jueves, 3 de octubre de 2013

Sin Bruselas, la recuperación industrial es imposible / Ángel Tomás Martín *

La Comisión Europea, al fin se ha convencido de que el único camino para la recuperación de la economía pasa necesariamente por recuperar el tejido industrial perdido, e impulsar su crecimiento de forma acelerada, o se distanciará de los países más avanzados que ya han superado el crecimiento del dos por ciento sobre el PIB. 

En nuestro caso, la realidad es que la política económica ha sido desacertada y carente de visión, al no tomar las medidas necesarias para, por un lado, contener la desaparición y deslocalización de empresas industriales, que ya ha superado el treinta por ciento en el último quinquenio, y para evitar el insostenible desempleo y el altísimo endeudamiento público, situado ya cerca del 95% del PIB.

Con independencia de adelgazar el tamaño de la estructura estatal y autonómica, y la simplificación de nuestro sistema burocrático, se nos reclama: protección y fomento a la innovación e investigación, y un más ágil y efectivo acceso al crédito, imprescindibles para estimular nuestra dormida capacidad del sector productivo y de la inversión exterior en el mismo.

El impulso al sector industrial es el motor principal que puede llevarnos al crecimiento económico, a la creación de puestos de trabajo especializados, y a la disminución del endeudamiento público. La inacción y aplazamiento en la toma de medidas urgentes que hagan posible su prioridad, es un error imperdonable. La continua subida de impuestos como única solución para hacer frente al creciente endeudamiento, es necesaria para cumplir con las obligaciones contraídas, pero un error para el desarrollo económico, puesto que reduce el consumo, merma la capacidad empresarial, aumenta el paro y frena la inversión interior y sobre todo la exterior. 

El fomento industrial y su crecimiento son imprescindibles para la subida de la renta nacional y del bienestar social, y el exceso de carga fiscal merma la competitividad, perjudica la exportación e impide la creación de puestos de trabajo estables. Es necesario que fluyan nuevas ideas para nuevas políticas económicas que regeneren el sector industrial y eliminen el crecimiento continuo de la fiscalidad. Esto último es lo más fácil pero demuestra la carencia de ideas para encontrar el camino que facilite el cumplimiento a los requerimientos de Bruselas. No debemos olvidar que la planificación, la construcción de naves, instalaciones, maquinaria, etc., requieren financiación y tiempo, por tanto la destrucción industrial es de muy difícil recuperación y ésta necesita de estímulos.

Recordemos que en los años setenta San Juan de Puerto Rico alcanzó el liderazgo económico del Caribe, y fue la ubicación geográfica preferida por los emprendedores de EEUU. Se acometió el plan urbano sobre el que se asentó su famosa Milla de Oro, atrayendo industrias en base a las exenciones tributarias vigentes. Puerto Rico como Estado Asociado de EEUU, se vio obligada a derogar dichas exenciones, a partir de lo cual, en tan sólo tres años, la Milla de Oro perdió su esplendor convirtiéndose en una auténtica desolación industrial, con repercusión sobre el turismo, el comercio minorista, el bienestar social y la recaudación fiscal.

 La apreciación del euro está limitando nuestra competitividad, al fundamentarse las exportaciones, en mayor medida, en los precios antes que en la alta calidad de los productos. Es un argumento adicional para que los Países del Norte, que son beneficiarios de la situación, insten a Bruselas para que sean sensibles a nuestro problema de desindustrialización.

En la actualidad, los Estados que regeneran la actividad productiva se están convirtiendo en líderes de la economía global, como es el caso de EEUU y Canadá, entre otros, sin olvidar El Foro de Asia-Pacífico, en el que sus líderes crean alianzas para protegerse ante la decaída de Europa promoviendo medidas de desarrollo industrial sostenible y de regulación comercial competitiva. En la Comunidad Europa, en menor escala, lo están consiguiendo Polonia, Rumanía, Letonia y Estonia. El resto de los veintiocho ha destruido industria en el último quinquenio, y de ahí que Bruselas esté despertando y empiece a exigir a sus socios acciones urgentes y efectivas para detener la desaparición industrial, y medidas estructurales que propicien su creación. Es evidente que si Europa no reacciona su riqueza languidecerá, haciendo imposible su reactivación.

