El 5 volverá a ser la nota mínima para optar a una beca universitaria

MADRID.- La nota mínima para optar a una beca de matrícula universitaria volverá a ser un 5 y no un 5,5 como lo era ahora, según ha anunciado hoy el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo en el Senado.

Lo ha afirmado en la sesión de control del Senado al ser preguntado sobre la convocatoria de becas para el próximo curso y donde ha dicho que esta medida y el resto de las novedades sobre el sistema de becas para el curso 2018-2019 están contempladas en un real decreto que presentará en la Conferencia Sectorial de Educación del próximo 5 de junio.

Además, este real decreto contempla "becas de excelencia", que premiarán con un complemento de 200 euros a los estudiantes que "saquen más de un 8" durante el curso universitario, así como becas para los hijos de víctimas de violencia machista.

El requisito de tener como mínimo un 5,5 de nota y no un 5 para acceder a una beca para la matrícula de un grado fue establecido en 2012 por el entonces ministro de Educación José Ignacio Wert y causó el descontento de estudiantes, rectores y partidos políticos de la oposición, que cada curso vuelven a pedir al Ministerio que lo rebaje al 5.

El ministro ha explicado que estas modificaciones -para que las becas sean más inclusivas, integradoras y garanticen la igualdad- se han podido hacer porque "los aires difíciles han quedado atrás y el sistema es sostenible", y se ha referido al "agujero permanente" que el sistema del PSOE había creado y con el que se encontró el PP a su llegada al Gobierno en 2011.
Méndez de Vigo ha recordado que desde 2011 los populares han ido aumentando la partida de becas, a la que se dedica el 66 % del presupuesto de Ministerio de Educación, con una dotación para los presupuestos generales del Estado para 2018 de 1.436 millones de euros.

El futuro real decreto, ha precisado el ministro, tendrá dos objetivos: "premiar la excelencia" y "permitir que más alumnos tengan becas de matrícula para acceder a la universidad".

Este real decreto contemplará que la nota para optar a una beca universitaria sea de 5, dejará en 6,5 la nota para mantenerla y premiará con un complemento de 200 euros a "quienes se esfuerzan" y obtienen más de un 8.

Asimismo, Méndez de Vigo ha anunciado que habrá becas para los hijos de víctimas de violencia de género, que se potenciará la investigación con las becas Beatriz Galindo -que tendrán una dotación inicial de 10 millones de euros- y que se incrementarán en un 16 % las becas Erasmus Plus (hasta los 200 millones de euros).

El ministro ha contestado de esta manera al senador del PSOE Francisco Menacho Villalba, que le ha recordado el encierro de los estudiantes el pasado mes de julio para demandar la reducción de la nota a un 5 para la matrícula universitaria y le ha reprochado que las familias "tengan que esperar hasta abrir para recibir el dinero" de sus becas. 

"La beca es un derecho y nadie debe dejar de estudiar por razones económicas", ha subrayado Menacho .

Méndez de Vigo también ha confirmado en el Senado que Educación presentará en la Conferencia Sectorial del 5 de junio un real decreto que actualice la Formación Profesional Dual, que hará referencia a la contraprestación económica a los alumnos, al refuerzo de la labor de los tutores educativo y de la empresa y a una mayor coordinación entre el centro educativo y el productivo.

En respuesta al senador popular José Ortiz, el titular de Educación ha destacado que espera que este tipo de FP cuente con 100.000 alumnos en 2020 y que uno de los objetivos pendientes es que más pequeñas y medianas empresas se adhieran al programa.

Finaliza el registro con Zaplana en su domicilio de Valencia

VALENCIA.- Poco antes de las 14 horas, abandonaba su domicilio el exjefe del Consell en un vehículo oficial, con varios agentes de la Benemérita en el interior. Zaplana ha salido del edificio entre gran expectación, con algún que otro abucheo y algún grito de "sé valiente, Eduardo".

Al exministro de Trabajo de Aznar lo acompañan agentes de la UCO desde primera hora de la mañana para registrar su domicilio en Valencia. La investigación la dirige el juzgado de instrucción nº 8 de esta ciudad y en principio no guarda relación con la trama Lezo ni con la operación Púnica.

"Ah, ¿que han detenido a Zaplana?", "pues ya era hora" o "otro más pa' adentro" han sido las frases más repetidas este martes en la acera de Pascual i Genis.

Tras la salida del exministro,  los agentes de la UCO han intervenido en el garaje de la finca dos vehículos de alta gama, recientemente matriculados.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han intervenido dos vehículos de alta gama en el garaje de la vivienda del expresident de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana en la ciudad de València, tras el registro que han realizado esta mañana en el inmueble.

El exministro, detenido hoy en una operación contra el blanqueo de capitales, ha salido por el garaje del edificio, situado en la calle de Pascual y Genís 12, en pleno centro comercial y financiero de Valencia, minutos antes de las 14 horas, en el asiento de detrás del copiloto de un todoterreno de color azul oscuro.

Cinco minutos antes ha abandonado el edificio otro coche en el que viajaban agentes de la UCO de paisano con las cajas con el material intervenido en el registro llevado a cabo desde las nueve de la mañana en la casa de Zaplana.

Tras la salida del exministro, los agentes de la UCO han intervenido en el garaje subterráneo de la finca dos turismos de alta gama y con matrícula reciente, que han sido traslados por dos grúas, estacionadas en la zona una media hora antes de la salida de Zaplana de la vivienda.

Según han informado fuentes de la investigación, tras esta actuación policial que ha durado algo más de cinco horas, Zaplana ha sido trasladado a su chalet en Benidorm, de donde fue alcalde (1991-1994) gracias a una moción de censura apoyada por una tránsfuga antes de acceder a la presidencia de la Generalitat tras las elecciones autonómicas de 1995.

La trama de Zaplana defraudó 10 millones con comisiones ilegales

MADRID.- Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil siguen la pista a 10 millones de euros que los empresarios adjudicatarios de las ITV y del plan eólico abonaron como presuntas comisiones ilegales, según han confirmado a Vozpópuli fuentes del caso, que especifican que se trata de una estimación que deberá ser confirmada en la investigación judicial del 'caso Zaplana'.

El exministro Eduardo Zaplana, detenido este martes por presunto blanqueo de capitales, prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con las concesiones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y un plan éolico, pudo haber recibido una parte de ese dinero en comisiones presuntamente ilegales. Al parecer, Zaplana blanqueaba el dinero desde paraísos fiscales.

