MADRID.- El exgobernador del Banco de España Miguel
Ángel Fernández Ordóñez ha revelado ante el juez de la Audiencia
Nacional Fernando Andreu que el organismo regulador planeaba restarle
competencias al expresidente de Bankia Rodrigo Rato cuando el Ministerio
de Economía, dirigido por Luis de Guindos, le quitó "totalmente el
control" de la situación, informaron fuentes jurídicas presentes en la
declaración.
Fernández Ordóñez, que ha declarado durante más de tres horas y
media como testigo en la causa en la que se investiga la fusión y salida
a Bolsa de la entidad, ha asegurado que no tenía confianza suficiente
en Rato por entender que carecía de experiencia bancaria para dirigir la
entidad. Por ello, intentó negociar con él que se mantuviera como
"presidente no ejecutivo" tras nombrar a un presidente con conocimientos
bancarios, para cuyo puesto ya tenía "en mente" al actual presidente de
Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.
Esta propuesta, que Fernández Ordóñez llegó a plantear en una
conversación con Rato que se produjo entre el 17 de abril de 2012 y el 4
de mayo, perdió sentido, según el compareciente, cuando el Ministerio
de Economía le quito el "control" sobre la crisis y provocó la salida
del exvicepresidente del Gobierno. Aunque no le gustó esta intervención,
según ha dicho, tuvo que aceptar por "responsabilidad".
El compareciente también ha criticado al entonces consejero
delegado de Bankia, Francisco Verdú, al decir que no era la "persona
adecuada" para el cargo por una cuestión de competencia. "Venía de un
banquito", ha llegado a decir según varias fuentes presentes en la
declaración, en referencia a la Banca March, en la que ocupo el puesto
de vicepresidente.
De igual modo, ha criticado la "falta de profesionalidad" de
algunos miembros del Consejo de Administración del Banco Financiero y de
Ahorros (BFA), matriz de Bankia, sus retribuciones y la política de
nombramientos que llevaban a cabo en las cajas los Gobiernos de las
comunidades autónomas.
En todo caso, ha señalado que el Banco de España no podía rechazar
un plan de una entidad financiera por el "coste reputacional y de
confianza" que habría tenido, por lo que dio vía libre el 17 de abril al
primer plan de saneamiento elaborado por el equipo directivo de Rato
tras incluir una serie de obligaciones que debía solventar antes del 31
de mayo siguiente.
En relación con la intervención del Ministerio de Economía, que
rechazó este primer plan y obligó a Rato a presentar un segundo, lo que
se concretó el 4 de mayo, ha señalado que sabía que estaban "trabajando
en algo" pero no conocía exactamente los detalles. En todo caso, ha
apuntado que el regulador no llegó a aprobar ni a analizar ese segundo
plan aunque lo recibió de manera informal unos días antes de la salida
de Rato.
Además de consignar otras deficiencias como la gestión del uso
hipotecario, Fernández Ordóñez ha señalado que el único instrumento de
actuación que tenía el Banco de España sobre Bankia era la intervención,
aunque se trataba de una medida muy radical que descartó en beneficio
de las recomendaciones y las conversaciones con sus gestores. En todo
caso, ha considerado "razonable" que, tras la salida de Rato, se llevara
a cabo la nacionalización de la entidad y que el Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) inyectara 19.000 millones de
euros.
En otro punto de la declaración, Fernández Ordóñez ha admitido que
intentó hacer ver al expresidente de Bancaja José Luis Olivas la
necesidad de que aceptara la fusión con Caja Madrid para constituir
Bankia por la bondad de los procesos de integración, que también se
estaban llevando a cabo en otros países de Europa.
De igual modo, ha admitido que le indicó que, si no se llevaba a
cabo la fusión, Bancaja podría ser intervenida aunque ha dicho, a
diferencia de la versión que Olivas defendió ante el juez, que no se
trató de una amenaza sino de la previsión de lo que iba a suceder si no
se producía la integración.
También ha detallado que el exvicepresidente del Gobierno tampoco
era partidario de la fusión. "Rato estaba en una especie de sueño en el
que le bastaban las cinco cajas", ha dicho Fernández Ordóñez antes de
confirmar que el 1 de junio de 2010 les reunió en su despacho para que
se pusieran de acuerdo. Ese día, según ha dicho, Rato llegó a decirle:
"Olivas no se me pone al teléfono".
Tal y como avanzó ayer, miércoles, su número dos en el supervisor,
Francisco Javier Aríztegui, Fernández Ordóñez ha indicado que solicitó
un informe a los servicios jurídicos del Banco de España para determinar
si la intervención del Ejecutivo en Bankia se ajustaba a la legalidad.
Aunque no ha llegado a aclarar si el informe existe o no, el
exgobernador ha dicho que el secretario general del regulador, Javier
Priego, le llegó a decir verbalmente que, aunque no existían
precedentes, la actuación de Economía no revestía ningún tipo de
ilegalidad.
En la causa están imputados 33 exconsejeros de la entidad, entre
ellos Rato y Olivas, así como Bankia y su matriz, el Banco Financiero y
de Ahorros (BFA) en calidad de personas jurídicas. El juez les atribuye
indiciariamente y de forma genérica los delitos de falsificación de
cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de
las cosas y apropiación indebida.
