superior al previsto", ha señalado, para añadir que, en cualquier caso, se trata de un plan "viable y de futuro" que ha hecho suyo.

   Goirigolzarri se ha mostrado dispuesto a negociar con los sindicatos las condiciones de la salida de los empleados que sí tendrán que abandonar la entidad, aunque dentro de unos límites. "Queremos llegar a fórmulas de acuerdo con los sindicatos. No partimos de una posición apriorística, queremos negociar y buscar un acuerdo en el que todos nos encontremos cómodos. Estamos abiertos a fórmulas, siempre que nos movamos dentro de unos límites", ha precisado.

   El presidente de Bankia ha destacado que en 2015, año en el que la entidad prevé ganar 1.200 millones de euros, se podrán repartir dividendos. De hecho, ha insistido en que su objetivo "es hacerlo".

 "Ese será el primer paso para recuperar las ayudas, siempre y cuando los accionistas no decidan vender antes parte de sus acciones", ha explicado Goirigolzarri, que ha añadido que es importante que el plan diseñado para la entidad salga bien, porque ello beneficiará a la imagen del sistema financiero español y a la economía en su conjunto.

   Respecto a las preferentes, el presidente de Bankia ha explicado que los descuentos son los que impone el plan de reestructuración de Bruselas, que tiene, por un lado, una parte buena que sanea la entidad y, por otro, una "mala" que exige "algunos sacrificios", entre ellos a los preferentistas.

   "La alternativa es no tener capital y por lo tanto los preferentistas no cobrarían nada, por lo tanto el plan de reestructuración exige sacrificios, pero la alternativa es mucho peor", ha señalado Goirigolzarri, quien ha subrayado que, en el caso concreto de la entidad, los preferentistas recibirán acciones que son "totalmente líquidas" y de un banco "extraordinariamente saneado".

   El presidente de la entidad ha apuntado que este tema ha sido una de sus "mayores preocupaciones" desde que está al frente de Bankia.

   "Nunca en mi vida profesional he estado tan insistente, tan pesado como defendiendo la situación de nuestros preferentistas, pero desafortunadamente esta es una decisión que no dependía de nosotros, que depende de las autoridades europeas", ha señalado Goirigolzarri.

   "Lo que les puedo decir también es que si tienen la conversión en acciones, espero que sea a un precio positivo. Nosotros en este equipo tenemos el compromiso de que esas acciones vayan adquiriendo valor en el futuro", ha remarcado.

   Por otro lado y preguntado por los desahucios, Goirigolzarri ha explicado que Bankia tiene paralizados los desahucios para aquellas personas "en situación social de vulnerabilidad".

   Además, ha dicho que Bankia está desarrollando un protocolo para anticipar toda la problemática de este asunto y, en este sentido, ha indicado que la entidad ha concedido 4.400 daciones en pago en el último año y medio. "Nuestra sensibilidad social es absoluta y total", ha aseverado.

La recesión multiplica las deudas de empresas y familias con las CCAA

MADRID.- Lo  ‘normal’ es que las administraciones territoriales -comunidades y ayuntamientos- tarden mucho en pagar a sus proveedores. Pero lo que realmente es novedoso es que sean las familias y las empresas quienes acumulen cuantiosas deudas con la Administración. Y eso es, exactamente, lo que está sucediendo en la actualidad. Sin duda, por el deterioro de la renta disponible de los agentes económicos derivada de la recesión, dice hoy 'El Confidencial'.

Según los datos remitidos por los 17 gobiernos regionales a Hacienda, los derechos pendientes de cobro -lo que el sector privado debe a las haciendas autonómicas- han aumentado durante los primeros nueve meses de este año en 5.875 millones de euros. De esta cantidad, el 45% tiene que ver con retrasos en el pago de impuestos, y el resto procede de conceptos no estrictamente tributarios. 

Esta cifra, sin embargo, hay que minorarla debido a que las haciendas autonómicas han logrado recuperar 1.893 millones procedentes de ejercicios anteriores. En todo caso, las deudas rozan los 3.100 millones de euros. Andalucía es, con diferencia, la comunidad que cuenta con mayores dificultades para cobrar. La deuda de los andaluces con la Junta ha crecido en 1.275 millones de euros en lo que va de año, y a continuación se encuentra País Vasco (966 millones). Tan sólo en Canarias y La Rioja ha bajado algo, pero de forma irrelevante. En los dos casos por debajo de los 25 millones. 

Esta cantidad contrasta con la evolución de lo que adeudan las comunidades autónomas a sus proveedores, que está bajando de forma relevante. En concreto, y según Hacienda, las obligaciones pendientes de pago -lo que debe el sector público al privado- ha descendido en 5.816 millones hasta septiembre. En este caso, la variación tiene que ver con el Plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno, que ha supuesto un antes y un después. 

Las mejores regiones

Los datos aparecen en la ejecución mensual presupuestaria remitida por los gobiernos regionales a Hacienda, y ponen de manifiesto que tres comunidades -Castilla-La Mancha, Cataluña y Madrid- llevan el peso del proceso de puesta al día de sus pagos a proveedores. En los dos primeros casos, por encima de los 1.540 millones de euros, y en el tercero 1.237 millones. Por el contrario, y según Hacienda, las obligaciones pendientes de pago han crecido a lo largo de 2012 en tres regiones: Comunidad Valenciana (620 millones); Castilla y León (203 millones) y Murcia (111 millones), que han visto aumentar sus deudas pese al plan de pago a proveedores.