Además, también han sido arrestados dos empresarios que son sobrinos del exvicepresidente del Gobierno valenciano y exdirector de la Policía Nacional, Juan Cotino: Vicente y Juan Cotino.

La familia Cotino se benefició de las concesiones de las ITV de la Comunidad Valenciana, hecho que estaría en el origen de la operación policial. 

El hombre que cambió Valencia bajo la sombra de la sospecha

MADRID.- El hombre que cambió Valencia llegó, contra pronóstico, de Cartagena. De temprana vocación política, Eduardo Zaplana Hernández-Soro (1956) recaló en las filas del PP después de la desintegración de UCD, donde había dado sus primeros pasos mientras cursaba la carrera de Derecho en Alicante, tal como recuerda hoy El Español. 

Bien casado en Benidorm con Rosa Barceló, hija de un próspero empresario local con la que tuvo tres hijos, la mujer más famosa en su currículum político es sin embargo Maruja Sánchez, inventora del tamayazo avant la lettre. Sin la intervención de esta concejal socialista es probable que Zaplana no hubiera desarrollado su exitosa carrera política. No al menos a la velocidad en la que lo hizo. Es su pecado original.

Con treinta y pocos años y gracias al voto de esta tránsfuga, Zaplana llegó a la alcaldía de Benidorm, la capital turística de una Comunidad Valenciana que era feudo socialista desde las primeras elecciones democráticas, una década antes. De aquel primer Zaplana, blanquecino, tirando a rollizo y de verbo obtuso, pronto no quedó ni rastro. Su transformación es un ejemplo del poder de la voluntad.

Todo estuvo a punto de irse al traste por una grabación telefónica obtenida irregularmente en el caso Naseiro, que investigaba las finanzas de los populares. En las cintas salía Zaplana comentando de manera informal que gracias a la política podría cambiarse de coche. Sus rivales corrieron la voz de que sus palabras eran "estoy en política para forrarme", y aún hay quien así lo cree, por más que nunca pronunciase tal frase.

Meses después de suceder en el liderazgo del PP valenciano a Pedro Agramunt -famoso estos días por haber tenido que abandonar el Consejo de Europa al ser acusado de corruptelas varias- emergió un Zaplana absolutamente nuevo: moreno, fibroso, con carisma, desacomplejado, capaz de mitinear sin un solo papel y con todos los datos imprescindibles en la cabeza listos para desenfundar.

A lo grande

Los vientos, que ya soplaban en contra de un PSPV-PSOE y un Joan Lerma agotados y ninguneados continuamente por Felipe González, terminaron de impulsar a Zaplana, que ganó con autoridad las elecciones. Y ahí cambió la historia reciente de la Comunidad Valenciana, para bien y para mal.

Zaplana tuvo la audacia de pensar a lo grande y el coraje político de afrontar muchos de los problemas pendientes que tenían la sociedad y el propio PP valencianos. Sus enemigos siempre denunciaron que lo hacía en beneficio propio. Las dudas sobre su tren de vida y el supuesto incremento de su patrimonio estuvieron sobre la mesa desde los comienzos, pero sin pruebas... a expensas de lo que descubra ahora la operación que dirige el Juzgado 8 de Valencia.  

Como presidente de la Generalidad desatascó infraestructuras clave para el desarrollo regional, caso de la construcción de la autovía con Madrid (A-3); puso la primera piedra de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aliándose con Rita Barberá en la transformación de la capital; se sumó y alentó con gusto el boom de la construcción; entró a saco en Canal 9, la televisión autonómica, convertida durante años en azote del centro-derecha; apartó de la primera línea de la contienda política el conflicto lingüístico creando una Academia de filólogos y expertos; introdujo nuevas fórmulas de administración, como la gestión privada de hospitales; fagocitó a Unión Valenciana, el partido que amenazaba la hegemonía de los populares; centró ideológicamente a un PP que todavía olía a rancio y, en definitiva, en esta España de las autonomías, puso a la Comunidad Valenciana en el mapa, convirtiéndola en pieza clave de las futuras victorias electorales de Aznar.

Dice mucho de cómo era Zaplana su determinación de organizar en Mestalla el mitin previo a las generales de 1996, en contra de las advertencias de quienes en su entorno veían con absoluto pavor la posibilidad de un pinchazo ante los mismísimos bigotes de Aznar. El mitin resultó apoteósico.

No salió victorioso, ni mucho menos, de todos sus envites. Fracasó estrepitosamente en la creación del parque temático Terra Mítica, Canal 9 implosionó como consecuencia de la mala gestión, los sobrecostes de algunos megaproyectos dispararon la deuda de las arcas autonómicas... 

La herencia de Zaplana

Su herencia la recogió Paco Camps, tras un pequeño interinaje de José Luis Olivas provocado por la llamada de Aznar al Gobierno de España, donde se estrenó como ministro de Trabajo en 2002. Ambos, Olivas y Camps, están siendo investigados en distintos sumarios por corrupción.

Zaplana aún tuvo tiempo de ser portavoz del Gobierno, y como tal vivió los atentados del 11-M. Tras la derrota de 2004 pasó a ser el portavoz del grupo popular en el Congreso. No congenió con Rajoy y en 2008 lo fichó Telefónica como representante para Europa, poniendo fin así a una carrera política de más de tres lustros plagada de luces y sombras.

Hace dos años se le detectó una grave enfermedad, por la que tuvo que ser sometido a un trasplante de médula. Precisamente ha sido detenido ahora en Valencia cuando acudía a una revisión. 

Se le investiga por tratar de repatriar dinero que habría sacado de España fruto de comisiones ilegales en su etapa de presidente valenciano. El PP le ha suspendido cautelarmente de militancia y Telefónica ha suspendido también su relación laboral con él, donde ahora se desempeñaba como adjunto al secretario general de la compañía.

Su nombre había salido en varias ocasiones relacionado con el del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la operación Lezo. Incluso se llegó a publicar que había sido imputado, pero el juez sólo le ha llamado a declarar como testigo. 

Sin embargo su capacidad política, su reconocimiento como fino analista, su reputación, en una palabra, seguía limpia hasta hoy. Viejos fantasmas del pasado han vuelto y amenazan con arruinar al hombre que se inventó a sí mismo y que cambió Valencia.

Una empresa británica encarga a detectives dossieres sobre Pablo Iglesias, Maillo y otros 18 líderes

MADRID.- Investigar el currículum y el expediente académico de los distintos líderes políticos se está convirtiendo en una práctica cada vez más habitual en las filas de los distintos partidos políticos. Tanto que, según ha podido confirmar El Español una conocida empresa de investigación británica se ha reunido en los últimos días con varias agencias de detectives españolas con un encargo concreto: rastrear tanto el expediente académico como el trabajo dentro de las universidades de veinte líderes y reponsables políticos españoles, tanto de la política nacional como de la Comunidad de Madrid. 

