lunes, 23 de abril de 2018

El oscuro negocio aeronáutico del rector de la 'Rey Juan Carlos'

MADRID.- El hangar aeronáutico del campus de Fuenlabrada (Madrid) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se ha hecho famoso en los últimos meses entre la comunidad académica, pero no por ser la única instalación de este tipo en campus español, sino por la forma en la que el hoy rector, Javier Ramos, lo ha construido y cedido a intereses privados, sin pasar por concurso público ni por el Consejo de Gobierno de la universidad, según revela hoy El País.

La historia empieza con un convenio de colaboración por 25 años firmado en 2015 por el entonces rector, Fernando Suárez, con  European Airline Center SL., aunque el verdadero impulsor del hangar es Ramos. Según este acuerdo la empresa puede ofertar allí centenares de cursos de formación profesional, de pilotaje, mecánica o de tripulante de cabina. La universidad pone el terreno, ha costeado el millón de euros que ha costado el hangar, paga las facturas y, supuestamente, a cambio sus alumnos de Aeronáutica hacen prácticas allí. Su presencia, sin embargo, es anecdótica.
La compañía, por su parte, dice abonar el 10% de sus títulos propios a la URJC, un porcentaje en entredicho por varias fuentes, porque no aparece en el convenio y esta formación es una parte muy pequeña del negocio. Hoy son sus alumnos de FP, los estudiantes de vuelo o los aficionados a los drones los que ocupan el hangar y tres aulas, algo que no ven con buenos ojos distintas fuentes universitarias, que incluso adelantan que van a llevar el caso a la Fiscalía.
Tres profesores de la URJC, descontentos con el devenir del hangar, han abandonado la comisión académica del Instituto EIATA, del campus, que debe velar por la gestión de este espacio, según ha podido saber El País
Lo han hecho tras conocerse el último negocio, aún embrionario, con el que se pretende aumentar el número de alumnos no universitarios al hangar: un convenio de colaboración de la Universidad con el Ministerio de Defensa para reciclar con 63 cursos a centenares de soldados de tropa y marinería. 
La URJC pone el nombre, pero el dinero que abonen los soldados  de su bolsillo irá a las arcas de Aviation Group, la marca comercial que agrupa a las tres compañías que operan ahora en el hangar. Ramos, que a preguntas de  El País trata de desvincularse del proyecto, asegura no recordar la firma de ese convenio con Arturo Romaní, subsecretario de Defensa, que es el que aparece en el acuerdo. Afirma que rubrica "miles de convenios".
“El rector actual [dice en referencia a sí mismo] tuvo un papel activo en un instituto aeronáutico, pero si alguien no cumplió la ley fue otro [Suárez]”, se defiende el rector Javier Ramos. “Yo no firmé”, alega. 
Pese al distanciamiento de Ramos, lo cierto es que el hangar era su proyecto desde hace una década; lo gestó como director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, tal y como ha reconocido en público en más de una ocasión. Siendo director de la escuela ha participado activamente en la promoción de los cursos privados.
Fuentes académicas apuntan a que el acuerdo con Aviation Group es directamente ilegal, porque se trata de una cesión de un espacio público que debería haberse sacado a concurso público, y no en forma de convenio de colaboración con una empresa concreta sin que otras pudieran competir. Y sostienen que la contraparte tendría que pagar un canon por uso del espacio de al menos un 6% según la ley de contratos. 
Incluso antes de este convenio, la universidad cerró en 2015 un acuerdo con el Centro de Formación de Instaladores y Mantenedores, en la que Castaño era apoderado y matriz del negocio actual, que había entrado en concurso de acreedores semanas antes.
A preguntas de El País, el responsable de Aviation Group, Francisco Castaño, aseguró que abonan a la universidad el 10% del máster en Ingeniería de Diseño y Fabricación Aeronáutica, que ofertan con profesores de la URJC fuera de su horario laboral (cobran un extra) y con profesionales de las principales empresas aeronáuticas. 
Sin embargo, del resto de su catálogo de títulos –los grados de FP, los cursos de formación continua a Iberia Express o Norwegian, las certificaciones profesionales o los campamentos tecnológicos- Castaño dijo desconocer si se paga algo a la universidad. También Ramos dice no saberlo.
A estas fuentes consultadas por El Paísles sorprende también que el acuerdo dure 25 años sin que Aviation haga ningún desembolso, pues el equipamiento sigue siendo suyo. “Por ejemplo, una empresa que se queda con la concesión de una residencia universitaria por 30 años, invierte 10 millones en su construcción y después puede perderla”, explica un profesor. Ramos asegura no saber a quién pertenece el material.
Ante las dudas sobre el convenio, el rector no enseñó a El País el informe jurídico previo a la firma sino uno que encargó el viernes tras unas primeras informaciones publicadas por El Confidencial
En el texto, que no va firmado, se sostiene que “queda clara la justificación del convenio” porque su finalidad es “rentabilizar las inversiones” de la URJC y las empresas.
El nuevo hangar de 1.500 metros cuadrados y 12 metros de alto, edificado en el campus de Fuenlabrada e inaugurado en septiembre pasado, le ha costado a la universidad casi un millón de euros, entre el proyecto, la construcción y una ampliación posterior. El espacio, con 14 laboratorios y dos plantas, alberga equipos y piezas de aeronaves, un simulador de cabina, un tren de aterrizaje, rotores y transmisores. 
Pese a que la justificación de su construcción son los alumnos de grado, estos son minoría. “Las asignaturas que he tenido hasta ahora no han requerido que pise el hangar. Que yo sepa no ha ido ninguno de mis compañeros. Creo que la semana pasada sí hubo una práctica de navegación aérea”, dice un estudiante de la URJC en cuarto de carrera
 Otro chico, que está empezando, entre risas, agrega: “No conozco a nadie que haya estado”. Ramos argumenta que no hay universitarios porque los profesores no han “cambiado la inercia y no han actualizado su guía de prácticas” pues quizás les resulta más “cómodo” continuar con unas prácticas simuladas en el ordenador, que en un aparato real.
Según distintas fuentes, la construcción del hangar ha sido uno de los motivos del cese de María Teresa Sánchez Magdaleno, gerente general desde 2013, que se negaba a este gasto que consideraba un dispendio.
Según su acta de creación, el Instituto EIATA de la URJC debe velar porque las empresas que trabajan en el hangar cumplan las cláusulas del acuerdo, pero lo cierto es que la parte pública y la privada se confunden. La página web de esta institución, en la que figuraban los nombres de los representantes de la universidad, la industria y el Ministerio de Defensa que colaboran con él, dejó de estar operativa el jueves pasado. Cuando ahora se accede a ella se lee “en construcción”.
El miércoles pasado, fecha en la que la consultó El País, derivaba a la extinta EATC. El acrónimo de esta empresa coincide con el del Mando de Transporte Aéreo Europeo (en inglés), lo que llevaba a la confusión. Y figuraba entonces como director del EIATA aún el rector Ramos, el mismo que ve ahora como abandonan su gran proyecto tres de sus profesores.

Madrid logra vetar a las grandes eléctricas en su megaconcurso de luz

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid ha logrado vetar a las grandes eléctricas en el megaconcurso municipal de suministro de luz, el mayor de España con un presupuesto de 82,6 millones de euros. 

