Aguirre cree que se debe buscar responsabilidades sobre Bankia pero no en comisión

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha reconocido este miércoles que se debe investigar lo que ha ocurrido en Bankia para llegar a esta situación y buscar responsabilidades al respecto pero ha explicado que en comisión parlamentaria en la Asamblea de Madrid no es posible porque un informe jurídico de la misma no lo permite.

   Durante un desayuno informativo organizado por 'La Razón', Aguirre ha sido preguntada por si es partidaria de que se constituyan comisiones de investigación para esclarecer lo ocurrido en Bankia, a lo que ha respondido recordando que en la pasada legislatura, cuando el PP pidió comisiones por la situación de Caja Castilla-La Mancha (CCM) se negaron.

   "Dijeron que el sistema bancario no podía afrontar esos circos mediáticos y que mejor (era) una subcomisión interna", ha explicado Aguirre, quien ha añadido, que en el caso de la Asamblea de Madrid, un informe del secretario explicaba que como el asunto de la fusión es de la anterior legislatura "no se podía".

   "Pero que se debe investigar y buscar responsabilidades. Estoy convencida", ha continuado Aguirre, quien cree que "la mayoría de los españoles" no entienden "muchas cosas". En este sentido, ha dicho que como se puede entender que un día Bankia gane 300 millones "y a los 40 días perdía 3.000 millones y habría que provisionar otros 23.000". "No lo podemos entender y nos lo tendran que explicar", ha dicho.

   Aguirre también ha sido preguntada por si es partidaria de las altas indemnizaciones que se llevan algunos directivos de las cajas, a lo que ha respondido explicando que con el anterior presidente de Caja Madrid, tuvo que llamar a los miembros del Consejo para pedir que se negaran a que se les diera otra indemnización.

   "Me jacto y aquí esta (el presidente de CEIM), Arturo Fernández, que es exmiembro del Consejo de Bankia, de haber impedido que al anterior presidente y equipo directivo se les diera otra indemnización", ha apuntado. Y todo, según Aguirre, "a base de llamar a los miembros del Consejo para decirles que eso era un escándalo monumental". Dice que actuó de esta manera "en contra de algunos" y que "de eso no hace tanto tiempo".

   Por otro lado, ha reiterado su convicción de que las cajas de ahorro "como entidades sin dueño porque carecían de propietarios" era un peligro. De hecho, ha recordado que siendo presidenta del Senado era vicepresidenta ejecutiva de FAES y organizó una serie de seminarios para ver cómo se podrían atribuir derechos de propiedad a las cajas.

   También ha destacado que en Caja Madrid, el Gobierno de la Comunidad de Madrid "jamás ha tenido ni siquiera la mayoría simple en el Consejo" porque la ley establecía que tenía que haber seis sectores que se pusieran de acuerdos: ayuntamientos, representantes de los partidos en la Asamblea, sindicatos, impositores y entidades sociales.

   "Todo el mundo se tenía que poner de acuerdo y el consenso es una cosa muy peligrosa", ha entendido Aguirre, quien también ha mandado un mensaje a los que critican que las cajas están politizadas. "Si no lo digo reviento", ha dicho la presidenta, quien ha explicado que las cajas existen de antes de la democracia y que fue en esta época, cuando se decidió "democratizarlas"

   Pasados unos 20 años, ha continuado, el "siguiente mantra" que se instauró "ya no es democratizar las cajas sino despolitizarlas" y que las sucesivas leyes de cajas que se hacen desde 2000 son para perseguir este fin.

"¿Pero a quién ponen porque es siempre una dificultad porque como no hay propitarios?, se ha preguntado, al tiempo que ha dicho que son los propios gestores los que "hacen de dueños" y deciden todo, como a quién dar los préstamos.

El TS ratifica que la Comunidad incurrió en "desvío de poder" para construir en "suelo protegido"

MADRID.- El Tribunal Supremo ha confirmado que la Comunidad de Madrid incurrió en "desvío de poder" y actuó "ilícitamente" al no reconocer la validez de las normas de planeamiento urbanístico de 1991 para promover un desarrollo urbanístico en el municipio madrileño de Los Molinos, situado en la Sierra de Guadarrama, en donde se quería construir "en suelo protegido más de 1.000 viviendas".

   Así consta en una sentencia, en la que se desestiman los motivos invocados por el Gobierno regional en su recurso contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), de junio de 2008, que concluyó que la Comunidad de Madrid debía publicar las Normas de Planeamiento de 1991.

   En su resolución, el TSJM estimó el recurso de Ecologistas en Acción contra la orden del entonces consejero de Medio Ambiente, de noviembre de 2005, por la que se acordaba la suspensión para todo el municipio del contenido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1969.    

   Por ello, Ecologistas en Acción ha solicitado en un comunicado el cese inmediato del responsable de Medio Ambiente de aquella etapa, Mariano Zabia Lasala, del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, dado que a su juicio "no se debería mantener en la presidencia de este órgano a personas que actúan fuera del marco jurídico".

   Según la organización ecologista, la no publicación de esas normas permitió al Consejo de Gobierno aprobar, en 2007, "unas Normas Transitorias que permiten construir en suelo protegido más de 1.000 viviendas".

   En 2005, señala Ecologistas en Acción, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio argumentó que "las normas de planeamiento de 1991 eran ilegales y que, por tanto, el plan urbanístico que había que aplicar era el de 1969, un planeamiento tremendamente desarrollista". Así, se subrogó las competencias municipales de planeamiento y redactó unas Normas Transitorias basadas en el Plan General de 1969.

   En febrero de 2006, Ecologistas en Acción recurrió la Orden por la que se declaraba vigente el plan general de 1969 y se iniciaba la tramitación de unas nuevas Normas Transitorias basadas en ese planeamiento.

