AENA subirá un 2,5% las tasas aeroportuarias el 1 de marzo de 2014

MADRID.- AENA subirá un 2,5% las tasas aeroportuarias el 1 de marzo de 2014si bien las tasas de ruta y de aproximación se mantendrán congeladas, según anunció el presidente del operador de aeropuertos, José Manuel Vargas.

   El presidente de AENA enmarcó la revisión de tasas en el acuerdo a cinco años que el ente público firmó el pasado mes de mayo firmó con las aerolíneas y que, según destacó, "otorga un marco tarifario estable que incluso abre la puerta a potenciales bajadas de tarifas en un futuro si se recuperan los tráficos".

   En su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, Vargas recordó que AENA no recibe asignaciones públicas por lo que "debe avanzar en la senda de la recuperación de los costes a través de sus ingresos".

   En este sentido, avanzó que en 2014 AENA ya cubrirá el 81,5% de sus costes con sus ingresos. Según reveló, el operador ha logrado reducir el déficit tarifario de 850 millones de euros que el ente público presentaba en 2011, pero aún se sitúa en 250 millones de euros.
AENA prevé que la red de aeropuertos registre un descenso de tráfico de viajeros del 7,5% en el conjunto de 2013, lo que supone empeorar la previsión inicial que contemplaba una disminución de viajeros del 2,3%, según informó el presidente del operador, José Manuel Vargas.
   Vargas considera que los tráficos no se recuperarán hasta 2015 , tras un ejercicio 2014 que se espera de "estabilización" e "inflexión" en el descenso del volumen de pasajeros.
   "El sector del transporte aéreo atraviesa una coyuntura especialmente complicada por la crisis y por factores específicos como son la caída del turismo, sobre todo el nacional; el cierre de compañías aéreas, los conflictos laborales y la competencia con otros modos de transporte, como es el AVE", explicó el presidente de AENA en su comparecencia ante la Comisión de Fomento en el Congreso.
   Todo ello, en opinión de Vargas, "pone de manifiesto que la recuperación de la demanda será más lenta de lo prevista", lo que ha llevado a AENA a revisar a la baja su previsión de caída de viajeros para todo 2013.
   El presidente atribuye la peor previsión del número de viajeros al hecho de que la anterior estimación estaba realizada a partir de una previsión de caída del PIB del 0,5% frente a la actual de 1,3%. "Ello pone en evidencia que los tráficos aéreos van ligados al ciclo económico y a las perspectivas de crecimiento", apuntó.
   No obstante, el presidente del operador aeroportuario apuntó que los descensos de pasajeros de los últimos meses "parecen estarse moderando por el mejor comportamiento de los tráficos internacionales".
   Pese a ello, Vargas considera que el ejercicio 2014 será un año de "inflexión, con estabilización de los tráficos de pasajeros", para que "ya en 2015 vuelvan a crecer en sintonía con la esperada recuperación de la economía", auguró.
AENA prevé obtener un beneficio neto de 435 millones de euros en el ejercicio 2014, lo que supondrá elevar en un 16,6% el previsto para 2013, según avanzó el presidente del operador de aeropuertos.
   Los ingresos de explotación de la compañía progresarán un 3,4% el próximo año, hasta sumar 3.683 millones de euros, mientras que, por contra, los gastos se recortarán un 1%, hasta 2.816 millones.
   En su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, el presidente de AENA indicó que esta previsión está realizada a partir de una evolución de tráficos similar a la de 2013, ejercicio que espera cerrar con una caída del 7,5%.
   Vargas atribuyó esta cuenta de resultados a las medidas puestas en marcha hace dos años en Aena para sanear la compañía con medidas para reducir gastos, promover ahorros, racionalizar inversiones y aumentar y diversificar los ingresos.
   En cuanto a las medidas de ahorro, entre las que se incluye el ERE, redundarán en un ahorro total de 166 millones de euros en 2013 y de 33 millones ya en 2014.
   Con todo, Vargas considera que se ha dado la vuelta a una compañía que "estaba prácticamente quebrada", para convertirla en una empresa que genera caja y atiende a su deuda "sin recurrir al Estado". AENA prevé recortar su endeudamiento en 846 millones el próximo año.
   Según su presidente, AENA en 2011 presentaba un déficit tarifario de 850 millones, un endeudamiento de 13.000 millones y un flujo de caja negativo en 700 millones.

