UPyD le cruje al Gobierno de Rajoy por subir impuestos en vez de ahorrar en el gasto

MADRID.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) considera que el Gobierno de Mariano Rajoy "empieza mal" al cargar sus medidas de reducción del déficit sobre las rentas del trabajo vía IRPF y, en cambio, no ahorrar evitando duplicidades en la Administración o suprimiendo entes superfluos como las diputaciones provinciales.  

   El responsable económico de UPyD, Alvaro Anchuelo, critica las medidas del Consejo de Ministros porque "cuando uno navega en un barco con el casco agujereado, tirar a parte del pasaje por la borda no es una solución a largo plazo", sino que es necesario reformar un "Estado autonómico mal diseñado", algo que, según denuncia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy "ni se plantea".

   Anchuelo lamenta que, aunque el núcleo de la desviación se debe al "gasto desbocado" de las comunidades autónomas, éstas "no se ven apenas involucradas" en la solución y lo que se hace es subir los impuestos para "seguir financiando esos excesos", así como recortar partidas de gasto socialmente "muy sensibles", con medidas "toscas" y de "brochazo gordo"

   "Los de siempre, los objetivos fáciles, siguen estando en el centro de la diana", incide Anchuelo, que considera que se debería actuar con una filosofía de "presupuesto base cero" que concentre los recortes "más drásticos" en las instituciones autonómicas superfluas, o los sueldos excesivos para funciones profesionales similares.

   En similares términos se pronunció el 'número dos' de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, quien recuerda que su partido ya había avisado de que "era imposible seguir gastando como proponía el PSOE y bajar los impuestos como decía el PP".

   En su opinión, el Gobierno de Rajoy hace "gran continuismo" con las medidas fiscales del PSOE apuntando a los "objetivos fáciles" pues y dos tercios del incremento de recaudación que esperan con estas medidas provendrán precisamente de las rentas del trabajo mientras "las grandes fortunas siguen protegidas por sus falsas fórmulas societarias".

    A través de Twitter, Martínez Gorriarán ha aconsejado al Gobierno empezar por "acabar con las duplicidades y el gasto superfluo suprimiendo administraciones como las diputaciones provinciales. También abogan por una reforma fiscal que equipare las rentas del trabajo con las del capital.

   Su impresión es que el PP va a "dosificar las malas noticias para salvar el tinglado" y que en marzo, cuando presenten los Presupuestos Generales, "vendrá una segunda oleada de recortes".

Rato ganó 2,34 millones de euros como presidente de BFA y Bankia en 2011

MADRID.- El presidente de Banco Financiero y de Ahorros (BFA) y de Bankia, Rodrigo Rato, ganó 2,34 millones de euros en el ejercicio 2011, según los datos difundidos por la entidad. El salario anual del consejero delegado de Bankia, Francisco Verdú, se eleva a 2,26 millones de euros, de los que percibió 1,57 millones, ya que se incorporó en mayo.

   Concretamente, Rodrigo Rato cobró 2,05 millones por su labor en Bankia, otros 254.000 euros por su trabajo en la matriz de la cotizada y otros 40.000 euros de Caja Madrid.

   De este modo, la retribución de Rato se sitúa en la banda baja de las correspondientes a los presidentes de las cinco mayores entidades financieras españolas con los datos a cierre de 2010. Sólo figuraría por debajo el presidente del Popular, Angel Ron, con 1,234 millones.

   De los demás, la retribución más elevada corresponde al presidente del BBVA, Francisco González (5,3 millones), seguido del de Santander, Emilio Botín (4,9 millones) y del de la Caixa, Isidro Fainé (2,6 millones).

   Por otro lado, Rato cuenta con un sistema de ahorro a largo plazo de 489.000 euros a través de Bankia, y de 33.000 euros de BFA. Por su parte, Verdú goza de derechos de pensión por 533.000 euros y un préstamo de 211.450 euros al 2,61% de interés.

   El presidente y vicepresidente de Bankia no perciben retribución alguna por su pertenencia a los consejos de administración de participadas a los que pertenecen por cuenta o en representación del grupo.

   BFA ha recibido financiación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por importe de 4.465 millones de euros para llevar a cabo el proyecto de integración de las siete cajas de ahorros lideradas por Caja Madrid y Bancaja.

   Las cajas de ahorros que han recibido ayudas públicas tienen hasta mañana 31 de diciembre para decidir si publican los sueldos de su cúpula de manera individualizada o se acogen a la ley de protección de datos para no difundir la información.

   El Banco de España ha establecido por circular que cada uno de los miembros del consejo y del comité de dirección de las entidades con dinero público deberá especificar la remuneración fija y variable, las cláusulas de blindaje, pensiones, créditos o retribución en acciones, entre otros emolumentos.

   No obstante, los afectados por dicha medida deberán aceptar la publicación de dichos datos de carácter personal o especificar, por el contrario, que no lo hacen.

   Además de Bankia, harán lo propio Banca Cívica, Banco Mare Nostrum y Caja España Duero, que recibieron ayudas públicas dentro de la reestructuración del sector financiero, y las cajas nacionalizadas Novagalicia Banco, Catalunyacaixa y Unnim, ésta última actualmente en proceso de adjudicación.

   El Grupo BFA-Bankia ha enviado una carta a sus 20.000 empleados en las que subraya que respondió a la oferta del Banco de España de solicitar financiación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el fin de impulsar la reestructuración del sector financiero español.

   Además recuerda que los fondos FROB para facilitar la reestructuración se traducen en préstamos con un coste de más del 7,75% anual y no representan participación del Estado, ni ayudas a fondo perdido, ni costes para los contribuyentes.

El Gobierno avisa que el paquete de medidas es "el inicio del inicio"

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha avisado este viernes de que el paquete de medidas aprobado este viernes por el Consejo de Ministros es "el inicio del inicio" y ha insistido en que el Ejecutivo se ha visto "obligado" a tomarlas ante una situación "extraordinaria y no prevista".

   Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha encontrado con una cifra de déficit público "mucho más elevada" de la que había "comunicado y comprometido" el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que se ha estimado en el 8%, una desviación presupuestaria "elevada" que ha obligado a tomar "decisiones extraordinarias".

