MADRID.- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) ha condenado a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la
Comunidad de Madrid (ICM) a abonar a su personal asalariado los días
devengados de la paga extraordinaria de Navidad, o cantidades
equivalentes, entre el comienzo del año y la entrada en vigor --en
julio-- del Real Decreto por el que se suprimieron estas pagas.
En la sentencia fechada el pasado 11 de enero, la Sala de lo Social del Tribunal madrileño estima
parcialmente la demanda interpuesta por la Federación de Servicios a la
Ciudadanía (FSC) de CC.OO. contra la supresión de la paga extraordinaria
o cantidades equivalentes en las retribuciones anuales del personal del
ICM.
Esta demanda se interpuso contra la Agencia el pasado 24
de octubre de 2012 por parte de CC.OO. y siendo parte interesada la
Federación de Servicios Públicos de Madrid de UGT y los sindicatos
CSIT-UP, CSIF, USO y S.I.T.I.
En concreto, el tribunal
madrileño condena a la Agencia madrileña al abono a los trabajadores
afectados por este conflicto colectivo de la suma del importe de los 14
días del mes de julio ya devengados a la entrada en vigor del Real
Decreto, que tuvo lugar el pasado 15 de julio del año 2012.
Mencionando doctrina del Tribunal Supremo, destaca que las pagas
extraordinarias constituyen una manifestación del salario diferido, "se
devengan día a día, aunque su vencimiento tiene lugar en determinados
meses del año, y su importe debe equipararse al salario regularmente
percibido por el trabajador, no constituyendo meras expectativas".
Por lo que entiende que los trabajadores demandantes "tienen derecho a
su percepción, no pudiendo tener la norma efecto retroactivo", y procede
a estimar parcialmente la demanda presentada por la organización
sindical.
Por otro lado, el TSJM desestima la pretensión
general en relación con la totalidad de la paga suprimida. Entiende que
el Real Decreto citado recoge la supresión de la paga extra de diciembre
y de la paga adicional de complemento específico, constando en el mismo
la excepción de la negociación colectiva y que su aplicación "se impone
por jerarquía normativa", sin que sea "contrario a derecho".
En un comunicado, la FSC-CC.OO. asegura que el contenido del fallo debe
hacerse extensivo a la totalidad del personal público asalariado y se
debe trasladar a los cerca de tres millones de personas que desarrollan
su actividad laboral en el sector público del Estado y las
administraciones autonómicas y locales. Por ello, el sindicato reclama
al Gobierno el reconocimiento legal de este derecho para evitar la
proliferación de demandas colectivas que están impulsando las
organizaciones sindicales y las personas afectadas a título individual.
CC.OO. indica que hasta que se produzca el reconocimiento general de
este derecho, deberán mantenerse activas las reclamaciones y demandas
interpuestas, evitando que las pretensiones de las mismas adquieran la
condición de "acto consentido y firme".
Por su parte, la
Plataforma Sindical de Empleados Públicos ha asegurado que "se inicia un
nuevo periodo" tras esta sentencia. En rueda de prensa tras la última
reunión de la Plataforma, el representante de CC.OO., Francisco Cabezos,
ha recalcado que se trata de una sentencia que "abre las puertas a la
aplicación de esta decisión en todas las administraciones públicas", lo
que supondría, según cálculos del sindicato, un desembolso de unos 33 de
millones de euros para el Estado.
"Con esta sentencia se acaba
el absolutismo del Gobierno", ha apostillado, antes de instar al
Ejecutivo a que "deje de meter en las costillas de los trabajadores
públicos sus arreglos económicos".
En la misma línea, el
representante de CSI-F en la Plataforma, Eliseo Moreno, ha indicado que
los sindicatos se encuentran "moderadamente optimistas" ante esta
sentencia, por cuanto "abre vías" para que los empleados de lo público
puedan ver restituida, sino toda, al menos una parte de su paga de
Navidad.
Para la Plataforma de los Empleados Públicos esta decisión judicial es
el punto de inflexión que marca además un cambio de fase en sus
reclamaciones y protestas.
Así, tras una primera etapa en la
que se han presentado recursos contra la supresión de la paga extra de
los funcionarios adscritos a la Administración Central (ministerios y
Agencia Estatal de la Agencia Tributaria), los sindicatos se embarcarán
ahora en una segunda fase que afectará a su personal laboral.
Según han concretado los portavoces de la Plataforma, se presentarán
ahora nueve conflictos colectivos que afectarán a la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, Correos, Renfe, Agencia Tributaria, AENA, Patrimonio
del Estado, Museo del Prado, Boletín Oficial del Estado (BOE) y Aguas de
las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).
Además, la plataforma
estudia ya una tercera fase en la que se podrían presentar recursos en
todas las comunidades autónomas y en la administración local, así como a
través de "otras vías judiciales".
Sobre este punto, los
representantes sindicales han explicado que consistiría en el recurso,
por parte de los sindicatos, del acto administrativo por el que no se
paga la extra a los funcionarios públicos, en tanto que para éstos es
costoso recurrir sus nóminas a título personal tras la reforma de la Ley
de tasas.
La
Plataforma es consciente de que los procesos judiciales son largos, por
lo que, en paralelo, tratarán de mantener vivo el espíritu de la
protesta con nuevas movilizaciones en poco más de un mes.
El
secretario de Acción Sindical de USO, Leonardo Barreda, ha avanzado que
los sindicatos de la función pública están estudiando desarrollar una
serie de acciones de protesta a nivel provincial "a primeros de marzo",
en las que pretenden involucrar a los funcionarios de todas las
administraciones públicas.
Así, las concentraciones de los
empleados públicos podrían coincidir con la jornada de acción sindical
que las centrales sindicales preparan para ese mismo mes en coordinación
con otros países europeos, para protestar contra la política económica
del Gobierno, como ocurrió el pasado 14 de noviembre.
Por
último, Barreda ha aprovechado la ocasión para denunciar que el personal
de las Cortes sí ha cobrado la paga extra de Navidad, lo que demuestra,
a su juicio, la "total incompetencia" del Gobierno para hacer cumplir
las normas de igual forma en todas las administraciones públicas. "Es
una auténtica vergüenza", ha asegurado.