   Ahora, el Tribunal Supremo, ratifica la sentencia y la desviación de poder "al haberse actuado ilícitamente". Por ello, deberá publicar las Normas de Planeamiento de 1991.

   Según los magistrados, "los antecedentes del caso permitían concluir con suficiente grado de certeza que la suspensión del planeamiento municipal tuvo una finalidad distinta y desviada de la que es propia del trámite previsto" en la ley autonómica madrileña, que regula esta materia.

El adelanto del cierre de Metro permitirá ahorrar 5 millones

MADRID.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha explicado este miércoles que si Metro adelantara la hora de cierre entre semana se ahorrarían unos 5 millones de euros, aunque ha señalado que se tienen que estudiar cuáles serían las "consecuencias" de llevar a cabo esta medida.

  "Metro lo que tiene que hacer es ahorrar y el asunto de cierre nocturno Metro se ahorraría 5 millones de euros, que no es ninguna cantidad despreciable, pero habrá que estudiar cuáles son las consecuencias", ha dicho Aguirre en un desayuno informativo de 'La Razón'.

   En este sentido, ha señalado que en Transportes tienen que ahorrar porque "en épocas de bonanza" han "crecido mucho las redes pero ahora cuando vienen las vacas flacas" se dan cuenta de que "mil millones de euros de subvención al transporte" no lo pueden afrontar.

   Asimismo, ha dicho que tampoco pueden afrontar mil millones de euros de subvención a la universidad, por lo que tienen que ver "cómo ahorrar en las partidas para poder mantener lo fundamental, la educación básica, la sanidad y los servicios sociales".

El Canal de Isabel II no venderá de momento su 49%

MADRID.- El Canal de Isabel II ha decidido no vender de momento el 49% de la entidad y así congelará su capitalización debido a la mala situación económica y de los mercados,  aunque tiene previsto aprobar el próximo mes de junio en su Consejo de Administración la propuesta de creación de una sociedad anónima cuyos accionistas serán la Comunidad de Madrid (80 por ciento) y los ayuntamientos adheridos (el 20 por ciento).

   Así lo ha anunciado el presidente del Canal y vicepresidente regional, Ignacio González, durante un encuentro informativo. La creación de dicha sociedad, que se denominará 'Canal de Isabel II Gestión S.A.', está recogida en la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativa y tendrá por objeto la prestación de servicios relacionados con la gestión del ciclo integral del agua en la región, como son el abastecimiento, el saneamiento, los servicios hidráulicos y las obras hidráulicas. Su constitución tiene que ser aprobada por el Consejo de Administración del Canal y el Consejo de Gobierno autonómico.

   González ha recordado que tanto el Ejecutivo autonómico como el Canal de Isabel II siempre han afirmado que la entrada de inversores privados en la nueva sociedad se realizaría si las condiciones económicas y los mercados permitiesen asegurar el máximo valor de venta posible.

   Y es que, según ha destacado, actualmente la situación económica actual no ofrece las mejores circunstancias para proceder a la incorporación de inversores y, por esta razón, ambas instituciones han optado por congelar la capitalización de la empresa.

   "Constituiremos la sociedad pero de momento no vamos a sacar a venta el 49 por ciento del Canal. Ahora, la situación económica no está lo suficientemente bien y no es el mejor momento para hacerlo. Esto es lo que hemos detectado en las conversaciones que hemos mantenido con los grupos asesores. No se dan las condiciones para sacarlo a venta, pero lo haremos cuando se den dichas condiciones", ha explicado el vicepresidente regional.

   De hecho, ha insistido en que "no se puede vender por debajo del valor de la compañía". "Si ahora no hay ofertas, pues no vamos a malvenderlo. Por tanto, es mentira lo que dicen algunos de que queríamos venderlo para dárselo a nuestros amigos", ha dicho González, en referencia a las críticas de la oposición.

   En el capital social de la sociedad 'Canal de Isabel II Gestión S.A.' estarán representados, aproximadamente, con un 80 por ciento de las acciones la Comunidad de Madrid y el 20 por ciento restante los ayuntamientos adheridos al proceso en proporción a su población. Así, el Ayuntamiento de la capital tendrá el 10,5 por ciento. Hasta ahora el Ejecutivo autonómico tiene el 100 por cien del Canal.

   El Consejo de Administración de la nueva sociedad estará compuesto por un representante de los ayuntamientos y varios de la Comunidad y no tendrá representación de los sindicatos ni del Estado. Su presidente será Ignacio González.

   Mientras, el Consejo de Administración del Canal se mantendrá y seguirá estando formado por 9 miembros de la Comunidad, dos del Estado, dos de los sindicatos y varios de los ayuntamientos. "En estos Consejos no se cobra y los representantes serán prácticamente los mismos en uno y otro", ha apuntado González.

   Hasta la fecha un centenar de ayuntamientos han aprobado dicho acuerdo, que representan al 81,7 por ciento de la población de la región, más de 5,1 millones de habitantes. Esta misma semana esta proporción puede llegar al 90 por ciento, ha indicado el presidente del Canal, que calcula que "casi todos los municipios" se unirá finalmente a esta sociedad.

    La nueva sociedad dará mayor protagonismo en la gestión del agua a los ayuntamientos que tengan acciones en ella. Hasta ahora, los municipios conveniaban con el Canal de Isabel II la gestión de los servicios de distribución pero no percibían contraprestación económica.

   Con su incorporación, los ayuntamientos no sólo asegurarán la prestación de los servicios relacionados con la gestión del agua, sino que también podrán cobrar dividendos de la nueva empresa, si así lo aprueba su Consejo de Administración. El año pasado los beneficios del Canal ascendieron a 135 millones de euros, y se espera que en 2012 sean parecidos. "Habrá reparto de dividendos casi seguro", ha afirmado González.