   La 'número dos' del Gobierno ha explicado que el Ejecutivo tiene el "compromiso" de "decir la verdad" y, por eso, ha asegurado que quieren afrontar "con realismo la situación económica", lo que les ha conducido a tener que "adoptar medidas extraordinarias y no previstas".

   Entre este primer paquete de medidas se encuentra el acuerdo de no disponibilidad de gasto que se ha fijado en 8.900 millones de euros que afectará a los distintos ministerios, principalmente a Fomento, Industria, Economía y Asuntos Exteriores.

   Además, se ha decidido la congelación de los sueldos de los funcionarios públicos y el aumento de su jornada laboral, hasta las 37,5 horas. También se ha establecido una tasa de reposición cero para la Administración pública, a excepción de los empleados públicos del sector de la Educación, Salud, Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

   A esto se añade que no se ha prorrogado la renta básica de emancipación, la congelación del salario mínimo interprofesional, el retraso de la introducción de nuevas categorías de beneficiarios de la ley de dependencia y la prórroga un año más de la ampliación del permiso de paternidad.

   Una vez anunciadas estas medidas, Sáenz de Santamaría ha vuelto a insistir en que la situación es "extraordinaria" por el desfase "no previsto" del déficit y ha remachado que esto ha "obligado" al Gobierno a "adoptar otras medidas que no tenía previsto adoptar y que no hubiera adoptado si se hubieran cumplido los compromisos del déficit".

   En este punto, ha anunciado que el Gobierno "se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos", que ha fijado para los próximos dos años. En concreto, se ha establecido un "gravamen complementario" en el Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), se ha eliminado la bonificación del gasóleo profesional y se aumentará el Impuesto de Bienes Inmuebles.

   "Son medidas extraordinarias, temporales, excepcionales e imprevistas", ha remachado Sáenz de Santamaría, quien también ha hecho hincapié en que la subida de impuestos se ha querido hacer según principios de "justicia y equidad" y, por eso, un "esfuerzo" a los ciudadanos "que más ganan o que más tienen".

   Los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Economía, Luis de Guindos, han explicado después que el aumento del IRPF se va hacer de manera progresiva, de modo que "la proporción de aportación por parte de los que mayor renta tienen es muy grande".

   El Partido Popular se había comprometido a modificar el IRPF en su programa electoral, pero el cambio previsto estaba destinado a "favorecer el ahorro" y crear una "nueva deducción" que redundase en este objetivo. En ningún momento habló de incrementar las cuotas de este ni de ningún otro impuesto.

   Una vez ganadas las elecciones, el presidente del Gobierno no se quiso pronunciar sobre esta cuestión cuando se le ha interrogó al respecto, con o sin micrófonos. Ha eludido la cuestión alegando que no podría anunciar sus medidas hasta conocer el "estado real" de las cuentas del Estado.

   Durante el debate de investidura en el Congreso de los Diputados, y al ser preguntado al respecto por el presidente del Grupo Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, Rajoy aseguró que su intención era "no subir los impuestos" porque no le parecía "lo más razonable".

   En la rueda de prensa, Sáenz de Santamaría ha reconocido que el PP "no es partidario de subir impuestos", pero ha insistido en que la situación es "extraordinaria y no prevista" y ha "llevado a adoptar medidas extraordinarias, no deseadas" y "obligadas por el agujero del desfase en el déficit público".

   Este desfase, ha dicho, ha hecho "necesario adoptar otro tipo de medidas que en circunstancias normales, si se hubieran cumplido el compromiso del déficit público, si se hubiera limitado a 16.500 millones de euros, no se hubieran adoptado". "Estamos hablando de otras magnitudes y magnitudes de esta naturaleza obligan. Las circunstancias obligan y son duras, difíciles", ha recalcado".

   A pesar de que la ministra de la Presidencia ha asegurado que el anterior Gobierno no les avisó de cuál iba a ser el dato de déficit de 2011, Sáenz de Santamaría no ha incidido en las críticas al PSOE y ha asegurado que al Ejecutivo de Rajoy lo que le "importa" ahora es "tomar decisiones que se han empezado a tomar y se seguirán tomando".

   Dicho esto, la vicepresidenta ha insistido en que aunque la situación es "difícil", el Gobierno está "dispuesto a tomar decisiones" y a "afrontar" la situación "como viene" y a "dar la cara ante los ciudadanos".    

   Además, ha asegurado que, en esta tarea, va a "decir la verdad" y a "procurar ser justo a la hora de exigir esfuerzo y sacrificios". "Es un momento difícil, pero con medidas y reformas, estamos seguros de que España puede salir de la crisis y se puede volver a generar empleo", ha remachado.

La Cámara de Comercio de EEUU en Madrid urge a Rajoy a evitar la fuga de inversores

MADRID.- El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Madrid (AmChamSpain), Jaime Malet, ha remitido una carta al nuevo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que alerta sobre el riesgo de salida de inversión extranjera de España y le solicita que adopte medidas urgentes para evitarlo, actuando sobre la morosidad de las administraciones públicas, la mejora de la seguridad jurídica y de la imagen de España en el exterior y sobre la protección a la propiedad intelectual e industrial. 

   En este sentido, advierte de los daños que el acelerado deterioro de los indicadores de la economía española, amplificados por un "exceso de visibilidad negativa en los medios de comunicación internacionales", puede acarrear, irreversiblemente, en el 'stock' de inversión extranjera directa.

   La organización señala que España ha sido durante décadas uno de los principales países receptores de inversión extranjera directa a nivel mundial, llegando a ocupar el puesto sexto en la clasificación de la UNCTAD en el 2008.

   Sin embargo, en el año 2009 la inversión extranjera directa productiva bruta cayó un 58,3%, de 29.522 millones en el 2008 a 12.282 millones en el 2009, y los flujos de inversión no se han recuperado desde entonces, manteniéndose en el puesto veinte de los 'ránkings' internacionales.

   Así, advierte que, aunque la disminución de nueva inversión no ha venido acompañada hasta el momento de deslocalizaciones masivas de procesos productivos por parte las multinacionales ya presentes en España, "esto puede cambiar radicalmente en los próximos meses".

   En primer lugar, AmChamSpain urge a combatir la "falta de rigor" en los plazos de pago y reducir los plazos de cobro de las administraciones públicas, sobre todo en un momento en que la situación europea, y en especial, la reestructuración de la deuda griega, está llevando a muchas multinacionales a replantear su continuidad en mercados que puedan tener cualquier tipo de riesgo de impago.

