¿En qué CCAA se paga más y en cuáles menos a la hora de hacer la Declaración de la Renta?

MADRID.- La declaración de la Renta es el deber de los contribuyentes de ajustar cuentas con la Agencia Tributaria por los rendimientos obtenidos a lo largo de un año fiscal. No obstante, cada ciudadano pagará más o menos en función de la parte de la geografía española en la que esté empadronado. El mapa fiscal español es muy dispar y existe una importante brecha entre comunidades autónomas, que ha hecho que muchos ciudadanos lleguen incluso a modificar sus domicilios fiscales, según El Mundo. 

Así, los contribuyentes catalanes con rentas bajas y medias son los que mayor esfuerzo fiscal tendrán que hacer a nivel nacional para afrontar la presentación del IRPF. Tanto es así que un ciudadano tipo, es decir, menor de 65 años, soltero, sin discapacidad y sin hijos, con una renta común de 16.000 euros anuales tendrá que abonar a Hacienda 1.611,7 euros, una cifra por encima de la media española en este tramo salarial.
De este modo, Cataluña vuelve a coronarse esta campaña como la autonomía con mayor presión fiscal en los ingresos brutos anuales de hasta 30.000 euros, un dato motivado por ser la única comunidad que no ha modificado su normativa impositiva tras la reforma fiscal aprobada por el Gobierno en 2015.  

En la otra cara de la moneda, la comunidad en la que el esfuerzo fiscal es menos acusado en todos los tramos de renta es Madrid, donde por un bruto anual de 16.000 euros habría que abonar 1.434 euros, un 12,3% menos que en Cataluña.
Para salarios medios, Cataluña y Madrid ocupan, de nuevo, los polos opuestos de la lista en tributación al IRPF. Así, un contribuyente catalán con una renta de 30.000 euros pagará a Hacienda 5.102 euros frente a los 4.829 euros que abonará el madrileño.
En los tramos de renta media y alta, Extremadura se consolida como la región donde mayor presión fiscal se ejerce sobre los usuarios por sus rendimientos, con 9.822 euros para ganancias de 45.000 euros y de 19.931 euros para rentas de 70.000 euros anuales, frente a los 9.306 y 18.975 euros de la capital española, respectivamente.

Por otra parte, la región en la que más se castiga las rentas altas es la Comunidad Valenciana, donde se impone el IRPF más elevado de toda España para este tipo de rendimientos. Así, por una renta anual de 90.000 euros, el contribuyente en cuestión deberá abonar al fisco un total de 29.163,2 euros, 1.487,8 euros de diferencia respecto a Madrid.
Después de Cataluña, Extremadura y la Comunidad Valenciana, las autonomías en las que el pago de IRPF supera la media nacional para la mayoría de los tramos de renta anual son Aragón, Murcia y Andalucía, respectivamente. 

Por su parte, los contribuyentes que más ahorrarán en la declaración de este año son los empadronados, (además de Madrid), en Castilla-La Mancha y Castilla y León, seguidos po Canarias, La Rioja y Cantabria, donde la presión fiscal es más acusada en los tramos de rentas medias y altas.
El ecuador de la lista lo ocupan Galicia, Asturias y Baleares. El contribuyente gallego deberá abonar más impuestos que la media española por su renta en caso de situarse entre los tramos de 32.000 y 100.000 euros brutos anuales, una acción fiscal totalmente inversa al caso asturiano y balear, en los que se tributa menos en rendimientos medios y más en los extremos, es decir, en rentas bajas y altas.
Como novedades a este escenario fiscal, 2018 se presenta con rebajas selectivas al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas en Madrid, Cantabria, Baleares, Murcia, Galicia, Canarias y Castilla y León, cuyas bonificaciones en el tributo incluirán guiños a la condición de familia numerosa o nacimiento de hijos. 

Además, en La Rioja y Extremadura se recogerán las mayores deducciones, con bajadas de tipo impositivo. Fuera de estas rebajas fiscales se quedan Cataluña, Aragón y Asturias que no prevén cambios en el impuesto.

El pobre paro de los autónomos: inferior al salario mínimo y al umbral de la pobreza

MADRID.- El subsidio de desempleo de un autónomo que cesa en su actividad y cierra su negocio supera en menos de dos euros a la pensión de jubilación que le espera al que se retira, 720,56 euros por 718,75 euros: por debajo del salario mínimo en ambos casos (735,90 mensuales), y también inferior al umbral de la pobreza (9.601 anuales) en el del paro, que solo cubre doce mensualidades. Cuando llega a doce, ya que la duración media de la prestación no llega a los diez meses (9,65), recuerda hoy Público.

Son dos de las principales conclusiones que ofrece el informe anual de AMAT, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, sobre la gestión de la prestación del CATA (Cese de la Actividad de Trabajadores Autónomos), cuyos seis años de vigencia han supuesto para el Estado una ganancia neta de alrededor de 800 millones.

El informe también explica cómo más de la mitad de las solicitudes son rechazadas y cómo el volumen de peticiones se redujo en 600 con respecto al año anterior. Concretamente, las mutuas desestimaron el año pasado 1.787 de las 3.310 peticiones resueltas (54%, con otras 368 en trámite), a las que se sumaron 255 de las 354 que fueron recurridas.

Otros 156 autónomos desistieron o vieron cómo las mutuas anulaban sus expedientes al considerar que no habían entregado toda la documentación que les requerían, que fue también la causa del 84,3% de las desestimaciones -“no acreditar correctamente el cese en la actividad, de acuerdo con los requisitos de la normativa reguladora de la prestación”. El resto se reparten entre no tener cubierto el periodo mínimo de cotización (56) o tener cuotas pendientes de pago (44), algo que regularizó la mitad de los afectados.

Pese a lo bajo del nivel de aceptación de solicitudes de cese de actividad, en realidad se ha disparado con las 1.616 del pasado ejercicio tras comenzar con un 21% en el primer ejercicio de aplicación, en 2011, y tardar dos años en superar el 25%.

Ceses de actividad por violencia machista y por divorcio

Poco más de 540.000 de los 3,2 millones de autónomos añaden a su cuota el 2,2% de la base que da derecho al subsidio por cese de actividad, lo que supone 20,23 euros mensuales en el caso de la base mínima (919,80 euros) por la que cotiza el 85% del colectivo.

Ese pago da derecho, tras un mínimo doce meses de aportación y antes de la edad de jubilación, a recibir entre dos y doce meses un subsidio de 643,86 euros (el 70% de la base) a 1.096,60 euros (1,75 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o Iprem), siempre que se cumplan una serie de requisitos que incluyen el compromiso de realizar, mientras se recibe la prestación, actividades formativas y de orientación profesional, así como las de promoción de la actividad emprendedora que pueda convocar el Servicio Público de Empleo.

El grueso de los ceses de actividad, con un peso superior al 75%, se deben a motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, causas de fuerza mayor y la pérdida de licencias administrativas para el negocio que se explotaba.

Algo más del 20% de los ceses (361) corresponden a Trade (autónomos dependientes), mientras que “en nueve ocasiones, la causa por la que se reconoció el derecho a la prestación fue divorcio o separación, y en cinco expedientes la causa derivaba de violencia de género”, señala el informe. La legislación contempla como una vía de acceso al subsidio por cese de actividad las situaciones de violencia machista y de ruptura matrimonial que conllevan la pérdida de su medio de vida para la víctima.

“Hemos de pasar a hacerlo obligatorio”

“El sistema del CATA está bien estructurado, pero hay que mejorarlo”, sostiene el secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), Eduardo Abad, quien considera que “hemos de pasar de algo voluntario a algo obligatorio, como ocurre en el régimen general de los trabajadores por cuenta ajena”.