Alemania y Francia ya han iniciado su gran reforma para la promoción industrial. España, con un sector industrial en plena caída y en los últimos puestos de la clasificación recientemente publicada, no tiene otra opción que despertar, estudiar y acometer cuantas medidas sean necesarias para que el crecimiento sea real y no encubierto e imposible. Con independencia de apoyar la investigación, la creatividad, la innovación, el crédito y la reducción del costo energético, una reforma fiscal en profundidad que contenga una disminución de impuestos capaz de hacer atractiva la inversión interna y sobre todo externa hacia la actividad productiva, es incuestionable, de lo contrario podemos hacer un país de Estado rico con ciudadanos pobres, cuando lo deseable sería lo contrario.

España cuenta con una ubicación geográfica excelente, pero no aprovechada y con ausencia de alianzas internacionales inteligentes, consecuencia de la falta de modernización y efectividad de nuestra organización exterior, embajadas, consulados y oficinas. Sin embargo, el impulso industrial debe apoyarse en componentes de la actual coyuntura de nuestra economía. Hay un importante flujo monetario procedente del exterior, como: grandes inversores destacados, Fondos Internacionales sólidos, e inversores menores, atraídos por una oferta inmobiliaria de bajos precios, especialmente en costas, con la perspectiva de obtención de beneficios una vez iniciada la recuperación.

Ésto unido al saneamiento avanzado del sistema financiero, demanda al Estado una bajada de impuestos impulsora del crecimiento y la implantación industrial.

Para hacerlo posible, es necesario compensar la caída de la recaudación que originaría la política fiscal protectora, por un alargamiento de los plazos de amortización de la Deuda Pública, que permitiera mantener unos presupuestos generales del Estado equilibrados y viables. Nada de lo expuesto, como posible única solución a nuestro desarrollo, sin un acuerdo de Bruselas que nos exige medidas urgentes para la contención de la destrucción industrial y el inicio de su crecimiento. Su apoyo y nuestro esfuerzo colectivo permitirán alcanzar el éxito de lo que no podemos aplazar, "conseguir un tejido empresarial sólido, creciente y competitivo".

(*) Economista y empresario

martes, 1 de octubre de 2013

Madrid propone retirar los coches oficiales... que renovó en mayo

MADRID.- El Grupo Popular va a proponer hoy en la Junta de Portavoces eliminar los coches que disponen los portavoces para que los partidos, en palabras de Ignacio González, "funcionen con los medios que los propios grupos tienen". 

