Fitch cree que las CC.AA. pueden cumplir los objetivos de déficit para 2012

LONDRES.- La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings considera que los datos de déficit de las comunidades autónomas correspondientes al tercer trimestre de 2012 sugieren que pueden alcanzar los objetivos marcados para 2012, según informó la agencia en un comunicado.

   Aun así, Fitch añade que aún no es "seguro" que lo vayan a cumplir y subraya que esto requerirá que las autonomías mantengan sus esfuerzos de consolidación en los tres últimos meses del año, cuando a menudo se concentran los gastos.

   Las comunidades autónomas registraron en el tercer trimestre de 2012 un déficit de 595 millones de euros, lo que sitúa el acumulado hasta septiembre en los 9.790 millones de euros, equivalente al 0,93% del PIB. "Esto es significativamente un inferior al objetivo anual del 1,5%", destaca Fitch.

   Sin embargo, la agencia advierte de que el aumento del 2,3% de los ingresos registrado en el periodo comprendido entre julio y septiembre es "vulnerable" a la contracción de la economía española y el déficit final de los nueve primeros meses del año dependerá de los ajustes contables, que en los últimos ejercicios han sido "grandes".

   Por otro lado, destaca que las autonomías están llevando a cabo "fuertes reducciones" del gasto operativo y de capital, algo positivo pese a que no todas ellas lograrán alcanzar los objetivos de déficit.

   En concreto, señala que los costes de personal se han reducido un 4,4% en comparación con hace un año, lo que sugiere una intensificación de las medidas de austeridad desde el verano de 2011, especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, Valencia, Cataluña y Baleares.

   Por su parte, los gastos de capital se redujeron un 26% en el tercer trimestre, aunque Fitch apunta que si el balance no mejora en los tres últimos meses del año, las autonomías retrasarán aún más los proyectos pendientes para poder así cumplir con los objetivos fiscales marcados.

   La agencia de calificación también incide en que existe una "amplia" diferencia entre regiones, ya que Murcia y Navarra ya han superado el objetivo del 1,5% y Cataluña, Andalucía y Extremadura tendrán difícil alcanzarlo pese a la "impresionante" mejora respecto a 2011.

   A este respecto, agrega que no está claro todavía como reaccionará el Gobierno central ante el incumplimiento de los objetivos, aunque considera que cualquier intervención será "políticamente sensible".

   Por último, explica que los ratings que otorga a las regiones españolas ya tienen en cuenta los "significativos esfuerzos" que están realizando para recortar el gasto, que respaldan sus calificaciones incluso si se desvían ligeramente de los objetivos. Aun así, cree que cumplirlos sería un "paso clave para recuperar la confianza de los inversores en las autonomías".

Bankia rebaja en 1.000 despidos su ajuste de plantilla, hasta 5.000 empleados

MADRID.- Bankia ha presentado a los sindicatos un borrador de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para afrontar las exigencias de Bruselas en su plan de reestructuración, en el que se contempla el despido de 5.000 empleados, frente a las 6.000 personas a las que tendría que afectar el ajuste, según han informado hoy fuentes al tanto de la negociación.  

   En la práctica, la entidad reduciría así la cifra de bajas en la plantilla en 1.000 personas. Según las mismas fuentes, el banco ahora nacionalizado ha ofrecido a los trabajadores una indemnización de 22 días por año trabajado, con un máximo de 14 mensuales.

   Las fuentes han insistido en que esta propuesta es "inicial" y que las negociaciones con los sindicatos permanecen "abiertas". Bankia anunció el pasado 28 de noviembre un plan de reestructuración que supondrá la eliminación de unos 6.000 empleos, un 28% de la plantilla, y el cierre de 1.100 oficinas, una disminución del 39%.

   En su plan, Bankia prevé volver a tener ganancias en 2013, esperando alcanzar un beneficio neto de 1.200 millones de euros en 2015. El presidente de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, garantizó que se "va a "dejar la piel" para cumplir este plan y devolver las ayudas públicas.

Los obispos dicen que Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos

MADRID.- El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Martínez Camino, ha asegurado que la asignatura de Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos, que está recogido en la Constitución Española, y ha añadido que esperan que la nueva reforma de la Ley de Educación, a diferencia de la legislación vigente, facilite plenamente el ejercicio de este derecho.

   "La clase de Religión es un derecho de los padres católicos y no católicos, que tienen derecho a que sus hijos puedan ser educados de acuerdo con sus convicciones morales, religiosas y pedagógicas. Está incluso recogido en la Constitución este derecho fundamental y un estado democrático tiene que facilitar el ejercicio efectivo de este derecho. Y nosotros esperamos que lo que hasta ahora no estaba plenamente facilitado en la legislación vigente, que en las nuevas leyes educativas sea realmente facilitado", ha remarcado.

   De esta forma, según ha añadido, "el 70 por ciento de alumnos cuyos padres piden cada año la educación en religión católica y moral" podrán ejercer su derecho "sin dificultades, sin inconvenientes y sin discriminación".

 "Suponemos que esto va a favor de la educación de los jóvenes y suponemos que nadie tiene un inconveniente de fondo, sino que se trata de cómo se articula esto en los planes educativos", ha añadido.

   Además, ha subrayado que la clase de Religión es una asignatura "de libre opción" que "no impone nada a nadie" y que, según los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español, la asignatura de Religión "debe darse de tal modo que su estatuto sea equiparable al de las asignaturas fundamentales".