En este sentido, destaca que la cifra de autónomos que cotiza para cubrir su eventual cese de actividad no llega a suponer la quinta parte del colectivo. “Cuantos más cotizantes haya mayor será el ingreso; eso permitirá ampliar tanto la cuantía como la duración y, por lo tanto, mejorar la protección de quienes tienen situaciones de mayor debilidad”, sostiene.

Sin embargo, las reformas normativas apuntan en otro sentido. El hecho de que el pasado mes de junio dejara de ser una cotización obligatoria para los Trade provocó un descenso de las aportaciones.

Las mutuas, más restrictivas que la Administración

Por otro lado, llama la atención la diferencia entre los resultados del sistema de mutuas, que gestiona el 92,7% de las solicitudes, y el de la Administración, que tramita el resto: un 41,41% de aprobaciones frente a un 65,16%, ya que los Servicios de Empleo “resolvieron favorablemente 187 solicitudes de un total de 287”.

El informe señala que el cese de actividad, en el que el presupuesto de cotizaciones para 2017 se elevaba a 132 millones de euros, con 109 recaudados en los primeros diez meses, volvió a salirle rentable al sistema, ya que los pagos no alcanzaron los 18 millones de euros.

Por una parte, “el importe teórico estimado de las prestaciones reconocidas a abonar por las mutuas, en el ejercicio 2017, ascendería a 11.235.046 euros, lo que supone un descenso interanual del 0,61%”. Y, por otra, las cotizaciones de esos autónomos que cesaron en su actividad se situó, con una media de 321 euros mensuales, en 5.019.070. Eso hace un total de 16,2 millones a los que hay que añadir 1,2 gestionados por la Administración.

La cuantía media del subsidio más la cotización se situó en 1.042,46 euros, con el registro más elevado en Segovia (1.362,64) y el mínimo en Palencia (782,05), mientras que los extremos de la duración se localizaron en esa última provincia, con 5,2 meses, y en Zaragoza (11,57).

La dejadez de las comunidades

UPTA, que mostró su malestar por “el escaso resultado que este sistema está ofreciendo para los autónomos cotizantes que necesitan esta prestación”, insistió en denunciar el “escaso interés” de las comunidades autónomas por gestionar los nueve millones de euros (1,3 de 2017) acumulados para acciones de formación y reinserción laboral de autónomos desde que se puso en marcha el sistema.

“Ninguna comunidad autónoma ha solicitado al Ministerio de Empleo que le transfieran la cantidad que le corresponde” de ese 1% de recaudación, señaló Abad, que criticó cómo “esto se viene repitiendo año tras año” sin que ninguna administración se preocupe de “tratar un tema tan complejo como el de reincorporar al mercado laboral a personas que han perdido su negocio”.

La organización ha solicitado a la Dirección General de Trabajo Autónomo que el Ministerio de Empleo, incluya este asunto en la próxima conferencia sectorial con las comunidades autónomas.

Las dos pruebas de choque que amenazan la candidatura de Cifuentes

MADRID.- La polémica sobre el máster de Cristina Cifuentes sigue abierta. Esta semana conocerá un nuevo capítulo con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid en un pleno monográfico en la Asamblea regional. La oposición afila sus armas y la líder del PP prepara sus argumentos. Y sus pruebas. Algunas, aún por exhibir. En especial, el Trabajo Fin de Máster (TFM), que se ha convertido ahora en el eje fundamental de las sospechas, según se piensa hoy desde www.vozpopuli.com.

Dos pruebas, dos piedras de choque ha de superar la presidenta en el inmediato futuro. De un lado, la investigación externa que ha abierto el propio rectorado "al objeto de promover la máxima transparencia en este proceso". Una medida sorprendente si se piensa que la cúpula en pleno de la Rey Juan Carlos salió, horas después de conocerse el asunto, a despejar todas las dudas en torno al máster.

El rector justifica este paso en base al reglamento de régimen interno del Grupo de Trabajo de Inspección de servicios, algo a lo que no hizo referencia durante su rueda de prensa en apoyo de Cifuentes. Refrendaron, primero, la actuación de la presidenta y luego abren una investigación sobre ella. Algo no cuadra, piensan fuentes académicas.

En el caso de que este órgano plantee algunas dudas en su informe o incluso subraye irregularidades en el trabajo objeto de análisis, la figura de la presidenta quedaría muy perjudicada. Incluso 'tocada', como señalan en su partido.

El informe de la UCO

Otro frente relevante es la denuncia por falsificación documental promovida por una serie de asociaciones universitarias presentada ante la Fiscalía Provincial de Madrid. Este asunto está aún en fase inicial, pero podría convertirse en un grave problema para la presidenta de la Comunidad si es citada a declarar en calidad de investigada.

Una posibilidad que ahora mismo se descarta en el PP madrileño, pero que, de concretarse, Cifuentes se encontraría ante un escenario muy serio, dado que el pacto que suscribió con Ciudadanos para alcanzar la presidencia regional exige la dimisión de cualquier cargo que resulte imputado. 

Campañas y ataques

La líder de la Comunidad de Madrid ha defendido su inocencia en diversas apariciones públicas. Ha insistido en el error informático, en una despiste administrativo, en una campaña orquestada, en el 'fuego amigo'. Y se ha comprometido a no dar un paso atrás y a mantenerse en el puesto. 

Su estrategia defensiva ha incurrido en algunas contradicciones, que no ayudan a despejar el manto de sospecha en torno a su actuación. Vehemente, visceral, el estilo de la presidenta siempre es la ofensiva.

Igual ocurrió cuando un informe de la UCO la señaló en el caso Púnica'. Se trata de "un juicio de valor sin fundamento jurídico", escribió Cifuentes en un tuit. En Moncloa consideraron muy desafortunada esa ruidosa salida a las redes. Ahora miran hacia otro lado.

Rajoy ni respondió este Jueves Santo al ser preguntado sobre el caso durante uno de sus paseos matinales en su descanso en Galicia. 

La única voz firme en defensa de la atribulada presidenta ha sido Dolores Cospedal, quien también publicó un tuit polémico: "A algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico". 

A un año de las elecciones autonómicas, resulta impensable que Rajoy prescinda de su principal activo en Madrid. Hay demasiadas cosas en juego. Otra cosa es que los resultados de estos dos frente abiertos (investigación de la Universidad o evolución de la denuncia) progresen hasta lindes incómodas. 

También se piensa en la presencia de Cifuentes en los casos Púnica y Lezo. Demasiados inconvenientes para una candidatura que, por el momento, nadie en el PP pone abiertamente en cuestión. Otra cosa es lo que decida Rajoy a la hora de le verdad. "Ni pestañearía si necesita, llegado el momento, prescindir de ella" dicen en su partido. Basta pensar en el caso Camps y sus cuatro trajes. 

"Se lo cargó, y era su amigo, y había elecciones, y resultó no culpable, y puso a un desconocido Fabra", apuntan. "Ahora podría hacer lo mismo. A lo mejor ya ha pensado en Soraya (Sáenz de Santamaría) y nadie lo sabe", concluyen

El auge de la restauración singular y el ocaso de los bares castizos en Madrid

MADRID.- Restaurantes sin una sola mesa vacía, bares donde no cabe un alfiler, pubs con aforo completo. El consumo fuera de casa va como un tiro, pero esto no basta para triunfar en un mercado tan competitivo como el de Madrid. Los hosteleros que no sepan acondicionar un local, dar un toque exclusivo a sus tapas o raciones y diferenciarse del resto están condenados a desaparecer en Ponzano, una de las calles más caras, populares y concurridas del momento, tal como recoge El Confidencial.