   Por ello, exige claros compromisos y calendarios de pago de las deudas acumuladas hasta la fecha por el conjunto de las administraciones públicas con sus suministradores y que se establezca la obligación de adoptar los presupuestos con dotaciones finalistas.

   De esta forma, se llevarían a cabo seguimientos permanentes para evitar desviaciones con plazos de pago asumibles por los proveedores. Además, pide que se establezcan "responsabilidades claras" para aquellos funcionarios que no respeten los límites de morosidad.

   Además, pide en la misiva a Rajoy que actúe en materia de propiedad industrial e intelectual y recalca que "muchas multinacionales"  tanto del sector de contenidos como de otros sectores con patentes o marcas relevantes, veían el consenso legislativo creado entorno a la llamada Ley Sinde como un gran avance para terminar con la "impunidad" en esta materia.

   "Su falta de aprobación antes de las elecciones ha supuesto un revés a la seriedad del país en esta materia de tanta importancia", indica Malet, quien pide al Ejecutivo de Rajoy que "recupere el consenso alcanzado" al final de la anterior legislatura y promueva una "legislación clara" que penalice de forma contundente la piratería industrial e intelectual.

   En este contexto avisa de que "muchas multinacionales" están empezando a dudar sobre la seriedad del país en el cumplimiento de las leyes y teme que el cambio de Gobierno suponga un aumento de la incertidumbre regulatoria si existe la "tentación" de modificar "arbitrariamente" lo pactado en la anterior legislatura, ante lo que reclama "señales claras" de garantía.

    Por último, Malet pide que se consensúe un "plan de imagen" que sirva de "paraguas" en el exterior a las empresas españolas y a sus productos, que presente a España "como país serio para hacer negocios e invertir" y como potencia económica con posibilidad de añadir valor a la gobernanza mundial.

   "Nuestra institución cree reflejar el sentir general de nuestras más de 370 empresas socias al trasladar al nuevo Gobierno de la Nación nuestro convencimiento de que con prontitud y eficiencia se van a llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias para enderezar la situación económica", afirma Malet.

   En este sentido, expresa su "enorme satisfacción" con la que muchos de los postulados expresados por su organización para hacer de España una economía más competitiva, productiva e internacionalizada en esta década"  van quedando reflejados en las propuestas emitidas por los máximos responsables del nuevo Gobierno en sus declaraciones públicas.

La inversión extranjera en inmuebles en España creció un 27,8%

MADRID.- Las inversiones extranjeras en inmuebles en España repuntaron un 27,8% hasta septiembre respecto al mismo periodo del pasado año, con 3.601  millones de euros, tras crecer tan sólo un 2,6% en 2010, según datos del Banco de España.

   Además, estas inversiones superaron los 1.000 millones de euros durante tres trimestres consecutivos, algo que no se observaba desde 2008, antes del último desplome de estas compras. En el tercer trimestre, el incremento de las compras respecto al mismo periodo de 2010 fue del 19,2%, hasta 1.164 millones.

   Las inversiones extranjeras en inmuebles en España se redujeron progresivamente desde el año 2003, cuando alcanzaron los 7.072 millones de euros, hasta los 6.650 millones en 2004, los 5.495 millones en 2005 y, finalmente, los 4.716 millones en 2006.

   Sin embargo, esta tendencia se corrigió en 2007, ya que en el conjunto del ejercicio se contabilizaron 5.341 millones de euros procedentes de inversores extranjeros en viviendas, un 13,3% más respecto a 2006.

   En esta línea, se sumaron 5.331 millones de euros como consecuencia de las inversiones directas de los extranjeros en España hasta el cierre de 2008, un 1% más que en el mismo periodo de 2007. En 2009, la crisis del 'ladrillo' desincentivó estas inversiones, que cayeron un 31,5%, hasta los 3.651 millones, mientras que en 2010 volvieron a crecer un 2,6%, hasta los 3.747 millones.

   En cuanto a las inversiones españolas en inmuebles en el extranjero, descendieron un 38% hasta septiembre en comparación con el mismo periodo de 2010, con lo que ahondan en el descenso del 17,4% registrado al término del pasado año.

   Además, sólo en el tercer trimestre estas inversiones se situaron en 155 millones de euros, lo que supone un descenso del 17,5% respecto a los mismos meses de 2010.

   Desde el año 2003, las inversiones en el exterior de las administraciones públicas y otros sectores residentes, excluido el Banco de España, crecieron progresivamente en los cuatro siguientes años, pasando de 388 millones de euros en aquel año a 781 millones en 2004, 1.510 millones en 2005, 2.269 millones en 2006 y 3.365 millones en 2007.

   Sin embargo, la tendencia se truncó en 2008, en plena crisis económica, y estas inversiones cayeron hasta los 1.789 millones de euros, un 46,8% menos que un año antes, marcando una tendencia que se mantuvo en 2009, con un descenso del 44,9%, y que aún no ha cesado. En 2010, las compras de viviendas en el extranjero volvieron a caer un 17,4%, hasta los 814 millones de euros.

El madrileño Eduardo Torres-Dulce, nuevo fiscal general del Estado

MADRID.- El Consejo de Ministros ha propuesto el nombramiento de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado durante los próximos cuatro años en sustitución de Cándido Conde-Pumpido, para lo que ha acordado solicitar la audiencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que emita el preceptivo dictamente previo sobre esta designación.

   Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, ministra de Presidencia y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al segundo Consejo de Ministros del Gobierno de Mariano Rajoy.

   Eduardo Torres-Dulce Lifante (Madrid, 1950) tiene desde marzo de 2000 la categoría de fiscal de Sala del Tribunal Supremo aunque en la actualidad está destinado en el Tribunal Constitucional. De tendencia moderada y conservadora, es considerado el número dos del escalafón del Ministerio Público, sólo superado por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín Casallo.

   Torres-Dulce ingresó por oposición en la Escuela Judicial en mayo de 1975 y se decantó al año siguiente por la carrera fiscal. Ha representado al Ministerio Público en la Fiscalía de Sevilla y Madrid y ha ocupado la plaza de teniente fiscal en la Audiencia Provincial de Guadalajara. Desde 1985 estuvo destinado como Fiscal en la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional.