Si la iniciativa sale adelante, Tomás Gómez (PSOE) y Gregorio Gordo (IU) dejarán de tener coche oficial, ya que los portavoces de PP y UPyD renunciaron a ellos. Sin embargo, fuentes del Partido Popular no han sabido concretar a El Confidencial si podrán rescindir el contrato de renting que firmaron con la empresa Finanzia Autorenting S.A., por el cual se comprometían a pagar 60.000 euros a cambio de mantener el alquiler de diez vehículos hasta mediados de 2014.
La Asamblea de Madrid tramitó el 18 de abril por la vía de urgencia la contratación del arrendamiento de los diez vehículos que mantiene en la flota. El lote fue adjudicado en mayo a la única compañía candidata, que ahora deberá revisar su contrato para verificar si, de salir adelante la petición del Grupo Popular, la Asamblea de Madrid podría deshacerse del contrato de renting vigente o, por el contrario, deberán abonar lo acordado hasta mediados del próximo año.
UPyD fue el partido que propuso el pasado octubre suprimir los coches oficiales de los portavoces de los grupos parlamentarios, miembros de la Mesa y del secretario general de la Asamblea de Madrid. Entonces, la Asamblea de Madrid mantenía 18 vehículos oficiales: cuatro Peugeots 407, un Audi A6, tres Peugeots 406 y diez Volkswagen Passat. Su portavoz, Luis de Velasco, argumentaba entonces que en una asamblea autonómica no son necesarios los coches oficiales y prescindir de ellos supondría una posibilidad de ahorrar “en un gasto superfluo”.
El líder regional de la formación magenta propuso que sólo tuviera coche oficial el presidente de la Asamblea, José Ignacio Echevarría, y como máximo hubiera tres vehículos más de incidencias. Él fue el primero en renunciar al vehículo oficial, y su ejemplo lo siguió el portavoz popular, Íñigo Henríquez de Luna. Quienes lo mantienen y a quienes afectaría la nueva medida que ayer anunció el presidente de la Comunidad, Ignacio González, como un ejercicio de “responsabilidad” afectaría al PSM, IU y a los siete miembros de la Mesa.
Dieciséis chóferes en nómina
La medida afectaría también de lleno a los chóferes que conducen los vehículos. Según los datos que maneja UPyD, había dieciséis chóferes para conducir los 18 vehículos oficiales que circulaban a nombre de la Asamblea hasta octubre de 2012. Diez de ellos eran funcionarios y seis pertenecían a personal eventual, nombrados a dedo. "¿Qué va a pasar ahora con estos trabajadores?", se preguntan ahora desde la oposición.  
El presidente de la Comunidad de Madrid mantuvo ayer una reunión con su grupo parlamentario en la que anunció esta medida. También aprovechó para solicitar que los partidos políticos publiquen sus cuentas, en un intento de mejorar la transparencia y el funcionamiento democrático. Unión Progreso y Democracia vuelve a ser el único partido representado en la Cámara madrileña que ya tiene publicada sus cuentas en su web. Fuentes del Partido Popular aseguran que quieren hacerlo de una manera mucho más "milimétrica, no tan general". La Mesa de la Asamblea de Madrid aprobó en septiembre publicar las nóminas de los diputados de todos los grupos parlamentarios en la página web de la Asamblea. De momento, solo los ocho diputados de UPyD las hicieron públicas mucho antes de aprobarse la iniciativa que ellos mismos presentaron.

Las plantillas de las Fuerzas Armadas caen por debajo del mínimo legal de 2007

MADRID.- España gastará en 2014 un tercio menos en Defensa que cuando empezó la crisis. Los recortes en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 son menores (un 3%) comparados con los dos ejercicios precedentes, pero en el caso del Ministerio de Defensa llueve sobre mojado y se acumulan a los drásticos ajustes que empezaron en 2009. El número total de militares de tropa y marinería queda por debajo del mínimo de los 80.000 establecido en la ley de la carrera militar de 2007 que fue pactada entre el Gobierno socialista y el PP en la oposición.