Con el permiso de Jorge Juan, claro. Goya-Salamanca-Chamberí es el eje de moda para tapear o salir a comer en la capital, sobre todo desde que fue colonizado por grupos como La Máquina, Larrumba (Marieta, Habanera, Perrachica, Peyote San) o El Paraguas (Amazónico, Ten con Ten, El Paraguas o Ultramarinos Quintín, entre otros). Algunos recientes, otros no tanto, pero todos ellos en auge. La consultora inmobiliaria CBRE los define como “restauración singular” y les ‘culpa’ de convertir esta zona en un destino en sí misma.

“Vamos a buscarlos aunque no estén tan cerca. Son empresas nacionales que han sabido tomar el pulso de la calle, han tirado de economía de escala y ofrecen conceptos diferentes. De hecho, cada local es un mundo” con varios puntos en común: ambiente muy cuidado, servicio impecable, ubicación idónea, buena presentación de la comida y tique medio alto, explica Rosa Madrid, directora de High Street y Food & Beverage en la consultora inmobiliaria CBRE.

Se trata de un segmento muy profesionalizado, con propietarios a los que no les tiembla el pulso cuando toca invertir en su local y en los productos que los comensales se van a llevar a la boca. Al margen de las grandes cadenas de restauración organizada (tipo Burger King, 100 Montaditos, Vips o Foster’s Hollywood), cuya posición ya está consolidada en el mercado, el potencial de los ‘singulares’ está desplazando al tercer grupo de hosteleros: los 'abre-cierra-cierra-abre', como los denominan en el sector.

Malos tiempos para los ‘abre-cierra-abre’

Esta ‘categoría’ lo tiene más difícil que nunca para hacerse un hueco en las zonas céntricas de Madrid. “Voy a ver si me aprovecho de este local vacío con barra montada y cocina... pero sin gastarme mucho dinero”. 

Así es el perfil de los propietarios que se toparon con una oportunidad en la capital y decidieron montar un bar como quien levanta un muñeco de nieve. Incluso sin tener conocimientos ni asesores en el mundo de la hostelería. “Muchos de ellos no tienen carta con contenido, el servicio es pésimo y las instalaciones están poco cuidadas”, sostiene Rosa Madrid. Pero la flauta no suena si no hay un plan estratégico detrás.

El baile de establecimientos es habitual en este tercer bloque, independientemente de dónde se ubiquen. En efecto, el director del grupo La Máquina, Javier Rueda, dejó caer que recibe unas cuatro o cinco ofertas semanales de inmobiliarias con locales de hostelería que han quedado vacíos en zonas céntricas porque el negocio anterior no ha terminado de cuajar. 

“La rotación es muy alta en los segmentos menos profesionalizados. El que no se diferencia ni aporta valor, no sobrevive”, añade la consultora tras precisar que el mercado ahora es mucho más exigente.

Pero hay bares 'de toda la vida' que han aguantado el envite de los 'singulares' sin despeinarse. Un ejemplo es el Palentino, un icono de Malasaña condenado al cierre no por falta de clientes, sino por la muerte de su dueño en febrero. La pregunta es: ¿quién ocupará el espacio vacío que deja? Hagan sus apuestas.

Rueda no tiene ninguna duda: por supuesto que existe una burbuja de bares y restaurantes en Madrid. Otra cosa es que todos consigan sacar adelante sus negocios. La Máquina abrirá este verano un nuevo local de 1.000 metros cuadrados en la calle Ponzano, donde ya cuenta con otro. 

En Jorge Juan tiene dos de reciente apertura. El grupo cerró 2017 con una facturación de 49 millones de euros (15%), 650 empleados y 14 locales que pronto serán 15, pero descarta expandirse fuera de la capital. También está presente en El Corte Inglés de Goya y en el estadio Santiago Bernabéu, donde debe invertir un mínimo de 1,85 millones de euros hasta 2022 según el contrato que firmó con el Real Madrid. 

La Máquina gastó 3,5 millones en arrendamiento de locales ( 30%) en 2016, según las últimas cuentas del Registro Mercantil.

En el caso de El Paraguas, ‘padre’ de Ultramarinos Quintín o Amazónico, en Jorge Juan, el gasto mínimo por arrendamiento ascendió a 1,2 millones en 2016. Su facturación fue de 30 millones de euros a cierre de ese año. 

Los alquileres más caros para un local de 500-800 metros cuadrados están en la calle Serrano (150 euros al mes por metro cuadrado), al nivel de Ortega y Gasset (150 euros) y seguida de Preciados y Gran Vía (140 euros), Fuencarral (80 euros), Goya (65 euros) y Princesa (40), según los datos aportados por la consultora CBRE a este periódico.

"Con la ley de la oferta y la demanda en la mano, la restauración está pagando unas rentas que antes no podíamos ni imaginar. La ubicación es y será siempre la clave del éxito de un negocio", explica Andrés Martín, director de la agencia 'retail' de Savills Aguirre Newman. El repunte de la demanda choca con la falta de locales aptos para la hostelería.

Los pocos que hay llegan al buzón de los grupos que funcionan, y esto incluye unas grandes cadenas de restauración organizada que tampoco se van a cualquier sitio. Ellas prefieren el corazón de Madrid (Gran Vía, Sol, Montera) para ganar visibilidad y absorber el grueso de turistas. Es decir, pagan el posicionamiento de marca a precio de oro. 

Y cuentan con un departamento de expansión tan desarrollado que casi nunca abren donde no debieron abrir ni firman rentas que no debieron firmar gracias a su inmenso poder de negociación.

Un mercado vivo

La restauración es un sector apetitoso. Las operaciones de compraventa no dejan de sucederse desde 2014, año en que CVC vendió el grupo Zena (Foster’s Hollywood, Cañas y Tapas, La Vaca Argentina, Domino’s Pizza) al operador líder en América Latina, Alsea. Más tarde, el fondo Nazca Capital montó FoodBox junto a un grupo de exdirectivos de la hostelería para adquirir Papizza, Volapié, Santagloria, L’Obrador, MasQMenos y próximamente Brasa y Leña. 

Por su parte, los dueños de El Paraguas vendieron el 40% del grupo por 70 millones al turco Ferit Faik, socio del BBVA en Turquía.

La portuguesa Ibersol compró Eat Out (Pans & Company, Ribs) a Agrolimen. Mientras, el fondo de 'private equity' Abac se hizo con el 100% de la sociedad Beer & Food (Gambrinus, cervecería Cruz Blanca, taquerías La Chelinda o Índalo Tapas), filial de Heineken dedicada a la restauración. Abac también está ultimando la compra de Dallas Ribs (Tony Romas), como adelantó 'Expansión'. 

También hay hambre de hamburguesas en el mercado: Goiko Grill busca socio y Hamburguesa Nostra ha colgado el cartel de 'se vende'.

El mercado de la hostelería creció un 5,7% en valor en 2017, según los datos aportados por la consultora Nielsen. La restauración organizada ( 11%) y los restaurantes ( 9,1%) van en cabeza, por delante de las cafeterías o bares ( 2,6%). El consumo nocturno se resiente, con una ligera caída del 0,4% a cierre del año pasado.

 La facturación de los grupos hosteleros de moda en Madrid

Cifras en millones de euros en el ejercicio 2016

Grupo La Máquina

42,9

Grupo Paraguas

30,81

* Grupo Larrumba

14,35

* Incluye las sociedades La Rumba Gestión, La Rumba Castellana, La Rumba Chamberí, La Rumba Colón, Madrid Lovers, Cafetería San Gregorio, Creativa Online y La Rumba Tarumba, cuyo dato corresponde a 2015 al no estar disponibles las cuentas anuales de 2016

Fuente: Cuentas anuales publicadas en el registro mercantil Get the data Created with Datawrapper

Dos funcionarios de Universidad investigarán las circunstancias que rodean al máster de Cristina Cifuentes

MADRID.- La Conferencia de Rectores de Universidades españolas (CRUE) ha designado a dos "observadores externos", uno de ellos de la UMU, para apoyar a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en la investigación de las circunstancias que rodean el máster cursado por la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, a petición de la URJC.