Tal y como avanza El Confidencial, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha rechazado los recursos interpuestos por Gas Natural, Iberdrola y Endesa contra los pliegos del contrato, que impiden licitar a estas empresas al exigir al adjudicatario vender exclusivamente energía renovable.
La decisión no es firme, ya que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Pero supone una victoria del ayuntamiento en su pugna frente a las eléctricas por este asunto y puede marcar el camino a otras administraciones públicas en sus licitaciones de suministro eléctrico.
Las tres mayores eléctricas del mercado español habían pedido anular el pliego del ayuntamiento madrileño por entender que su redacción les impedía, según la resolución del tribunal, "concurrir en igualdad de condiciones a la licitación", al incluir entre los criterios de "solvencia técnica" una cláusula que exige contar con el etiquetado A que expide la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). Este certificado reconoce que la comercializadora en cuestión solo vendió energía verde en el último año vencido.
El tribunal, por unanimidad, entiende que la exigencia de esa certificación "se ajusta" a la Ley de Contratos públicos, rechaza los tres recursos y levanta la suspensión del procedimiento que había decretado el pasado 4 de abril.
La cláusula a la que ha dado luz verde en la práctica impide concurrir al concurso a las grandes eléctricas, porque en su mix de generación estas empresas tienen fuentes como el carbón, el gas o la nuclear, que emiten CO2 o generan residuos radiactivos.
Tal y como recoge la resolución, el propio Ayuntamiento argumentaba que, en virtud de esos certificados de la CNMC, existen 76 comercializadoras que cumplen con ese requisito, lo que supone el 64%, por lo que el criterio no plantearía restricciones a la libre competencia. Entre las empresas con la categoría A que exige el ayuntamiento está una empresa del Ibex (Acciona), y la comercializadora eléctrica de la petrolera Cepsa.
Además, también existen antecedentes de contratos con idéntico objeto de otras administraciones públicas (en Castilla y León), que han utilizado la misma cláusula como solvencia técnica y que han salido adelante pese a que también han sido objeto de recurso.
El Ayuntamiento ya intentó incluir el año pasado este criterio al incluir el certificado de la CNMC en la valoración de la oferta (otorgaba hasta cinco puntos). Gas Natural recurrió esa "diabólica" cláusula y logró tumbar los pliegos, que el consistorio, cuya área económica estaba entonces dirigida por Carlos Sánchez Mato, tuvo que rehacer. "Ha sido duro, pero ha merecido la pena", indicaba este lunes el exconcejal en su cuenta de Twitter.

La recuperación económica no llega a la escuela pública pero sí a la concertada con Madrid a la cabeza

MADRID.- Por segundo año consecutivo, el gasto público en enseñanza concertada marcó un récord. En 2016, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, las Administraciones educativas gastaron en concierto 6.055 millones de euros, casi 140 más que en 2015 y la cifra más alta de la serie histórica que arranca en 1992, según la Cadena SER. 

Con respecto a 2009, el año en el que ha habido más inversión educativa en España, el gasto en concertada ha subido en casi 165 millones de euros. Si hacemos la comparación con 2012 - cuando el Partido Popular llegó al Gobierno - ha aumentado en 346, 6 millones (un 6,11%).
La enseñanza pública, sin embargo, aún sigue por debajo de los niveles precrisis: en 2016 se alcanzaron los 41.500 millones, 6.400 millones menos que en 2009. Con respecto a 2012 la inversión en educación pública supera ya en 753 millones la que había entonces aunque sigue muy lejos de sus mejores años.
A las cifras de inversión hay que añadir que el número de alumnos entre 2009 y 2016 ha aumentado en la enseñanza pública en 493.449 (un 9,85%). En los centros privados - que incluye concertados y no concertados - ha subido en 176. 165 (7,2%).
El sociólogo de la Educación, José Saturnino Martínez, ve en estas cifras el reflejo de una apuesta ideológica especialmente en algunas comunidades autónomas: "Está aumentando la concertada en comunidades como Madrid que están dando más facilidades para que se abran plazas en la concertada y hay una visión de la pública más como subsidiaria de la iniciativa privada en educación".
Madrid y Murcia son las comunidades donde más ha aumentado el gasto en conciertos en los últimos siete años, aunque en 2016 la subida fue generalizada. Solo bajó a la inversión en este tipo de centros en Castilla-La Mancha respecto al año anterior.

La justicia retira la suspensión del cambio de nombres de calles franquistas en Madrid

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid podrá cambiar el nombre de 52 calles de la capital con reminiscencias franquistas que había propuesto el Comisionado de la Memoria Histórica del consistorio y que un juez había suspendido cautelarmente.

La sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha revocado la suspensión cautelar del cambio de nombre de las calles de reminiscencia franquista que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de Madrid había decretado en un auto del 24 de octubre de 2017.
En la sentencia, fechada el 18 de abril el TSJM estima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, desestima el interpuesto por la Fundación Francisco Franco, revoca el citado auto y acuerda "no haber lugar" a la suspensión.
Contra la sentencia cabe recurso de casación que deberá prepararse ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su notificación.
El auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 23 de de Madrid ahora revocado acordaba la "suspensión del acuerdo de 4 de mayo de 2017 de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid por la que se cambia la denominación de determinadas calles, plazas y travesías de la ciudad de Madrid en aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2017, de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil o la dictadura".
Se condicionaba dicha medida de suspensión a la prestación de garantía suficiente en derecho para cubrir la cantidad de 60.000 euros en la que se fijó la caución para operar la suspensión.
En los fundamentos de derecho se indica que en otra sentencia de la misma sala con fecha del 6 de febrero de 2018 y sobre un asunto similar se argumentaba que "en cuanto a los perjuicios que supone el cambio de la denominación, los actores no pueden hacer valer los perjuicios de terceros, los residentes en dicha calle, ya que ninguno reside en ella".
Por tanto, añade, "no cabe alegar perjuicios ajenos, y por otra parte los perjuicios que pudieran producirse a los actores no son irreparables, pues la reparación podría fácilmente revertirse con la restauración de la denominación de la calle y en su caso con la indemnización correspondiente".
Además, estima que "los perjuicios que representan los apelantes, de tipo moral, por otra parte no son irreparables pues los mismos desaparecerían si se estima el recurso contencioso-administrativo, se anula la resolución impugnada y se repone el nombre de la calle, junto con, en su caso la indemnización económica que eventualmente pudiera establecerse".
"Esto es, en supuestos similares al que aquí nos ocupa nos hemos inclinado por desestimar la medida cautelar de suspensión del acuerdo impugnado al no advertirse la necesaria e imprescindible concurrencia de 'periculum in mora'", agrega.
En la citada sentencia y en otras posteriores, la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM sostiene que "las cuestiones que los recurrentes plantean (...) deberán ser enjuiciadas en un proceso en el que el conocimiento sea pleno y no limitado".

Dos de cada tres votantes del PP exigen la dimisión de Cristina Cifuentes

MADRID.- Cuando Cristina Cifuentes anunció que renunciaba a su máster fraudulento ("no lo quiero", dijo tras llevar semanas agarrándose a ese título), la presidenta de Madrid subrayó que no pensaba dejar su puesto. "Tengo el apoyo de mi partido", explicó el martes pasado. 

