sábado, 12 de mayo de 2012

Democracia Real Ya prevé una buena respuesta a la convocatoria del 15-M en Madrid

MADRID.- Una de las portavoces de la Plataforma, Democracia Real Ya (DRY) Madrid, Clara Sánchez, ha dicho que cree que la respuesta de la ciudadanía será "muy buena" a la convocatoria de este sábado en la Puerta del Sol para conmemorar el primer aniversario del movimiento.

   "Desde muchos sitios se está intentando dar el 15-M como muerto pero, cada vez que lo han dicho, el 15-M ha resurgido más fuerte que nunca", ha destacado la portavoz. Además, ha señalado el "excepcional" trabajo que han llevado a cabo las asambleas de barrio para la convocatoria de este sábado. "Nosotros, desde las redes sociales hemos captado muchísima receptividad y ganas de salir a la calle", ha asegurado.
   Asimismo, desde DRY han explicado que, después de todos los "recortes sociales" que está llevando a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy,  y que "están afectando muchísimo", la gente, este sábado, más que nunca, va a dar respuesta "en todo Madrid y en Sol al final de la noche", ha asegurado Clara.
   Por otro lado, preguntada por el aviso dado por el Gobierno acerca de  permanecer en la Puerta del Sol más allá del límite horario de las 22.00 horas fijado por la Delegación de Gobierno, que supondría vulnerar la ley según el Ejecutivo, desde DRY han explicado que "cada uno tomará sus decisiones".
   En la página web de la plataforma se pueden consultar todas las convocatorias. "A las doce de la noche hay una convocatoria de un grito mudo, como fue tradicional en la acampada, y la gente decidirá qué hacer. Todo el mundo tiene derecho a salir a la calle y protestar. Ahora más que nunca la gente ha perdido el miedo. Veremos qué pasa", ha concluido.

El Estado subastará su participación de BFA-Bankia antes de tres años

MADRID.- El Estado se desprenderá de su participación en el capital de BFA-Bankia en un proceso competitivo de subasta en un plazo máximo de tres años, según establece la legislación actual, informaron en fuentes del Ministerio de Economía.

   El Estado se ha hecho con la totalidad del accionariado de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y por tanto con una participación superior al 48% en su filial cotizada Bankia, después de que el consejo de la matriz así lo solicitara.
   La legislación vigente limita la presencia estatal en el capital de las entidades a tres años, por lo que a falta de un cambio normativo, la presencia pública en el capital de BFA-Bankia no podrá prolongarse más allá de mediados de 2015.
   La entrada del sector público en el capital de BFA se concretará a través de la conversión en capital de un préstamo por importe de 4.465 millones de euros articulado en su día a la entidad en forma de participaciones preferentes suscritas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), organismo dependiente del Banco de España.
   A la espera de que el nuevo equipo gestor de Bankia, encabezado por su presidente ejecutivo, José Ignacio Goirigolzarri, dé a conocer su plan estratégico en las próximas semanas, el Gobierno considera que se trata de un proyecto viable y que la entidad es sólida, pese a haber registrado un déficit de capital.
   Antes de que el Estado nacionalizara BFA-Bankia, la entidad contaba de plazo hasta el próximo 30 de mayo para presentar su plan de saneamiento al Banco de España, que le requirió medidas adicionales para cubrir las exigencias de saneamiento del decreto del pasado mes de febrero.
   El Gobierno prevé que los nuevos gestores de BFA-Bankia presenten al instituto emisor su plan de saneamiento en la misma fecha, y fuentes del Ministerio de Economía inciden en que el objetivo no es la liquidación de la entidad sino garantizar la viabilidad de su negocio.

viernes, 11 de mayo de 2012

Elevan de 5 a 10 años la prescripción del delito fiscal

MADRID.- El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que incluye elevar de cinco a 10 años la prescripción del delito fiscal y aumentar de dos a seis años, en lugar de uno a cinco años, las penas de cárcel impuestas a los defraudadores.