   "¿Cómo se articula eso? Hay diversas formas de articularlo, pero esto es el compromiso del Estado para que sea una asignatura que quienes la solicitan libremente --esto hay que repetirlo muchas veces, no se impone nada a nadie, es una asignatura de libre opción--, puedan tener la garantía de que es una asignatura seriamente impartida, cuyo curso no perjudique a nadie, ni a los que la eligen ni a los que no la eligen", ha precisado.

   Martínez Camino ha asegurado que esto es lo que "siempre se ha tratado de buscar" y ha indicado que los obispos esperan que la fórmula que finalmente se encuentre, "responda a estas características de las cuales nadie tiene nada que temer".

 En cualquier caso, ha advertido de que "todavía es un anteproyecto de ley" y "no hay nada todavía determinado por el Parlamento".

Según el juez del Madrid Arena, "ni una sola persona" implicada se librará de declarar

MADRID.- El juez Eduardo López Palop, que instruye el 'caso Madrid Arena', ha comunicado en una reunión a las partes personadas en el caso que "ni una sola persona" que haya tenido relación con la tragedia ocurrida en este recinto municipal se librará de declarar en calidad de imputado por estos hechos.

   Los abogados de las acusaciones particulares y populares, así como los letrados de los imputados se han reunido con el magistrado para fijar el calendario de declaraciones, que se iniciarán el próximo 15 de enero. Los interrogatorios se han señalado para los días 15, 16, 21, 22 y 23 de enero.

   Durante el encuentro y según han explicado varios de los abogados, el juez ha transmitido a los abogados que las imputaciones "no van a quedar ahí" y se ha comprometido a que "ni una sola persona" de las que hayan tenido relación con los hechos se queden sin declarar como imputado, según han señalado algunos de los abogados tras concluir el encuentro.

   De hecho, Manos Limpias ya ha solicitado que se impute al médico Simon Viñals y a su hijo por el operativo sanitario privado desplegado en la fiesta. A esta petición se sumarán previsiblemente las acusaciones particulares, según han avanzado los abogados Felipe Moreno y Abdon Núñez.

   El que fuera concejal del Ayuntamiento de Madrid con José María Álvarez de Manzano aseguró en la comisión que recuperar a las tres jóvenes que llevaron a la enfermería fue imposible dado que "a los ocho minutos de una parada cardiorrespitaroria la posibilidad de recuperación es cero".

   Sin embargo, manifestó días después en una entrevista que estuvo practicando la reanimación a las tres jóvenes que llegaron a la enfermería "los treinta minutos que dicen los protocolos para declarar un cuerpo fallecido".

   "Debe declarar como imputado y explicar lo que pasó y por qué recurrió al hijo y como se llevó a cabo el operativo", ha señalado el letrado que representa a la familia de Belén Langdon.

   Además, Núñez se ha quejado de que el juzgado sigue sin recibir el juez de apoyo que se solicitó hace un mes y medio a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). "Vamos a ir a un paso no lento, superlento porque parece mentira que un mes y medio después no se le dote de medios al juez ni al fiscal", ha recalcado.

   "Esto se puede convertir en el juicio de la Colza, que se juzgó doce años después", ha alertado el letrado. Por ahora, la Sala de Gobierno del TSJM no ha contestado la petición cursada por el propio magistrado.

   Las acusaciones particulares han adelantado que emprenderán acciones legales en relación a que hayan salido publicadas conversaciones del Samur cuando éstas llegaron ayer al propio juzgado.

   Por otro lado, los abogados han señalado que les parece "deplorable" que Diviertt esté organizando una fiesta para el próximo Año Nuevo y ha criticado la ausencia de conciencia social por parte de los empresarios que siguen facilitando locales a la empresa de Miguel Ángel Flores.

   "No es de recibo que en este país, con una persona imputada por cinco muertos, se permita a otros empresarios facilitar emplazamientos, que me gustaría saber si tienen las licencias. Es una vergüenza. No se puede impedir a un empresario que ejerza su actividad, pero tiene que haber un conciencia social para que no se faciliten locales", ha señalado.

   En cuanto a las diligencias, la Policía se encuentra ya visionando las más de 1.000 horas captadas por las 127 cámaras desplegadas en el pabellón en el que se celebró la fiesta.

   Asimismo, las acusaciones particulares visitarán mañana el pabellón para conocer el pasillo donde se produjeron las avalanchas, así como las cámaras. "Queremos saber qué pudo pasar para interrogar con conocimiento", han dicho.

El juez del Madrid Arena admite la personación de CITAM como acusación popular

MADRID.- El juez Eduardo López Palop, que instruye el 'caso Madrid Arena', no ha admitido a trámite una querella contra la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, por homicidio imprudente en relación a la muerte de cinco jóvenes en la fiesta que se celebró en este recinto municipal la noche del 31 de octubre, han confirmado hoy fuentes próximas a la investigación.    

La querella se ha presentado por el sindicato Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM) contra Botella por homicidio imprudente y prevaricación.

