Delegación del Gobierno prohíbe la marcha atea

MADRID.- La Delegación del Gobierno en Madrid ha resuelto este miércoles prohibir la manifestación convocada para el próximo Jueves Santo por la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores y por la Asamblea Vecinal La Playa de Lavapiés, "por su evidente voluntad de provocación" a los católicos, "sin perjuicio de que se comunique otra fecha en la que no concurran las circunstancias expuestas en la resolución", ha informado en un comunicado la institución que dirige Cristina Cifuentes.

   La resolución se basa, entre otros motivos, "en la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa de los católicos que tradicionalmente celebran en esta zona sus procesiones de Semana Santa y en la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, con peligro real para la integridad física o moral de las personas, y la integridad de bienes públicos o privados".

   El escrito de comunicación presentado el 6 de marzo en la Delegación por los convocantes, señala, entre otras cuestiones, que el objetivo del acto conocido como manifestación atea, es "sensibilizar a la población sobre el derecho constitucional de libertad de manifestación, la libertad de expresión y la obligatoriedad de que las instituciones protejan la aconfesionalidad del Estado".

   Se plantean en este escrito tres recorridos alternativos, iniciándose  todos ellos en la calle Santa Isabel y finalizando en la plaza de Lavapiés.

   El acuerdo de la Delegación del Gobierno que prohíbe esta marcha se fundamental en los informes técnicos y jurídicos emitidos por el Ayuntamiento de Madrid, la Jefatura Superior de la Policía, y la Abogacía del Estado, que coinciden en que dicha protesta no debe llevarse a cabo "por el riesgo de que se produzcan alteraciones de orden público y afectar negativamente a la movilidad en la zona centro".

   En este sentido, la resolución detalla que en la convocatoria concurren seis datos objetivos. El primero es que la protesta se pretende llevar a cabo un día "de especial significado para las personas que tienen unas determinadas creencias religiosas como es el Jueves Santo".

   En segundo lugar, la resolución indica que el lugar elegido por los organizadores, como es el barrio de Lavapiés, "si bien es el caracterizado por su propia asociación de vecinos, es también un lugar céntrico de Madrid, en el cual transcurren múltiples procesiones católicas, próximas a todos los recorridos propuestos por los organizadores".

   En tercer lugar, la delegación asegura que el horario elegido, a las 20 horas, coincide con el de procesiones católicas que tradicionalmente se desarrollan en la capital y con el de oficios y liturgias que se celebran en las iglesias existentes en este entorno, "a las que acuden gran cantidad de feligreses".

   En cuarto lugar, consideran que la Semana Santa, además de tratarse de una festividad para los que profesan la religión católica, también es un momento en el cual la ciudad recibe múltiples turistas de España o del extranjero, "que visitan Madrid para disfrutar de las procesiones que se desarrollan, no sólo por su carácter cultural, sino también por su valor cultural de patrimonio histórico ya que, con este motivo, se visualizan en el espacio público obras de arte que son admiradas como un atractivo cultural más de la ciudad".

   En quinto lugar, el departamento estatal esgrime que los tres itinerarios propuestos por los convocantes se desarrollan en zonas próximas a las procesiones católicas del Jueves Santo.

   Por último, creen que es "más que probable" que la convocatoria de esta manifestación, una vez que sea conocida por la opinión pública, "dé lugar a la convocatoria de contra-manifestaciones que pueden producir incidentes de orden público".

   "Ya ocurrió así con motivo de la manifestación convocada por este mismo colectivo el día de Jueves Santo del pasado año, que dio lugar a la convocatoria de una concentración de un grupo de ideología antagónica, concentración que fue posteriormente desconvocada al prohibirse la manifestación por resolución de la Delegación del Gobierno", indica la resolución.

   A la vista de estos datos, la resolución estima que en la convocatoria concurren similares circunstancias a las que fundamentaron la prohibición de la manifestación convocada para el día de Jueves Santo del pasado año (21 de abril de 2011), entre cuyos convocantes se encontraban los mismos que ahora comunican una nueva manifestación.

   Así, la Delegación del Gobierno ha recordado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid número 267, de 20 de abril de 2011, que declaró la citada prohibición conforme a derecho, tras recurrir los convocantes a la Justicia.

   La legitimidad de la prohibición derivaba de las dos circunstancias que principalmente habían sido invocadas por la Delegación del Gobierno para prohibir la manifestación: la necesaria protección del derecho fundamental de libertad religiosa y la existencia de razones fundadas de alteración del orden público, circunstancias ambas apreciables también en la manifestación pretendida en el presente año.

   También hace referencia el acuerdo de la Delegación del Gobierno a otro de los aspectos que tuvo en cuenta la sentencia dictada en 2011, en la que se afirma que "la manifestación, por su naturaleza, puede suponer un elemento de coacción o intimidación a la exteriorización de la confesión religiosa católica que se materializa tanto en la asistencia a templos o iglesias en tales fechas, como en la asistencia o presencia en el discurrir de las procesiones".