De momento es así, al menos de puertas hacia fuera, con los dirigentes conservadores defendiendo su comportamiento con más o menos vehemencia. Pero lo que no tiene Cifuentes es el apoyo de los votantes del PP. El 64% de los electores que respaldaron a los populares en las últimas elecciones generales consideran que debería dimitir, según el Barómetro Político de España del Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) elaborado para El Periódico. 
El porcentaje total de consultados que quiere que la presidenta de Madrid deje de serlo se eleva al 83,1%.
La encuesta, llevada a cabo la semana pasada a través de 1.000 entrevistas, pone de manifiesto las terribles consecuencias que para el PP está teniendo el escándalo que rodea a Cifuentes, quien obtuvo el máster de Derecho Público Autonómico en la Universidad Rey Juan Carlos a través de un proceso repleto de irregularidades: sus notas fueron cambiadas dos años después de haber acabado ese curso, sus compañeros no la recuerdan ni en clase ni en los exámenes, el trabajo final de máster no aparece y las actas que certifican que ese documento fue entregado han demostrado ser falsas.
El 77,4% de los españoles tachan de "mala" (el 25%) o "muy mala" (el 52,4%) la actuación del PP en este caso, basada en negar la responsabilidad de la dirigente conservadora, endosársela a la universidad y sembrar por el camino dudas sobre los currículums de dirigentes de otras fuerzas políticas. Aquí los votantes populares también censuran al partido, aunque de forma menos acusada. El 51,4% de este colectivo valora negativamente al PP en este escándalo, investigado por la fiscalía por un posible delito de falsedad en documento público.

Los madrileños, en contra

Los madrileños, que dentro de poco más de un año votarán en las elecciones autonómicas, se encuentran entre quienes ven con peores ojos la actitud de los conservadores. El 83% de los habitantes de esta comunidad censuran al PP y el 80,7% tienen claro que Cifuentes debería marcharse.
Si la dirigente popular no de ese paso, Ciudadanos ya ha anunciado que dejará de sostener a la presidenta autonómica y apoyará la moción de censura presentada por el PSOE, que propone a Ángel Gabilondo como candidato, aún está pendiente de fecha (deberá debatirse como máximo el 7 de mayo) y cuenta con los votos de Podemos.
La iniciativa de los socialistas, que necesita para salir adelante a uno solo de los 17 diputados de la formación naranja en la asamblea autonómica, tiene un enorme respaldo social. El 68,8% de los sondeados creen que Ciudadanos debería apoyarla. 
En un dato muy revelador, el 73% de los votantes del partido liderado por Albert Rivera abrazan esta tesis. Incluso el 35,5% del electorado del PP es partidario de que la moción de censura prospere, un porcentaje que se eleva hasta el 77% en el caso del PSOE y al 96,6% en el de Unidos Podemos, mostrando que los simpatizantes morados se encuentran ante aquí más movilizados que los socialistas.

La responsabilidad

Cifuentes renunció a su máster a través de una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, en la que argumentó que ella no tuvo nada que ver en la manera de acceder a este título académico, descargando toda la culpa en la propia universidad, muy vinculada al PP. "La obtención de dicho máster se vio afectada, al parecer, por diversas irregularidades administrativas totalmente ajenas a mí", escribió la todavía presidenta de Madrid.
Los encuestados tampoco comparten esta visión. Ante la pregunta de quién tiene más responsabilidad en este escándalo, hay distintas opiniones. El 32,7% de los españoles consideran que Cifuentes, el 37,7% que la universidad y el 24,6% que los dos por igual. 
Los votantes del PP son quienes más imputan al centro educativo la mayor parte de la culpa: un 49,1% de este colectivo así lo cree, pero el 22,9% señala como principal responsable a la presidente autonómica, que hasta que estalló este caso formaba parte del reducido grupo de favoritos para sustituir, llegado el caso, a Mariano Rajoy.

Ficha técnica de la encuesta de GESOP

Técnica: entrevistas telefónicas asistidas por ordenador.
Universo: población de 18 años y más en España.
Número de entrevistas: 1.000.
Muestreo: Estratificado por autonomía y tamaño de municipio con selección aleatoria de hogares y cuotas cruzadas de sexo y edad.
Error de la muestra: +/- 3,1% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5.
Trabajo de campo: del 12 al 18 de abril.

Reencuentro de Rajoy y Cifuentes, que seguirá en el cargo "lo que tenga que estar"

MADRID.- La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha insistido este lunes en que no tiene intención de dimitir por el caso de su máster universitario y que seguirá acudiendo a los actos institucionales, como el del 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, el tiempo que siga en el cargo.

Cifuentes ha asistido a la ceremonia de entrega del Premio Cervantes al escritor nicaragüense Sergio Ramírez en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, donde ha estado junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con quien no coincidía en público desde hace dos semanas.
Los dos dirigentes políticos se han encontrado a la entrada de la Universidad y se han dado dos besos en presencia del ministro de Educación y portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo.
Rajoy y Cifuentes se saludaron con la cordialidad habitual en la citada convención de Sevilla, en la que el PP le brindó una cerrada ovación a la dirigente madrileña cuando el caso de su máster en la Rey Juan Carlos arrastraba ya una gran polémica.
Desde entonces, el presidente ha dado siempre de alguna forma un respaldo a Cifuentes en sus comparecencias públicas y tras surgir otros casos de currículos de políticos falseados, ha mantenido el argumento de que "son peores" algunas de esas historias.
Al término del acto, que han presidido los Reyes, ha tenido lugar el tradicional cóctel en el que Cifuentes ha mantenido una conversación informal con los periodistas.
Después de que el pasado día 17 asegurara que renuncia al máster de la Universidad Rey Juan Carlos, la presidenta madrileña ha insistido en que el asunto está zanjado.
"De este tema, está todo dicho. El caso está judicializado y ahora tienen que actuar los tribunales", ha asegurado Cifuentes. Ha anunciado que su intención es acudir al acto institucional del 2 de mayo en la sede del Gobierno autonómico y a todas las citas en las que tenga que representar a la Comunidad Madrid.
"Estaré lo que tenga que estar, varios días, una semana, cinco semanas, cuatro años. Lo que no voy a hacer es dejar de ir a los actos institucionales como presidenta de la Comunidad de Madrid", ha añadido Cifuentes para hacer hincapié en que no hará dejación de funciones.
Sobre la moción de censura presentada por el PSOE y que se tiene que debatir antes del 7 de mayo, Cifuentes ha apuntado que se trata de "un mecanismo legítimo" que tiene la oposición.
En el plano personal, ha confesado que en las últimas semanas ha sentido "persecución" por parte de algunos medios de comunicación y que se han publicado informaciones que "no son verdad".
Cifuentes no ha querido desvelar ningún detalle de la conversación que ha mantenido con Rajoy, con quien no aparecía en público desde la convención que el PP celebró en Sevilla los pasados días 6 y 7 de abril.
Mientras tanto van pasando los días y se acercan fechas clave en este asunto. La más importante, el 7 de mayo, cuando termina el plazo para que se celebre en la Asamblea de Madrid el pleno de debate de la moción de censura contra Cifuentes, pleno que de momento no está fijado.
Además, el 2 de mayo se celebrarán el Día de la Comunidad de Madrid con los habituales festejos en la sede del Gobierno autonómico y salvo novedades en la semana que queda, los presidirá Cristina Cifuentes. Su continuidad o no al frente del Ejecutivo regional se va a resolver por tanto en quince días.

Contra Catalunya vale todo / Ramón Cotarelo *

La tercera pata del triunvirato del 155, Pedro Sánchez, anda de gira por Alemania para difundir el discurso represivo, falaz, de la derecha española (PP y C's) sobre Cataluña, probablemente por encargo directo de M. Rajoy (a) Sobresueldos, aprovechando que habla a sus congéneres socialistas alemanes. 
El mismo M. Rajoy cuya dimisión sería lo primero que pensaba Sánchez pedir si ganaba las primarias. No solo no pide su dimisión sino que es su más firme apoyo para seguir desgobernando el país y que su partido, el PP, continúe expoliándolo. Como el PSOE en Andalucía, por lo demás. La fraternidad es evidente.