   En octubre de 1996, fue ascendido a la categoría de fiscal de Sala y nombrado fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. En marzo de 2000 fue nombrado fiscal de Sala del Tribunal Supremo y jefe de la Sección de lo Penal hasta junio de 2005.

   Miembro de la conservadora Asociación de Fiscales desde 1980 y vocal del Consejo Fiscal, ha ejercido también como profesor de Derecho Penal en varios centros universitarios, entre ellos ICADE, el CEU y la Universidad Pontificia de Salamanca, y de Derecho Constitucional en el Centro de Estudios Jurídicos.

   Reconocido cinéfilo, ha colaborado en varios programas de radio y televisión junto al cineasta José Luis Garci. Actualmente colabora con este último y Luis Herrero en el espacio 'Cowboys de medianoche', en esRadio.

   El proceso de nombramiento comienza con la aprobación de la propuesta de nombramiento por parte del Consejo de Ministros, que se produce a iniciativa del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tal y como establece el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

   La designación requiere del dictamen previo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Después, el Gobierno la comunicará al Congreso de los Diputados a fin de que la persona elegida comparezca ante la Comisión de Justicia a fin de valorar "los méritos e idoneidad del candidato propuesto".

   El Estatuto establece como requisitos para el fiscal general del Estado que se trate de un jurista español "de reconocido prestigio" y con más de 15 años de "ejercicio efectivo de su profesión". Una vez nombrado, el designado prestará ante el Rey el juramento o promesa de su cargo y tomará posesión del mismo ante el Pleno del Tribunal Supremo.

   En su último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 16 de diciembre, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el cese de Cándido Conde-Pumpido, que había cumplido su segundo mandato no renovable de cuatro años.

Miguel Ángel Villanueva se convierte en el 'hombre fuerte' del Gobierno de Botella

MADRID.- Miguel Ángel Villanueva será el nuevo 'hombre fuerte' del Gobierno de Madrid tras la decisión de la alcaldesa, Ana Botella, de nombrarle vicealcalde y portavoz, responsabilidad que dividirá con su sucesor al frente de Economía y Empleo, Pedro Calvo, ocupándose el primero del Ejecutivo y, el segundo, del Grupo Popular.

   La primera edil ha dado a conocer este viernes la composición de su equipo tras una reestructuración forzada por la marcha del actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y de otros cuatro delegados: Manuel Cobo, Juan Bravo, Alicia Moreno y Pilar Martínez.

   Un Ejecutivo que pierde una Concejalía al fusionarse Medio Ambiente y Movilidad con Seguridad, y que cumple con la paridad al estar compuesto por cuatro hombres y cuatro mujeres, entre los que hay una antigua concejala de distrito y dos independientes sin acta.

   Así, Villanueva se encargará de coordinar concejalías y áreas de distrito, de la interlocución con la oposición y con los agentes sociales, y del fomento del Turismo, competencia que mantiene.

   Licenciado en Derecho, el nuevo vicealcalde fue diputado en la Asamblea de Madrid entre 1995 y 2003, etapa en la que Gallardón, entonces presidente regional, también le encargó la Portavocía del Grupo Popular.

   Entre mayo y octubre de 2003 fue senador por Madrid y, hasta marzo de 2004, también ocupó el puesto de viceconsejero de Presidencia. Dirigió la campaña electoral de Esperanza Aguirre en 2003, pero un año después Gallardón lo recuperó para el Ayuntamiento, donde fue edil independiente la primera legislatura y ya concurrió en la lista electoral en las otras dos.

   Durante estos mandatos ha sido delegado de Economía y Participación Ciudadana, encargándose de las relaciones con los sindicatos y la patronal, fundamentalmente en materia de Empleo, y como responsable también del fomento del turismo, que este año ha encadenado varios meses de cifras "históricas" en la afluencia de visitantes.

   Afable, bromista pero de verbo rápido y comentario punzante cuando así lo requiere, muchos de sus compañeros ya apuntaban que sería un buen portavoz, además de estar muy vinculado al PP, partido en el que milita desde hace años.

   Las otras dos patas que sostendrán el Gobierno de Ana Botella son Concepción Dancausa y Pedro Calvo, segunda y tercer teniente de alcalde, respectivamente, que se repartirán el peso de las competencias económicas.

   Dancausa es una gran amiga de la primera edil, a la que sustituyó al frente del área de Familia y Servicios Sociales en 2007. No en balde, ése es su entorno natural, ya que anteriormente había ocupado otros cargos relacionados con este ámbito en diferentes administraciones.

   Funcionaria del Cuerpo de Letrados de la AISS desde 1997, residió durante siete años en Latino América, donde trabajó como agregada laboral en las embajadas de Paraguay y Argentina. Además, también fue subdirectora general de ONG y Subvenciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales hasta 1996.

   En ese momento, fue nombrada directora general del Instituto de la Mujer, cargo que ocupó hasta que en 2000 fue elegida diputada nacional y nombrada secretaria general de Asuntos Sociales en el Ministerio de Trabajo.

   En 2003 concurrió a las elecciones autonómicas en la lista liderada por Esperanza Aguirre, que la nombró presidenta de la Asamblea de Madrid, si bien en 2007 Gallardón la fichó en su equipo y la nombró delegada de Familia y Servicios Sociales, donde ha tenido que mantener a flote los principales servicios municipales (teleasistencia, ayuda a dependientes, mayores...) en medio de las turbulencias de la crisis económica.

   Ahora, tendrá que hacer frente de nuevo a las turbulencias financieras pero desde sus nuevas responsabilidades en Hacienda, con la deuda, la negociación de las duplicidades con el Gobierno autonómico, el cumplimiento del déficit y el mantenimiento de las condiciones laborales del personal municipal como principales retos.

   Por su parte, Pedro Calvo será el encargado de poner en marcha la batería de propuestas incluidas en el último programa electoral de los 'populares' para cumplir su compromiso de crear 150.000 puestos de trabajo en esta legislatura.

   Gallego de nacimiento, lleva en Madrid desde 1991, cuando obtuvo un escaño como diputado en la Asamblea, donde fue portavoz del Grupo. Gallardón lo aupó al Gobierno regional como consejero de Medio Ambiente y después se lo llevó al Ayuntamiento para ponerle al frente de Seguridad y Movilidad.