 El escrito judicial se dirige también contra el delegado de Medio Ambiente, Seguridad y Movilidad, Antonio de Guindos, el concejal Pedro Calvo, así como los exdirectivos de Madridec, José Ángel Rivero y Jorge Rodrigo.
El juez sí ha admitido la personación como acusación popular del sindicato Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid (CITAM), según han indicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
   En el escrito del sindicato se incorporaba una querella que no se ha admitido a trámite contra la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, en relación a la muerte de cinco jóvenes en la fiesta que se celebró en este recinto municipal la noche del 31 de octubre.
   El TSJM ha explicado que el magistrado ha admitido la personación de este sindicato pero que en ningún caso se ha pronunciado sobre la querella.
  "El Juzgado de Instrucción únicamente ha admitido la personación en el procedimiento, en calidad de acusación popular, del Sindicato Coalición Independiente de Trabajadores del Ayuntamiento de Madrid", ha señalado el TSJM en un comunicado oficial.
   La citada querella, presentada por el sindicato, acusa a Botella de prevaricación omisiva en concurso con otros delitos de homicidio imprudente.
   El escrito judicial, que se presentó el pasado 29 de noviembre, señala que los querellados son responsables "del hecho fundamental que constituye el objeto de esta querella de que el citado edificio municipal Madrid Arena carecía de la preceptiva licencia de actividad y de funcionamiento".
   Añade que el recinto carecía "de los planes de Prevención y Seguridad previos y generales obligados para el tipo de actividades que desarrollaba, así como que se procedió a contratar el evento en el que se produjeron los hechos sin la previa y preceptiva autorización y sin planes específicos de seguridad autorizados administrativamente obligados por la normativa de espectáculos públicos".
   Por ello, recalca que estos hechos constituyeron "causa eficiente y 'conditio sine qua non' de los resultados de muerte acaecidos".
 "El acto público en que se produjeron los muy lamentables y luctuosos sucesos de aquel día se realizó 'a priori' sin contar con las preceptivas licencias y autorizaciones legalmente exigibles", ha dicho el sindicato.
   De este modo, los trabajadores municipales reclaman al magistrado que tome declaración como querellados a las personas contra las que se dirige esta acusación judicial. Además, pide que testifiquen los responsables de los servicios técnicos de los departamentos de licencias urbanísticas y de actividad del Ayuntamiento de Madrid.
   Asimismo, pide que declaren como testigos los funcionarios y técnicos que han emitido los informes que constan en las resoluciones y documentos aportados con esta querella.
   Entre otras diligencias, solicitan que se recabe de los archivos municipales copia completa de todos los expedientes que afecten o conciernen al pabellón 'Madrid Arena'. Y concreta en que se pida el expediente de su concesión administrativa y todos los relativos a solicitudes de licencia urbanística, de actividad o funcionamiento del citado recinto.
   Por último pide que se recabe de la Comunidad de Madrid que informe sobre los expedientes y procedimientos que afecten al pabellón, con "todos sus documentos e informes y resoluciones dictadas en los mismos".

Canadá busca 320.000 obreros de la construcción para los próximos ocho años

TORONTO.- Canadá anunció ayer que, a partir de enero próximo, abrirá las puertas a 3.000 trabajadores extranjeros cualificados como electricistas o soldadores ante la incapacidad del país para generar los más de 320.000 trabajadores de la construcción que necesitará en los próximos ocho años. 

El ministro de Ciudadanía e Inmigración de Canadá, Jason Kenney, informó de que el programa, que entrará en vigor el 2 de enero de 2013, aceptará el primer año un máximo de 3.000 personas pero que esa cifra es sólo un modesto inicio de la entrada de trabajadores que se aprobará en los próximos años.

"Para evitar la acumulación de peticiones, en el año inicial sólo se aceptarán 3.000 solicitudes pero repito que ese número crecerá", dijo Kenney en una rueda de prensa celebrada en una empresa en las cercanías de Toronto. "Será un año de prueba y espero elevar las cifras", añadió el ministro canadiense.

El anuncio fue aplaudido por organizaciones empresariales que desde hace años solicitan a las autoridades canadienses cambios en el sistema migratorio, que prima la llegada de inmigrantes con títulos universitarios, para agilizar la entrada de trabajadores en oficios de alta demanda. Michael Atkinson, presidente de la Asociación Canadiense de la Construción, dijo que "el nuevo programa asegura que se da una mayor consideración a las necesidades de las empresas cuando se procesan las solicitudes de emigración".

Atkinson dijo que para 2020 Canadá necesitará 320.000 trabajadores más en el sector de la construcción, y que el país sólo será capaz de generar como mucho la mitad de esa cifra. "Solo la mitad procederá de fuentes nacionales. No es que la inmigración sea la respuesta total a nuestros futuros problemas laborales, pero es una parte importante", explicó Atkison. Gran parte de esta demanda de trabajadores cualificados es fruto del fuerte crecimiento de los sectores de la construcción y energía que el país norteamericano ha experimentado en los últimos años.

Solo la provincia de Alberta, donde están los yacimientos de arenas bituminosas que han convertido a Canadá en una potencia mundial en la producción de petróleo y que se consideran contienen las terceras mayores reservas de crudo del mundo, necesitará en los próximos años 115.000 trabajadores para la construcción. Kenney declaró que "el nuevo programa de Oficios ayudará a responder a la grave escasez (de mano de obra) en algunas regiones del país y apoyar el crecimiento económico".