   El acuerdo de la Delegación del Gobierno apunta además que "no debe obviarse la fecha, lugar y hora elegidas por los convocantes que, aunque manifiestan en principio una finalidad lícita, lo cierto es que pretenden realizar la manifestación un día de especial significación para los católicos, en el mismo lugar y horario en que se van a celebrar diversos actos religiosos, lo cual pone de manifiesto, cuanto menos, una evidente voluntad de provocación.

   Por tanto, la institución que dirige Cristina Cifuentes considera que la marcha atea "supone una real y no potencial vulneración del orden público, con peligro para la integridad física o moral de las personas y la integridad de bienes públicos o privados".

   La prohibición de la manifestación atea se ha producido un cuarto de hora después de que la plataforma por la libertad religiosa 'Más Libres' entregara a la delegación del Gobierno más de 31.000 firmas, recogidas por Internet en tan sólo una semana, pidiendo dicha prohibición.

   El presidente de HazteOir, Ignacio Arsuaga, ha declarado que el único ánimo de los convocantes de esta marcha es "injuriar" y que lo que pretenden es celebrar un "aquelarre laicista". Conocida la prohibición de la marcha, la web ha afirmado que se trata de "un éxito cívico en defensa de la libertad".  

   A las puertas de la Delegación del Gobierno, Arsuaga ha argumentado que en la manifestación realizada finalmente en mayo pasado por los que ha denominado "laicistas extremistas y radicales" --tras ser prohibida la 'procesión atea' del Jueves Santo-- se cometieron delitos de calumnias, injurias y ofensas contra los sentimientos religiosos.

   "Hubo insultos inclasificables, que sería muy duro reproducirlos. En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la libertad de expresión, pero tiene unos límites", ha añadido.

   Además, el presidente de HazteOir ha recordado que presentaron una querella contra la anterior delegada del Gobierno en Madrid, Dolores Carrión, por un supuesto delito de prevaricación por permitir la conocida como 'marcha antipapa' del pasado 17 de agosto en el centro de Madrid, en plena Jornada Mundial de la Juventud.

   No obstante, ha señalado que reciente el tribunal decidió no admitir a trámite dicha querella, decisión que será recurrida, ha especificado Arsuaga.

Casi 430 personas malviven en El Gallinero

MADRID.- En El Gallinero malviven en 96 chabolas hasta 89 familias, lo que suma un total de 430 personas, de las que 185 de ellas son menores de edad -60 de tres a cinco años y 125 de seis a dieciséis años--, según datos aportados este miércoles por el coordinador general de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Martínez Serrano, en la comisión ordinaria del ramo.

   Tanto el PSOE como UPyD han llevado a la comisión la necesidad de poner en marcha un plan de actuación integral para garantizar las condiciones de habitabilidad y salubridad del asentamiento. "Viven entre escombros, con ratas, sin letrinas ni luz ni agua y ustedes (en referencia al equipo de Gobierno) no pueden cobijarse en la titularidad privada de los terrenos y deben garantizar los servicios públicos", ha exigido la concejala de la formación magenta Cristina Chamorro.

   La edil ha añadido que lo que domina en El Gallinero es la "falta de coordinación" entre el IRIS, la Junta de Villa de Vallecas, la Comunidad, Madrid Salud, la Policía Municipal y Nacional, Cruz Roja y Cáritas, sin olvidar "las actuaciones de disciplina urbanística descontrolada" que se materializan en los derribos, como el último, ocurrido el pasado 5 de marzo.

   Por su parte, el socialista Pedro Zerolo ha definido lo que ocurre en El Gallinero como "un drama, un situación límite", lo que le ha dado pie para asegurar que el Gobierno contará con el apoyo de los grupos políticos para poner en marcha ese necesario plan de actuación integral. "Sabemos que se han hecho cosas pero de manera descoordinada y que, por ejemplo, se quita la basura pero no se cumple el compromiso de llevar cubos", ha asegurado.

   Ante esta afirmación, Carlos Martínez Serrano ha negado las palabras de Zerolo asegurando que el asentamiento cuenta con contenedores "tipo bañera" añadiendo que cada vez que se retiran basuras se recogen hasta 1.074 toneladas de residuos.

   Además, el coordinador ha valorado "positivamente" los trabajos realizados por las distintas administraciones en lo que a intervención social se refiere. Así, ha recordado que el convenio firmado con el IRIS cuenta con un montante de 1,3 millones de euros sin olvidar que la población de El Gallinero se caracteriza por su "poco interés por integrarse", lo que dificulta todavía más el objetivo de la integración. "Continuaremos con los esfuerzos continuos para integrar y erradicar una zona poco razonable para que se desarrolle la vida", ha subrayado.

El Teatro Real de Madrid pide a sus empleados que devuelvan parte de su sueldo

MADRID.- El Teatro Real de Madrid, emblema cultural de la capital española, pidió a sus empleados que devuelvan un millón de euros que cobraron de más por no habérseles aplicado una reducción del sueldo de los funcionarios decidida en 2010, denunciaron este miércoles sus trabajadores.