   El nuevo tipo agravado de delito fiscal se aplicará cuando la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 euros por ejercicio o cuando la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o grupo criminal. La ley mantendrá la consideración de delito fiscal por cantidades por encima de los 120.000 euros.
   Este tipo agravado de defraudación también se aplicará cuando se utilicen negocios, entes o territorios que dificulten u oculten la identidad del obligado tributario o la determinación de la cuantía defraudada.
   Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien explicó que estas modificaciones afectan a "los delitos fiscales, los fraudes masivos y a la Seguridad Social", con el objetivo de "luchar contra el fraude y la economía sumergida".
   Para introducir estos cambios, el Gobierno modificará el Código Penal (CP) en materia de delito fiscal y contra la Seguridad Social. La propuesta parte de los ministros de Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas y Empleo y Seguridad Social.
   El anteproyecto de ley también fija mejoras técnicas destinadas a favorecer la regularización voluntaria del contribuyente o la recaudación. Entre ellas figuran rebajas de penas por reparación del perjuicio económico causado a la Hacienda Pública.
   Este atenuante se aplicará en los casos de regularización dentro de los dos primeros meses tras haber recibido una citación judicial y en los casos en que el contribuyente colabore en la identificación de otros sujetos responsables.
   Por otro lado, la Administración Tributaria podrá reclamar las cantidades defraudadas durante la tramitación del proceso penal, lo que evitará que los defraudadores malvendan los bienes durante el proceso y se declaren insolventes para no pagar. En la actualidad, se exige el pronunciamiento expreso del juez.
   Además, Gobierno aumentará el control de las tramas defraudatorias y no será necesario esperar a que transcurra el ejercicio completo cuando la defraudación supere los 120.000 euros. En la actualidad se debe atender a lo defraudado en todo el año natural y por ello esperar a la finalización del mismo para denunciar.
   El Gobierno endurece de cinco a seis años de cárcel los delitos agravados contra la Seguridad Social y amplía la prescripción de cinco a diez años para evitar casos de empresas ficticias y talleres clandestinos.
   Asimismo, se reduce la cuantía mínima de la defraudación de 120.000 euros a 50.000 euros, que incluirá toda la deuda no prescrita. Por otra parte, se sancionará a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social, o sin la autorización de trabajo.
   Por último, se considerará delito de falsedad documental la falsificación de certificaciones por terceros de documentos de la Seguridad Social, y se introduce un nuevo delito contra los supuestos de falseamiento de la contabilidad de las Administraciones Públicas, cuando afecten al patrimonio público.
   El Gobierno introduce también la inhabilitación de hasta diez años de los gestores públicos que falseen datos de las cuentas públicas, planteadas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley de Transparencia.

El Gobierno "todavía" no ha "identificado ninguna" responsabilidad en Bankia

MADRID.- El ministro de Economía, Luis de Guindos, asegura que, a día de hoy, el Gobierno "todavía" no ha "identificado ninguna" responsabilidad en la situación de Bankia. En su opinión, eso es algo que se "dilucida" con el tiempo, aunque argumentó que las crisis financieras se llevan por delante muchas instituciones y el Ejecutivo analizará con "cuidado y atención" los "errores" que se han cometido. 

   De Guindos tuvo que responder, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a tres preguntas sobre si se deben depurar responsabilidades por lo ocurrido en Bankia.
   "El tema de las responsabilidades están siempre ahí, existen posibilidades al respecto, lo que son los instrumentos de transparencia y control", respondió inicialmente al ser cuestionado por este asunto.
   No obstante, dijo que "eso se tendrá que dilucidar en las próximas semanas" y que el Gobierno "no es nadie en estos momentos para decir si se ha cometido o no algún tipo de irregularidad".
   Recordó que ahora hay un nuevo equipo de gestores que tienen que poner en marcha un plan para reconducir una situación que es complicada y "tienen el máximo prestigio para hacerlo". Pero, añadió que, en relación con las posibles responsabilidades de los antiguos gestores: "a fecha de hoy, desde luego, nosotros todavía no hemos identificado ninguna".
   Tras esta respuesta, De Guindos fue preguntado de nuevo si se van a buscar responsables entre los gestores de las entidades quebradas, entre los gobiernos regionales que les han sustentado o del Banco de España. Pero De Guindos respondió aludiendo a la limitación de las remuneraciones que se habían fijado en febrero por parte del Gobierno, además de la cláusula incluida en la reforma laboral sobre las indemnizaciones de los directivos de banca.
   De esta forma, el ministro evitó responder por lo que se le preguntaba. Eso sí, salió en defensa de la profesionalidad y del prestigio del Banco de España, aunque en un momento determinado dijo que éste "recuperará su prestigio", pero sin admitir previamente que lo hubiera perdido.
   Pero De Guindos tuvo que responder una tercera vez por esta cuestión. "¿Si no hay ningún responsable, qué es lo que ha pasado?.
¿Nadie va a asumir ningún tipo de responsabilidad", le preguntó de nuevo otro informador, quien cuestionó si el Gobierno se plantea una reflexión al respecto.
   El titular de Economía volvió a reiterar lo incluido en el real decreto ley de febrero para limitar las remuneraciones de los directivos de las entidades con ayuda pública, pero en esta ocasión añadió, sobre las responsabilidades, que es algo que "se dilucida en el tiempo".
   "Evidentemente habrá que irlo viendo", exclamó y expuso que las responsabilidades pueden ser de "diferente ámbito, de gestión o de otro tipo". No obstante, argumentó que las crisis financieras "se llevan por delante a muchísimas instituciones" y "es muy importante definir cuáles son los errores que se han cometido al respecto para no volverlos a repetir y eso es algo que este Gobierno va a analizar con cuidado y atención".

Madrid cree que los jueces deben velar para evitar acampadas del 15M

MADRID.- El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha considerado este jueves que la autoridad judicial debe velar en los próximos días para evitar la vulneración de los horarios establecidos para la marcha del 15M, así como que se acampe en la plaza de Sol como sucedió hace un año.