El encargo llega después de que sendos escándalos relacionados con titulaciones universitarias: el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes y el del diputado nacional y vicesecretario de Comunidación del PP nacional, Pablo Casado. La filtración de los datos sobre los estudios de ambos generó una avalancha de cambios y matices en los currículums de varios responsables públicos de todos los partidos. 

En esa dirección, ahora es una conocida empresa de investigación británica la que rastrea tanto los expedientes académicos, como los procedimientos administrativos con los que consiguieron su plaza docente candidatos de los principales partidos de la política española. Según fuentes conocedoras del encargo, el trabajo se centra sobre todo en investigar la relación de los principales líderes de Podemos con distintas universidades españolas, con su líder Pablo Iglesias a la cabeza y la obtención de títulos académicos por parte de varios nombres de relevancia en el PP nacional como el actual coordinador general del partido, Fernando Martínez Maillo. 

Datos confidenciales

Ante la constatación de estas pesquisas surgen dos preguntas: ¿quién la ha encargado y, sobre todo, para qué? Según explican fuentes del sector, es habitual que las grandes investigaciones políticas encargadas en este país de manos privadas provengan de empresas afincadas en Reino Unido. Allí, la ley ampara de mayor manera la confidencialidad sobre el trabajo de las empresas de investigación, lo que supone una cobertura importante para quien encarga este tipo de trabajos. 

Además, las investigaciones políticas suelen estar encargadas en un primer momento por despachos de abogados. Profesionales que en un momento dado pueden alegar secreto profesional para no revelar en Reino Unido la identidad de la persona que les ha hecho el encargo, siempre que esté dentro de la legalidad. Eso provoca que, pese a que la investigación se realice en suelo español, la identidad real del cliente quede bajo el amparo de la legislación británica. 

Fuentes del sector explican además que este tipo de investigaciones son en España mucho más complejas de lo que parecen: "Lo que solemos hacer es comprobar, por ejemplo si un médico tiene o no la carrera, si tiene el título y está colegiado para ejercer, pero no analizamos nunca cómo ha aprobado esa carrera".

De hecho, los expedientes académicos, pese a que son datos personales que afectan al desarrollo de ámbitos públicos, son secretos en España. Solo es posible consultar sin orden judicial si una persona está inscrita o no en los distintos colegios profesionales que son obligatorios para ejercer una determinada profesión, como en el caso de los médicos o los abogados. Pero no es posible acceder al expediente académico con el que estos profesionales obtuvieron su título. Ni de ellos ni de ningún otro.

Es por eso que, en el caso de Cristina Cifuentes por ejemplo, los datos sobre la obtención de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, que se han demostrado de relevancia pública y que ahora investiga la Justicia, han tenido que ser obtenidos mediante filtraciones.

Las autonomías gastarán este año 2.500 millones más de lo que fija la ley

MADRID.- Las comunidades autónomas extenderán la chequera un 4% más que el año pasado y volverán a incumplir la regla de gasto, que les permitía aumentarlo un máximo del 2,4%. De esa manera, y por segundo ejercicio consecutivo, la administración autonómica se saltará la Ley de Estabilidad, pondrá en riesgo el déficit y desembolsará 2.500 millones de euros más de lo que permiten las normas. Así se desprende del Observatorio Fiscal y Financiero sobre este subsector que publica Fedea, que en esta ocasión está elaborado por Manuel Díaz y Carmen Marín, según publica hoy El Economista.

Según el citado documento, las autonomías pasarán de un gasto ejecutado de 149.924 millones de euros en 2017 a bordear los 156.000 millones en el año en curso, y ello en un momento en el que la regla de gasto les hubiera permitido alzas de hasta 153.500 millones como tope. Los proyectos presupuestarios de todas ellas exceden en esos 2.500 millones el máximo permitido. Y ello pese a que hay dos, Cataluña y Asturias, que no han sido tenidas en cuenta en el estudio porque no han podido aprobar sus propias Cuentas Públicas.

Cabe recordar que en 2019 se celebran las elecciones autonómicas, y el aumento previsto de los desembolsos puede tener mucho que ver con este hecho, tal y como apuntan los autores del informe, que aún así no describe qué administraciones se pasarán más con el gasto. 

La pista, aún así, la dio hace pocas semanas el Ministerio de Hacienda, que situó a Navarra, Castilla y León y la Comunidad de Madrid como las que más se pasaron con los desembolsos en 2017. Un total de 10, de hecho, incumplieron de largo la regla de gasto.

El mayor problema, a ojos de Fedea, es que el aumento previsto del gasto puede poner en riesgo el objetivo de déficit para el subsector, del 0,4%; y por ende, el de todas las Administraciones Públicas, del 2,2% según pactaron el Ejecutivo y Bruselas. 

Mucho más en un ejercicio en el que el Gobierno ha aprobado subir las pensiones con el IPC; elevar el mínimo exento de pago del IRPF; la rebaja de este impuesto para rentas inferiores a los 18.000 euros; o el aumento del 16,5% en la inversión para infraestructuras y obra pública.

Y ese no sería el único motivo. Manuel Díaz y Carmen Marín advierten en su trabajo de que, además del aumento de gasto previsto, de 6.000 millones, las comunidades prevén elevar ingresos en 8.000 millones en relación a lo observado en 2017. Un cálculo, a juicio del think tank, que se pasa en exceso de optimismo.

Si bien es cierto que los Presupuestos contemplan un aumento de las entregas a cuenta de 4.000 millones de euros -que, además, podría no producirse si por sorpresa las Cuentas no se aprueban-, hay otros 4.000 millones de aumento de ingresos por impuestos (un 9% más que el año anterior) sin casi justificación, porque "no se han tomado medidas adicionales".

Si bien los autores creen que tributos como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) como el de Actos Jurídicos Documentos (AJD) podrían incluso propiciar una sorpresa positiva "por la buena marcha del sector inmobiliario", dejando 8.800 millones en las arcas regionales, hay otras figuras que generan más dudas.

Es lo que sucede con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en un momento en el que varias autonomías están legislando para bajar el tributo. Así ha sucedido en Andalucía, donde gobierna el PSOE con el apoyo de Ciudadanos; y en Madrid, comunidad en la que ostenta el poder el PP también con soporte naranja. Los autores también ponen el acento en la partida Resto de transferencias de capital, que ven sobrepresupuestada.