"Debido a la nefasta gestión de la dirección del Teatro Real, a los trabajadores se les pide la devolución de más de un millón de euros", afirmó el Comité de Empresa del teatro en un comunicado.
La devolución exigida, debida a que a los empleados de la ópera no se les aplicó la reducción salarial del 5% decidida en mayo de 2010 por el Gobierno socialista entre otras medidas de austeridad, implicará "entre 3.000 y 6.000 euros para cada trabajador", agregó.
Después de que el Gran Teatro del Liceo de Barcelona viese su temporada lírica amenazada por un cierre de dos meses decidido en febrero -y finalmente anulado- para compensar un déficit de más de 3 millones de euros, el teatro de la ópera de Madrid podría ahora tener que cancelar estrenos. La situación "nos lleva a tomar la decisión de realizar movilizaciones y huelgas que ponen en peligro el estreno de las próximas óperas", afirmó el Comité de Empresa.
El teatro madrileño tiene previsto en abril el estreno de una nueva producción, 'Vida y muerte de Marina Abramovic', creada por Robert Wilson, y en mayo, 'Cyrano de Bergerac', con el tenor español Plácido Domingo en el papel de Cyrano.
"Hay trabajadores del Teatro Real que este mes y el que viene no podrán pagar su hipoteca ni alimentar a sus familias", agregó el Comité de Empresa.
Duramente sacudida por la crisis financiera y el estallido de su burbuja inmobiliaria en 2008, España aplicó en los últimos años sucesivos planes de austeridad para limitar su déficit público, que en 2009 se disparó hasta un 11,1% del PIB. Gran parte de los recortes recayeron en los funcionarios, que vieron sus sueldos recortados, sus jornadas laborales aumentadas y el número de puestos reducido. El objetivo del nuevo Gobierno es reducir el déficit al 5,3% del PIB este año y al 3% en 2013.

La ciudad de Madrid admite conversaciones con Las Vegas Sand

MADRID.- El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha reconocido este miércoles la existencia de conversaciones entre el Ayuntamiento y representantes de Las Vegas Sand, la empresa capitaneada por el magnate Sheldom Adelson, para rechazar, a renglón seguido, que se pudiera llegar a constituir "una isla fiscal en Europa" con este proyecto.

   Villanueva ha reconocido en la comisión de Urbanismo que Las Vegas Sand que se han mantenido "varias reuniones de trabajo" con equipos de Vicealcaldía, Hacienda, Urbanismo y Medio Ambiente, en las que la empresa ha solicitado información sobre "disponibilidad del suelo y su catalogación" así como impuestos propios del Consistorio, como el de Construcción e Instalaciones, Bienes Inmuebles, Actividades Económicas o el de Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

   Después de recordar que la empresa anunciará "antes del verano" su decisión sobre la ubicación de su macroproyecto, el vicealcalde ha insistido en que el Gobierno municipal "está abierto a escuchar cualquier propuesta", sobre todo teniendo en cuenta cifras como una inversión acumulada de entre 15.000 y 18.000 millones de euros entre los años 2012 y 2022, que incluiría la construcción de hoteles, casinos, spas, espacios para convenciones, gimnasios, piscinas, campos de golf, etc.

   Y es que la voluntad del Ayuntamiento, en palabras de Villanueva, es "atraer inversión, capital y empleo" pero "en ningún caso supondrá crear una isla fiscal" ya que "las leyes son iguales para todos".

   A eso ha añadido que el Ayuntamiento sólo apoyará el proyecto "si hay una decisión unánime y coordinada de todas las administraciones implicadas", esto es, Consistorio, Comunidad y Estado matizando que le corresponde al Ejecutivo de la Nación "marcar el paso".

   Por otro lado, Villanueva ha pedido ser "extremadamente prudente" con este proyecto, del que ha dicho que "no será tan malo" cuando el ex ministro socialista Miguel Sebastián "lo cuidó, mimó y atendió con todos los desvelos", lo mismo que hizo el tripartito de la Generalitat y ahora el Gobierno de CiU. También ha recordado la posición a favor de este proyecto mostrada por gobernantes socialistas del entorno de Barcelona.

Una treintena de activistas se concentran en Madrid contra las redadas racistas

MADRID.- Una treintena de activistas se han concentrado este jueves en la madrileña plaza de Lavapiés para pedir que cesen las identificaciones policiales basadas en criterios raciales, una practica que, aseguran, "altera la vida de los ciudadanos" y "criminaliza a la inmigración". 

   Así lo ha explicado en declaraciones a Europa Press Cristina Manzanedo, del área jurídica de Pueblos Unidos, entidad firmante junto a Amnistía Internacional, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos, SOS Racismo y Women's Link Worldwide de un manifiesto contra estas detenciones en el Día Mundial contra el racismo.