La información de Hacienda  es relevante porque supone la foto más actual -la información se hace pública de forma trimestral- sobre la liquidez de las comunidades autónomas, y revela que las obligaciones pendientes de pago de los gobiernos regionales asciende a 30 de septiembre a 12.988 millones de euros. La cantidad, como se ha dicho, representa un fuerte descenso respecto  a años anteriores gracias al plan de pago a proveedores.

El gran cambio estructural de la economía mundial / Ángel Tomás *

Ya se va tomado conciencia de que el actual sistema estructural de la economía mundial no tiene futuro. Es de una claridad meridiana que se va desintegrando de manera progresiva y creciente y que surgirá uno nuevo, que en nada se parecerá al que soportamos, destructor de un libre mercado que todos los políticos presumen defender maquillando la realidad y manejando un populismo vergonzoso y adormecedor, concediendo derechos individuales y colectivos que disimulan la pérdida de la libertad humana; cuando la triste realidad es que la única pretensión es conservar en su mano una política económica dirigista, que permita seguir ganando elecciones.

Durante demasiados años, en gran parte de los países más avanzados, se está soportando una mayoría de políticos y tecnócratas mediocres, oscuros y sin visión de futuro, que careciendo de la experiencia y conocimientos necesarios legislan compulsivamente, especialmente en España, haciendo un ordenamiento jurídico desenfrenado y de entramado complejísimo, que incapacita su aplicación y permite manejar la justicia restándole independencia; el peor servicio que puede hacerse a la democracia.

Una gestión política carente de eficacia, obsesionada con mantener sus posiciones personales, junto a unos mercados financieros que solo persiguen el lucro a toda costa, y sin que nadie sepa quién lo dirige o asume la responsabilidad; son los culpables del desastre económico mundial en que nos encontramos. Será necesario mucho tiempo para que una nueva estructura económica supere los desequilibrios provocados por tan pésima dirección y volvamos a un crecimiento discreto sostenido.

Los grandes errores cometidos han sido: 1. No respetar unos presupuestos equilibrados, gastando sin freno y despilfarrando en obras gigantescas, muchas de ellas no rentables, sin que los impuestos hicieran posible su cobertura; resultado, un endeudamiento insoportable, a un costo inasumible. 2. Una economía basada en sectores fáciles de impulsar, como la construcción, que superó varias veces la demanda despreciando la industrialización y la agricultura. 3. Un descontrol del sistema bancario con la concesión de créditos indiscriminados carentes de garantía, que ha desembocado en balances catastróficos, y soportando una morosidad creciente, que está obligando a inyectarles la tesorería perdida para hacer posible el crédito, si bien la posición de familias y empresas, endeudadas y en crisis también, lo dificulten. 4. La supresión o deterioro de los sistemas de supervisión tradicionales y de excelente resultado: los interventores y contadores de la Hacienda Pública. Se ha pasado al control político del Banco de España, del Tribunal de Cuentas y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, lo que ha permitido el manejo del Tesoro Público y permitir, en determinados casos, operaciones de dudosa moralidad.

Nos encontramos en España y en otros muchos países, con unas actividades económicas casi paralizadas, unos sistemas de financiación carentes de fondos y con un endeudamiento con la banca exterior, que costará años retornar. La crisis bancaria ha provocado la desaparición de las cuarenta y seis cajas existentes, la crisis de algunos bancos y la nacionalización de Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y del Banco Valencia, los mayores participes que financiaron la irresponsable burbuja de la construcción.

Para que se produzca el cambio estructural mundial, que se autoimpondrá, como ha ocurrido históricamente tras las grandes crisis (recordemos la gran depresión de los años treinta), es necesario y urgente liberar a la economía, rehén de los dirigentes políticos. Es sabido que quien proporciona crecimiento y riqueza es la economía real, única capaz de asimilar el cambio por su experiencia, imaginación y trabajo, cualidades de las que generalmente carecen los dirigentes políticos.

Una renovada clase política debería concentrar la atención y los recursos en la reactivación económica, en vigilar el cumplimiento de los presupuestos, en rehabilitar los sistemas de control y supervisión restituyendo su autonomía, en revitalizar la firmeza e independencia de la justicia, y en dotar de recursos a la investigación y a la ciencia para poder ser competitivos y no perder el tren del futuro, de lo contrario seguiremos en regresión y saldremos de las instituciones económicas internacionales a las que tanto esfuerzo nos costó entrar.

El poco capital político de alta calidad con el que contamos, debe hacernos reaccionar buscando líderes auténticos, con sabiduría y experiencia probada, y unirnos todos a ellos para conseguir una economía limpia y en crecimiento sostenido. Solo así podremos asimilar e integrarnos al cambio profundo de estructura que irremediablemente va a producirse y que novará la decadente y dictatorial política económica que nos oprime.

(*) Economista y empresario

Madrid aplica a "rajatabla" la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares

MADRID.- Murcia, La Rioja, Extremadura, Canarias, Cantabria, Aragón, Baleares, Castilla-la Mancha y Madrid aplican la reforma sanitaria del Gobierno a rajatabla, "e incluso algunas han ido más allá", según un informe de Médicos del Mundo que, tras realizar un mapa sobre la aplicación de la retirada la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares en las distintas comunidades autónomas, denuncia el caos existente tres meses después de la entrada en vigor. 