   Las negociaciones con Policía, Agentes de Movilidad y Bomberos han recaído sobre él, así como la gestión de las emergencias de la capital en momentos tan delicados como el 11 de marzo de 2004 o tras el atentado de ETA en la terminal 4 de Barajas.

   Antonio de Guindos se pondrá al frente de un área que no le es en absoluto ajena, ya que ha sido coordinador general de Medio Ambiente desde la llegada de Botella a esta Concejalía, que sumó las competencias de Movilidad el pasado mes de junio. Ahora, además, también será responsable de Seguridad.

   Así, Guindos tendrá que pilotar uno de los departamentos más amplios del Gobierno, y también el que tiene algunos de los retos más importantes: la gestión del tráfico, la reducción de la contaminación para cumplir la normativa europea y el control del ruido.

   Economista de carrera, es también funcionario de la Seguridad Social, y ha ocupado cargos de diversa responsabilidad tanto en la esfera pública como en la privada. Desde su llegada al Consistorio ha seguido a Botella tanto por Servicios Sociales como en Medio Ambiente.

   No es nueva, sin embargo, Paz González, que a principios de la legislatura asumió el reto de parlamentarizar el Ayuntamiento y que ahora deberá enfrentarse a la no menos importante tarea de revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), vigente desde 1996, tras la marcha de Pilar Martínez.

   Licenciada en Derecho, también ella lleva dos décadas con Gallardón, habiendo pasado por las consejerías de Hacienda, Medio Ambiente y Justicia, así como por la Concejalía de Medio Ambiente y de Obras. Así, suyos han sido la mayoría de los proyectos que han cambiado la cara de la ciudad, tales como la reforma de Serrano o el lavado de cara de Sol, Callao o Fuencarral.

   Dolores Navarro tampoco es nueva en el Ayuntamiento pero sí en la Junta de Gobierno, ya que en las dos últimas legislaturas ha sido presidenta del distrito de Arganzuela pero ahora se encargará de gestionar los servicios sociales de la capital. Antes había sido concejala de Tetuán, Retiro y Moncloa-Aravaca, ya que tiene acta de edil desde 1999.

   La última incorporación al Gobierno es otro independiente, el cónsul general de España en Nueva York y ex consejero de Educación y Cultura del Gobierno valenciano, Fernando Villalonga. De él dependerá la asunción de la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid, la gestión de los grandes recintos culturales de la capital y la conclusión del gran proyecto de reforma del Matadero, entre otros.

   El último nombramiento que se ha conocido este viernes es el de Ángel Garrido como presidente del Pleno. El hasta ahora concejal de Villa de Vallecas y Retiro da un "salto a un puesto netamente institucional" y afronta el reto de reformar el reglamento del Pleno para parlamentarizar la vida municipal.

   Hoy ha dicho estar "muy contento" y ha asegurado que afronta el cambio con "actitud positiva" para "ser absolutamente neutral y servir a todos los grupos".

"Tengo la suerte de que conozco a todos los portavoces y siempre me he llevado bien con todos, así que creo que lo haré bien", ha añadido.

Botella anuncia un plan de ajuste en el Ayuntamiento de Madrid y dice que no subirá los impuestos

MADRID.- La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha anunciado durante la rueda de prensa posterior a la primera Junta de Gobierno del nuevo Ejecutivo local que "en unos días" se presentará un plan de ajuste, ha prometido no subir los impuestos y se ha comprometido con la austeridad en la gestión de los recursos públicos.

   Tras casi una hora y media de reunión con sus nuevos delegados, Botella ha comparecido en rueda de prensa acompañada por su vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, y por la teniente de alcalde y delegada de Hacienda, Concepción Dancausa.

   Ante una gran expectación mediática, la primera edil ha comenzado por delinear los tres "objetivos" principales de esta nueva etapa en el Consistorio: "mantener y mejorar los servicios a los ciudadanos reduciendo sustancialmente el peso de las administraciones públicas, asumir la austeridad como principio irrenunciable y contribuir en la medida de lo posible a crear las condiciones para que vuelva a crearse empleo en España".

   "Tenemos que hacer más no con menos, sino más con mucho menos", ha dicho la regidora, reiterando en varias ocasiones que "la austeridad, el control del gasto y el compromiso de reducción de las estructuras burocráticas y las duplicidades serán objetivos inexcusables".

   Y eso pasará por dos herramientas: la continuidad en las negociaciones con la Comunidad de Madrid para evitar las duplicidades en los servicios y la presentación "en pocos días" de un Plan de Ajuste, que completará al Plan Económico Financiero (PEF) ya aprobado por el Consistorio.

   Así, aunque ni Botella ni Dancausa han dado ningún detalle sobre las medidas que podría incluir este documento, la alcaldesa sí ha dicho que "seguirá la senda marcada por el PEF" y del trabajo que ya comenzó en 2008 con amortizaciones de vacantes, acuerdos con sindicatos, disminución de áreas de Gobierno, reducción de altos cargos, revisión de contratos y gastos, o fusión de empresas públicas.

   Lo que sí ha asegurado Dancausa de forma meridiana es que en el Plan de Ajuste y en las posibles medidas que se tomen de ahora en adelante no se incluirá ninguna subida de los impuestos municipales.

   "No tenemos previsto subir impuestos. Pretendemos mantener la congelación, que es lo que está incluido en el PEF, que será nuestra guía. Pero obviamente tenemos que ver también la situación y las medidas que vaya tomando el Gobierno en el Consejo de Ministros", ha apostillado la titular de Hacienda.

   Además, Botella ha hecho hincapié en su intención de reducir las cargas burocráticas y de aligerar la administración pública, un "proceso que tiene una línea de continuidad" y que no es "una acción de un día concreto".

   "Nuestra línea de actuación será ir disminuyendo poco a poco las estructuras y todo aquello que sea prescindible. Todos somos conscientes de que tenemos que hacer administraciones más pequeñas y eficaces, eso va en la línea del programa del presidente, Mariano Rajoy, y es lo que se está haciendo en todas las administraciones que gobierna el PP. Y lo haremos de forma unitaria y en coordinación con las otras administraciones públicas", ha dicho la regidora.

   También ha refrendado la promesa electoral del PP en las últimas elecciones municipales de tener el empleo como su "principal prioridad" y de crear 150.000 puestos de trabajo esta legislatura.