   Para Manzanedo, aunque es "un avance" que el Ministerio del Interior haya afirmado que "se irá hacia una política de detenciones más sensata", el hecho es que "pese a estas declaraciones esta práctica se sigue produciendo hoy en día" y para erradicarla, "no basta con instrucciones verbales".

   En este sentido, los convocantes de la protesta reclaman la modificación de la circular 1/2010 sobre detenciones, el documento "en el que se apoya la policía" para dar el alto a ciudadanos basándose en su apariencia física.

   Además, reclaman que se reforme el sistema de medición de objetivos que utilizan las comisarías y que relacionan el número de detenciones con el grado de eficacia policial, un método que, conforme ha señalado Manzanedo, provoca las 'redadas racistas' al ser los inmigrantes los más fáciles de identificar.

   "El año pasado se hicieron más de siete millones de detenciones y seguro que un altísimo porcentaje tenían que ver con extranjería", ha lamentado, para incidir en que esta "práctica indiscriminada" deriva en que "muchísimos" extranjeros son trasladados a centros de internamiento aunque no hayan cometido un delito, sino la falta administrativa de no tener la documentación en regla.

   Durante la concentración, en la que los activistas han hecho sonar silbatos y han gritado proclamas como 'No son delincuentes, son nuestras vecinas', la responsable de Interior en Amnistía Internacional España, Virginia Álvarez, ha exigido a la Policía el cese de esta práctica que no sólo afecta a los inmigrantes, ya que "muchas personas sólo por su apariencia, tienen que demostrar cada día que no son extranjeros o que no se encuentran en situación irregular".

   Entre los manifestantes se encontraban distintas personas de origen extranjero que han prestado su testimonio sobre la "persecución", a la que afirman, se ven sometidos por las fuerzas del orden. Es el caso del maliense de 38 años de edad S., quien ha declarado a Europa Press que pese a los ocho años que lleva residiendo en España, no hay semana en que no se tope con un control policial.

   "A veces han parado a otra gente cuando tú estás llegando y los ves venir. No van de uniforme. Te paran, te preguntan. Sobre todo en el metro, pasa siempre", ha asegurado.

   El manifiesto recuerda que esta práctica es discriminatoria, como ya han hecho saber a España distintos organismos internacionales, que "alimenta los prejuicios contra las minorías" y que tiene "graves consecuencias en la vida diaria de las personas, pues afectan a su libertad de circulación provocando en ocasiones que lleguen tarde al trabajo o que tengan miedo de salir a la calle".

Admiten la denuncia contra una monja en el caso de los niños robados

MADRID.- El juez de Instrucción nº 47 de Madrid, Adolfo Carretero, tomará el próximo 3 de abril declaración a una madre que denunció ante la Fiscalía de Madrid a la religiosa Sor María G.V., una monja implicada en el caso de los niños robados en la Comunidad de Madrid por un delito de detención ilegal permanente relacionado en esta denuncia  con la desaparición de su hija en marzo de 1982, han informado fuentes jurídicas.

   La Fiscalía de Madrid remitió hace unos días la denuncia presentada por esta madre al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid para esclarecer los hechos, recayendo la investigación en el Juzgado nº 47 de Madrid. Ahora, el juez ha admitido a trámite la denuncia y ha acordado citar a declarar a la denunciante para ratificar los hechos sobre la desaparición de su hija, que ahora tiene 29 años.

   A partir de ahí, el magistrado decidirá sobre la supuesta prescripción del delito y sobre la naturaleza del mismo para llamar a declarar a la monja vinculada a esta red e imputarla de forma formal. Esta religiosa trabajó en la maternidad de Santa Cristina de Madrid y se la vincula con el doctor Eduardo Vela, relacionado también a la trama que investiga en toda España los casos de bebés robados.

   En concreto, la denuncia que investiga Carretero es el caso de una madre que dio a luz a su hija en marzo de 1982 en la clínica Santa Cristina de Madrid. Sobre la mesa, el juez tiene pruebas de ADN que confirman la relación biológica materna entre la madre y la hija, algo fundamental que ha propiciado que siga adelante la investigación.

    Por estos hechos, se imputa a la religiosa un delito de detención ilegal. No obstante, este delito podría pasar a uno de sustracción de menores, ya que este tipo penal no tiene carácter permanente como sería el de detención ilegal, según han indicado las mismas fuentes.

   En cuanto a las diligencias por parte del Ministerio Público, la Fiscalía está a la espera de los resultados de ADN de dos exhumaciones realizadas en el cementerio de La Almudena para comprobar las posibles irregularidades de la partida de detención.

   En uno de los casos, la Policía Judicial encontró huesos, que ahora se cotejarán con las muestras de la madre para averiguar si coincide el ADN.

Absuelto el alcalde de Coslada acusado de prevaricación y malversación

MADRID.- La Audiencia Provincial de Madrid ha emitido una sentencia por la que  absuelve al alcalde de Coslada, Raúl López, de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en el caso contra el exjefe de la Policía Local, Ginés López.

