MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha
concretado que desde el 17 de julio se han contabilizado en
la capital un total de 983 manifestaciones y concentraciones, entre
autorizadas y no autorizadas, lo que le ha llevado a pedir "prudencia"
para evitar un "daño internacional" y de cara a la inversión extranjera.
Después de asegurar que el Gobierno municipal es respetuoso
con el derecho constitucional a manifestarse, la primera edil ha
asegurado que se ha producido un incremento importante en el número de
manifestaciones. Así, desde el 17 de julio y hasta ahora se han
convocado 983 manifestaciones, con una media diaria de diez en la
ciudad.
"Hay que tener mesura en todo y pedir a los que se manifiestan
y a los que no un poco de prudencia", ha subrayado la alcaldesa en la
rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
También le ha enviado un mensaje velado a la delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. "Tenemos que pensar que hay
muchas manifestaciones que son autorizadas, otras que no, hay que tener
prudencia con las que se autorizan", ha declarado después de mostrar su
total apoyo a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Sobre lo ocurrido el martes con la protesta de 'Rodea el
Congreso', la regidora ha repetido que "muy pocos hacen un daño a un
número muy grande". Les ha pedido que piensen en lo que está en juego
dado el "impacto negativo" que tiene en los turistas, en la vida diaria
de los ciudadanos y "de cara a la inversión exterior". Por otro lado, la
regidora ha afirmado tajantemente que no es partidaria de la creación
de un 'manifestódromo'.
Preguntada sobre si el Ayuntamiento se plantea pedir alguna
compensación al Estado o a la Comunidad por el elevado número de
manifestaciones y los gastos que generan para las arcas municipales en
conceptos de seguridad o limpieza, Botella ha recordado que se está
elaborando un borrador para presentar al Gobierno de la Nación con una
posible modificación de la Ley de Haciendas Locales.
Con ella los ayuntamientos podrían cobrar una tasa por el uso
del espacio público para fines lucrativos, es decir, para actividades de
patrocinio. La tasa nunca sería aplicable a derechos constitucionales
como el de manifestación.
Botella, a su vez, ha señalado que negar la existencia de un
malestar social sería "absurdo" para añadir, a renglón seguido, que "el
número de personas que se manifiestan es muy pequeño en relación con el
total de la población".
Por último, el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva,
ha insistido que lo que pide el Gobierno municipal es "prudencia,
mesura y sentido común" además de plantear a los manifestantes que
"deben expulsar al que tiene una actitud violenta".
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