   De hecho, ha anunciado que hoy mismo se pondrá en contacto con los agentes sociales para convocarlos a una reunión el próximo lunes o, "si no puede ser el lunes, a lo largo de la semana". "Desde luego queremos continuar en la línea de tener un acuerdo permanente con los agentes sociales y de trabajar por el empleo", ha insistido.

   En la misma línea se ha pronunciado Villanueva, que ha subrayado que su papel como vicealcalde, además de pasar por coordinar las áreas de Gobierno y los distritos, será la de mantener un "diálogo con todos", tanto con la oposición como con el resto de actores que influyen en la gestión de la ciudad y con los medios de comunicación.

   Finalmente, la alcaldesa ha sido preguntada por las razones que le han llevado a unir en una misma concejalía las responsabilidades de Medio Ambiente y Movilidad con las de Seguridad.

   A este respecto, ha ofrecido una alambicada explicación sobre la "conveniencia" de juntar la gestión de los Agentes de Movilidad, que se encargan de la gestión del tráfico, la "principal causa de contaminación en la ciudad", con la gestión del Medio Ambiente.

   Además, ha recordado que la Policía Municipal es la que impone la normativa municipal, regulada mediante las ordenanzas municipales de servicios que, en su mayor parte, proceden del área de Medio Ambiente.

   "Por tanto, parecía lógico que nuestra Policía, que es de convivencia y muy querida por los madrileños, se integrara (en Medio Ambiente)", ha zanjado Botella, apuntando por último que el objetivo último de la unificación de departamentos es "reducir las áreas de Gobierno del Ayuntamiento".

El año 2011 termina con más de cinco millones de inmigrantes en España y un nuevo Reglamento de Extranjería

MADRID.- La esperada aprobación del Reglamento de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso, ha sido la medida más destacada en la materia en un año en el que si bien la inmigración se ha mantenido en progresivo descenso, la población extranjera con permiso de residencia en España ha superado por primera vez los cinco millones de personas. 

   La barrera se cruzó en el primer trimestre del año, y el último dato facilitado por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, actualizado a 31 de septiembre, fija en 5,2 millones de personas el número de extranjeros que viven en España con un permiso de residencia tras un incremento interanual del 9,2%, en general, y del 11,7% entre los procedentes de países no miembros de la UE.

   Con todo, según la estimación de la evolución demográfica actual del Instituto Nacional de Estadística (INE), desde enero están saliendo del país más personas de las que entran. Así, hasta septiembre, la comparación entre ambos recuentos (saldo migratorio neto) revela 55.625 bajas, cuando 2009 y 2010 se habían cerrado con saldos positivos.

   En materia de inmigración irregular, el balance es desigual, pues si bien la cifra de llegadas en pateras y cayucos sigue muy por debajo de la registrada en años anteriores, durante 2011 las costas andaluzas han presenciado un incremento del 55 por ciento respecto de 2010, con 3.100 personas. Además, en otoño comenzaron a registrarse intentos de entrar a nado en Ceuta y Melilla, con más de un centenar de personas interceptadas, según datos recopilados.

   En las Islas Canarias, las llegadas han aumentado un 60 por ciento hasta al menos 294 personas a bordo de 19 embarcaciones clandestinas. No obstante, Tenerife no recibe pateras desde septiembre de 2009, cuando además, el número de inmigrantes llegados al archipiélago fue superior a 2.400 personas.

   El año 2011 ha sido el de la aprobación del Reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería, que llegó con más de año y medio de retraso para poner en blanco sobre negro, entre otras medidas, que las extranjeras víctimas de violencia de género con sentencia favorable no podrían ser expulsadas del país y que quienes denunciaran estos delitos estando sin papeles no tendrían que afrontar una orden de expulsión.

   Además, creó la figura del arraigo familiar, por la que los padres extranjeros de niños españoles pueden regularizar su situación; restringió la reagrupación familiar de los ascendentes y dio a las comunidades autónomas la responsabilidad de realizar informes sobre el esfuerzo de integración, la adecuación de la vivienda o la integración social de los inmigrantes para trámites como renovaciones de permisos o residencia por arraigo.

   No obstante, el año termina sin que se aprueben los reglamentos de la nueva Ley de Asilo y de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que acumulan en torno a dos años de retraso. Sobre el primero, ACNUR ya ha advertido de que tiene una importancia "vital" para garantizar derechos humanos. Sobre el segundo, distintas ONG han venido denunciando irregularidades, deficiencias e incluso malos tratos y vejaciones dentro de los CIE, reclamando una norma que los impida.

   También en materia de medidas, este año se ha aprobado el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, al que el nuevo Gobierno deberá dar continuidad, ya que su vigencia prevista llega a 2014. En paralelo, se ha sancionado la Estrategia Nacional de Lucha contra el Racismo y se han puesto en marcha protocolos para el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados y las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual.

   Al igual que en otros departamentos, la crisis ha dejado recortes en las áreas de inmigración, especialmente en el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo, que tras haber contado con 200 millones de euros de presupuesto, en 2011 se ha quedado reducido a 66,6, un mínimo histórico.

   Con las elecciones generales y el cambio de gobierno, el área de inmigración ha perdido además, peso político. Si bien antes encabezaba el nombre del Ministerio de Trabajo y contaba con su propia Secretaría de Estado, en el gabinete de la nueva titular de esta cartera, Fátima Bláñez, los asuntos de extranjería han quedado relegados a un nivel administrativo inferior.

   No obstante, hay reformas en perspectiva que podrían devolver a la palestra los asuntos que atañen directamente al 12 por ciento de la población de España, ya que tanto en campaña como a posteriori, el Partido Popular ha difundido su intención de modificar la normativa para, entre otras medidas, eliminar la figura del arraigo y crear un visado de búsqueda de empleo que garantice el retorno a su país de quienes no encuentren trabajo.

Leguina cree que sería un "suicidio" elegir a Chacón secretaria general

MADRID.- El expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha asegurado que elegir a la exministra de Defensa Carme Chacón secretaria general del PSOE sería "directamente un suicidio" porque antes el partido debe "arreglar bien" su relación con el PSC, a quien ha acusado de haber puesto "de chupa de dómine" a instituciones como el Tribunal Constitucional.