La misión de Sánchez en Europa es mentir a los europeos sobre el conflicto España-Catalunya y descaradamente. Sostiene el secretario general que en el PSOE ofrecimos el diálogo repetidamente al independentismo catalán, pero no recibimos respuesta
Hace falta tener morro. Lo siento; no hay otra expresión: morro, caradura, desfachatez. Este payo debe pensar que los alemanes son imbéciles, como los que le aplauden sus embustes. ¿Diálogo con los catalanes? Jamás, como todo el mundo sabe. A él lo echaron precisamente por haber amagado algo parecido. 
Recuperado su puesto, demostró haber aprendido la lección, se sometió a los arribaespañistas de su partido, los Rubalcabas, González, Bono, etc y se opuso y se opone siempre con uñas y dientes a todo diálogo con los independentistas. No quiere ni sus votos, aunque sean sin condiciones. No está dispuesto a hablar con ellos en absoluto. Lo ha dicho, redicho y requetedicho porque piensa que eso le dará votos en España.

¿Por qué, pues, miente como un bellaco en Alemania, aparte de porque es un oportunista y un embustero? Porque comparte el orden de prioridades de los otros políticos del cuadrilátero hispánico de la desvergüenza política, M. Rajoy, Rivera e Iglesias. Primero es España, la nación española de la derecha nacional-católica que todos comparten; luego sus opciones políticas particulares.

Y hay más en el programa de propaganda y mentiras que lleva este hombre por Europa. También afirma con idéntico descaro que "España, es una "democracia sólida", donde impera el Estado de derecho y se respeta "la pluralidad". 
La doctrina oficial de los intelectualess españoles y su panfleto de cabecera, El País: España, la democracia homologable en Europa y blablabla. Un país en estado de excepción con el 155, en donde hay presos, exiliados y embargados políticos, un país en el que se apalea a la gente por querer votar, se la encarcela por rapear y se la despoja de sus prendas de vestir arbitrariamente; un país gobernado por ladrones, con un partido de facinerosos, unos tribunales al servicio del gobierno y unos medios que son puros aparatos de propaganda, es un "Estado de derecho a nivel europeo", según la manga de ideólogos al servicio de este régimen neofranquista al que apoya la oposición en pleno, por activa o por pasiva, cuando se trata de Cataluña.

Añade Sánchez de colofón que la situación sería muy distinta si gobernara el PSOE, como queriendo marcar unas distancias inexistentes con el PP. Porque es otra mentira. En primer lugar, estamos así precisamente porque el PSOE de Zapatero comenzó una reforma del Estatuto en 2006 que luego no tuvo la inteligencia ni el valor ni la honestidad de mantener. 
En segundo porque el PSOE carece de todo proyecto catalán (ya ni menciona las bobadas federales o de reforma de la Constitución con que amenizaba las fiestas del partido) y prefiere apoyar el del PP y, sobre todo, su modo de resolverlo a palos. 
En tercero porque un partido que tiene en su historia los GAL es posible que hubiera hecho algo distinto que el PP y probablemente peor y más sucio.

Quizá no han encontrado a otro más vacuo y vanidoso que Sánchez para encargarle estas mentiras en el extranjero. Si España fuera un Estado de derecho no sería necesario asegurarlo en todos los foros. Es inimaginable que un político alemán o francés o inglés o del resto de los homologables vaya por ahí tratando de convencer a otros de que su país es un Estado de derecho. ¿No?

Frente al nuevo propagandista de la fe, Chomsky y cien académicos internacionales más, reclaman la libertad de los presos políticos y, por ello mismo, denuncian la falta de garantías de Estado democrático de derecho en España. Por supuesto, la prensa de este país "libre" difunde profusamente las mentiras de Sánchez, mientras que oculta la exigencia de Chomsky y sus colegas.

¿A quién piensan los lectores que hará más caso la opinión pública internacional, a Sánchez o a Chomsky?

Hay que poner en marcha cuanto antes una Comisión Chomsky que bien puede llamarse "Comisión de la verdad sobre Catalunya" o "Comisión de apoyo a la democracia catalana".

La necesitamos para contrarrestar las falacias y los engaños de estos siervos de la derecha muy y mucho española.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED

sábado, 21 de abril de 2018

El Gobierno liberalizará más torres de control si sigue el pulso de los controladores aéreos

MADRID.- Nuevos vientos de huelga sobrevuelan el espacio aéreo español. Amenazas estivales que a algunos les suena a la misma música escuchada hace ahora casi ocho años. Eran otros tiempos... y otro Gobierno. Pero las protestas laborales no entienden de ideologías. Ayer, los controladores del aeropuerto de Barcelona-El Prat anunciaron que irán a la huelga este verano, recoge hoy Abc

Los trabajadores reclaman un aumento de la plantilla, que consideran insuficiente para afrontar el tráfico que se genera en la instalación, que se encuentra en cifras récord. Unos paros -en principio, de 24 horas y a partir del próximo 20 de junio-, que podrían concluir, de no llegar a un acuerdo entre ambas partes, en un nuevo caos aéreo con efectos devastadores para el turismo español y en el que los verdaderos damnificados son millones de pasajeros.
Así, según ha podido saber Abc de fuentes próximas al Ejecutivo de Mariano Rajoy, el Gobierno baraja la posibilidad de «desempolvar» un modelo de concesiones a empresas privadas que retomaría la paralizada liberalización del sector de las torres de control aún en manos públicas, siguiendo los planes iniciados por el equipo de Fomento que encabezaba el socialista José Blanco en 2010. 
Como resultado, un total de 12 torres de control fueron privatizadas durante los siguientes años, si bien las de los grandes aeropuertos españoles, como Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca o Gran Canaria, se mantuvieron en manos del Estado.
Y es que entonces, en plena efervescencia del conflicto entre el exministro Blanco y los controladores aéreos -que afectó a 700.000 pasajeros y por la que el gremio ha tenido que pagar 15 millones de euros-, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha un proceso de liberalización en los servicios de control del tráfico aéreo. 
La anterior administración se escudaba en el argumento de que gracias a la entrada de gestores privados, AENA tendría la posibilidad de rebajar los costes de navegación y, con ello, aligerar «las tasas», que pasaban por ser «las más altas de toda la Unión Europea».