   El servicio de distribución del agua representa un 20 por ciento sobre el total de las actividades del Canal de Isabel II y también del valor de la empresa. Por esta razón, el porcentaje de representación atribuido a los ayuntamientos en el capital de la sociedad se corresponde aproximadamente con un 20 por ciento. "Los grandes beneficiados serán los ayuntamientos", ha reconocido González.

   Precisamente, el vicepresidente regional ha asegurado que se constituye la nueva sociedad aunque el Canal no salga a Bolsa de momento "por mandato legal y para que los ayuntamientos reciban beneficios".

   Ha argumentado que este nuevo modelo beneficiará también a la Comunidad y al Canal en su conjunto "porque dará una mayor estabilidad y mayor valoración a la compañía porque la gestión del ciclo del agua se garantizará durante 50 años".

   Para la constitución de la nueva sociedad ha sido necesario realizar una valoración de los bienes y derechos que le serán aportados, así como el propio contrato-programa. Este último documento regulará las relaciones entre el ente público Canal de Isabel II y la nueva sociedad. Desde que se aprobó la Ley 3/2008 se encargó a diferentes empresas a través de grupos asesores jurídicos y económicos y empresas de activos que valorasen el precio del Canal y la definición del nuevo modelo de gestión. La Comunidad ha gastado en este proceso de estudio 1,2 millones de euros.

   La sociedad tendrá una vigencia de 50 años y en él se detallan los servicios que prestará la nueva empresa como son la explotación, operación, mantenimiento y conservación de la red general de infraestructuras hidráulicas. La titularidad de los bienes y activos seguirá siendo de la Comunidad de Madrid y el Canal de Isabel II, por lo que la sociedad sólo los gestionará durante ese medio siglo y luego retornará a la Comunidad o se renovará ese contrato. "No vedemos el agua porque el agua es propiedad del Estado", ha señalado González.

   Por otro lado, las tarifas del agua seguirán siendo aprobadas por el Consejo de Gobierno regional. Asimismo, todo el personal del Canal necesario para la prestación de los servicios que se encomienden a la nueva sociedad se integrará en ésta, manteniendo las mimas condiciones laborales existentes en el momento de la integración, tal y como recoge la Ley 3/2008.

   Por su parte, el ente público Canal de Isabel II convivirá con la nueva empresa y mantendrá la titularidad, los derechos y las obligaciones de las potestades administrativas que corresponden a la Comunidad en materia de aducción y depuración del agua, incluida la potestad sancionadora.

El turismo ha pasado de ser la "locomotora" de la economía al "sostén para no caer más"

MADRID.- El sector turístico ha dejado de ser la "locomotora" en la recuperación económica española para convertirse en un "sostén" necesario que permita frenar la caída generalizada de la economía en España consecuente de la crisis, según ha afirmado la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, tras presentar las principales estadísticas del turismo nacional relativas al último trimestre.

   Con esta afirmación, el vicepresidente del 'lobby' turístico, José Luis Zoreda, ha querido ilustrar el paso del fuerte crecimiento experimentado en el sector turístico a lo largo de 2011, beneficiado por el trasvase de turistas de la 'Primavera Árabe', al incremento "modesto y testimonial" de los primeros meses de este año.

   "El arranque de este año no ha sido el que deseábamos, aunque se ha iniciado en positivo, con datos testimoniales, del 0,1%, ya que el año pasado se puso el listón muy alto", ha dicho Zoreda, tras reconocer que en el contexto de la situación económica general, el papel del turismo --que podría cerrar el año con una caída del 0,3%-- "sigue siendo fundamental para que la caída esperada del PIB español del 1,1% no sea mayor".

   Así, desde el punto de vista de Exceltur, a la luz de las últimas estadísticas del INE y del Instituto de Estudios Turísticos (IET), el sector turístico se ha desacelerado, tanto por el leve incremento del 1,1% en el turismo extranjero como por la continua caída en la demanda interna.

   Zoreda ha insistido en que la desaceleración en el turismo español es consecuencia directa de la recuperación de los mercados norteafricanos como Túnez y Egipto que, tras meses de inestabilidad política y social, vuelven a recuperar la normalidad y, por tanto, a competir en el turismo de 'sol y playa' de España.

  "Existe un perfecto eje de simetría entre la recuperación de Túnez, con un crecimiento del 52%, y de Egipto, con un aumento del 32%, y la desaceleración del turismo español", ha explicado el vicepresidente de Exceltur.

   Como representante del sector privado del turismo español en la presentación del estudio de Google sobre el comportamiento de los viajeros, Lookinside.travel, Zoreda ha señalado que las "modestas estadísticas" han incrementado el pesimismo entre las empresas turísticas.

   Así, para el próximo trimestre, el 52% de las 1.600 unidades de negocio del sector esperan caídas en su facturación con respecto a hace un año, mientras que un 45,7% de estas empresas esperan peores resultados netos.

   No obstante, Zoreda ha apostillado que existen diferencias sustanciales entre las compañías con proyección internacional, "que tienen un mejor horizonte de resultados", y aquéllas más dependientes del consumo interno, "con un enfoque más pesimista".

   Entre las medidas que Zoreda ha recetado para que España vuelva a posicionarse como la "locomotora de la economía española", se encuentra la necesidad de agilizar la puesta en marcha del Plan Nacional Integral del Turismo "puesto que es vital disponer de la más completa información para mejorar la toma de decisiones".

   Asimismo, el vicepresidente de Exceltur ha considerado como "clave" la flexibiliziación en reforma laboral, así como la renovación de destinos turísticos.

   "También hay que mejorar el acceso al crédito para seguir invirtiendo, replantarse el marketing y promoción por productos más experienciales, focalizados al cliente final y con una mayor interacción y evitar más sobrecostes y tasas", ha concluido Zoreda, en referencia tanto a la subida de tasas aeroportuarias como del IVA.

