MADRID.- La Plataforma en Defensa de la Justicia
Gratuita, integrada por jueces, fiscales y tres asociaciones de abogados
del Turno de Oficio, ha acordado este jueves llevar a cabo en los
próximos meses una serie de movilizaciones y encierros como protesta a
los recortes del Gobierno regional en esta materia.
Así se ha acordado durante una asamblea celebrada este
mediodía en el salón de actos de los juzgados de Plaza de Castilla, que
estaba a rebosar debido a la asistencia masiva de miembros de esta
plataforma, según ha señalado hoy el portavoz de la
Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno (ALTODO), Isidro
Moreno.
Esta plataforma integrada por la Judicatura madrileña comienza
su andadura tras quedar constituida en la asamblea y bajo el objetivo
de frenar los recortes de Aguirre en la esfera de la Justicia Gratuita.
Este colectivo está integrado por las asociaciones de abogados
del Turno de Oficio ALA, APAEM y ALTODO, los sindicatos CC.OO. y UGT,
así como Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de
Fiscales (UPF).
En el acto, en el que han estado presentes cerca de 400
personas, se han acordado una serie de medidas a emprender en los
próximos meses, si bien aún las fechas están por determinar, según ha
apuntado Moreno.
Además, se ha leído un manifiesto en defensa del derecho de
los ciudadanos a la asistencia jurídica gratuita a través del Turno de
Oficio y en defensa de este servicio público.
La asamblea estaba convocada para planear medidas de presión
contra el Ejecutivo madrileño ante los recortes en un 20 por ciento de
la partida destinada a sufragar este servicio. Además, se produce poco
después del anuncio de Esperanza Aguirre de devolver estas competencias
al Estado.
En el acto, ALTODO ha continuado con la recogida de firmas
para la renuncia de la guardias de detenidos durante los meses de
octubre y noviembre, una iniciativa promovida por esta asociación. Las
renuncias se harán efectivas el próximo 21 de septiembre en la sede del
Colegio de Abogados de Madrid.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo del Colegio de
Abogados, que se ha comprometido a no sancionar a los abogados que
presenten sus renuncias dentro del marco legal.
Con esta medida, se pretende paralizar por completo el
servicio a partir del día 1 de octubre si la Comunidad no atiende a sus
reivindicaciones. Esto supondría que los jueces tendrán que dejar en
libertad a los detenidos que no puedan costearse un abogado.
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