El Gobierno regional de Murcia destituirá este miércoles a Zaplana de la UPCT

MURCIA.- El Ejecutivo murciano llevará este miércoles a la reunión semanal del Consejo de Gobierno la destitución del expresidente valenciano y el exministro de Trabajo Eduardo Zaplana como vocal del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) «ante los acontecimientos conocidos este martes».

Con este escueto comunicado ha reaccionado el Gobierno presidido por Fernando López Miras a la detención del político cartagenero por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil junto a otras cinco personas en una operación contra el blanqueo de capitales y la malversación de caudales públicos.

El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, había afirmado este martes que el Consejo Social de esta institución docente adoptará «las medidas que considere necesarias» sobre la continuidad de Zaplana y ha recordado que fue nombrado para esa vocalía por el Gobierno murciano en noviembre de 2016 en sustitución de Julio Álvarez, cuyo mandato expiraba.

Eduardo Zaplana entró a formar parte del Consejo Social el 24 de marzo de 2017.

De Naseiro a Lezo, Eduardo Zaplana siempre aparecía en las quinielas

VALENCIA.- Eduardo Zaplana había salido indemne hasta ahora del festival de casos de corrupción que atenaza al Partido Popular. El nombre exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat valenciana ha estado en las quinielas desde los años noventa, cuando las grabaciones telefónicas del caso Naserio delataron su afán de enriquecimiento, recuerda hoy El Confidencial. 

"Tú haces de intermediario de la venta (de un solar de Benidorm), que yo no puedo, y tú pides la comisión a Javier Sánchez Lázaro, ¿eh? Y luego nos la repartimos bajo mano", le dijo a su amigo, ya fallecido, Salvador Palop. 

Las cintas fueron anuladas judicialmente y el caso, por el que nunca llegó a ser imputado, cerrado. Han tenido que pasar casi 30 años de aquella confesión en la intimidad para que la Justicia echara el lazo al experimentado político conservador.

Como un sino en su carrera, las grabaciones han perseguido a Zaplana de forma directa o indirecta desde que comenzó su escalada política en Benidorm. Primero fue Naseiro, luego las cintas en las que unos empresarios contratistas de Terra Mítica le implicaban en el presunto cobro de comisiones. 

Nunca se les dio credibilidad y estos contratistas fueron juzgados por fraude fiscal y condenados en un juicio en el que quedaron absueltos exdirectivos del parque temático impulsado por Zaplana. Su nombre volvió aparecer en la operación Lezo, pero sus charlas reveladoras interceptadas por la Policía con el expresidente madrileño Ignacio González no fueron consideradas suficientemente incriminatorias y quedó fuera del listado de imputados de la Audiencia Nacional.

Su arresto este martes por agentes de la UCO, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción en Valencia, liquida el mito del Zaplana al que salpicaban los casos pero nadie encontraba indicios suficientes como para someterlo al escrutino judicial. Tras dos años de investigación secreta, los fiscales Vicente Torres y Pablo Ponce han dado caza al exministro con una causa que amenaza con destapar más de dos décadas de corrupción, si como apuntan fuentes de la investigación, se vincula la posible repatriación de fondos desde el extranjero (blanqueo de capitales y delito fiscal), con el cobro de comisiones durante su etapa en la Generalitat valenciana o el Gobierno de Aznar. 

Escaló a la presidencia regional en 1995 y se mudó a Madrid en 2002. De ser así, la malversación y la prevaricación estarían prescritas, pero no el intento de repatriar los fondos desde el extranjero a escondidas.

El ‘campeón’, como lo describió Julio Iglesias cuando lo contrató en la Generalitat valenciana para promocionar por el mundo la Comunidad Valenciana a cambio de un jugoso contrato del que se beneficiaron sociedades radicadas en paraísos fiscales, se ha dedicado en los últimos años a los negocios y la ‘consultoría empresarial’ a través de su mercantil Decuria Consulting, con la que ha facturado más de dos millones de euros desde que la constituyó en junio de 2008 (los mejores ejercicios fueron 2012, 2013 y 2014, con más de 400.000 euros anuales de cifra de negocio). 

En 2016 ingresó por sus servicios más de 216.000 euros. Las oficinas de su empresa, que conciden con su domicilio en Madrid, también fueron registradas por los agentes de la UCO.

Las operaciones empresariales en las que Decuria ha participado no son públicas, pero en los cenáculos siempre se ha señalado a ‘Eduardo’ como buen lobista e intermediario en no pocos negocios. 

Uno de los que siempre rondó por su cabeza en sus tiempos de barón territorial y nunca llegó a ejecutarse fue la posible y multimillonaria fusión del Canal de Isabel II con Aguas de Valencia, previa privatización del primero, la operación soñada para cualquier conseguidor.

A partir de 2008, cuando se descabalgó del cargo de portavoz del PP en el Congreso tras haber perdido la confianza de Mariano Rajoy, Eduardo Zaplana pasó a un segundo plano mediático para dedicarse ‘full time’ a sus aficiones preferidas: la conspiración política entre bastidores y los negocios. 

Excelentemente relacionado, amigo de sus amigos e implacable con sus enemigos, tuvo que echar el freno en sus actividades hace más de un año para tratarse una leucemia, de la que todavía se está recuperando, y que le ha obligado a someterse a un trasplante de médula en el Hospital La Fe de Valencia.

Tres de cuatro presidentes investigados

Doctorado en puertas giratorias, fichó por Telefónica como adjunto a la secretaría técnica de la presidencia, donde ha recibido una retribución periódica que nunca se ha hecho pública. Ha tenido desde entonces despacho en la sede de Gran Vía de la cotizada, primero con César Alierta, y ahora, también, con José María Álvarez-Pallete, con quien ha compartido rutas de ‘running’ en compañía de su gran y verdadero valedor en la empresa, su amigo Javier de Paz. 

También es consejero independiente de Logista, la filial de la privatizada Altadis, donde percibe una retribución fija anual de 60.000 euros más dietas.

En cualquier caso llueve sobre mojado en la Comunidad Valenciana. Zaplana es el tercero de los cuatro presidentes autonómicos que ha tenido el Partido Popular con problemas con la Justicia. 

José Luis Olivas ya tiene una condena por falsedad documental y delitos fiscal y Francisco Camps está investigado en causas relacionadas con el Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia. 

Solo el actual senador Alberto Fabra se ha librado por el momento.