   En la sentencia, el tribunal declara las costas de oficio y detalla también que contra el presente fallo se puede interponer un recurso de casación ante la Sala segunda del Tribunal Supremo.

   Cabe recordar que la acusación particular había solicitado para el alcalde de la localidad una condena de nueve años de inhabilitación y cuatro años de prisión por malversación de caudales públicos.

   La Fiscalía también solicitaba una condena de prevaricación al entender que Raúl López había favorecido al exjefe de Policía de la localidad eximiéndole de cumplir una suspensión de nueve meses de empleo y sueldo.

   En su declaración durante el juicio oral, López negó haber cometido prevaricación y aseguró que, cuando fue elegido en 2003, desconocía que el entonces jefe de la Policía Local -acusado después de corrupción en la operación Bloque- tuviera pendiente la ejecución de una sanción desde el año 2001. No fue hasta 2008, recalcó, cuando el PSOE le denunció en medio de la investigación por presunta corrupción entre los agentes locales, cuando conoció los hechos.

   La sentencia expone que en el juicio no ha quedado acreditado que el acusado tuviera conocimiento del estado en el que se encontraba el expediente disciplinario y la sanción impuesta contra Ginés López.

   "Pues incluso los denunciantes pertenecientes al grupo entonces en la oposición nunca refieren que fuera interpelado en momento alguno para la ejecución del expediente", recalca el fallo de la Audiencia Provincial.

   Por otro lado, el tribunal explica que en el juicio hubo testimonios en los que se constató que el anterior equipo de Gobierno municipal tuvo problemas para ejecutar la sanción disciplinaria ni que el alcalde tuviera conocimiento de que la sanción debiera ejecutarse.

   "Lo que tampoco permite inferir sin más que el acusado tuviera necesariamente que conocer que dicha sanción se encontraba pendiente de ejecutar, piénsese que en aquella época el expedientado era un funcionario más, por mucho que ostentara la jefatura de la policía local, sin que hubiera alcanzado las cotas de triste popularidad que adquiere años más tarde", apostilla la sentencia.

   Sobre el delito de malversación, la Audiencia Provincial tampoco ve pruebas de que ordenara la devolución del aval, en consecuencia con que tampoco tuviera conocimiento del expediente sancionador. En este sentido, el PSOE, que llevó a los tribunales a López, entendía que el primer edil desistió de la devolución de unos 24.000 euros a las arcas municipales por el sueldo ilegalmente cobrado mientras Ginés López estaba suspendido.

Fernández-Lasquetty aboga por que el Estado recupere competencias en Educación

MADRID.- El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha asegurado este martes que el Estado debería recuperar competencias en materia de Educación pero no en Sanidad, donde las reglas "son las mismas" para todas las comunidades autónomas. 

   Preguntado por la devolución de competencias al Estado en una entrevista el El Círculo de Telemadrid, Lasquetty ha señalado que la "opinión es muy libre" y que, él, concretamente, no es un "ferviente partidario de la centrifugación de España".

   "Creo en España como Nación, y creo que tiene que tener poderes importantes pero así como en el caso de la Justicia tiene mucho más sentido, o en el caso de Educación creo que en buena medida debería recuperar competencias el Estado, sobre todo, en vista de lo que CCAA gobernadas por partidos nacionalistas han hecho con el uso de ese poder, en Sanidad no lo veo tan claro", ha indicado.

   Según ha apuntado, en sanidad, las reglas por las que se rigen todas las comunidades autónomas "son las mismas" y son fijadas por el Gobierno de la Nación y las Cortes Generales. "Son leyes naciones las que dicen qué hace la sanidad y las comunidades autónomas las desarrollamos y las gestionamos", ha explicado Lasquetty, quien ha considerado que no se ganaría nada con la devolución de competencias.

   Por otro lado, el consejero madrileño se ha referido a la última medida impuesta en Cataluña relativa al cobro de un euro por cada medicamento que recete, y Lasquetty ha asegurado que en la Comunidad de Madrid no trabajan "en ningún tipo de iniciativa en esa misma línea".

   "Pero no voy a demonizar al consejero de Sanidad de Cataluña por lo que ha hecho teniendo en cuenta que Cataluña parte de que (aunque) hay otros gastos de los que se puede prescindir como las embajadas, ha padecido ocho años de gobierno simultáneo de Zapatero y de tripartito socialista y eso no es impune", ha considerado.  

  Sobre la posibilidad de que la calidad de la sanidad decaiga con la crisis, Lasquetty ha asegurado que el sistema sanitario en España "es de máximo nivel" y dentro, el de Madrid, "según los indicadores, es claramente el mejor de España". 

"Tenemos que trabajar todos y buscar entre todos las soluciones para que esto siga siendo así y no tengamos problemas de solvencia", ha añadido.