   En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González ha señalado que en los últimos días está escuchando declaraciones de las organizaciones convocantes de las concentraciones del 12M-15M que él interpreta como "retos y provocaciones a la autoridad amenazando con vulnerar no solo las resoluciones de los horarios, sino también la obligación de retirarse después de manifestarse pacíficamente y de pretender ocupar una vez más de manera ilícita un espacio público que es de todos los ciudadanos". Por ello, entiende que la autoridad judicial "tiene que evitar que estas circunstancias se produzcan".
   Ante la decisión de la Fiscalía de Madrid de apoyar que no se limite el horario de la marcha 'indignada', González no se ha querido pronunciar al no conocer la resolución. Sin embargo, ha precisado que parece que el recurso que "se ha hecho contra la resolución de la Delegación de Gobierno puede ser extemporáneo, y, por lo tanto no hay causa".
   "Si está fuera de plazo no cabe recurso y en segundo lugar si el recurso se ha formulado correctamente hay que analizarlo jurídicamente. Desconozco cuáles son las razones en las que se basa la Fiscalía, porque no conozco el informe, para entender que se debe resolver esto de una manera o de otra pero aquí lo que habrá que aplicar son los argumentos jurídicos", ha precisado.
   En todo caso, ha indicado que "quien tiene que resolverlo es la Fiscalía" y ha deseado que los jueces, "respetando la legalidad, respeten también el equilibrio" entre el derecho a manifestarse con el respeto a la legalidad.
   El vicepresidente también ha insistido en la necesidad de garantizar que "no se va a permitir ninguna instalación ilegal, de manera permanente ni transitoria, en la Puerta del Sol y se ha mostrado convencido de que tanto el Ministerio del Interior como la Delegación de Gobierno van a hacer que la manifestación se desarrolle de manera "pacífica" y que los convocantes de retiren "también pacíficamente una vez hecha la manifestación de la plaza respetando el derecho de los demás".

Aguirre dice que acampar en Sol es "privatizar el espacio público" y cree "excesivo" el horario autorizado por Cifuentes

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este jueves que acampar en la Puerta del Sol es "ilegal" y supone una "privatización del espacio público", por lo que se ha mostrado contraria a dicha pretensión de cara al primer aniversario del movimiento 15M.

   En los pasillos en la Asamblea de Madrid, poco antes del Pleno que se celebró ayer tarde, la presidenta regional ha manifestado además que la decisión tomada por la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, de permitir 35 horas de concentración de 'indignados' entre el 12 y el 15 de mayo es "muy generosa", en su opinión "en exceso", pero "respaldada por los tribunales".
   Con estas últimas palabras se ha referido al recurso planteado por el convocante de las concentraciones, que pedía una concentración ininterrumpida de 96 horas esos días, y que finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha admitido por extemporáneo. Aguirre cree que la Justicia ha actuado correctamente ya que hay que cumplir el plazo para presentar los recursos.

Cifuentes dice que no tenía intención de infiltrarse en una asamblea del 15M

MADRID.- La delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este jueves que su intención no fue en ningún momento infiltrarse en una de las asambleas que celebra el movimiento 15M los fines de semana en los barrios y que acudió a una de ellas como "va cualquier persona".

   Tras reconocer ayer que había ido de incógnito a una de estas reuniones, en una entrevista en esRadio, Cifuentes ha asegurado que su presencia en esta asamblea es algo "anecdótico".
 "Fui a una asamblea, fui como va cualquier persona un fin de semana normal. Era un lugar público, no tenía intención de infiltrarme", ha dicho.
   Según ha informado la emisora, Cifuentes ha afirmado que le gusta ver las cosas con sus "propios ojos" y ha explicado, además, que ha "intentado dialogar con ellos muchas veces". 
"Me gusta dialogar hasta con los del 15-M", ha añadido.
   Cifuentes también se ha referido a las concentraciones autorizadas para este fin de semana y ha explicado que las ha permitido porque "la ley española establece que la manifestación y la reunión es un derecho constitucional". De este modo, ha indicado que la Delegación sólo puede prohibir la manifestación en unos supuestos concretos.
   Para ello, ha señalado que desde que accedió al cargo de delegada, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha condenado en dos ocasiones a la Delegación del Gobierno. "En dos ocasiones he intentado limitar que llegaran a Sol, uno el día previo a la huelga general donde intenté reducir la duración de la manifestación pero el tribunal nos condenó y nos tocó pagar las costas", ha indicado.
   La segunda vez, ha continuado, fue en la huelga general cuando la Delegación quiso que la marcha no acabara en Sol porque ya confluían allí otras cuatro manifestaciones. "El tribunal también nos condenó a pagar las costas", ha apostillado.
   A preguntas sobre si podría estar experimentando el síndrome de Estocolmo, Cifuentes ha sido tajante: "Cualquiera que me conozca sabe que no puedo tenerlo".