Adif elevará hasta 306 millones sus 'números rojos' este año

MADRID.-   Adif prevé cerrar 2013 con una pérdida neta de 306 millones de euros, lo que supondrá elevar en un 3% los 'números rojos' de 297 millones del pasado año por las pérdidas de 80 millones que aporta la parte de la extinta Feve que ha integrado este año el operador ferroviario.

   La compañía promotora del AVE y gestora de la infraestructura ferroviaria prevé recortar esas pérdidas también en un 3% en 2014, gracias a los mayores ingresos que generarán los últimas tramos de líneas de Alta Velocidad puestos en servicio, la política de austeridad y reducción de gastos, y el aumento de los cánones que cobra a los operadores.

   Así lo indicó el presidente de Adif, Gonzalo Ferre, quien ratificó que la empresa subirá los cánones que cobra a Renfe y al resto de operadores ferroviarios por circular por las vías y utilizar estaciones y otras infraestructuras.

   Ferre no concretó el importe de la subida, que atribuyó a la necesidad de cubrir los costes de mantenimiento de la red y recuperar las inversiones que realiza en su construcción. "Somos una empresa que con subvenciones públicas de 600 millones de euros pierde 300 millones, por ello hay que aumentar el canon para que paulatinamente pague el servicio quien lo usa y no todos los ciudadanos por vía de los presupuestos", argumentó el presidente de Adif en su comparecencia en el Congreso.

   De esta forma, Adif prevé ingresar 586 millones de euros por cobro de cánones en 2014, importe un 13,5% superior al de 516 millones de euros estimado para este año.

   Así, los ingresos de explotación del ente público se incrementarán un 5,4% el próximo año, hasta alcanzar 1.907 millones de euros. Por contra, los gastos se reducirán un 22,55%, hasta 1.243 millones de euros, en parte por la reducción del coste de personal.

   En cuanto a las inversiones, en 2014 se congelan de forma que se mantienen en 3.372 millones de euros, que se destinarán "a que en el menor plazo posible un buen número de ciudadanos disfruten de un ferrocarril de calidad, que reduzca los tiempos de viaje".

   En cuanto a la financiación de esta inversión, Adif contará con permiso para captar financiación mediante endeudamiento por un importe máximo de 2.875 millones de euros durante 2014.

   No obstante, gracias a "la recepción de los mercados europeos a las emisiones de empresas españolas", Ferre ratificó que Adif está diseñando un programa de emisión de bonos en el mercado exterior a un plazo de doce meses y un importe máximo de 3.000 millones de euros, en el marco de la apuesta del ente público por diversificar sus fuentes de financiación.

   En su comparecencia parlamentaria, el presidente de Adif ratificó que el grupo ya trabaja en el diseño de su segregación en dos empresas (una para la Alta Velocidad y otra para el ferrocarril convencional) al que le obliga normativa europea.

El dinero comprometido con los JJOO sería suficiente para salvar nuestro tejido científico y tecnológico

En una entrevista reciente el profesor Juan Luis Arsuaga, codirector de las excavaciones de Atapuerca, destacaba lo que hubiéramos sido capaces de hacer si los 25.000 millones de euros inyectados a Bankia se hubieran dedicado a ciencia y tecnología y el impacto que esto hubiera tenido sobre la hambruna político-intelectual que vino después. No hay mucho que añadir a eso. Hace unos días, con todo el país y el Gobierno volcado en la quimera olímpica, fuimos muchos los que nos alegramos de que no dieran la sede olímpica de 2020 a Madrid. Nuestro Gobierno estaba dispuesto a invertir 1500 millones de euros para garantizar el proyecto. En fin, un paso al frente para consolidar el modelo que nos llevó al abismo, construcciones y servicios. Poca imaginación, ¿no? De nuevo, sólo imaginar que ese dinero se hubiera comprometido en un nuevo modelo de desarrollo basado en ciencia y tecnología pondría la piel de gallina. Recordemos que el gasto real en I+D presupuestado para 2013 por el estado es de 2266,78 millones de euros.       

Sin embargo lo que tenemos en este momento es penuria y lo que nos hubiera gustado que ocurriese es sólo parte de nuestros sueños. El Real  Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, impone un corsé absolutamente intratable para la ciencia nacional y especialmente para la universidad pública, su motor más importante. Se impone una tasa de reposición de puestos de las administraciones públicas del 10 %, que se llevará a cabo de manera indiscriminada. De nuevo una medida que claramente indica que la crisis es una excusa ideológica para desmontar lo que se fue construyendo entre todos en los pasados 30 años.