El Supremo sentencia la división de una vivienda en un caso de divorcio

MÁLAGA.- El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que sienta como doctrina jurisprudencial la posibilidad de dividir una vivienda en un procedimiento de divorcio, cuando sea "lo más adecuado" para la protección del menor y "siempre que sea posible la división y reunir las viviendas resultantes las condiciones de habitabilidad, a pesar de que no haya acuerdo entre los cónyuges".

   Esta sentencia surge a raíz de un recurso presentado a la Audiencia Provincial de Málaga por un bufete de abogados de Benalmádena, tras iniciarse en 2010 un litigio entre dos cónyuges en el que su "único" punto de discordia era la atribución del uso de la vivienda familiar.

   En concreto, se trata de una casa de dos plantas en la que vivía la pareja con sus dos hijos, cuya custodia le fue atribuida a la madre. Por las condiciones arquitectónicas de la misma, el padre sostenía que se podía satisfacer las necesidades de todas las partes, sin interferir en la vida privada o íntima que pudiera iniciar cada uno.

   Así, se proponía que el marido se quedara con la planta inferior de la vivienda y que la superior fuera para el resto de la familia, según ha informado el bufete de abogados a través de un comunicado. Además, el padre no tenía otra vivienda donde irse a vivir.

   El Juzgado de Primera Instancia de Vélez-Málaga accedió a la solicitud, atribuyéndole la planta baja de la casa "siempre y cuando acometiera obras mínimas para independizar ambas viviendas". La esposa, por su parte, presentó recurso ante la Audiencia, que revocó la sentencia, indicando que en caso de discrepancia entre ambos cónyuges había que aplicar "estrictamente" el artículo 96 del Código Civil, el cual no permite la división.

   Finalmente, el marido, representado por el citado bufete recurrió la decisión de la Audiencia ante el Tribunal Supremo, quien "sienta como doctrina jurisprudencial que cabe la división de una vivienda en un procedimiento matrimonial cuando ello sea lo más adecuado para la protección del menor".

Banesto da carpetazo al 'Caso Conde'

MADRID.- El consejo de administración de Banesto ha abierto la puerta a dar al accionista la opción de elegir la retribución del dividendo en efectivo o en títulos de la entidad, al tiempo que ha cerrado definitivamente el 'Caso Mario Conde' al dar carpetazo a los procedimientos legales que se abrieron tras la intervención de Banesto en 1993.

   El máximo órgano de gobierno de Banesto ha acordado en su reunión de este miércoles la modificación de sus estatutos para contemplar la posibilidad de repartir el denominado dividendo en especie o 'scrip dividend'.

   Asimismo, ha aprobado someter a la junta de accionistas otros artículos que hacen referencia a la retribución del consejo de administración, para que su retribución variable se sustituya por una cantidad máxima a fijar por ésta.

   El consejo de administración de Banesto ha acordado además  renunciar a la denominada 'acción social de responsabilidad', iniciativa aprobada después de la intervención de Banesto tras la gestión de Mario Conde contra dichos administradores.

   Banesto considera que ya se han juzgado por vía penal las irregularidades cometidas por dicho equipo gestor y no prevé seguir emprendiendo acciones civiles de cara a la recuperación de patrimonio, por lo que no procede mantener dicha acción social de responsabilidad acordada en la junta extraordinaria de 1994.

España y el BCE niegan que el organismo haya rechazado un plan del Gobierno para Bankia

MADRID.- España y el Banco Central Europeo (BCE) han desmentido que el organismo emisor de la Eurozona haya rechazado el plan del Gobierno de Mariano Rajoy para sanear Bankia, después de que la noticia fuera publicada este miércoles por el diario 'Financial Times'. "No se ha presentado ningún plan y, por tanto, no podía haber ningún rechazo por parte del BCE", ha asegurado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

   El rotativo 'Financial Times' afirmaba este miércoles, citando a funcionarios europeos, que el BCE ha rechazado "rotundamente" el plan del Ejecutivo español para recapitalizar Bankia mediante el recurso indirecto a la liquidez del instituto europeo emisor al considerarlo "inaceptable".

   El BCE habría indicado al Gobierno que era necesario realizar una "apropiada" inyección de capital en Bankia, ya que estos planes amenazaban con vulnerar la normativa europea de "financiación monetaria" o financiación de los gobiernos por parte de los bancos centrales, según apuntaron al diario económico dos funcionarios europeos.

   "Altos funcionarios del Gobierno en Madrid defienden que los rescates de Portugal, Grecia e Irlanda, han sido catastróficos y que España no se comprometerá a aceptar una fórmula de intervención similar", señala el diario.

   En este sentido, apuntan que el país ha implementado las reformas exigidas por Bruselas, por lo que el BCE debería prestarle apoyo o el futuro del euro se verá amenazado. "Es como una partida de poker (...) Y no creo que España vaya de farol", apunta un asesor del Gobierno español.

   Tras conocer la información difundida, tanto España como el BCE han desmentido la noticia. "Contrariamente a lo publicado por los medios, el BCE no ha sido consultado y no ha expresado su posición sobre los planes de las autoridades españolas para recapitalizar alguna gran entidad", afirma la institución, que ha expresado su disposición a prestar consejo para el desarrollo de estos planes.

   En la misma línea, el ministro español de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha negado que el BCE hubiera frenado "ningún plan" sobre el rescate a Bankia, al asegurar que el Ejecutivo no había presentado al organismo europeo nada al respecto.

   El ministro, quien calificó el caso de Bankia de "especial y específico", respondió así a una pregunta de la portavoz económica del PSOE, Inmaculada Rodríguez Piñero, sobre la ayuda pública solicitada por Bankia, a quien espetó: "Hagan caso al Gobierno y no al 'Financial Times'.

