Las CCAA y los ayuntamientos españoles reducen un 57% la licitación de obra pública

MADRID.- Las comunidades autónomas y los ayuntamientos españoles redujeron a más de la mitad (un 57,8%) la licitación de obra pública en la primera mitad del año respecto al mismo periodo de 2010, según datos de la patronal de grandes constructoras Seopan.

   Los gobiernos autonómicos y locales promovieron obras por un total de 4.755,2 millones de euros hasta junio, lo que implica un recorte de 6.516 millones de euros respecto a los 11.271 millones de euros invertidos un año antes.

   Las restricciones presupuestarias y el parón derivado del proceso electoral y la posterior constitución de los nuevos gobiernos y ayuntamientos constituyen los principales factores de este recorte de la obra pública en las comunidades y los ayuntamientos.

   De esta forma, la Administración local y la autonómica redujeron hasta el 53% su peso en el volumen total de obra pública promovida en el Estado desde el porcentaje del 81% que supusieron en junio 2010.

   El descenso fue más pronunciado en los ayuntamientos, que recortaron en un 62,4% sus obras, hasta 2.561,9 millones. En las comunidades, la reducción fue del 50,8%, si bien promovieron obras por una menor cuantía (2.193,3 millones).

   La licitación de obra pública total del conjunto de las distintas administraciones públicas en el primer semestre del año sumó 8.914 millones de euros, lo que supone un descenso del 35,8% en comparación a un año antes.

   El Gobierno central acaparó el 46,7% de estas obras públicas, impulsado por Ministerio de Fomento, principal organismo inversor del Estado que, gracias a las obras promovidas con capital público, duplicó (+105%) su inversión en obra pública en la primera mitad del año.

   En concreto, el departamento que dirige José Blanco sacó a concurso proyectos por 3.524,25 millones de euros en los seis primeros meses. Este importe incluye no obstante 956 millones correspondientes a un contrato del AVE a Galicia que se abordará en colaboración con el capital privado.

   Por tipo de obras, el 71% del total de las promovidas hasta junio por el conjunto de las administraciones corresponden a grandes infraestructuras, y el 30% restante a obras de edificios públicos, si bien éstas son las que más se reducen (un 59,6%).

   En concreto, entre enero y junio se sacaron a concurso contratos para levantar edificios públicos por 2.596,7 millones, de entre las que destaca el descenso del 74,4% registrado en la construcción de nuevas instalaciones deportivas, el del 50% de centros sanitarios y el del 57% de nuevos colegios.

   De su lado, la licitación de grandes infraestructuras cayó un 15,3% en el primer semestre, hasta suponer 6.317 millones. En este subsector sobresalen los 3.000 millones de euros destinados a ferrocarriles, más del doble que un año antes, que contrasta con la caída del 23% en la promoción de nuevas carreteras y las del 53,7% y 69,3% en los proyectos de urbanización y medioambientales, respectivamente.

"Indignados y por la Regeneración", nuevo blog sobre movimientos y tendencias sociales

Editado para contribuir a la regeneración de la vida pública española con toda aquella opinión e información de interés general, que sirva de motor para la inevitable catarsis del sistema, tras ser carcomido por la codicia y la impostura, http://www.indignadosyporlaregeneracion.blogspot.com nace en Barcelona de la mano de sociólogos y periodistas profesionales universitarios para dar noticia de la evolución y tendencias de los nuevos movimientos sociales aflorados en nuestro país como consecuencia de la severidad de la crisis económica y de valores, con sus efectos devastadores sobre determinadas y amplias capas de la población, verdaderas víctimas finales de una asfixiante corrupción institucionalizada y sin medida por inherente al modelo político-económico devenido e impuesto al ciudadano.

En la escuela del rigor, las autonomías españolas son los peores alumnos

MADRID.- Cada una tiene su Parlamento, algunas incluso su propio idioma oficial... pero las Comunidades Autónomas españolas tienen sobre todo una gran autonomía financiera y una enorme deuda, suficiente como para preocupar a los mercados, pese a los esfuerzos para que adopten el rigor. El déficit fiscal de numerosos gobiernos regionales es una de las razones que da la agencia Moody's para amenazar con bajar la nota de España.

Como lo destacaba irónicamente el diario económico Expansión el jueves "las comunidades han pasado de un mundo feliz en el que concentraban poder y dinero, a un territorio hostil dominado por facturas pendientes de pago, la espiral de la deuda y la sequía de ingresos".

Las 17 comunidades autónomas se aprovecharon al máximo del boom inmobiliario antes de que estallara en 2008.

"Han realizado un gasto suntuoso, excesivo, no necesario", gracias a los ingresos del sector de la construcción en los años anteriores a la crisis, cuenta Rafael Pampillon, economista del Instituto de Empresa Business School de Madrid.

Ya no cuentan con estos ingresos en medio de un crecimiento económico mediocre del 0,3% en el primer trimestre y un desempleo del 20,89%, el doble que la media europea.

Mientras el Estado central ha hecho sus deberes aplicando varios planes de austeridad estos últimos años, no se puede decir lo mismo de los gobiernos regionales: en 2009, 14 incumplieron el objetivo del déficit dictado por Madrid y al año siguiente, 9.

El gobierno les ha exigido un déficit del 1,3% en 2011 y del 1% para 2014, pero Cataluña ha elaborado un presupuesto que contempla un déficit del 2,66% este año, el de Castilla La Mancha supera ya el 6% y Extremadura ha admitido que es incapaz de respetar el objetivo.

"Las Comunidades Autónomas se mueven mucho por sus propios intereses" y piensan que en caso hipotético de suspensión de pagos por el Estado, "no les vaya a afectar", dice Gonzalo Gómez Bengoechea, profesor de IESE Business School.

Esto puede comprometer el objetivo del gobierno de reducir el déficit global al 3% en 2013.

Las agencias de calificación miran con lupa su endeudamiento acumulado, de 121.000 millones de euros. Las peores alumnas son Valencia (17,4% de su PIB) y Cataluña (17,2%).

Desde las elecciones municipales de mayo, el problema ha adquirido un cariz político: con la mayoría de las regiones dirigidas ahora por el Partido Popular (PP), éste presiona al gobierno socialista y espera convertirlo en arma de su campaña electoral para los comicios de noviembre.

Las Autonomías deben devolver al Estado una parte del dinero que éste le adelanta para llevar a cabo las competencias que les ha transferido. La factura supera los 23.000 millones de euros. Han pedido, en vano, poder devolverlo en diez años, en vez de los cinco previstos.

Para mostrar su buena voluntad, se comprometieron el miércoles a limitar su presupuesto. La idea, explica el gobierno, es no volver a repetir los errores del boom inmobiliario, aprendiendo a gastar menos incluso en periodo de prosperidad.

Pese a ello, los economistas son críticos: las finanzas regionales "van a seguir siendo un motivo de preocupación" para los mercados, predice Bengoechea, que pide al Estado que sea "más duro".