En este final de año, la Asamblea de Madrid ha aprobado -con la
mayoría del PP- La ley de presupuestos 2013 y la Ley de Acompañamiento.
Las dos tramitaciones de forma coordinada y complementaria introducen
cambios relevantes en la legislación, en el sistema público sanitario,
en la ley del suelo, la ley del juego, las condiciones para la Renta
Mínima de inserción así como otras figuras que afectan al uso de zonas
protegidas.
Nada de todo esto ha sido convenientemente informado y debatido,
tampoco se explicitaba en los programas electorales de las últimas
elecciones municipales y autonómicas. Y sin embargo todo ello es de
enorme importancia para la ciudadanía.
Estas modificaciones permitirán llevar a cabo el plan sanitario de
privatizaciones. Además, se implanta un ‘impuesto a la enfermedad’, con
el euro por receta, y se introducen modificaciones legales para
desarrollar el macro proyecto Eurovegas y para realizar fiestas y actividades en zonas protegidas y de alto valor medioambiental.
Por si no fuera suficiente utilizar las leyes de presupuestos para
acelerar las modificaciones legales, las leyes de acompañamiento se han
consolidado en el tiempo como verdadero cajón de sastre que han
permitido introducir modificaciones sustanciales, eliminar pasos en las
tramitaciones y eludir el debate. Es una práctica que pervierte la
Democracia y los derechos ciudadanos. Insistir y permitir estas
prácticas de dudosa constitucionalidad, representa además un sarcasmo en
plena tramitación de la Ley de Transparencia.
El gobierno de la Comunidad de Madrid da un golpe definitivo a la
Sanidad Pública, con la privatización de seis hospitales y de 23 Centros
de Salud, además de instaurar el euro por receta. Esto ocurre haciendo
caso omiso a los profesionales y a la ciudadanía, a las movilizaciones, a
las propuestas o al diálogo. Sin embargo y a la vez se legisla ‘a la
carta’ y al dictado del señor Adelson para desarrollar Eurovegas con la
modificación de la Ley del Juego, la creación de los Centros Integrados
de Desarrollo para permitir más modalidades de juego, con cambios en la
Ley del Suelo para facilitar las tramitaciones urbanísticas o con la
introducción de régimen tributario especial…
Todo ello demuestra que se eluden de forma intencionada, los
controles públicos y que se traspasan todas las líneas rojas poniendo
las Instituciones al servicio de intereses privados, representados por
los lobbies de sector privado sanitario o por el grupo empresarial de
Adelson.
La sanidad pública madrileña era una de las mejores del país. En diez
años de gestión los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid y sus
Consejeros ‘estrella’ (de la privatización) le han ha producido un daño
irreparable. Todo ello no tiene nada que ver con los lugares comunes de
las críticas a las autonomías, en las que a tantos les gusta
resguardarse.
Ahora ya podemos afirmar que fue una hoja de ruta perfectamente
orquestada ideológica y legalmente con decisiones que tenían un objetivo
final: la entrada del sector privado y las aseguradoras sanitarias. No
olvidemos que el gasto sanitario en Madrid (y en general) es muy
relevante y siempre fue objeto de deseo para el negocio sanitario.
El ‘pelotazo Eurovegas’ viene precedido de unas recalificaciones de
suelos que acabaron en los tribunales, mientras Metrovacesa se
beneficiaba de la adquisición de suelos con la mediación del arquitecto
Arnáiz que había intervenido en el proceso de la mano del ayuntamiento
de Alcorcón gobernado en aquellos momentos por el PP .
En plena crisis, y como otros proyectos anteriores (la Warner, las autopistas de peaje o Bankia), puede que estos nuevos proyectos del negocio sanitario o del juego
acaben teniendo que ser rescatados. Pero entre tanto y como también
sucedió en los proyectos que citaba muchos se habrán llevado
sustanciales beneficios, empobreciendo la economía regional. En el colmo
de la prepotencia, sin embargo, el presidente de la Comunidad se ha
permitido señalar a las protestas como culpables de los problemas
económicos de la Comunidad de Madrid.
En las calles, se ha hecho visible la lucha por la sanidad y contra
la especulación como modelo de desarrollo de la Comunidad de Madrid,
ciertamente. Pero es también una lucha por la regeneración de una
democracia y unas instituciones en las que se han encendido hace ya
tiempo todas las alarmas.
La única forma de cambiar el signo de la impunidad y la colonización
de las instituciones por intereses privados, es incorporar el control
ciudadano y desbaratar unas prácticas que permiten la corrupción y
cercenan derechos.
Hablamos de dos proyectos bajo sospecha, la
privatización de la sanidad y el proyecto Eurovegas que dejan en
indefensión a la ciudadanía. Ninguna mayoría puede amparar
irregularidades y Madrid ya ha vivido de forma traumática el ‘tamayazo’,
la Gürtel, la estafa de caja Madrid, las deudas generadas por un
despilfarro continuado.
Las auditorías públicas ciudadanas,
las consultas, refrendos o la acción de la justicia deberían amparar
los derechos de ciudadanía frente a la prepotencia de los gobiernos. En
el caso de la privatización de la sanidad, acceder a los datos reales de
todo el proceso es un derecho ciudadano para garantizar la defensa de nuestros derechos constitucionales frente a los intereses privados. La auditoría ciudadana supondría –además- crear un punto
de encuentro que rompa la distancia creciente entre la ciudadanía y los
poderes públicos, como un nuevo mecanismo de control ciudadano.
En el caso del proyecto Eurovegas, tal como ya sucedió con la obra de
la M-30 o la M-501, con toda seguridad se acabará por determinar que en
su tramitación se vulneran derechos básicos de participación e
información contenidos en sendas directivas europeas. Pero como en
anteriores ocasiones con toda seguridad veremos el lamentable y poco
edificante espectáculo que aquellos que tienen que hacer cumplir
garantías ambientales o democráticas a la ciudadanía, son los primeros
que se las saltan e incumplen de forma intencionada cualquier
requerimiento.
El grito unánime en las calles de “lo llaman democracia y no lo es”,
adquiere dimensión especial y dramática en Madrid. El gobierno regional,
no sólo no avanza nada en introducir mecanismos de información,
transparencia y control ciudadano, se resguarda en la democracia
representativa, para garantizarse tramitaciones exprés con impunidad y
laminando derechos básicos.
(*) Leridana de nacimiento, vallecana de adopción. Portavoz y 'número dos'
de Equo. Llegó al partido tras militar en IU desde su fundación, donde
fue diputada nacional, diputada autonómica en Madrid y concejala en el
Ayuntamiento de la capital
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