"Durante demasiado tiempo, el sistema de inmigración de Canadá no ha estado abierto a estos trabajadores en oficios de alta demanda. Estos cambios se tenían que haber producido hace mucho tiempo y nos ayudarán a ir hacia un sistema de inmigración rápido y flexible que funciona para la economía de Canadá", explicó el ministro.

Los cambios favorecerán a aquellos trabajadores extranjeros que tengan una oferta de empleo en Canadá, unos conocimientos mínimos de inglés o francés, una experiencia de al menos dos años en el oficio y que ésta se ajuste a lo demandado por el Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones. Aunque la lista de profesiones que Canadá solicitará todavía no ha sido anunciada, Kenney afirmó que las peticiones elegibles incluirán electricistas, soldadores y mecánicos de equipamiento pesado. Kenney reiteró que Canadá ha rebajado el nivel necesario de conocimiento del inglés o francés, los dos idiomas oficiales, para facilitar la llegada de trabajadores de otras naciones.

"Recalco que será un nivel básico de idiomas porque muchos trabajadores extranjeros no tienen educación secundaria, no han tenido la oportunidad de perfeccionar el nivel de su inglés o francés por lo que normalmente no estarían preparados para el programa de trabajadores cualificados", dijo. Por eso, añadió, se ha rebajado al nivel básico de idiomas, "lo suficiente para que puedan trabajar de forma segura en Canadá".

El empresario de La Cubierta dice que no habrá fiesta de fin de año con Diviertt

LEGANÉS.- El empresario de la plaza de toros La Cubierta, de Leganés, Julio Torres, ha asegurado que está dispuesto "a organizar una fiesta" para año nuevo pero no con el propietario de 'Diviertt', Miguel Ángel Flores, imputado por la muerte de cinco jóvenes en la fiesta de Halloween en el 'Madrid Arena'.

   Según la empresa de Torres, 'Asuntos Taurinos y Espectáculos', "a día de hoy no hay ningún contrato firmado con ninguna empresa para la organización de la fiesta 'Space of Sound'" en La Cubierta, "aunque se están vendiendo entradas en Internet".

   A pesar de ello, el gestor de La Cubierta ha justificado que la seguridad del enclave garantiza la celebración de una macrofiesta. De hecho, ha apelado al plan de evacuación, que permitiría el desalojo total en seis minutos, y a los controles para impedir el acceso a menores.

   "El plan de evacuación de la Cubierta, de Leganés, estima en un máximo de seis minutos el desalojo total del espacio, aprobado por el Gobierno regional", según el comunicado de la empresa, que agrega que "en ningún caso se deja entrar a menores de 18 años a eventos con consumo de alcohol, ya que la responsabilidad última --ha precisado-- es de la dueña del recinto".

   En este sentido, 'Asuntos Taurinos' ha recordado que, en los dos últimos meses, se han celebrado en la plaza de todos leganense hasta siete eventos, todos ellos "inspeccionados por la Policía municipal de Leganés y con acta levantada positivamente".

   Más allá de eso, ha recordado que "los requisitos exigidos a los clientes de La Cubierta son muy estrictos" para garantizar "la seguridad ciudadana".

 "En los últimos 15 años se han organizado más de mil eventos masivos sin ningún tipo de incidencia", han precisado al respecto los responsables de 'Asuntos Taurinos y Espectáculos'.

   Desde la compañía han señalado, además, que, "como concesión administrativa de dominio público, la empresa concesionaria tiene todas las autorizaciones y licencias para su explotación de manera privada durante 75 años".

   De esta manera, ha respondido Torres al requerimiento que envió el viernes el alcalde de Leganés, Jesús Gómez (PP), en el que le daba un plazo de tres días naturales para ofrecer información detallada sobre la empresa que iba a organizar la fiesta.

   Sobre ello, el gestor de La Cubierta ha declarado que "únicamente se requiere la comunicación al Ayuntamiento de Leganés y Delegación de Gobierno de Madrid con una semana previa a la realización de un evento, para coordinar el plan de seguridad".

 "Y así se ha venido haciendo en el pasado con total satisfacción", ha apuntado.

   El empresario de la plaza ha recordado que "actualmente La Cubierta, de Leganés, es el único recinto de la Comunidad de Madrid, tanto público como privado, que tiene licencia para abrir hasta las 6.00 horas de la mañana".

   En cuanto al aforo del coso, 'Asuntos Taurinos y Espectáculos' ha precisado que el plan de seguridad aprobado por la Delegación de Gobierno de Madrid apunta a "15.000 personas". No obstante, ha subrayado que la empresa "exige no sobrepasar el aforo de 12.000 personas (incluido personal), por lo que el máximo de entradas vendidas son 10.500".

   Los datos contrastan con los aportados por el regidor leganense, quien el viernes pasado informó en rueda de prensa de que el "aforo total" de La Cubierta era de 12.859 asistentes.

   Precisamente, el alcalde ha vuelto a exigir este lunes a Julio Torres, a través de su intervención en el programa de Antena 3, 'Espejo Público', que responda al requerimiento del Consistorio.

   En este sentido, ha recriminado al gestor de La Cubierta que "es muy poco responsable ir a contar que tiene un contrato pendiente de firmar a los medios de comunicación, en lugar de responder --ha precisado-- a los requerimientos del Ayuntamiento, que es su obligación".

   Gómez ha insistido en que el responsable de La Cubierta "no se ha dignado a comunicarse con el Ayuntamiento".