'El legado de Aznar': 12 de sus 14 ministros están imputados, implicados o cobraron sobresueldos

MADRID.- El expresidente de la Comunidad Valenciana y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ha sido detenido durante la mañana de este martes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Valencia. La detención se basaría en un presunto delito de blanqueo de capitales y a otro de delito fiscal. Este nuevo movimiento obliga a actualizar el legado de José María Aznar. 

Tal y como publicó El Plural,  12 de los 14 ministros que formaron el antepenúltimo Gobierno de Aznar (en julio de 2002) están imputados, encarcelados o implicados en asuntos judiciales escabrosos. La mayoría de ellos podrían haber cobrado sobresueldos de la caja B que manejaba el extesorero del partido, Luis Bárcenas, según la documentación que obró en poder del juez Pablo Ruz, cuando instruía el caso Gürtel, que ahora se juzga en la Audiencia Nacional.

Esta lista, que ya publicó elplural.com en 2015, se suman ahora las novedades relativas a Eduardo Zaplana. El juez Eloy Velasco pidió información por su vinculación a la Operación Lezo. En el auto en que el magistrado enviaba a prisión a Ignacio González, acusaba al expresidente madrileño de intentar blanquear dinero junto al exministro de Trabajo de Aznar. Ahora, la UCO le ha detenido, precisamente, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal.

Alberto Garzón ya habla de un nuevo hito de la "era Aznar" y el diputado de ERC Gabriel Rufián asegura que ya está "confirmado" que "de la boda de Aznar solo quedan libres los camareros".

Jaume Matas es el ministro de Aznar que más tiempo ha pasado en prisión: un total de nueves meses por su primera condena en el caso Palma Arena. Se le concedió el tercer grado el 31 de octubre de 2014, a los tres meses de entrar en la cárcel, y finalmente salió en libertad en abril de 2015. 

En febrero de este año volvió a ser condenado a tres años y ocho meses de prisión, aunque su ingreso está pendiente del pacto con la Fiscalía para confesar sus delitos. Todavía le quedan nueve causas pendientes.

El fin del milagro

Otro de los grandes señalados de aquel gabinete es Rodrigo Rato, el que fuera considerado artífice del milagro económico y que acabó siendo detenido por la Guardia Civil. La cantidad de casos que carga a sus espaldas son difíciles de enumerar: está imputado por la gestión de Bankia, está implicado en el caso de las tarjetas Black, con la que llegó a gastar en un solo día 3.547 euros en alcohol, 1.000 euros en una zapatería y 17 retiradas en efectivo de 1.000 en cajeros de Bankia.

En 2015, la Fiscalía empezó a investigarle por supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales. Por ello, su casa fue registrada y él detenido por el Servicio de Vigilancia Aduanera. Con la publicación de los papeles de Panamá se conoció que había usado varias empresas pantalla para esconder dinero en paraísos fiscales.

Curiosamente, tanto Matas como Rato han sido ensalzados en numerosas ocasiones por el actual presidente del Gobierno. Así, en 2004, Mariano Rajoy afirmó que cuando llegara a la Moncloa quería “un Gobierno para España como el del presidente Matas” en Baleares. Antes, en el 2003, ya se había referido a él como “un amigo” que “tiene personalidad, coraje, determinación y valentía”. 

Respecto a Rato, han sido numerosas las ocasiones en las que Rajoy le ha descrito en público como el “mejor ministro de Economía” que ha tenido España.

El resto de miembros del Gabinete se vio salpicado por el supuesto reparto de sobresueldos sacados de la caja B de dinero negro que manejaba Luis Bárcenas, según la documentación que obraba en manos del juez Pablo Ruz durante la fase de instrucción, aunque el auto de Ruz no mencionaba específicamente los nombres de los dirigentes que habrían cobrado.

Sobresueldos que podrían oscilar desde los 1,58 millones de euros que supuestamente habría percibido Mariano Rajoy entre 1990 y 2011, hasta los 9.000 euros que presuntamente cobró en 2004 Pilar del Castillo, exministra de Educación, Cultura y Deporte. 

Federico Trillo, Miguel Arias Cañete, Ana de Palacio, Ángel Acebes, Jaume Matas, Francisco Álvarez Cascos, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Cristóbal Montoro serían otros de los ministros del Partido Popular que según el instructor de la Gürtel habrían recibido cuantiosos sobresueldos, aún sin llegar a los 782.695 euros que por este concepto presuntamente se habría embolsado José María Aznar.

La Guardia Civil apunta a planes eólicos y concesiones de ITV en la investigación sobre Zaplana

VALENCIA.- Dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado este martes en la Conselleria de Economía donde han solicitado el expediente completo del plan eólico de la Comunitat Valenciana de 2003 y el correspondiente a la concesión de las ITV de 1997.

Según han confirmado hoy fuentes de la Conselleria, dos agentes de paisano se encuentran en las instalaciones de Economía analizando documentación relacionada con las adjudicaciones del plan eólico de la Comunitat Valenciana de 2003.

En concreto, se han interesado por la documentación relacionada con la empresa Proyectos Eólicos Valencianos SA, filial de la firma Sedesa, propiedad de Vicente Cotino, empresario detenido este martes en Xirivella (Valencia) y sobrino del exconseller, expresidente de Les Corts y ex director general de la Policía, Juan Cotino.

Además, han requerido el expediente completo de la concesión administrativa del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) correspondiente a 1997.

Este registro está relacionado con la operación que dirige el Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, en la que han sido detenidos, entre otros, el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales y el que fuera su jefe de gabinete en el Gobierno valenciano, Juan Francisco García Gómez.

Zaplana, el político que presumía de no tener mancha

MADRID.- Negó hasta la saciedad haber dicho que entraba en política "para forrarse" y se jactaba de no haber tenido "ningún problema judicial". Eduardo Zaplana (Cartagena, 1956) había logrado escaparse de las manchas que han salpicado al Partido Popular en la Comunidad Valenciana pese a haber ocupado cargos públicos en el partido desde 1991 a 2008, pero ha sido detenido en Valencia por presunto delito de malversación y blanqueo de capitales, recuerda hoy El Mundo. 

La carrera política de Zaplana arrancó en 1991 en Benidorm cuando una tránsfuga socialista, Maruja Sánchez, firmó la moción de censura para convertirle en alcalde. Al instante, Sánchez pasó a ser asesora de Cultura con un sueldo de 1.760 euros mensuales. Desde la alcaldía inició su escalada que empezó por convertirse en el hombre fuerte del partido en sustitución del ahora senador Pedro Agramunt en 1993, y hasta alcanzar la presidencia de la Generalitat en los comicios de 1995. 