   Por el contrario, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Asturias rechazan su aplicación, "llegando algunos a ejercer acciones legales contra el mismo", y en la práctica, han dispuesto las herramientas necesarias para asegurar la asistencia al colectivo inmigrante excluido en todas las circunstancias. El resto de comunidades aplican la norma pero han articulado procedimientos de atención a las personas excluidas más allá de los mínimos establecidos.

   La organización utiliza los colores del semáforo (rojo, verde y amarillo) para calificar el estado de su implantación, --tanto desde el posicionamiento político como en la práctica diaria--, siendo el rojo el que indica las CCAA que mejor aplican mejor la reforma que solo asegura a este colectivo la atención de emergencia, a menores y embarazadas.

   Aragón, Baleares, Castilla-la Mancha y Madrid son las comunidades donde casos más graves de inasistencia se han recogido, aunque se han registrado casos de denegación de atención sanitaria en todas las comunidades, incluso en las calificadas como de color verde, si bien habitualmente en ellas la disposición a solucionarlos es favorable.

   Los ejemplos recopilados van desde el enfermo crónico al que se reclama el pago por diálisis (Aragón), hasta situaciones de falta de tratamiento post-quirúrgico (Castilla-La Mancha), pasando por la denegación de atención a una mujer con un embarazo de alto riesgo (Canarias) o la negación de atención a un inmigrante empadronado al que se le impide la tramitación de la tarjeta sanitaria (Baleares).

   Entre lo más llamativo, se observa que mientras algunos gobiernos autonómicos empezaron a rechazar a personas migrantes en sus sistemas sanitarios ya desde mayo de 2012 - cuatro meses antes de la entrada en vigor de la norma-, otros han otorgado al personal administrativo en lugar de al sanitario la potestad de decidir lo que es o lo que no es urgencia.

   Del mismo modo, sólo 6 comunidades autónomas -Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia- han aprobado algún documento con ese fin (circular informativa, instrucción, comunicado o carta a los profesionales sanitarios). Aunque, en loa mayoría los procedimientos administrativos son muy complejos, otros contemplan afirmaciones sin entrar en su regulación, y, algunos de los que regulan las actuaciones, tienen carácter provisional.

   "A toda esta situación de heterogeneidad se une la diversidad de las diferentes autonomías a la hora de formalizar la aplicación práctica del RDL", destacan desde la organización, quien califica el contenido del RD de "vago" lo que ha formantazo la "informalidad en su desarrollo y genera desigualdad" tanto entre distintas comunidades autónomas cómo entre los diferentes centros sanitarios dentro de las mismas.

   Dejando a un lado el "caos" que ha provocado su implantación, Médicos del Mundo denuncia que esta reforma colisiona con la Constitución y con los Estatutos de Autonomía de algunas comunidades autónomas. Además, "supone una vulneración del derecho humano a la salud y de su reflejo en instrumentos internacionales suscritos por España, como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y una falta de seguimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud".

   En cuanto el informe, la organización advierte de que los casos a los que han tenido acceso las entidades que trabajan en este ámbito no suponen el total de los casos existentes, "puesto que muchos de ellos se retraen de pedir ayuda por desconfianza, miedo o desconocimiento de sus derechos, lo que hace imposible determinar el alcance real de la vulneración del derecho a la salud que se está produciendo en España".

   Respecto al desenlace de los casos analizados, destaca que, "si bien gran parte de las derivaciones de estos casos se han resuelto positivamente, las personas que consiguen ser atendidas no tienen cubierta la medicación que precisan, por lo que dado el elevado coste -especialmente de los tratamientos para enfermedades crónicas- y la ausencia de recursos económicos por parte de este colectivo existe un riesgo real de falta de seguimiento de los tratamientos prescritos".

Bankia recortará 6.000 empleos

MADRID.- Bankia acometerá un plan de reestructuración que supondrá la eliminación de unos 6.000 empleos, un 28 por ciento de la plantilla, y cerrará 1.100 oficinas, una disminución del 39 por ciento. Además, Bankia prevé volver a tener ganancias en 2013, esperando alcanzar un beneficio neto de 1.200 millones de euros en 2015.

   Así lo ha detallado su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, en rueda de prensa. El plan de reestructuración cifra el apoyo público que recibirá la entidad en 17.959 millones de euros, incluidos los 4.500 millones recibidos en diciembre.

   "Nos vamos a dejar la piel para que se cumpla este plan estratégico. No lo sabemos seguro, pero nos vamos a dejar la vida", ha defendido Goirigolzarri sobre las líneas a seguir por la entidad.

   Bankia, que registrará unas pérdidas de unos 19.000 millones de euros en 2012, prevé 52.000 millones de nuevo crédito hasta 2015, de los que el 84% se destinará a nuevas empresas.

   El presidente de Bankia, quien ha garantizado permanecer al frente de la entidad "si se respetan" sus decisiones, ha insistido en que la cifra final de despidos será "significativamente inferior" al ajuste de plantilla en 6.000 personas.

