miércoles, 13 de junio de 2018

El periodista valenciano Màxim Huerta dimite como ministro por el escándalo del fraude fiscal y denuncia ser víctima de una "jauría"


MADRID.- El periodista valenciano Màxim Huerta ha anunciado hoy su dimisión como ministro de Cultura y Deporte, puesto en el que ha estado menos de una semana, tras conocerse que defraudó a Hacienda 218.000 euros, y ha dicho que "la inocencia no vale de nada ante esta jauría" y que se va "pensando en la cultura y en la transparencia".

Tras acudir al Palacio de la Moncloa para presentar su dimisión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Huerta ha comparecido en una concurrida sala de prensa en el Ministerio a las siete de la tarde: "Hay momentos en los que uno tiene que retirarse y yo amo la cultura", ha dicho.

Un mensaje en línea parecida con lo que ha expresado poco después en Twitter, adjuntando una imagen con su madre del día en el que tomó posesión del cargo.

Ha recordado que recibió la propuesta del presidente del Gobierno con mucha ilusión, pero sobre todo consciente de todo lo que este país tenía por delante para recuperar la cultura. Y, además, " me hizo sentir el peso de la responsabilidad", ha asegurado.

Huerta ha sostenido que fue un compromiso más importante que su carrera profesional y su vida personal y lo hizo convencido de que podía servir a su país y a la cultura, pero sabiendo que iba a ser el "blanco de las críticas por haber trabajado en un medio de comunicación que todos ven y todos demonizan". 

Sobre la condena por fraude, ha insistido en que es inocente y que lo hizo en un momento en el que, "como tanta gente de este país, se facturaba a través de una sociedad. Y no era ilegal en ese momento".

En ese sentido, ha recordado que en aquel entonces se llegó a decir que "era una caza de brujas contra críticos de aquel Gobierno" y ha destacado que ha pagado la multa dos veces. 

La primera multa, ha explicado, fue la que Hacienda le pidió con efectos retroactivos por hacer algo que no era ilegal en su tiempo: "Y la pago ahora, aquí, por segunda vez, consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría".

"Corren nuevos tiempos, tiempos en los que hasta los inocentes prefieren irse antes de que cualquier sombra de sospecha perjudique a los que quieren poner un nuevo rumbo, aire fresco, política limpia después de décadas de corrupción y expolio público. Ha sido tremendo", ha recalcado. El hasta ahora ministro de Cultura ha señalado por último que se va con la misma humildad con la que llegó hace una semana a este departamento. 

Huerta, que tomó posesión de su cargo el pasado 7 de junio, ha presentado su dimisión después de que 'El Confidencial' haya publicado este miércoles información relativa a las dos sentencias que en mayo de 2017 le impusieron una multa por haber defraudado a Hacienda 218.322 euros a lo largo de tres ejercicios fiscales, durante su etapa de colaborador en un programa de televisión.

Màxim Huerta Hernández nació en el municipio valenciano de Utiel, el 26 de enero de 1971. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo-CEU de Valencia, cuenta también con un Master en Diseño gráfico e ilustración editorial por el Instituto Europeo de Diseño de Madrid.

Como periodista, ha ejercido de presentador de la edición de noche de Informativos Telecinco, para pasar a conducir la edición matinal de la cadena privada en septiembre de 2004. Ha trabajado once años en 'El programa de AR' (Telecinco), donde fue copresentador del espacio matinal.

Según la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, de la cual es miembro, entre 1996 y 1999 trabajó en Televisión Valenciana --Canal 9 y Punt 2-- como presentador y editor de Noticias. También en el canal autonómico ha ejercido como redactor de sus servicios informativos y como enviado especial a Francia. También trabajo en diversos medios escritos.

En relación con su faceta de escritor, destaca 'La noche soñada', con la que obtuvo el Premio Primavera de Novela en 2014. También es autor de la obra de teatro 'Más Sofocos', junto al director Juan Luis Iborra, y la pieza de microteatro 'Me quedo muerta'.
 