Refuerzos de Enaire

No obstante, las mismas fuentes aseguran que España no puede permitirse un segundo verano caótico, precisamente en El Prat, ya que el año pasado fue el personal de los controles de seguridad el que frenó su actividad en protesta por sus bajas retribuciones y unas condiciones de empleo que consideraban impropias. La situación llegó hasta el punto de que el Gobierno tuvo que recurrir a la Guardia Civil para mantener los controles de seguridad en el aeródromo.
Para evitar un enredo similar ambas partes han mostrado su voluntad de diálogo. Así lo sostuvo ayer Enaire, matriz de AENA, tras conocer las amenazas de huelga de los controladores. En concreto, el gestor de la navegación aérea española, aseguró que reforzará con 58 controladores la plantilla en Cataluña este verano, tanto en el centro de control como en las torres de los aeropuertos (Barcelona-El Prat, Gerona-Costa Brava y Reus). De esta forma, la cifra de controladores contabilizados alcanzará los 450 efectivos el 1 de agosto de 2018.
«La torre de control del Aeropuerto de Barcelona-El Prat incrementará la plantilla en 37 controladores más que en agosto de 2017, de los cuales 14 controladores estarán plenamente operativos y habilitados, lo que supone un incremento neto de la plantilla operativa del 21% respecto al verano pasado», destacó la compañía, que puntualizó que estos trabajadores proceden de las convocatorias de empleo público de 2016 y 2017.  
Enaire responde así a una de las principales reivindicaciones de los controladores: la escasa renovación de las plantillas.
La visión de los controladores es distinta. Según fuentes sindicales, estas dos convocatorias se realizaron tras diez años en blanco, por lo que estos empleos no representan una solución «a corto plazo». 
A ello se une que, según el colectivo, los procesos de formación se han visto lastrados en los por la apertura parcial del mercado. «Antes del 2010, toda la formación recaía en el Ministerio de Fomento, que concedía becas para impulsar la captación de nuevos trabajadores. Ahora todo este proceso es privado, lo que ha repercutido en la renovación del personal», señalan estas fuentes. Como consecuencia, la edad media de los controladores aéreos españoles se sitúa en los 50 años, «una de las más altas de Europa».
Respecto a las condiciones laborales, las mismas fuentes aseguran que «el aumento de vuelos previsto para el verano en El Prat va a ser exponencial, lo que va a obligar a la plantilla a trabajar siete días de cada ocho y no tener un minuto de descanso en toda la jornada laboral».
Lo cierto es que no es la primera vez que los controladores denuncian exceso de trabajo. A finales de 2016, los sindicatos constataban una «sobrecarga» similar a la señalada ahora. La salvedad es que estas condiciones fueron denunciadas en torres de titularidad privada, no pública. 
Las reivindicaciones de los controladores, por tanto, no se dirigían al Gobierno, sino a FerroNATS, el primer operador comercial de control de tráfico aéreo en España con nueve torres. En ningún caso se habló de la posibilidad de convocar una huelga.
El anuncio de ayer, en cambio, fue tajante. Y reavivó viejos fantasmas, como los que hacen referencia al sueldo de los controladores aéreos. Según ha podido saber Abc, estos trabajadores tienen un salario medio que puede rondar los 240.000 euros anuales.

Una asociación nacional de interinos recurre las oposiciones de Educación

MADRID.- La Asociación Nacional de Interinos y Laborales ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) contra las oposiciones convocadas por la Consejería de Educación. Y adelanta también que hará lo mismo con las sanitarias, porque ambas sacan a concurso plazas de la oferta para la estabilización del empleo.

Esta organización, que aglutina a más de 2.000 interinos y que preside el abogado Manuel Martos, ha recurrido previamente el acuerdo que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, firmó hace un año con los sindicatos CC OO, UGT y CSIF para la estabilización del empleo, con el objetivo de reducir hasta el 8% la tasa de temporalidad en la administración. Para ello se permite la convocatoria en los próximos años de una oferta pública de empleo de 250.000 plazas en el conjunto del país, para convertir trabajos interinos en fijos y reducir así la temporalidad.
Ha sido el sistema elegido para la convocatoria, el de concurso-oposición, el motivo por el que la plataforma nacional ha decidido recurrir el acuerdo, porque desde su punto de vista perjudica a los interinos, especialmente a los de mayor edad y que llevan años trabajando. Y motivo por el que está recurriendo los diferentes procesos selectivos convocados en las comunidades autónomas que conllevan la salida de plazas extras para la estabilización del empleo.  
«La estabilización del empleo se puede realizar a través de un proceso de consolidación, que es el que reclamamos, por medio de un concurso de méritos», explica Manuel Martos. «Porque el sistema de concurso-oposición fijado no solo exige aprobar un examen, sino que, además, fija una puntuación máxima por los años de experiencia; en definitiva, no permite que se valoren todos los años de trabajo de los interinos», añade. De hecho, la fase de oposición será un 60% de la nota y la de concurso, el 40% restante. «Ni siquiera se ha establecido para la oferta extraordinaria que busca estabilizar el empleo un 50-50», critica Manuel Martos.
La asociación asegura que, por eso, en el caso de las plazas que conforman el plan de estabilización del empleo no se cumplen los criterios de igualdad, mérito y capacidad.
Estos interinos explican que los criterios de mérito y capacidad han sido probados sobradamente en personas que tienen una larga trayectoria laboral. Y, en cuanto a la igualdad, afirman que un interino que desarrolla su labor diariamente no puede competir en condiciones de igualdad con un joven recién licenciado. No solo por la disposición de tiempo para estudiar, muy reducida cuando se trabaja, sino porque la capacidad de retención y aprendizaje se ve mermada con el paso de los años.
Por eso consideran que ahora, cuando la administración tiene que resolver por mandato de Europa un problema que ha generado, reducir la temporalidad por no llevar a cabo ofertas acordes con la realidad en los últimos años, no debe perjudicar a los interinos. «No estamos pidiendo que no entren los jóvenes en el sistema, estamos pidiendo que a los profesores con más años y experiencia docente se nos facilite otra vía, creemos que nuestra labor realizada durante años nos da el derecho a exigirla», dice Dalia Gómez.
«No competimos en igualdad de condiciones, se deben consolidar personas y no plazas», afirma María José Altamirano.
«Lo que quieren hacer es un ERE encubierto. Hemos demostrado que valemos para dar clases, hemos recorrido muchos kilómetros por toda Extremadura para que, ahora, nos echen a la calle sin más», concluye Felipe Dávila.

C's y PSOE ya se entienden (y sin moción): votan juntos en Madrid el 68% de las veces

MADRID.- Los movimientos son claros. Ciudadanos amenaza (y seriamente) con apoyar la moción de censura propuesta por el PSOE si el PP no aparta de la presidencia regional a Cristina Cifuentes, casi sepultada políticamente por el caso máster. Los populares, por su parte, creen que Ciudadanos va de farol y alimenta el mensaje en la opinión pública de que la formación naranja cavará su tumba si termina avalando a un Ejecutivo socialista que también se sustentará en Podemos, es decir, si entrega finalmente el Gobierno regional "a la izquierda radical", como insisten últimamente desde el PP de Madrid a El Confidencial.

Pero lo cierto es que las estadísticas revelan que Ciudadanos y PSOE ya se entienden bastante bien en la actividad política y legislativa que se desarrolla en la Asamblea de Madrid. 
Así, desde que empezó la legislatura en el verano de 2015 hasta diciembre de 2017 Ciudadanos se ha aliado con los socialistas en 278 de las 406 votaciones que se han producido en el Parlamento madrileño, es decir, en el 68,47% de las veces, según un recuento minucioso que lleva el grupo parlamentario popular. Ciudadanos y PSOE forman así la alianza más fructífera en la Cámara madrileña. 
Por encima incluso que la que ha habido entre PP y Ciudadanos, socios de investidura. Populares y 'naranjas' han votado juntos en 220 ocasiones (el 54,19%).
El análisis incluye las votaciones más representativas, como proposiciones no de ley (PNL) y mociones, proposiciones de ley y proyectos de ley. Se trata pues de una radiografía general, aunque como todo tiene matices. 
Por ejemplo, en los proyectos de ley, los proyectos diseñados por el Ejecutivo autonómico que determinan su acción de Gobierno, sí se produce un entendimiento mayoritario entre PP y Ciudadanos. De los 35 presentados hasta enero de este año, 23 contaron con el apoyo de populares y 'naranjas'. Es donde más han coincidido. Aquí están incluidos obviamente los presupuestos regionales. Cifuentes ha podido sacar tres gracias al apoyo de los de Ignacio Aguado, líder madrileño de la formación centrista.
El último ejemplo se produjo el jueves pasado en el Pleno. A pesar de que Ciudadanos siguió pidiendo la dimisión de Cifuentes por la mañana ambos grupos sumaron escaños por la tarde para aprobar una nueva reforma de la Ley del Suelo, una modificación que se realizó por el trámite de urgencia y en lectura única, lo que impide a la oposición presentar enmiendas al texto propuesto. 
No obstante, Ciudadanos ha mostrado a lo largo de la legislatura que es un partido muy flexible y que suele combinar el sentido de sus votaciones. La conclusión general es que analizado en su conjunto Ciudadanos ha votado con el PSOE en 278 de las 406 votaciones (un 68,47%), con Podemos en 264 (65%) y con el PP en 220 (54,19%). Es decir, ha coincidido más con Podemos que con el PP.