Fomento contempla rescatar autopistas en quiebra, como las radiales de Madrid

MADRID.- El Ministerio de Fomento contempla quedarse con alguna de las autopistas actualmente en riesgo de quiebra en caso de que sus cuentas no logren reequilibrarse con las medidas que este Departamento prevé tener listas en "un máximo de seis meses", entre las que figura la promoción de fusiones entre estas vías, según anunció la ministra, Ana Pastor.

   El rescate de las autopistas se realizaría a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa) y en cumplimiento de la responsabilidad patrimonial que el Estado tiene ante estas concesiones, según detalló Pastor durante su intervención en el Nueva Economía Forum.

   Seittsa es un ente público dependiente del Ministerio de Fomento, que hasta ahora contrata determinadas obras de carreteras y ferrocarriles.

   Fomento se ha fijado así el rescate como medida de último recurso al que acudirá para el caso de que no funcione ninguna de las que el Ministerio prevé tener listas en "un plazo máximo de seis meses" para evitar la quiebra de una decena de autopistas.

   Entre estas iniciativas figura la ampliación de los periodos de explotación de la vía que se otorga a las empresas concesionarias, fomentar las fusiones entre autopistas y la concesión de créditos participativos.

   En la actualidad, nueve autopistas están en riesgo de declararse en concurso de acreedores, como consecuencia del sobrecoste que sufrieron en las expropiaciones y la caída de los tráficos por la crisis. Entre ellas, figuran las radiales de Madrid, la que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera.

   Las concesionarias de estas vías, que suman un pasivo de unos 3.000 millones de euros,  están participadas por los principales grupos constructores y de concesiones del país, como son Acciona, Abertis, Globalvía (FCC y Bankia), Ferrovial, Sacyr y OHL.

   La ministra de Fomento avanzó que además de solventar el problema de estas vías abordará un "profundo cambio en la legislación sobre concesiones", cuyo eje principal será determinar la asunción de los riesgos de la infraestructura. Además, busca que permita abrir la financiación de obra pública a los fondos de pensiones.

   Todo ello con el fin último de que el capital privado juegue un importante papel en la financiación del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI) en el que ya trabaja el Ministerio para presentarlo el próximo mes de julio.

   Por contra, Pastor descarta lograr financiación con medidas como la implantación de la Euoviñeta (peaje que se cobra a camiones que circulan por las autovías) o la imposición de tasas en carreteras, como acaba de anunciar Reino Unido.

Los empleados en ayuntamientos deben ganarse el puesto, a juicio del ministro de Hacienda

SEVILLA.- El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha advertido de que los ayuntamientos y la administración pública "no son oficinas de colocación" y que los funcionarios tienen que "ganarse su puesto de trabajo como todos los españoles".

   En el Punto de Encuentro Económico de la Fundación Antares Foro, Montoro ha impartido una conferencia bajo el título 'Las reformas que impulsan el cambio', y ha señalado que "los ayuntamientos no están para contratar gente sino para contratar gente que sirva a la ciudad y no al revés".

   Asimismo, como funcionario de carrera, Montoro ha dicho no concebir "nunca" la función pública como "una seguridad en el empleo".

 "En la función pública se está al servicio de los demás y hay que quitarse esta mentalidad de que el que trabaja para un servicio público lo tiene todo hecho", ha subrayado.

   "Hay que trabajar desde las administraciones públicas y el que tiene que tener miedo es aquel que ha sido contratado para darle un puesto de trabajo y tener los brazos cruzados", ha subrayado, a lo que ha añadido que "eso es lo que hay que evitar de una vez por todas".

   De igual manera, ha indicado que del plan de ajuste que tienen que presentar los ayuntamientos que se han acogido al pago de proveedores "no se desprende una situación negativa para los funcionarios", y ha señalado que le hubiera gustado ver titulares cuando "se estaban despidiendo cientos de miles de personas porque desde los ayuntamientos no se pagaban las facturas".

   "Ningún funcionario está cómodo sabiendo que su ayuntamiento es insolvente. Estamos buscando que los servicios públicos tengan ingresos recurrentes, desaparezca ese déficit público de naturaleza estructural y que, por tanto, el funcionario tenga absoluta seguridad en su puesto de trabajo", ha señalado.

   En este sentido, ha apuntado que el Gobierno lo que está haciendo es mantener el sueldo de los funcionarios y "vamos a promover esos cambios y esos ahorros públicos manteniendo el sueldo de los funcionarios".

 "Estamos trabajando para que el sueldo de los funcionarios no se reduzca si no es para dar viabilidad al ente público, que pueda tener sobredimensión de plantilla, pero eso ya cada uno tiene que juzgarlo y valorar", ha subrayado.

   El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas ha señalado que a través del plan de proveedores las facturas pendientes de pago de las administraciones locales, ayuntamientos y comunidades estarán pagadas "antes de que entremos en verano".

 "En el mes de mayo estaremos pagando ya facturas de ayuntamientos y a finales de mayo y junio pagando las de administraciones públicas", ha detallado.