   "El Gobierno no ha presentado ningún plan al BCE para ver cómo se recapitaliza Bankia porque no lo tiene que hacer. El Gobierno es perfectamente consciente de cuáles son las alternativas disponibles cumpliendo con las reglas mercantiles nacionales y europeas. No se ha presentado ningún plan y, por tanto, no podía haber ningún rechazo por parte del BCE. Es así de simple", ha explicado a los medios en durante un receso en el Pleno del Congreso.

   Al igual que De Guindos, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, ha rechazado la noticia publicada por el diario británico señalando que no son más que "informaciones periodísticas" y ha defendido que el Ejecutivo español no debe guiar su acción "por lo que diga un medio de comunicación".

   "El Gobierno todavía no había concretado cuál es la solución que iba a aplicar. El Gobierno tiene que definirse y confirmar esas informaciones que traslada hoy el 'Financial Times', pero que son informaciones periodísticas", ha asegurado en una entrevista en la Ser.

   Según Alonso, este diario económico "no solo no es la Biblia sino que en general no trata muy bien a España".

 "Es muy escéptico con todo lo que afecta al euro. Establece comparaciones que no vienen al caso. Hoy viene a comparar España con Irlanda cuando los parámetros son completamente diferentes", ha criticado.

   "El Gobierno no debe guiar su acción por lo que diga un medio sino que debe analizar seriamente las alternativas que tiene y buscar la mejor solución. No estamos planteándonos una fórmula de rescate europeo y vamos a ver cuál es la fórmula que plantea el Gobierno", ha explicado.

   En cualquier caso, el Ministerio de Economía y Competitividad ha informado que no ha pedido al BCE "ninguna fórmula de apoyo" para recapitalizar Bankia. Su planteamiento central sigue siendo el de acudir a los mercados, a través del Tesoro, para poder inyectar dinero en la entidad, según informaron a Europa Press fuentes del Departamento que dirige Luis de Guindos.

   "No hemos pedido en ningún momento medidas de apoyo al BCE. La fórmula que maneja el Gobierno para recapitalizar Bankia es que el Tesoro acuda a los mercados", han insistido las fuentes consultadas.

   En este contexto, De Guindos también avanzó que el informe del FMI sobre el sector financiero español, que se conocerá a principios de junio, estima que el 70% de la banca soportaría "sin ningún tipo de problemas" situaciones de estrés en la economía, si bien matizó que el "problema" son las entidades con ayudas públicas, como Bankia.

   "El problema es para las entidades con ayudas, y ahí se destaca el caso de Bankia", aseguró De Guindos en la sesión de control en el Congreso, para después justificar la "necesaria" intervención del Estado para rescatar a la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri.

   Al margen de las medidas que adopte el Gobierno de España, el portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja ha puesto de manifiesto la necesidad de que el BCE ejerza "una protección decisiva el Euro" y "un papel más activo" para evitar los "ataques especulativos".

 "Necesitamos a Europa para que haga reformas, es imprescindible que haya más movimiento del que hay en ahora", apuntó Alonso.

La Comunidad de Madrid lanza un programa vía Internet para ayudar a dejar de fumar

MADRID.- La Comunidad de Madrid, a través del Hospital Carlos III, ha estrenado un programa online para dejar de fumar, que permitirá al ciudadano completar un tratamiento de seis meses vía web, ha informado el Ejecutivo regional en un comunicado.

   Esta iniciativa pretende dar respuesta a la demanda de los pacientes que por motivos de trabajo, personales o de distancia no pueden acudir periódicamente a las unidades de tabaquismo de los centros hospitalarios.

   La página web que da acceso a este tratamiento online es 'www.madrid.org/libresintabaco' y está atendida por un equipo multidisciplinar formado por médicos, psicólogos y enfermeras.

   El nuevo programa online para dejar de fumar ha sido diseñado por la Unidad de Tabaquismo del Hospital Carlos III y ofrece gratuitamente tratamiento de deshabituación tabáquica a aquellos fumadores que opten por esta iniciativa para dejar de fumar.

   Los terapeutas mantendrán el contacto con el paciente a través del correo electrónico y siempre que lo necesiten podrán contactar por teléfono con la unidad.

   El Hospital Carlos III es un centro de referencia para los tratamientos de deshabituación tabáquica y ofrece al ciudadano una amplia variedad de metodologías para dejar de fumar. El centro tiene una consulta individual, terapia de grupo, un teléfono de ayuda al fumador (901 120 239) y ahora el programa online, lo que garantiza el acceso al tratamiento.

   El nuevo tratamiento vía web ofrece ventajas a los ciudadanos que opten por este método, una de ellas es la instantaneidad y libertad en el horario. El ciudadano podrá conectarse a la hora que quiera para realizar el seguimiento del tratamiento y obtendrá respuestas instantáneas a los cuestionarios que rellene.

   Además, tendrá el soporte de unas lecturas recomendadas y una serie de consejos que son accesibles a toda la población entrando en 'www.madrid.org/libresintabaco' o a través de la página web del hospital 'www.madrid.org/hospitalcarlosIII'.

   Para acceder al tratamiento sólo hay que darse de alta en la web, con un nombre de acceso y una clave y facilitar un correo electrónico. A

continuación el programa le irá indicando los pasos a seguir. El tratamiento, como los convencionales, tiene una duración de seis meses, y una vez completado con éxito, el ciudadano recibe un diploma que acredita su paso por la Unidad de Tabaquismo.

   Durante el mismo, el programa abordará los síntomas propios de un tratamiento de este tipo e irá guiando al paciente con la metodología adecuada para conseguir superarlos y lograr la deshabituación tabáquica.

   En la Comunidad de Madrid se ha producido un descenso mantenido del consumo del tabaco en los últimos años, pero los datos de la exposición pasiva al humo durante 2011, reflejan como el 24,3 por ciento de la población convive en el hogar con fumadores.