La habilidad de Zaplana para buscar aliados fuera de su partido quedó de manifiesto en su pacto con la extinta Unión Valenciana -el llamado 'Pacto del Pollo'- que le dio la presidencia con el apoyo del partido regionalista de Vicente González Lizondo. Poco a poco, fagocitó a su socio (en afiliados y votos) y acaparó todo el poder popular con una única excepción: Valencia, bajo el control absoluta de Rita Barberá, con quien nunca tuvo sintonía.

Fue la etapa de la transformación de la Comunidad Valenciana, de la apuesta por obras como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Circuito de Motociclismo Ricardo Tormo o Terra Mítica. 

El parque temático en Benidorm le trajo algún quebradero de cabeza porque uno de los empresarios juzgados por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental le señaló como beneficiario de un supuesto cobro de comisiones ilegales. Sin embargo, nunca fue llamado ni a declarar. 

Los 22 condenados por la Audiencia de Valencia suman más de 300 años de cárcel y entre ellos está Justo Valverde, entonces cuñado de Zaplana, que fue condenado a cuatro años de cárcel cada uno por delitos contra la Hacienda Pública.

Otra de las polémicas que estalló bajo su mandato fue el llamado caso IVEX, que investigó a Julio Iglesias por un posible delito relacionado con los pagos que recibió por parte del Ejecutivo de Eduardo Zaplana por su labor de promoción exterior de la región. 

En concreto, el cantante cobró seis millones por ser embajador de la Comunidad Valenciana y celebrar 14 conciertos por todo el mundo. El ex presidente ahora detenido siempre se enorgulleció de la operación.

Zaplana dejó la política valenciana el 24 de julio de 2002, cuando José María Aznar le reclamó para convertirse en Ministro de Trabajo y portavoz del Gobierno. Desde entonces, su presencia en al Comunidad Valenciana quedó orillada por sus tensiones con Francisco Camps. 

En el PP valenciano comenzaron las luchas entre campistas y zaplanistas que provocó que fuera relegado de las listas -tuvo que presentarse como número 5 por Madrid- y que incluso se le prohibiera la asistencia a actos oficiales. Camps quiso borrar todo su legado. 

De hecho, el ex presidente declaró el pasado mes de marzo en la Audiencia Nacional que fue Eduardo Zaplana quien introdujo a las empresas de Francisco Correa y a la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana. 

"Sería lo único en lo que habría seguido mis directrices", le respondió con ironía el ex ministro.

En Madrid vivió una de las etapas más difíciles. Le tocó ser la voz del Ejecutivo en el 11-M y, con la derrota en las urnas, fue el portavoz popular en el Congreso de los Diputados hasta que en 2008 decidió abandonar la política.

Desde entonces, su trabajo está ligado a la multinacional Telefónica -actualmente es secretario general- y sus apariciones públicas son contadas. En Valencia se habían intensificado porque estaba siendo tratado de una enfermedad. Hace unas semanas pronunció una conferencia en el Ateneo Mercantil con motivo del 40 aniversario de la Constitución Española. 

Este pasado fin de semana se le pudo ver en el palco del estadio Cartagonova siguiendo en el partido Cartagena-Rayo Majadahonda de la fase de ascenso a Segunda División.

Telefónica "suspende" su relación con Eduardo Zaplana tras su detención por blanqueo

MADRID.- Telefónica ha decidido suspender "con carácter inmediato" su relación con el exministro Eduardo Zaplana, asesor de la compañía desde 2008, tras su  detención este martes  por efectivos de la Guardia Civil en una operación dirigida por un juzgado de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Zaplana está acusado de un presunto delito de blanqueo de capitales, entre otros, según informa www.eldiario.es

Según fuentes oficiales de Telefónica, "se suspende con carácter inmediato su relación laboral, en el área de asuntos públicos, con la compañía a la espera de conocer más detalles sobre su situación". 

El PP también se ha apresurado a anunciar esta mañana la  suspensión de militancia de Zaplana por este asunto. En un primer momento, fuentes de Telefónica se habían limitado a señalar que estaban recabando información sobre Zaplana.

Por su parte, Logista, otro monopolio privatizados por el Gobierno de José María Aznar que desde hace años tiene a Zaplana como consejero, todavía está analizando la situación del ex ministro, al que renovó recientemente como vocal.

En septiembre de 2016, el exministro se definía en su Linkedin como "adjunto al secretario general" de Telefónica, aunque entonces él mismo matizó, en una conversación con eldiario.es, que su función era la de mero "asesor" en la multinacional, " un puesto funcionarial", según sus propias palabras. 

En ese momento, fuentes de la empresa le definían todavía como "adjunto a la presidencia", que ya entonces ocupaba José María Álvarez Pallete.

Telefónica anunció hace ahora diez años, con César Alierta al frente de la empresa, el fichaje de Zaplana (que acababa de dejar su escaño en el Congreso) como "Delegado de la Compañía para Europa", con un retribución que nunca ha sido pública. Hasta enero pasado, la Secretaría General y el área de Asuntos Públicos de Telefónica estaban bajo la dirección, respectivamente, de los abogados del Estado Ramiro Sánchez de Lerín  y Carlos López Blanco.

El primero está imputado en el 'caso Rato' por haber sido la persona que firmó el contrato entre la Telefónica de Alierta y Kradonara, una sociedad del expresidente de Bankia, por tareas de asesoramiento, mientras que López Blanco fue secretario de Estado con Aznar. 

En la distribuidora de tabaco Logista, donde la retribución de Zaplana como consejero "independiente" sí es pública (99.000 euros en 2017), se limitan a señalar a preguntas sobre este asunto que "aún no tenemos conocimiento de las circunstancias de las actuaciones". Añaden que "Logista continuará cumpliendo escrupulosamente con los Reglamentos y normativas para el buen gobierno de la sociedad".

El reglamento del consejo de administración Logista obliga a dimitir a sus vocales "cuando su permanencia en el Consejo pueda poner en riesgo los intereses de Grupo Logista o puedan perjudicar al crédito y reputación de la misma. En particular, deberán informar al Consejo de las causas penales en las que aparezcan como imputados, así como de sus posteriores vicisitudes procesales". 

Es la fórmula habitual en estos casos.

