MADRID.- La reforma de la administración local que
impulsa el Gobierno central establece que el número de asesores de los
ayuntamientos con una población superior a los 500.000 habitantes
(Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Valencia) no podrá
superar el equivalente al 0,7 por ciento de la plantilla municipal.
Al respecto, recordar que en el caso de Madrid con la última
reducción del personal eventual (del 20 por ciento) de las áreas de
Gobierno acometida por la Junta de Gobierno el 17 de enero, el personal
de confianza suponía ya el 0,7 por ciento del total de 29.153 empleados
que componen la plantilla municipal.
En aquella reforma, las plazas de personal de confianza alcanzaban
los 85 puestos en áreas de Gobierno, se mantenían los 84 plazas de
personal eventual de los grupos municipales, los 41 que lo hacen en los
21 distritos, y los tres que trabajan en el Pleno municipal, según
recoge un comunicado del Ayuntamiento tras el acuerdo alcanzado en la
Junta de Gobierno.
Precisamente este viernes el Consejo de Ministros ha analizado
este viernes un segundo informe de Hacienda y Administraciones Públicas
sobre la reforma de la administración local, con la que calcula que se
ahorrarán 7.129 millones de euros al reducir el sector municipal,
limitar el número de concejales con sueldo y reforzar las diputaciones
como centrales de servicios locales.
El ministro Cristóbal Montoro ha presentado al Consejo de
Ministros este documento, que también ha sido remitido al Consejo de
Estado para que haga aportaciones. El ministro ha subrayado la
importancia del proyecto y la necesidad de profundizar en las
negociaciones en las Cortes, porque el proyecto afecta a la
"arquitectura institucional del Estado".
Uno de los objetivos de la reforma es clarificar competencias
municipales, pero también reforzar el control financiero y
presupuestario sobre los municipios y racionalizar la estructura local,
de la que desaparecerán todas aquellas entidades que no cumplan unos
mínimos de eficiencia.
Montoro ha aclarado que no desaparecerán ayuntamientos, pero que
dejarán de prestar sus competencias cuando no sean eficientes. Ha
asegurado que el Gobierno alentará la concentración de servicios en las
diputaciones, porque cree que puede generar ahorros, así como la fusión
de localidades.
Montoro ha explicado que el Gobierno finalmente no reducirá el
número de concejales, sino el de aquellos con retribución, una opción
que "ahorra mucho más". El objetivo, ha dicho, es impulsar la
participación en política "y si esa participación es voluntaria, mejor".
Así, de los 68.285 concejales, 12.188 (el 18 por ciento) podrá
tener dedicación exclusiva y cobrar. En Madrid podrán cobrar 45 (son 57)
y en Barcelona, 32 (son 41). De 700.000 a un millón, serán 25 los
concejales con retribución, y de ahí hacia abajo. Por ejemplo, de 50.000
a 100.000 vecinos, cobrarán 15 ediles; y de 10.000 a 15.000 habitantes,
lo harán 5.
También se limitarán los sueldos de los presidentes de diputación,
que podrán cobrar como máximo, incluidos todos los conceptos
retributivos y la asistencia, lo que el alcalde de la corporación más
poblada de su provincia.
Montoro ha querido subrayar otra de las medidas previstas. Se
reducirá el número de contratados eventuales que puede tener un
municipio, el personal que entra y sale de los ayuntamientos
generalmente con el cambio de gobierno local.
Ahora, se reduce a 6.489 el número total de asesores. En los
ayuntamientos mayores de 500.000 habitantes, no podrán superar el
equivalente al 0,7 por ciento de la plantilla municipal; en los de
75.000 a 500.000, no podrán haber más asesores que concejales; en los de
50.000 a 75.000, no más que la mitad de los concejales y por debajo de
estas poblaciones, sólo se podrá contratar a 7, dos o un asesor (pueblos
de 5.000 a 10.000 vecinos).
En las diputaciones, consejos y cabildos insulares el personal
eventual no podrá superar la mitad del número de diputados o miembros
electos. En el resto de entidades locales, o de sus organismos
dependientes, no habrá personal eventual.
Además, los Presupuestos Generales del Estado limitarán también
las retribuciones del personal público de la Administración Local y los
sueldos de los directivos de empresas públicas locales. La intención es
evitar las enormes diferencias actuales, ha dicho Montoro.
La reforma define con precisión la lista de competencias que deben
ser desarrolladas por la administración local; tendrán unas
competencias obligatorias y unos servicios mínimos que prestar no podrán
ofrecer otros añadidos hasta que aquellos no estén garantizadas.
Se busca así que desaparezcan las llamadas competencias impropias,
aquellas que han venido ejerciendo los ayuntamientos pese a ser de
titularidad autonómica. La pretensión del Gobierno es que si una
comunidad quiere que los ayuntamientos presenten un servicio que le
compete, deberá garantizar su financiación, a riesgo de que Hacienda les
reste la cantidad impagada de su participación en los ingresos del
Estado. Para no llegar a este extremo, se permite por primera vez, la
compensación de deudas pendientes entre administraciones.
En el informe se fija que las competencias de Educación y Sanidad
serán exclusivas de las comunidades, aunque se les da un periodo
transitorio de cinco años para el cambio progresivo de titularidad de
las competencias. En el caso de los servicios sociales, el periodo
transitorio será de un año.
Otro de los objetivos del Gobierno es establecer además un coste
estándar de los servicios municipales y comparar todos los que prestan
los municipios. Los resultados obligarán a que se dejen de prestar
servicios ineficientes o a que estos sean ejercidos por las diputaciones
si se trata de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes. En el caso
de los municipios mayores, podrán ceder esa competencia voluntariamente o
delegarla a la CCAA.
Las mancomunidades y las entidades locales menores se someterán al
mismo proceso de evaluación. Si no lo superan, serán disueltas. Los
servicios de las mancomunidades pasarán a depender de las Diputaciones,
mientras que los de las entidades locales menores dependerán de los
municipios.
Asimismo, se revisa en profundidad el sector público local y sus
organismos dependientes para reducir su número. Los Ayuntamientos no
podrán crear ningún organismo nuevo mientras tengan vigente un plan de
ajuste y deberán sanear las empresas dependientes o liquidarlas.
En el plazo de tres meses, entidades menores y mancomunidades
deberán presentar sus cuentas ante los organismos correspondientes del
Estado y la Comunidad Autónoma respectiva para no incurrir en causa de
disolución. Igualmente, se someterán a la evaluación de sus servicios.
Otro importante aspecto de esta reforma es el que refuerza la
función interventora en las entidades locales y se habilita al Gobierno
para establecer las normas sobre los procedimientos de control. Montoro
ha explicado que se busca un control "más riguroso" del que se ha tenido
en los últimos años.
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