Ciudadanos y PSOE piden que Cifuentes ya no sea presidenta el Dos de Mayo
Esa flexibilidad naranja se ha notado sobre todo en las proposiciones de ley, iniciativas que puede presentar cualquier grupo. Hasta enero de 2018 se han debatido 24, de las que ocho han tenido la unanimidad de los cuatro grupos parlamentarios y en cinco el acuerdo ha sido solo de PP y Ciudadanos. 
Otras nueve han salido adelante con los tres grupos de la oposición (Podemos, PSOE y Ciudadanos), "el tripartito de la oposición" como los ha bautizado el PP. Solo en una ocasión han votado juntos PSOE y Ciudadanos. La otra restante fue votada en solitario por los de Aguado.
El análisis que hace el PP es que "el apoyo de Ciudadanos a la coalición de PSOE y Podemos está siendo en lo que llevamos de legislatura 14 puntos superior al apoyo que le ha dado solo al PP. Estos datos confirman lo que siempre hemos dicho, que sin duda estamos ante la existencia de un tripartito de oposición en la izquierda". 
Desde el PP recuerdan además que en más de 20 votaciones la abstención de Ciudadanos ha conseguido que PSOE y Podemos lograran aprobar iniciativas contrarias a la opinión del PP. Desde Ciudadanos recalcan su labor y de que "no se casan con nadie, sino que apoyamos medidas que puedan ser positivas para los madrileños independientemente de donde vengan". Los 17 diputados de Ciudadanos suponen en la aritmética madrileña toda una bisagra para inclinar hacia un lado u otro la puerta legislativa.
Esa aritmética flexible ha hecho por ejemplo que Ciudadanos no avalara con su abstención la PNL presentada por el PP pidiendo que no se derogara la prisión permanente revisable. Gracias a Ciudadanos "tampoco se aprobó una PNL nuestra para que los ayuntamientos establezcan bonificaciones en el IBI para las viviendas públicas", recuerdan desde el PP, que recalcan que Ciudadanos también apoyó la propuesta del PSOE sobre la Ley de Identidad de Género, que modificó la regulación inicial prevista por el Ejecutivo autonómico de Cifuentes. La formación naranja también apoyó una PNL del PSOE para que el Gobierno regional elabore una Ley de Memoria Histórica. 
En la lista de reproches que maneja el PP también está que gracias a Ciudadanos "salió adelante una propuesta de Podemos para derogar en el Código Penal que la coacción y la violencia en una huelga sean delito". 
Ciudadanos también votó con PSOE y Podemos la creación del nuevo Consejo de la Juventud.
Todo depende desde qué óptica se mire. Ciudadanos destaca que ha votado el 100% de los proyectos de ley que ha llevado el Gobierno regional al Parlamento madrileño. Ciudadanos, por su parte, ha tramitado 14 proposiciones de ley de las que el PP solo ha apoyado el 50%. Iniciativas 'naranjas' como que no se pueda ser al mismo tiempo diputado autonómico y alcalde, las medidas de protección para el denunciante de corrupción o la limitación del mandato de presidente a dos legislaturas.
La estadística demuestra, pues, que Ciudadanos y PSOE se entienden y es por tanto lógico pensar que la formación naranja se sentiría cómoda fiscalizando y controlando desde la oposición a un hipotético gobierno socialista de Ángel Gabilondo si finalmente apoya (como ya ha dicho) la moción de censura del PSOE para desbancar a Cifuentes. 
Si antes Génova no fuerza la marcha de la presidenta regional. Ciudadanos y PSOE aún no se han sentado a hablar para fijar posiciones. Están esperando a que la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, convoque de una vez la fecha del Pleno donde se debatirá esa moción. 
Los socialistas quieren, como programa de un gobierno interino que solo duraría un año, adoptar medidas en las que ya han estado de acuerdo con Ciudadanos y Podemos.
Los movimientos que se han producido en la Asamblea no se pueden extrapolar a lo ocurrido en el Congreso de los Diputados. 
Como ya publicó El Confidencial, el PSOE también ha hecho un análisis parecido y las conclusiones son que Ciudadanos y socialistas solo han coincidido en el 54,7% de las ocasiones, en un periodo analizado que comprende ocho meses. 
De ese limitado estudio puede establecerse no obstante un mapa de los pactos más comunes y la coincidencia más frecuente en el sentido del voto, sea el que sea, es la de PSOE y Unidos Podemos. Los partidos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han coincidido el 72,6% de las veces. Curiosamente, PP y Ciudadanos han coincidido menos, un 60,2%.

Ciudadanos lograría el poder en Madrid y PP y PSOE empatarían en escaños, según un sondeo

MADRID.- Ciudadanos lograría el poder en la Comunidad de Madrid si las elecciones autonómicas fueran hoy, según un sondeo realizado por Celeste-Tel para eldiario.es.  

El partido que lidera Ignacio Aguado en Madrid pasaría de ostentar la cuarta posición en la Asamblea a la primera, como fuerza más votada con el 25,7% de los votos y 36 escaños. Le seguirían PP y PSOE con un empate de asientos, en concreto, 34, a pesar de que los 'populares' obtendrían un mayor porcentaje de votos que los socialistas (un 24,3% frente al 23,9%). 
Aguado sumaría 19 diputados más y lograría una mayoría absoluta con sus dos posibles compañeros de gobierno, PP y PSOE. 
El PP perdería un total de 14 escaños y 9 puntos en intención de voto con respecto a lo cosechado en las elecciones de 2015. El descalabro demoscópico podría explicarse enmarcando la realización de esta encuesta en pleno escándalo por el máster irregular de la actual presidenta, Cristina Cifuentes. 
Podemos, por su parte, caería hasta el 17,6%, prescindiendo de dos asientos en la Asamblea de Madrid: sólo ocuparía 25 escaños. 
Casi un 59% de los encuestados ven necesaria la dimisión de Cristina Cifuentes para cerrar la crisis abierta en el seno del PP y en la situación política madrileña. Entre los votantes 'populares', uno de cada cuatro también apuesta por esta fórmula, ya sea por decisión propia de Cifuentes como por orden de Rajoy. El 52,8% de todos los individuos que han participado en este estudio estaría a favor de que fuese el presidente del Gobierno el que retirase a Cifuentes si ésta no acaba por dimitir.

