MADRID.- El Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea
de Madrid ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en la que pide
crear una comisión permanente de peticiones en el Parlamento regional a
la que los ciudadanos puedan enviar sus reclamaciones.
En el escrito presentado, IU pide aprobar, crear y regular una
comisión de peticiones con carácter de comisión permanente no
legislativa que pueda examinar las peticiones individuales y colectivas
que la ciudadanía madrileña remita a esta Cámara como órgano
representativo del pueblo de Madrid.
Con el fin de "adecuar la administración autonómica a los principios de interés general de eficacia y descentralización",
IU también reclama abrir el Parlamento regional a la participación de
la sociedad civil facilitando su presencia en las comisiones.
Dentro de todas estas medidas, la formación de izquierdas pide
aprobar una Ley de Transparencia y acceso a la información pública de
las instituciones autonómicas y locales de la Comunidad, implantar
planes de evaluación de las políticas públicas y regular la
incompatibilidad de las retribuciones, dietas o indemnizaciones de cargo
público representativo o de nominación política con cualquier otra
percepción procedente de administraciones públicas, grupos
parlamentarios, Asamblea, sector público o sistema público de pensiones.
En este mismo sentido, quieren que se fortalezcan las funciones de
la Asamblea sobre el control del gasto público reformando el proceso de
tramitación parlamentaria de los presupuestos dotando de mayor
agilidad, tiempo y relevancia al debate de totalidad, suprimiendo la
práctica de las leyes de Acompañamiento.
Activar una oficina presupuestaria en la Cámara como
instrumento al servicio de los grupos parlamentarios y hacer posible el
acceso directo de los grupos al sistema informático económico-financiero
de la Comunidad es otra de las medidas planteadas por la formación.
En este sentido, piden que se recupere la filosofía de la creación
de la Cámara de Cuentas como institución vinculada con la Asamblea para
el ejercicio, junto con las de control de legalidad, de las funciones
de evaluación de la eficacia de las políticas públicas, garantizando la
objetividad de sus órganos de gobierno y cambiando la forma de elección
de sus consejeros para hacerla más democrática.
Asimismo, abogan por la elaboración de un Libro Blanco de la
Reforma Administrativa de la Comunidad que identifique las ineficiencias
y proponga medidas que actualicen la organización administrativa de la
Comunidad.
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