Botella dice ante la posible acampada que el Ayuntamiento velará por "los derechos de vecinos y comerciantes"

MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha afirmado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno ante una posible acampada en Sol por parte del movimiento 15M que el Ayuntamiento "garantizará la seguridad ciudadana y que los derechos de los vecinos, comerciantes y visitantes sean respetados".

   Para eso la Policía Municipal colaborará con la Nacional con un dispositivo conjunto especial teniendo en cuenta, como ha recordado la alcaldesa, que en estos días se celebran las fiestas patronales de la ciudad, lo que atraerá a más gente hasta la ciudad.
   Sobre las declaraciones de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, sobre la Casa de Campo como lugar de acampadas, afirmaciones posteriormente matizadas, la regidora ha recordado que en la Comunidad sólo se puede acampar en las zonas que cuentan con permiso expreso.

Centenares de estudiantes se manifiestan en Madrid contra el 'tasazo' universitario

MADRID.- Centenares de estudiantes convocados por Toma la Facultad se han manifestado este jueves contra el 'tasazo' universitario y a última hora se han sumado a la concentración de la 'marea verde', donde han participado sobre todo profesores frente a la Consejería de Educación.

   La manifestación de los universitarios se ha iniciado en la calle Atocha y aunque en un principio tenían permiso para llegar hasta el Ministerio de Educación, la Delegación de Gobierno les ha desviado el recorrido por Jacinto Benavente, debido a la coincidencia con la celebración de la copa de Europa League obtenida por el Atlético del Madrid.
   Alrededor de las 20 horas y tras dos horas de marcha, Toma la Facultad ha disuelto la manifestación pero ha instado a los participantes a acudir a las puertas del Ministerio de Educación para continuar con la protesta bajo el grito 'Queremos becas y no hipotecas'.
   Una quinta parte de los participantes en la marcha han bajado hacia Sol para llegar al numero 34 de la calle Alcalá, sede del Ministerio que dirige José Ignacio Wert, y han decidido realizar una asentada al grito de 'Manos arriba esto es un atraco'.

El Ayuntamiento de Madrid solicitará finalmente 1.003 millones para pago a proveedores

MADRID.- El Ayuntamiento de Madrid finalmente solicitará al Ministerio de Economía un total de 1.003,7 millones, correspondientes a 13.450 facturas, dentro del plan de pago a proveedores con un tipo de interés que será "de entre un 5 y un 6 por ciento" aunque "depende de las circunstancias en las que se haga la operación", ha destacado la delegada de Hacienda del Consistorio, Concepción Dancausa, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

   De este modo, serán 14 millones menos los que solicitará el Ayuntamiento de los inicialmente previstos. Ha sido la propia edil la que recordó que en un principio se estimó remitir al Ministerio de Hacienda un listado de facturas a proveedores pendientes de pago por un valor de 1.017 millones de euros, de los que 910 millones correspondían al Ayuntamiento y el resto a empresas públicas y organismos autónomos.
   Esta operación de endeudamiento mañana será aprobada en un Pleno extraordinario. Dancausa ha detallado las distintas razones que justifican ese cambio de cifras entre las ahora definitivas y las inicialmente previstas, como "bajas y nuevas incorporaciones", es decir,  proveedores que no se incluyeron en la relación inicial o que se dieron de baja de ella.
   También ha habido modificaciones debido a que algunas facturas "no han sido ratificadas por los proveedores", otras "han sido abonadas por el Ayuntamiento en este tiempo y otras han sido anuladas por la Intervención General del Ayuntamiento o por el Ministerio de Economía".

Ya hay fecha para las oposiciones de Secundaria

MADRID.- El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este jueves la convocatoria para este año de 190 plazas públicas para profesores de Educación Secundaria y los exámenes están previstos que comiencen a partir del próximo 2 de julio.

   Así lo ha explicado el vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, quien ha señalado que la publicación de los seleccionados está prevista a partir del 30 de julio y que los docentes elegidos podrán incorporarse a los centros educativos el próximo curso.
   La distribución por especialidades ofrece a inglés el mayor número de plazas, un total de cien; seguidas de Física y Química (35), Geografía e Historia (30), Latín (diez) y Economía, Filosofía y Griego, con cinco plazas para cada una de ellas.
   La convocatoria se publicará este viernes, 11 de mayo, en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y los interesados tendrán de plazo 20 días naturales para presentar las instancias.
   Todas las personas interesadas en tener más información sobre esta convocatoria pueden consultar la página web de la Comunidad de Madrid, www.madrid.org, donde se colgarán las bases del proceso de selección.
   La fase de oposición constará de dos pruebas, cada una de ellas con carácter eliminatorio. La primera prueba versa sobre el conocimiento de la especialidad y, a su vez, consta de dos partes: ejercicios prácticos para comprobar la formación científica y el dominio de las habilidades técnicas; y el desarrollo por escrito de un tema.
   La segunda prueba, que valorará la aptitud pedagógica de los aspirantes, consta de otras dos partes: la presentación de una programación didáctica y la preparación y exposición oral de una clase ante el tribunal. En la fase de concurso se valorará la experiencia docente previa, la formación académica y el dominio de idiomas extranjeros.
   Tras las fases de oposición y de concurso, hay una fase de prácticas que tiene como finalidad comprobar la aptitud para la docencia de los aspirantes seleccionados que han superado las fases anteriores y tiene una duración de seis meses de actividad docente.
   Concluida esta fase y comprobado que los aspirantes reúnen los requisitos establecidos en la convocatoria, se procederá a su nombramiento como funcionarios de carrera.