Zaplana es consejero de esta empresa desde 2012 y en la junta de accionistas de marzo pasado, cuando Zaplana ya se había visto salpicado por el caso Lezo tras diversas grabaciones de sus conversaciones con el expresidente madrileño Ignacio González, la filial de la tabaquera británica Imperial Tobacco renovó el mandato del exministro por otros cuatro años.

Para respaldar su reelección, el consejo de Logista valoró su "conocimiento, experiencia profesional, reconocida solvencia y competencia, responsabilidad para el ejercicio del cargo y ausencia de conflicto de interés", tras considerar que "ha desempeñado el cargo de consejero de la sociedad, con la dedicación adecuada y de una forma eficiente, en cuanto a la calidad del trabajo".

Zaplana compatibiliza sus funciones en estas dos grandes empresas con su actividad en una consultora que administra junto a su hija, Decuria Consulting, que fue constituida unas semanas después de su fichaje por Telefónica y desde entonces hasta 2016 (último ejercicio del que ha presentado cuentas) ha facturado más de 2,3 millones de euros. 

La esposa de Zaplana y sus hijas también gestionan varias empresas del sector inmobiliario y hotelero, algunas  de la órbita del suegro del exministro, el empresario y ex senador del PP Miguel Barceló, fallecido en marzo pasado.

Eduardo Zaplana, un personaje escurridizo en el cieno de la corrupción

MADRID.- Eduardo Zaplana siempre ha sido un personaje escurridizo en el cieno de las turbulentas aguas de la corrupción asociada a los 20 años de gobierno del PP en la Comunidad Valenciana. Las sospechas que levantó su gestión como alcalde de Benidorm y como presidente de la Generalitat han sido tan relevantes como su habilidad para escabullirse del epicentro de los escándalos. Incluso para lograr la retirada de las denuncias en aquellos casos en los que alguien se ha atrevido a llevarle a los tribunales, como ocurrió con los empresarios de la trama de las comisiones de Terra Mítica, recuerda hoy El País.

Esa capacidad de bordear el cepo sin pillarse nunca los dedos ha engrandecido su mito en la Comunidad Valenciana, donde la mayoría de sus colaboradores, lejos de seguir su estela, están imputados, procesados o, simplemente, condenados y encarcelados. Como José Luis Olivas, que fue su mano derecha en la Generalitat y, antes de llevar Bancaja al precipicio, fue su relevo al frente del Gobierno valenciano en 2002, cuando Zaplana dio el salto a Madrid como ministro de Trabajo de José María Aznar. O como el exconsejero Rafael Blasco, que, tras ser expulsado del PSOE por supuestos cohechos y antes de ser recluido por varios delitos, fue su lazarillo en el laberinto administrativo de la Generalitat cuando logró la presidencia en 1995.

La investigación del caso Lezo puso de nuevo a prueba su pericia para escurrirse. Una conversación telefónica entre Zaplana e Ignacio González despertó la curiosidad del juez que inició la investigación, Eloy Velasco, que fue director general de Justicia en el Gobierno del expresidente valenciano. No es la primera conversación telefónica que despierta interés judicial en su trayectoria.

Zaplana irrumpió en la alcaldía del Ayuntamiento de Benidorm en 1991 de la mano de una tránsfuga socialista, Maruja Sánchez, que estuvo escondida en el hotel de un casino hasta que se materializó la operación. El arreglo benefició a todos. Hasta entonces Zaplana solo había hecho algunos pinitos como abogado. El matrimonio con la hija de un hombre fuerte del PP local le abrió grandes oportunidades.

En esos días, en los que se gestionó su primer contrato de concesión de la playa de Benidorm, Zaplana fue grabado en las pesquisas del caso Naseiro, la primera investigación judicial originada por las sospechas de corrupción en la financiación del PP, luego frustrada por la anulación de las escuchas. 

En una conversación telefónica con el concejal de Valencia Salvador Palop, el alcalde de Benidorm aseguraba que estaba “arruinado” y trataba de indagar “cómo podría rascar” para comprarse “un Opel Vectra de 16 válvulas”. Lejos de afectarle, esas grabaciones fertilizaron su carrera.

Como años después diría de él Julio Iglesias, Zaplana corría muy rápido. Su pragmatismo engrandeció su cartel de político kennedyano litoral en unos momentos bajos para el PP. Su momento llegó tras el asesinato de Manuel Broseta por los pistoleros de ETA, quien estaba llamado a liderar el partido en Valencia. 

Con el apoyo de Rita Barberá y el órgano mediático de la derecha valenciana se puso al frente del PP. Otro arreglo auspiciado por la patronal valenciana, el Pacto del Pollo (llamado así por celebrarse en el despacho del empresario avícola Federico Félix) fue su vehículo hasta el Palau de la Generalitat al allanar las diferencias entre Unión Valenciana y su partido para desalojar al PSOE. Hubo para todos.

La de Zaplana al frente de la Generalitat fue una gestión burbujeante. Con Aznar en la oposición, la Comunidad Valenciana se convirtió en el conejillo de indias de España. Todo ocurriría antes allí: la concertación de servicios públicos, la telebasura y los grandes eventos y contenedores, como la Ciudad de la Luz o Terra Mítica, en los que involucró para su desgracia a las cajas de ahorro valencianas. Y lo que ello llevaba implícito. 

Terra Mítica costó a la Generalitat más de 300 millones de euros y se vendió por 65. Su empeño personal en el parque temático de Benidorm, con cuentas investigadas en Suiza, se ha saldado, además, con 22 condenados por estafa agravada, fraude fiscal y falsedad documental.

Pero la Comunidad Valenciana era poco recipiente para su envergadura. Para ensanchar su imagen, Zaplana realizó una gira por varios países de Asia con Julio Iglesias como embajador de la Comunidad Valenciana. El cantante cobró seis millones de euros por ello (3,7 millones más de lo que admitió el presidente valenciano). Luego incluso intentó, sin éxito, presidir el Comité Europeo de las Regiones. 

Y convirtió en colaboradores habituales de Canal 9 a varios periodistas de Madrid que luego amplificaban su eco de político cruzado de Lincoln y Pericles en la Meseta. En 2002, la llamada de Aznar lo elevó a Madrid. Años después, la UDEF concluiría que la financiación ilegal del PP valenciano había empezado ese mismo año. Él no dejaría hasta dos años después la presidencia del partido en Valencia.

Zaplana saltó del tren antes de la explosión que despedazó a su heredero, Francisco Camps, y a Rita Barberá, dañando las partes esenciales de la organización. Sano y salvo, le permitió durante la descomposición del PP valenciano afirmar que se sentía orgulloso de no haber tenido “ningún problema jamás de índole judicial” y reivindicar su gestión frente a quienes le precedieron.