 


Dirigentes del PSOE querían la salida de Huerta

En un sector del PSOE se temía que el mantenimiento de Huerta acabara causando un daño irreparable a un Gobierno que se había marcado como uno de sus objetivos prioritarios la regeneración democrática y cuyo presidente había advertido a los miembros de su gabinete de que deberían observar un comportamiento ejemplar.
Algunos ministros, como la titular de Defensa, Margarita Robles, evitaron pronunciarse sobre la polémica cuando los medios de comunicación requirieron su opinión. Otros, como la titular de Transición Energética, Teresa Ribera, recordaban que "es obligación y deber" de todos los ciudadanos cumplir con las obligaciones fiscales, aunque evitó pronunciarse específicamente sobre las sentencias que afectaban a Huerta.
La difusión en las redes sociales de una entrevista que Sánchez concedió en 2015, siendo líder de la oposición, a Telecinco comprometiéndose a echar "al día siguiente" a los miembros de su equipo que se descubriera que hubieran creado una sociedad interpuesta para pagar menos impuestos, como hizo el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero para cobrar sus trabajos de asesoría para el Gobierno de Venezuela, marcó un punto de inflexión.
Eran alrededor de las 17.00 horas cuando trascendía que Huerta se disponía a comparecer ante los medios de comunicación en la sede del departamento de Cultura. Antes había pasado por Moncloa para ver al presidente.
Tan sólo unas horas antes, Moncloa se ratificaba en su negativa a cesar al ministro al dar por buenas y satisfactorias sus explicaciones. El presidente del Gobierno y el propio ministro estaban tranquilos, aseguraba un portavoz, que atribuía a un deseo de hacer ruido las peticiones de dimisión de Huerta por parte de PP y Ciudadanos.

Huerta podría percibir cerca de 2.000 euros por su labor

Màxim Huerta podrá percibir algo más de 2.000 euros por sus siete días como ministro de Cultura, ya que esa es la cantidad que le corresponde por la parte proporcional de su sueldo así como por la indemnización a la que tiene derecho tras abandonar el cargo.
El sueldo actual de un ministro conforme a los presupuestos del Estado de 2017, que son los que se encuentran actualmente en vigor a la espera de que puedan aprobarse los de 2018, es de 70.368 euros anuales, es decir 5.026 euros al mes en 14 pagas.
Por tanto, la parte proporcional de ese sueldo en los siete días en los que Huerta ha sido ministro supone que recibirá 1.172 euros, a los que se añadirá la parte correspondiente de las pagas extras. A eso se podría sumar la indemnización a la que tiene derecho si es que no renuncia a ella.
Tal y como figura en el Portal de la Transparencia, los miembros del Gobierno y los representantes de otras instituciones del Estado tienen derecho a recibir una pensión indemnizatoria tras el abandono del cargo equivalente al 80 por ciento de su retribución anual durante, como máximo, los dos años siguientes al cese.
Si alguien ha sido ministro menos de dos años, la indemnización será del 80 por ciento mensual de su sueldo durante el mismo periodo en el que ha ejercido. Es decir, que Huerta podrá recibir el 80 por ciento del sueldo percibido en sus siete días como ministro, lo que representa una cantidad de 951 euros.
Pero esa indemnización es incompatible con cualquier retribución que pueda tener con cargo a los Presupuestos de las Administraciones Públicas, de los entes, organismos y empresas de ellos dependientes, o con cargo a los de los órganos constitucionales.
Además, desde 2012 la compensación es incompatible con cualquier otra retribución derivada de actividades públicas o privadas a raíz del Real Decreto Ley 20/2012.
Pero de acuerdo con la ley 3/2015 de 30 de marzo, los altos cargos, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese -en este caso sin un periodo proporcional al tiempo durante el que se haya desempeñado- no podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado afectadas por decisiones en las que haya participado.
De la misma forma, no podrán celebrar por sí mismos o por entidades participadas por ellos directa o indirectamente en más del 10 por ciento, contratos de asistencia técnica, de servicios o similares con la Administración Pública en que hubieren prestado servicios siempre que guarden relación directa con las funciones que ejercía.
Además, quienes hubieran ocupado un puesto de alto cargo deberán efectuar durante dos años y ante la Oficina de Conflictos de Intereses declaración sobre las actividades que vayan a realizar y con carácter previo a su inicio.

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