MADRID.- El fiscal jefe de Madrid, Eduardo Esteban, ha
archivado las diligencias que abrió en marzo pasado para investigar el
hallazgo de los restos de uno de los trenes de cercanías que fueron
objeto de los atentados que tuvieron lugar el 11 de marzo de 2004 en
Madrid, al no advertir la existencia de ningún delito, informó el
Ministerio Público.
Tras efectuar una consulta al fiscal general del Estado,
Eduardo Torres-Dulce, Esteban firmó el pasado 4 de junio un decreto en
el que decretaba el archivo de las diligencias de investigación 73/2012,
que abrió para esclarecer si su hallazgo en un almacen del distrito de
Villaverde podría constituir un delito de obstrucción a la Justicia.
El representante del Ministerio Público sostiene que no existe
"indicio alguno de delito en la actuación de los propietarios de los
restos", en referencia a la compañía Renfe, ni de "ninguno de los
responsables de las empresas que participaron en su reparación".
"No se ha apreciado ninguna actuación de ocultación o
manipulación de los referidos restos que pudiera hacer pensar en una
desaparición de objetos de pruebas", señala el Ministerio Público antes
de añadir que, "al contrario, se ha constatado la adopción de medidas
para la conservación de dichos restos ante la eventualidad de posibles
análisis posteriores".
El decreto fiscal también señala que el traslado del tren al
almacén y su posterior reparación se llevó a cabo "con pleno
conocimiento" de los órganos judiciales de la instrucción de la causa y
del enjuiciamiento, que "fueron informados en su momento".
Torres-Dulce anunció que había pedido la apertura de
diligencias en un desayuno informativo celebrado el pasado 2 de marzo y
solicitó posteriormente al fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier
Zaragoza, que realizara un informe en el que se adjuntara la
documentación referida a la conservación o desguace de los restos
ferroviarios.
Según explicó Torres-Dulce, el objetivo de estas diligencias,
que se abrieron a partir de las "informaciones periodísticas" que habían
sido publicadas sobre este asunto, era el de "investigar la existencia y
custodia" de los restos e indagar "si existe alguna investigación en
relación con los mismos".
"Si se estuviera investigando en un proceso, archivaríamos las
diligencias de investigación y actuaríamos diligentemente en la causa
en la que estuviera investigando esa actividad. De no ser así,
agotaríamos las diligencias de investigación con el objetivo que estamos
precisando y a continuación solicitaríamos la inmediata
judicialización", explicó Torres-Dulce, que recalcó que tomó esta
decisión sin pedir ningún informe policial.
Diez días después el fiscal general del Estado señaló que ni
la Fiscalía "ni nadie" pretendían "reabrir el sumario del 11-M", ya que,
según afirmó, "la verdad jurídica está contenida en la sentencia de la
Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo". Tras la apertura de las
diligencias, la Fiscalía ordenó a la Guardia Civil que precintara el
almacén en el que fueron encontrados los restos.
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