   En este sentido, ha adelantado que se reunirán con los sindicatos desde esta misma tarde en busca de "consenso" sobre el plan de reducción de trabajadores. Goirigolzarri ha asegurado que la entidad no defenderá una posición "predeterminada", tras ser preguntado sobre si se promoverá un despido de 20 días por indemnización.

   El banquero ha hecho hincapié en que el volumen de ayudas sobre el total de activos de Bankia es "muy inferior" al de otras entidades nacionalizadas, si bien ha negado sentirse como "el patito feo" ante las exigencias de Bruselas. Eso sí, ha querido distinguir entre las entidades que no devuelven ayudas y las que sí.

   Goirigolzarri ha adelantado que el plan de reestructuración de Bruselas no permitirá a la entidad repartir dividendos hasta 2014. "Es un plan viable que conducirá a Bankia a ser referencia en la banca española", ha afirmado.

   La necesidades de capital de Bankia destapadas por Oliver Wyman se cifraban en hasta 24.700 millones de euros, pero la entidad ha explicado que este déficit se aminorará por la transferencia de activos a la Sareb, que reduce en 200 millones el déficit de recursos propios, y el canje de instrumentos híbridos (participaciones preferentes y deuda subordinada), que puede generar hasta 6.500 millones de euros de capital en el grupo.

   Así pues, las necesidades de inyección de dinero público en BFA-Bankia alcanzarán los 17.959 millones de euros. Tras el anticipo de 4.500 millones realizado por el FROB el pasado 12 de septiembre, la aportación pendiente de realizar por fondos públicos es de 13.459 millones de euros, ha aclarado el presidente de Bankia.

   BFA prevé recibir la inyección de capital antes de que acabe el año. En cuanto a Bankia, sus necesidades son parte de las del conjunto del Grupo BFA. En su caso, se estiman en 15.500 millones de euros, de los que hasta 4.800 millones provendrán del canje de instrumentos híbridos y 10.700 millones deberán ser aportados por los accionistas. La ampliación de capital en Bankia está totalmente garantizada por BFA.

   Tras los saneamientos, que ascienden a 24.800 millones en 2012, y la inyección de capital prevista para antes de que acabe el año, el ratio de solvencia de BFA se situará por encima del 9,5 por ciento. Lo mismo sucederá con Bankia cuando acometa su ampliación de capital.

   En términos de liquidez, la inyección de capital y la transferencia de activos a la Sareb, junto a los activos líquidos ya disponibles, permiten a BFA-Bankia tener unos activos líquidos de 40.300 millones de euros, frente a unos vencimientos totales de 45.300 millones.

   El plan estratégico de Bankia configura un cambio en la composición de la cartera crediticia, con un mayor peso de la financiación a empresas y prácticamente sin exposición a la actividad inmobiliaria (2,5 por ciento del total de la cartera crediticia en 2012). La entidad prevé nuevas formalizaciones de préstamos por 52.000 millones de euros hasta el año 2015, el 84 por ciento de ellos para empresas.

   La entidad estima generar 28.800 millones de euros de liquidez en los tres años de vigencia del plan, que cubren con holgura los vencimientos del periodo 2013-2015. En cuanto a la solvencia, la generación de beneficios en el periodo, junto a la reducción de los activos ponderados por riesgo, permitirán al grupo BFA generar un exceso de capital sobre el mínimo regulatorio (nueve por ciento core capital) de 5.400 millones de euros, al tener un ratio de capital superior al 14,5 por ciento.

   El descuento que aplicará BFA-Bankia a los clientes con preferentes será del 39 por ciento, dado que el precio de canje se estima en el 61 por ciento, según ha informado la entidad. También ha señalado que el descuento para los clientes de instrumentos híbridos minoristas oscilará entre el 46 por ciento y el 14 por ciento, sin incluir en estas cifras los intereses ya percibidos por estos títulos.

   Así, los clientes de preferentes tendrán un descuento del 39 por ciento, mientras, la quita en deuda subordinada perpetua será del 46 por ciento y la de la deuda subordinada con vencimiento del 14 por ciento.

   Bankia, que espera volver a ser rentable en 2013 y ganar 1.200 millones en 2015, sustentará la mejora de su rentabilidad en cuatro ejes: la venta de más productos a clientes, un plan de desinversiones de 50.000 millones, un cambio de composición de la cartera crediticia y medidas de reducción de costes.

   El programa de desinversiones en activos no estratégicos, por un total de 50.000 millones de euros hasta 2015 (desde 90.000 a 40.000 millones de euros), contempla la cesión de activos a la Sareb, el 'banco malo' por 25.000 millones, además de 17.000 millones de la cartera de créditos y 8.800 millones de la cartera de valores.

   Al respecto, el plan aprobado por Bruselas obliga a la entidad a desinvertir en su cartera de participadas, entre las que figuran Mapfre (alrededor del 15 por ciento) e IAG (12 por ciento), durante los próximos cuatro años.

   Durante la rueda de prensa, Goirigolzarri ha avanzado que la entidad venderá su participación en Mapfre, que "está disponible para la venta" y ha asegurado que ya han comunicado a la aseguradora dicha decisión.

   Sobre su participación en Iberia, el presidente de Bankia ha señalado que la entidad cuenta con un plazo de cuatro años para desinvertir y ha asegurado que "hay margen de maniobra" para acometer estas desinversiones.  