González culpa a Ordóñez, Salgado y Zapatero de la situación de Bankia

MADRID.- El vicepresidente y portavoz del Gobierno regional, Ignacio González, cree que los responsables de la situación actual en Bankia son el expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, la entonces vicepresidenta económica Elena Salgado y el gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordoñez.

   En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, González ha sido preguntado en distintas ocasiones por qué opina de lo ocurrido en Bankia, por si el PP debería depurar responsabilidades con sus miembros en el Consejo de Administración si se demuestra que no han gestionado bien o por si se pudiera haber evitado si el consejo estuviera formado por profesionales.
   Por un lado, González ha indicado que en su día Zapatero y el entonces jefe de la oposición Mariano Rajoy no llegaron a ningún acuerdo para privatizar las cajas, que éstas no se han privatizado y que "eso a lo mejor puede ser uno de los grandes problemas que ha tenido el sector financiero español a lo largo de los últimos años".
   En este sentido, ha señalado que "todo el mundo conoce" que desde hace "mucho tiempo" la posición que ha defendido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido que las cajas "deberían tener un dueño y funcionar como el resto de las empresas" y "la vía debería haber sido la privatización", ha sostenido.
   Por otro lado, ha criticado que "parece" que a a gente se le olvida que se está hablando del sector financiero, que la "máxima autoridad del sector financiero es el Banco de España" y que al frente del mismo se colocó por parte de Zapatero, "que decía que no podía haber políticos en las cajas, ni más ni menos que al secretario de Estado de Economía de su gobierno, que es la máxima autoridad monetaria".
   Así, ha señalado que la máxima autoridad monetaria "era el encargado de fiscalizar y controlar todos los años el funcionamiento y las cuentas de todas las entidades financieras de este país" y que no se ha oído al Gobernador del Banco de España "nada de adoptar ninguna medida de saneamiento e intervención de ninguna medida hasta que se ha producido esta circunstancia".
   "Nadie habla de la responsabilidad en su caso, aunque sea vigilando, del Gobernador del Banco de España porque todas las entidades están sometidas a la inspección del Banco de España todos los años y no le he oído hablar de la necesidad de intervenir en ninguna caja", ha criticado.
   De hecho, ha añadido, que sólo recuerda que muchas de las fusiones y de las valoraciones en el sector de cajas que se han hecho ha sido "con el beneplácito expreso del gobernador de Banco de España y del Ministerio de Economía y Hacienda, en su momento Vicepresidencia del Gobierno".
   "La responsabilidad es del legislador, el Gobierno de Zapatero; el ministro de Economía, Elena Salgado, y del gobernador del Banco de España, Fernández Ordoñez... con nombre y apellidos para que sepan de qué estamos hablando porque parece que se nos olvida", ha insistido.
   Sobre si es conveniente para evitar estos casos que los miembros del consejo de administración de las entidades financieras sean profesionales y no políticos o sindicatos, González ha dicho que le parece "perfecto" que se opte "por un modelo u otro" pero que mientras la ley esté en vigor y diga cómo se tienen que componer un consejo de administración,  "habrá que estar a lo que dice la ley".
   Y es que, a su juicio, "lo que no se puede es dar un discurso y hacer unas líneas que digan lo contrario para querer jugar a dos barajas como algunos han pretendido aquí a lo largo de años pasados". González ha insistido en que quien tiene la capacidad de legislar es el Estado y que si este dijo en su día que quería que fueran profesionales los miembros del consejo "solo tenía que cambiar las legislación".
   No obstante, González ha añadido que en estos momentos, las entidades financieras pasan por una serie de dificultades económicas "grandes" que tienen que ver en "muchas ocasiones" con la propia situación económica que ha sobrevenido, aunque "probablemente" en algunos casos también estará relacionado con la gestión que se ha realizado.
   Entonces, en estos casos, "si se ha hecho alguna gestión no ha sido conforme a la legalidad", en su opinión, "se tendrá que exigir las responsabilidades que correspondan como así ya ha ocurrido".
   González cree que tras las actuaciones del Gobierno de Zapatero, es ahora el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, el que se tiene que "enfrentar" a esta "papeleta", tomando medidas que generen "confianza" en el sector financiero. Está convencido de que el Ejecutivo tomará las "medidas pertinentes" para que así sea.
   Por último, ha considerado que dentro de lo malo, lo ocurrido puede ser una "buena noticia" en el sentido de que "sirva para sanear el sector financiero y darle estabilidad y confianza". Esto, ha apostillado, es "lo que se busca desde hace tiempo con las reformas que esta poniendo en marcha el Gobierno".
   Además, ha señalado que "es la mejor fórmula para garantizar a todo el mundo la tranquilidad de sus depósitos, la solvencia de la entidad y el futuro de la misma". "En el sentido de generar confianza y seguridad a los impositores, es buena (noticia)", ha concluido.