En las universidades se producen situaciones dantescas. En algunos casos, en las más envejecidas, es una descapitalización en toda regla. Universidades como la de Sevilla han perdido más de 150 funcionarios en el último año. Con la tasa de reposición sólo se pueden cubrir 15 plazas. Da lo mismo si las bajas se producen en sitios científicamente productivos, en otros capaces de generar recursos para la universidad o, sencillamente, en áreas o departamentos con mucha carga docente. La medida es ciega; absurda, nos atrevemos a decir.

En el otro extremo están las universidades jóvenes. Por ejemplo la universidad Rey Juan Carlos, que con una plantilla en consolidación sólo jubiló a 8 funcionarios docentes en el 2012. La comunidad de Madrid, interpretando el decreto de la forma más cicatera, indicó que no puede convocarse ninguna plaza en este año al no alcanzar el valor cabalístico de 10 ¿Qué hacer? ¿Quizás acabar con algún profesor para que sumen 10 las bajas y jubilaciones? Perdón por la licencia.

Muchas universidades, al amparo de su autonomía, hicieron caso omiso al decreto y convocaron plazas de funcionarios docentes a pesar de todo. Plazas en muchos casos urgentes, como las necesarias para consolidar contratos de Ramón y Cajal a su término, tal y como se habían comprometido a hacer al incorporar a dichos investigadores y convencidos de que, de no ser así, se perdería ese capital tan valioso. Ante el asombro de toda la comunidad universitaria, el ministerio de Economía y Competitividad puso sus servicios jurídicos a pleitear para echar atrás todos esos concursos. Para sorpresa de todos, dichos servicios solicitaron la suspensión cautelar de las convocatorias.

Desgraciadamente, las 47 plazas de la Universidad de Valencia recurridas por Hacienda no son el único ejemplo. Esta suspensión implica, para los legos en temas jurídicos, que estos nuevos funcionarios docentes e investigadores vuelven a su posición anterior al concurso hasta que todo se resuelva, lo cual puede llevar años. Además, demostrando una sensibilidad fuera de lo común (han obviado que) en la mayoría de los casos esa vuelta es imposible; por ejemplo, los contratados Ramón y Cajal por quedar extintos o, sencillamente porque las plazas que dejaron ya están ocupadas.

Afortunadamente, algunos jueces no han admitido dicha suspensión aunque el recurso ha sido elevado a instancias superiores. Pero nos da una idea de los métodos que no duda en poner en juego el Ministerio de Economía y Competitividad cuando alguna universidad se atreve a levantarle un poco la voz. Y, una vez más, ¿de cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué ahorro representan estas poquísimas plazas que se han convocado? ¿Cómo se compara este mínimo gasto con todo lo demás y cómo se compara su retorno? No, no son recortes, son mandatos ideológicos sin ninguna justificación económica real. Especialmente cuando los profesores no estabilizados, si no emigran, se ven muchas veces abocados a buscar trabajo en universidades privadas, obvias beneficiarias de los recortes en la universidad pública.

Por supuesto que era necesario una reforma de la carrera investigadora y docente, una reforma que ajustase los recursos y las plazas en función de la competitividad, eficacia, internacionalización y éxito, medido como se decida, para ajustar las plantillas. Acabar con esos sumideros de profesionales deshonestos que no hacen nada y desaparecen con las vacaciones de los estudiantes, contratados sin méritos en procesos endogámicos y arbitrarios. Esa lacra no merece un sitio en esas reformas. Desafortunadamente no avanzamos en esa dirección, y lo que el Gobierno pone sobre la mesa son recortes que estrangulan a las universidades y centros de investigación de manera indiscriminada, impidiendo la entrada de profesionales excelentes a la vez que dificulta la capacidad de investigar y reduce la calidad de la docencia del personal estable. Lejos de aprovechar la crisis para mejorar la universidad, la gestión estatal se ceba de manera descorazonadora en la gente que ha trabajado bien y ha conseguido sus habilitaciones externas.

Para los colegas a los que les han recurrido las plazas, el sueño de que el dinero de Madrid 2020 pudiera ir a parar a ciencia y tecnología sería una esperanza. Vana ilusión porque seguramente irá a cualquier otro sitio, quizás para reajustar algún desequilibrio de alguna entidad financiera un poco agobiada.