   La Consejería de Sanidad consciente de esta realidad realiza una serie de actuaciones, a través de los centros sanitarios, tanto en Atención Primaria como en Hospitales dirigidas a que los más jóvenes no se inicien en el consumo y a ayudar a los fumadores, que así lo decidan, a dejar de fumar, tales como Teatro para la Salud, concursos de dibujo con lemas que advierten del peligro del tabaco o participación en actividades deportivas, con profesionales sanitarios.

    También, se llevan a cabo distintos talleres formativos dirigidos a los profesionales sanitarios.

El Jefe Superior Policía dice que Internet es "la nueva amenaza" de la seguridad

MADRID.- El Jefe Superior de la Policía de Madrid, Alfonso Fernández Díez, ha afirmado este miércoles que Internet es "la nueva amenaza" para la seguridad de particulares y empresas porque a través de la Red "todo puede ser visto, utilizado y difundido".

   Durante los actos conmemorativos del Día de la Seguridad Privada, Díez ha mencionado que los avances en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación están condicionando el trabajo de las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad y también el de los agentes privados.

   "El mundo de las telecomunicaciones ha modificado nuestras costumbres, hábitos y de alguna forma nuestra manera de vivir. La seguridad pública y la de las empresas se ve ahora amenazada a través de unos canales no tradiciones, sino palpables, y que además logran una difusión de la información inmediata de un modo que no puede ser supervisado o controlado", ha señalado.

   "La vulnerabilidad está en la Red, en los accesos a los infraestructuras vitales, en los edificios oficiales, en la información generada en los marcos de investigaciones y todo ello es susceptible de ser visto, utilizado y difundido", ha proseguido el jefe superior de la Policía de Madrid.

   Por ello, y ante "esta nueva amenaza", ha dicho que los sectores públicos y privados de seguridad "deben adaptarse y dar una respuesta adecuada" ante este fenómeno. Así, ha valorado que los vigilantes privados están dando pasos para adecuar el servicio que requieren sus clientes contra el intrusismo y revelación de secretos, "cada vez más frecuentes, ahondando cuestiones de seguridad de forma ejemplar y siendo una referencia para la seguridad pública".

   Por otra parte, la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, también se ha referido a este tema durante la clausura de este jornada, señalando que la seguridad en el siglo XXI se enfrente a "retos tecnológicos".

   Por otra parte, el jefe superior de la Policía de Madrid ha recordado que el ministro de Interior, Jorge Fernández Díez, señaló que la seguridad es un concepto "poliédrico" que hace necesario defender el ejercicio de los derechos ciudadanos anticipándose y preveniendo los problemas. "Se hace preciso proteger la seguridad jurídica y generar mecanismos para que la población y los grupos más vulnerables se sientan cercanos a quienes deben velar por su seguridad", ha añadido.

   Así, ha explicado que los responsables de la seguridad pública abordan esta responsabilidad desde una perspectiva "cada vez más amplia, más compartida, en la que se deben contar con la participación y compromiso de todas las personas dedicadas a la seguridad". "Ya nadie concibe un dispositivo sin la colaboración de las Policías municipales o los elementos implicados de la seguridad privada", ha señalado.

   Alfonso Fernández Díez ha afirmado que la participación en las líneas estratégicas de la seguridad pública de los empleados de seguridad privada es un tema tan importante que este año por primera vez se ha abordado desde un punto de vista formal.

   "Recientemente se ha abordado por parte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana el Plan Red Azul, que por primera vez se plasma por escrito un plan de colaboración entre los distintos sectores público-privado vinculados a la seguridad. El acuerdo regula el intercambio de información, lo que supone un avance considerable tanto en la metodología de trabajo como al reforzar los lazos en los dos ámbitos y contar con los vigilantes como actores de pleno derecho", ha detallado.

   En este sentido, ha indicado que los responsables de la Unidad Central de Seguridad Privada han plasmado por escrito un modelo de colaboración, que ya venía funcionando desde hacía un tiempo, "regulando esta cooperación a través de programas operativos y de gestión que nos permitirán conocernos mejor y hacer un uso más eficiente de los recursos y de la información".

   Por último, el jefe superior de la Policía ha lanzado un mensaje positivo, a pesar de la crisis y los cambios, y ha subrayado que en el día de hoy celebran que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la vigilancia privada "cada vez se coordina más, cada vez cuenta con más elementos comunes y de esa colaboración cada vez se desprende un comportamiento ejemplar de muchos de los miembros de las empresas de seguridad privada".

El Congreso rechaza el modelo aeroportuario que introduce la gestión privada en Barajas

MADRID.- La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha rechazado este miércoles una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Parlamentario Socialista en la que instaba al Gobierno a introducir "a la mayor brevedad posible" la participación privada en la gestión de los aeropuertos de Barajas y El Prat, así como su entrada en el capital de AENA, con el objetivo de lograr un "modelo competitivo, moderno y eficiente".

   La proposición, propuesta por el PSOE a la que CiU incluyó una enmienda, fue rechazada con 14 votos en contra, 17 a favor y una abstención.

   En su exposición, el PSOE calificó de "error histórico" la decisión de la ministra de Fomento, Ana Pastor, de suspender las licitaciones de los dos principales aeropuertos de la red, y de trabajar en un nuevo modelo para que Barajas y El Prat no compitan entre sí si no con los 'hub' internacionales.

   "La competencia es sana. Real Madrid y F.C. Barcelona son mejores equipos porque la encarnizada competencia entre ellos les obliga a mejorar continuamente su juego", defendió el vocal del Grupo Socialista, Román Ruiz Llamas.