   Goirigolzarri también ha adelantado que Bankia se desprenderá de su filial en Miami, City National Bank of Florida (CNB), que registró un beneficio neto de 32,2 millones de dólares (unos 26 millones de euros) durante los nueve primeros meses del año, un 7 por ciento más. "Es un banco excelente, pero lo venderemos", ha asegurado.

   Por otro lado, el presidente de Bankia ha enviado una misiva a los directores de las oficinas, en la que remite su "gran pesar" por unos sacrificios que se harán en aras de una "auténtica refundación" del banco nacionalizado. "Estos sacrificios no son, ni serán, sacrificios baldíos, puesto que del éxito del plan estratégico se derivará un gran efecto para muchas personas", ha explicado Goirigolzarri.

España, ante el reto de adelgazar la burocracia regional

MADRID.- Las comunidades autónomas españolas se verán abocadas a reducir sus estructuras administrativas para adaptarlas a los tiempos de crisis, previsiblemente mediante la centralización de algunos sevicios y la privatización de otros, dijo el presidente de la comisión encargada de reformar las administraciones públicas.

El subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales, que desde el Palacio de la Moncloa supervisará el trabajo de esta comisión, se mostró convencido de que se lograrán los consensos necesarios tanto con las comunidades autónomas (CCAA) como con la oposición para sacar adelante el proyecto, pese a que podría toparse con la resistencia de algunos gobiernos regionales.

"Estas cosas siempre cuestan, pero es que hay que hacerlas", dijo Pérez Renovales en una entrevista con Reuters, recordando que las regiones tienen unos estrictos objetivos de déficit que cumplir y por tanto pocas opciones de rechazar potenciales ahorros de gasto.

"A lo mejor es un problema a corto plazo reducir el tamaño de lo que tienen o juntarlo con lo que tiene el Estado, pero no creo que haya una resistencia enorme", afirmó.

Tras años de intensa descentralización, los gobiernos regionales se han convertido en la mayor de las administraciones públicas españolas, con más de la mitad de su personal y un tercio de su gasto total, gestionando servicios públicos clave como la sanidad o la educación.

El deterioro de su calidad de crédito y las estrictas condiciones de los mercados han dejado además a muchas de las regiones a expensas del Estado, que ha diseñado un plan de dos años para atender a sus necesidades de liquidez mientras las 17 comunidades se han comprometido a ahorrar 18.350 millones de euros en 2012.

Durante las "vacas gordas", las CCAA recibieron ingresos extraordinarios derivados del 'boom' inmobiliario que pasaron en muchos casos a ser gastos recurrentes, algo que la crisis ha hecho insostenible y las ha llevado a aprobar estrictos ajustes presupuestarios.

La comisión de reforma administrativa se enmarca en el plan reformista del Gobierno español, tras los cambios abordados en el mercado laboral o el sector financiero, en medio de una profunda recesión económica mientras el país trata de cumplir los objetivos de déficit pactados con Bruselas.

Uno de los objetivos de la comisión, que carece de una estimación de ahorro de gasto público y debe presentar sus conclusiones antes de mediados de 2013, es reducir la estructura administrativa allí donde se encuentren funciones duplicadas entre distintos departamentos o niveles de la administración.

Sin embargo, Pérez Renovales subrayó que en la estructura estatal, donde hay unos 237.000 empleados públicos, "no hay mucho margen" de adelgazamiento, por lo que la mayoría de los cambios tendrán que venir de las CCAA, en cuyas administraciones trabajan alrededor de 1,4 millones de personas.

"Las comunidades autónomas ya están ajustando (...) (pero) Lo que va a hacer este trabajo es darles muchísima más información y muchas propuestas para reducir su administración pública o para hacerla más eficiente", añadió.

El Gobierno insiste en que el objetivo es simplificar los cuerpos administrativos y no dar marcha atrás en el estado de las autonomías, aunque Pérez Renovales sí habló de "centralizar en el mejor sentido de la palabra".

El subsecretario puso como ejemplo la centralización de servicios como la gestión informática, la confección de nóminas o de selección de proveedores, al estilo de lo realizado en el ámbito de la sanidad con los procesos de compras centralizados de medicamentos.

Tampoco descartó que de la evaluación de algunos de los servicios analizados se concluya que no es necesaria la participación ni de la Administración central ni de la autonómica, y pudiera encomendarse al sector privado.

"Seguro que descubrimos que tanto aquí como allí hay funciones que pueden estar desempeñando dos organismos estatales y de la comunidad autónoma a la vez y puede que no tenga que desempeñarse por ninguno", declaró Pérez Renovales.

"Al final se trata de tener una administración que tenga justo el tamaño para hacer lo que la función pública te exija que hagas", afirmó.

Aunque las propuestas de la comisión no serán vinculantes, subrayó que los gobiernos regionales podrían verse "abocados" a asumirlas para cumplir con sus objetivos de déficit, ya que bajo la estricta ley orgánica de estabilidad presupuestaria, el Estado dispone de mecanismos para sancionar a las comunidades incumplidoras, y "hay total voluntad de aplicar la ley".

La reforma de las estructuras regionales irá de la mano de cambios en la Administración local, donde se está ultimando un proyecto de ley que clarificará las competencias de los ayuntamientos y que aspira a modificar radicalmente la prestación de los servicios municipales para hacerlos más eficientes.