Se trata del director del Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos, José Ángel Contreras, y de la jefa del Área de Inspección de Servicios de la Universidad de Murcia (UMU), Carmen Ruiz, según ha anunciado hoy la CRUE en un comunicado.
Ambos "supervisarán el procedimiento de información reservada abierto por la URJC con el objetivo de ofrecer la máxima transparencia en el proceso administrativo relacionado con el máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico cursado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes", detalla la CRUE.
Carmen Ruiz (Murcia, 1952) es licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Región de Murcia. Desde 1998, forma parte de la asesoría jurídica de la Universidad de Murcia y actualmente es jefa del Área de Inspección de Servicios de esta institución.
Además, es miembro del Comité Permanente del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios de Crue-Secretarías Generales.
José Ángel Contreras (Urretxu, Guipúzcoa 1967) es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid y graduado en Derecho por la UNED y, tras entrar en el Servicio de Inspección de la Universidad de Burgos en 2010, en 2012 fue nombrado director del mismo.
Es miembro del Comité Permanente del Grupo de Trabajo de Inspección de Servicios de Crue-Secretarías Generales y, desde julio de 2016, además es vicegerente de la Universidad de Burgos, agrega el comunicado de la CRUE.
La Conferencia de Rectores responde así a la petición realizada la semana pasada por el rector de la URJC, Javier Ramos, de designar a un jefe o jefa de Inspección de Servicios de una de las universidades de esta asociación para que actúe como "observador externo".
La URJC explicaba que, "dada la repercusión social del caso", el objetivo de la solicitud es el de "promover al máximo la transparencia en este proceso".

Carmena reduce en un 40% la deuda de Madrid que heredó de Botella y Gallardón

MADRID.- El equipo económico del Ayuntamiento de Madrid está ganando la guerra a la deuda que heredó del PP. Cuando Manuela Carmena accedió a la alcaldía de la capital en junio de 2015, la ciudad de Madrid debía 5.636 millones de euros; ahora debe 3.424 millones de euros, un 39,26% menos.

Madrid sigue siendo la ciudad más endeudada —cada uno de sus habitantes debe todavía 1.076 euros— pero pese a ese abultado compromiso, también es la ciudad española que más rápido está reduciendo su deuda, tanto en términos relativos como absolutos. Sólo en 2017 la reducción de la deuda alcanzó los 445 millones de euros, un 11,5% respecto al total; ahora debe 2.213 millones de euros de lo que debía al llegar Carmena. 

Esa amplia reducción de la deuda de Madrid ha permitido que en términos generales los llamados ayuntamientos del cambio hayan reducido su deuda un 27,5%. Si no hubiera sido por Madrid, el dato de los municipios del cambio habría crecido en este tiempo en 39,3 millones (un 1,73% más), por el mayor endeudamiento de Barcelona y de Zaragoza.  En Valencia, Joan Ribó ha reducido la deuda desde que tomó la vara de mando en 184,2 millones, un 25.03% menos.

El ritmo de amortización en Madrid es tan sostenido que el objetivo declarado de los gestores económicos del consistorio es tener deuda cero en el año 2030. Además, por primera vez desde 2005 la deuda de Madrid ha caído por debajo de los 3.500 millones de euros. Hay que recordar que la ciudad alcanzó su máximo histórico de deuda en 2012 con 7.733 millones de euros, bajo el mandato de Ana Botella. 

Las perspectivas para el futuro son bastante buenas: el Ayuntamiento de Madrid cerró 2017 con un superávit de 1.120 millones de euros, lo que permite seguir asegurando la reducción de deuda. El año pasado, los ingresos ascendieron a 5.130 millones de euros, un 4,9 % más que en 2016, mientras que los gastos bajaron un 11,1%, hasta los 4.257 millones.

Y todo eso, además  incrementando el gasto social y la inversión por habitante, que en 2017 superó los 128 euros frente a los 84 euros de 2014, cuando gobernaba el PP. La ejecución del gasto social alcanzó los 567 millones de euros, registrando el gasto en programas de educación un crecimiento superior al 20% respecto a 2016.

Las CCAA que crecieron más y menos en 2017

MADRID.- El pasado 1 de marzo se publicó el dato definitivo de crecimiento de la economía española en 2017. Según la Contabilidad Nacional Trimestral, el resultado final del conjunto del año arrojó una expansión del PIB equivalente al 3,1%. No obstante, al aportación de las comunidades autónomas a dicho crecimiento fue muy desigual, recoge www.libremercado.com.

Así lo demuestra la Contabilidad Regional que publica el Instituto Nacional de Estadística y que sirve para desglosar los datos de crecimiento. Dicho informe nos permite constatar el sorprendente desempeño de Aragón y Asturias, que adelantaron a Madrid para convertirse en las dos regiones que más crecieron en 2017.

Para ser precisos, la autonomía aragonesa subió su PIB un 3,6%, una décima por delante del 3,5% que se anotó el principado asturiano. Como explica el INE, "el mayor crecimiento en la tasa de variación del PIB registrado en Aragón se debió tanto a una evolución de las ramas primarias, sensiblemente más favorable que la observada a nivel nacional, como a un mejor comportamiento de las ramas pertenecientes a la industria".

Madrid, la locomotora de la recuperación económica, se quedó en el tercer puesto de la tabla, con un aumento del PIB equivalente al 3,4%. No obstante, el año 2017 tiene un sabor dulce para la región que gobierna Cristina Cifuentes, puesto que se confirmó el sorpasso a Cataluña en el ranking que mide el tamaño de las economías regionales.

Por encima del promedio nacional se situaron también Murcia (3,3%), Cataluña (3,3%), Cantabria (3,2%), Comunidad Valenciana (3,2%), Galicia (3,1%) y País Vasco (3,1%). Por debajo de dicho umbral, pero por encima del crecimiento medio del 2,4% que se anotó la UE-28, aparecen las economías regionales de Canarias (2,9%), Navarra (2,8%), Baleares (2,7%), Andalucía (2,7%), Castilla-La Mancha (2,5%) y Extremadura (2,4%).

Sorprende, por mediocre, el flojo nivel de crecimiento observado en Baleares, que venía ocupando puestos destacados en los índices anuales de aumento del PIB autonómico. Pero los peores datos de la serie son para Castilla y León (1,9%), La Rioja (1,8%), Melilla (1,7%) y Ceuta (1,6%).

El obispo de Santander reivindica el perdón para los corruptos

VALLADOLID.- El obispo de Santander, Manuel Sánchez Monge pidió perdón para esos científicos que “no saben lo que hacen cuando juegan con la vida humana como si fuera un producto que se puede manipular, transformar, vender o alquilar”; tampoco esos “sabios” que en sus laboratorios que “ya pueden clonar al ser humano privándole de su verdadera naturaleza de hombre libre y de criatura nacida del amor entre un hombre y una mujer”. 

Citó, igualmente, a los que trafican con los seres humanos, incluso con los niños, “que tampoco saben lo que hacen cuando los arrojan en miserables pateras al mar, expuestos a todos los peligros con la única esperanza de dejar atrás un pasado de hambre, de violencia y de muerte; muchos de ellos, demasiados, acabarán en el fondo del mar, convertido así en el más cruel de todos los cementerios”.

