MADRID.- El Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid
ha decretado en un auto la apertura de diligencias previas para
dilucidar si existe una posible existencia de infracción penal en
relación a la gestión de los tres hospitales de la región que ya tienen
gestión externalizada (Infanta Elena, en Valdemoro; el Rey Juan Carlos,
en Móstoles; y el Hospital de Torrejón de Ardoz).
Así lo ha detallado el juzgado en relación con un escrito
presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid
(Afem) sobre posibles irregularidades en la gestión de estos centros
hospitalarios.
En este sentido, se da cuenta de su incoación de esta medida al
Ministerio Fiscal y decreta que se practiquen diligencia previas.
También se da un plazo de diez días para que el querellante ratifique el
escrito presentado.
En un comunicado, Afem ha dado cuenta de la apertura de estas
diligencias y remarca que esta "poniendo todos los medios lícitos" a su
alcance para revertir la externalización, ya sea con manifestaciones,
huelgas o acciones jurídicas.
Por otro lado, indica que presentará este jueves el recurso
contencioso-administrativo contra el pliego de condiciones de la
externalización de los seis nuevos hospitales y en el que solicita,
además, la suspensión cautelar del proceso de licitación.
Precisamente este viernes concluye el plazo para presentar ofertas
de cara a optar a la gestión externalizada de los los Hospitales
Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes),
Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), Hospital del
Sureste (Arganda del Rey) y Hospital del Tajo (Aranjuez).
"La privatización de la gestión sanitaria no sólo no va a suponer
un ahorro sino que va a salir más cara a los madrileños, no asegura la
mayor calidad real posible en la atención a los pacientes y además
vulnera normas desde el punto de vista legal y se producen
irregularidades que pudieran ser constitutivas de supuestos delitos",
remarca el colectivo en un comunicado.
Finalmente, recrimina al consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, que no haya atendido a su juicio la opinión de los
profesionales y la ciudadanía para "replantearse su descabellado plan".
"Sólo nos queda confiar en la justicia, y confiamos", detalla la
portavoz de Afem, Fátima Brañas.
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