"Siempre se dice que de las crisis pueden salir grandes proyectos de reforma, pues este es un ejemplo claro", aseguró Pérez Renovales, mostrándose convencido de que las reformas emprendidas sentarían las bases para un buen crecimiento futuro de España.

La Comunidad cede a Cáritas 1.000 viviendas para familias desahuciadas

MADRID.- La Comunidad de Madrid ha cedido a Cáritas unas 1.000 viviendas para acoger a familias desahuciadas, que deberán pagar un alquiler de en torno a 200 euros, aunque podría llegar a 40 euros, a través de un convenio de cinco años de duración, con posibilidad de ampliarse.

   El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González; el consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda, Pablo Cavero, y el director de Cáritas Madrid, Julio Beamonte, han firmado este martes el convenio, que para el presidente regional es "muy importante" y con el que se quiere "contribuir a dar esperanza a muchas familias madrileñas que en estos momento de crisis lo están pasando muy mal y se están viendo privadas de sus viviendas".

   González ha indicado que la medida va destinada familias que han sido desahuciadas no porque no quieran pagar su hipoteca, sino porque por las circunstancias económicas en las que nos encontramos no lo están pudiendo hacer. De esta forma "se ven privadas de la casa, del entorno familiar", lo que supone "un drama personal y familiar" que es lo que se están intentando paliar.

   El presidente ha señalado que comprar una vivienda es una decisión vital para muchas familias, sobre todo en España, "donde el sentimiento de propiedad de la vivienda está muy arraigado". Asimismo, ha indicado que el desahucio constituye un "fenómeno de desectructuración de la propia familia, por lo que el hecho de garantizarles un sitio donde vivir en unas condiciones dignas supone contribuir a la convivencia de la familia, que es necesaria".

   González ha recordado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha intentado "transparentar el mercado hipotecario" dentro de sus competencias, "pero la situación actual de crisis desborda la realidad y el fenómeno de los desahucios está muy extendido".

   Así, aunque se ha manifestado partidario de "primar el derecho y la seguridad jurídica para que todo el mundo sepa que tiene que hacer frente a sus responsabilidades legales", ha destacado la necesidad de poner en marcha "mecanismos que ayuden a paliar situaciones especialmente complicadas".

   Según González, la Comunidad pensó que "una de las posibles ayudas" era la cesión, a través del IVIMA, de estas viviendas que en estos momentos se encuentran deshabitadas, por eso inició las conversaciones con Cáritas con el objetivo de poner en marcha esta iniciativa.

   Cáritas se encargará del acondicionamiento de esas viviendas por medio de un programa de voluntariado, antes de ponerlas a disposición de familias "en especiales circunstancia de dificultades económicas y que se hayan visto privadas de otra". Se trata de viviendas entre 70 y 90 metros cuadrados que llevan tiempo deshabitadas y en la que hay que arreglar algún desperfecto.

   González ha dicho que la Comunidad podría ceder más de 1.000 viviendas si no fuera porque "sufre" el movimiento 'okupa' y tiene "un importante número de viviendas 'okupadas' en estos momentos". "En la medida que tuviéramos más posibilidades lo podríamos ampliar", ha señalado.

   Por su parte, en el turno de preguntas, Beamonte ha agradecido la "sensibilidad" del Gobierno Regional, y ha apuntado que "el objetivo fundamental de programas como éste" no es sólo garantizar una vivienda, sino "incidir sobre la problemática real que tiene la pareja", como consecuencia de una situación que suele partir de la pérdida de empleo.

   Beamonte ha dicho que el nuevo perfil de solicitantes de ayuda se corresponde con un varón de entre 40 y 50 años, parado de larga duración, con problemas de desestructuración familiar, de un tipo de familia que hasta hace poco estaban integradas en la sociedad. También ha apuntado como un rasgo la titulación universitaria.

   Por otro lado, ha hecho referencia a familia monoparentales, normalmente mujeres con hijos y sin posibilidades de encontrar trabajo.

   Por su parte, a preguntas de los periodistas, Cavero ha negado que el IVIMA esté llevando a cabo procesos de desahucio, y ha asegurado que uno de sus cometidos es poner a disposición de los madrileños más viviendas, que hasta ahora no estaban disponibles por necesidad de obras de acondicionamiento y rehabilitación.

500 antes de Navidad

La Comunidad de Madrid, a través del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), y Cáritas pondrán a disposición de familias desahuciadas unas 500 viviendas antes de Navidad, la mitad de las casi 1.000 viviendas cedidas. 
   Así se lo han comunicado fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid, que han señalado que mientras los técnicos revisan una a una las viviendas, Cáritas realizará el estudio socioeconómico de las familias para comprobar su idoneidad y fijar un alquiler.
   A través de Cáritas, se agilizará la realización de las obras necesarias en las viviendas para que puedan trasladarse a ellas familias, así como la contratación de un seguro y la adquisición de muebles.
   Una vez entregadas las viviendas, la asociación llevará a cabo un seguimiento constante de la situación de las familias y revisará la concesión cada seis meses, han precisado las mismas fuentes.
   Las viviendas que se han puesto a disposición de familias desahuciadas "en especial situación de necesidad" están ubicadas en 34 municipios (la mitad de ellas en Madrid), y han sido recuperadas de ocupaciones ilegales.