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado fija para el próximo año un tope de 79.000 militares de tropa y marinería, mil menos que en este ejercicio, con lo que las Fuerzas Armadas volverán a las cifras de personal de 2008, cuando Defensa empezó a superar el bache de reclutamiento experimentado desde el final del servicio militar obligatorio.
En 2005 las Fuerzas Armadas se habían quedado en los 70.000 soldados y marineros, con los que no podían cubrir los mínimos operativos de muchas unidades y barcos. La ley de la carrera militar fijó en 2007 el objetivo de contar con 150.000 profesionales entre generales, jefes, oficiales, suboficiales y tropa (entre 80.000 y 90.000 soldados y marineros).
La nueva ley que ofrecía una carrera a los jóvenes, las subidas salariales, más el principio de la crisis solucionaron el problema y en 2010 las Fuerzas Armadas llegaron a contar con 86.000 efectivos de tropa. Los recortes presupuestarios a partir de ese mismo ejercicio culminan para el próximo año con la cifra de personal eventual (soldados y marineros) más baja de los últimos seis años y aumenta la desproporción con el número de mandos, que ahora está en los 44.000 (casi 16.000 oficiales y 28.000 suboficiales).
Lo que arregló la ley de la carrera militar en dos años se lo ha llevado la crisis vía recortes presupuestarios en menos de tres ejercicios. En la última convocatoria realizada por el Defensa este verano para cubrir 1.500 plazas de soldados y marineros, se presentaron 14.000 aspirantes.
Los recortes en Defensa se limitan este año a un 3,2 por ciento sobre el ejercicio en curso, pero al ser el quinto presupuesto que disminuye, el departamento que dirige Pedro Morenés figura entre los más castigados por los ajustes. De los 8.491 millones con que contó Carme Chacón en 2008 se ha pasado a los 5.745 para 2014.
El Ministerio de Defensa, uno de los que contaban tradicionalmente con un capítulo más abultado de inversiones, se constriñe aún más al mero sostenimiento del personal: un 77 por ciento del presupuesto está dirigido a pagar las nóminas. Las inversiones vuelven a bajar, esta vez sólo un 8,7 por ciento, hasta quedarse en los 443 millones de euros; aunque lo hace bastante menos que el pasado año, cuando descendieron un 30 por ciento.
Siguen bajo mínimos los pagos dirigidos a los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas después de la reprogramación de compras y contratos: 4,9 millones para el caza Eurofighter, 1,1 millones para el avión de transporte militar A400M y 730.000 euros para el helicóptero de combate Tigre.
A mitad de este ejercicio, el Gobierno tuvo que habilitar un crédito extraordinario de 877 millones de euros para pagar las deudas acumuladas con la industria de Defensa en los últimos años. En 2010 y 2011 el Ejecutivo anterior no había abonado factura alguna, según recoge 'El Confidencial'.

lunes, 30 de septiembre de 2013

Las tasas aeroportuarias podrían aumentar hasta un 2,5% en 2014

MADRID.- Las tasas aeroportuarias subirán hasta un 2,5% como máximo durante 2014 en el conjunto de la red de Aena Aeropuertos, según se desprende del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año presentado este lunes en el Congreso.

