MADRID.- Ahorradores y
pensionistas que han visto desaparecer su dinero por invertir en la
entidad nacionalizada Bankia acudirán previsiblemente a los tribunales
para buscar compensaciones en lugar de esperar a la apertura de una
investigación oficial, algo que parece cada vez más improbable.
Unos 350.000 accionistas compartirán la carga del rescate
europeo, muchos de ellos clientes del banco a quienes vendieron las
acciones a través de una enérgica campaña de publicidad de cara a su
salida a bolsa en 2011.
Las acciones de la entidad, rescatada por el Estado en mayo en la
mayor operación de este tipo en España, cayeron a mínimos históricos el
viernes, cediendo más de un 40 por ciento desde el inicio de la semana
después de que conocerse que sus pérdidas por préstamos incobrables eran
peores de lo esperado. La acción ha caído un 85 por ciento desde su
salida a Bolsa.
"Ir a los juzgados y ver si un juez nos da la razón es lo único
que nos queda ya", dijo Mari Carmen Olivares, cuyos padres perdieron los
600.000 euros que habían conseguido vendiendo el taller mecánico de su
padre al invertir en acciones preferentes de Bankia en 2009.
Ni PP ni PSOE quieren impulsar una investigación completa sobre
la caída de Bankia, que podría llamar la atención sobre su propio papel
en una debacle que ha llevado a España al borde de un rescate
internacional, según analistas.
"Las investigaciones suelen funcionar cuando un partido político
tiene algo que ganar contra otro y lo empuja más. En este caso, ninguno
tiene nada que ganar", dijo Juan Carlos Rodríguez, de Analistas Socio
Políticos.
"No veo a los grandes partidos investigando esto, porque si han
cometido errores, los errores los han cometido unos tantos como otros".
El Partido Socialista gobernaba cuando Bankia se formó en 2010 a
partir de una combinación de siete cajas de ahorro regionales, una unión
que concentró una exposición insostenible en el colapsado sector
inmobiliario español.
Una inmensa presión política del Gobierno de entonces forzó a los
ejecutivos de Bankia a seguir adelante con una salida a bolsa en julio
de 2011 mientras España intentaba atraer capital privado a su sistema
bancario y evitar un rescate europeo.
El entonces presidente, Rodrigo Rato, ex jefe del Fondo Monetario
Internacional, tenía fuertes vínculos con el Partido Popular y fue
ministro de Economía en el anterior Ejecutivo del PP.
Fue un pequeño partido como UPyD el que obligó a la Audiencia
Nacional en julio a abrir una investigación sobre si Rato, que dimitió
cuando el banco fue nacionalizado en mayo, y otros 32 ex miembros del
consejo, son culpables de fraude, fijación de precios o falsificación de
cuentas.
El juez instructor del caso, Fernando Andreu, no ha presentado aún cargos contra nadie, y aún podría archivarlo.
Rato compareció ante el juez en calidad de imputado el pasado 20
de diciembre y negó cualquier responsabilidad sobre lo sucedido.
Rato, que legalmente no puede hablar con la prensa porque es
objeto de una investigación judicial, ha mantenido una reducida
presencia pública desde el rescate del banco en mayo. Un grupo de
manifestantes se concentró frente a la Audiencia el día de su
declaración con caretas con su cara.
La investigación se centra en la salida a bolsa de Bankia, la
formación de la entidad a partir de las siete cajas de ahorro y el
déficit de capital descubierto en el banco tras la toma de control por
el Estado en mayo.
Rato y otros 23, incluyendo ejecutivos del banco y ministros del
Gobierno, fueron convocados para hablar ante una comisión parlamentaria
en julio de este año, en la que Rato dijo que tenía la conciencia
tranquila y había hecho las cosas bien.
"Fue una operación de maquillaje por parte del Gobierno para
frenar la polémica que había creado el desastre de Bankia", dijo una
fuente del Partido Socialista.
La oposición socialista pidió una investigación parlamentaria
completa en mayo, pero el PP en el Gobierno la bloqueó, dijo la fuente
del PSOE. Una portavoz del PP dijo que cualquier investigación sobre
Bankia debería realizarse en los tribunales, no en el Gobierno, al igual
que sostuvo una fuente del Gobierno.
Bankia, junto con otros bancos españoles, vendió miles de
millones de euros en acciones preferentes y deuda subordinada a clientes
no especializados, muchos de los cuales aseguran que fueron engañados
con sus ahorros y piden compensaciones.
El juez de instrucción no ha incluido la venta inapropiada de
participaciones preferentes - instrumentos híbridos que se sitúan entre
una acción y un bono - en la investigación.
Los tenedores de acciones preferentes en Bankia sufrirán pérdidas
de hasta el 46 por ciento como parte del plan de rescate europeo,
recibiendo a cambio acciones en lugar de efectivo.
"Dinero no lo vamos a ver por ningún sitio. Si nos dan algo va a
ser acciones, pero acciones sin valor o credibilidad de una entidad
nacionalizada", dijo Olivares, que dijo que no había sabido nada del
banco sobre a cuánto ascenderían sus pérdidas.
Las pérdidas que asumirá cada inversor no se han decidido aún,
dijo un portavoz de Bankia, añadiendo que los tenedores de híbridos en
todos los bancos rescatados tenían que asumir pérdidas, no sólo en
Bankia.
Una fuente cercana a la investigación judicial dijo que desde
luego había margen para una investigación independiente más amplia sobre
la venta inapropiada de acciones preferentes, no sólo en Bankia, sino
en todas las cajas de ahorros españolas.
Olivares, al igual que muchos otros pequeños ahorradores de
bancos rescatados por el Estado, afirma que a sus padres les vendieron
las participaciones preferentes como una especie de cuenta de ahorro de
alto interés y que el personal del banco no explicó los riesgos
asociados.
El Gobierno va a establecer un proceso de arbitraje para
compensar a los clientes de Bankia que puedan demostrar que fueron
engañados cuando compraron acciones preferentes, dijo la semana pasada
el ministro de Economía, Luis de Guindos.
Sin embargo, muchos españoles de a pie que perdieron sus ahorros
de toda una vida con el rescate de Bankia dicen que no es suficiente y
quieren respuestas sobre qué pasó con su dinero.
"Lo que queremos es justicia, por lo menos que reconozcan que
hubo una estafa", dijo Raimundo Guillén, un trabajador del sector
eléctrico de 50 años de edad que colocó 30.000 euros en acciones
preferentes de Bankia pensando que eran una especie de cuenta de
ahorros.
"Es como si te quitan la cartera, pero en vez de con la cara cubierta, con la cara destapada".