Y por último, añadió, “no saben lo que hacen esos políticos corruptos que anteponen su codicia a la búsqueda del bien común; los que halagan los más bajos instintos con la demagogia y el populismo olvidándose de que la verdad no puede ser ni tergiversada ni camuflada; los que sólo buscan el poder para servirse de él y no para servir al pueblo del que provienen”.

Sánchez Monge, natural de Fuentes de Nava (Palencia) recordó en la Primera Palabra, ‘Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen’, fue el mitrado más reivindicativo que en el resto. “Jesús no pide a Dios, juez supremo, que haga justicia ante la injusta muerte de un inocente como es él. Clavado en la cruz se dirige a Dios para pedirle que otorgue su perdón a quienes le han crucificado”, explicó el obispo de Santander. A su juicio, Jesucristo perdona “nuestros muchos y graves pecados porque también los hombres y mujeres de hoy no sabemos lo que hacemos”.

Sánchez Monge se refirió a la segunda palabra, ‘Y Jesús le dijo (al buen ladrón): en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso’. “Jesús no promete un paraíso virtual, promete el paraíso a quien pasa por la cruz, a quien asume con fe y humildad la fragilidad de la vida y la verdad de la propia existencia”, sostuvo. Por eso, la cruz, “instrumento de tortura y lugar de sufrimiento, es puerta del paraíso y promesa de salvación”. La respuesta de Jesús al “buen ladrón es aliento de vida en el momento último de la muerte”.

 “Es vida prometida al pecador arrepentido”, argumentó, según la Cadena SER.

Cosas que no se pueden olvidar al hacer la declaración de la Renta

MADRID.- El miércoles 4 de abril es un día importante para marcar en el calendario: empieza oficialmente la Campaña de Renta y llega la hora de hacer cuentas con el fisco. Muchos ciudadanos esperan ansiosos este momento porque confían en que su declaración salga a devolver y en recibir un buen pellizco de Hacienda. Aún no se conocen las estimaciones oficiales, pero cada año se suelen presentar unos 20 millones de declaraciones y, normalmente, alrededor del 70% sale a devolver, según www.vozpopuli.com.

Lo primero que hay que tener claro es el calendario. Este año la Campaña empieza oficialmente el 4 de abril y se extenderá hasta el 2 de julio, un poco más de lo habitual. Desde el pasado 15 de marzo se puede descargar la nueva aplicación que permitirá hacer la declaración en un solo 'clic' a casi cinco millones de contribuyentes. Puedes consultar en este enlace cómo funciona la aplicación y en este otro las fechas clave de la declaración de este año.

Durante estos días toca empezar a recabar todos los datos importantes para hacer la declaración e informarse de las novedades y las particularidades de la comunidad autónoma en la que reside cada uno. No hay que olvidar que hay muchas diferencias en materias que afectan directamente a la vida diaria de los ciudadanos, como el alquiler, la compra de vivienda y los gastos de guardería, por ejemplo.

De hecho, los técnicos de Hacienda, creen que los contribuyentes podrían maximizar su declaración y beneficiarse aún más de ciertas ventajas fiscales, por lo que han elaborado un decálogo de los 10 olvidos más frecuentes de los ciudadanos para que tomen buena nota estos días e incluyan en su declaración toda la información. Estas son las cosas que no se pueden olvidar:

• Rendimientos de trabajo. Hay algunos gastos deducibles que pueden incluirse en los rendimientos de trabajo como las cuotas sindicales o las de los colegios profesionales, siempre que la colegiación sea obligatoria para trabajar y con un límite de 500 euros al año. También se pueden incluir los gastos en abogados si se ha ido a juicio con una empresa (límite de 300 euros anuales) o los gastos que supone la movilidad geográfica de un parado que acepte un empleo que le obligue a cambiar de residencia. Además, los trabajadores con discapacidad pueden desgravarse entre 3.500 euros y 7.750 euros si están en activo. 
• Titularidad de los inmuebles. Sobre todo las viviendas y locales vacíos que se imputan como rentas inmobiliarias. Hay que revisar que no incluyan viviendas que ya no son de nuestra propiedad, que sean de varios titulares o habitadas por el ex cónyuge.  
• Ganancias patrimoniales. Es importante revisar este tipo de ganancias en la transmisión de inmuebles y otros bienes y tener en cuenta las exenciones que existen para mayores de 65 o personas en situación de dependencia severa. También hay otra exención en la transmisión de vivienda habitual si las ganancias se reinvierten en una nueva compra o rehabilitación de otra vivienda en menos de dos años. 
• Cambios en la situación familiar. Es muy importante reflejar los nacimientos, defunciones y cambios del estado civil en la declaración de la renta. Todas estas variables afectan al mínimo familiar y a algunas deducciones familiares. También hay que tener en cuenta las situaciones de discapacidad, tanto personales como familiares, especialmente las sobrevenidas o agravadas durante 2017.
• Impuestos negativos. Hay ayudas familiares que se implementan a través de los conocidos 'impuestos negativos, como la ayuda a familias numerosas, la de descendientes o ascendientes con discapacidad, las familias monoparentales con dos hijos sin anualidades por alimentos o las madres trabajadores con hijos menores de 3 años.   
• Deducciones autonómicas. Es importante dedicar un poco de tiempo a repasar las deducciones autonómicas, ya que, aunque sean desconocidas por el contribuyente, pueden suponer importantes beneficios fiscales por gastos por estudios de los hijos, adopción, alquiler de vivienda y otras muchas cosas. En este punto, los técnicos de Hacienda recomiendan descargar el Manual de la Renta en la web de la Agencia Tributaria, leer el índice y repasar los apartados que interese a cada persona.
• Alquileres. La deducción estatal ha desaparecido, pero se mantiene vigente para los contratos firmados antes del 1 de enero de 2015. Así, los inquilinos con contratos anteriores a esa fecha pueden seguir deduciéndose el 10,05% de las cuotas en el periodo impositivo por el alquiler de su vivienda habitual, siempre que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales. Ademas, algunas comunidades tienen sus deducciones propias como Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid y Comunidad Valenciana.
• Compra de vivienda. La deducción estatal también ha desaparecido, pero se sigue aplicando a los que compraron o hicieron pagos para su construcción antes del 1 de enero de 2013. Estos contribuyentes mantienen el derecho a la desgravación siempre que se hayan deducido por esa vivienda en 2012 o en años anteriores. Pueden deducirse hasta un 15% de las cantidades invertidas con un límite de 9.040 euros. Además, los que hayan realizado algún gasto en obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual antes de 2013, también deben revisar a fondo el borrador. Igual que los contribuyentes que se han gastado dinero en adecuar sus viviendas a las personas con discapacidad antes de 2013 y si las obras han acabado antes de 2017. 
• Aportaciones a partidos políticos y donativos. Las aportaciones a partidos dan derecho a una deducción del 20% de las cuotas de afiliación. La base máxima de esta deducción será de 600 euros anuales. Además, la última reforma fiscal introdujo importantes mejoras en algunas deducciones por donativos siempre que hayan sido certificadas por la entidad beneficiaria.
• Planes de pensiones. A pesar de que el borrador tiene incluidas las aportaciones a planes de pensiones, conviene revisar todos los datos antes de validar el documento. Y es que estas aportaciones permiten rebajar considerablemente la base imponible del IRPF. También se pueden reducir las aportaciones a planes de pensiones realizadas por el cónyuge del contribuyente cuando éste perciba rendimientos del trabajo o de actividades económicas inferiores a los 8.000 euros al año.   
• Cláusulas suelo. Y finalmente no hay que olvidarse de las cantidades devueltas procedentes de las cláusulas suelo de las hipotecas. Según Gestha, el dinero que se pagó al banco y que este devolverá después es el reintegro de un pago indebido, por lo que no constituye renta. Tampoco se integrarán en la base imponible los intereses que tienen la finalidad de indemnizar y que están relacionados con las cláusulas suelo. Aunque hay una excepción cuando estos intereses se cobran en metálico y han formado parte de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones establecidas por las comunidades. En esos casos hay que regularizar dichas deducciones indebidas de los cuatro ejercicios no prescritos de 2013 a 2016.

