MADRID.- La esperada aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso, ha sido la medida más destacada en la materia en un año en el que si bien la inmigración se ha mantenido en progresivo descenso, la población extranjera con permiso de residencia en España ha superado por primera vez los cinco millones de personas.
La barrera se cruzó en el primer trimestre del año, y el último dato facilitado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, actualizado a 31 de septiembre, fija en 5,2 millones de personas el número de extranjeros que viven en España con un permiso de residencia tras un incremento interanual del 9,2%, en general, y del 11,7% entre los procedentes de países no miembros de la UE.
Con todo, según la estimación de la evolución demográfica actual del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde enero están saliendo del país más personas de las que entran. Así, hasta septiembre, la comparación entre ambos recuentos (saldo migratorio neto) revela 55.625 bajas, cuando 2009 y 2010 se habían cerrado con saldos positivos.
En materia de inmigración irregular, el balance es desigual, pues si bien la cifra de llegadas en pateras y cayucos sigue muy por debajo de la registrada en años anteriores, durante 2011 las costas andaluzas han presenciado un incremento del 55 por ciento respecto de 2010, con 3.100 personas. Además, en otoño comenzaron a registrarse intentos de entrar a nado en Ceuta y Melilla, con más de un centenar de personas interceptadas, según datos recopilados.
En las Islas Canarias, las llegadas han aumentado un 60 por ciento hasta al menos 294 personas a bordo de 19 embarcaciones clandestinas. No obstante, Tenerife no recibe pateras desde septiembre de 2009, cuando además, el número de inmigrantes llegados al archipiélago fue superior a 2.400 personas.
El año 2011 ha sido el de la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso para poner en blanco sobre negro, entre otras medidas, que las extranjeras víctimas de violencia de género con sentencia favorable no podrían ser expulsadas del país y que quienes denunciaran estos delitos estando sin papeles no tendrían que afrontar una orden de expulsión.
Además, creó la figura del arraigo familiar, por la que los padres extranjeros de niños españoles pueden regularizar su situación; restringió la reagrupación familiar de los ascendentes y dio a las comunidades autónomas la responsabilidad de realizar informes sobre el esfuerzo de integración, la adecuación de la vivienda o la integración social de los inmigrantes para trámites como renovaciones de permisos o residencia por arraigo.
No obstante, el año termina sin que se aprueben los reglamentos de la nueva Ley de Asilo y de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que acumulan en torno a dos años de retraso. Sobre el primero, ACNUR ya ha advertido de que tiene una importancia "vital" para garantizar derechos humanos. Sobre el segundo, distintas ONG han venido denunciando irregularidades, deficiencias e incluso malos tratos y vejaciones dentro de los CIE, reclamando una norma que los impida.
También en materia de medidas, este año se ha aprobado el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, al que el nuevo Gobierno deberá dar continuidad, ya que su vigencia prevista llega a 2014. En paralelo, se ha sancionado la Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo y se han puesto en marcha protocolos para el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados y las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.
Al igual que en otros departamentos, la crisis ha dejado recortes en las áreas de inmigración, especialmente en el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo, que tras haber contado con 200 millones de euros de presupuesto, en 2011 se ha quedado reducido a 66,6, un mínimo histórico.
Con las elecciones generales y el cambio de gobierno, el área de inmigración ha perdido además, peso político. Si bien antes encabezaba el nombre del Ministerio de Trabajo y contaba con su propia Secretaría de Estado, en el gabinete de la nueva titular de esta cartera, Fátima Bláñez, los asuntos de extranjería han quedado relegados a un nivel administrativo inferior.
No obstante, hay reformas en perspectiva que podrían devolver a la palestra los asuntos que atañen directamente al 12 por ciento de la población de España, ya que tanto en campaña como a posteriori, el Partido Popular ha difundido su intención de modificar la normativa para, entre otras medidas, eliminar la figura del arraigo y crear un visado de búsqueda de empleo que garantice el retorno a su país de quienes no encuentren trabajo.
