MADRID.- El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid
ha imputado a una ginecóloga que trabajaba en 1980 en el Hospital de la
Paz por su implicación en la desaparición de un bebé el 3 de julio de
ese año en la maternidad de este centro hospitalario.
Así consta en un auto dictada por el juez Adolfo Carretero en el que archiva las diligencias contra la monja María Gómez Valbuena, conocida como Sor María, por el caso de Maria Luisa Torres, la madre que se reencontró con su hija supuestamente robada treinta años después.
En dicha resolución el magistrado informa acerca de que el
procedimiento sigue adelante, ya que en este juzgado está acumulada otra
denuncia presentada por María del Mar S.G. por un caso de 1980 y en el
que estaría imputada la ginecóloga Paloma María P.S.
Según el auto, una mujer denunció ante la Fiscalía la desaparición
de su hermano nacido el 3 de julio de 1980 en el hospital madrileño de
La Paz. Además, recoge que una mujer llamada María del Carmen ha
aportado en la causa pruebas biológicas justificando ser la hija de la
madre de María del Mar, llamada Petra, habiéndose acreditado que ésta no
nació el 3 de julio de 1981 en el hospital Santa Cristina.
Al respecto, el juez precisa que la ginecologa imputada estuvo
presente en el parto de Petra, en el que presuntamente su hijo nació
muerto. Sin embargo, se desconoce el paradero del bebé al no constar la
ubicación de dónde se enterró el feto.
Con 88 años, la monja Sor María murió el pasado 22 de
febrero sin dar respuesta a las preguntas sobre el entramado en el que
se vio implicada en los últimos años de su vida.
La monja salió a la luz por el caso de Maria Luisa Torres,
una de las madres afectadas que encontró a su hija treinta años después
gracias a un programa de televisión. La mujer denunció ante la Fiscalía
de Madrid el robo de su niña en marzo de 1982 en la clínica Santa
Cristina de Madrid. Además, contó que nunca buscó a la niña por miedo a
la religiosa.
Por esta causa, la religiosa acudió a los Juzgados el pasado 12 de abril para declarar ante el juez Adolfo Carretero
como imputada por un delito de detención ilegal y falsedad en documento
público bajo una gran expectación. Sin embargo, se acogió a su derecho a
no declarar
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