Demoledor informe de la UE contra la injerencia privada en el sector público

MADRID.- El Tribunal de Cuentas Europeo es contundente y claro: la UE no debe seguir financiando infraestructuras o servicios públicos con participación privada. En un reciente informe que acaba de publicar el principal órgano de control financiero de la Unión Europea, al que ha tenido acceso Público, la institución critica duramente las asociaciones público-privadas para acometer infraestructuras o servicios públicos por “insuficiencias generalizadas”, “gastos ineficaces”, “falta de transparencia”, “retrasos” y “sobrecostes”, entre otras deficiencias.

Además, recomienda que ni la UE ni sus Estados miembros promuevan asociaciones público-privadas hasta que se resuelvan los principales problemas identificados en su informe especial Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados, publicado el pasado 20 de marzo.

En concreto, el documento analiza 12 asociaciones público-privadas cofinanciadas por la UE en Francia, Grecia, Irlanda y España en los ámbitos del transporte por carretera y las tecnologías de la información y la comunicación, que han supuesto 5.600 millones de euros de financiación europea. Y concluye que la participación privada en estos proyectos "no puede considerarse una opción económicamente viable para el suministro de infraestructuras públicas".

En un análisis devastador, añade que la entrada de capital privado en los proyectos del sector público ha supuesto "insuficiencias generalizadas y beneficios limitados, con gastos ineficaces e ineficientes", donde “la relación coste-beneficio y la transparencia se han visto gravemente perjudicadas, en particular, por políticas y estrategias poco claras, análisis inadecuado, registros fuera del balance patrimonial y acuerdos”.

El informe asevera que los proyectos público-privados analizados han sufrido “ineficiencias considerables en forma de retrasos durante la construcción e importantes aumentos de los costes”. En total, siete de los nueve proyectos completados -con costes de proyectos agregados de 7.800 millones de euros- sufrieron demoras que oscilaron entre dos y 52 meses. 

Además, fue necesaria una cantidad adicional de casi 1.500 millones de euros de fondos públicos para completar las cinco autopistas auditadas en Grecia y España, de los cuales la UE proporcionó alrededor del 30% -422 millones de euros-, denuncia el informe especial. El Tribunal considera que estas cantidades “se han gastado de manera ineficiente por lo que respecta a la consecución de los beneficios potenciales”.

Los proyectos financiados bajo el modelo público-privado “se aprovechan para proporcionar bienes y servicios que habitualmente suministra el sector público”, explica el informe, que indica la gran magnitud del negocio que supone esta fórmula en la que las multinacionales privadas hacen negocio con el apoyo financiero público: desde la década de 1990, en la UE se han llevado a cabo 1.749 proyectos público-privados por un valor total de 336.000 millones de euros. 

Según revela el informe, la mayoría de estos proyectos se llevan a cabo en el sector del transporte, que en 2016 representó un tercio de las inversiones de todo el año, por delante de la atención sanitaria y la educación.

Sombras de corrupción

La sospecha de la corrupción política sobrevuela algunos datos que ofrece el informe, como que “en la mayoría de proyectos fiscalizados, se eligió la opción de la financiación público-privada sin ningún análisis comparativo previo de opciones alternativas, como el comparador del sector público, sin lograr demostrar, por lo tanto, que se trataba de la opción que maximizaba la relación calidad-precio y protegía el interés público al garantizar una igualdad de condiciones entre las asociación público-privada y una adjudicación de contratos públicos tradicional”.

En este sentido, el Tribunal indica que “los proyectos de autopistas en España se licitaron de manera puntual, pero los contratos se renegociaron poco después, lo que suscita preguntas sobre si la contratación se había gestionado debidamente”.

Las auditorias revelan que en el caso de las autopistas público-privadas analizadas se dispararon los costes tras la contratación en cerca de 300 millones de euros, que debía asumir el socio público. 

En concreto, el coste de la autopista A-1 se incrementó en un 33% (158 millones de euros) y un restraso de dos años, mientras que la autopista C-25 en Catalunya experimentó un incremento del 20,7% (143,8 millones de euros, incluyendo 88,9 millones de euros en costes financieros) y retrasos de 14 meses. Eso sólo en las autopistas auditadas en este informe.

Próximo negocio, el agua

Las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo se conocen tras el anuncio de los rescates de las autopistas de peaje por parte del Gobierno central, lo que supone un nuevo varapalo a los modelos de participación público privados. 

Sin embargo, las grandes constructoras ya no tienen sus miras puestas en entrar en infraestructuras de transportes como las autopistas, que consideran un sector agotado financieramente; sino que se centran en el negocio del agua pública, donde como explican los expertos, hay un mercado garantizado.

“El agua es un servicio público que se presta bajo condiciones de monopolio natural; desde una visión mercantilista, estos servicios presentan el gran atractivo de disponer de unos clientes cautivos, una demanda estable y capacidad de pagar por estos servicios, ya sea a través de presupuesto municipal o de tarifas a los usuarios. Acceder a este “mercado” es el sueño de cualquier multinacional”, asegura Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores de Agua Pública (AEOPAS).

En efecto, según datos del Tribunal de Cuentas, los servicios ya privatizados (sea como empresas que se han hecho con la concesión del servicio de aguas o empresas mixtas público-privadas) presentan sobrecostes que van del 22% a más del 90%, respecto del servicio prestado de forma directa, con encarecimientos medios del 27% en recogida de basuras o del 71% en limpieza viaria (que se suelen abonar en el recibo del agua). Sobrecostes que además llevan añadidos una prestación del servicio de menor calidad y una infrainversión, según estas mismas fuentes.

En una situación de emergencia social, y de duras críticas sobre este modelo público-privado o directamente privatizador, la patronal del agua AEAS-AGA, que agrupa a las tres principales multinacionales del agua -FCC Aqualia, Grupo Suez y Acciona- y sorprendentemente a algún operador público, ha mandado recientemente una carta a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para incluir los mecanismos de contratación público-privados como una prioridad dentro del denominado Pacto Nacional del Agua en el que trabaja el Ejecutivo: una vuelta de tuerca a un modelo que busca hacer negocio a partir de los servicios públicos que requiere de la connivencia de los representantes políticos.

¿Quiere saber cuál es la calidad del aire de su ciudad?

MADRID.- La contaminación del aire se cobró más de medio millón de vidas en 2014 en Europa, según el último informe elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). Por ello, es uno de los principales riesgos de los que alerta y trata de concienciar la OMS (Organización Mundial de la Salud), publica hoy 20Minutos.

Se trata del mayor riesgo de salud medioambiental al que está expuesto el ser humano, a pesar de que los ciudadanos todavía no le dan la importancia que debería. Aun así, ha ido ganando protagonismo en los últimos años y cada vez son más los Ayuntamientos que implantan políticas más estrictas para paliarlo.

Y ahora, además, Google se ha sumado al carro de los que tratan de informar sobre este asunto. El gigante tecnológico ya muestra en sus resultados de búsqueda la calidad del aire y los datos de contaminación de diferentes ciudades del mundo.

Desde Madrid, Barcelona, París, Pekín o Nueva York. Así, los usuarios podrán consultarlos en tiempo real con solo escribir "calidad del aire" seguido del nombre de la ciudad de la que se quiere conocer el nivel de polución. 

