MADRID.- El PSM ha presentado un recurso contencioso
administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para
reclamar la anulación del convenio rubricado entre el Ayuntamiento de
Madrid y la Comunidad para la incorporación del Consistorio al futuro
modelo de gestión del Canal de Isabel II, al entender que dicho acuerdo
supone la "privatización" de la gestión y distribución de un bien
esencial para la sociedad.
Además, el recurso (con fecha de 5 de diciembre) ahonda en que esa
adhesión se ha producido sin determinar el patrimonio que va a ser
"puesto en venta" por parte de la futura sociedad mercantil que
gestionará el Canal y sin determinar, a su vez, los dividendos que
recibirá el Consistorio por las acciones que tendrá de la empresa en
virtud del citado convenio.
Así lo ha detallado en rueda de prensa la presidenta del Grupo
Parlamentario Socialista en la Asamblea, Amparo Valcarce, y el portavoz
municipal socialista en el Ayuntamiento, Jaime Lissavetzky, quienes han
cargado contra un proceso que supone la "privatización" de la gestión de
un recurso esencial para los ciudadanos realizada con "oscurantismo" y
que supondrá una serie de "tarifazos" a los madrileños. "Esto ha sido
como firmar un papel en blanco", ha detallado.
Lissavetzky ha indicado que este recurso estaba planificado desde
el PSOE desde el pleno de abril del 2011 donde se validó la adhesión del
Ayuntamiento de Madrid al modelo de gestión para crear una sociedad
mercantil, pero que se ha presentado en estas fechas dado que no fue
publicado el nuevo modelo hasta octubre del presente año en el Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid, un retraso que a su juicio se debe
por motivos de "contabilidad creativa" de ingresos y gastos
En este sentido, ha agregado que el Ayuntamiento cuenta con un
porcentaje del 10 por ciento de la sociedad mercantil y que ha cambio de
eso recibirá dividendos, sin saber cuáles, por la gestión comercial de
un bien de interés público. Asimismo, ha agregado que la alcaldesa de
Madrid, Ana Botella, valido ese acuerdo, en su opinión, al admitir las
órdenes de "sus jefes en la Comunidad".
También ha remarcado que el caso de Paris es un ejemplo
paradigmático puesto que se realizó una operación de privatización
semejante que reveló pérdida de calidad de servicio. Una situación que
fue revertida cuando los socialistas se hicieron con la alcaldía y
recuperaron la gestión pública del agua, lo que derivó además en una
bajada de tarifas.
En este sentido, ha remarcado que la Comunidad, en este proceso,
ya ha incrementado un 4,2 por ciento la tarifa con la intención de
"hacer caja" y poder así tapar "su mala gestión" y el déficit acumulado.
Por su parte, Valcarce ha recalcado que el Canal es una empresa
que abastece a 6,5 millones de personas y ha tenido unos beneficios de
120 millones de euros los últimos cinco años con una media de inversión
de más de 300 millones de euros. "Está en juego el patrimonio de los
madrileños no solo para hacer caja sino para poner lo que es mejor de
todos al beneficio de unos pocos", ha apostillado la diputada
autonómica.
A su juicio, esta "privatización" no va a supone "mejor gestión,
mejor calidad medioambiental ni mejores tarifas, a la vez que ha añadido
que no es cierto que la subida del 4,2 por ciento de la tarifa sea para
realizar inversiones puesto que estás se reducen un 50 por ciento en
2013.
También ha lamentado "la opacidad" de las cuentas de las dos
empresas (Canal Isabel II ente y Canal Isabel II gestión) y que esta
situación es ejemplo de la "mala gestión" que quiere "enjuagar" con la
venta de patrimonio la deuda y el déficit del Ejecutivo regional. Por
tanto, Valcarce ha recordado que se ha pedido al Tribunal de Cuentas que
audite las cuentas del Canal, ante posibles acciones de "despilfarro"
como una partida de 10,7 millones para publicidad y refuerzo de la
imagen del Canal.
Por otro lado, ha reiterado que el Gobierno regional debe aclarar
qué patrimonio se vende y qué reparto de dividendos se realizará a cada
uno de los ayuntamientos. En este sentido, la presidenta del grupo
parlamentario socialista en la Asamblea ha indicado que varios
ayuntamientos están estudiando también presentar recursos contenciosos
contra este modelo en próximos días.
"La oposición a la privatización es un clamor" para indicar que
150.000 ciudadanos han firmado ya una petición contra la privatización y
que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del
PSOE.
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