 "Que nos diga, por el cauce oficial, si tiene intención de celebrar esa fiesta, si se va a valer de otra empresa para organizarla, si es una empresa de los hermanos Flores, si es otra empresa o él mismo", ha reclamado el regidor.

Cifuentes ve una "desfachatez" la fiesta de fin de año de Flores

MADRID.- La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, considera una "desfachatez" que la empresa Diviertt, organizadora de la trágica fiesta de Halloween en el Madrid Arena, esté organizando otra "de similares características" en fin de año en La Cubierta, de Leganés.

   Cifuentes ha insistido, tal y como hizo el pasado viernes, en que "el fiscal o el juez deberían imponer alguna medida cautelar para que los Flores [Miguel Ángel y José María] no se sigan lucrando" con un evento similar al del Madrid Arena, donde "si algo queda claro de la instrucción hasta el momento es que el aforo estaba sobrepasadísimo, prácticamente duplicado".

   La delegada de Gobierno ha pedido, eso sí, que en el caso de que la fiesta llegue a celebrarse "que funcionen absolutamente todos los controles y la revisión no solo de que la instalación en condiciones, sino de que no se duplique el aforo".

 "Porque de nada sirve que la instalación esté en condiciones si luego la falta de escrúpulos de un empresario duplica el aforo. Creo que este es el principal factor de riesgo", incidió en una entrevista a Antena 3.

   En todo caso, Cifuentes insistió en que la idea de los Flores organizando una nueva fiesta le "parece inmoral".

 "Yo sí creo que debería poderse impedir y creo que el fiscal o el juez deberían imponer alguna medida cautelar para que los Flores no se sigan lucrando con una fiesta de similares características a la del Madrid Arena", comentó.

   "Legalmente es verdad que hay dificultades, porque este señor no está condenado y tiene una empresa que realiza una actividad; pero yo lo que creo es que mas allá de la situación legal, que tendrá que haber un juicio y hay que respetar la presunción de inocencia de todo el mundo, en derecho hay una cosa que se llaman medidas cautelares administrativas. Porque si ha habido una actividad con el resultado trágico, lo digo no solo como delegada, sino como persona, me parece una desfachatez que organice otra", apostilló.

   Dijo, a su vez, que su "preocupación" es "por tantos padres o tantos chavales que creen que se dan todos los requisitos de seguridad", mientras que "en el Madrid Arena pasó lo que pasó".

   Por último, añadió que "controlar las ordenanzas municipales y el botellón es potestad municipal, mientras que el control del aforo es de los organizadores y, solidariamente, de los propietarios del local donde se realiza la fiesta".

 "No se trata de lanzar balones fuera, sino que entre todos evitemos que se ponga en marcha algo similar al Madrid Arena", concluyó.

El PSM recurre ante el TSJM el convenio de incorporación del Consistorio al nuevo modelo de gestión del Canal

MADRID.- El PSM ha presentado un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para reclamar la anulación del convenio rubricado entre el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad para la incorporación del Consistorio al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II, al entender que dicho acuerdo supone la "privatización" de la gestión y distribución de un bien esencial para la sociedad.

   Además, el recurso (con fecha de 5 de diciembre) ahonda en que esa adhesión se ha producido sin determinar el patrimonio que va a ser "puesto en venta" por parte de la futura sociedad mercantil que gestionará el Canal y sin determinar, a su vez, los dividendos que recibirá el Consistorio por las acciones que tendrá de la empresa en virtud del citado convenio.

   Así lo ha detallado en rueda de prensa la presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Amparo Valcarce, y el portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento, Jaime Lissavetzky, quienes han cargado contra un proceso que supone la "privatización" de la gestión de un recurso esencial para los ciudadanos realizada con "oscurantismo" y que supondrá una serie de "tarifazos" a los madrileños. "Esto ha sido como firmar un papel en blanco", ha detallado.

   Lissavetzky ha indicado que este recurso estaba planificado desde el PSOE desde el pleno de abril del 2011 donde se validó la adhesión del Ayuntamiento de Madrid al modelo de gestión para crear una sociedad mercantil, pero que se ha presentado en estas fechas dado que no fue publicado el nuevo modelo hasta octubre del presente año en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, un retraso que a su juicio se debe por motivos de "contabilidad creativa" de ingresos y gastos

   En este sentido, ha agregado que el Ayuntamiento cuenta con un porcentaje del 10 por ciento de la sociedad mercantil y que ha cambio de eso recibirá dividendos, sin saber cuáles, por la gestión comercial de un bien de interés público. Asimismo, ha agregado que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, valido ese acuerdo, en su opinión, al admitir las órdenes de "sus jefes en la Comunidad".

   También ha remarcado que el caso de Paris es un ejemplo paradigmático puesto que se realizó una operación de privatización semejante que reveló pérdida de calidad de servicio. Una situación que fue revertida cuando los socialistas se hicieron con la alcaldía y recuperaron la gestión pública del agua, lo que derivó además en una bajada de tarifas.

   En este sentido, ha remarcado que la Comunidad, en este proceso, ya ha incrementado un 4,2 por ciento la tarifa con la intención de "hacer caja" y poder así tapar "su mala gestión" y el déficit acumulado.