Automáticamente, Google muestra una calificación a través de una barra de colores como se ve en la imagen que ilustra esta noticia y también informa del principal contaminante de cada lugar.

Por ejemplo, este viernes 30 de marzo la calidad del aire en Pekín es "aceptable para realizar actividades al aire libre". Pero aún así, Google alerta de que "los niños, los ancianos y las personas que sufren problemas respiratorios o coronarios deberían reducir la práctica de ejercicio al aire libre".

El PP se la juega en Madrid y Valencia en 2019

MADRID.- La dirección del PP ha situado la reconquista de los Ayuntamientos de Madrid y de Valencia en el corazón de su estrategia para las elecciones locales y autonómicas de 2019. Los consejeros de Mariano Rajoy buscan dos candidatos municipales capaces de multiplicar los apoyos que necesitan sus números uno autonómicos —en principio, Cristina Cifuentes e Isabel Bonig— para gobernar en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana, revela hoy El País. 

Con Ciudadanos al alza en ambas plazas, la formación conservadora prepara a sus principales figuras para una campaña que se considera como una primera vuelta de las próximas generales.

“Es como en el fútbol: Madrid y Valencia son de primera división”, resumen gráficamente fuentes de la dirección nacional del PP sobre dos ciudades en las que la formación ganó pero no gobernó en 2015. 

“Nos centraremos en ellas porque tienen más población”, añaden sobre un pulso electoral en el que las capitales deben servir como trampolín para impulsar a Cifuentes —desgastada por las dudas sobre cómo obtuvo su máster sobre Derecho Autonómico— y Bonig —lastrada por sus años en la oposición—.

“La candidatura de la capital encaja con el perfil de Pablo Casado, pero no hay ninguna decisión tomada, y más en Madrid, que vive años muy convulsos”, razona otro dirigente del PP en referencia a la dimisión de Esperanza Aguirre y a las investigaciones a políticos implicados en las tramas Púnica, Lezo y Gürtel. 

“Madrid es un sitio muy adaptable a cualquier perfil: ha habido alcaldes nacidos fuera, como Juan Barranco, por lo que el candidato no tiene por qué ser un gato [madrileño] y también se presta a perfiles independientes de última hora, como pasó con Carmena”.

Casado se ha consolidado como alternativa en la capital, pero aún no hay nada decidido. Fuentes de la dirección nacional lamentan que se exponga al vicesecretario a un innecesario desgaste, puesto que se le está sometiendo a un “pesaje” de su talla como candidato sin serlo oficialmente. 

Al tiempo, tanto la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría como el portavoz Íñigo Méndez de Vigo —a los que algunos compañeros ven como candidatos— prefieren mantener sus actuales responsabilidades. Y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, todo un referente del partido, encaja en ese perfil de candidata “potente” que gusta en el PP de Madrid.

En Valencia, la situación es igualmente compleja. El eurodiputado Esteban González Pons ha trasladado a la dirección que su deseo es continuar en el Europarlamento. El PP provincial está dirigido por una gestora. Y Bonig tiene ya una lista de alternativas.

“El debate se está alargando más de lo previsto”, reconoce una fuente del PP valenciano, que admite la existencia de una larga lista de posibles candidatos, como el concejal Eusebio Monzó (el favorito de la dirección regional); las diputadas autonómicas María José Catalá (la favorita de la dirección nacional) y María José Ferrer San Segundo (señalada como una opción para lograr el consenso); o el delegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Moragues (bien visto en La Moncloa). 

“Hay posibilidades de recuperar la alcaldía, porque la cantera de votos de la ciudad es una barbaridad, y un buen candidato los puede arrastrar también a la candidatura de la Generalitat”, añade este interlocutor. “Génova juega al despiste”.

Cifuentes y Bonig se enfrentan a problemas comunes. Ciudadanos no parece tener techo en sus comunidades. El PSOE y Unidos Podemos mantienen sus opciones de gobernar con alianzas de izquierdas. La marca del PP está desgastada por los escándalos de corrupción que se investigan en los casos Púnica, Gürtel, Lezo y Brugal. 

Y ambas saben que si son candidatas tendrán que enfrentarse a algunas de las principales figuras políticas de España.

Unidos Podemos presentará a Íñigo Errejón en Madrid y propone consensuar una lista en la Comunidad Valenciana con Compromís y Esquerra Unida. El PSOE, aún pendiente de decidir sus candidatos, cuenta con Ángel Gabilondo y con el presidente actual de los valencianos, Ximo Puig. Y Ciudadanos, que decidirá a sus números uno en primarias, mantiene un prolongado ascenso en los sondeos gracias a la relevancia que han logrado representantes como Begoña Villacís o Toni Cantó en sus circunscripciones.

En consecuencia, Mariano Rajoy está retrasando su decisión sobre quiénes deben ser los candidatos municipales que sirvan para multiplicar las opciones de los autonómicos, según sus consejeros. 

Un reflejo de que las dos elecciones son del máximo calado y de que en la formación conservadora miran de reojo las decisiones que tomen sus competidores: por ejemplo, que Manuela Carmena repita o no como candidata de Podemos obligará al resto de partidos a reconsiderar sus opciones.

“La importancia de Madrid y Valencia es innegable, son las capitales más grandes a las que podemos aspirar”, fotografía un tercer integrante de la dirección sobre dos urbes en las que el PP gobernó durante 24 años consecutivos. 

“En 2015, el PSOE obtuvo su peor resultado histórico, pero ganó mucho poder por los pactos, la mayoría de las veces a nuestra costa”, sigue este interlocutor, que también vincula el éxito en estas ciudades con un triunfo autonómico 

“Y las encuestas nos dicen que ahora el escenario no es malo para nosotros”, añade sobre la posibilidad de formar nuevos gobiernos de centroderecha gracias al auge de Ciudadanos y pese al posible descenso del PP.

No obstante, nada garantiza el apoyo de Albert Rivera, que aspira al sorpasso. Los populares temen que su competidor acabe prefiriendo pactar con el PSOE, que ahora gobierna en la Comunidad Valenciana (Ximo Puig) y es la segunda fuerza en Madrid (Gabilondo). Una decisión que tendría consecuencias nacionales.

Así, Rajoy se ha implicado en la tarea de recuperar los Ayuntamientos. En los breves intercambios informales que ha tenido con sus representantes madrileños, el líder del PP les ha pedido que mantuvieran su dura oposición a Carmena, dando incluso instrucciones concretas, como que debían poner en el centro de la política local los atascos de la Gran Vía o evitar la celebración de un acto en el Matadero a favor del derecho a decidir en Cataluña. La comunicación entre Rajoy y Bonig también ha sido directa.

Valencia y Madrid vuelven a estar en juego. Y con ellas, dos comunidades con el máximo peso político. La batalla por La Moncloa está prevista para 2020, pero empieza en estos dos Ayuntamientos en 2019.

El vacío de Esperanza Aguirre y Rita Barberá

El PP se presentó a las elecciones municipales de 2015 con dos políticas de larga trayectoria como cabezas de cartel. Esperanza Aguirre —que logró 21 concejales, a ocho de la mayoría absoluta— y Rita Barberá —que sumó 10, a siete de mantenerse en el Ayuntamiento— ganaron sin poder gobernar.

Tras la dimisión de la primera y el fallecimiento de la segunda, la formación conservadora ha vivido tiempos de zozobra que ahora la colocan en una complicada situación.

José Luis Martínez-Almeida, el actual portavoz del PP en la capital, tuvo que afrontar la reconstrucción del grupo municipal tras la dimisión de Aguirre. 

Cerrar esa herida le enfrentó a una compleja tarea que no ha pasado desapercibida para la dirección nacional. 