La Generación Z cambiará las estrategias de las empresas y los hábitos de consumo

MADRID.- Los na­tivos di­gi­ta­les, glo­ba­les, mul­ti­ta­rea, hi­per­co­nec­tados y muy pre­coces a la hora de con­sumir pueden cam­biar los es­quemas que hasta en­tonces te­níamos en todos los ám­bi­tos. También en el em­pre­sa­rial. Estos con­su­mi­dores que acaban de ate­rrizar en el mer­cado han obli­gado a las marcas a cam­biar de es­tra­tegia de ma­nera ra­di­cal. Una di­ná­mica que irá a más a me­dida que au­menten sus re­tri­bu­ciones una vez que en­tren de lleno en el mer­cado la­bo­ral. La ca­rrera ya ha co­men­zado, según Capital Madrid

Aunque haya varios factores que vayan de la mano de la generación anterior, los millennials, existen muchas características que hacen a los Z únicos. Sin embargo, lo destacable y lo que puede afectar al ámbito empresarial en los próximos años es los hábitos de consumo que desarrollan y que, efectivamente, terminarán repercutiendo a la hora de conformar líneas estratégicas por parte de los equipos gestores.
Sin ir más lejos, Klik & Pay, la plataforma de pagos digitales especializada en Pymes que permite a las pequeñas y medianas empresas vender online a nivel internacional en más de 15 monedas, 11 idiomas y todo tipo de medios de pago, daba su punto de vista en cuanto a cuáles son las costumbres de esta generación. Una manera de comprar que, evidentemente, cambiará los esquemas de las compañías para conseguir captar mayor facturación y clientela.
  Así, los Z tienen una mentalidad absolutamente cortoplacista y que no compromete su libertad. De hecho, se decantan por el el uso del débito en sus compras. Ha crecido en un ambiente de crisis económica que ha asentado en su consciencia el hecho de que los créditos no pagados ocasionan problemas en el corto plazo. 
La visión de la Generación Z es cortoplacista, por ello, prefieren pagar sus compras a débito para no endeudarse. Y si las cantidades son altas, en lugar de pagar a crédito prefieren optar por el pago diferido en lugar del crédito, de esta manera mantienen su "libertad" financiera y huyen de los sistemas tradicionales de financiación que consideran de la vieja escuela. Así pues, las empresas que se enfocan a los medios de pago ya están en procesos de innovación para conseguir llamar la atención de estos jóvenes que vienen apretando muy fuerte.
Por su parte, las ventas online admiten muchas más formas de pago que el clásico pago directo a débito/crédito con tarjeta y las nuevas generaciones reclaman cada vez opciones más diversificadas en este sentido. 
Si bien es cierto que la generación Z prefiere pagar a débito, exige nuevas formas diferentes a la habitual introducción de los datos bancarios.  
Además, no hay compra que realicen sin haber hecho cinco comparaciones en otras tiendas online distintas. De esta manera, las compañías no tendrán más remedio que seguir adaptándose al entorno digital y tener aún mayor competitividad con respecto a sus homólogas.
En esta línea, esta generación revisa con mucho detalle lo que adquieren o no, pero también investiga cuidadosamente las opiniones de otros usuarios y, en concreto, las de los influencers. Aunque el precio es un elemento clave, su importancia desaparece si el producto ha sido recomendado por un influencer a través de sus redes sociales. Por tanto, las empresas deberán dedicar más atención aún a la difusión por estos canales. Más de lo que ya lo están haciendo.

Inmediatez y exceso de información
Esta generación quiere estar “sobre informada” ya no de la tipología del producto que adquiere, sino también del origen de la empresa, por qué se ha creado unos productos en concretos, con qué objetivo, cuáles son las recomendaciones para utilizarlos, cuándo se va a producir el cobro de su compra, cuánto tiempo tardará en ser enviado y entregado su pedido online, etc.
De modo que las firmas del futuro deberán tener mucho cuidado en aras de comunicar correctamente lo que vende. Asimismo, la inmediatez y la transparencia son características clave de esta generación, si perciben opacidad en el proceso, se sentirán defraudados y no solo no volverán a comprar, sino que se asegurarán de que su grupo de amigos. Algo que afecta a la toma de decisiones empresariales.

Mayoría de afines a Errejón en la lista de Podemos para las primarias de Madrid

MADRID.- El diputado de Podemos en el Congreso Íñigo Errejón ha introducido a una mayoría de 15 personas afines en la única lista registrada para las primarias para elegir candidatura autonómica para los comicios de 2019, frente a 11 personas próximas al actual secretario general en Madrid, Ramón Espinar.

La lista es fruto del acuerdo suscrito entre Errejón y el secretario general de Madrid, Ramón Espinar, que figura como número tres y es cercano al líder de Podemos, Pablo Iglesias.
En segundo lugar está la diputada de Podemos en el Congreso Tania Sánchez, que fue diputada en la Asamblea de Madrid en la anterior legislatura.
Es una lista "cremallera", en la que se alternan hombres y mujeres y donde, según el acuerdo suscrito, Errejón tiene el 60 por ciento de los puestos (15) frente al 40 por ciento de Espinar (11).
Entre los nombres figuran 13 actuales diputados de Podemos en la Asamblea de Madrid, como Clara Serra, en cuarta posición; María Espinosa, que es sexta, y el que fuera portavoz del grupo parlamentario, José Manuel López, noveno.
También hay miembros procedentes del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos, como Javier Cañadas, en quinto lugar; y políticos municipales como Pablo Gómez Perpinyà, concejal de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón.
La lista la completan miembros del partido a nivel nacional como Ana Domínguez, responsable de política editorial, y Jorge Moruno, encargado de las labores de documentación, argumentación y discurso.
No hay ningún integrante de la corriente anticapitalista, como la actual portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz-Huerta, ya que decidieron no sumarse al acuerdo suscrito entre Errejón y Espinar.
La lista que abre Errejón es la única presentada dentro del plazo de inscripción de las candidaturas, que finalizó el pasado 20 de abril.
Tras el plazo de subsanación de posibles incidencias técnicas tendrá lugar la campaña electoral, del 28 de abril al 14 de mayo.
Los inscritos en Podemos podrán votar en estas elecciones primarias para la candidatura del partido en la Comunidad de Madrid del 9 al 14 de mayo.

La lista completa es la siguiente:
  •  Íñigo Errejón
  • Tania Sánchez
  • Ramón Espinar
  • Clara Serra
  • Javier Cañadas
  • María Espinosa
  • Jorge Moruno
  • Dina Bousselham
  • José Manuel López
  • Elena Sevillano
  • Eduardo Fernández Rubiño
  • Carolina Alonso
  • Pablo Gómez Perpinyà
  • Mónica García
  • Víctor Rey
  • Raquel Huerta
  • Sergio García Torres
  • Jazmín Beirak
  • Emilio Delgado
  • María Acín
  • Ana Domínguez
  • Luis Andrés Pérez
  • Beatriz Galiana
  • Eduardo Gutiérrez
  • Maby Cabreras
  • Alberto Oliver

Cifuentes revienta el partido y Montoro quiebra el Gobierno / José Antonio Zarzalejos *

El caso Cifuentes se ha gangrenado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha logrado, por una parte, enfrentar en el Partido Popular a distintas corrientes sobre la salida de la crisis de la que es protagonista, y por otra, se ha perfilado como una amenaza para sus propios compañeros y dirigentes. Hizo mal Mariano Rajoy en dejar que la crisis del llamado 'mastergate' se macerase en el transcurso de los días. Porque al dar tiempo a su desarrollo también lo ha dado a que choquen dos diagnósticos sobre la suerte de la dirigente autonómica.

Uno lo encabeza la secretaria general y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, partidaria acérrima de resistir y no entregar la cabeza de la presidenta madrileña y de que se la cobre Ciudadanos, con el coste correspondiente de respaldar una moción de censura de la izquierda en la Asamblea Regional. 

Otro sector propugna dejar caer a Cifuentes, repetir así la operación murciana y retener durante un año más el gobierno de Madrid. Son también los que piensan —seguramente con mejor cálculo que sus contradictores— que a los de Albert Rivera no les pasaría factura alguna el apoyo a la moción de censura aunque conlleve la presidencia del socialista independiente Ángel Gabilondo.

La demora en tomar una decisión en un sentido o en otro, ha fortalecido las ensoñaciones de Cristina Cifuentes que el jueves envió a su partido un recado inequívoco sobre su capacidad perturbadora en caso de que se le deje a los pies de los caballos: remitió a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación que acreditaría que durante el mandato de Esperanza Aguirre se perpetraron graves despilfarros y corruptelas en la construcción inacabada del Campus de la Justicia.