   Por su parte, Valcarce ha recalcado que el Canal es una empresa que abastece a 6,5 millones de personas y ha tenido unos beneficios de 120 millones de euros los últimos cinco años con una media de inversión de más de 300 millones de euros. "Está en juego el patrimonio de los madrileños  no solo para hacer caja sino para poner lo que es mejor de todos al beneficio de unos pocos", ha apostillado la diputada autonómica.

   A su juicio, esta "privatización" no va a supone  "mejor gestión, mejor calidad medioambiental ni mejores tarifas, a la vez que ha añadido que no es cierto que la subida del 4,2 por ciento de la tarifa sea para realizar inversiones puesto que estás se reducen un 50 por ciento en 2013.

   También ha lamentado "la opacidad" de las cuentas de las dos empresas (Canal Isabel II ente y Canal Isabel II gestión) y que esta situación es ejemplo de la "mala gestión" que quiere "enjuagar" con la venta de patrimonio la deuda y el déficit del Ejecutivo regional. Por tanto, Valcarce ha recordado que se ha pedido al Tribunal de Cuentas que audite las cuentas del Canal, ante posibles acciones de "despilfarro" como una partida de 10,7 millones para publicidad y refuerzo de la imagen del Canal.

   Por otro lado, ha reiterado que el Gobierno regional debe aclarar qué patrimonio se vende y qué reparto de dividendos se realizará a cada uno de los ayuntamientos. En este sentido, la presidenta del grupo parlamentario socialista en la Asamblea ha indicado que varios ayuntamientos están estudiando también presentar recursos contenciosos contra este modelo en próximos días.

   "La oposición a la privatización es un clamor" para indicar que 150.000 ciudadanos han firmado ya una petición contra la privatización y que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del PSOE.

Los autónomos encabezan el ranking de sectores con más perdidas por impagos

MADRID.-   Los servicios profesionales, colectivo que engloba a autónomos, abogados, arquitectos o ingenieros, ha reducido este ejercicio sus pérdidas por impagos del 4,5% al 4,2% actual, coyuntura que, sin embargo, no ha impedido que repita un año más en la primera posición del ranking de pérdidas por impagos en Europa, según un estudio elaborado por la firma sueca Intrum Justitia.

   Por su parte, en la cola del ranking sigue apareciendo el sector utilities (gas, agua y energía) con un 1,8%, aunque este año registra un incremento después de cuatro años de estabilidad en el 1,5%.

   En términos generales, la media europea de pérdidas por impagos se ha incrementado hasta el 2,8%, un porcentaje que registra una tendencia al alza desde 2007 cuando la media era del 1,9% (2,7% en 2011, 2,6% en 2010 y 2,4% en 2009). Este porcentaje se traduce en unas pérdidas por impagos de 340.000 millones de euros, según apunta el informe.

   Así, uno de cada dos autónomos afirma tener problemas de liquidez debido a la morosidad y el 53% indica que se ha incrementado el retraso en el pago por parte de sus clientes. Según el estudio, el retraso en el pago "es mayor en el sector público y empresas", puesto que tardan 15 días después de la fecha de vencimiento, hasta alcanzar los 45 días.

Las administraciones públicas adeudan 5.500 millones a los autónomos

MADRID.- Las administraciones públicas deben actualmente a los trabajadores autónomos en torno a 5.510 millones de euros, que corresponderían a las deudas acumuladas desde enero hasta finales de noviembre de 2012 así como a las facturas pendientes que no se pudieron acoger al Plan de Pago a Proveedores, según el observatorio del trabajo autónomo de ATA.

   La Federación de Autónomos agrega también que los entes públicos tardan un tiempo medio de 163 días en pagar las facturas atrasadas al colectivo de autónomos y pymes, por lo que denuncian que "se está incumpliendo la Ley de Morosidad y la futura Directiva Europea de la Unión Europea, que obligará a las administraciones en 2013 a pagar en 30 días".

   En concreto, la encuesta realizada por la patronal de autónomos revela que cuatro de cada diez autónomos (40,5%) tarda en cobrar más de seis meses y sólo el 11,8% cobra antes de 90 días de las administraciones públicas.

  El análisis apostilla que las administraciones públicas de Cataluña son las que más facturas impagadas adeudan a los autónomos que trabajan para ellas, como refleja que la deuda ascienda a 922 millones de euros en este territorio, un 16,7% del total de la deuda española total con los autónomos.

   Las siguientes administraciones públicas que lideran este ranking de morosidad con los autónomos son las de Andalucía (789 millones de euros, un 14,3% del total de la deuda española), Comunidad Valenciana (772 millones de euros, un 14%) y Madrid (558 millones de euros, un 10,1% del total ). Así, las administraciones públicas de Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid concentran el 55,1% de la deuda pública con los autónomos y microempresas.

   De su lado, los entes de Navarra y La Rioja son las que menos facturas adeudan a los autónomos, con una estimación de 48 y 35 millones de euros, respectivamente, lo que representa un 0,9% del total de la deuda española en el caso de la primera y un 0,6% en el de la segunda.

   Al desglosar los plazos medios de pago por comunidades autónomas, los entes públicos de Cataluña y la Comunidad Valenciana son las que más tardan en pagar de todo el territorio nacional. La media del periodo de pago de facturas atrasadas a autónomos y pymes es 167 días en ambas comunidades.