Aguirre presentará una ley para modificar los presupuestos y lograr el 1,5%

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha afirmado este jueves que el Gobierno regional presentará en la Asamblea de Madrid una anteproyecto de ley de modificación de los Presupuestos autonómicos para 2012 para recortar partidas con el fin de lograr el 1,5 por ciento de déficit.

   "Quiero anunciarles que el Gobierno de la Comunidad presentará a esta Asamblea en las próximas semanas ante de Ley de modificación del Presupuesto de 2012 para que con toda transparencia, publicidad y máxima participación de todos ustedes veamos en qué partidas podemos recortar, dónde ajustar para mantener los gastos esenciales, que hemos decidido que sean Sanidad y Educación", ha avanzado Aguirre en el pleno de la Asamblea de Madrid a una pregunta del portavoz de IU, Gregorio Gordo, sobre cuáles son esas partidas "maravillosas" en las que se puede recortar.
   La presidenta ha explicado que quiere que se decida en la Asamblea en qué partidas recortar y que también se decida qué gastos hay que mantener "teniendo en cuenta el déficit máximo del 1,5 por ciento".
   Así, ha señalado que no presentarán esta ley de "tapadillo", sino que traerán un proyecto de ley, de modo que todos puedan participar en que el déficit se mantenga en el 1,5 por ciento.
   "Para que la Comunidad de Madrid pueda cumplir y España en su conjunto pueda cumplir el objetivo de déficit de 1,5 de PIB en 2012 tenemos que estudiar a fondo a qué se destinan todas y cada una de las partidas de nuestro presupuesto, de manera que podamos prescindir de todos gastos superfluos para mantener los gastos que sean esenciales", ha sostenido la presidenta.
   Por su parte, Gordo le ha reprochado que con la "amenaza" de poder recortar en partidas "maravillosas" está "contribuyendo a darse a si misma más la razón cuando reconoce que gestiona mal y más caro".
   Además, le ha dicho que el actual presupuesto ha recortado 4,8 millones en gasto sanitario o 103,6 en transportes e infraestructuras, lo que sumado a lo sucedido en los dos ejercicios anteriores se "multiplica exponencialmente".
   Por eso, ha reclamado que elimine duplicidad de sueldos de altos cargos que además son diputados, que se reduzcan las partidas de publicidad o se elimine el estatus de expresidente de la Comunidad, a lo que Aguirre ha señalado que todos los expresidentes de esta Comunidad, incluida ella, son funcionarios del Estado, por lo que no cuestan más al erario público.
   Además, la presidenta ha remarcado que desde 2008 los ajustes hechos por la Comunidad de Madrid suponen un ahorro de 2.200 millones de euros, pero ha destacado que el problema son los ingresos, que en el primer trimestre, por ejemplo, el impuestos de transmisiones patrimoniales ha caído un 41 por ciento.
   No obstante, Gordo le ha instado a que cree un impuesto para entidades financieras y elimine exenciones y deducciones al impuesto de sucesiones y donaciones y que aplique el impuesto de patrimonio o crear tres nuevos tramos del IRPF para recaudar 7.000 millones en dos años.

Un año después, Madrid prepara su segunda "indignación"

MADRID.- El movimiento de los "indignados" españoles, que en la primavera de 2011 despertó a una sociedad que parecía anestesiada ante la sacudida de una profunda crisis económica, volverá a las calles este fin de semana para conmemorar su primer aniversario, cuyo balance arroja luces e incógnitas sobre su futuro.