   "O el PSOE arregla bien con el PSC cuáles son las relaciones o gente del PSC no se puede presentar todavía, después de lo que ha pasado con el Estatuto de Cataluña", ha aseverado en una entrevista en ABC Punto Radio, en la que ha añadido que los socialistas catalanes "se han salido sistemáticamente de las líneas generales que había antes de la llegada de Zapatero".

"No se sabe si son nacionalistas o qué coño son", ha criticado.

   En este sentido, ha manifestado que, a su juicio, la elección entre Alfredo Pérez Rubalcaba, quien ya ha anunciado oficialmente su candidatura, y Chacón, "no es dudosa" porque el primero "da tranquilidad". 

"Con Rubalcaba, hemos perdido estrepitosamente las elecciones pero no nos vamos a suicidar", ha señalado, para criticar, no obstante, que el exvicepresiente se ha rodeado "del más puro zapaterismo".

   "Yo puestos a elegir entre Rubalcaba y Chacón no tengo ninguna duda pero Rubalcaba se ha vuelto a rodear del mas puro zapaterismo" ha sentenciado, para reconocer, no obstante, que tanto el que ya fuera candidato en las pasadas elecciones generales como la diputada catalana "son corresponsables de muchísimas políticas" desarrolladas por el expresidente del Gobierno José Luis Rodrgíguez Zapatero que han llevado "al hoyo" al PSOE.

   La política territorial "impuesta" por Zapatero es, según Leguina, una de las causas que han provocado la debacle en el PSOE, la cual ha calificado de "desastre autentico".

"Zapatero no tenía una visión de la sociedad española como no un conjunto articulado de personas y grupos, sino como la suma desarticulada de grupos: por un lado las feministas, por otro los homosexuales, por otro los sindicatos...", ha explicado.

   "Así no se construye un proyecto nacional ni un proyecto socialmente visible. No es nada de extrañar que las capas medias urbanas se hayan ido del PSOE en masa", ha continuado, para señalar que dicho "proyecto nacional" hay que recuperarlo "con otro discurso y otro proyecto político que no se puede parecer en casi en nada al que ha puesto en marcha Zapatero".

   Dicho esto, ha confesado que no cree que 38 Congreso Federal que tendrá lugar en febrero vaya a servir para arreglar el PSOE porque ha sido convocado "a todo correr en función de las elecciones en Andalucía".

"Es una locura" ha denunciado, para añadir que la única forma de avanzar sería que el próximo secretario general sea una persona ajena a la "cuadra del zapaterismo" y "capaz de asumir que esto es una transición".

   Preguntado sobre la posibilidad de que surjan candidaturas alternativas, Leguina ha apuntado que podría ocurrir, al tiempo que ha destacado que en el PSOE "hay una cantera mucho más grande de lo que pueda parecer", para criticar, no obstante, que en estos momentos el partido tiene "un problema de selección y de calidad del personal".

España eleva la jornada de los funcionarios a 37,5 horas semanales y congela su sueldo

MADRID.- El Gobierno ha elevado la jornada laboral de los empleados públicos a 37,5 horas semanales, se mantiene la congelación salarial y ha recortado la oferta pública de empleo al reducir a cero la tasa de reposición, salvo en las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, los servicios básicos como la Sanidad y la Educación y el personal dedicado a la lucha contra el fraude fiscal. 

   Así lo ha señalado la portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros en la que se han aprobado las primeras medidas para reducir el déficit al 4,4% en 2012 y cumplir así con el mandato de Bruselas, después de que haya anunciado que el déficit previsto para 2011 alcanzará el 8%.

   De esta forma, el Ejecutivo 'popular' da continuidad a la medida aprobada por el Gobierno socialista, que en mayo de 2010 redujo en un 5% de media las retribuciones del personal del sector público y consolidó esta la rebaja en 2011 con la congelación de los salarios.

   El Gobierno ha puesto en marcha esta medida al prorrogar el Presupuesto de 2011, que estará vigente durante el primer trimestre del año. En marzo, el nuevo Ejecutivo presentará las nuevas cuentas del 2012.

El Gobierno recorta un 20% la subvención a partidos, patronal y sindicatos

MADRID.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes la supresión de 30 direcciones generales del Ejecutivo, un 18,9 por ciento del total, y un recorte del 20 por ciento en la subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos.

   En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha cuantificado el recorte de subvenciones en 55 millones de euros en el caso de patronales y sindicatos y en 29,68 millones en el caso de los partidos políticos.

   Para ello, ha adelantado que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, que fijaba su cuantía base para 2008 y su actualización mínima de IPC año a año.

El 47% de los trabajadores madrileños no llega ni a mileuristas

MADRID.- El 47 por ciento de los trabajadores madrileños cobraron en 2010 menos de mil euros al mes y la masa salarial se ha reducido en un 1,7 por ciento, según un informe hecho público este viernes por CC.OO. de Madrid.

   El documento refleja en primer lugar la reducción de la masa salarial en 1.200 millones de euros, es decir un 1,7 por ciento menos que en 2009, lo que demuestra, según el secretario general del sindicato, Javier López, que las recetas de reducción del déficit público y reforma laboral que se han venido aplicando hasta ahora y que preconiza el nuevo Gobierno de España, suponen "una mala salida a la crisis".

   Tras informar de que el salario medio de los 2,9 millones de asalariados que hay en Madrid fue de unos "engañosos" 24.700 euros, el secretario de Política Sindical y Relaciones Laborales de CC.OO. de Madrid, José Manuel Juzgado Feito, ha explicado que en 2010 se produjo una reducción "significativa" de los salarios, como consecuencia de que hay 65.000 asalariados menos y de la reducción en un 5 por ciento del salario de 400.000 empleados públicos, dando lugar a una situación de "empobrecimiento generalizado".

   Siguiendo el estudio, los trabajadores madrileños perdieron de media un 2,48 por ciento de poder adquisitivo como consecuencia de la desviación entre el crecimiento medio de los salarios, que fue del 0,52 por ciento, y del incremento de los precios en un 3 por ciento, de forma que cada trabajador madrileño dejó de percibir 600 euros de media en 2010, "lo repercutió muy negativamente en la economía madrileña", ha indicado López.