  Por encima de la media autonómica nacional - 163 días - también se encuentran Andalucía, con un periodo medio de espera de los autónomos de 166 días, y Castilla La Mancha y la Región de Murcia, ambas con 164 días  de espera de las deudas que las Administraciones Públicas tienen contraídas con ellos.

    En cuanto al tiempo medio de cobro por territorio, las administraciones catalana y valenciana son las que más tardan en pagar de todo el territorio nacional, con una media del periodo de pago de facturas atrasadas que se acerca a los 167 días. Por encima de la media autonómica nacional también se encuentran Andalucía, con un periodo medio de espera de los autónomos de 166 días.

   Las administraciones asturianas mantienen la media de pago nacional con sus autónomos, concretamente los trabajadores por cuenta propia del Principado tardan 163 días, de media, en recibir el pago de las facturas que les son adeudadas. Con periodos medios de pago inferiores a la media nacional se sitúan Canarias (151 días), Aragón (145 días) o Cantabria (139 días).

   Por su parte, los organismos públicos de La Rioja (55 días), Navarra (51 días) y País Vasco (49 días) son las que menos tardan en pagar a autónomos y pymes "y las que más se acercan a la Ley de Morosidad", recuerdan.

   Para el presidente de ATA, Lorenzo Amor, las administraciones públicas con este volumen de deuda a los autónomos "continúan siendo una fuente de destrucción de empleo, autónomos y empresas".

Ignacio González: la externalización de la gestión sanitaria "es un camino inevitable"

MADRID.- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha insistido este lunes en que la externalización de la gestión de algunos centros hospitalarios es un "camino inevitable" por la "compleja" situación económica del país, donde los "ingresos no crecen sino decrecen", tras ser preguntado por la continuación de las movilizaciones del colectivo sanitario en contra de las medidas que va a llevar a cabo el Gobierno regional a partir del próximo año.

   "Yo creo que este es un camino que es inevitable porque la situación económica en nuestro país es muy compleja, los ingresos no crecen sino que decrecen y tenemos que hacer esos esfuerzos y todos tenemos que contribuir esas medidas, y espero que los profesionales lo entiendan", ha señalado González a los periodistas tras inaugurar el Belén que anualmente se instala en la Real Casa de Correos por Navidad.

   "Ni estamos privatizando, ni estamos desmantelando la sanidad pública, que va a seguir siendo pública, universal y de la máxima calidad", ha recalcado el presidente madrileño, quien ha añadido que lo que están haciendo es  introducir "medidas de racionalización de gasto".

 "Todo el mundo sabe que estamos en una crisis económica muy fuerte, que los ingresos han caído y que tenemos que reducir nuestros gastos preservando los servicios públicos", ha dicho.

   En este sentido, ha pedido la "colaboración" de todos los profesionales de la sanidad porque es "evidente" que la puesta en marcha de estas medidas "exige un esfuerzo por parte de todos". "Y estoy seguro de que los profesionales lo entienden", ha apuntado González, quien ha dicho que están dialogando con ellos y que han empezado las conversaciones con todos los hospitales y con sus colectivos para que "colaboren" con ellos "en esa reducción de gasto".

   Preguntado por el 'plante' a nivel individual que han dado algunos médicos a la Consejería que han pedido que estos encuentros se realicen en grupos, González ha aclarado que la Comunidad se ha ofrecido "como siempre" al "diálogo" y que lo "lógico" es que los encuentros se hagan "por hospitales y con los responsables de los servicios médicos".

   Por lo tanto, ha dicho que "serán ellos los que expliquen" por qué no quieren reunirse con Sanidad. "Lo que alguien tiene que explicar es por qué se está utilizando argumentos falsos de que estamos privatizando la sanidad en el sentido de que vamos a cobrar por ello y desmantelarlo", ha apostillado.

   El dirigente autonómico ha recordado que ya hay tres hospitales (en Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz) que funcionan "estupendamente bien" y a "plena satisfacción" y, por lo tanto, "no se entiende muy bien por qué esa misma gestión en otros hospitales va a perjudicar a la sanidad".

   "Lo que pediría es que no se utilizasen esas falsedades para tratar de asustar y amedrentar a los ciudadanos en algo que no es verdad. Los ciudadanos van a poder seguir yendo con su tarjeta sanitaria, no van a pagar absolutamente nada y van a recibir las prestaciones sanitarias exactamente igual que ahora", ha señalado.

   Por eso, ha indicado que los sanitarios que se manifiestan tendrán que "a qué afectan esas medidas".

 "Si lo que hay detrás son cuestiones de intereses profesionales, que son muy legítimas, lo tienen que explicar", ha añadido González, quien ha destacado que lo único que se hace es un "uso racional de los recursos" y se pide "un esfuerzo entre todos porque, si no, el sistema no se puede sostener".

   Sobre que algunos de los médicos que se están manifestando trabajen en la sanidad pública y privada, González ha indicado que es "difícilmente comprensible" que protesten. "¿Cómo es posible que un profesional de la sanidad que trabaja en una sanidad pública y privada a la vez puede sostener que externalizar la gestión, que no es privatizar, puede poner en riesgo la sanidad pública?", se ha cuestionado.

   A juicio del presidente, quien ha recordado que los médicos que trabajan en la privada obtienen "suculentos beneficios", esto último es "tanto como decir que esos mismos profesionales que por la tarde trabajan en la privada dan un peor servicio cobrando que el servicio que ellos mismos dan por la mañana de una manera gratuita".