Bajo el lema "Mayo 2012, seguimos en las calles", el denominado 15-M o la "Spanish revolution" ha organizado una batería de manifestaciones, actos, asambleas, talleres y encuentros para recordar que los motivos que les llevaron a protestar hace un año siguen vigentes.
"La gente está muy harta de tener que pagar muchas veces por todo, por la educación, la sanidad o el rescate de los bancos. Tienes que pagar la hipoteca al banco y luego vuelves a pagarle cuando el Estado con tus impuestos mete dinero en el mismo banco", dijo Fernando Sánchez, informático de 28 años, que piensa acudir a las manifestaciones.
En el año de vida del 15-M, que bebió de la primavera árabe e inspiró a otros movimientos de protesta como Occupy Wall Street, la situación económica del país ha empeorado, entrando en su segunda recesión en tres años y dejando a uno de cada cuatro trabajadores en paro.
El Gobierno de Mariano Rajoy, que desbanco a los socialistas en noviembre con mayoría absoluta, ha comenzado a acometer recortes en los pilares del Estado de bienestar para contener un déficit desbocado que mantiene a España al borde del rescate, y ya ha empezado a notar el desgaste en el apoyo ciudadano, según el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Uno de los momentos álgidos del aniversario indignado en Madrid serán marchas desde los barrios el sábado 12 de mayo que pretenden confluir en la Puerta del Sol, epicentro del movimiento, donde se guardará un minuto de silencio y se levantará una bandera blanca, según un calendario de acciones colgado en Internet.
Y por supuesto, han convocado una acampada de 24 horas, una de sus señas de identidad, al finalizar la marcha del 12-M y otra el 16 de mayo en los barrios y pueblos de Madrid, citas que tienen su equivalente en otros puntos de la geografía española y mundial, con convocatorias en cientos de ciudades.
Las autoridades de la capital ya han advertido de que no van a tolerar una nueva acampada y la Delegación del Gobierno, que ha autorizado tres concentraciones - la Puerta del Sol, bulevar del Paseo del Prado y plaza de Tirso de Molina - pero con un horario limitado, va a desplegar más de un millar de agentes durante esas jornadas.
"Una parte del éxito de las acampadas fueron los desalojos, se hizo un efecto llamada, pero no podemos prever qué va a pasar esta vez", dijo a Reuters Jesús Sanz, sociólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor del análisis "15-M. Apuntes para el análisis de un movimiento en construcción".
La "Spanish revolution", apartidista y sin jerarquía, prendió como la pólvora entre la ciudadanía tras una primera manifestación convocada a través de las redes sociales en ciudades de toda España el 15 de mayo de 2011.
Tras casi un mes con acampadas en las principales plazas públicas, los "indignados" trasladaron su actividad a los barrios donde, de forma más discreta, han impulsado iniciativas como cooperativas de intercambio, huertos, asambleas sobre diversos asuntos o se han movilizado para parar decenas de desahucios, quizá el punto donde han tenido más éxito.
"Si el movimiento es capaz de mantener su imagen de no violencia conseguirá recuperar la simpatía de medios de comunicación y muchos ciudadanos", auguró Sanz sobre los "indignados".
Durante estos días, el 15-M va a presentar su "tribunal ciudadano de justicia"(cuyo objetivo es investigar delitos que han cometido los banqueros de los que, a su juicio, tenía que haberse hecho cargo la fiscalía), ha convocado una "huelga social" y está recogiendo firmas en siete países europeos para cambiar el objetivo del Banco Central Europeo.
Esta vez concretan en cinco sus reivindicaciones, entre ellas Educación y Sanidad públicas de Calidad; No a la precariedad laboral y No a la reforma; Por una vivienda digna garantizada y una renta básica universal.
La quinta de sus razones, que lleva el lema "ni un euro más para rescatar a los bancos", es un tema especialmente candente después de que el Estado español anunciara el miércoles la toma de una participación mayoritaria en el capital del grupo BFA-Bankia con el fin de sanear la entidad y recuperar la confianza de los mercados.
Un reciente barómetro del CIS desveló que el 15-M sigue despertando amplias simpatías en la sociedad -alrededor de un 70 por ciento de los encuestados-, aunque recogió una leve caída del apoyo a este movimiento, que afronta divisiones internas.
El 15-M apenas ha tenido un impacto en los resultados electorales, según los datos del CIS y el Injuve, pero sí que ha cambiado formas de hacer y entender la política -aunque sus reivindicaciones no hayan impregnado los programas de los partidos-, porque ha demostrado que se pueden convocar grandes actos sin una estructura vertical, según Sanz.
Precisamente esta virtud de los "indignados", su falta de jerarquía, ha desencadenado una serie de rencillas y enfrentamientos en su seno a raíz de que varios activistas registraran una asociación para vertebrar acciones futuras.
"El movimiento ha quedado demasiado escorado hacia posturas demasiado intransigentes de la horizontalidad más estricta. Creo que lo que la ciudadanía demanda es más efectividad, un movimiento ciudadanos que dé voz a todas las personas", dijo a Reuters, a título individual, Fabio Gándara, durante meses una de las caras más visibles del 15-M y centro de la polémica por la creación de la asociación.
A juicio de Gándara, el gran logro del 15-M fue despertar la conciencia crítica de la ciudadanía pero no ha avanzado tanto como se hubiera deseado en cuanto a organización y coordinación.
"Creo que llegado este momento es necesario dar un paso más allá en la organización de este movimiento ciudadano y realizar propuestas y acciones alternativas a las manifestaciones", explicó, defendiendo el registro de la asociación sin menospreciar la convocatoria en las calles.
A juzgar por la respuesta en Internet, la mayor parte de los indignados discrepa.