(*)  Adrián Escudero / Fernando Valladares / Joaquín Hortal / Jordi Moya / Luis Santamaría / Miguel Angel Rodriguez-Gironés

http://www.eldiario.es/cienciacritica/comprometido-olimpiadas-suficiente-cientifico-tecnologico_6_181691832.html

Sin Bruselas, la recuperación industrial es imposible / Ángel Tomás Martín *

La Comisión Europea, al fin se ha convencido de que el único camino para la recuperación de la economía pasa necesariamente por recuperar el tejido industrial perdido, e impulsar su crecimiento de forma acelerada, o se distanciará de los países más avanzados que ya han superado el crecimiento del dos por ciento sobre el PIB. 

En nuestro caso, la realidad es que la política económica ha sido desacertada y carente de visión, al no tomar las medidas necesarias para, por un lado, contener la desaparición y deslocalización de empresas industriales, que ya ha superado el treinta por ciento en el último quinquenio, y para evitar el insostenible desempleo y el altísimo endeudamiento público, situado ya cerca del 95% del PIB.

Con independencia de adelgazar el tamaño de la estructura estatal y autonómica, y la simplificación de nuestro sistema burocrático, se nos reclama: protección y fomento a la innovación e investigación, y un más ágil y efectivo acceso al crédito, imprescindibles para estimular nuestra dormida capacidad del sector productivo y de la inversión exterior en el mismo.

El impulso al sector industrial es el motor principal que puede llevarnos al crecimiento económico, a la creación de puestos de trabajo especializados, y a la disminución del endeudamiento público. La inacción y aplazamiento en la toma de medidas urgentes que hagan posible su prioridad, es un error imperdonable. La continua subida de impuestos como única solución para hacer frente al creciente endeudamiento, es necesaria para cumplir con las obligaciones contraídas, pero un error para el desarrollo económico, puesto que reduce el consumo, merma la capacidad empresarial, aumenta el paro y frena la inversión interior y sobre todo la exterior. 

El fomento industrial y su crecimiento son imprescindibles para la subida de la renta nacional y del bienestar social, y el exceso de carga fiscal merma la competitividad, perjudica la exportación e impide la creación de puestos de trabajo estables. Es necesario que fluyan nuevas ideas para nuevas políticas económicas que regeneren el sector industrial y eliminen el crecimiento continuo de la fiscalidad. Esto último es lo más fácil pero demuestra la carencia de ideas para encontrar el camino que facilite el cumplimiento a los requerimientos de Bruselas. No debemos olvidar que la planificación, la construcción de naves, instalaciones, maquinaria, etc., requieren financiación y tiempo, por tanto la destrucción industrial es de muy difícil recuperación y ésta necesita de estímulos.

Recordemos que en los años setenta San Juan de Puerto Rico alcanzó el liderazgo económico del Caribe, y fue la ubicación geográfica preferida por los emprendedores de EEUU. Se acometió el plan urbano sobre el que se asentó su famosa Milla de Oro, atrayendo industrias en base a las exenciones tributarias vigentes. Puerto Rico como Estado Asociado de EEUU, se vio obligada a derogar dichas exenciones, a partir de lo cual, en tan sólo tres años, la Milla de Oro perdió su esplendor convirtiéndose en una auténtica desolación industrial, con repercusión sobre el turismo, el comercio minorista, el bienestar social y la recaudación fiscal.

 La apreciación del euro está limitando nuestra competitividad, al fundamentarse las exportaciones, en mayor medida, en los precios antes que en la alta calidad de los productos. Es un argumento adicional para que los Países del Norte, que son beneficiarios de la situación, insten a Bruselas para que sean sensibles a nuestro problema de desindustrialización.

En la actualidad, los Estados que regeneran la actividad productiva se están convirtiendo en líderes de la economía global, como es el caso de EEUU y Canadá, entre otros, sin olvidar El Foro de Asia-Pacífico, en el que sus líderes crean alianzas para protegerse ante la decaída de Europa promoviendo medidas de desarrollo industrial sostenible y de regulación comercial competitiva. En la Comunidad Europa, en menor escala, lo están consiguiendo Polonia, Rumanía, Letonia y Estonia. El resto de los veintiocho ha destruido industria en el último quinquenio, y de ahí que Bruselas esté despertando y empiece a exigir a sus socios acciones urgentes y efectivas para detener la desaparición industrial, y medidas estructurales que propicien su creación. Es evidente que si Europa no reacciona su riqueza languidecerá, haciendo imposible su reactivación.