   A partir del 1 de marzo de 2014 y con vigencia indefinida, la cuantía de las prestaciones patrimoniales de carácter público de Aena Aeropuertos se incrementan en el 2,5% respecto a las cuantías exigibles en 2013.
   En el caso de que el Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de octubre de 2013, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) incrementado en un punto, sea inferior al 2,5%, el porcentaje a aplicar será el IPC mencionado incrementado en un punto.
   Aena Aeropuertos firmó el pasado mes de mayo con las principales compañías aéreas, representadas por las patronales Aceta, AECA, IATA, ALA, y AOC España, un acuerdo por el que fijó una subida del IPC más un punto en 2014, cuatro puntos menos de lo inicialmente previsto, ya que el máximo permitido por ley era del IPC más cinco puntos.
   Dicho acuerdo permite atenuar la subida de las tasas durante los próximos cinco años, al contemplar un incremento del IPC más tres puntos para el año 2015, y del IPC más cuatro puntos para los años 2016, 2017 y 2018.
   Según el RD Ley 11/2013, aprobado el pasado 2 de agosto, los incrementos máximos para los próximos cinco años se fijan en el 2,5% en 2014, el 4,5% en 2015 y el 5,5% en los tres años sucesivos, con el fin de ajustar la fórmula de cálculo del déficit prevista como consecuencia del acuerdo alcanzado con diversas asociaciones de compañías aéreas.
   No obstante, el incremento para 2014 no será de aplicación a la cuantía de la prestación por pasajero con movilidad reducida (PMR), recogida en el apartado 1 del art. 78 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, cuyo importe se congela y queda por tanto fijado en 0,61 euros por pasajero en todos los aeropuertos.
   Según figura en la disposición octava, por la que se modifica la Ley de 21/2003 de Seguridad Aérea, la reducción de cuantías no será de aplicación en el caso de vuelos privados.
  En lo que se refiere a las tasas por pasajero, las cuantías unitarias de las prestaciones públicas por salida de pasajeros y por seguridad en conexión se reducirán en un 30%. Se entiende por pasajero en conexión aquel viajero que desembarcando en un aeropuerto gestionado por Aena Aeropuertos en un vuelo, vuelve a embarcar con el mismo billete y en el mismo aeropuerto, en un plazo máximo de 12 horas, al objeto de realizar un nuevo trayecto con un número de vuelo diferente y destino distinto al de origen.
  En los aeropuertos de Islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, la reducción de cuantías del 15% en los supuestos de vuelos con el territorio peninsular y del 70% cuando se trata de vuelos interinsulares no será de aplicación en el caso de los vuelos privados.
   El importe mínimo a pagar por operación en concepto de aterrizaje y servicios de tránsito aéreo de aeródromo en los aeropuertos de Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Alicante, Gran Canaria, Málaga-Costa del Sol, Palma de Mallorca y Tenerife Sur se actualizará conforme a la subida establecida.
   En los aeropuertos de Bilbao, Fuerteventura, Girona, Ibiza, Lanzarote, Menorca, Santiago, Sevilla, Tenerife Norte y Valencia el importe mínimo a pagar por operación-aterrizaje será de 14,66 euros y de 7,84 euros por servicio de tránsito de aeródromo.
   En los aeropuertos de La Coruña, Almería, Asturias, FGL Granada-Jaén, Jerez, La Palma, Murcia-San Javier, Reus, Santander, Vigo y Zaragoza será de 10,82 euros el importe mínimo por operación-aterrizaje y de 6,18 euros el mínimo por servicios de tránsito de aeródromo.
   Finalmente, en los aeropuertos de Albacete, Algeciras, Badajoz, Burgos, Ceuta, Córdoba, Cuatro Vientos, Hierro, Huesca-Pirineos, La Gomera, León, Logroño, Melilla, Pamplona, Sabadell, Salamanca, San Sebastián, Son Bonet, Valladolid, Vitoria y resto de aeropuertos gestionados por Aena Aeropuertos el importe mínimo por operación-aterrizaje será de 5,86 euros y de 4,31 euros el mínimo por servicios de tránsito de aeródromo.
   La mercancía en conexión, cargada y descargada en el recinto aeroportuario entre vuelos de la misma compañía, queda exenta de pago. En los aeropuertos no peninsulares queda exenta de pago la mercancía cargada o descargada cuyo objeto sea el tráfico interinsular. En estos aeropuertos, para el resto de los tráficos, las cuantías aplicables a la carga directa como en conexión se reducirán en un 15%.
   Las cuantías aplicables a la mercancía cargada o descargada en el recinto aeroportuario cuyo objeto sea el tráfico internacional se reducirán en un 50%.
   Estarán obligados al pago de la prestación pública por servicios meteorológicos las compañías aéreas y las restantes personas físicas, jurídicas o entidades a los que se les facilite dichos servicios en los vuelos que aterricen en un aeropuerto o helipuerto gestionado por Aena Aeropuertos. El importe a abonar será el resultado de aplicar al peso máximo de despegue de la aeronave, expresado en toneladas, una cuantía unitaria de 0,18 euros.

La Sareb intenta ‘desahuciar’ a Casa Labra de su ubicación histórica junto a la Puerta del Sol


BARCELONA.- Casa Labra, famosa taberna madrileña fundada en 1860, está a punto de tener que abandonar el local que ha ocupado desde 153 años. Todo por culpa de la burbuja inmobiliaria y una ‘disputa’ entre el banco malo, Sareb, y la inmobiliaria Restaura, ahora en concurso de acreedores.