   "Esto significa una inyección económica fundamental en el tejido empresarial. Vamos a salvar muchas empresas, vamos a proteger muchos puestos de trabajo, vamos realmente a atender las necesidades de muchas empresas que teniendo deudas con administraciones no pueden acceder a financiación bancaria para compensar y financiar su circulante", ha subrayado.

   De esta manera, ha asegurado que supondrá "la mayor inyección económica de nuestra historia" y estará en torno a los 30.000 millones, aunque aún falta que termine el plazo de reclamaciones de proveedores para las corporaciones locales y la suma de las comunidades.

   Por último, ha apuntado que "hay que decirle a la UE que España es transparente, fiable" y que "España se ha desviado del objetivo de déficit público de la Unión Europea (UE) por una mala política, por una manera de concebir el gobierno".

Los ayuntamientos deberán detallar si piensan recortar personal

MADRID.- Los ayuntamientos que se acojan al plan de pago a proveedores deberán detallar en sus planes de ajuste qué partidas de gasto contemplan reducir, entre las que se encuentran el recorte de personal o la reducción de los salarios del mismo, según el 'Modelo de Plan de Ajuste' publicado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

   Estos ayuntamientos están obligados a presentar antes del 30 de marzo al departamento de Cristóbal Montoro un plan de ajuste en el que deben detallar los ingresos y los gastos previstos hasta el año 2022 y demostrar que sus cuentas serán viables hasta entonces.

   En el formulario que Hacienda les ha enviado figura un conjunto de posibles medidas que pueden adoptar y, entre ellas y por el lado del recorte de gastos, figura la reducción de costes de personal, tanto reducción de sueldos como de efectivos, así como posibles medidas de ahorro en el régimen retributivo de las empresas públicas o la limitación de salarios en la alta dirección.

   Asimismo, figuran otras medidas de ahorro de gasto como la reducción del número de consejeros de administración de las empresas del sector público, reducción del número de personal de confianza, contratos externalizados que pueden ser prestados por el personal municipal actual, disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas, reducción de celebración de contratos menores o la reducción en la prestación de servicios de tipo no obligatorio.

   El formulario también contempla las nuevas implicaciones de la reforma laboral y una de las medidas de ahorro que figuran es si los ayuntamientos prevén aplicar la regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso, dando así por hecho que el nuevo coste por despido es inferior tras dicha reforma.

   Por el lado de los ingresos, los ayuntamientos tienen que especificar si tienen previsto elevar los impuestos, suprimir exenciones o bonificaciones voluntarias, adoptar medidas para reforzar la recaudación ejecutiva y voluntaria o potenciar la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados.

   También deberán publicar anualmente en las memorias de las empresas las retribuciones que perciban los máximos responsables y directivos, así como una estimación realista de los derechos de dudoso cobro.

   Por último, Hacienda pide en el plan de ajuste que tendrán que enviar los ayuntamientos el detalle de la financiación de los servicios públicos prestados hasta el año 2022, como el abastecimiento de agua, servicio de alcantarillado, de recogida de basuras, de tratamiento de residuos, saneamiento, servicios hospitalarios, sociales y asistenciales, educativos, deportivos o culturales, entre otros.

Proyecto europeo estudia cómo compartir flujos de mercancías entre diferentes empresas para ser más rentables

VALENCIA.- Un consorcio de centros de investigación, consultoras, gestores de transporte y compañías de prestigio como Procter & Gamble lideran el proyecto europeo 'Conceptos de colaboración para la Co-modalidad (CO3)", en el que España está representada a través de Itene y ZLC en el que se estudiará cómo compartir flujos de mercancías entre diferentes empresas para ser más rentables, según ha informado Itene en un comunicado.

   El proyecto CO3, financiado por el VII Programa Marco de la Unión Europea, trabaja en el desarrollo de un modelo que supere los obstáculos a la 'colaboración horizontal' entre diferentes cargadores. El próximo 11 de mayo de 2012 celebrará un taller en Valencia.

   Esta iniciativa se ha llevado a cabo porque la capacidad del sistema de transporte europeo está siendo infrautilizada, ya que según reflejan las estadísticas, un cuarto del total de camiones viajan vacíos y el resto solo están cargados al 57 por ciento de su capacidad máxima en promedio.

   En este contexto ha surgido el concepto de 'colaboración horizontal' o combinación inteligente de flujos de mercancías de diferentes empresas, que ofrece una "potente e innovadora" solución para afrontar este problema.

   Las empresas que colaboren e integren sus flujos logísticos pueden alcanzar "importantes" beneficios a nivel económico, social y ambiental, ya que comparten gastos de transporte, lo que a su vez genera menos emisiones. Sin embargo, los cargadores dispuestos a llevarlo a cabo han encontrado frecuentemente una serie de obstáculos y dificultades.

   Uno de los objetivos del proyecto se basa en eliminar dichos obstáculos. CO3 está financiado por el Séptimo Programa Marco de la EU, y su misión estimular la 'colaboración horizontal' entre diferentes cargadores, para fomentar una "mayor competitividad y sostenibilidad" de la logística Europea.