Alemania y Francia ya han iniciado su gran reforma para la promoción industrial. España, con un sector industrial en plena caída y en los últimos puestos de la clasificación recientemente publicada, no tiene otra opción que despertar, estudiar y acometer cuantas medidas sean necesarias para que el crecimiento sea real y no encubierto e imposible. Con independencia de apoyar la investigación, la creatividad, la innovación, el crédito y la reducción del costo energético, una reforma fiscal en profundidad que contenga una disminución de impuestos capaz de hacer atractiva la inversión interna y sobre todo externa hacia la actividad productiva, es incuestionable, de lo contrario podemos hacer un país de Estado rico con ciudadanos pobres, cuando lo deseable sería lo contrario.

España cuenta con una ubicación geográfica excelente, pero no aprovechada y con ausencia de alianzas internacionales inteligentes, consecuencia de la falta de modernización y efectividad de nuestra organización exterior, embajadas, consulados y oficinas. Sin embargo, el impulso industrial debe apoyarse en componentes de la actual coyuntura de nuestra economía. Hay un importante flujo monetario procedente del exterior, como: grandes inversores destacados, Fondos Internacionales sólidos, e inversores menores, atraídos por una oferta inmobiliaria de bajos precios, especialmente en costas, con la perspectiva de obtención de beneficios una vez iniciada la recuperación.

Ésto unido al saneamiento avanzado del sistema financiero, demanda al Estado una bajada de impuestos impulsora del crecimiento y la implantación industrial.

Para hacerlo posible, es necesario compensar la caída de la recaudación que originaría la política fiscal protectora, por un alargamiento de los plazos de amortización de la Deuda Pública, que permitiera mantener unos presupuestos generales del Estado equilibrados y viables. Nada de lo expuesto, como posible única solución a nuestro desarrollo, sin un acuerdo de Bruselas que nos exige medidas urgentes para la contención de la destrucción industrial y el inicio de su crecimiento. Su apoyo y nuestro esfuerzo colectivo permitirán alcanzar el éxito de lo que no podemos aplazar, "conseguir un tejido empresarial sólido, creciente y competitivo".

(*) Economista y empresario

Madrid propone retirar los coches oficiales... que renovó en mayo

MADRID.- El Grupo Popular va a proponer hoy en la Junta de Portavoces eliminar los coches que disponen los portavoces para que los partidos, en palabras de Ignacio González, "funcionen con los medios que los propios grupos tienen". 

Si la iniciativa sale adelante, Tomás Gómez (PSOE) y Gregorio Gordo (IU) dejarán de tener coche oficial, ya que los portavoces de PP y UPyD renunciaron a ellos. Sin embargo, fuentes del Partido Popular no han sabido concretar a El Confidencial si podrán rescindir el contrato de renting que firmaron con la empresa Finanzia Autorenting S.A., por el cual se comprometían a pagar 60.000 euros a cambio de mantener el alquiler de diez vehículos hasta mediados de 2014.

La Asamblea de Madrid tramitó el 18 de abril por la vía de urgencia la contratación del arrendamiento de los diez vehículos que mantiene en la flota. El lote fue adjudicado en mayo a la única compañía candidata, que ahora deberá revisar su contrato para verificar si, de salir adelante la petición del Grupo Popular, la Asamblea de Madrid podría deshacerse del contrato de renting vigente o, por el contrario, deberán abonar lo acordado hasta mediados del próximo año.

UPyD fue el partido que propuso el pasado octubre suprimir los coches oficiales de los portavoces de los grupos parlamentarios, miembros de la Mesa y del secretario general de la Asamblea de Madrid. Entonces, la Asamblea de Madrid mantenía 18 vehículos oficiales: cuatro Peugeots 407, un Audi A6, tres Peugeots 406 y diez Volkswagen Passat. Su portavoz, Luis de Velasco, argumentaba entonces que en una asamblea autonómica no son necesarios los coches oficiales y prescindir de ellos supondría una posibilidad de ahorrar “en un gasto superfluo”.

El líder regional de la formación magenta propuso que sólo tuviera coche oficial el presidente de la Asamblea, José Ignacio Echevarría, y como máximo hubiera tres vehículos más de incidencias. Él fue el primero en renunciar al vehículo oficial, y su ejemplo lo siguió el portavoz popular, Íñigo Henríquez de Luna. Quienes lo mantienen y a quienes afectaría la nueva medida que ayer anunció el presidente de la Comunidad, Ignacio González, como un ejercicio de “responsabilidad” afectaría al PSM, IU y a los siete miembros de la Mesa.

Dieciséis chóferes en nómina

La medida afectaría también de lleno a los chóferes que conducen los vehículos. Según los datos que maneja UPyD, había dieciséis chóferes para conducir los 18 vehículos oficiales que circulaban a nombre de la Asamblea hasta octubre de 2012. Diez de ellos eran funcionarios y seis pertenecían a personal eventual, nombrados a dedo. "¿Qué va a pasar ahora con estos trabajadores?", se preguntan ahora desde la oposición.  