González no dará marcha atrás a la externalización de seis hospitales

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha descartado este martes dar marcha atrás al plan de privatización de la gestión sanitaria de seis hospitales madrileños aunque los sindicatos "amenacen" con prolongar la huelga, y ha señalado que en Andalucía hay 17 hospitales con el mismo modelo de gestión privada y que no oye ni al PSOE, ni a IU ni  a los sindicatos decir "poco más o menos que están dejando morir a los andaluces".

   González ha afirmado también que "el gobierno no tiene ningún plan de acoso y derribo contra nada, sino la responsabilidad de mantener el funcionamiento de los servicios públicos tan extraordinarios que tiene la Comunidad de Madrid".

   "El eslogan y lo que hay detrás de esos movimientos sindicales, que es que estamos privatizando la sanidad, es falso de toda falsedad. Nadie está privatizando la sanidad ni la vamos a privatizar, la sanidad va a seguir siendo universal y gratuita y de la máxima calidad", ha aseverado.

   A su juicio, lo que se pretende con las movilizaciones es "asustar a los ciudadanos" diciéndoles que se va a ver perjudicada su prestación sanitaria por el hecho de que se va a "externalizar la gestión sanitaria de algunos hospitales".

   Sin embargo, ha indicado que "ya se está haciendo en algunos hospitales", los de Valdemoro, Torrejón y Móstoles, "que están funcionando a la perfección".  A este respecto, ha señalado que no ha visto ninguna queja de esos hospitales, ni a nadie que se le haya dejado de atender, de prestar un servicio o que haya tenido que pagar por la prestación.

   Por ello, ha dicho que a los que están detrás de las movilizaciones les pediría "que hicieran el esfuerzo de ir a esos hospitales y preguntar a la gente"  para comprobar que están recibiendo atención sanitaria con las mismas prestaciones que en el resto de los hospitales y gratuitamente. "Y si es así, ¿por qué estamos en una campaña de engaño y de asustar a la gente con cosas que son absolutamente falsas?", ha agregado.  

   Ha insistido en que "nadie está privatizando la sanidad, ni la va a privatizar, ni va a cobrar por ella ni va a reducir servicios".

 "Precisamente estas medidas de racionalización del gasto las hacemos para lo contrario, para mantener estos servicios sanitarios, educativos, este transporte público tan extraordinario que tenemos aquí, en un escenario presupuestario de minoración de ingresos".

   Más allá de las dificultades económicas, González ha destacado el compromiso de la Comunidad de Madrid con "un sistema fiscal reducido", donde no sólo no se suben los impuestos "sino que se bajan" y donde "se mantienen las bonificaciones fiscales para que los ciudadanos tengan más dinero en su bolsillo".

   Asimismo, ha recordado que el discurso contra el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid es el mismo que hace seis años, y se ha demostrado que "todo eso es mentira". En este punto, ha destacado que en Andalucía hay 17 hospitales con el mismo modelo de gestión.

   "No oigo a nadie del PSOE, de IU, de los sindicatos decir que los andaluces están matando en sus hospitales a los andaluces , que les están cobrando, que no se les está dando la atención, que poco más o menos les están dejando morir", ha manifestado.

   En este sentido, ha pedido que le expliquen por qué son mejores los 17 hospitales de Andalucía que los madrileños y ha sentenciado que "es una irresponsabilidad jugar con este asunto".

Los sindicatos denuncian el "despilfarro" en la gestión del Museo Reina Sofía

MADRID.- La totalidad de las centrales sindicales, FSP-UGT, CCOO, CSIF y FEDECA, con representación en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, han denunciado la "gestión errática de la dirección en materia económica y de personal, que está provocando una situación institucional insostenible".

   En un comunicado remitido este martes, las centrales sindicales aseguran que se están produciendo "gastos desmedidos y difícilmente justificables, como compra de artículos de lujo, supuestamente como regalos protocolarios y hoteles y viajes de cuantía desproporcionada con más de 400 euros la noche".

   En este sentido, destacan que todas estas situaciones "se enmarcan en unas relaciones laborales basadas en el nepotismo, la endogamia y el conflicto permanente".

 "La proliferación de asistencias técnicas, super-becas y contratos de alta dirección, han conformado una estructura paralela que mal gestiona lo público y que ha creado una extensa red clientelar".

   A este respecto, los sindicatos, señalan que dicha red "se ampliará exponencialmente" al haberse constituido recientemente una Fundación privada, cuyo primer Patronato presidió la Reina Doña Sofía la pasada semana, y que afirman que será "otro agujero negro que escapará al control administrativo y que se constituirá en un paraíso para la contratación de personal de confianza".

   Asimismo, en este comunicado, los denunciantes dicen que se están produciendo "situaciones laborales que podrían estar rayando el acoso laboral con cuadros de ansiedad".

 "El derecho a la maternidad ha sido puesto en entredicho. Las trabajadoras y trabajadores tienen miedo de denunciar estas situaciones", explican.

   "Las funciones que deben ser ejercidas por las empleadas y los empleados públicos se contratan externamente a empresas o las realiza personal ajeno a la institución. Esta circunstancia supone un sobrecoste económico así como una marginación de las trabajadoras y trabajadores de plantilla", denuncian. También indican que en medio de la crisis y los recortes, "se siguen realizando contratos de alta dirección con jugosos sueldos".