Cifuentes no está aprovechando sus horas postreras para reivindicar su compromiso con la regeneración, sino para hacerse fuerte, para exhibir su poderío informativo sobre las interioridades de su partido y su determinación de, si fuese preciso, tirar de la manta y cantar la gallina como han hecho otros excompañeros abandonados por la organización a su suerte. Ella se ve ahora en la misma tesitura que ellos y no está dispuesta a caer sin una pelea que podría salpicar al presidente del Gobierno sobre el que ha hecho recaer la íntegra responsabilidad de su cese al frente del ejecutivo madrileño.

Este desgarro en el PP —uno más— enlaza con una situación general de depresión interna a la que ha contribuido decisivamente la verborrea mediática del ministro Montoro que se ha convertido en el testigo de descargo del delito de malversación perpetrado, presuntamente, por los dirigentes independentistas según los indicios acumulados por el magistrado Pablo Llanera. El responsable de Hacienda orbita por su cuenta, sin disciplina ni rigor en el Gobierno de un Rajoy que no controla ni las declaraciones de sus ministros.

Su equipo gubernamental está profundamente enfrentado, atónitos los titulares de Interior y Justicia, y se diría que quebrado el Gabinete por el impacto en el proceso penal contra el separatismo de la afirmación reiterada de Montoro de que no se emplearon fondos públicos en los hitos de la desconexión catalana.

La Guardia Civil ha acreditado al instructor de la causa indicios acusatorios suficientes de la malversación por un importe de casi dos millones de euros. No parece misión de un miembro del Gobierno poner palos en la rueda a la instrucción del caso con potenciales negativas repercusiones sobre el trámite de detención y entrega europea contra Carles Puigdemont

La Justicia alemana y los procesados pueden valerse de las afirmaciones de Montoro —un político que ha tenido muchas más oportunidades de callarse que de hablar— para rechazar que el 'expresident' de la Generalitat haya cometido malversación de fondos públicos. La responsabilidad que ha contraído el titular de Hacienda y Función Pública es de una enorme trascendencia.

Suma y sigue hacia una crisis global

Tanto la implosión del PP por el caso Cifuentes como la división interna del Gobierno por las declaraciones imprudentes de Montoro, son una especie de suma y sigue de una crisis global, irreversible y aguda en la derecha que representan las siglas populares. Rajoy no controla la situación ni en la organización ni en su propio Gobierno en donde siguen compitiendo desesperadamente las tesis de Cospedal con las de Sáenz de Santamaría, bajo un poder arbitral menguante del presidente del Gobierno que se quita de en medio tanto cuanto puede.

A Rajoy solo le queda la esperanza de que el calendario vuelva a jugar a su favor y que antes de que se llegue a la votación de los Presupuestos Generales del Estado —a finales de mayo— se haya constituido un gobierno en la Generalitat de Cataluña y levantado las medidas al amparo del 155 y, en consecuencia, el PNV vote las cuentas públicas. Si así fuese, Rajoy —que es a lo único a lo aspira en estos momentos— podría prologar su gestión hasta, prácticamente, terminar la legislatura de 2020.

Ya no se trata de otra cosa que de durar, aunque por el camino el PP vaya a experimentar amarguras electorales que comenzarán, posiblemente, en Andalucía y culminarán con una debacle en las municipales, autonómicas y europeas de mayo de 2019. A esa cita llega el PP reventado y el Gobierno, quebrado.

 
 (*) Periodista y ex director de Abc


Periodistas amenazados / Guillermo Herrera *

Cuando escribí mi artículo sobre “Periodistas del misterio” me dejé en el tintero algunos casos de compañeros presionados que merecen reconocimiento público. La oscuridad gana poder cuando nos acojonamos, y lo pierde cuando publicamos sus secretos.
 
El caso más reciente es el del director de “La Tribuna de Cartagena”, Josele Sánchez, al que le han ofrecido mucho dinero para que deje de investigar el posible asesinato de Emilio Botín, presidente del Banco de Santander.

Josele prepara más capítulos, centrados en la trama colombiana, del narcotraficante Jesús Samper, de la familia del que fue presidente colombiano. Por otro lado denuncia una campaña de acoso y amenazas hacia su persona por parte de individuos y colectivos.

Si lo hubiera aceptado, no nos hubiéramos enterado de nada, porque también hay periodistas sobornados, como en toda familia hay un garbanzo negro. Se les distingue porque son muy aburridos: tratan temas anodinos que no molesten el poder, y a veces se les ve mucho el plumero cuando hacen la pelota.

El caso más dramático es el del periodista y abogado Juan Ignacio Blanco, compañero de mi promoción, a quien le arruinaron la vida, la carrera, y hasta le provocaron un cáncer, por tratar de investigar el crimen de las niñas de Alcácer, igual que hicieron con el padre de Miriam por el mismo motivo. En su momento me solidaricé con él a través de un artículo de opinión.

También fue amenazado el famoso periodista y escritor Juan José Benítez (cuyos libros me encantan, y están prohibidos por el Opus Dei) para que no investigara determinadas conspiraciones, pero él no quiso arriesgar la seguridad de su familia. No se lo reprocho, porque la familia es lo primero.

Una secta amenazó también al periodista Pepe Rodríguez, especializado en sectas, pero él se defendió depositando ante notario una información comprometedora sobre dicha secta, con la orden de hacerla pública en el caso de que le ocurriera algo malo. Desde entonces no han vuelto a molestarle.

A Javier Sardá le cerraron sus “Crónicas marcianas” porque quiso invitar a Alberto Canosa a su programa, el personaje más censurado en todos los medios de comunicación. Canosa es abogado e investigador de enigmas y misterios, pero nadie quiere que hable de la Cueva de Hércules en Toledo o de los cuerpos de gigantes enterrados en rocas.

El propio Iker Jiménez engañó a Alberto Canosa cuando le sacó información sobre la Cueva de Hércules, para publicarla en su programa, sin mencionar para nada a su autor y descubridor, porque está absolutamente prohibido por los de arriba.

Canosa tuvo que autoexiliarse en Alemania porque le mataron a su abogado y fue engañado por Antena-3 cuando firmó un contrato ante notario que nunca cumplió, porque la cadena fue amenazada de cierre también por “los de arriba”.

Precisamente el infarto súbito del doctor Jiménez del Oso llegó justo en el momento el que quiso entrevistar a Alberto Canosa. A él no lo han podido asesinarle porque está muy protegido.

Por tocar estos temas, el periodista Santi Prados recibió una amenaza de muerte por teléfono, cuya grabación escuché. En cambio a la investigadora Virtu Pontes le quemaron el ordenador y hasta intentaron volverla loca por el mismo motivo.

A mi no me han amenazado nunca, pero me han ‘aconsejado’ paternalmente que no toque algunos temas “por mi propio bien”.

¿Libertad de expresión? ¡Ja! Estamos dominados por mafias de poder como en la edad media, y al que se sale del rebaño van a por él.

Son malos tiempos para la ética, pero todavía quedan muchos héroes anónimos y conocidos que son ejemplo de integridad y que merecen todo honor y respeto por la gente de bien.

Los casos deben ser infinitos, pero yo sólo conozco unos pocos, y he querido dar testimonio de ellos para iluminar la oscuridad con el conocimiento público. Joaquín Abad me llamó “paranoico retorcido” pero la triste realidad de este oficio de tinieblas me da la razón.

Cuando dije que la investigación de enigmas y misterios es el trabajo más apasionante que conozco, olvidé añadir que puede ser tan adictivo como una droga y tan peligroso como un trapecio. Por eso nos aconsejaban “no te metas en estos temas que te vas a volver chalado”.



(*) Periodista