De hecho, el vicesecretario Pablo Casado, que opta a la candidatura municipal, ya ha mantenido conversaciones con este abogado del Estado para conocer de primera mano la dinámica política del Consistorio y su valoración del desempeño del grupo municipal del PP.

La situación es más difícil para el partido en Valencia. Nueve de sus diez concejales están siendo investigados en el caso Taula. 

El portavoz, Eusebio Monzó, independiente y licenciado en Económicas, es la excepción. Un dato que esgrimen los defensores de su candidatura, que se aferran a un precedente. En 1992, Pepa Luzardo fue la única concejal del PP de Las Palmas que no se pasó al grupo mixto. Su fidelidad tuvo premio: acabó siendo alcaldesa.

Un vídeo demuestra que el mantero fallecido fue atendido por la policía municipal

MADRID.- LaSexta ha difundido un vídeo en el que se aprecia como Mame Mbaye, el mantero fallecido en Lavapiés, fue atendido desde el primer momento por la Policía Municipal de Madrid, que trató de reanimarle sin éxito después de que la víctima sufriese una parada cardiorrespiratoria.

Los agentes fueron los primeros en ayudar a Mbaye después de que cayera desplomado tras sufrir un ataque al corazón, algo que echa por tierra las informaciones falsas, como la de que la policía no quiso atender al mantero.

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ya aseguró el viernes que en el momento en el que Mbaye sufrió un paro cardíaco no se estaba produciendo ni se había producido antes “ningún tipo de intervención policial frente a él o contra él”.

Así, tras producirse una intervención policial en la Puerta del Sol,  Mbaye se trasladó a la Plaza Mayor y desde ahí caminó junto a un amigo hacia Lavapiés, barrio en el que residía y donde sufrió una parada cardiorrespiratoria. Entre la operación policial y el infarto transcurrieron de 15 a 20 minutos.

Barbero valoró la rápida actuación de los agentes municipales que practicaron maniobras de reanimación al fallecido y aseguró que Samur tardó 24 minutos y no 40 en llegar al lugar de la emergencia.

Antes aún, los agentes municipales aseguraron en un atestado policial que el mantero no huía de un control cuando sufrió un paro cardíaco, sino que la operación contra el top manta se desarrolló con anterioridad en la Puerta del Sol, lo que contrastaba con la versión de vecinos y compatriotas que no estaban bien informados.

Podemos pide despenalizar la venta ambulante tras el caso de Lavapiés

MADRID.- La coportavoz de la Ejecutiva de Podemos y secretaria de Participación, Noelia Vera, ha denunciado que su formación está siendo víctima de una «persecución» por la postura que ha adoptado sobre los disturbios del barrio madrileño de Lavapiés tras la muerte de un mantero por infarto.

Asimismo, ha anunciado que van a registrar en el Congreso una proposición de ley para despenalizar la venta ambulante y poner fin a la «criminalización sistemática» que, a su parece, sufre el colectivo de los manteros por «buscarse la vida».

«El intento de destruir a Podemos desde los medios es demasiado descarado», ha afirmado Vera en la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede de Podemos junto al secretario de Organización, Pablo Echenique, tras la reunión de la Ejecutiva, al ser preguntada por las acusaciones que ha recibido su partido de fomentar un 'bulo' sobre las causas de la muerte del mantero para avivar la tensión en Lavapiés.

«Dicen que fue un bulo que propiciamos nosotros cuando es una información que dieron esos medios a través de fuentes de la Policía. Es evidente el intento de algunos medios de desprestigiar esta formación política», ha enfatizado, negando de este modo las mencionadas acusaciones.

Asimismo, ha aprovechado para anunciar que su partido va a presentar una iniciativa legislativa en el Congreso que pretende acabar con la «persecución y la criminalización sistemática» que sufren, a su juicio, los manteros, desde que se penalizó la venta ambulante en 2016.

Esta proposición de ley, que se llamará 'Sobrevivir no es delito' serviría, según Vera, para tratar de paliar «la situación de precaridad y miseria» a la que los manteros «están siendo condenados desde hace mucho tiempo», según ha explicado.

«Vamos a presentar una propuesta de ley que tienen que ver con que sobrevivir no es ningún delito. Tienen que ver con volver a otras épocas y solucionaría gran parte del problemas de este fin de semana que, más allá de los hechos concretos, tienen que ver con la persecución y criminalización sistemática de las personas que intentan buscarse la vida», ha ahondado.

En este sentido, ha asegurado que el «debate de fondo» de lo que ha ocurrido este fin de semana en Lavapiés tiene que ver con esa «criminalización» de los manteros, que puede ser condenados a hasta dos años de cárcel por practicar la venta ambulante.

España tiende hacia el alquiler de viviendas frente a la compra, según la CE

PAMPLONA.- Lucas González, representante de la Comisión Europea en España, observa que el nuestro país se está produciendo un cambio de tendencia en los últimos años al pasar de la vivienda en propiedad a la de alquiler.

González asevera que este posible cambio se debe a que en 2016 las viviendas alquiladas representaban un 22 por ciento frente al 19,8 por ciento registrado en 2008.

Afirma también que en España la tasa de crecimiento del mercado de la vivienda es "moderada" y que está "consolidando" su recuperación tras la crisis económica.

En este sentido, precisa que los precios de la vivienda nueva aumentaron un 6,5 por ciento y los de la vivienda usada un 6,7 por ciento en el tercer trimestre de 2017.

No obstante, aclara que la inversión en vivienda "es todavía mucho menor que antes de la crisis" y que "el 'stock' de viviendas en venta sigue siendo elevado en algunas comunidades autónomas", un factor que explica las diferencias en la evolución de los precios de la vivienda en las mismas.

En comparación con otros países europeos, España se sitúa por debajo de la media y lejos de los países en los que se alquila más, siendo Alemania el país que ostenta el mayor porcentaje de viviendas alquiladas, cerca del 50 por ciento, seguida de Bélgica, Dinamarca, el Reino Unido y Francia.

Sobre el nuevo plan estatal de vivienda aprobado por el Gobierno central, afirma que "siempre está bien por parte de las administraciones públicas proporcionar un mayor acceso a la vivienda a sectores vulnerables".

En este sentido, expone como ejemplo el programa Navarra Social Housing, impulsado por el Gobierno de Navarra y que prevé la construcción de 542 viviendas de alquiler social siguiendo parámetros de edificación sostenible y eficiencia energética.

Este proyecto está dotado con un presupuesto de ochenta millones, de los que cuarenta los aporta el Banco Europeo de Inversiones (BEI), al incluirlo en el plan de inversiones impulsado en 2014 por Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

El llamado "plan Juncker" incluye también en España una dotación de 125 millones para la construcción de 2.198 viviendas de alquiler social en nueve distritos de Barcelona, de las que 585 se destinarán a personas mayores de 65 años y con recursos limitados.

González apunta que la ejecución de este proyecto permitirá la creación de más de 2.000 puestos de trabajo durante la fase de implementación, hasta el año 2022.

Para González, ambos programas fomentan el acceso a la vivienda social y cumplen los estándares medioambientales más altos, ya que en el caso del programa navarro las viviendas tendrán el estándar Passivhaus, la certificación más alta de los edificios de energía casi nula (EECN).

Recuerda la directiva europea que establece que los edificios que se construyan a partir de 2020 serán con certificación EECN, una medida que se enmarca en el "compromiso decidido" de la Unión Europea de ser líder en la lucha contra el cambio climático.

"Y al mismo tiempo modernizar la economía y crear crecimiento y empleo para los ciudadanos europeos", recalca González para destacar que en 2015 las energías limpias atrajeron una inversión global superior a los 300.000 millones de euros.