Restaura llegó a un acuerdo para vender el bajo que ocupa el restaurante a la tercera generación de la familia Molina, propietaria de Casa Labra desde sus inicios, una operación respaldada por el juzgado de lo mercantil nº 3 de Barcelona. Sin embargo, la institución presidida por Belén Romana ha presentado un recurso contra la venta según informa Economía Digital.

El banco malo heredó los créditos del edificio de Nocagalicia Banco y parece que no quiere vender por partes el inmueble cercano a la Puerta del Sol, valorado entre 30 y 36 millones de euros.

Así, Casa Labra, el único que ha presentado una oferta para quedarse en el edificio, podría tener que abandonar el local, que ha pasado a la historia porque entre sus paredes se fundó el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879.

Ahora toca esperar de nuevo a la decisión del juzgado barcelonés sobre el recurso presentado por el SAREB. La resolución definitiva se conocerá antes de un año.

Nuevo varapalo judicial a Ignacio González por defender los “intereses” de la socia de su esposa en la sierra madrileña

MADRID.- El Tribunal Superior de Madrid (TSJM) ha impuesto una multa y criticado duramente a la Comunidad de Madrid por su temeridad en el caso de la finca La Muñoza. Los ecologistas piden explicaciones a Ignacio Gónzalez.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado la solicitud de nulidad presentada por la Comunidad de Madrid en el caso de la finca La Muñoza y la ha condenado a pagar 600 euros de costas al considerar que promovió el recurso “con temeridad” al intentar defender intereses privados.

Según recuerda Ecologistas en Acción, en abril, el tribunal había anulado la licencia que permitía la celebración de eventos en esa finca, propiedad de una fundación que preside Carmen Cafranga Cavestany, socia de la mujer de Ignacio González. 

Y tres meses después, la Comunidad de Madrid, sin ser parte en el procedimiento, presentó un incidente de nulidad solicitando la anulación de dicha sentencia, a pesar de que no la administración regional no formó parte del proceso judicial ni tiene competencias en el caso, tal y como informó elboletin.com.

Ahora, el TSJM desestima el incidente presentado, multa y condena en costas a la Comunidad de Madrid.

Ecologistas en Acción califica los hechos de muy graves y considera necesario conocer si la actuación de la Comunidad de Madrid vino determinada desde Presidencia del Gobierno regional, con el fin de favorecer a una persona particular.

Según esta organización ecologista, el último auto les da la razón en lo que ya denunció en julio: “que se podrían estar destinando fondos y servicios públicos para favorecer a una entidad privada vinculada a una persona allegada al Presidente González”.

Por ello considera necesario conocer si la actuación de la Comunidad de Madrid vino determinada desde Presidencia del Gobierno regional por si pudiera derivarse alguna responsabilidad.

Este colectivo recuerda que aunque la finca “es propiedad de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce, la actividad de celebración de eventos la realiza la sociedad Las Higueras del Tambor S.L, entidad a quien se ha cedido el usufructo. Esta sociedad está participada al 50% por la citada fundación y al 28% por Carmen Cafranga Cavestany. De facto, Cafranga controla el 78% de la sociedad, al ser presidenta de esta fundación. Carmen Cafranga es socia de la mujer de Ignacio González en Subastas Segre”.

Informan los ecologistas que desde su constitución, en febrero de 2006, Las Higueras del Tambor S.L se encarga de la explotación de La Muñoza. Además en noviembre del mismo año se registró como Centro Especial de Empleo de la Comunidad de Madrid. De esta forma, compagina la actividad mercantil con la formativa y la contratación de personas con dificultades psíquicas o físicas, lo que la convierte en receptora de subvenciones, exenciones fiscales, etc.

Pero sin embargo, tal y como denuncia este colectivo, “los eventos que se organizaban en la finca, bodas, banquetes, galas promocionales de grandes marcas, parecen, a todas luces, superar las actividades formativas bajo las que se amparaba para organizar eventos”.

 “Estas actividades no están autorizadas en el espacio protegido como es el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, donde se ubica la finca”.