   En la proposición se reclamaba también al Ejecutivo a que en el plazo máximo de tres meses se creen los Consejos Rectores de Barajas y El Prat, aprobados por el anterior Ejecutivo respondiendo al consenso logrado con la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Catalunya, como primera fase para descentralizar la gestión de los aeropuertos de la red.

   En el caso de El Prat, el acuerdo incluía un Consejo Rector compuesto por cinco representantes catalanes, cuatro de Aena y funcionaría por mayoría de dos tercios, con lo cual la presencia de las instituciones catalanas --dos vocales a iniciativa de la Generalitat, un vocal del Ayuntamiento de Barcelona y uno vocal de los municipios del área metropolitana-- garantizaba la participación de las instituciones catalanas en su gestión.

   En este sentido, reclamó un modelo individualizado para la gestión de El Prat, noveno aeropuerto europeo por número de pasajeros y tercera área metropolitana por detrás de París y Londres y se preguntó si el miedo a esta fórmula no responderá a "una antigua y desfasada posición centralista del modelo aeroportuario".

   En cuanto al nuevo modelo aeroportuario, planteaba la necesidad de adaptarse al contexto europeo, incorporando la colaboración público-privada, y a la actual evolución de la demanda, ante la proliferación de compañías aéreas de bajo coste, y una clara separación de funciones entre los prestadores de navegación aérea, con un enfoque empresarial.

   Por su parte, el portavoz de CiU, Pere Macías, tildó de "muy oportuna" la proposición no de ley, máxime cuándo todavía no existe un nuevo modelo aeroportuario definido, por lo que mostró su preocupación.

   "En estos tiempos convulsos en los que puede haber necesidad de hacer caja me preocupar que por no querer descentralizar la gestión de los dos principales aeropuertos manteniendo la titularidad pública, que no vender, ahora vayamos a malvender", afirmó.

   Macías, que se pronunció en estos términos para coincidir con CiU en que la paralización de las licitaciones fue "un profundísimo error", confió en que Pastor recapacite y lo reconozca.

   "Hay que romper con el modelo de aquellos que quieren gestionar un grupo con unos activos que no son suyos", apuntó, para pedir al PP que abandone las cuestiones locales y vuelva a llevar al modelo aeroportuario por "el mar de la racionalidad".

   Desde el Grupo Parlamentario Popular, María Ángeles Esteller, reprochó al PSOE que presente una proposición no de ley para un nuevo modelo aeroportuario que sorprendentemente no aporta un nuevo desarrollo sino que persevera en el modelo anterior que el Gobierno ha tenido que descartar "por no ser el más idóneo en el contexto actual".

   "Insisten en viejas reivindicaciones, las mismas causas que motivaron su paralización por plantear un modelo en el peor momento posible cuando las condiciones de los mercados eran desfavorables y desaconsejables, ante el riesgo de reducir el número de concesiones o incluso el deterioro del precio y de la imagen de AENA con una pérdida de valor para sus activos irrecuperable", lamentó.

   Esteller defendió que la paralización del modelo anterior no implica descartar la participación de las instituciones catalanas ni del tejido productivo en la gestión de El Prat.

   No obstante, incidió en que se requiere de nuevas fórmulas para ser más competitivo pero en un marco de coordinación y recordó que en el Comité Rector planteado tampoco se dotaba de grandes competencias a las CC.AA., salvo de la de supervisar a la concesionaria y en la planificación del plan director.

   "Sí a un nuevo modelo, por tanto, pero cuando llegue el momento oportuno (...), contando con las CC.AA. y según los calendarios previstos. Antes de cualquier privatización parcial que permita la gestión privada, lo que procede es paralelamente contar con la participación de las comunidades autónomas, la sociedad civil y el tejido empresarial", afirmó.

   Por ello, concluyó, el Gobierno está elaborando un real decreto para crear los Comités de Coordinación Aeroportuaria.

Izquierdo acepta revisar los acuerdos sobre su pensión a propuesta de Bancaja

VALENCIA.- El director financiero de Bancaja, Aurelio Izquierdo, ha aceptado "con plena disposición" por su parte la propuesta planteada por el consejo de administración de la entidad de revisar los acuerdos existentes a cerca de sus derechos vinculados a su prejubilación y jubilación.

   En un comunicado, Bancaja se ha referido así a las informaciones aparecidas sobre los derechos de pensión acumulados por importe de 13,9 millones de euros que podría ejercer Izquierdo, cuando deje la entidad.

   Al respecto, la caja ha aclarado que se trata de aportaciones realizadas a una entidad de previsión y que traen su origen en el contrato suscrito con motivo de su nombramiento como director general en septiembre de 2007, y ha remarcado que están "completamente cubiertas y devengadas" desde 2010 y que, por tanto, no suponen "ninguna obligación ni desembolso adicional a la entidad".

   Además, las mismas fuentes han indicado que esos derechos están vinculados a situaciones de prejubilación o jubilación y que, por consiguiente, Izquierdo "no ha ejercido ninguno de esos derechos ni ha cobrado importe alguno".

   No obstante, el consejo de administración de Bancaja ha planteado a Aurelio Izquierdo la revisión de los acuerdos existentes, propuesta que ha sido aceptada "con plena disposición" por su parte.

El PSOE registra una petición de comisión de investigación sobre Bankia

MADRID.- El Grupo Socialista ha registrado este miércoles a última hora de la tarde en el Congreso una petición de creación de una comisión de investigación sobre el proceso de nacionalización y saneamiento del grupo BFA-Bankia, apenas una hora después de asegurar que esperarían hasta el jueves 7 de junio, cuando la subcomisión de seguimiento del FROB decidirá qué comparecencias acepta y si son a puerta abierta o cerrada.