Telefónica le abrió la puerta a su salida de la política, tras los batacazos del PP en 2004 y 2008. Para la memoria dejaba sus intervenciones como portavoz del Gobierno de Aznar durante los atentados yihadistas del 11 de marzo, que en unas memorias inéditas todavía vincula una conspiración ibérica para apartar al PP del poder.

Desde entonces Zaplana ha alternado su función de delegado de Telefónica para Europa con los negocios privados, aunque la sombra de las sospechas le ha acompañado con una fidelidad inquebrantable. 

Un mes después de ocupar el despacho de Telefónica en la Gran Vía fundó la consultora Decuria Consulting, SL, dedicada a la promoción inmobiliaria, organización de eventos y “explotaciones deportivas y de ocio de todo tipo”.

El juez Santiago Pedraz ya puso bajo su lupa a la administradora solidaria de esta consultora, su hija Rosa María, por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública en la trama del hijo menor del expresidente de la Generalitat catalana, Oleguer Pujol.

Las escuchas de su conversación con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González revelaban intenciones de participar en negocios de manera opaca para blanquear fondos ocultos en el extranjero, con el Canal de Isabel II como escenario. Zaplana no es nuevo en el sector hídrico ni en sus tejemanejes. Se empleó a fondo en el pulso por el control de Aguas de Valencia, que proyectó fusionar con el Canal de Isabel II en los tiempos de Alberto Ruiz Gallardón, y hasta trató que le pagara un medio de comunicación afín. Mucha agua y mucho lodo en el fondo por el que escurrirse.

Ahora la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo ha detenido por un presunto blanqueo de capitales y delito fiscal por aflorar dinero negro procedente del extranjero. ¿Volverá a escurrirse?

La Universidad Complutense y la 'Rey Juan Carlos' investigan la carrera y el máster de Pablo Casado

MADRID.- La Universidad Complutense de Madrid y la Rey Juan Carlos han abierto sendas investigaciones para dilucidar si hubo irregularidades en la carrera de Derecho y en un máster aprobados por el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado.

La Complutense ha formalizado la petición de información para recabar el expediente de Casado sobre sus estudios de Derecho cursados en el CES Cardenal Cisneros.

Fuentes de la universidad han indicado hoy que se trata de la apertura de un proceso de información previa, un formalismo de procedimiento para solicitar la información sobre el expediente de Casado y analizar esa documentación.

Las mismas fuentes apuntan a que este trámite sirve para dar cobertura formal de cara a revisar el expediente del dirigente popular, sin prejuzgar nada al respecto.

La semana pasada la Complutense avanzó que iba a solicitar toda la información relativa a estos estudios y en caso de haber indicios de irregularidad, adelantaba que iba a actuar con contundencia.

Así lo indicaban fuentes de la institución después de que el diario El Mundo publicase una información según la cual Casado habría superado 12 materias de las 25 de la carrera de Derecho y logrado el título en cuatro meses, poco después de ser elegido diputado madrileño en el año 2007, con "facilidades" en este centro.

A su vez, el CES Cardenal Cisneros negó la semana que haya habido "trato preferente" con Casado a la hora de cursar sus estudios o que éste haya podido aprobar sin examinarse.

Por su parte, Pablo Casado ha defendido que "no hay ninguna irregularidad" en su expediente y las informaciones publicadas que apuntan a sospechas sobre el modo en que obtuvo un título universitario se basan en "difamaciones anónimas sin pruebas".

Mientras tanto, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha ordenado a la jefa de Inspección de Servicios de la institución abrir una investigación sobre los estudios de grado que cursó Casado.

En un comunicado dirigido a los miembros de la comunidad universitaria, también se detalla la apertura de una información reservada sobre el alumno de máster de Derecho Autonómico, Álvaro Morente Hidalgo, distintos a los de Casado.

El viernes próximo en el Consejo de Gobierno, el rector dará debida cuenta de estos "importantes temas relacionados con la crisis institucional" que vive la institución.

El PSRM-PSOE y Podemos piden que Zaplana sea expulsado del Consejo Social de la UPCT

CARTAGENA.- El vicesecretario general del PSRM-PSOE y portavoz parlamentario en la Asamblea Regional de Murcia, Joaquín López Pagán, ha exigido este martes la remoción (o cese) del político cartagenero Eduardo Zaplana como miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), según informaron fuentes de esta formación política en un comunicado.

En su opinión, la detención del ex ministro de la época de José María Aznar, por un presunto delito fiscal y de blanqueo de capitales, "le inhabilita, en tanto se aclare su situación judicial, a representar a una institución honorable como es la Universidad Politécnica.

"La corrupción del Partido Popular tiene raíces profundas y los tentáculos muy grandes y este es un episodio más que nos salpica de manera directa. Por ello, y en aras de la transparencia y para preservar la imagen de la institución, exigimos que Eduardo Zaplana abandone de inmediato el Consejo Social de la UPCT".

Por su parte, el portavoz parlamentario y secretario general de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha reclamado que el excargo público del PP sea expulsado inmediatamente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), ya que "no podemos permitirnos a personas como Zaplana ensuciando la imagen de la universidad pública".

"El gobierno del PP fue quien lo puso ahí para intentar ayudar a un político acorralado por sus prácticas corruptas. Eso nos da la medida de la consideración que tiene este partido hacia lo que representa la UCPT", ha advertido.

Urralburu ha recordado que fue el gobierno del "plurimputado" Pedro Antonio Sánchez el que nombró a Zaplana representante del Consejo Social de la Politécnica.

Su objetivo era, según palabras del propio gobierno, "difundir fuera y dentro de la Región todo lo que en la UPCT se hace. Es decir, el PP escoge a alguien que ahora está detenido por blanqueo de capitales para darle 'brio' a la UPCT. Lamentable y vergonzoso, made in Partido Popular".
El rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Alejandro Díaz, ha afirmado hoy que el Consejo Social de esta institución docente adoptará "las medidas que considere necesarias" sobre la continuidad de Eduardo Zaplana como miembro de este órgano. 

Díaz ha recordado que Zaplana fue nombrado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en noviembre de 2016, al tiempo que ha agregado que el Consejo Social es un órgano colegiado de participación de la sociedad en la gestión y supervisión de la UPCT.
"Como órgano colegiado, estoy seguro que adoptará las medidas que considere necesarias en su próxima reunión", ha apuntado el rector, quien ha añadido que, "hasta ahora, sólo se conoce que ha habido una detención".