Expertos internacionales critican que el Gobierno impida la sanidad a los inmigrantes

MADRID.- Varios expertos nacionales e internacionales en salud y políticas farmacéuticas han criticado este jueves que el Gobierno de Mariano Rajoy vaya a impedir la sanidad y el uso de los medicamentos a los inmigrantes y han recordado que la salud es un derecho y no "un privilegio" que se adquiere en función de una condición legal.

   El Ejecutivo español ha aprobado recientemente un Real Decreto en el que, entre otras medidas, se incluye la adaptación de la normativa europea relativa a ciudadanos extranjeros en el Sistema Nacional de Salud (SNS) con la que se pretende acabar con el turismo sanitario en España que, según sus datos, ha causado un gasto de 917 millones de euros.
   Además, se ha modificado el artículo correspondiente de la Ley de Extranjería con el fin de clarificar qué es lo que da derecho al aseguramiento, de tal modo que quienes vienen de otros países garanticen que las personas que traen pagan sus impuestos en España.
   Unas medidas que, a juicio del docente y experto en Cooperación para el Desarrollo en el campo de la Salud José María Torres, no son justas ya que el acceso a la sanidad y a los medicamentos es un "derecho" de todo ciudadano sea del país que sea.
   "Estamos en contra de que se le puedan negar tanto la atención sanitaria como la farmacéutica o la sociosanitaria a los inmigrantes por el mero hecho de no tener un carné, una tarjeta o un documento que les identifique", ha señalado, antes de participar en un seminario organizado por la ONG Farmamundi para debatir la falta de medicamentos y salud pública en todos los países del mundo.
   En la misma línea se ha pronunciado el vocal de proyectos de la Junta Directiva de 'Farmamundi' y especialista en incidencia en entidades del Tercer Sector, Eduard Soler, quien ha recordado que la "regla de oro" que tiene que imperar tanto en España, como en el resto de países, es que "nadie se quede sin medicamentos" aunque no los pueda pagar.
   En este sentido, ha lamentado que el acceso de los medicamentos ya no sea sólo un problema de los países del Tercer Mundo sino que lo esté siendo para todos, y ha advertido de que si la factura sanitaria sigue aumentando va a llegar un momento en el que "ningún país" podrá pagarla.
   El director de la Fundación colombiana del Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud (IFARMA), Francisco Rossi, ha destacado también la necesidad de buscar nuevas fórmulas de financiación de medicamentos para que nadie se quede sin ellos.
   Rossi se ha referido además al copago sanitario aprobado por el Gobierno y ha lamentado que este tipo de medidas afecte sólo a los que menos tienen. Asimismo, ha abogado por que los países busquen "nuevas soluciones" para poder financiar los medicamentos y que, por tanto, no tengan que hacerlo, en cierta medida, los ciudadanos.
   "Estas son decisiones de los que tienen preocupaciones financieras y, seguramente, que van a significar algún tipo de recaudo pero, se va a pagar un precio social y este es uno de los debates que están siempre en América Latina porque se trata de que estos sistemas reduzcan desigualdades e inequidades", ha comentado el experto.
   Dicho esto, ha asegurado que aunque estas diferencias y desigualdades son "abismales" en países como Colombia o Venezuela, en España se pueden producir también porque se está yendo "en contra de los que menos tienen".
   Por otra parte, durante el seminario de la ONG Farmamundi se ha presentado la campaña 'Esenciales para la vida'. Un estudio, iniciado en el año 2009, sobre la percepción que tiene la sociedad y el conjunto de los profesionales sanitarios en el acceso a los medicamentos esenciales.
   Según ha explicado Torres, este análisis ha sido financiado por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo y se ha basado en la realización de 653 entrevistas a pie de farmacia y en 1.100 encuestas realizadas a administraciones públicas y autonómicas, colegios oficiales de médicos, responsables de salud, miembros y coordinadores autonómicos de ONG o asociaciones de industrias farmacéuticas, entre otros.
   Los resultados obtenidos han desvelado que la mayor parte de ellos conocen la falta de acceso a los medicamentos esenciales --"son unos 300 fármacos"-- y han mostrado su intención de colaborar para ayudar a paliar este problema.
   No obstante, según ha comentado Torres, las administraciones autonómicas aseguran que la responsabilidad de la falta de acceso a los medicamentos esenciales es de la administración estatal y, la industria farmacéutica deriva este cometido a "cada una" de las empresas e industrias del sector. Además, las ONGD señalan que no tienen un papel "muy relevante" en este problema y que no es algo que les resulte "prioritario".
   En cuanto a las conclusiones obtenidas tras entrevistar a los colegios farmacéuticos, la ONG 'Farmamundi' asegura que hay una "falta de conciencia previa" y que la "desinformación y el desinterés se realimentan mutuamente". No obstante, señala que pueden tener una "importante contribución" al acceso a los medicamentos genéricos si hay personas que, desde dentro de los colegios, lo impulsan y consiguen un "consentimiento y apoyo suficiente" entre los colegiados.