   En este punto, el sindicato quiere dejar claro que los trabajadores no son los responsables del incremento de los precios, que se produce por "las ansias desmedidas de mantener sus beneficios de algunos sectores empresariales", en palabras de Javier López, que ha puesto como ejemplo las subidas en el precio de la energía eléctrica y ha instado a la clase empresarial a destinar todos estos beneficios a inversiones porque "no se puede sangrar más la economía de los trabajadores".

   Otro punto fuerte del informe es el que denuncia las "brutales" e "intolerables" desigualdades salariales existentes en Madrid, que según Juzgado Feito son cada día mayores como consecuencia de la crisis. Así, se mantiene la brecha salarial entre hombres y mujeres, que cobran un 28 por ciento menos que los primeros, lo que se traduce en casi 8.000 euros menos de media (el diferencial entre ambos sexos apenas se redujo un 0,2 por ciento en 2010).

   También es muy grande la diferencia salarial entre asalariados españoles y extranjeros, que cobran 13.500 euros menos, es decir, la mitad que sus compañeros españoles, una brecha que aumentó aún más en 2010.

   Y por último, los jóvenes siguen ganando mucho menos, una diferencia con sus compañeros de más edad que sigue creciendo. Así, los trabajadores jóvenes percibieron un 27 por ciento menos que los mayores de 56 años, es decir 22.500 euros menos de media, una situación que Javier López califica como "muy grave" y de la que responsabiliza a los gobiernos por "tolerarla" y a "algunos" sectores empresariales por "alimentarla".

   Del "empobrecimiento generalizado" que denuncia CCOO de Madrid da cuenta también el hecho de que el 47 por ciento de los asalariados de la región cobran menos de mil euros al mes, y los que perciben menos de 1.200 euros son ya el 67 por ciento.

   A juicio de Javier López, "esta situación dice poco de las posibilidades que existen de salir de la crisis de una manera "razonable, a lo que tampoco ayuda el bloqueo de la negociación colectiva, que repercute negativamente en las rentas salariales y por tanto en el consumo como forma de reactivar la economía".

   Si esta fue la situación en 2010, menos halagüeña se presenta la de 2011, cuyos datos se conocerán a finales del próximo año, pero que Juzgado Feito vaticina que serán "bastante más negativos", lo mismo que podría ocurrir en 2012, año que prevé "muy complicado".

   En este sentido, López ha instado al Gobierno de la Comunidad de Madrid a abrir procesos de concertación social, pues el "deterioro presupuestario" de la región tiene una responsabilidad "importante" en la reducción de las rentas salariales.

   Asimismo, ha pedido al recientemente nombrado Gobierno de España que "tome buena nota" de que "el problema de este país es el empleo" y de que la creación de puestos de trabajo debe sur "su único objetivo", sin olvidar lo necesario de una reforma de los sistemas fiscal y financiero. En caso contrario, se retrasará aún más la salida de la crisis, que tendrá consecuencias "aún más graves" sobre los trabajadores y la ciudadanía en general.

Cáritas Madrid lanza una campaña de sensibilización en busca de contribuciones

MADRID.- Cáritas Madrid ha lanzado una campaña de sensibilización en busca de aportaciones a su Fondo Solidario de Emergencia que permitan afrontar una demanda de ayuda que se ha disparado con la crisis económica, dado que en la actualidad, acompaña a más de 114.000 personas. 

   La campaña gira en torno a un spot en el que aparecen un padre y su hija pequeña que se han quedado sin hogar, paseando de la mano por la ciudad cargando una maleta y acudiendo después a un comedor social. "En Madrid, muchas familias han perdido la esperanza, entre todos, se la podemos devolver", dice una voz en off al final del anuncio.

   Según explican desde la organización, en los últimos tiempos se ha producido "un cambio significativo en los rostros de la pobreza" y los nuevos se han sumado a "otros tantos ya existentes", de personas a las que ya ayudaba la obra social de la Iglesia.

   Para intentar dar respuesta a este incremento de las necesidades sociales, Cáritas Madrid ha puesto en marcha el citado Fondo Solidario de Emergencia, que permite "atender rápidamente a personas y familias con necesidades básicas", como comida o alojamiento.

   "Esta ayuda de nuestra Institución, complementaria a otras ayudas ya existentes y vinculada a la situación de crisis que vivimos nos ha permitido intervenir durante el 2011 con familias", explican en la entidad.

   En concreto, la mayoría de estas familias, a quienes se ha prestado ayuda de emergencia, eran españolas, en el 64 por ciento de los casos se encuentran en paro y poseen ingresos insuficientes. Además, el 82,7 por ciento tiene hijos a su cargo, conforme señalan en Cáritas Madrid.

El Colegio de Abogados de Madrid congela las cuotas de sus miembros por cuarta vez en cinco años

MADRID.- El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha aprobado en su Asamblea General Ordinaria los presupuestos para el año 2012, congelando las cuotas de sus miembros por cuarta vez en cinco años, ha informado el ICAM en un comunicado. 

 

   El decano del Colegio de Abogados, Antonio Hernández-Gil, ha presentado a la Junta General un presupuesto equilibrado que mantiene congeladas las cuotas ordinarias y de incorporación por cuarta vez en los últimos cinco años, con una subida global de un 2,5 por ciento, mientras que el IPC se ha incrementado en un 11,1 por ciento en el mismo periodo de tiempo.

   El cumplimiento de este compromiso de la actual Junta de Gobierno ha sido posible por la aplicación de un modelo de gestión basado en la austeridad y la optimización de gastos, así como por el incremento del número de colegiados, cifra que disminuirá en 2012 una vez entrada en vigor la nueva Ley de Acceso.

   Asimismo, el Decano del Colegio de Abogados ha informado a los colegiados asistentes sobre la previsible disminución de la actividad de Turno de Oficio por tercer año consecutivo, así como del esfuerzo que deberá hacer el colegio por mantener los Servicios de Orientación Jurídica en las condiciones actuales, toda vez que la Comunidad de Madrid no ha renovado los convenios para atender a mujeres y mayores.

   El presupuesto presentado dota con 4.409.000 euros las prestaciones asistenciales a colegiados y familiares necesitados, y destina 1.462.300 euros a la formación de sus miembros, pilares básicos que dan sentido, entre otras muchas cuestiones, a la actividad del Colegio de Abogados de Madrid.