   Según la petición, los socialistas reclaman la celebración durante tres meses de una comisión en la que se analicen, conozcan y evalúen las causas que han originado la situación financiera de BFA-Bankia, particularmente la gestión de cada una de las cajas que integran el grupo con especial atención a Caja Madrid y Bancaja; el proceso de integración y salida a bolsa, y la supervisión llevada a cabo por el Banco de España.

   Además, reclaman "conocer, analizar y evaluar el proceso de nacionalización del grupo, con especial referencia a las discrepancias puestas de manifiesto en su valoración patrimonial y sus resultados contables", así como al plan de saneamiento y a las "necesidades reales de recapitalización y, en su caso, otros planes de futuro".

   También quieren conocer en detalle la "estrategia del Gobierno y del Banco de España para la instrumentalización" de cualquier plan de saneamiento de la entidad, y participar del diseño de las medidas que se adopten para "garantizar la máxima transparencia en la gestión de la entidad, el retorno de las aportaciones públicas y el uso eficiente y socialmente responsable de los recursos públicos".

   En su argumentación, los socialistas señalan que la gestión de la crisis de Bankia por parte del Gobierno del PP ha "generado una fuerte desconfianza entre los accionistas, impositores y en la sociedad en general" que se ha visto "agravada" por la "inexistencia de un plan concreto" del Ejecutivo para afrontar el futuro de la entidad.

   "A pesar de que una crisis de esta magnitud debería haber dado lugar inmediatamente a las comparecencias de los gestores de la entidad y del órgano supervisor ante el Congreso, el grupo mayoritario está postergando injustificada e irresponsablemente las peticiones que en este sentido han formulado los grupos parlamentarios, e incluso la propia petición de comparecencia del gobernador del Banco de España. (Comparecencias) imprescindibles para conocer y evaluar las responsabilidades", acusan los socialistas.

   Con esta petición concluye una semana en la que miembros del PSOE como Carme Chacón o Cristina Narbona habían reclamado a la Dirección del partido optar por esta vía en lugar de esperar a que el PP decidiera qué comparecencias acepta y cuáles no, una postura que el propio portavoz parlamentario de Economía, Valeriano Gómez, había reiterado apenas una hora antes del registro de la petición.

   "Si por cualquier causa no se establece un calendario de comparecencias nítido, público, evaluable y seguible en cada momento pediríamos el procedimiento más extraordinario de la comisión de investigación, dado que la normalidad no se cumpliría", había dicho el responsable económico del PSOE en el Congreso.

   Sin embargo, tras escuchar las declaraciones de su homólogo 'popular', Vicente Martínez-Pujalte, a los medios tras la misma reunión, asegurando que retrasar hasta el día 7 la decisión sobre las comparecencias no suponía garantizar su aprobación, los socialistas se han sentido "engañados" y han optado por cambiar de estrategia.

Bruselas cree que la ley de estabilidad es insuficiente para controlar gasto regional

BRUSELAS.- La Comisión Europea ha dicho este miércoles que la ley de estabilidad presupuestaria presentada por el Gobierno es un "paso positivo" pero insuficiente para controlar el gasto de las comunidades autónomas, a las que atribuye la responsabilidad de los desvíos en materia de déficit público de España en 2011.

   "La ley es un paso positivo, ya que obliga no sólo al parlamento nacional, pero también a los parlamentos regionales, a respetar la estabilidad presupuestaria", explica el Ejecutivo comunitario en su evaluación de las reformas españolas.

   "No obstante, la ley prevé un periodo de transición muy largo, hasta 2020. Es más, las partes preventiva, correctiva y coercitiva del nuevo marco presupuestario incluyen plazos relativamente largos y podrían ser insuficientes para garantizar una corrección a tiempo de desviaciones presupuestarias", resalta el Ejecutivo comunitario.

   Bruselas también critica que la ley no prevé la creación de una oficina presupuestaria "independiente".

El BCE rechaza el plan del Gobierno para sanear Bankia, según 'Financial Times'

LONDRES.- El Banco Central Europeo (BCE) ha rechazado el plan del Gobierno de España para sanear Bankia, según ha informado esta madrugada el diario económico británico 'Financial Times' citando a dos fuentes europeas. 

   El BCE ha apuntado que el plan del Ejecutivo de Mariano Rajoy para inyectar más de 23.000 millones de euros para reforzar la solvencia de la entidad podría infringir la normativa europea relativa a financiación monetaria que prohíbe al BCE financiar a los Gobiernos a través del uso de la deuda pública como aval.

   Ayer martes, los títulos de Bankia han agudizado sus pérdidas tras desplomarse un 16,25 por ciento al cierre de la sesión, justo un día después de que su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA) declarara unas pérdidas de 3.318 millones de euros en 2011.

   En concreto, las acciones de Bankia cedieron hasta los 1,139 euros del precio de intercambio, con lo que el descalabro desde que saltó al parqué se profundizó al 69,6 por ciento.

   Sin embargo, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, afirmó este martes en el Congreso de los Diputados que las grandes caídas registradas por Bankia en Bolsa no justifican la suspensión de su cotización.

   El supervisor suspendió la cotización de Bankia el pasado viernes 25 de mayo, con el fin de aclarar el importe exacto que la entidad solicitaría al Estado para sanearse, de un total de 19.000 millones, lo que eleva las ayudas públicas a 23.000 millones de euros.  

   También en la jornada del martes, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha transmitido a Rajoy su intención de adelantar la fecha de su cese al próximo 10 de junio, un mes antes de que acabe oficialmente su mandato (12 de julio).

   En un comunicado, el Banco de España ha explicado que tras el 11 de junio (fecha de recepción de los planes de reestructuración de las entidades financieras) comenzará una nueva etapa en la que habrá que tomar decisiones "muy importantes", como la aprobación de dichos planes y los trabajos relacionados con las evaluaciones de las consultoras privadas (Oliver Wyman y Roland Berger) sobre el sistema bancario.