   "Como yo no creo que los profesionales se cambien en su vocación de servir a la sanidad de los madrileños y por la mañana sean muy buenos y por la tarde sean muy malos, es evidente que no es sostenible ese argumento", ha añadido González, quien ha apuntado que si esto fuera así "nadie iría a esa sanidad privada".

Cayo Lara: el "riesgo de privatización" de la sanidad obedece a "intereses económicos"

MADRID.- El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara ha advertido del "riesgo de privatización evidente" que sufre actualmente la sanidad pública en España y avisa que tras el mismo hay "intereses económicos" que pretenden "convertir derechos en negocios".

   Así lo ha aseverado, en referencia a la reforma sanitaria impulsada por la Comunidad de Madrid y ante el riesgo de que pueda tomarse como ejemplo en otras autonomías.

   "Lo que quieren es convertir un derecho esencial en un negocio, cuando además está teorizado que la sanidad pública no es cara y es una de las mejores sanidades que han existido en Europa y el mundo", ha defendido.

   Además, Lara ha destacado que España ha "podido tener una sanidad pública y universal en tiempos de democracia que había menos riqueza y PIB, de ahí que se pregunte "cómo es posible que ahora que hay más riqueza que nunca en la historia haya servicios públicos que no se pueden mantener y haya que privatizarlos".

   "Tras esto hay una concepción ideológica de la sociedad, una política neoliberal, que se está poniendo en marcha en la política española", ha censurado.

La contaminación lumínica se convierte en un problema global para la Tierra

WASHINGTON.- El satélite Suomi NPP (Suomi National Polar-orbiting Partnership) de la NASA ha publicado nuevas imágenes nocturnas de la Tierra en las que, según han señalado los expertos, se puede observar que existe un problema global de contaminación lumínica que, no solo oculta las estrellas, sino que supone un gran derroche de energía.

   Precisamente, el la misión de Suomi NPP nació como un satélite de observación del planeta para estudiar los efectos del cambio climático. El aparato capta fotos de la Tierra regularmente y publica algunas de ellas en Internet, en un álbum bajo el nombre 'Black Marmel'.

   Gracias a estas fotografías, la NASA ha podido determinar que la luz que emiten las ciudades y las autopistas, son tan dañinos para la Tierra como las emisiones de gases. Para los científicos, las imágenes muestran ciudades que brillan más de lo que necesitan y que, además, este gasto eléctrico está "mal dirigido". En este sentido, han explicado que, solo en los Estados Unidos, se gastan miles de millones de dólares anualmente iluminando "el cielo" de la noche en lugar de aceras y calzadas en el suelo.

   "Las imágenes del satélite demuestran que aún queda trabajo por hacer en la Tierra en cuanto a la lucha contra la contaminación lumínica", ha señalado el director ejecutivo de la Asociación Internacional Cielo Oscuro, Bob Parks, quien ha señalado que "el impacto de la iluminación nocturna terrestre se extiende mucho más allá de la astronomía".

   A su juicio, las luces excesivas y mal dirigidas puede crear sombras profundas que no son seguras para la seguridad del ser humano. También afecta a animales, como es el caso de las crías de tortugas marinas, que pierden de vista el mar por la iluminación o las aves migratorias que pueden sufrir confusión al volar entre edificios. "La contaminación lumínica tiene otros efectos de largo alcance desconocidos para muchos de los que siguen utilizando iluminación ineficaz", apunta Parks.

   En cuanto a las soluciones, aunque "muchos creen que es tan simple como cambiar la potencia de las bombillas, utilizar sensores de movimiento o instalar campanas sobre las bombillas desnudas", Park ha recomendado que "toda la iluminación exterior se dirija hacia abajo y que solo se utilice cuando sea realmente necesaria y en la cantidad que sea necesaria".

   Para Parks, si se aplican estos procedimientos, el resultado no solo reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que permitiría ahorrar dinero, reducir el impacto en el mundo natural y mejoraría la visibilidad en el terreno.

Barajas pierde pasajeros mientras El Prat los gana

MADRID.- Un total de 182,8 millones de pasajeros pasaron por los aeropuertos de la red de Aena Aeropuertos hasta noviembre, lo que supone una caída del 4,6%, según los datos difundidos este lunes por el gestor aeroportuario. 

   Durante los once primeros meses del año se registraron 1,8 millones de operaciones, lo que supone un 9,7% menos que en el mismo periodo del año anterior. En lo que va de año, las mercancías transportadas alcanzaron las 594.108 toneladas de carga, un 3,1% menos.

   De enero a noviembre Madrid-Barajas lideró el ranking con 42,12 millones de pasajeros, un 8,5% menos, con un 12,7% menos de operaciones, hasta 346.401 movimientos.

   Le siguió el aeropuerto de El Prat, con 32,9 millones de pasajeros, un 3,1% más y un 3,7% menos de operaciones, hasta 270.751 despegues y aterrizajes. Ya en octubre, El Prat logró superar los 30 millones de viajeros, una cifra mayor que el cierre total de 2010.

   En noviembre, pasaron por los aeropuertos españoles 11,83 millones de pasajeros, un 9,7% menos, con un 14,9% menos de operaciones, hasta 125.691 movimientos. El tráfico de carga cayó un 4,1%, hasta las 56.132 toneladas.