Acusan a Figar de expulsar a 22.000 alumnos de la FP

MADRID.- Este año unos 22.000 estudiantes se quedarán sin plaza en Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior. Así lo han denunciado padres y profesores en sendos comunicados, en los que acusan a Lucía Figar de no tomar medidas para paliar la oferta insuficiente de plazas públicas y de promover la escuela privada al haber quitado el concierto a la FP mientras da becas a los alumnos que estudien en estos centros. Por ello, exigen el cese de la consejera de Educación por exponer a miles de jóvenes “al paro y a la exclusión social”.

La FAPA Giner de los Ríos se ha mostrado muy crítica con la situación que atraviesan estos días los estudiantes que han optado por la FP. En una nota los padres denuncian que Figar sigue excluyendo a los jóvenes del sistema educativo “a través de la selección económica y la falta de ampliación de plazas y ciclos formativos”. Según sus cálculos, en el presente curso “unos 22.000 alumnos solicitantes de Ciclos Formativos van a quedarse sin plaza: 12.000 alumnos de Grado Medio y 10.000 de Grado Superior”, una cifra que podría aumentar cuando acabe el proceso de escolarización.

Esta cifra “engloba a aquellos alumnos que han solicitado plaza dentro del plazo establecido por la Administración Educativa, y aquellos que, por los plazos establecidos por la Consejería de Educación y muy difíciles de cumplir, no pudieron obtener los certificados académicos que les permitiesen presentar las solicitudes dentro de plazo”, señala el colectivo de padres, que dicen sentirse “despreciados y maltratados por la Administración”.

“Los alumnos no dejan de estudiar porque quieran, sino porque no existen plazas suficientes”, remarca la FAPA Giner de los Ríos, que acusa de “irresponsabilidad” al Gobierno regional por “no tomar las medidas adecuadas para acabar con esta situación, incluso por promoverla, en un absurdo intento de beneficiar a las empresas privadas de educación sin, al parecer, darse cuenta de cuál es la situación económica real de la ciudadanía madrileña”.

Los padres dicen que el proceso de admisión para ciclos formativos durante el presente curso 2013/14 se ha caracterizado por “una aplicación informática que no ha funcionado, con multitud de errores que no se han podido resolver”, la “falta de creación de plazas, ciclos y unidades”, la “ausencia de una red organizada y adaptada a la demanda del alumnado y el mercado laboral”, la “desaparición de las plazas concertadas en Grado Superior, sin ampliación de las de los centros públicos y, por tanto, supresión de plazas y expulsión del alumnado del sistema educativo”, y la “creación de becas de FP de las que solo podrán disfrutar aquellos alumnos que tengan capacidad económica para financiar las cuotas que los centros privados exigen”.

Por todo ello, el colectivo exige “el cese de la Consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, la apertura de nuevas unidades públicas de FP, la desaparición de las becas de FP para el alumnado de los centros privados, la reorganización de la red de centros y la puesta en marcha de nuevos ciclos de formación profesional”.

Y en la misma línea se han expresado los profesores. La Federación de Enseñanza de UGT Madrid ha denunciado “la oferta insuficiente de plazas públicas en la Formación Profesional” y ha exigido “una respuesta inmediata de la Administración que permita que los miles de alumnos que se van a quedar sin plaza de FP puedan estudiar”.

“La falta de un estudio serio de la red de centros de Formación Profesional, la escasa oferta de plazas de Formación Profesional públicas, la reducción de las plantillas de profesores y de unidades en cada uno de los ciclos, la implantación precipitada de la FP dual, la disminución del módulo de Formación en Centros de trabajo, el incremento de las tasas en la FP de Grado Superior, la privatización de las plazas concertadas de FP de Grado Superior... en definitiva, el escaso interés de esta Administración por la Formación Profesional” es la que ha generado esta situación, por lo que el sindicato ha instado a Figar a dar “una respuesta inmediata” que “permita a los jóvenes madrileños poderse formar y labrarse un futuro digno”.