   Para alcanzar este objetivo, se desarrollarán una serie de casos de estudio basados en la agrupación horizontal de flujos y en diferentes escenarios comodales diseñados para ser adaptados o modificados a la realidad de cualquier compañía.

   Los cargadores que deseen transportar sus mercancías por Europa de una forma más eficiente y sostenible, tienen una buena oportunidad de participar en CO3 para identificar potenciales empresas colaboradoras y establecer pruebas piloto. Para lograr esto, CO3 proporcionará a las entidades participantes las herramientas operativas necesarias y ofrecerá formación activa durante la implementación de la colaboración horizontal.

   El consorcio desarrollará en paralelo un marco legal para garantizar la neutralidad de los agentes de consolidación e intermediación administrativa/legal, quienes aparecen como nuevos actores esenciales en la creación de la colaboración horizontal. Adicionalmente, se desarrollarán y validarán conceptos innovadores de "beneficios compartidos" que permitan estandarizar contratos de transporte multilaterales.

   Los primeros casos de estudio y seminarios de CO3 están ya en fase de preparación. Las empresas españolas que deseen participar en algún caso de estudio o que deseen aprender más sobre colaboración horizontal, tienen la opción de participar en un taller gratuito que se celebra en las instalaciones de Itene en Valencia el próximo 11 de mayo de 2012.

   Contará con la participación de expertos europeos en el ámbito de la colaboración horizontal como Sven Verstrepen y Kurt Jacobs, de la empresa TRI-VIZOR, que presentarán casos reales en la implantación de este modelo con éxito entre entidades europeas.

   El proyecto CO3, cuyos trabajos concluirán en 2014, cuenta con un consorcio de 18 entidades. Sus resultados estarán continuamente monitorizados por una junta de alto nivel industrial formada por más de 35 empresas europeas de diferentes sectores.

El Consejo de Ministros aprobará un anteproyecto de Ley de Transparencia

CÁDIZ.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará entre sus siguientes leyes un anteproyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se traducirá en un "régimen sancionador administrativo y penal" que fijará los márgenes para los responsables públicos.

   Durante su intervención en el acto institucional del Día de la Provincia en la Diputación Provincial de Cádiz, el día en el que se conmemora el 200 aniversario de la Constitución de 1812, la vicepresidenta del Gobierno ha argumentado que esta ley busca dar "un paso más" y "con mayor ambición" en la "cercanía" del Gobierno con los ciudadanos "y en la responsabilidad que su confianza nos impone, sometiéndonos al escrutinio público".

   Así, ha añadido que la intención es "reforzar el respeto a las normas". De ahí que la Ley de Transparencia traducirá "por primera vez" las recomendaciones éticas y los códigos morales "en obligaciones jurídicas y legales, con un régimen sancionador administrativo y también penal, que fije los márgenes para que los responsables públicos tengan claro lo que se puede hacer con lo que es de todos y lo que no se puede tolerar de ninguna de las maneras", según ha recalcado Sáenz de Santamaría.

   La vicepresidenta del Gobierno ha asegurado que se trata de una reforma legal "imprescindible" que dota a nuestro ordenamiento jurídico "de una innovación que, en el fondo, es una consecuencia de nuestro pasado y es consecuente con nuestro presente".

Aguirre: "Los grandes atentados se han investigado durante muchísimo tiempo"

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado este martes que los "grandes atentados de la historia" se han investigado durante "muchísimo tiempo" y que "no pasa nada", en relación a los atentados del pasado 11 de marzo de 2004 y a la posibilidad de que se reabra la investigación tras la aparición de uno de los trenes en un almacén de Villaverde.

   En una entrevista con ABC Punto Radio, la dirigente madrileña ha señalado que el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce no ha dicho que no vaya a reabrir la investigación sino que "si hay nuevas pruebas, por supuesto, que se investigará".

   "Los grandes atentados de la historia se han investigado durante muchísimo tiempo, mire el asesinato de Kennedy, y no pasa nada", ha considerado Aguirre, quien ha añadido que es "muy difícil esclarecer todas estas cosas de una vez". En este punto, ha añadido que tiene el "máximo respeto" por las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, por los jueces y "por todo el mundo".

   También se ha referido a las víctimas y, en concreto, a la presidenta de la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo, Pilar Manjón, a la que compadece "muchísimo" porque ha pasado por el "drama" de perder a un hijo. "Pero de ahí a que la importancia no la ponga en los terroristas que pusieron las bombas sino en unos que quieren investigar, pues no", ha dicho.

   En su opinión, ha continuado, "lo importante es saber quiénes pusieron las bombas que segaron la vida de su hijo". Por eso, ha señalado que la prensa "tiene que seguir investigando como se ha hecho con todos los grandes crímenes". "Habrá que seguir investigando cuando surjan nuevas pruebas y no porque sí y para colapsar inútilmente los juzgados", ha apostillado.