   Finalmente, comunican que la dirección del museo, "lejos de rectificar o intentar reconducir la situación para ganar en transparencia económica y administrativa, utiliza expresiones como cutres, iluminados y demagogos, para referirse a la parte social", lo que, a su juicio, determina "su incapacidad para guiar a una institución de la importancia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía".

  Tomás Juan Merino Ortiz, representante de UGT-MNCAR, explica que el "meollo" de la cuestión es que hay "una estructura paralela montada por enchufe, con gente que gana mucho dinero". "Están mandando de mala manera, con empleados públicos arrinconados y con contrataciones encubiertas", alega.

   El representante sindical asegura que tienen copias de las facturas de las noches de hotel denunciadas, de los regalos o de los contratos encubiertos y afirma que toda esta información se hace pública de cara a la renovación de Manuel Borja-Villel como director del Museo. "Él tiene que renovar ahora su contrato, si le renuevan son otros cinco años soportándole, por eso hemos lanzado este órdago, y hemos sacado esta información que nos han pasado los propios funcionarios".

   Por su parte, fuentes del Museo Reina Sofía han asegurado que la institución ha actuado siempre "dentro de la legalidad" y que puede "demostrarlo" llegado el caso. "Nosotros podemos aportar la documentación, todo lo necesario para ver que no se ha cometido ni una sola irregularidad ni ha habido una sola denuncia", insisten. Por ello, han acudido ya a la Abogacía del Estado "para estudiar posibles medidas legales por injuria y difamación".

   En este sentido y en alusión a aspectos concretos, las citadas fuentes han rebatido lo relacionado con el supuesto acoso laboral que denuncian los sindicatos: "No se ha producido ni una sola denuncia. Tenemos establecido un protocolo aprobado a disposición de todos los trabajadores, y ni personal ni el responsable de prevención de riesgos, ni en comisaría se ha recibido queja por parte de ninguna trabajadora. Estas acusaciones son muy fuertes sin un solo hecho que las demuestren", afirman.

   Respecto a las supuestas "compras de artículos de lujo", el Museo recuerda que los sindicatos aluden a un hecho concreto ocurrido hace año y medio "que ha pasado por la intervención general del Estado" y que se refiere a "una partida de protocolo, una partida legal, como las que existen en todas las instituciones públicas".

   Asimismo, las fuentes consultadas han calificado de "insulto a la inteligencia" la denuncia de los sindicatos relativa a la recién creada Fundación del Museo y recuerdan que son los propios patronos "los que ponen el dinero".

   En cuanto a las "super-becas", el Museo alega que van destinadas a los investigadores (oscilan entre 11.000 y 20.000 euros) y están "impulsadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte".

   También rebate el Reina Sofía las acusaciones sobre "cuantía desproporcionada" en viajes y explica que, en esas circunstancias, los hoteles no pueden superar los 100 euros y si hay fuerza mayor (como ocurrió en un traslado a Basilea) "hay que justificar por qué se fue a otro que costó 300 euros".

   Por otra parte, el Museo considera "lógico" contratar de manera externa un servicio que no tiene y, en cuanto a las contrataciones de personal con "jugosos sueldos", como dicen los sindicatos, recuerdan que los sueldos "oscilan entre 30.000 y 50.000 euros y son públicos". 

"Somos Administración pública y no podemos contratar a alguien y darle 300.000 euros", afirman las fuentes consultadas.

Unos 120 profesores de la Complutense impartirán sus clases en la calle para reivindicar la universidad pública

MADRID.- Un total de 120 profesores universitarios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) impartirán mañana miércoles, 28 de noviembre, sus clases por todo Madrid para reivindicar la  necesidad de la universidad pública.

   La iniciativa 'La Complu en la calle' ofrecerá clases universitarias en el espacio urbano (plazas, librerías, cafés y centros culturales) como "reivindicación de la labor docente de sus profesionales y como defensa de la universidad pública frente a las graves amenazas que sufre".

   En concreto, 120 profesores impartirán clases abiertas y libres fuera de su programación docente para hacer partícipe a los madrileños "del valor social que en todos sus aspectos representa la universidad pública".

   Las reivindicaciones son la financiación suficiente de la universidad pública, la cancelación de la "brutal subida de tasas", la oferta de becas suficientes para estudios e investigación o la estabilización de la "mejor plantilla de docentes e investigadores de la historia de la universidad española".

   También solicitan la derogación del decreto 14/2012, la defensa de la autonomía universitaria, la estabilización del personal de administración y servicios y la defensa del "inmenso patrimonio" de la universidad pública.

   Los profesores pertenecen a diversas facultades como la de Ciencias de la Información, Filosofía, Geología, Filología, Psicología, Educación, Física, Matemáticas, Ciencias Biológicas, Ciencias Políticas y Sociología, Medicina, Derecho, Bellas Artes, Veterinaria, Antropología, Arquitectura o Enfermería.

   Para cerrar la jornada de clases en la calle, se concentrarán todos los asistentes en la Puerta del Sol para disfrutar con la actuación del Coro Microcosmos de la Facultad de Biología que "deleitarán" sobre las 21.15 horas con la interpretación de varios temas de su repertorio.