El presidente de la Comunidad de Madrid mantuvo ayer una reunión con su grupo parlamentario en la que anunció esta medida. También aprovechó para solicitar que los partidos políticos publiquen sus cuentas, en un intento de mejorar la transparencia y el funcionamiento democrático. Unión Progreso y Democracia vuelve a ser el único partido representado en la Cámara madrileña que ya tiene publicada sus cuentas en su web. Fuentes del Partido Popular aseguran que quieren hacerlo de una manera mucho más "milimétrica, no tan general". La Mesa de la Asamblea de Madrid aprobó en septiembre publicar las nóminas de los diputados de todos los grupos parlamentarios en la página web de la Asamblea. De momento, solo los ocho diputados de UPyD las hicieron públicas mucho antes de aprobarse la iniciativa que ellos mismos presentaron.

Las plantillas de las Fuerzas Armadas caen por debajo del mínimo legal de 2007

MADRID.- España gastará en 2014 un tercio menos en Defensa que cuando empezó la crisis. Los recortes en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 son menores (un 3%) comparados con los dos ejercicios precedentes, pero en el caso del Ministerio de Defensa llueve sobre mojado y se acumulan a los drásticos ajustes que empezaron en 2009. El número total de militares de tropa y marinería queda por debajo del mínimo de los 80.000 establecido en la ley de la carrera militar de 2007 que fue pactada entre el Gobierno socialista y el PP en la oposición.

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado fija para el próximo año un tope de 79.000 militares de tropa y marinería, mil menos que en este ejercicio, con lo que las Fuerzas Armadas volverán a las cifras de personal de 2008, cuando Defensa empezó a superar el bache de reclutamiento experimentado desde el final del servicio militar obligatorio.

En 2005 las Fuerzas Armadas se habían quedado en los 70.000 soldados y marineros, con los que no podían cubrir los mínimos operativos de muchas unidades y barcos. La ley de la carrera militar fijó en 2007 el objetivo de contar con 150.000 profesionales entre generales, jefes, oficiales, suboficiales y tropa (entre 80.000 y 90.000 soldados y marineros).

La nueva ley que ofrecía una carrera a los jóvenes, las subidas salariales, más el principio de la crisis solucionaron el problema y en 2010 las Fuerzas Armadas llegaron a contar con 86.000 efectivos de tropa. Los recortes presupuestarios a partir de ese mismo ejercicio culminan para el próximo año con la cifra de personal eventual (soldados y marineros) más baja de los últimos seis años y aumenta la desproporción con el número de mandos, que ahora está en los 44.000 (casi 16.000 oficiales y 28.000 suboficiales).

Lo que arregló la ley de la carrera militar en dos años se lo ha llevado la crisis vía recortes presupuestarios en menos de tres ejercicios. En la última convocatoria realizada por el Defensa este verano para cubrir 1.500 plazas de soldados y marineros, se presentaron 14.000 aspirantes.

Los recortes en Defensa se limitan este año a un 3,2 por ciento sobre el ejercicio en curso, pero al ser el quinto presupuesto que disminuye, el departamento que dirige Pedro Morenés figura entre los más castigados por los ajustes. De los 8.491 millones con que contó Carme Chacón en 2008 se ha pasado a los 5.745 para 2014.

El Ministerio de Defensa, uno de los que contaban tradicionalmente con un capítulo más abultado de inversiones, se constriñe aún más al mero sostenimiento del personal: un 77 por ciento del presupuesto está dirigido a pagar las nóminas. Las inversiones vuelven a bajar, esta vez sólo un 8,7 por ciento, hasta quedarse en los 443 millones de euros; aunque lo hace bastante menos que el pasado año, cuando descendieron un 30 por ciento.

Siguen bajo mínimos los pagos dirigidos a los programas especiales de modernización de las Fuerzas Armadas después de la reprogramación de compras y contratos: 4,9 millones para el caza Eurofighter, 1,1 millones para el avión de transporte militar A400M y 730.000 euros para el helicóptero de combate Tigre.

A mitad de este ejercicio, el Gobierno tuvo que habilitar un crédito extraordinario de 877 millones de euros para pagar las deudas acumuladas con la industria de Defensa en los últimos años. En 2010 y 2011 el Ejecutivo anterior no había abonado factura alguna, según recoge 'El Confidencial'.